Tras cuestionamientos, promete AMLO que no se borrará ningún registro de desaparecidos

 

Escrito por Rita Magaña Torres

Ciudad de México.- Tras los cuestionamientos de agrupaciones de familias de desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada no borra ni borrará registro alguno y anunció que el gobierno de México presentará cada mes un informe detallado de avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, por lo que el próximo reporte del trabajo interinstitucional está programado para el 29 de enero próximo.

“De acuerdo a las revisiones que se hicieron no se cuentan con todos los datos, pero eso no significa que ya los estemos borrando, no se está borrando ni a ellos (localizados), a ninguno porque, a ver, ¿cómo podríamos hablar de una transformación, de un cambio, si mentimos, si manipulamos información, si maquillamos cifras; además, cuando se trata de seres humanos, desaparecidos o se trata del dolor de familiares que andan buscando a sus seres queridos?”, planteó.

En tanto, la Comisión Nacional de Búsqueda aún está en la búsqueda de 92 mil personas, y tras cuestionamientos de familias de desaparecidos, la nueva titular de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, insistió en que «no se va a dar de baja nadie«, sino que se va a «actualizar» el sistema, mientras en el Senado de la República se pretende que este organismo sea autónomo especializado para evitar injerencias políticas o del gobierno en turno, cuente con colaboración de organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, López Obrador indicó que la administración federal realiza una labor de búsqueda sin precedentes, basada en principios y valores, por lo que presentará casos y cifras actualizadas de manera clara al pueblo de México, por eso cada mes se presentará un informe. “Vamos a estar informando y va a quedar completamente claro. Es un proceso y esto se tiene que atender para que no quede ninguna duda”.

“Estamos todos los días trabajando por los que sufren, por los desaparecidos, todos los días. Nada humano no es ajeno. Vamos nosotros a seguir trabajando siempre en beneficio de los que sufren, en beneficio de la gente, por humanismo, por convicciones, que traemos desde hace muchísimos años y no vamos a cambiar. No vamos nosotros a actuar de manera tramposa, porque eso es contrario a nuestros principios, a nuestros ideales. La derecha, el conservadurismo, es afín a la mentira, a la falsedad; nosotros no, nunca haríamos algo así de cambiar un resultado”, agregó.

Reiteró que la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada no borra ni borrará registro alguno de desaparición. Al momento de encontrar a las personas, solo cambiará el estatus de ubicadas a localizadas, luego de un proceso exhaustivo de cruce de base de datos masivos y de confirmación de indicios de vida.

El mandatario federal llamó a la población a aportar más información útil sobre personas en calidad de desaparecidas a fin de agilizar la búsqueda. “Cualquier información nos ayuda mucho, todos los datos que pueda haber”, acotó.

En su oportunidad, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún insistió en que se actualizará el sistema para abordar un bloque de registros de personas desaparecidas que no cuentan con toda la información requerida. El registro es histórico y viene, principalmente, de dos grandes bases de datos. Tiene dificultades, por decirlo así. Hay una revisión que está haciendo un equipo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt) para corregir y mejorar. Esto no implica que se dé de baja a nadie.

Argumentó que tras revisar la base de datos de la CNB, «nos encontramos con un universo de registros de personas que no cuentan con toda la información necesaria, ni siquiera para activar una búsqueda”.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la funcionaria federal defendió la nueva categorización de las personas desaparecidas para poder atender la gama compleja de realidades entre «el que no está localizado y el que sí lo está«, y mencionó que como parte del censo de desaparecidos solo 12 mil 377 casos, que representa 11 por ciento de los más de 110 mil reportes que se tenían hasta agosto del 2023, se ha podido confirmar la desaparición y se dará aviso a las fiscalías.

«En términos de lo que hemos estado trabajando, podríamos decir que, conforme al dato de 110 mil (desaparecidos) que había en esos momentos (hace un mes), hemos localizado a 16 mil y seguimos buscando a 92 mil aproximadamente, con diferentes niveles de aproximación», estableció.

Reiteró que de las 110 mil 964 personas desaparecidas, 16 mil 681 están localizadas y 17 mil 843 están ubicadas, pero no localizadas; 26 mil 090 no cuentan con datos suficientes para su identificación; 36 mil 022 están registradas, aunque sin indicios para su búsqueda y 12 mil 377 tienen una denuncia por desaparición confirmada.

No se ha borrado a nadie: Segob

En la misma conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, afirmó que «no se ha borrado a nadie ni se borrará«, ya que organizaciones sociales criticaron el cambio de cifras, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que avisó de que «acotar en 12 mil 377 el número de personas desaparecidas puede minimizar una crisis mucho mayor».

Cabe mencionar que la extitular de la CNB, Karla Quintana, renunció al cargo porque consideró que la intención del nuevo conteo era reducir la cifra oficial de personas desaparecidas.

Sin embargo, todos los registros de desaparición cuentan con una estrategia para poder continuar con la localización y la búsqueda, enfatizó Luisa María Alcalde, y apeló a la ciudadanía a que «ayude a obtener información» sobre las personas desaparecidas.

“Aun cuando hayamos ya localizado a la persona, no la vamos a borrar del registro, seguirá encontrándose en la base de datos, pero aparecerá como localizada”, dijo. Además, defendió la metodología para depurar el registro de desaparecidos y subrayó que los nuevos datos cuentan con una estrategia de localización.

CNB sea organismo autónomo

El PRI en la Cámara de Senadores propondrá que la Comisión Nacional de Búsqueda sea un organismo autónomo especializado que determine, ejecute y dé seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas en todo el territorio nacional.

Mediante la iniciativa de reformas a la Constitución Política, los senadores del tricolor proponen que la transformación de la Comisión Nacional de Búsqueda en un organismo autónomo es una vía de oportunidad para mejorar su actuación al fortalecer los protocolos de búsqueda, la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional para abordar este desafío de manera integral.

En su iniciativa, que será presentada en el seno de la Comisión Permanente, las y los senadores priistas señalan que la modificación propuesta implicaría otorgarle independencia en su funcionamiento y toma de decisiones. “Esto incluiría la elección de su presidencia de manera transparente y plural, así como una asignación de presupuesto que evite la influencia política en su labor”, subrayan.

Señalan que el objetivo de la Comisión Nacional de Búsqueda, que actualmente depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), es coordinar, junto con las diversas autoridades federales y estatales, acciones de búsqueda con la finalidad de dar con el paradero de las personas desaparecidas, tiene diversas obligaciones y atribuciones tanto en la Ley General en Materia de Desaparición, como en el Protocolo Homologado de Búsqueda.

Precisan que la autonomía en la búsqueda de desaparecidos en nuestro país permitiría una búsqueda más eficiente y efectiva al eliminar trabas burocráticas y políticas; los datos sobre desaparecidos y las acciones emprendidas serían más transparentes, lo que generaría confianza en la sociedad y evitaría la manipulación política de la información; aseguraría que las políticas de búsqueda estén centradas en las necesidades de las víctimas y no en intereses políticos; y contribuiría a la impartición de justicia al proporcionar información precisa y confiable para investigaciones y procesos judiciales.

Con las reformas a los artículos 14 y 21 de la Constitución en materia de desaparición forzada y localización de víctimas, el Estado garantizará el derecho de toda persona de ser buscada, mediante acciones de búsqueda, localización e identificación emprendidas por la Comisión Nacional de Búsqueda.

Los senadores del PRI buscan que la Comisión Nacional de Búsqueda se conforme por un presidente, que será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta del presidente de la República, que durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto por una única ocasión.

 

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Suma fallas censo de AMLO

Colectivos de familiares que rechazan los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas marcharon ayer desde Palacio Nacional a la Secretaría de Gobernación. (Ulises Martínez/ObturadorMX)

 

Desde registros incompletos o erróneos en la versión pública especial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta operadores telefónicos sin capacitación en derechos humanos, junto con la búsqueda de familiares de víctimas de casos emblemáticos como Ayotzinapa y Cadereyta, el Gobierno federal acumula deficiencias en su nueva estrategia 

 

Por Lucía Flores y Germán Canseco para A dónde van los desaparecidos

Registros duplicados, apellidos mal escritos, información insuficiente o búsquedas que únicamente se completan al poner el nombre solo en mayúsculas o minúsculas. La “Versión pública especial para consulta” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) puesta en línea por el Gobierno federal como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas es una muestra más de las deficiencias del “nuevo censo” del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

La Estrategia Nacional, que se prolongó de mayo a diciembre de este año –después de una primera etapa en la capital del país en septiembre y octubre de 2022–, se basó en la metodología desarrollada por la Ciudad de México, que consistió en comparar el RNPDNO con bases de datos administrativas (programas sociales, vacunación por covid, Registro Nacional de Población, IMSS) para encontrar indicios de vida posteriores a la fecha de desaparición de una persona.  Mediante una “búsqueda masiva casa por casa” y llamadas telefónicas se consiguió localizar a 16,681 personas, el 15 por ciento de las 110,964 desapariciones registradas hasta el pasado agosto. Actualmente, son más de 113,000 personas desaparecidas.

Desde 2004, Sivia Ortiz busca a su hija Fanny Sánchez-Viesca, desaparecida en Torreón a la edad de 16 años. Cuando la vocera del Grupo Vida consultó su nombre en el nuevo registro descubrió que no incluía la fecha en que desapareció. Ortiz refiere que, de las 222 víctimas que buscan las familias integrantes de su colectivo en Coahuila, solo encontraron a tres inscritas. 

Esta versión especial del registro, que solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar información, debería contener, de acuerdo con el propio documento, los casos de personas desaparecidas confirmadas, a los que están dando “seguimiento puntual” las fiscalías y las comisiones de búsqueda.

“Puse el primer nombre [de los desaparecidos que busca el colectivo] y no apareció, el segundo, el tercero, y tampoco. Puse varios nombres y nada más dos y mi hija me resultaron”, explicó Ortiz. “Esto es lo más grave, o sea, en el momento que dicen hay indicios no especifican a qué tipo de indicios se refieren […]. Significa que es una porquería su base,  siguen sin tener realmente una base de datos, no está correctamente  elaborada, no pueden entonces atreverse a decir la cantidad, si ni siquiera ellos la saben”.

Leer nota completa en el siguiente enlace: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/12/19/suma-fallas-censo-de-amlo/?fbclid=IwAR1c1hlbPC0R_Ub1_PSReofS9tES6_AzUpF0KSeVHJ59_UR9UZY0Nq4MU3w

 

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

 
Germán Canseco

Estudió fotografía en la Escuela Activa de Fotografía. Ha trabajado para el semanario Proceso desde hace más de 25 años, en la cual ha realizado diferentes coberturas como el conflicto armado del EZLN en Chiapas, las distintas visitas del Papa a México. En 2010 cubrió el mundial de Sudáfrica, en 2014 documentó el movimiento de Autodefensas en Michoacán. Desde hace 9 años ha documentado el movimiento de desaparecidos en México realizando la caminata México-Cuernavaca, las caravanas al norte, sur y Estados Unidos, así como las diferentes brigadas de búsqueda en el país.

 

Lucía Flores

Es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación con especialización en Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es fotógrafa desde hace 8 años. Actualmente es fotógrafa en El Financiero y es fundadora de Obturador MX. 

 

 

 

‘Encontré a mi hijo pedazo por pedazo’

 

Roberto Corrales Medina pasó ocho años desaparecido hasta que su osamenta fue hallada hace un año en una fosa de Ocolome, en Sinaloa. Su identidad fue confirmada este diciembre a su madre, Mirna Nereyda Medina Quiñónez, la fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte, que pudo sepultarlo en el panteón de Mochicahui. Después de encontrar a su hijo, ahora busca justicia

Texto y fotos: Marcos Vizcarra para A dónde van los desaparecidos y Revista Espejo

A Roberto Corrales Medina lo desaparecieron el 14 de julio de 2014. Ese día se lo llevaron a un pueblo llamado Ocolome, al norte de Sinaloa, y lo asesinaron de dos balazos en la cabeza. Nueve años después fue sepultado por su madre, Mirna Nereyda Medina Quiñónez.

“Encontré a mi hijo pedazo por pedazo y fue enterrado cuatro veces”, dice esta maestra jubilada que, después de la desaparición de Roberto, se asoció con otras madres que buscaban a sus “tesoros” para fundar, el 12 de septiembre de 2014, el colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte.

Actualmente, el colectivo reúne a más de 500 familias de los municipios de Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave y Salvador Alvarado en Sinaloa, una región dedicada a la agricultura y la ganadería. El estado, localizado al noroeste de México, históricamente ha sido estigmatizado por la violencia desatada por el crimen organizado. 

Cuando supo que su hijo había desaparecido, Mirna se dejó guiar por el instinto. Un día después de los hechos, el 15 de julio, acudió a la agencia del Ministerio Público de El Fuerte, donde ocurrió el crimen. Fue atendida por una agente, que la llevó con el comandante de la zona, un hombre al que conocían como Tony.

“Ese día me dijo el policía que ellos no buscaban, que encontraban a la gente cuando los vaqueros y campesinos hallaban cuerpos en los campos, pero que no iba a hacer nada por buscarlo”, recuerda Mirna. “Yo le empecé a reclamar porque cómo es posible que no buscaran. En ese tiempo no conocía a nadie, pero estoy segura de que me agarró coraje y por eso luego me lo echaron en una fosa”.

Dice sentirse culpable por lo que pasó después. Mirna sabe, por lo que pudo averiguar, que hubo policías que se enteraron de la muerte de su hijo, pero no hicieron nada por entregárselo. 

En el tercer aniversario de la desaparición de Roberto, el 14 de julio de 2017, fue a Ocolome a una búsqueda con más mujeres y encontró unos restos; eran unas vértebras que estaban en una fosa junto a una caja con accesorios para carros.

El joven de 21 años se dedicaba a la venta de diversos tipos de accesorios, como limpiaparabrisas, memorias USB con música, aromatizantes y cubiertas de volantes; era un negocio familiar. Solo hallaron cuatro vértebras, pero la sospecha de que pertenecieran a Roberto era grande.

Las Rastreadoras de El Fuerte exigieron que se analizaran los restos y, un mes después, los resultados les dieron la certeza de que a Roberto lo mataron y lo habían dejado ahí.

Por dos años, Mirna pensó que el cuerpo había sido devorado por los coyotes o zopilotes, o que de plano se había descompuesto, pero en 2019 ese pensamiento cambió.

“Fuimos a Ocolome como cada año desde que encontramos a Roberto y nos topamos con un vaquero. Nos vio y se acercó para contarnos que una vez vio el cuerpo de un muchacho con una playera azul tirado en el monte, que pensó en hablarle a las Rastreadoras pero no sabía su número, entonces llamó a la policía y llegaron unos ministeriales. El hombre se fue, pero un año después pasó por el cerro y vio que ese cuerpo estaba enterrado. Los ministeriales lo echaron en una fosa”, dice Mirna.

El vaquero siguió contándole que, al ver el cuerpo semienterrado, llamó de nuevo a las autoridades, esta vez a la Policía Municipal.

“Los municipales lo que hicieron fue sacarlo y se lo llevaron a otra fosa, por eso en un lugar encontramos unas vértebras con la caja, pero no lo entregaron, sino que lo volvieron a enterrar”.

Aquel vaquero no sabía que hablaba con una rastreadora y mucho menos que era la madre de ese muchacho que había encontrado tirado.

Roberto Corrales Medina fue sepultado el miércoles en Mochicahui, el pueblo del municipio de El Fuerte donde nació, creció y formó una familia.

***

Siara Corrales tenía cuatro años cuando su abuela colocó una lona en el puente peatonal del pueblo llamado La Constancia, ubicado en El Fuerte. Todos los días pasaba y veía la pancarta con la foto de su padre que cubría uno de los laterales del viaducto.

Esa niña escuchaba seguido de su papá, que había sido desaparecido. A esa edad es cuando las y los pequeños se preguntan todo, como por qué el viento no se ve pero se siente en la cara, por qué los perros no hablan pero sí entienden cuando les llaman por su nombre, o por qué no se puede cenar tacos todos los días. Pero esta niña tenía otras preguntas, que arreciaban cada vez que escuchaba sobre su padre desaparecido.

Cuando cumplió cinco años, un día que caminaban por la carretera donde estaba la enorme lona con la fotografía, la abuela le preguntó a Siara qué deseaba como regalo de cumpleaños. Al fin había la oportunidad; la pequeña le compartió su sueño más preciado: no quería un juguete y mucho menos un pastel, sino que la llevaran a un lugar especial.

“Ella me dijo que quería ir a Desaparecido”, recuerda Mirna, la abuela de Siara. Escuchaba tanto la palabra desaparecido unida a que su padre no regresaba, que relacionó ambas cosas como si fueran un pueblo lejano.

“Me le quedé viendo y le dije que teníamos que ir por su papá, que ese lugar era como un laberinto”.

Esa niña ya es una adolescente y, después de nueve años de escuchar esa historia, sabe que Desaparecido no es un lugar, pero sí un delito que cuando se produce deja un vacío doloroso en las familias, similar a un laberinto, donde solo hay preguntas sin respuesta.

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Mirna se hizo la promesa de encontrar a Roberto completo aquel agosto de 2017, cuando le confirmaron que las vértebras que rescató eran parte de su cuerpo. Dos años después, cuando tuvo aquella plática con el vaquero, se prometió también que no buscaría culpables, solamente a su hijo, que seguía desaparecido.

Fijó una rutina y, por lo menos tres veces al año, acudió a explorar el mismo lugar donde halló aquellos huesos que decidió enterrar en el panteón de Mochicahui, el pueblo donde Roberto vivió y formó una familia.

Un grupo de Las Rastreadoras de El Fuerte acompañaron a Mirna en la misa católica que se celebró en el Santuario de Guadalupe, en Los Mochis, para despedir a su hijo.

El 21 de octubre de 2022 volvió a Ocolome y, tras una jornada exhaustiva de búsqueda, dio con una fosa clandestina que ya no pudo cavar porque caía la noche. Un día después se armó un operativo, pero el carro en que viajaba se descompuso y no llegó al pueblo; después supo que sacaron una osamenta.

Catorce meses después sonó el teléfono de Mirna; eran agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) pidiéndole una reunión. Habían confirmado que los restos eran de su hijo.

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El sacerdote Luis Manuel López recibe el cuerpo de Roberto para despedirlo y, al mismo tiempo, reconocer a las madres buscadoras por su valor al defender la vida.

Nadie sabe lo que sufre una madre cuando ve a su niño ahí. Lo has dicho bien, Mirna, nadie sabe lo que una madre sufre cuando pierde un hijo. Y vas en esa lucha incansable que hoy todas ustedes nos han dicho, pendiendo de la esperanza, van buscando al hijo que se les perdió.

La vida es una deuda con el Señor, no solamente la dicha de haber sido madre, de haber abrazado y darle pecho. Ahora vienen a entregarlo, a decirle al Señor “aquí está”.

Y en este camino ha estado nuestra Madre. Dáselo a ella, que lo sabe poner en las mejores manos, en las manos del Resucitado, en las de aquel que hace justicia, en las manos de Jesús.

Que Dios te abrace y te consuele junto con todas estas guerreras. Son guerreras de Dios. Nadie puede soportar en su condición humana todo esto que les hacen, y para eso está la madre de Dios.

La vida humana es sagrada y no se puede abusar de la vida de ningún ser humano. Ustedes nos están diciendo que no se vale que la vida la destruyamos, simple y sencillamente por un acto de barbarie, un acto de odio. Ustedes nos están diciendo que la vida no se toca, que una madre no se toca, que un padre no se toca. Ustedes nos han demostrado que a un hijo se le respeta, que a un ser humano se le respeta. Ninguna culpa merece quitar la vida a una persona.

Que a ti, Mirna, te alcance la paz, y a todas las mujeres que se han vuelto mártires para defender la vida.

Palabras de Luis Manuel López, sacerdote de Los Mochis, pronunciadas en la misa de despedida a Roberto, celebrada el 13 de diciembre en el Santuario de Guadalupe de esa ciudad.

***

Mirna recibió los restos de su hijo en una funeraria privada, que es usada por la FGR como una morgue debido a la falta de instalaciones del Servicio Médico Forense.

¿Alguien recuerda cuántos huesos tiene un cuerpo humano? Cuando una persona nace son 300, pero conforme crece y se fusionan quedan solamente 206. La información que guarda cada hueso es tan valiosa, que podría ser usado como identificación, aunque nadie se sacaría uno del cuerpo para presentarlo como credencial.

Pero a Roberto así lo identificaron, por fragmentos. Cuando lo hallaron, era solo un esqueleto cubierto con una playera azul, unos calzoncillos blancos y un pantalón negro de talla 34. Sus huesos estaban desperdigados dentro de una fosa, junto a un árbol en Ocolome.

“Ahí me lo sembraron los municipales, me lo dejaron como un árbol”, dice Mirna.

Los peritos tardaron toda una tarde en recuperar unos 120 huesos. Luego, un grupo de forenses de la FGR se llevó un húmero, la clavícula derecha, un fémur, una tibia y un diente. De esas piezas sacaron muestras para realizar las pruebas genéticas.

El pasado 5 de diciembre, los agentes de la FGR llamaron a Mirna para decirle que los huesos encontrados junto al árbol de Ocolome eran los de su hijo. Días después la citaron en una funeraria para entregárselo.

En Sinaloa solo hay una oficina del Servicio Médico Forense con un laboratorio equipado para la identificación de restos, ubicada en Culiacán. En los otros 17 municipios, los peritos y médicos legistas trabajan en las morgues de las funerarias. Aun así, en 17 años –del 2005 al 2022–, las funerarias, con autorización de la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado, enviaron más de 1,300 cuerpos sin identificar a fosas comunes.

La crisis forense en Sinaloa es tan grande que, aunque ha sido reconocida por las autoridades, no han elaborado un plan para exhumar esos cadáveres y hacerles pruebas que ayuden a identificarlos.

Es por todo eso que a Mirna la citaron en una funeraria de Los Mochis, donde reside. Ahí, al firmar el parte médico, se enteró de que su hijo había sido asesinado de dos balazos en la cabeza.

“Pienso que si no le hubiera hablado mal a ese policía ministerial, al Tony mentado, me hubieran dado a Roberto luego luego y no estaría pasando por esto”, dice la fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte, un colectivo que debe su nombre al periodista Javier Valdez Cárdenas, quien se sorprendió al saber que Mirna y las demás mujeres tomaban palas y picos para rastrear y encontrar fosas con personas asesinadas como si fueran forenses, aunque solo las guiaba el instinto.

Los fiscales federales le mostraron a Mirna los restos de Roberto en la sala de necropsias de la funeraria, ubicada en la parte trasera del edificio, a un lado del almacén de féretros y urnas. Ella se paró frente a la sala, suspiró y entró acompañada por una psicóloga. Pidió que se descubrieran los huesos para verlos articulados y poder repasarlos uno por uno.

“Son todos los huesos, solo no encontramos manos y pies, pero todos los demás están aquí”, le dijo un forense mientras Mirna los miraba impresionada, como la primera vez que tuvo frente a ella un cadáver. Los recorrió y pidió tocarlos. Nadie se opuso. 

Examinó el cráneo, buscó los hoyos de las balas que habían atravesado la cabeza de su hijo y rompió en llanto. Siguió viendo y contando los huesos, nombrándolos uno por uno y notando que estaban de color marrón por el desgaste y haber estado expuestos en la fosa.

Mirna le habló tiernamente a su hijo, le dijo que al fin se encontraron, que ya lo sacó de ese laberinto donde estaba perdido.

Dentro de la sala había por lo menos diez personas, además de Mirna y Roberto, todas en silencio, atentas únicamente a la mujer que entregó su vida por ese momento.

Se despidió de su hijo y luego solicitó ver su ropa. Se la llevaron. Una playera tipo polo de color azul con blanco, unos calzoncillos blancos, un calcetín también blanco y un pantalón negro de la marca Oggi. 

“Esa marca le encantaba a Roberto”, dijo Mirna al descubrir la etiqueta, como si fuera la confirmación que necesitaba para terminar de creer que esos huesos eran los de su hijo.

***

Las compañeras de Mirna en el colectivo hicieron una guardia de honor a Roberto, quien tenía 21 años cuando fue desaparecido.

Mirna siempre se juró a sí misma que no buscaba culpables, solamente a su hijo desaparecido.

Aquel agosto de 2017, cuando encontró los primeros restos de Roberto, comenzó a hacerse preguntas. Pensaba en que esos huesos significaban la muerte, pues alguien puede vivir sin un brazo o una pierna, pero no sin vértebras.

Se llenó de interrogantes, como el porqué se llevaron a su hijo o si antes de que lo asesinaran fue maltratado; pensó en si sufrió hambre o sintió calor. Hay más preguntas, pero ninguna respuesta.

“Tú ya sabes lo que sigue, ¿verdad?”, me dice.

¿Descansar?

No… ahora sigue otra cosa…

¿Vas a seguir buscando para ayudar a las compañeras?

También, pero hay otra cosa más que debo hacer.

¿Qué puede ser?

¿No te imaginas?

No.

Buscar a los culpables.

Las Rastreadoras de El Fuerte repiten una y otra vez que, mientras no sean encontrados, hay esperanza de ver vivos a las y los desaparecidos, pero una vez que son hallados sigue la resignación y la lucha en solidaridad con las compañeras.

Mirna encontró a Roberto, pero decidió que su resignación se limitaría a haberlo perdido; ahora piensa en buscar a los culpables y encontrar el pedazo que le falta, el de la justicia.

**Foto de portada: Mirna Nereyda Medina Quiñónez (de verde, al centro) camina durante el sepelio de su hijo Roberto Corrales, el 13 de diciembre en el panteón de Mochicahui.

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Marcos Vizcarra, es reportero sinaloense especializado en cobertura de derechos humanos. Integrante del proyecto A dónde van los desaparecidos. Escribe en Revista Espejo y en el diario Reforma.
 
 
 

Desaparición forzada a 35 años de José Ramón García Gómez en Morelos

 

Pronunciamiento

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. No prescribe hasta que se conoce el paradero de la persona, se logra establecer la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
Actualmente en el país existen más de 113 mil personas desaparecidas. A pesar de ello, el gobierno ha actualizado el registro nacional de personas desaparecidas, tomando la cifra de 110,964. Su informe señala que 16,681 fueron localizadas, 17,843 fueron ubicadas, 26,090 sin registro de datos suficientes para identificar, 36,022 sin indicios para la búsqueda y 12,377 confirmaciones de desaparición.
Preocupa que respecto de las 79,955 personas en las categorías “ubicadas”, “sin datos suficientes para identificar” y “sin indicios para la búsqueda”, el Estado deje de considerarlas desaparecidas y deje de emprender acciones de localización dejando la búsqueda en sus familias.
Acotar en 12,377 el número de personas desaparecidas puede minimizar una crisis mucho mayor. Se está empleando un criterio muy alto para dar por probada una desaparición, sin considerar desprotección de quien denuncia y subregistro.
Las deficiencias del Registro no son atribuibles a las familias, si no a las autoridades, que desde la aprobación de la Ley General en 2017 tienen el deber de llenar el registro con diligencia.
Lo fundamental debería ser utilizar todos los recursos del Estado para la búsqueda y localización de todas las personas desaparecidas, ya que el Registro no es más que una herramienta de muchas otras para que no haya impunidad en este crimen de lesa humanidad.
Tenemos en Morelos el caso emblemático de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez.
El 16 de diciembre de 1988 a José Ramón García Gómez lo detuvieron en Cuautla unos policías. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del comandante Apolo Bernabé Ríos García, creado por mandato del entonces Gobernador Antonio Riva Palacio López. Los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia. Fue el primer desaparecido durante el gobierno de Salinas de Gortari.
Por todo ello es necesario más que nunca luchar contra la práctica de la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición Forzada, el Comité ad hoc de la ONU que ya puede investigar casos ocurridos en nuestro país y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y la Ley sobre Desaparición Forzada aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en 2017 (LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓNCOMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS.
Si bien es cierto que hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, en Morelos es fundamental que se aplique de manera eficaz la ley en contra de la desaparición forzada, se apliquen los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas y se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policiacas y militares.
Así mismo manifestamos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos que la búsqueda debe regirse por una política pública, siendo uno de sus objetivos la prevención de desapariciones forzadas y el esclarecimiento de las ya ocurridas, así como el justo castigo de los perpetradores y la adopción de medidas de protección de las víctimas y medidas que garanticen que no se vuelvan a cometer Desapariciones Forzadas. Señalando que las autoridades encargadas de las búsquedas deben diseñar, con la participación de las víctimas y sus organizaciones, una estrategia integral (incluyendo un plan de acción y un cronograma y debe ser evaluada periódicamente) así como realizar análisis de contexto. Y que las autoridades con competencia, deben de contar con plenas facultades para tener acceso irrestricto y sin necesidad de previo aviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas, incluidas: las instalaciones militares, de policía, así como recintos privados. Además de tener acceso irrestricto a toda información, documentos (inclusive los considerados de seguridad nacional), base de datos, archivos y registros de las fuerzas de seguridad, militares, de policía y de instituciones particulares. Así también les recomendamos que los Protocolos de búsqueda deben ser revisados y actualizados periódicamente o cada vez que sea necesario para responder a aprendizajes, innovaciones y buenas prácticas que inicialmente no habían sido previstas. Y les insistimos que es una obligación institucional el impedir las violaciones sistemáticas y combatir la impunidad de las desapariciones forzadas tanto de las presentes como las del pasado.
Y con todo lo anterior resaltamos la importancia y necesidad de aplicar los principios de la ONU en materia de Desaparición Forzada, poniendo en primer lugar la búsqueda en vida, ya que la presunción de que las personas desaparecidas están con vida en algún lugar, de manera forzada y no por su voluntad, implica dedicar recursos suficientes, tanto materiales como en capacidad científica profesional, así como que haya la voluntad política necesaria para derribar todos los obstáculos institucionales y se establezcan las garantías de no repetición. Expresando que es necesario seguir fortaleciendo estrategias colectivas hasta lograr su erradicación. Les pedimos que ya no exista una mera simulación institucional. Y de manera concreta solicitamos a dichos representantes gubernamentales, una verdadera voluntad política para atender, sancionar y erradicar dicha práctica violatoria de derechos humanos como lo es la desaparición forzada en la entidad. Sobre todo ahora que se han documentado más de 1,500 desapariciones en los últimos 5 años en Morelos. No hay democracia con desaparecidos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.

 

Atentamente:

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.

 

 

Búsqueda por familiares: esperanza para la localización de mujeres desaparecidas

Familiares, amigos y miembros de distintos colectivos de la comunidad “freestyle”se manifestaron a fuera de la Fiscalía General de Justicia. Exigieron a las autoridades llevar acabo las labores necesarias en la búsqueda de Ana Arizbeth Soto Font, conocida como INOF, tras siete días desaparecida. (Saúl Muñoz/Obturador/MX)

 

*Fernanda Valentina Fidel Romero/ GIASF

En México, cuando una mujer desaparece, las primeras movilizaciones para su búsqueda son hechas por sus familiares y amistades: crean contenido de difusión para redes sociales, hacen recorridos de búsqueda por el lugar de desaparición e incluso todo el país; y realizan marchas para solicitar el apoyo de las autoridades y de la sociedad para localizar a su ser querido. Tal es el caso de INOF, quien desapareció en la Ciudad de México, y quien fue localizada gracias a familiares, amigas y demás personas que empatizaron con su caso y acudieron a las marchas y campañas de búsqueda, culminando con su localización en siete largos días.

Esto nos muestra que, en ocasiones, los esfuerzos de las personas buscadoras se ven recompensados con la localización de sus hijas, sus hermanas, sus primas y/o sus amigas. Sin embargo, muchas veces las condiciones en las que encuentran a estas mujeres son lamentables; así como lamentables son las explicaciones que dan las autoridades acerca de su desaparición, las cuales en varias ocasiones es redefinida como una “ausencia voluntaria”. 

Como tantos otros casos, está el ejemplo de Ana Arizbeth Soto Font, mejor conocida como INOF. Ella fue vista por última vez en Olivar del Conde en la alcaldía Gustavo A. Madero el 8 de abril de 2023. Tras siete días de incansables jornadas de búsqueda por parte de su familia y de sus amigas y amigos, fue localizada en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. La situación en la que se le encontró indicaba que estaba siendo víctima de privación de la libertad y de violencia física y sexual por parte de un hombre de aproximadamente 65 años de edad, al que no conocían ni ella ni su familia, y quien al parecer la mantenía drogada en una casa de campaña para evitar que escapara. 

Pese a que los familiares posibilitaron la detención del sospechoso, y a que varias personas testificaron que a este sujeto se le ha visto con varias jóvenes, quienes después de un tiempo no se les vuelve a ver, las autoridades determinaron que Ana no fue víctima de ningún delito. Aunque la última persona con quien la vieron fue un conductor de mototaxi, no fue citado a realizar su declaración formal ante la institución correspondiente. 

Tampoco le proporcionaron atención médica y psicológica inmediata a la víctima y además, las autoridades pretendían tomarle su declaración a los pocos minutos de haber sido localizada en un estacionamiento, cuando no se encontraba en condiciones físicas ni psicológicas para ello. No tomaron en cuenta que ese no era el lugar adecuado para que rindiera su declaración, saltándose el procedimiento para la atención a estos casos, en donde se tiene que brindar de manera inmediata la asistencia médica, psicológica y de trabajo social, para que determinen en conjunto el estado en que se encuentra, y atender a la viabilidad de que la víctima pueda narrar los hechos de su desaparición [1].

Otro ejemplo es el caso de María Ángela Olguín Bustamante, quien tenía 16 años cuando desapareció afuera de los baños cercanos al metro Indios Verdes en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras esperaba a que su mamá saliera de dichos sanitarios el 19 de enero de 2023. Dos días después, la adolescente fue encontrada en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. María fue auxiliada por personas que dieron parte a las autoridades estatales, y refirieron que fue localizada desnuda, con signos de violencia sexual y, atada de manos y de pies. 

Sin embargo, las autoridades capitalinas aseguraron que María se ausentó voluntariamente. Las autoridades basaron dicha afirmación en la observación de una secuencia de imágenes, donde se registró su recorrido en el centro de Bellas Artes, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, así como en supuestos exámenes físicos y psicológicos que le realizaron a la víctima directa, en los que se concluye que no tiene daños. 

No obstante, en este último caso, hay dos puntos que nos hacen dudar de esta versión. Por ejemplo, la vestimenta de la persona que se observa en dichas imágenes no corresponde a la descripción de la vestimenta que aparece en la ficha de búsqueda, así como los testimonios que refieren las autoridades del Estado de México. Tras lo sucedido, su asesora legal mencionó que la versión de la autoridad violó los derechos humanos de la adolescente víctima del delito de desaparición (derecho al trato digno, a la integridad y seguridad personal y a la legalidad) y por ende la revictimizó, por lo cual se pidió una disculpa pública y se ordenó a las autoridades que realizaran las investigaciones correspondientes, mismas que hasta la fecha no se tiene noticias del seguimiento del caso por parte de las autoridades.

Estos dos casos ilustran no sólo una falta de empatía, sino la falta de aplicación del protocolo ALBA (conjunto de pasos para la búsqueda y localización de una niña, adolescente o mujer adulta desaparecida). Este instrumento establece las directrices para activar un mecanismo de búsqueda y localización de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en México, con la coordinación de las tres órdenes de gobierno. Su falta de ejecución implica que no ha sido incorporada la obligatoria perspectiva de género en la búsqueda y en la investigación en los casos de mujeres que han sido víctimas del delito de desaparición y de los delitos que se derivan de éste. 

También constituye una revictimización cuando, al momento de ser localizadas, se define pública y apresuradamente su desaparición como una “ausencia voluntaria”, sin haber agotado todas las líneas de investigación y sin considerar el análisis de todos los indicios para resolver el caso, mucho más cuando éstos permiten presumir que existe un patrón de actuación por parte del perpetrador, como es el caso de Ana Arizbeth Soto Font, en donde se tenían dos indicios importantes para procesarlo (era una persona desconocida para la familia de Ana y los testimonio de las personas).

Uno de los derechos de las víctimas de casos de desaparición forzada o por particulares es garantizar en todo momento el respeto a su dignidad y a su situación especial de vulnerabilidad, dado que son mujeres y más aún cuando pertenecen al sector de adolescentes o niñas, donde debe privilegiarse el interés superior de la niñez. Es necesaria la aplicación del enfoque diferencial y la perspectiva de género, que permita crear estrategias de búsqueda y de investigación acordes con sus particularidades y condiciones de extrema vulnerabilidad, sin dilación y sin revictimizar a las personas que son víctimas de desaparición [2].

Asimismo, se debe considerar la pertinencia del momento y del lugar para realizar una entrevista a la víctima de desaparición, tomando en cuenta que previamente a rendir su declaración, la víctima debe ser asistida médica y psicológicamente para que se determine el estado de la persona y la viabilidad para dar su testimonio en ese momento.

En todos los casos de desaparición de mujeres se debe procurar la debida diligencia, garantizando la imparcialidad, la sensibilidad, la empatía y el trabajo con enfoque diferencial y perspectiva de género, en pro del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la seguridad personal, prevaleciendo el trato digno y apoyo, tanto para la víctima directa como para sus familiares y amistades que salen en redes y a las calles en su búsqueda.

Referencias

[1] Protocolo ALBA, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, México, 2012.

[2] ONU-DH México. (2019). Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. México: Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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Fernanda Valentina Fidel Romero es egresada de la Licenciatura en Ciencia Forense por la UNAM y operadora logística del GIASF.

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo, así como personas columnistas invitadas por el mismo (Ver más: www.giasf.org).

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.