Un cuestionario para reducir el número de desaparecidos

Madres de hijos desaparecidos protestan en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, realizado en Saltillo, Coahuila, en junio de 2013. Al centro de la foto, María Elena Salazar Zamora, quien desde 2009 busca a su hijo Hugo Marcelino González. (Mónica González).

 

El “Informe de visita domiciliaria”, que aplican los servidores de la nación en el país y que sirve de base para la actualización del registro nacional, evidencia, según víctimas, la falta de coordinación de las autoridades en la búsqueda de sus familiares. La exdelegada de la Secretaría de Bienestar en Coahuila admite que revictimiza, y que su objetivo es desmentir que el mayor número de desapariciones ha ocurrido en el sexenio de AML

Por Camelia Muñoz

 

María Elena Salazar Zamora no recuerda qué día de octubre tocaron a su puerta los servidores de la nación para preguntarle si su hijo desaparecido desde 2009 en Torreón, Hugo Marcelino González Salazar, había regresado a casa. Identificados con sus chalecos color guinda, los empleados de la Secretaría de Bienestar (SB) le pidieron contestar el cuestionario del “Informe de visita domiciliaria” que, como parte del Programa Nacional para la Búsqueda Generalizada de Personas en Vida, aplican en el país. 

Para la madre buscadora, la visita evidencia que no existe coordinación entre las autoridades federales y estatales, ni entre las distintas instancias gubernamentales, para saber qué indagatorias de desaparición siguen abiertas, y que además no están buscando a su hijo, que tenía 24 años cuando salió a buscar trabajo y ya no regresó.

“Yo les dije que no me he cambiado de casa porque espero que mi hijo vuelva algún día. Nunca, jamás imaginé que llegaría gente a preguntarme si Hugo ya regresó, en lugar de traérmelo. Yo les dije: ‘¿Saben por qué sigo en este domicilio? Porque estoy esperando que Hugo entre por esa puerta, y aquí voy a estar mientras tenga vida’. Eso fue muy lastimoso”.

Salazar, quien pudo ver el formato que los servidores de la nación le pedían responder, denunció la desaparición de su hijo ante las autoridades de Coahuila el 20 de julio de 2009, y ante la entonces Procuraduría General de la República en 2015. También registró el caso de Hugo en el Programa Especial de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aun así, fueron a preguntarle si continuaba ausente.

El programa que opera la SB forma parte de las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que según el presidente estará lista en diciembre. 

 

El formato del “Informe de visita domiciliaria” incluye preguntas que son consideradas revictimizantes por los familiares, ya que les piden volver a narrar las circunstancias de la desaparición de su ser querido.

 

Anunciado en junio por el mandatario como un nuevo censo, consiste en visitar “casa por casa” a las familias de las personas desaparecidas cuyos nombres surgen tras cruzar el RNPDNO con distintas bases de datos –como registros civiles y de salud, y de programas sociales–. Según la exdelegada de la SB en Coahuila, Claudia Garza del Toro, entrevistada antes de que dejara su cargo el 9 de noviembre, el cuestionario que portan los empleados de la SB es el mismo que aplicaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación en otras entidades.

La actualización del RNPDNO se propone desmentir que este es el sexenio con mayor número de personas desaparecidas, aseguró. Según el registro nacional, el 40 por ciento de los reportes corresponden a la administración lopezobradorista. 

“La oposición, los conservadores, para atacar a este gobierno [salen] con que somos el sexenio con mayor número de desaparecidos, y es absolutamente mentira […] y el presidente nos llama a coadyuvar en la verificación del censo”, afirmó Garza del Toro.

El temor, expresado por colectivos y activistas de derechos humanos, de que la actualización del RNPDNO tenga como objetivo reducir el número de personas desaparecidas fue respaldado por la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, quien aseguró que esa es “la intención” de esta administración, principalmente en los veintitrés estados gobernados por Morena, el partido en el poder.

 

La extitular de la CNB, Karla Quintana, aseguró que, con la actualización del registro nacional, el gobierno lopezobradorista busca disminuir la cifra de personas desaparecidas en el país. (Nancy Aguilar/ObturadorMX)

 

En una conferencia ofrecida el 7 de noviembre en el marco del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, Quintana cuestionó que la SB, que no está incluida en la Ley General en Materia de Desapariciones como una autoridad buscadora, lidere un proceso para el que no está capacitada. Según la ley, recordó, a la CNB le corresponde la coordinación y manejo del registro nacional.

“La búsqueda es un asunto de Estado, nadie está en contra de que haya un proceso de actualización de un registro”, aclaró. “El problema es que no se está llevando a cabo por las autoridades especializadas –comisiones de búsqueda y fiscalías–, [ni está siendo] coordinado por ellas, [y que] la intención que se tiene con este ejercicio no es actualizar un registro para tener la mejor información posible para poder encontrar a más personas. La intención, muy clara y lamentable, es reducir las cifras de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno”.

La reacción de López Obrador fue acusar a Quintana de alterar los “padrones de desaparecidos”, pues forma parte, dijo, de una organización de “derecha”. “Vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado, y que no era nada más ineficiencia, sino que había una intención de afectar al gobierno que represento”, afirmó en su conferencia mañanera del pasado lunes.

El presidente ha manifestado en varias ocasiones su inconformidad con las cifras del RNPDNO, que reporta más de 113,000 personas desaparecidas. “No es cierto [que haya ese número] y lo vamos a probar, porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado”, agregó.

Cuando la madre buscadora le informó a los empleados de la SB que su hijo estaba ausente desde 2009, le respondieron que para eso realizaban el censo, para saber “realmente” qué personas se encuentran desaparecidas y buscar a quienes no han sido localizadas. Contaron también que en sus visitas a los domicilios de Torreón ubicaron a dos muchachas.

“Yo les dije que ese era el problema, que si las fiscalías, en mi caso la FGR [Fiscalía General de la República] les reportara el seguimiento que tienen de las denuncias, que yo presenté desde el primer día de la desaparición de Hugo, no tendrían nada que hacer aquí”, señaló. “Para nosotros esto es lastimoso y revictimizante, y el presidente de la República no halla cómo lavarse las manos, porque no se ha dignado a recibirnos ni a escucharnos para saber la magnitud de lo que estamos hablando”.

Garza del Toro reconoció que la SB no se coordina en sus acciones con la FGR ni con las fiscalías estatales, que son las responsables de investigar las desapariciones.

Revictimizan “solo” una vez

El “informe” que los servidores de la nación piden responder a los familiares es solo para uso oficial. No lo muestran ni entregan una copia. Incluye el nombre de la persona desaparecida y datos personales de quien responde el cuestionario, así como su relación de parentesco con la víctima. El documento, del que este medio tiene copia, cuenta además con un Folio Único de Búsqueda (FUB). 

La pregunta que incomodó a Salazar, porque evidencia cómo son las familias quienes tienen que proporcionar información sobre sus seres queridos ante la falta de resultados de las autoridades, es si la persona “continúa desaparecida”. La respuesta es sí o no. En caso negativo se dan tres opciones: falleció, se encuentra con vida en el domicilio, o se presume que se encuentra con vida, pero no se halla en el lugar.

En el formulario se solicita también un domicilio adicional, y en el apartado de “comentarios” se pide narrar brevemente, una vez más, cómo ocurrió la desaparición, lo que para la madre buscadora significa obligar a las familias a revivir lo ocurrido con desconocidos que no están capacitados en el tema.

Finalmente, el informe consigna el nombre, cargo y firma de quien hizo el cuestionario, y la institución a la que pertenece. Salazar dijo que acudirá con las autoridades de la SB en Torreón para preguntar por qué desconocen que su hijo sigue desaparecido cuando viaja, como mínimo, dos veces al año a la Ciudad de México para reunirse con agentes del Ministerio Público federal, y cada dos o tres meses sesiona con funcionarios del gobierno de Coahuila. 

Al ser cuestionada sobre las visitas que realizan los servidores de la nación, denunciadas por los familiares como revictimizantes, Garza del Toro explicó que es una estrategia en la que trabajan las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, y la coordinación nacional de las delegaciones de la SB, todo “dirigido por nuestro presidente [López Obrador]”.

El motivo de estas acciones, que en Coahuila iniciaron en julio y concluyeron el 23 de octubre, es que existen numerosas inconsistencias en el RNPDNO, como nombres y reportes duplicados, registros que no se eliminan una vez que la persona es encontrada, y casos en que alguien regresa y las fiscalías no lo informan, explicó la exfuncionaria.

“Entonces”, agregó, “cuando se empiezan a trabajar todos estos temas, se da cuenta [el gobierno federal] a nivel nacional realmente de que ese número ha estado, como quien dice, muy inflado, ¿no?”.

En la entidad operaron cinco brigadas de la SB, cada una integrada por cuatro servidores de la nación, que visitaron los domicilios de las familias. Garza del Toro no precisó a cuántas casas acudieron, el número de personas reportadas como desaparecidas que lograron ubicar, y el total de indicios que debieron comprobar, por tratarse, dijo, de información confidencial.

“Los servidores primero trataron de ubicar el domicilio, o si hay teléfono se ubica por llamada telefónica y de ahí [después] ya se hace la visita; en muchos o algunos casos los domicilios no son [correctos], o no hay teléfono, o se visita y nunca hay nadie. A veces, [la visita] es exitosa y encuentras gente que te da información, pero hay otros lugares que son muy complicados de visitar, y también hay gente que no desea estar en el estatus de ‘encontrado’, o sea los encontramos pero nos dicen: ‘yo no quiero aparecer’. Están como asustados”.

Sobre la revictimización que han causado estas acciones a los familiares de las víctimas, afirmó que ese no es el propósito, pero que, cuando pasa, solo ocurre una vez.

“La intención evidentemente no es esa, sino limpiar el padrón de desaparecidos, y en este proceso buscar y tener una coordinación más efectiva entre todas las instancias, y que todas las herramientas generadas estén a disposición de todos para que no vuelva a existir o a formarse un padrón de desaparecidos con esas inconsistencias. Es un tema [la revictimización] que, diríamos, va a pasar una vez, pero no va a continuar sucediendo en los próximos años porque la voluntad de este gobierno, evidentemente, no es lastimar a las familias, pero ocurre que en toda transición tenemos los temas más complejos, más difíciles, o que generan incomodidades y por eso pedimos disculpas”.

Sobre por qué eligieron a los servidores de la nación para la actualización del RNPDNO, respondió que es por “la confianza” que generan en la población y porque conocen todo el territorio. No aclaró si recibieron capacitación en materia de derechos humanos o sobre la problemática de la desaparición.

 

Los servidores de la nación fueron escogidos, según la exfuncionaria de la SB Claudia Garza del Toro, por la confianza que generan en la población y su conocimiento del territorio. (X: @TuIMSS)

 

¿Datos de prueba?

Hasta la fecha no se ha informado cuál es la metodología para actualizar el RNPDNO; esta falta de transparencia ha sido cuestionada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. 

Originalmente, las visitas domiciliarias estaban a cargo de funcionarios de las comisiones de búsqueda locales, apoyados muchas veces por policías, lo que suscitó múltiples quejas de colectivos y familiares, por lo que el gobierno optó por instalar un call center gestionado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con operadores que preguntan: “¿Su familiar se encuentra bien o sigue desaparecido?”.

El nombramiento de Teresa Reyes Sahagún como nueva titular de la CNB ha sido interpretado como acorde con la instrucción presidencial de demostrar que las cifras de personas desaparecidas son menores a las reportadas, ya que carece de experiencia relacionada con el cargo, es cercana a Morena, y ha desempeñado puestos en la Secretaría de Bienestar. El hecho de que en 2021, cuando estaba al frente de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la secretaría, la Auditoría Superior de la Federación detectara fallas en la base de datos de los servidores de la nación, como CURP duplicadas y números CLABE asociados a varias personas, y que estos empleados estuvieran bajo sus órdenes, ha sido denunciado por Proceso

Antes de la designación de Reyes Sahagún ya se advertía sobre los riesgos de que el gobierno optara por un perfil político, no técnico, y tras su elección se han multiplicado las quejas y peticiones para que el cargo le sea revocado.

 

La elección de Teresa Reyes Sahagún como nueva comisionada nacional de Búsqueda ha generado numerosas quejas de los colectivos y peticiones para que el cargo le sea revocado. (X: @LuisaAlcalde)

 

Para Juan Enrique Martínez Requenes, abogado del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la designación de Reyes Sahagún es una “violación al orden” porque no se consultó a los colectivos de víctimas, y no hubo  transparencia para discutir los perfiles ni conocer cuál era la propuesta de cada candidato.

“Lo único que puedo decir”, agregó Ariana Denise García Bosque, representante legal del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, “es que desconocemos el trabajo que haya realizado Reyes Sahagún y solo esperamos que realmente se aboque al tema de la búsqueda y no a esta parte de incertidumbre de las formas de buscar que se está realizando a últimas fechas para descongestionar lo que es el registro nacional de personas desaparecidas, pues no es la forma idónea de hacerlo”.

La abogada, quien interpuso la comunicación en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos en el norte de Coahuila, cuestionó el procedimiento para actualizar el RNPDNO porque no se puede confirmar a través de una llamada o con un “toca toca” que alguien regresó. La persona que se considera desaparecida, dijo, tendría que comparecer ante la autoridad competente en caso de que fuera localizada con vida y, de ser hallada muerta, seguir un protocolo de identificación.

Aunque reconoció que existe la posibilidad de que los registros no estén actualizados con la información de las fiscalías, García Bosque señaló que no se puede eliminar del RNPDNO a una persona “solo porque un funcionario público haga constar que a través de una llamada telefónica fue localizada, porque esta circunstancia se convertiría en un dato de prueba que podría ser atraído a la propia carpeta de investigación, esperando evidentemente que sea cierto“.

Acciones sin lógica

La madre de Hugo describió como un “golpe muy duro” la visita de los servidores de la nación, que pasaron de entregar programas sociales a preguntar a las familias si sus parientes desaparecidos volvieron a sus casas.

Para Martínez Requenes, someter a las familias a un cuestionario formulado por empleados que no están capacitados en el tema de las desapariciones puede considerarse un acto de “tortura”, además de que, como método, no se relaciona con la investigación ni con la búsqueda real de las personas.

“Es preocupante no solo por la revictimización, sino porque puede considerarse tortura por parte del Estado, y [también] por el hecho de que no se dé un seguimiento claro, ni se tenga idea de lo que va a pasar con estas entrevistas”, consideró.

A Salazar no le hicieron las preguntas tal como venían en el cuestionario porque reclamó que fuera nuevamente ella quien tuviera que proporcionar información, en lugar de recibir los avances de las investigaciones para encontrar a su hijo.

“Cómo se atreve el gobierno a hacer este tipo de encuestas que de veras lastiman. Después de ese día, créeme, hasta hoy, es como que te abren un poquito más la herida y te llega como un balde de agua fría y te sientes como en los primeros días de la desaparición, que no podías ver algo porque lo relacionas [con lo que pasó]. Le hemos puesto un poco de sanación, pero vuelve una a sentir ese dolor, ese vacío, y te dejan con el coraje y la impotencia; con ese desgano de vivir, inclusive, porque de verdad es muy traumatizante”.

 

En Coahuila, las jornadas del Programa Nacional para la Búsqueda Generalizada de Personas en Vida se extendieron de julio a octubre. En la imagen, el Árbol de la Esperanza en Torreón, que recuerda a las personas desaparecidas en el estado. (X: @FUNDEM_Mx)

 

El abogado del Fray Juan de Larios calificó de improvisado enviar a trabajadores de la SB a aplicar los formularios, pues demuestra que están utilizando las bases de datos sin importarles que existan casos como el de Salazar, que lleva más de una década buscando a su hijo y esperando el resultado de las investigaciones sobre su paradero.

Martínez Requenes dijo que estas acciones explican por qué México ha sido reprobado por el CED, organismo que ha manifestado su preocupación por la alarmante cifra de desapariciones, y ha señalado la necesidad de priorizar su investigación y terminar con la impunidad casi absoluta en estos casos.

“La recomendación que le habían dado [al gobierno] era realizar un plan de investigación y un plan de prevención en contra de la desaparición. […] Pero lo que están haciendo no tiene un sentido de lógica o de una política pública, ni de nada por el estilo”.

El abogado, que acompaña a Salazar en su caso, coincidió con la también integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila en que no hay coordinación entre las autoridades, que deberían estar informadas de que existe una carpeta de investigación abierta desde hace años por la desaparición de Hugo, y que el Ministerio Público federal no tiene datos de su localización.

 

 

Desaparición de personas: El monstruo de la totoaba devora a San Felipe

 Procedentes de una decena de estados del país, familiares de personas desaparecidas participaron en la cuarta brigada estatal de búsqueda en Baja California. San Felipe fue el tercer municipio que visitaron, los días 20 y 21 de abril.

 

Texto y fotos: Celia Guerrero

Los habitantes de esta localidad de Baja California hablan de decenas de desapariciones, pero debido al silenciamiento de la población solo se denuncia una mínima parte. El delito aumentó en 2022, cuando se recrudeció la lucha entre organizaciones criminales por el control del tráfico ilegal de la totoaba, un pez que tiene una gran demanda en el mercado asiático

“El monstruo que destruyó aquí a San Felipe fue la totoaba. Gracias a eso mucha gente volteó a ver este lugar, fue cuando empezó el narcotráfico a entrar más duro. Era un pueblito mágico hace años. Era chiquitito, bien bonito, todo mundo que venía no se quería ir porque había mucha paz, mucha tranquilidad, por eso hay mucho americano, pero ahora ya tienen también miedo”, cuenta un familiar de una persona desaparecida en esta localidad de Baja California.

San Felipe se convirtió en el séptimo municipio del estado en enero de 2022. Su centro, ahora cabecera municipal, es el puerto, localizado a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en el Alto Golfo de California. A la pesca de una especie endémica, la totoaba o corvina blanca, se atribuye la fundación del pueblo en la década de 1920; su comercio creció hasta que la sobreexplotación derivó en la veda permanente de su captura en 1975. Hoy, la pesca de la totoaba es ilegal y la especie está en peligro de extinción.

Otra actividad económica importante en el municipio es el turismo, principalmente de norteamericanos atraídos por sus playas; con la sierra desértica de fondo y un mar apacible en el horizonte, es un imán para vacacionistas. En 2020 había poco más de 17,000 habitantes; entonces, ¿cuándo dejó de ser San Felipe un apacible pueblo pesquero?

 

San Felipe se encuentra a doshoras de viaje desde Mexicali, la capital del estado. Es un puerto pesquero y también un centro turístico, visitado principalmente por estadounidenses. 

 

“La gente se siente amenazada. Aquí ya no es un pueblo seguro como lo fue antes, gracias a que empezó el tráfico de la totoaba”, señala el entrevistado, que pide no ser mencionado con su nombre. Una petición que, por razones de seguridad, hicieron también otras ocho personas, habitantes de la localidad, consultadas para este reportaje.

La captura de la totoaba pudo ser el origen de asentamientos humanos en la zona, pero después se convirtió en uno de sus principales problemas debido a que se continúa pescando y comercializando de manera ilegal. Su vejiga o buche, según la medicina tradicional china, tiene propiedades afrodisiacas y medicinales –lo cual no ha sido probado científicamente–, y en el mercado asiático es considerada un manjar. Su valor por peso ha llegado a superar el de la cocaína, de acuerdo con la investigación Adictos al anzuelo de la organización estadounidense C4ADS. Las altísimas ganancias y las rutas establecidas para su tráfico hacia la frontera norte fueron los atractivos principales para que los grupos de la delincuencia organizada tomaran desde hace una década el control de esta actividad ilegal en la zona.

“Este era un lugar tranquilo, limpio, ahora vino mucha gente de fuera que lo único que quiere es explotar el animalito, el pescado ese, la totoaba”, lamenta un comerciante y habitante del puerto.

Con la atención internacional puesta en la conservación de las especies endémicas del Alto Golfo de California, durante décadas los esfuerzos institucionales se han centrado en evitar la desaparición de la vaquita marina –catalogada en peligro crítico de extinción desde 1996–, que se ha visto afectada por la pesca furtiva de la totoaba. 

“Las autoridades mexicanas han luchado por enfrentar el problema con un poco de ayuda de parte de gobiernos extranjeros que reconocen el tráfico de totoabas como un problema de conservación, pero no como un problema sustancial de criminalidad o seguridad”, apuntó C4ADS en su informe, elaborado en 2017.

El panorama se agravó en años recientes con el avance de los grupos del crimen organizado, que han extendido su dominio a la pesca legal, de acuerdo con lo documentado por Vanda Felbab-Brown, investigadora del programa de Política Exterior de la Brookings Institution, en el informe La caza furtiva y el tráfico de vida silvestre ligados a China en México. A partir de entrevistas a funcionarios, productores y exportadores de mariscos, representantes de cooperativas y federaciones de pescadores, biólogos marinos y organizaciones defensoras del medio ambiente, señala que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, junto con sus aliados locales, compiten por el control de la venta de los productos del mar a restaurantes y hoteles en zonas como Ensenada y Rosarito.

La lucha por acaparar el mercado de la pesca legal e ilegal ha generado enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa por el dominio de las rutas de traslado de estos productos y el control de los puertos del Alto Golfo, como en el caso de San Felipe, donde han sido asesinados mandos de la policía municipal. Una situación que tiene como consecuencia el silenciamiento de sus pobladores, que por miedo prefieren no denunciar la desaparición de sus familiares. Así, un delito que va al alza no se ve reflejado en las cifras oficiales, sino en el relato de sus habitantes.

“Varios cárteles se están peleando la plaza, es por eso que tanta gente ha desaparecido”, añade la fuente. “Pero no hay denuncias, muchas veces los amenazan [a los familiares] para que no pongan la denuncia”. 

La brisa marina dificulta la labor de un grupo de mujeres que intenta pegar en un poste de luz oxidado boletines de búsqueda de personas desaparecidas; una manipula la cinta adhesiva mientras sus compañeras sostienen las hojas de papel para que no se las lleve el viento; se mueven juntas, cual cardumen. Forman parte de la cuarta Brigada Estatal de Búsqueda de Desaparecidos, junto a participantes procedentes de una decena de estados del país. En este mediodía del jueves 20 de abril de 2023 recorren el muelle del puerto de San Felipe, donde hay poco movimiento: tan solo unas embarcaciones encalladas, un oleaje taciturno, un par de pescadores que entran y salen de un depósito de cerveza y que, cuando ven al grupo pegar sus boletines, evitan cualquier interacción. 

 

Una de las actividades de las participantes en la brigada estatal de búsqueda fue pegar boletines de personas desaparecidas en distintos lugares del puerto. 

 

María Estela Valenzuela Grijalba viene desde Ciudad Obregón, Sonora, literalmente a un mar de distancia, o unos 1,100 kilómetros viajando por tierra. Busca a sus hijos Claudia Isabel y Gustavo Burgos Valenzuela, desaparecidos el 11 de marzo de 2008 en Tijuana. En el muelle se acerca a una vendedora de pescado, le muestra sus fotos y hace la misma pregunta que repetirá durante los quince días que dura la búsqueda en el estado: “¿Los reconoce? ¿Los ha visto? Son mis muchachos”. La vendedora, originaria de San Felipe, mira unos segundos las caras y niega con un movimiento de cabeza. María Estela le da más detalles y después de algunos minutos comienzan a conversar.

“Aquí hay muchos. Ahorita yo creo que llevamos como unas 28, 29 gentes desaparecidas; que han levantado, pues, dicen que son levantones”, explica la vendedora. Afirma que en San Felipe hay otras madres como María Estela que han empezado a buscar a sus seres queridos rumbo al poblado de Las Minitas, al sur del puerto, que ahí han encontrado cuerpos. Pero la mayoría de las familias no salen a rastrear, cuenta, principalmente por temor, porque las han amenazado.

El 18 de abril, dos días antes de que la brigada llegara a San Felipe, unos pescadores descubrieron que en sus redes había quedado atrapado el cuerpo de un hombre. La prensa local informó que el cadáver, que tenía amarrada un ancla a la cintura, fue identificado como el Cholo, originario de Puerto Peñasco, Sonora. El hecho fue comentado, con cautela, por habitantes de San Felipe. “Lo sacó una red; si no, no lo hubieran encontrado nunca”, dice la vendedora.

El silenciamiento

“Tenemos conocimiento de personas que no han tenido acercamiento con la autoridad por miedo, por amenazas”, dice Alfredo Hernández Leyva, jefe de departamento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y coordinador de la búsqueda. “Sabemos que hay muchos más [desaparecidos] que ni siquiera están siendo buscados ni hay una denuncia por parte de su familia”. 

El funcionario es también representante e integrante de Madres Unidas y Fuertes, uno de los colectivos que organizaron la brigada; su hermano, el agente ministerial Diego Alonso Hernández Leyva, permaneció desaparecido desde el 11 de enero de 2007 hasta septiembre del año pasado, cuando sus restos fueron identificados. Como funcionario y a título personal, Hernández Leyva ha apoyado múltiples búsquedas en San Felipe, que está a dos horas de viaje en auto de Mexicali, la capital del estado.

La falta de denuncia o de registro de las desapariciones ocurridas en el municipio plantea de inicio la existencia de una cifra negra; después, la dificultad de conocer la dimensión y las causas del delito. 

El hecho de que San Felipe dejara de ser una delegación de Mexicali trajo una serie de cambios en su administración, pero las cifras de personas desaparecidas en la localidad antes de 2022 siguen integradas a las de la capital. Aunque los datos estatales no son los más fiables. 

De 2006 a 2022, en Baja California se abrieron 17,306 carpetas de investigación por el delito de desaparición, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE) a Elementa DDHH. Sin embargo, la organización considera que no se puede determinar la magnitud del fenómeno debido a que las cifras entre instituciones son dispares, pues el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que concentra la información de fiscalías y comisiones locales y es coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), reporta durante el mismo periodo 4,177 personas desaparecidas. 

La razón de esta disparidad, según consigna Elementa DDHH en el informe Desaparecer en Baja California, es que la FGE “no ha cumplido con su obligación de enviar la información correspondiente a la CNB para que se publique en el registro nacional”. Hasta el 26 de octubre de 2023, según el RNPDNO, 2,597 personas permanecían desaparecidas y no localizadas en el estado.

 

Este mapa de Baja California fue modificado por Elementa DDHH para mostrar cómo quedó dividido el estado después de que San Felipe se convirtió en su séptimo municipio en enero de 2022. (Elementa DDHH)

 

Renata Demichelis, coordinadora de la oficina en México de la organización, añade que la FGE les dio cifras sobre San Felipe considerado aún como delegación; reportó una sola carpeta iniciada por el delito de desaparición hasta el 31 de diciembre de 2022. En una segunda solicitud de información, en la que pidieron específicamente los datos del municipio desde su creación en enero del año pasado, la fiscalía respondió con un número distinto: cinco carpetas abiertas por desaparición hasta junio de 2023, cuatro correspondientes a 2022. El informe de Elementa DDHH registra también el hallazgo de una fosa con 207 restos.

“Hay obviamente mucha discrepancia incluso en los registros que la fiscalía nos envía, pero lo que sí estamos viendo es un incremento y una frecuencia muy preocupante de las desapariciones”, agrega. 

Por otro lado, de 2020 a mayo de 2023, la Comisión Local de Búsqueda de Personas (CLBP) reportó 1,550 folios de búsqueda iniciados por desaparición y 1,115 activos en el estado. Aunque desde este año el organismo considera a San Felipe como municipio, hasta el 19 de mayo era el único con cero folios.

Demichelis menciona otra cifra que evidencia el silenciamiento de la población, obtenida de la base de datos que hizo pública en agosto la CNB, referida a las circunstancias en que se producen las desapariciones. 

“Para el caso de Baja California, casi el 70 por ciento está registrado como ‘se desconoce’, y mucho de esto lo vemos porque hay mucho miedo. Dicen: ‘Sí sé cuál es una probable circunstancia de la desaparición, pero no quiero [decirlo] porque si no, no van a salir a buscar a mi familiar. O no quiero represalias”.

Pero es un hecho que en el municipio hay más desaparecidos de los que reportan las autoridades. En la página de Facebook del colectivo San Felipe Unido por sus Desaparecidos, hasta mayo había publicado información sobre 16 personas desaparecidas en los últimos cinco años; once en 2022 y 2023. La mayoría son hombres, solo una es mujer; de los casos en que se registra la edad, seis tienen de 30 a 40 años, y tres de 20 a 30. Se especifica también que dos personas fueron sustraídas de su domicilio.

No solo la información en redes sociales, sino también funcionarios públicos locales, comerciantes y familiares de desaparecidos entrevistados en San Felipe, que han pasado toda su vida en el puerto, señalan un repunte del delito en 2022.

“Yo pudiera calcular que son arriba de 30, 40 personas desaparecidas en no menos de un año. Te estoy dando unos números que posiblemente no son los reales; no te voy a decir que son menos, pero pueden ser más”, señala Hernández Leyva.

Los testimonios de habitantes del puerto coinciden, y la negación a hablar abiertamente del problema confirma el estado de silenciamiento que predomina en San Felipe.

“Tiene poquito, como de unos dos años para acá, que se ha puesto bien feo”, comenta un funcionario local.

“En 2022 aquí se desató [la violencia] porque hubo balaceras, supuestamente porque estaban peleando la plaza. Pero hubo muchas personas inocentes [desaparecidas], que decía uno, ¿por qué? Uno se preguntaba el porqué”, dice el familiar de una víctima.

“En una semana se levantaban a tres, a cuatro, a cinco; desaparecían. Hay muchos que no han encontrado por ningún lado, en este año. Era tranquilo, pero ahora se vino la delincuencia para acá”, agrega una comerciante del puerto.

 

Según información del colectivo San Felipe Unido por sus Desaparecidos, al menos 16 personas de la localidad desaparecieron en los últimos cinco años, la mayoría en 2022 y 2023. (Facebook)

 

El dominio de los cárteles

Según estimaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el kilo de vejiga de totoaba puede valer entre 5,000 y 8,500 dólares en México; su precio aumenta conforme la carga es transportada desde las comunidades pesqueras hasta su destino de consumo. Un solo buche cuesta alrededor de 1,500 dólares en México, 5,000 en Estados Unidos y 10,000 en China, calculó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 

El alto margen de ganancia incentiva a los grupos de la delincuencia organizada a controlar la cadena de suministro, considera Felbab-Brown.

“En algunos casos”, escribe la investigadora, “los grupos criminales han traído a pescadores de otros lugares de México para participar en una bonanza de pesca ilegal en una localidad en particular. Por ejemplo, el Cártel de Sinaloa hace mucho tiempo lleva a pescadores de Sinaloa a pescar furtivamente totoaba en San Felipe, Baja California”.

En el documento publicado en marzo de 2022, Felbab-Brown detalla una serie de prácticas de los delincuentes para hacerse con el control de la industria pesquera legal e ilegal, desde extorsionar a pescadores y cooperativas, hasta obligar a los pobladores a venderles su producto, fijar precios por debajo del valor de mercado, e incluso pagar la pesca con drogas como la metanfetamina. 

“Hacen demasiado dinero, la gente [de San Felipe] está acostumbrada a gastar en dólares. Hubo mucho dinero y el gobierno también está hasta las manitas, y no quiere dejar de tener ese dinero”, dice un habitante de la localidad para explicar el complejo panorama socioeconómico de la región y por qué existe desconfianza en los pobladores para denunciar delitos como la extorsión, las amenazas y las desapariciones.

La ruta principal del tráfico de la totoaba, que va de San Felipe a Mexicali, Tijuana y Ensenada, ha recibido el nombre de “ruta narcobuchera” porque también es utilizada para mover drogas, según lo documentó C4ADS mediante el cruce de datos de incautaciones de ambos productos. Además, la organización consideró a San Felipe un punto “neurálgico” de la ruta.

“De Puerto Peñasco, para no pasar por la revisión de San Luis [Río Colorado], es más fácil cruzar por mar. Se dejan venir de Sonora o de Sinaloa, cruzan y bajan en San Felipe porque la zona del lado de la sierra es una de las más peleadas, porque te da a [los pueblos de] Ojos Negros o San Vicente, para el lado de Ensenada, y es más fácil subir a Tijuana y no pasar por ninguna revisión”, explica Hernández Leyva.

Así, la lucha por el dominio de las rutas de tráfico se ha extendido al control del sector pesquero en la región. “En los estados del noroeste: Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, los grupos del crimen organizado, especialmente el Cártel de Sinaloa, han buscado monopolizar la pesca tanto legal como ilegal a lo largo de toda la cadena de suministro vertical”, señala en su informe Felbab-Brown.

De acuerdo con las dos investigaciones citadas, los reportes de la prensa local y los testimonios de habitantes de San Felipe, los cárteles comenzaron a apoderarse de la pesca y el tráfico de la totoaba en el Alto Golfo de California desde hace por lo menos una década. Este hecho derivó en un incremento de la violencia en las comunidades pesqueras, que anteriormente negociaban directamente con los compradores chinos.

“San Felipe siempre ha sido controlado por el crimen organizado. No nomás estoy hablando de […] cuestiones de estupefacientes, de droga, también ha estado muy secuestrado en cuestiones de marina, lo que viene siendo la totoaba y la caguama. Por ahí se escuchaba que se peleaban el control [de la pesca ilegal],  pero había un respeto tanto de los totoaberos, como también de las personas que se dedican al trasiego de droga”, afirma Hernández Leyva.

Desde hace tiempo, el panorama en la zona ha cambiado. En la localidad Golfo de Santa Clara, en Sonora –fundada también, como San Felipe, gracias a la pesca de la totoaba–, ubicada al otro lado del golfo, el asesinato en junio de 2014 de Samuel Gallardo Armenta, dirigente de la Cooperativa Pesquera Alto Golfo, a quien se vinculaba con el Cártel de Sinaloa, evidenció la presencia de los narcobucheros: pescadores que se dedican tanto al tráfico de drogas como al de totoaba. Otros los llaman chinaloenses, porque sirven de enlace entre el grupo criminal y los empresarios chinos.

En años posteriores, otros hechos violentos en el municipio de San Luis Río Colorado –al que pertenece Golfo de Santa Clara– marcaron el dominio de los cárteles en la pesca ilegal: el asesinato del comandante de la policía municipal, Francisco Vázquez, en 2015, y el enfrentamiento en 2016 de policías estatales con miembros de la familia Armenta, presuntos líderes de la pesca furtiva de totoaba.

Es precisamente en esa época cuando se da un repunte en el número de desapariciones en San Luis Río Colorado: de 17 reportes en 2014, en 2018 aumentó a 52. El municipio, con cerca de 200,000 habitantes, es el séptimo con mayor incidencia de personas desaparecidas en el estado de Sonora, con 368 registros hasta octubre de 2023.

A lo largo del malecón turístico, frente a la bahía de San Felipe, Olga Estrada y otras integrantes de la brigada aprovechan cada espacio para pegar boletines de búsqueda. Olga coloca los de su hija Selena Guadalupe García Castillo, desaparecida el 2 de marzo de 2020 en Tijuana. Mientras lo hace, una mujer le propone que le dé algunos para pegarlos en otro lugar; le dice que tiene conocidos en San Felipe con familiares desaparecidos y quiere ayudar. 

Confiada, más tarde Olga se atreve a hablar con un repartidor de tortillas que pasa en una moto. Somos un grupo de madres que están buscando a sus hijos. Si tienen familiares con desaparecidos y no se animan a buscarlos solitos se pueden unir con el grupo. Vamos a estar dos días aquí en San Felipe, van a estar haciendo el ADN [pruebas]. Si tienes a un conocido, o pariente, le puedes pasar la voz”, explica rápidamente y luego le entrega un par de volantes. Pero el repartidor solo toma los papeles y se va. Olga se da cuenta de que no todos están dispuestos a hablar de lo que pasa en San Felipe. 

 

Un grupo de participantes en la brigada improvisó una marcha en el área turística del puerto de San Felipe en su camino a la fiscalía regional para pegar fichas de búsqueda.

 

El segundo día de actividades de la brigada, el grupo de búsqueda está en el Parque de los Arbolitos, un terreno en donde unas cuantas decenas de árboles destacan en medio del paisaje desértico. 

En la avenida, una camioneta se detiene y baja la ventanilla del copiloto frente a Olga, quien respira tranquila cuando nota que en los asientos viajan tres niños con sus uniformes escolares. La mujer que maneja pregunta cómo puede contactar al grupo, dice estar interesada porque en su familia hay una persona desaparecida. Olga, desconfiada, le sugiere acercarse al personal de la CLBP para obtener más información. La mujer parece dudar en acudir con una autoridad, agradece y arranca. No todos están dispuestos a hablar de lo que pasa en San Felipe. 

Los “dueños” del Alto Golfo

En 2021, Hernández Leyva fue una de las primeras personas que participó en búsquedas en San Felipe. “Se estaban dando desapariciones y no había quien apoyara a las víctimas. Iniciamos con esa labor de ir a búsquedas, canalizar a las víctimas, decirles cuáles eran sus derechos, a dónde se podían acercar, empezar a vincular”, cuenta el funcionario. 

En enero de 2022, después de que San Felipe se convirtió en municipio de Baja California, fue elegido para la transición un Consejo Fundacional, presidido por José Luis Dagnino López, que estará a cargo del gobierno hasta octubre de 2024, cuando se instale el primer ayuntamiento.

Hernández Leyva dice que en las búsquedas solían trabajar con Luis Ramón Valdez Salas, quien durante la transición fue nombrado director de Seguridad Pública de San Felipe. Así fue hasta que, en septiembre de 2022, el mando sufrió una emboscada en la que fueron asesinados el subdirector de la Policía Municipal Erick Aguilera y el comandante Norberto Ornelas. El atentado, según lo publicado en medios, fue perpetrado por una célula de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Valdez Salas sobrevivió y, tras renunciar al cargo, fue designado como nuevo director Andrés Bonilla Castro, capitán de la Secretaría de Marina. Ahora la seguridad está a cargo de la Marina. 

También en 2022, en mayo, a raíz del incremento de enfrentamientos y homicidios, quien hasta el pasado agosto era el fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, reconoció la existencia de una disputa por el corredor Mexicali-San Luis Río Colorado entre dos facciones del Cártel de Sinaloa. En julio de 2022, cuatro cuerpos fueron encontrados en Golfo de Santa Clara con un mensaje atribuido a Los Chapitos, en el que se declaraban “dueños” de esta localidad y de San Felipe. El otro grupo criminal identificado en la lucha por las  plazas, que se remonta al 2020, es conocido como Los Rusos y lo dirige Ismael Zambada García, El Mayo.

“La problemática es tan grande que está rebasado todo lo que viene siendo el sistema de seguridad. Ni siquiera es defender, patrullar, contener; es sobrellevar: si oyes unos balazos a la derecha, tírate a la izquierda. Porque al final de cuentas, ¿quién se va a meter en problemas? Los policías. ¿Dónde viven los policías? En San Felipe. ¿Quién controla San Felipe? El crimen organizado”, explica Hernández Leyva.

Para Renata Demichelis, el sigilo de las familias, la falta de denuncias y de búsquedas podría deberse a que las desapariciones son recientes. “También hay algo asociado a un miedo que tiene que ver con quiénes son los perpetradores de las desapariciones, y la complicidad que pueda existir con los agentes del Estado, con quienes tendrían que estar resolviendo el problema”.

A pesar del temor y el silenciamiento impuesto en San Felipe, algunos familiares buscan a sus desaparecidos por cuenta propia. Uno narra cómo empezaron a salir al terreno sin el acompañamiento de la comisión local de búsqueda, ni de policías municipales ni militares. Cargaban con un botón de pánico como única garantía de seguridad. Fue hasta septiembre de 2022 que la CLBP se unió a las búsquedas por primera vez y comenzaron a realizarse los operativos con autoridades.

El último día de la brigada en San Felipe, un viernes por la noche, Angélica Ramírez, vocera del colectivo Una Nación Buscando T y una de las organizadoras, se reúne con algunos de los participantes para cenar y relajarse después de la jornada. Esa tarde, el grupo de búsqueda en campo recuperó restos pertenecientes a una osamenta que había sido localizada semanas antes en el mismo terreno. 

Angélica considera el hallazgo como un resultado de la brigada en San Felipe. Hasta ese momento, otras dos osamentas incompletas habían sido recuperadas en Mexicali; posteriormente, en Ensenada encontraron restos óseos, y un cuerpo en Tijuana. La brigada también ayudó a recuperar tres cuerpos de desaparecidos en una fosa común y a dos personas con vida. Pero para ella, la consecuencia más valiosa de su actividad en el puerto se verá más adelante, y tiene que ver con la difusión que hace el grupo de la búsqueda en vida y su acercamiento a la comunidad. Explica que en San Felipe, a diferencia de otros municipios del estado, no lograron coordinarse con un colectivo local porque son pocas las familias que han comenzado a organizarse por el miedo que prevalece. Pero cree que tras el paso de la brigada podrían activarse iniciativas.

“Es inyectarles el valor, ese es el propósito”, opina María Estela. “Ahora en campo íbamos un poco a ciegas porque no sabíamos dónde [buscar]. Pero después de hoy van a empezar a salir puntos, lugares para buscar en San Felipe”, agrega Angélica.

Lucha desigual

Un mes después del paso de la brigada por San Felipe, el 20 de mayo, Hernández Leyva apoyó como civil una nueva búsqueda solicitada por miembros del colectivo San Felipe Unido por sus Desaparecidos. Se reunieron alrededor de 28 personas, junto con integrantes de la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Dirección de Seguridad Pública municipal, la CLBP y bomberos del puerto; en total, unas 45 personas. El punto que iban a explorar se ubica en la carretera San Felipe-Ensenada, hacia la sierra, una zona señalada como ruta de trasiego.

Por la mañana, mientras se preparaban, el funcionario cuenta que vio pasar varios vehículos todo terreno, tipo RZR, que horas más tarde, según supo, fueron acribillados por un grupo armado en el poblado de San Vicente, al sur de Ensenada. El ataque fue grabado con un celular y rápidamente la noticia de la balacera, que causó diez muertos, trascendió a medios nacionales. Es precisamente esa ruta que va de San Felipe a Ensenada, hacia el norte, la que según Hernández Leyva está controlada por los criminales.

“Por las brechas dicen que hay mucho muerto, pero no cualquiera se mete porque ya saben que por ahí transportan droga”, explica uno de los entrevistados.

Por esta razón, cada vez más familias de personas desaparecidas solicitan el acompañamiento de la CLBP y de fuerzas de seguridad al salir a excavar; sin embargo, de las 271 acciones de búsqueda en Baja California reportadas por la comisión entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2023, solo tres fueron en San Felipe.

“La dirección federal de Seguridad Pública no tiene los elementos ni el equipo suficiente para hacer labor de patrullaje y, como primeros respondientes, confrontar a unos grupos que sabemos que están muy bien organizados. […] Estamos hablando de un pueblo muy pequeño con una gran problemática”, lamenta Hernández Leyva.

Además de C4ADS, que señala que las autoridades deben considerar la pesca ilegal de la totoaba como un “problema sustancial de criminalidad o seguridad” en la región, en su informe Desaparecer en Baja California Elementa DDHH plantea que “la desaparición forzada ya no se configura únicamente como un medio de control social, dominio o con fines políticos”, sino que ahora es utilizada “para sostener el sistema económico, el mercado ilegal del tráfico de drogas y otras actividades que no están reguladas dentro del marco legal”.

“El puerto de San Felipe puede ser un punto de llegada para personas del extranjero, también podemos hablar de la pesca ilegal, podemos hablar de la trata de blancas porque es un puerto con mucho turista”, afirma Hernández Leyva. “Y si nosotros hacemos un collage de todo esto, todo tiene que ver con las desapariciones”.

Demichelis coincide y añade que falta un mayor análisis de las causas de las desapariciones, en específico en lugares como San Felipe, donde pueden confluir problemáticas propias de Baja California como trata de personas, migración o desplazamiento, uso de drogas, disputa por plazas entre organizaciones del crimen organizado y militarización, a las que se agregan otras como la pesca ilegal.

“Es un estado que también tiene una costa bastante grande y que incluso ese tipo de actividades pudieran estar impactando en el tema de la desaparición, y luego no se ven, y menos porque ocurren en San Felipe, y nadie voltea a ver a San Felipe”.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

 

 

Opacidad y falta de coordinación de autoridades, obstáculos en la búsqueda de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

                                                                              Foto: Desinformémonos

 

Familiares, organizaciones y abogados denunciaron que a nueve meses de la desaparición forzada de los defensores Ricardo Laguens y Antonio Díaz en Colima persisten «la falta de coordinación entre autoridades de investigación y las autoridades encargadas de la búsqueda», así como «la opacidad por parte de las autoridades estatales».

Señalaron que autoridades e instituciones estatales pueden tener «información fundamental» para el esclarecimiento de los hechos y la determinación del paradero de Ricardo y Antonio, especialmente aquellas «que tenían conocimiento de la amenazas documentadas en contra de los defensores días antes de su desaparición», el 15 de enero de 2023. 

A pesar de la insistencia de los familiares, organizaciones y colectivos a las autoridades, la falta de información y acciones prevalece en el caso. Por ejemplo, destacaron que la Fiscalía de Colima «ha sido omisa en proporcionar información sobre los más de noventa cuerpos recuperados en las fosas clandestinas localizadas hace unos meses en esta entidad, y que esta Fiscalía estuvo encargada del procesamiento de los restos».

Los defensores formaban parte de la lucha comunitaria y jurídica de la comunidad de Aquila, en Michoacán, contra la empresa minera Ternium. En su más reciente informe sobre Acciones Urgentes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reiteró que la defensa del territorio y la postura de ambos defensores frente al expansionismo minero en la comunidad de Aquila podría ser un posible motivo de su desaparición.

Por ello, los familiares de los defensores y las organizaciones que los acompañas señalaron que es fundamental el replanteamiento de una estrategia integral para su búsqueda y localización, «la cual garantice la coordinación entre las autoridades, el intercambio de información, la investigación de aquellas autoridades que ocultaron información, así como la participación oportuna y real de las familias en la búsqueda».

A continuación el comunicado completo:

El pasado 15 de octubre se cumplieron nueve meses de la desaparición forzada de los defensores Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos, y Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena nahua de San Miguel de Aquila, Michoacán. Ambos fueron desaparecidos el 15 de enero de este año cuando viajaban rumbo al estado de Colima, después de haber acudido a una asamblea en la comunidad de Aquila, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su paradero.

A lo largo de estos meses, la búsqueda de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz se ha enfrentado a diferentes obstáculos. Entre ellos destaca la falta de coordinación entre autoridades de investigación y las autoridades encargadas de la búsqueda. A lo que se suma  la opacidad por parte de las autoridades estatales, de quienes se presume pudieran tener información fundamental para el esclarecimiento de los hechos y la determinación del paradero de Ricardo y Antonio, especialmente de aquellas autoridades que tenían conocimiento de la amenazas documentadas en contra de los defensores días antes de su desaparición. 

En este sentido, resulta preocupante la opacidad de la Fiscalía de Colima. La cual, pese a los múltiples requerimientos que se le han hecho en distintas ocasiones, ha sido omisa en proporcionar información sobre los más de noventa cuerpos recuperados en las fosas clandestinas localizadas hace unos meses en esta entidad, y que esta Fiscalía estuvo encargada del procesamiento de los restos.  Hecho que refleja la magnitud de la violencia e impunidad que impera en la región, colocando a Colima  como uno de los principales epicentros de la desaparición forzada en el país en los últimos años.

Frente a la situación que prevalece en el país, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en más reciente informe relativo a la situación de las Acciones Urgentes adoptadas por este organismo, señaló su preocupación ante la situación de peligro y vulneración de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México. En ese informe expresó  su preocupación ante la falta de cooperación entre las autoridades encargadas de la búsqueda e investigación en el caso de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, por lo que recordó la necesidad de que la información obtenida durante la investigación sirva de base para la  búsqueda. Asimismo, el Comité reiteró que, derivado de las acciones de búsqueda e investigación, existen elementos que permiten sostener que el trabajo de defensa de los derechos humanos y su postura frente al expansionismo minero en la comunidad de Aquila podría ser un posible motivo de su desaparición.

A nueve meses de la desaparición forzada de los defensores Ricardo Laguens y Antonio Díaz seguimos sin conocer su paradero, por lo que es fundamental el replanteamiento de una estrategia integral para su búsqueda y localización, la cual garantice la coordinación entre las autoridades, el intercambio de información, la investigación de aquellas autoridades que ocultaron información, así como la participación oportuna y real de las familias en la búsqueda.

Ricardo y Antonio le hacen falta cada día a sus familiares, amistades, organizaciones, comunidades… le hacen tanta falta a este país, que nos está fallando.

Hasta Encontrarlos

Familiares y amigos de Ricardo Arturo Lagunes Gasca

Familiares y amigos de Antonio Díaz Valencia 

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.

PRESENTE.ORG

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

ALUNA. Acompañamiento Psicosocial 

Asociación Pop No´j

Colectivo Servandus 

Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C.

Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, País Vasco

Axel García Carballar. Defensor de Derecho Humanos

Diego Llorente. Defensor de Derecho Humanos

Floridalma Pérez. Acompañante Psicosocial 

Leon Alberto Pérez Manzanera

Rita Marcela Robles Benítez, abogada defensora de derechos humanos

Alberto Solís Castro, Defensor de Derechos Humanos y Constructor de Paz.

Melissa Vertiz Hernández. Defensora de derechos humanos.

 

 

“Desafortunadamente aún no tenemos nada”: padres y madres de los 43 tras informe de la Covaj

                                                                                            Foto: Desinformémonos

 

La declaración del ahora exsubsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas sobre la participación del ejército en la desaparición de los 43 normalistas es “lo que venimos diciendo desde hace muchos años”, y con el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) “no tenemos nada fuera de lo común, son hipótesis, son dichos, desafortunadamente aún no tenemos nada”, dijo Mario González Contreras, padre de César Manuel, uno de los estudiantes desaparecidos.

Tras la reciente entrega del segundo informe de la Covaj, se reafirmó que los padres y madres de los 43 normalistas “tienen razón en señalar que el ejército aún tiene información relevante que no ha entregado”, especialmente la comunicación telefónica entre un jefe policiaco y un líder del grupo criminal Guerrero Unidos en que se habló de que 17 estudiantes fueron trasladados a la Brecha de los Lobos.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la información de la Covaj es importante porque en una de sus conclusiones se reitera que todas las autoridades estaban enteradas de lo que sucedía cuando fueron desaparecidos los estudiantes, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Volvemos a señalar que el ejército aún oculta información relevante para el esclarecimiento”, señaló el centro de derechos humanos en redes sociales.

Frente a la renuncia de Encinas a la subsecretaría de Derechos Humanos, el Centro Prodh lamentó la salida del funcionario y destacó que “frente a la desinformación que genera el presidente con su narrativa vs expertos, exfuncionarios y sociedad civil”, el Caso Ayotzinapa “no está resuelto”.

Con información de La Jornada

 

 

Exige ONU-DH a autoridades reforzar la búsqueda de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

 

 

Redacción Tlanesi

La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigió a las autoridades mexicanas reforzar la coordinación interinstitucional para la búsqueda del defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia, cuyo paradero se ignora desde el pasado 15 de enero.

A nueve meses de la desaparición, el organismo demandó una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, pues “no es aceptable que quienes defienden derechos tengan que hacerlo a costa de su libertad, su integridad o su vida”.

A través de una publicación en la red social X, antes Twitter, la ONU-DH recordó su primer comunicado sobre el caso, publicado el 17 de enero de 2023.

El texto completo es el siguiente:

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, ocurrida la noche del domingo 15 de enero, en Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima. Asimismo, la ONU-DH hace un urgente llamado a las instituciones del Estado mexicano a dedicar sus mayores esfuerzos y coordinación para la inmediata búsqueda con vida de los dos defensores.

De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, los defensores se encontraban llevando a cabo actividades relacionadas con su labor de defensa de derechos humanos cuando tuvieron la última comunicación con sus familiares. Posteriormente, la camioneta en la cual viajaban fue localizada abandonada, con impactos de arma de fuego, cerca de Cerro de Ortega. El paradero de ambos defensores es desconocido.

Ricardo Lagunes es abogado y ha colaborado en la defensa de derechos humanos con diversas organizaciones, nacionales e internacionales, incluyendo litigios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Antonio Díaz es integrante de la Comunidad indígena de San Miguel de Aquila, profesor y defensor de derechos humanos, quien ha sido crítico y opositor al desarrollo de la mina Aquila, en operación desde 1998.

“La desaparición de estos dos defensores es un hecho terrible y alarmante. En México defender los derechos humanos es una labor absolutamente primordial, que debe ser protegida. Este crimen no sólo socava los derechos humanos de ambos defensores, sino que busca generar temor en quienes defienden los derechos que reconoce la ley. No es aceptable que quienes defienden nuestros derechos tengan que hacerlo a costa de su libertad, su integridad o su vida” destacó Guillermo Fernández-Maldonado Castro, Representante en México de la ONU-DH. “Es importante notar que al menos uno de los defensores contaba con medidas de protección del Estado, que no lograron impedir su desaparición”, agregó.

La ONU-DH recuerda que el Estado mexicano tiene una obligación reforzada para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, incluidas las personas defensoras del medio ambiente. El artículo 9 del Acuerdo de Escazú, tratado de derechos humanos ratificado por el Estado mexicano, establece la obligación de adoptar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para investigar y sancionar cualquier ataque contras las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Asimismo, recuerda que el Comité contra la Desaparición Forzada estableció, en los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que la búsqueda debe iniciarse sin dilación y que las acciones de búsqueda deben incluir, cuando sea necesario, el desplazamiento a los lugares pertinentes.

La ONU-DH llama a las autoridades a adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para cumplir con su deber de buscar con vida a los defensores Lagunes y Díaz, que asegure una coordinación eficiente entre las instituciones federales y locales y reconozca el derecho de sus familiares a participar en la búsqueda. De igual modo, es fundamental llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que permita esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.

Finalmente, la ONU-DH expresa su profunda solidaridad a la familia y personas allegadas de los señores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, y reitera su compromiso para trabajar junto con las autoridades y la sociedad civil para construir estrategias que permitan fortalecer las medidas eficaces de prevención, protección y de acceso a la justicia para las personas defensoras de derechos humanos.