Juzgados de Distrito otorgan suspensión contra la desaparición de fideicomisos a periodistas y víctimas en Yucatán y SLP

 

 

Ciudad de México a 15 de enero de 2021.- El día de ayer, el Juzgado Tercero de Distrito en Mérida, Yucatán, concedió una suspensión a favor de los periodistas Bartolomé Canché, Edwin Canché y Félix Bigman, respecto al Decreto legislativo mediante el cual se determinó desaparecer diversos fideicomisos, entre ellos el relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El juzgado determinó que los periodistas continúen con las medidas de protección con las cuentan por parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin que se vean afectados por dicho Decreto.

La decisión del juzgado se logró a partir de un juicio de amparo promovido por los mismos periodistas, con acompañamiento de ARTICLE 19 en contra del Decreto publicado el 06 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, con el cual se extinguieron 109 fideicomisos públicos, incluyendo la eliminación de los recursos del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) a Víctimas y del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros destinados a la protección ambiental, ciencia, academia, arte y deporte.

Los periodistas Bartolomé Canché, Edwin Canché y Félix Bigman se encuentran incorporados al Mecanismo de protección y cuentan con medidas otorgadas para hacer frente a múltiples agresiones que han sufrido con motivo de su labor informativa. Como parte del acompañamiento y representación de dichos periodistas, ARTICLE 19, y Equipo INDIGNACIÓN – promoción y defensa de derechos humanos-han abierto procesos penales contra particulares y servidores públicos que han participado en dichas agresiones.

En los tres casos, se han logrado diversas vinculaciones a proceso y sentencias a favor de los periodistas como víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, las agresiones vinculadas con su labor periodística no han cesado. Así como ellos, son muchas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que cada día enfrentan un elevado riesgo por ejercer su derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión. Por tal motivo, muchas de ellas se encuentran incorporadas al Mecanismo de Protección y cuentan con medidas para salvaguardar su vida, libertad e integridad.

Respecto a la suspensión en beneficio de los periodistas, cabe señalar que si bien se ordena judicialmente el mantenimiento de las medidas de protección que tienen actualmente, no se estableció su alcance respecto a los recursos que precisamente son destinados para implementar dichas medidas a periodistas y personas defensoras, los cuales se verían afectados por el Decreto referido.

El Juzgado de Distrito también tendrá bajo trámite y análisis el juicio de amparo en el cual resultará fundamental el estudio a fondo que realice con el objeto de otorgar una mayor protección a los periodistas, declarando la inconstitucionalidad de dicho Decreto y ordenando que el Estado mantenga en todo momento los recursos disponibles, idóneos y suficientes para una efectiva protección de periodistas y personas defensoras, en un país como México donde las agresiones en su contra forman parte de lo cotidiano.

Es importante mencionar que el día 23 de diciembre de 2020, María del Carmen Almanza Baruch, integrante del colectivo Voz y Dignidad, representada por el abogado Ricardo Humberto Preciado Jiménez, también logró que el Juzgado octavo de Distrito en San Luis Potosí concediera la suspensión provisional a efecto de que siga obteniendo el apoyo y recursos a los que tiene derecho en su calidad de víctima provenientes del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) a Víctimas. El colectivo de Voz y Dignidad por los nuestros San Luis Potosí AC, está integrado por más de 300 familias de personas desaparecidas desde el 2015. El colectivo se creó a partir de la desaparición de sus familiares con la intención de apoyarse a localizar a sus seres queridos. Derivado de su labor han encontrado a un gran número de personas desaparecidas en el estado.

La derogación de este Fondo implica la desaparición del recurso económico destinado exclusivamente para las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, que incluyen rehabilitación, restauración, satisfacción y compensación, todo ello para reparar los daños; por ejemplo, medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, gastos médicos de diversa índole; medidas de asistencia para apoyos educativos, de desarrollo y de restauración del proyecto de vida de niños, niñas, adolescentes y familias que han sido víctimas de delitos y/o violaciones a derechos humanos.

Por lo que respecta al Poder Ejecutivo, si bien han señalado que garantizará la implementación de medidas de protección, la eliminación del Fideicomiso para las medidas de protección trae consigo mayores obstáculos administrativos y pérdida de flexibilidad en la adopción de medidas ante situaciones inminentes de riesgo. Además, la eliminación contraviene las recomendaciones de la Oficina del Alto que incluye la necesidad de asegurar los recursos económicos a favor de las víctimas.

Por otro lado, su eliminación implica la extinción de candados que evitaban que los recursos pudieran utilizarse para otros fines que no sean las medidas de protección o atención a víctimas. Al pasar a manos de la SEGOB, queda abierta la puerta al uso arbitrario de los recursos y, por lo tanto, a la opacidad y corrupción.

Hasta el día de hoy, la SEGOB no ha aclarado de qué manera se van a garantizar tales recursos. Es importante mencionar que durante los años 2018 y 2020 el Mecanismo se ha quedado sin recursos en el Fideicomiso antes de finalizar dichos años pues lo destinado no ha sido suficiente.

De acuerdo con solicitudes de transparencia que realizó ARTICLE 19 en 2020, el Mecanismo reportó que tan sólo hasta el mes de julio había erogado $211,557,013.75. Sin embargo, su presupuesto anual fue de 227.6 millones. Es decir, el año pasado el Mecanismo registró un gasto promedio mensual de alrededor de 30 millones. Ello implicó que para agosto del año 2020 no hubiera recurso suficiente, aumentando los riesgos y apoyo a las personas beneficiarias

Para el año 2021, el presupuesto anual aprobado es de $241,383.873. En ese sentido, preocupa el mensaje político que se envía a periodistas, personas defensoras y víctimas de violaciones graves a derechos humanos en el país quienes además de ser ignoradas durante las discusiones en la Cámara de Diputadas/os y en el Senado carecen de certeza sobre cómo sin candados ni recurso suficiente va a ser posible garantizar sus medidas de protección.

Peor aún, más allá de las medidas de protección como condición indispensable para que estas poblaciones se mantengan con vida, diversas organizaciones de la sociedad civil hemos insistido en la necesidad de construir una política pública que además de proteger, logre prevenir agresiones, combata la impunidad y repare el daño, sin embargo de ello tampoco hay luces de voluntad política.

Por el contrario, nos encontramos ante un panorama legislativo en el que se pretende eliminar organismos autónomos para centralizar el poder y se busca restar obligaciones a la Fiscalía General de la República en materia de protección a periodistas, personas defensoras y búsqueda de personas desaparecidas.

Derivado de lo anterior, ARTICLE 19 insta al Juzgado Tercero de Distrito en Mérida Yucatán y al Poder Judicial que conozca de estos amparos a fin de realizar el estudio a fondo con el objeto de otorgar una mayor protección a los periodistas, declarando la inconstitucionalidad de dicho Decreto y ordenando que el Estado mantenga en todo momento los recursos disponibles, idóneos y suficientes para una efectiva protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Se exige a la Secretaría de Gobernación a informar de manera proactiva, clara, abierta y transparente un plan para garantizar durante el 2021 la implementación de medidas de protección para personas defensoras y periodistas, así como una atención integral a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del país.

Finalmente, se llama al Poder Legislativo para frenar leyes que puedan resultar restrictivas al ejercicio de derechos humanos y por el contrario, impulsar normativas que permitan resarcir una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con miles de víctimas en el país y prevenir que se sigan generando más.

 

 

 

 

Inai recomienda revisar nueva política de privacidad y tratamiento de datos personales en WhatsApp

 

COMUNICADO

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) llama a usuarios de WhatsApp a revisar con detenimiento la política de privacidad y las condiciones de uso de la aplicación, para tomar una decisión informada al aceptar los nuevos términos y el tratamiento de datos personales.

El 4 de enero pasado, se notificó a los usuarios la actualización de las condiciones del servicio y la política de privacidad de la aplicación. Se estableció como fecha límite para aceptar los nuevos términos el 8 de febrero de 2021.

Al aceptar, los usuarios permitirán que WhatsApp comparta ciertos datos para que prestadores de servicios tecnológicos como Facebook o terceros puedan tener acceso a las mismos e inclusive que los contratantes de estos servicios puedan almacenar los mismos a través de los servicios prestados; incluso, si el usuario no tiene cuenta de Facebook, la compañía y sus subsidiarias podrán recopilar información de las cuentas, números telefónicos, mensajes e incluso transacciones.

Ante ello, el INAI realizó una revisión de la nueva política de privacidad, del cual se advirtieron los siguientes términos que los usuarios deberán tener presentes al decidir si continúan usando la aplicación:

- En el apartado denominado “Información que recopilamos”, se establece que WhatsApp podrá recabar información adicional para proporcionar funcionalidades opcionales, sin precisar cuáles son esas funciones y qué tipo de datos serán requeridos mencionando que cuando se el caso, informaran al usuario respecto de que datos y para que finalidades se utilizará dicha nueva información. 

- En el apartado “Información que nos proporcionas” se describen los datos que los usuarios deben proporcionar para hacer uso de la aplicación; se detalla que el usuario puede compartir información sobre los números de teléfono de sus contactos y, en caso de usar los servicios de pago, compras u otras transacciones financieras, se establece que WhatsApp tratará información adicional que incluye datos sobre transacciones y cuentas de pagos como el método de pago, detalles del envío y el importe de la transacción.

- En el apartado “Información recopilada automáticamente” se indica que se obtendrán datos y registros sobre el uso del servicio y de las opciones que utiliza como mensajería, llamadas, estados, grupos, empresas o pagos y la foto de perfil. También señala que se recaba información sobre el dispositivo y la conexión, además de que se recopila y hace uso de la información de ubicación del usuario, cuando se hace uso de opciones relacionadas con ese dato.

- En el apartado de “Información de terceros” se establece cómo se trabaja en conjunto con proveedores externos, servicios de terceros y otras empresas de Facebook. Si bien se señala que WhatsApp recibe y comparte información con otras empresas, no se definen con claridad las medidas de seguridad para proteger la información compartida.

Así, se concluye que los nuevos términos de la política de privacidad de WhatsApp indican que la plataforma compartirá la información de los usuarios con Facebook y otras aplicaciones, recolectando datos de contactos, la dirección IP o ubicación de quienes la utilizan en ciertas situaciones, lo cual representa un elemento a evaluar por los usuarios al decidir si aceptan y continúan con el uso de la aplicación.

Asimismo, se observa que, con excepción de las conversaciones realizadas a través de la aplicación, Facebook podrá compartir la información recibida de WhatsApp con otras empresas y crear anuncios personalizados en sus plataformas.

Por lo expuesto, el INAI exhorta a todos los usuarios de la aplicación a tomar una decisión una vez que hayan revisado a detalle los nuevos términos de la política de privacidad y las condiciones de uso.

Los usuarios que no acepten los nuevos términos y condiciones de WhatsApp no podrán seguir haciendo uso de esta aplicación y deberán evaluar el uso de otras aplicaciones o servicios de mensajería disponibles digitalmente.

El INAI recomienda que, previo a la instalación de cualquier aplicación, se revisen con detenimiento los términos y condiciones de uso, la política de privacidad y las medidas de seguridad para proteger los datos personales.

 

 

 

Mueren asesinados 59 periodistas en 2020, 22 de ellos en América Latina

Foto: Un periodista cubre una moviización. Jovaughn Stephens/ Unsplash

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) informó este miércoles que el 2020 registró un total de 59 periodistas asesinados, cuatro de ellos mujeres. América Latina y Asia Pacífico fueron las regiones más letales para esos profesionales, con 22 informadores abatidos en cada una. Los países árabes sumaron nueve asesinatos y África seis.

De acuerdo con los datos de la UNESCO, durante los últimos diez años 888 periodistas y trabajadores de medios, es decir uno cada cuatro días, fueron abatidos por desempeñar su trabajo de informar al público.

Estos crímenes se siguen cometiendo con gran impunidad, según consta en el informe sobre la seguridad de los periodistas publicado en noviembre por la agencia de la ONU, que muestra que en 2020 no hubo ninguna consecuencia en el 87% de los casos.

Los embates impunes contra los comunicadores debilitan la libertad de prensa en una coyuntura histórica que hace particularmente importante la información veraz, advirtió la directora general de la UNESCO.

Pandemia, la “tormenta perfecta” contra el periodismo

“En 2020 hemos sido testigos de la relevancia del periodismo para nuestras democracias y para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha sido ´la tormenta perfecta´ que ha afectado a la libertad de prensa en todas partes”, dijo Audrey Azoulay.

La crisis desatada por el COVID-19 ha llegado a amenazar la supervivencia de los medios de comunicación, que han perdido sus ingresos por publicidad, dando lugar a un entorno aún más precario para sus trabajadores.

Por si esto fuera poco, la legislación de emergencia y las medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus han servido de coartada en muchos países para restringir la libertad de expresión y de prensa.

En este marco muchos periodistas han sido penalizados por denunciar fallas en la gestión de la crisis sanitaria por parte de las autoridades. Estas condiciones hacen temer que la profesión periodística desaparezca.

Bien público 

“Frente al inicio del año nuevo, llamo al mundo a defender la información como un bien público. Proteger el periodismo es proteger la verdad”, enfatizó Azoulay ante este panorama.

El mes pasado, la UNESCO echó a andar una campaña mundial de concientización de la importancia de la seguridad de los periodistas, cuyo lema es precisamente “Protege el periodismo. Protege la verdad”.

 Además de los asesinatos, el organismo destacó el aumento del acoso y los ataques a los profesionales de la información en el contexto de la pandemia. Citó, por ejemplo, las agresiones que sufrieron durante la cobertura de las manifestaciones de protesta, como ocurrió en el caso de las movilizaciones de Black Lives Matter.

Detalló que en el primer semestre del año los trabajadores de la prensa fueron agredidos o detenidos en 125 protestas realizadas en 65 países. La UNESCO agregó que estos incidentes aumentaron en la segunda mitad de 2020.

Las periodistas: doble blanco de ataques

En un comunicado, la agencia se refirió con gran preocupación a las periodistas, quienes suelen ser doble objetivo de ataques: por su profesión y por su género. Especificó que estas profesionales padecen en especial acoso y violencia de género en línea.

Una encuesta mundial sobre el tema realizada en octubre indicó que el 73% de las periodistas participantes habían experimentados violencia en línea y el 20% afirmó que a esas agresiones siguieron otros abusos o ataques presenciales.

Como parte de su compromiso de concienciar sobre el papel de la información como bien público, la UNESCO promueve la transparencia en las plataformas de internet con el propósito de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos a desafíos como la desinformación y el discurso del odio. También aboga por un pensamiento crítico y un panorama mediático plural.

Vinculan a proceso a probable implicado en homicidio de la periodista Miroslava Breach

 Foto: Reporteros Sin Fronteras

 

Este martes 22 de diciembre del presente año, se reanudó la audiencia inicial en contra de Hugo Amed Schultz Alcaraz, ex alcalde panista del municipio de Chínipas y ex funcionario de la administración de Javier Corral, por su probable participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, derivado de que el imputado se acogió a la duplicidad del término que otorga el Código Nacional de Procedimientos Penales para preparar su defensa.

A las 20:05 horas, la Jueza de control que presidió la audiencia determinó que existen datos de prueba suficientes que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece para vincular a proceso a Hugo Amed, por su probable participación en calidad de auxiliador en el homicidio calificado de la periodista Miroslava Breach. También otorgó un plazo de 3 meses de investigación complementaria para que la FEADLE fortalezca su investigación.

Finalmente, no hubo debate entre las partes sobre la medida cautelar a imponerse a Hugo Amed, toda vez que el artículo 19 de la Constitución establece que tratándose del delito de homicidio doloso, procede de manera oficiosa la prisión preventiva.

Derivado de este avance significativo en el homicidio de la periodista Miroslava Breach, las organizaciones acompañantes, solicitamos:

A. Que FEADLE agote cada uno de los actos de investigación que permitan fortalecer la imputación en contra de Hugo Amed.

B. Que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emprendan las acciones necesarias para asegurar la integridad y vida de la familia de la periodista Miroslava Breach Velducea.

Con información de Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras

 

Balance 2020 de RSF: crece un 35% la cifra de mujeres periodistas detenidas de forma arbitraria

 

Reporteros sin Fronteras (RSF) publica este 15 de diciembre la primera parte de su Balance Anual de agresiones contra los periodistas en el mundo. En 2020, hay 387 periodistas encarcelados, 54 secuestrados y 4 han sido dados por desaparecidos. El número de presos se ha mantenido estable a pesar de que se ha producido un aumento significativo de los ataques y arrestos relacionados con la crisis sanitaria.

 

En su Balance Anual 2020, RSF contabiliza 387 periodistas encarcelados por hacer su trabajo de información, frente a los 389 de 2019. La cifra global de periodistas presos se mantiene en máximos históricos. Más de la mitad de los periodistas encarcelados en el mundo (el 61%) están en tan solo cinco países. Por segundo año consecutivo, China, Egipto, Arabia Saudí, Vietnam y Siria son las cinco mayores prisiones del mundo para los periodistas.

El número de mujeres periodistas presas ha aumentado un 35%. A finales de 2020, 42 de ellas estaban privadas de libertad, cuando hace un año eran 31. Las reclusas recientes son sobre todo de Bielorrusia (4) -país que ha experimentado una represión sin precedentes desde las polémicas elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020-, de Irán (4) y de China (2), donde la represión se ha intensificado con la crisis sanitaria. Entre las periodistas detenidas en los últimos tiempos se cuenta la ganadora del Premio RSF a la Libertad de Prensa en 2019, la vietnamita Pham Doan Trang.

Los datos recogidos por los equipos de RSF y el Observatorio 19, una lista no exhaustiva, revelan que el número de detenciones e interpelaciones arbitrarias se ha cuadruplicado entre los meses de marzo y mayo de 2020, cuando el coronavirus comenzó a propagarse por todo el mundo. Entre principios de febrero y finales de noviembre de 2020, solo este tipo de infracciones representaba el 35% de los ataques registrados (frente a las agresiones físicas o las amenazas, que suponen el 30% de las violaciones registradas). Aunque la mayoría de los periodistas arrestados solo están retenidos durante unas pocas horas -o incluso unos días o semanas-, actualmente siguen encarcelados 14 periodistas en relación con su cobertura de la epidemia. 


 "Cerca de 400 periodistas pasarán las fiestas

entre rejas, lejos de los suyos y en

condiciones carcelarias que, a veces, ponen en peligro su vida", 

denuncia el secretario general de RSF, Christophe Deloire


"Estas cifras también confirman el impacto de la crisis sanitaria en la profesión, además del hecho inaceptable de que algunos de nuestros compañeros pagan con su libertad la búsqueda de la verdad. También confirman que las mujeres periodistas, cada vez más numerosas en la profesión, no se libran de la represión".

En Asia, el continente donde hizo su aparición el coronavirus y en el que se han producido más violaciones de la libertad de prensa relacionadas con la pandemia, es donde se concentra la mayor cifra de detenidos por Covid-19: 7 en China, 2 en Bangladesh y 1 en Birmania. En la región de Oriente Medio, donde varios países se han aprovechado de la epidemia para reforzar su control sobre los medios y la información, aún hay 3 periodistas en la cárcel por artículos relacionados con la epidemia de coronavirus: 2 en Irán y 1 en Jordania. En el continente africano, 1 periodista ruandés sigue encarcelado, oficialmente por "haber quebrantado las normas de confinamiento".

El Balance Anual 2020 muestra también que actualmente hay al menos 54 periodistas secuestrados en todo el mundo, un 5% menos que el año pasado. Después de que quedase en libertad un periodista ucraniano retenido por fuerzas separatistas prorrusas en Dombás, Siria, Irak y Yemen son ahora los últimos países del mundo en los que hay periodistas secuestrados. Entre ellos se encuentran 4 periodistas yemeníes capturados por los hutíes en 2015, condenados a muerte y que viven con la mayor incertidumbre acerca de su destino.

RSF publicará el 29 de diciembre su Balance Anual de periodistas asesinados en 2020.

Desde 1995, RSF publica cada año el Balance Anual de agresiones contra los periodistas, que se basa en datos recopilados a lo largo del año. RSF recaba cuidadosamente la información que permite afirmar con certeza, o al menos con una convicción muy firme, que la detención o el secuestro de un periodista es consecuencia directa del ejercicio de su profesión.

 

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