A más de un año de la desaparición de Alexis se evidencia cadena de omisiones

Foto de portada: Alerta Amber de Alexis Sánchez Cabazo, emitida casi dos meses después de su desaparición.

 

El pequeño tenía tres años en diciembre de 2021, cuando fue visto por última vez en el municipio de Zoquitlán en Puebla. En sus indagaciones, la FGEP y la CBP no han tenido en cuenta los impactos del hecho en la familia ni en la comunidad nahua de Izhuapa, y a la fecha carecen de un plan de búsqueda

 

Aranzazú Ayala Martínez para A dónde van los desaparecidos

Alexis tenía tres años de edad cuando desapareció en la comunidad nahua de San José Izhuapa, en la Sierra Negra de Puebla. Su caso es emblemático porque evidencia la falta de aplicación de protocolos en la desaparición y la búsqueda de niños y niñas en comunidades indígenas, de acuerdo con un análisis técnico del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, que junto con la familia del pequeño exigió a las autoridades locales actuar con diligencia en estos casos.

Tras la desaparición el 2 de diciembre de 2021 de Alexis Sánchez Cabanzo, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) esperó 54 días para activar la Alerta Amber, y la investigación se ha realizado sin una planeación y sin considerar los impactos a la familia y la comunidad. Esto ocurre cuando el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) está en riesgo de ser convertido en una unidad administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), vulnerando aún más los derechos de las infancias.

Para visibilizar la desaparición de Alexis y encontrarlo con vida, su madre, Refugia Cabanzo, aceptó que la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Desaparición de Personas del IDHIE hicieran un análisis técnico de las fallas e irregularidades cometidas en el caso por la FGEP, y las dependencias estatales del Sipinna y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), que fue presentado públicamente este martes.

 

Suma de negligencias

Puebla es el cuarto estado a nivel nacional con mayor población indígena, y el décimo en desaparición de menores, con 695 casos desde el año 2000, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO). El análisis técnico enfatiza las vulnerabilidades de Alexis, como el hecho de que depende completamente de los cuidados familiares, y que en el momento de su desaparición solo hablaba náhuatl, la lengua materna del municipio de Zoquitlán, donde se ubica la comunidad.

Ese 2 de diciembre, durante la inauguración del techado de la Escuela Primaria Agustín Melgar en Ixhuapa, Alexis jugaba en el patio con su hermano Ángel, mientras Refugia los observaba a unos metros de distancia. Tras distraerse unos segundos para ponerle el suéter a su hija, cuando volvió la mirada ya no vio al pequeño.

En entrevista, las abogadas del IDHIE Daniela Jiménez Cortés y Daniela Torres Parra, adscritas a la Clínica Jurídica Minerva Calderón, y Alexia Martínez Montalbán, responsable del Observatorio de Desaparición de Personas, recalcaron lo alarmante de las fallas que se acumularon en la desaparición de Álex, como lo llama su mamá.

El equipo jurídico subrayó la importancia de realizar una investigación interseccional, consistente en hacer un análisis de todos los componentes del caso, lo que permite un abordaje integral del contexto en que sucedió el hecho, ya que a veces en una misma persona confluyen varias características que la hacen más vulnerable. En el caso de Alexis, es un menor de una comunidad indígena en situación de marginación y con poca accesibilidad.

De acuerdo con datos de 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Zoquitlán se ubica entre los municipios que tienen un mayor porcentaje de población en situación de pobreza en Puebla.

“Todos los temas de desaparición son importantes, pero hay unos que generan una situación mucho más profunda de injusticia, y hubo una falta de estos enfoques desde la investigación que a la fecha siguen”, explicó Torres.

Desde el principio, la FGEP no actuó con diligencia; una de las principales omisiones fue la activación de la Alerta Amber, que emitió cuando habían transcurrido casi dos meses desde la última vez que se vio a Alexis. Tampoco realizaron una investigación centrada en la particularidad de que un pequeño de tres años desapareciera en una comunidad indígena.

Este tipo de actuación por parte de las fiscalías es recurrente, aseguró Jiménez, y se repite en los casos de infantes. “En la niñez hay que tomar medidas todavía muchísimo más protectoras, atendiendo al interés superior del niño, medidas más diligentes”.

Las abogadas explicaron que las acciones de la FGEP no responden a necesidades ni enfoques específicos: se hace trabajo de escritorio, giran oficios de manera casi automática, y no se coordinan con otras instituciones. En este caso no se ha integrado el factor de la pluriculturalidad, por ser el niño habitante de una población indígena, ni se han medido los impactos de este hecho en Izhuapa. “Es como si tuvieran una lista de instrucciones que seguir, es lo que se hace y hasta ahí se quedan, sin atender lo que necesita el caso”, dijo Jiménez.

Tampoco el boletín de búsqueda del pequeño fue difundido desde un principio en náhuatl, sino en español, idioma que no todos hablan ni en la comunidad ni en el municipio.

Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), dijo en entrevista que el caso de Alexis ejemplifica una situación particular de vulnerabilidad en la desaparición de niñas y niños. “Las dificultades, las imposibilidades de hablar a esa edad hacen que los casos sean más difíciles y que las búsquedas deban considerar esta particularidad”.

Respecto al cuidado de los menores, Ángel, el hermano de Alexis que lo acompañaba cuando desapareció, tampoco ha recibido un trato acorde a su edad por parte de las autoridades. Refugia ha tenido que viajar durante cinco horas en automóvil desde Izhuapa hasta la capital de Puebla para que una psicóloga lo entreviste.

Si bien la FGEP cumple con los protocolos al estar presente una especialista y la madre de Ángel en esos encuentros, el niño ha cambiado varias veces la versión de lo ocurrido, ante lo cual los investigadores afirman que no se puede confiar en su palabra y, de acuerdo con las abogadas, lo tachan de mentiroso.

Ángel ha contado que, entre la niebla, un hombre se acercó a Alexis, le cubrió la boca y se lo llevó por la fuerza.

Las acompañantes del caso también cuestionan el porqué las autoridades no se trasladan a Izhuapa para entrevistarlo. “Ángel es muy abierto ahí, en su comunidad, ¿por qué la fiscalía no lleva a una psicóloga capacitada, que a lo mejor haya empezado a construir vínculos con él para que, ya que se sientan cómodos, pueda realizar allá la entrevista? Pero no, lo fuerzan a venir aquí, y eso provoca que el contexto donde Ángel se está desenvolviendo sea totalmente diferente y transgreda su estabilidad”, dijo Torres.

 

Desgaste en la comunidad

Otra situación preocupante que han identificado tanto la familia de Alexis como el IDHIE son los impactos negativos que la investigación y las búsquedas del pequeño han tenido en Izhuapa, una localidad que en 2022, según datos oficiales, tenía 709 habitantes.

En las primeras búsquedas se impusieron multas a quienes no participaban, lo que generó enojo hacia la familia del menor. También se han implementado medidas de protección como que la madre o el padre acudan a recoger a sus hijas e hijos a la escuela, lo que interfiere con las actividades diarias y las jornadas laborales de la población.

En los acercamientos tanto de la FGEP como de la CBP a la comunidad, no ha habido traductores del náhuatl; en la Sierra Negra se habla una variante dialectal distinta a las de otras zonas incluso del mismo estado, por lo que se necesita una persona que la domine para que las traducciones sean adecuadas. No es la primera vez que la FGEP omite llevar traductores en estos casos: en el juicio por la desaparición del defensor del territorio Sergio Rivera Hernández, ocurrida en Zoquitlán en 2018, las y los testigos no contaron con un intérprete que entendiera su variante.

 

 

Carlos Sánchez y Refugia Cavanzo se trasladaron a la Ciudad de México el 12 de enero de 2022 para solicitar la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso de Alexis. Fueron canalizados a la Secretaría de Gobernación. (Obturador MX)

 

Cuando hay una búsqueda en la comunidad se presentan integrantes de la Guardia Nacional y de las policías municipal y estatal, lo que de acuerdo con Jiménez genera temor entre los habitantes, quienes consideran invasivas estas acciones.

Izhuapa se ubica a 10.2 kilómetros de Zoquitlán, la cabecera municipal, un trayecto de aproximadamente 45 minutos en vehículo por caminos de terracería, o tres horas a pie. Cuando la FGEP llamó a declarar a quienes estuvieron en la escuela el día de la desaparición de Alexis, en lugar de que los agentes se trasladaran a la comunidad, hizo que las personas viajaran a Zoquitlán.

“En vez de la fiscalía movilizarse a Izhuapa, lo que hubiera sido trasladar a diez personas en lugar de ver cómo se movían decenas. Fue muy complicado y eso genera mucho desgaste en las relaciones, pues sí, internas de la comunidad, y son temas que la fiscalía no había ni siquiera considerado”, dijo Jiménez.

La presencia de las autoridades, según Martínez, provoca que la comunidad tenga ante las búsquedas esta conducta de rechazo, de culpabilizar a la propia familia, “por decir, bueno, es que ustedes son los culpables de que vengan y me molesten en mi casa, en mi trabajo, en mis actividades del día a día, de que ya no pueda seguir mi misma dinámica de vida después de la desaparición de Alexis, y que la comunidad también diga: ¿qué está pasando?, ¿por qué vienen? Me preguntan, llevan tanto tiempo, tantas búsquedas y no hay resultados”.

Esto ha generado que la familia, además de ser revictimizada por las autoridades, enfrente el rechazo de integrantes de su comunidad.

 

Sin planeación

La falta de coordinación entre la CBP y la FGEP ha sido evidente, en primer lugar, porque la carpeta de investigación ha estado a cargo de tres agentes del Ministerio Público (MP) en menos de un año y medio, lo que ha afectado la eficiencia de las indagaciones; por ejemplo, se hacen búsquedas sin que el nuevo MP haya leído completa la carpeta.

A la fecha se han realizado seis búsquedas en campo, sin ningún resultado, y cinco en el mismo trayecto, de la escuela a la casa de Alexis. El IDHIE ha documentado cómo ninguna de las dos instancias tiene un plan de búsqueda; llegan a Izhuapa sin un objetivo claro, ni una hipótesis previa.

Martínez relató que en las búsquedas, que han acompañado integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla —del que Refugia forma parte—, particularmente en la última, que tuvo lugar el pasado 8 de febrero, la CBP llegó muy tarde, tan solo para recorrer caminando una vez más el trayecto de la escuela a la casa. Los resultados –o falta de estos– no han sido compartidos con la familia, ni la han integrado en la investigación para construir un nuevo plan a partir de una hipótesis definida.

Por ejemplo, hay algunas zonas de difícil acceso en Izhuapa, que se encuentra en un territorio muy boscoso, y en el área existen también dos pozos, pero ni la familia ni sus abogadas saben si se han investigado o no esos puntos.

 

 

Familiares de Alexis durante la búsqueda realizada en febrero de este año en la comunidad de Ixhuapa. (Alexia Martínez)

 

Tampoco ninguna autoridad ha tomado en cuenta los efectos de la desaparición en el resto de la familia, particularmente en las dos hermanas y el hermano de Alexis, también menores de edad. Durante el Encuentro Nacional de Colectivos de Familiares de Personas Desaparecidas, el 11 y 12 de marzo de este año en la Ibero Puebla, una de las niñas se presentó diciendo: “Hola, yo busco a mi hermano”.

“Creo que eso también llama la atención del caso de Alexis, porque son infancias que van a crecer buscando a un ser amado, con todas las complicaciones que implica para ellas”, dijo Martínez.

En este sentido, la directora de Redim señaló que debe considerarse a la “niñez buscadora”, prestar atención a las necesidades y las afectaciones que puedan experimentar las hermanas y el hermano de Alexis, y valorar la participación que quieran tener en el proceso y en ser informados de lo que está ocurriendo.

La decisión de documentar y hacer más visible el caso de Alexis surgió de las propias familias, quienes al finalizar el encuentro organizado por el IDHIE con personas procedentes de siete estados, alzaron la voz y lo pidieron.

“Familiares de un colectivo de Coahuila llamaron la atención al cierre, después de haber conocido a Refugia en el encuentro, y dijeron: el caso de Alexis me movió demasiado, me indigna muchísimo, es un niño muy pequeño, yo creería que sería bueno hacer algo por este caso en particular. Entonces, ese fue el empuje que hubo desde los colectivos y el interés, porque fue secundado por las familias”, relató.

Ambos organismos del IDHIE insisten en la necesidad de hacer investigaciones con un enfoque interseccional, que tomen en cuenta a las infancias, socializando la información con las familias y cuidando los impactos comunitarios, en todos los casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el país.

Hoy, Alexis cumple un año y cinco meses sin estar con su familia.

 

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

 

Griselda Martínez solicita a la gobernadora acciones para encontrar a Salvador Pérez Santoyo y todos los desaparecidos

 

Redacción Tlanesi

A través de una publicación en Facebook, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, solicitó a la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, instrumentar lo necesario dentro de sus atribuciones para localizar al profesor Salvador Pérez Santoyo, quien fue secuestrado y no ha sido liberado a pesar de que sus familiares pagaron el rescate.
El texto de la publicación es el siguiente:
En atención y a petición de la inmensa mayoría mis compañeros y compañeras de trabajo de la administración y a título personal, solicito a la Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, instrumentar lo necesario desde su ámbito de atribuciones para encontrar al profesor Mario Salvador Pérez Santoyo, padre de uno de nuestros compañeros de trabajo de este Ayuntamiento de Manzanillo.
El señor padre de nuestro compañero fue secuestrado el 15 de marzo en la comunidad de Cofradía de Suchitlán municipio de Comala, Colima.
A pesar de que con muchos trabajos y apuraciones la familia del compañero pagó el rescate, a casi un mes de su secuestro, el profesor Mario quién es un hombre de bien y ejemplo de ser humano, no ha regresado con bien con su familia.
Por el profesor Mario y por todas las personas desaparecidas y familias que están sufriendo por la desaparición de sus seres queridos, le pedimos generar acciones que inhiban y destierren éste flagelo en nuestro estado, porque todas las vidas son importantes.
Sabemos de su sensibilidad y apelamos a su capacidad de gestión frente a las instituciones que correspondan para resolver en lo inmediato esta problemática.

En el cumpleaños de Jasson Adrián Fonseca, invitan a marcha para exigir su aparición

 

Familiares, amigos y la Red Desaparecidos en Colima AC, hacen una atenta invitación a la sociedad colimense para participar en una marcha pacífica con motivo del cumpleaños 25 y casi dos años de la desaparición de Jasson Adrián Fonseca Núñez.
La cita es el próximo lunes 3 de abril a las 5 de la tarde en el Jardín Núñez, desde donde se realizará una caminata que finalizará en la Catedral de Colima, en donde se oficiará una misa por el pronto regreso de Jasson Adrián.
El joven desapareció en Colima el día 2 de mayo de 2021, en la ficha que emitió la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Colima se menciona que él tenía 23 años al momento de su desaparición.
Sus rasgos físicos son estatura de 1.75 metros, cara redonda, nariz mediana de base ancha, cabello ondulado de color castaño oscuro, ojos medianos, alargados, café oscuro. Tez morena. Tiene barba poblada sin bigote es de complexión robusta y su tipo de sangre es A+.
Sus señas particulares son cicatriz en codo derecho, placa en el antebrazo derecho, placa en ambas rodillas. Tiene tres tatuajes, uno en el brazo izquierdo de un San Judas y en el brazo derecho la figura de una pieza de ajedrez y una flecha.
El día en que desapareció Jasson Adrián, vestía playera blanca, gorra blanca con la figura de un conejo, pantalón de mezclilla y tenis rojos. También llevaba dos maletas una con sus objetos de uso personal y la otra con su ropa.

 

 

 

 

 

 

 

La catarsis de quemar el taxi en el que desapareció tu hija: Seis años sin Leslie Alejandra

 

 

Texto y fotos: Monserrat Cardenas

El taxi incendiándose en medio del jardín Libertad es el desahogo de una familia ante la ausencia de su hija. Los gritos, la rabia y la desesperación se perciben entre las llamas del cartón del que está hecho este taxi, una representación vuelta piñata del sitio en el que Leslie Alejandra Flores Larios desapareció hace seis años.
Miran la agitada llamarada quienes asistieron a la manifestación convocada por los padres y hermanas de Leslie, quienes se han dedicado desde el 1 de marzo de 2017 a buscar a su hija, aquella chica noble, perspicaz y alegre, que desapareció rumbo a la casa de una amiga en La Villa. Su madre, Ana Silvia Larios, pone en números el limbo de su ausencia.
“Ya pasaron seis años, 72 meses, 312 semanas, 2 mil 191 días, 52 mil 584 horas y 3 millones 155 mil 40 minutos sin saber nada de mi hija, Leslie Alejandra Flores Larios. ¿Es posible imaginar lo que ha significado cada uno de esos instantes para una madre, para un padre, para sus hermanas?”
El año en que desapareció, las fotos de Leslie tapizaron las redes sociale como ahora tapizan la fachada de Palacio de Gobierno, que luce el rostro de la estudiante de Derecho de 24 años en grandes lonas que complementan la solemnidad del sitio, como si fuera un santuario para ella y quienes no están. Un altar, veladoras, flores y mariposas de papel que son el reclamo perpetuo por una búsqueda efectiva y real.
“Que les quede claro a las autoridades que la omisión y la inacción también es corrupción. ¿Cuántas familias más necesitan levantarse en la lucha para devolver la tranquilidad a Colima?, ¿qué se necesita para mover la rueda de la justicia y encontrar a tantos desaparecidos?”, dice Ana Silvia.
Vestidas de lila, el color de Leslie y del movimiento feminista, sus hermanas hablan de la infancia, los discos de rock, las peleas de niñas, la casa familiar y las enchiladas suizas que comían. La quieren recordar humana, viva.
“Sentada en esa habitación, hoy totalmente distinta, una sola cama, paredes color menta, fotos tuyas y un espejo, con las colchas sobre la cama y esa alfombra que dejaste al irte de casa; desde aquí quiero decirte lo mucho que te extraño. Esta habitación se ve oscura, vacía y fría sin tu presencia, aunque con tu esencia”, explica Dámaris, la hermana mayor, ahogada en un llanto que la priva.
La Red de Desaparecidos en Colima se unió a esta protesta desde el sigilo y cautela, y cada tanto abrazan a la señora Ana Silvia, a don Reyes y a sus hijas. Acompañan a la familia con consignas e idas y venidas a la Fiscalía.
“Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables”, “¡Viva se la llevaron, viva la queremos!”, “Si la sociedad se uniera, se uniera como debiera, temblarían los poderosos desde el cielo hasta la tierra”.
Sarahí, la hermana pequeña de Leslie, se dirige con firmeza a los medios de comunicación que presencian el acto:
“En Colima la inseguridad ha ido en aumento. En el 2017, cuando Leslie desaparece, la situación era poco conocida, aunque ese año se dieron 569 casos (de desapariciones), según datos oficiales. Esto quiere decir que en promedio desaparecieron 1.5 personas al día. En el 2022 las cifras aumentaron pues, en comparación con el 2017, se registraron 645 casos hasta principios de noviembre. En otras palabras, en el 2022 desaparecieron en promedio 1.7 personas al día. En total, van más de mil 500 personas desaparecidas en el estado de Colima”.
De la piñata hecha taxi quedan solo las cenizas. Se esfumó el símbolo del dolor y el pesar, pero esos sentimientos quedan. Aunque la catarsis fue eficaz, y los asistentes lloran y se abrazan, el dolor y el pesar quedan, porque la ausencia de Leslie Alejandra, queda.

 

 

 

Familiares exigen investigar posible involucramiento de Ternium en desaparición de los defensores Ricardo y Antonio

 

Texto y fotos: Monserrat Cárdenas

“Solicitamos a las Naciones Unidas que exija al Estado mexicano que investigue el rol de las fuerzas de seguridad de los dos estados, de las fuerzas de seguridad federales presentes en la zona, así como de los grupos armados en la región y, a su vez, al existir testimonios e información sobre amenazas de empresarios de Ternium en las asambleas (comunales), hemos solicitado que se investigue el posible involucramiento de la empresa Ternium”, señaló la historiadora María de Jesús Ramírez Magallón, durante la velada organizada al cumplirse un mes de la desaparición de su esposo, el abogado Ricardo Lagunes Gasca, y el líder comunitario, Antonio Díaz Valencia, ambos defensores del territorio, medio ambiente y los derechos indígenas en Aquila, Michoacán.
La manifestación fue una acción coordinada llevada a cabo en Veracruz, Ciudad de México y Michoacán que llenó de veladoras y carteles el atrio de la Catedral colimense, a donde acudieron activistas locales y familiares de personas desaparecidas en la entidad como acto de solidaridad con las familias de los promotores de los derechos humanos.
Desde la desaparición ambos, el 15 de enero, organizaciones sociales han destacado la actuación hostil de la empresa minera frente a las denuncias de comuneros de Aquila por la extracción irregular de mineral en la zona, así como por las presiones y amenazas de las que dicen haber sido objeto para ceder sus tierras al extractivismo.
“Solicitamos que todas las autoridades pertinentes se abstengan de conceder autorizaciones, permisos de expansión, cambios de uso de suelo a la empresa Ternium, hasta que no se resuelvan las desapariciones forzadas de Ricardo y Antonio, y su presentación con vida”, dijo también María de Jesús debajo de una gran lona con que ponía junto al rostro de su esposo la palabra ‘desaparecido’.
Antes de que Ricardo y Antonio desaparecieran, habían presidido una asamblea en la que se habló de estos intereses por parte de la corporación italo-argentina.
A pesar de que el gobierno michoacano ha ofrecido una recompensa de 500 mil pesos a quien brinde datos que lleven a la localización de los defensores, los familiares denunciaron en la velada la lentitud en las investigaciones y la incapacidad de los expertos para seguir las huellas de los dos hombres.
“Son chingaderas que a diario tengamos que hacer las mismas declaraciones ante diferentes instancias. Todos nos preguntan lo mismo. Todos nos preguntan a dónde tienen qué ir a buscar, cuál es el teléfono del victimario, cuál es el teléfono de éste y otro. Y eso que nos hacen a nosotros, se lo hacen a cualquier otro de los familiares de personas desaparecidas”, expresó María de Jesús.
Y apuntó que “en Colima y en Michoacán han primado los conflictos jurisdiccionales entre entidades de investigación y búsqueda estatales y federales, ocasionando la demora inaceptable en la preservación de pruebas y en la realización de acciones de búsqueda inmediata".
Ramírez Magallón insistió en que lo ocurrido con Ricardo y Antonio tiene su origen en su labor comunitaria y de defensa de los derechos humanos, y aseguró que “los recursos comunales son el botín que muchas personas están interesadas en controlar en Aquila y Coahuayana, Michoacán”.