Exigen libertad de comunicadora maya K’iche detenida ilegalmente en Guatemala

 

 

 

Escrito por Lucía Moguel Osorio/ Cimacnoticias.com.mx

 

Ciudad de México. La directora de la radio comunitaria Xol Abaj y periodista maya K’iche, Anastasia Mejía Tiriquiz, fue detenida de forma arbitraria en las  instalaciones de su radio comunitaria por los supuestos delitos de sedición así como por robo e incendio agravados, por lo que se encuentra en prisión preventiva en el departamento de Quetzaltenango, Guatemala, desde el pasado 22 de septiembre.

En un comunicado, organizaciones defensoras de Derechos Humanos, redes de periodistas y comunicadoras, informaron que el 24 de agosto pasado Mejía Tiriquiz realizó una cobertura y transmisión en vivo de una manifestación encabezada por pobladores y comerciantes que denunciaban prácticas clientelares, así como el uso de violencia institucional y psicológica por parte de la gestión del alcalde municipal de Joyabaj, Florencio Carrascosa Gámez, y en donde la propiedad de la administración municipal fue incendiada.

Durante la aprehensión, cuya orden fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Quiché en contra de Anastasia Mejía Tiriquiz, de la defensora Petrona Siy Castro y de otras diez personas, las instalaciones de la radio comunitaria Xol Abaj fueron allanadas por elementos de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil de Guatemala.

Conforme a la información difundida por las organizaciones denunciantes, la ley guatemalteca establece que la audiencia inicial debe realizarse en menos de 24 horas después del arresto, pero la periodista sigue detenida sin poder declarar desde hace 24 días y su audiencia inicial para determinar su situación legal se sigue aplazando.

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Guatemala, un contexto adverso para el periodismo

De acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras, Guatemala es uno de los países más peligrosos del continente para ejercer el periodismo. Tanto desde la administración del ahora ex presidente Jimmy Morales (2016 – 2019) como en la actual gestión de Alejandro Giammattei, las y los periodistas se enfrentan a un contexto hostil que combina la persecución a comunicadores que denuncian actos de corrupción por parte del gobierno, la impunidad y la presencia del crimen organizado en el país.

Por su parte, la organización Front Line Defenders manifestó su preocupación por el evidente incremento de la violencia tanto en contra de periodistas como de personas defensoras de Derechos Humanos, la cual se cristaliza en campañas de desprestigio, amenazas y asesinatos, provocando la autocensura.

En un contexto en el que la libertad de expresión está desprotegida debido a que no está tipificado como delito atentar en contra de ésta, se realizan muy pocas investigaciones que atiendan delitos en contra de periodistas.

“Hay un uso del derecho penal para inhibir la labor periodística y criminalizar el ejercicio informativo de mujeres periodistas y defensoras, lo cual, atenta contra el derecho a la libertad de expresión y el derecho humano de las mujeres a comunicar”.

Por otra parte de acuerdo al informe especial sobre la libertad de prensa en Guatemala que publicó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en marzo de este año, se reconoció que las y los periodistas rurales e indígenas corren un mayor riesgo de ser atacados por grupos criminales y funcionarios, además de ser víctimas de actos de discriminación por género, raza e identidad étnica”

Piden protección y debido proceso para Anastasia y Petrona

Las organizaciones, comunicadoras y redes de periodistas. exigieron la liberación inmediata de la periodista Anastasia Mejía Tiriquiz y de la defensora Petrona Siy Castro así como el inicio de una investigación sobre las violaciones a sus Derechos Humanos y la emisión de medidas cautelares para proteger y garantizar su debido proceso.

Instaron al gobierno de Guatemala a adoptar las recomendaciones de los Tratados y Convenciones Internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con el fin de generar medidas de carácter estructural para erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres en Guatemala.

Se agrava violencia contra defensoras y periodistas durante pandemia

 

 

Ciudad de México. Durante la pandemia, las agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas se agravó. Ambas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, desprestigio, estigmatización y criminalización de manera constante, así lo afirmaron diversas organizaciones de DH en el informe de “Defender derechos en tiempo de COVID-19: Retos para México y Centroamérica”. 

En este informe de 19 páginas, las organizaciones evidenciaron que la pandemia se convirtió en una justificación para las graves violaciones cometidas contra los Derechos Humanos de periodistas y defensoras por los gobiernos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, y México.

Resaltaron que gracias a los testimonios de las y los defensores y periodistas de estos países, son conscientes de que personas que integran estas profesiones han sido asesinadas cuando se encontraban en custodia de cuerpos de seguridad, situación que puede empeorar en el caso de las mujeres que se dedican a informar o proteger los DH.

En particular, declararon, la libertad de expresión de las y los periodistas y defensoras se ha visto en riesgo de diversas formas, por ejemplo, en México las personas que asisten a las protestas fueron violentadas, en Nicaragua se censuró la información sobre el número de contagios de COVID-19 y se ha perseguido a quienes critiquen la política sanitaria del país, mientras que en el Salvador se intensificaron los obstáculos para la cobertura en territorio.  

En el ciberespacio, declararon, los problemas son aún peores, ya que las defensoras y periodistas han sido víctimas de amedrentamiento, acoso y ataques por las coberturas que realizan, el acompañamiento que brindan, y en especial, por demostrar que los niveles de violencia contra las mujeres va en aumento en el espacio privado, a partir del inicio de la pandemia.

Problemática, señalaron, que a los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México, parece no interesarles pues no han adoptado medidas efectivas para atender la violencia hacia las mujeres ni tampoco en ofrecer ayuda económica a las familias que buscan a sus familiares desaparecidos, quienes por sí solas han garantizado su subsistencia con redes de solidaridad.

Respecto a las víctimas de algún delito, denunciaron, sus procesos de justicia se han dilatado como resultado de brechas físicas y tecnológicas que las autoridades de cada país han establecido. En México -especificaron- los casos de personas migrantes o de comunidades indígenas son retrasados y desestimados con la excusa de que no cumplen con los requisitos que requieren de manera digital.

En suma, añadieron, las invasiones territoriales, los ataques armados y agresiones letales contra comunidades que defienden su territorio no han parado en Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica, y Guatemala. De acuerdo con registros de las organizaciones, al menos 25 personas defensoras han sido asesinadas en estos países entre enero y agosto de 2020.

Ante este contexto, las organizaciones exigieron que los gobiernos de estos países fortalezcan con perspectiva de género los mecanismos de protección para personas defensoras, se abstengan de cometer y condenar públicamente a cualquier periodista, desarrollen campañas que destaquen la labor de estas dos profesiones y se libere a las personas defensoras que están detenidas de forma injusta.

A los organismos internacionales de protección de DH, solicitaron que emitan un pronunciamiento público con relación a la situación de las personas defensoras y periodistas en México y Centroamérica que incluya recomendaciones para las autoridades de distintos niveles.

Cabe recordar que este informe es resultado de una serie fotográfica. Se convocó a 26 personas defensoras y periodistas de distintos países durante 5 semanas con el fin de evaluar de qué manera la pandemia ha impactado en el desarrollo de sus actividades.

El informe fue elaborado por el Espacio OSC, Front Line Defenders; la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México; el Centro de Justicia y el Derecho Internacional; la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala; el North American Congress on Latin America; y Trade Unions for Energy Democracy.




Periodistas de Iguala emiten alerta y demandan protección ante amenazas de muerte

Pronunciamiento

 

Iguala, Guerrero. 13 de Octubre de 2020

Al Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Al Fiscal General de la República Mexicana, Alejandro Gertz Manero.

Al Gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Al Fiscal General del Estado de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A las organizaciones en Defensa de Periodistas y de Derechos Humanos.

Al Pueblo de México.

 

Periodistas y reporteros del municipio de Iguala de la Independencia, exigimos a las autoridades federales y estatales garantizar el ejercicio de nuestra noble labor. Emitimos una alerta porque estamos en riesgo, y si las autoridades no actúan al respecto, en los próximos días podría ser asesinado alguno de nosotros.

En las últimas semanas, en el contexto de la guerra que mantienen grupos del crimen organizado en esta ciudad, hemos sido amenazados por medio de llamadas y mensajes a través de la aplicación WhatsApp, por acudir a coberturas y publicar distintos hechos de violencia, así como denuncias de abusos de autoridad por parte de corporaciones policiacas.

La noche del 05 de Octubre hubo una amenaza generalizada contra el gremio periodístico de Iguala, por parte de personas que se identificaron como miembros de un grupo criminal. Varios de nosotros recibimos llamadas telefónicas por medio de WhatsApp, en el contexto de una cobertura a la que asistieron horas antes algunos de nuestros compañeros, sobre una protesta en la Fiscalía Regional con sede en esta misma ciudad.

Con palabras agresivas y ofensivas, a varios nos amenazaron de muerte y nos exigieron “no meternos” en la disputa que mantienen dos grupos del crimen organizado, acusando que la información que publicamos es tendenciosa. Ante esto, aclaramos que nosotros nos dedicamos estrictamente a informar. 

Lo grave del asunto está en que, nos advirtieron que “en las próximas semanas” un integrante de nuestro gremio sería asesinado como Pablo Morrugares, compañero periodista acribillado el 2 de agosto de este año, pese a que contaba con medidas cautelares.

A algunos nos llegaron a decir que nos harían “pedacitos” y enseguida nos enviaron mensajes que contenían algunas fotografías en las que aparecemos, indicando que todos estamos “ubicados”. En algunos casos, también nos amenazaron con atentar contra nuestros familiares.

Esta situación nos mantiene preocupados por el incremento alarmante en los niveles de violencia en la región Norte del Estado de Guerrero, pero principalmente en los municipios de Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco.

En la cabecera municipal de Iguala, el día 07 de Octubre del presente año, se registró una marcha “por la paz” por parte de ciudadanos y transportistas, a la que ya no se le dio cobertura por temor a las represalias que pudieran tomar los grupos delincuenciales.

El silencio que se apoderó de Iguala ese día representa una mordaza para los medios de comunicación, lo cual consideramos, es un hecho gravísimo sobre todo en una ciudad en la que hace apenas seis años, fueron desaparecidos 43 estudiantes, y donde las autoridades prometieron regresar la paz y la tranquilidad.

Evidentemente no hay un avance en materia de seguridad y mucho menos justicia en esta ciudad, pero ahora está en riesgo la libertad de expresión y la libertad de prensa, enmarcados en nuestra Constitución Mexicana, pero también los derechos humanos de quienes nos dedicamos a informar a la sociedad de lo que acontece en esta región.

Ante esta situación, varios comunicadores hemos decidido solicitar apoyo a organismos defensores de periodistas y solicitar medidas cautelares. Queremos que volteen a ver la grave situación que estamos viviendo los reporteros y periodistas de Iguala.

Sobre todo, hacemos un llamado urgente a las autoridades de seguridad y de justicia para que garanticen el ejercicio periodístico, y evitar que haya otro comunicador asesinado como se nos ha advertido.

RESPONSABILIZAMOS AL ESTADO MEXICANO si alguien de nosotros sufre algún atentado en los próximos días, pues le estamos exigiendo que de manera urgente se nos garantice la integridad física, la de nuestras familias y que se nos den las condiciones necesarias para poder seguir ejerciendo nuestra labor.

 

¡No se mata la verdad, matando periodistas!

Reporteros y Periodistas de Iguala

 

ARTICLE 19 llama a respetar y no estigmatizar la labor de defensa de derechos humanos que realiza

 

Ciudad de México 11 de octubre de 2020.- ARTICLE 19 desmiente la información señalada en la nota publicada el día 11 de octubre de 2020 en La Jornada denominada “Sindicato independiente de Notimex denuncia acoso por parte de la ONG Artículo 19”, en la cual se afirma que personal de esta organización ha acosado a trabajadores para “que expresen declaraciones contra la dirección de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que encabeza Sanjuana Martínez.”

Al respecto ARTICLE 19 se permite señalar lo siguiente:

ARTICLE 19 es una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia.

Asimismo, tiene como labor primordial la documentación de violaciones a los derechos a la libertad de expresión, el acompañamiento de personas cuyos derechos han sido violados, así como la investigación de amenazas y tendencias. Para ello, el diálogo con víctimas y otras fuentes es fundamental.

Sin embargo, toda información obtenida es confidencial y las acciones se realizan con consentimiento expreso de las víctimas. Dichas acciones tienen como objetivo prevenir que se sigan perpetrando violaciones a sus derechos humanos, así como la exigencia de investigación y sanción a las personas responsables de los mismos.

En ese sentido, el día viernes 9 de octubre esta organización recibió información preliminar respecto a la privación de la libertad, robo de material de trabajo y hostigamiento en contra de la periodista de NOTIMEX, Ingrid Sánchez, hecho el cual procedimos a documentar vía telefónica respetando en todo lo momento la voluntad de la afectada.

Es importante mencionar que, en ningún momento, personal de esta organización acudió físicamente a las instalaciones alternas de NOTIMEX.

De acuerdo con la información recabada y publicada, se informó que la reportera había sido retenida e interrogada en las instalaciones provisionales de la Agencia, además le habían confiscado el celular con el objetivo de revisar sus comunicaciones. Esto ocurrió tras la difusión de un video en redes sociales en el que se evidencia la reanudación de labores en la agencia estatal de noticias, pese a estar vigente una huelga declarada legal por la autoridad laboral federal.

Asimismo, Ingrid Sánchez publicó a través de su cuenta de Twitter haber sido sujeta a una “serie de violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex”. También señaló que Luis Monroy, dirigente del Sindicato Independiente de Notimex (SINOTIMEX), estuvo presente durante los actos de hostigamiento y mentía sobre lo ocurrido.

No se omite señalar que Luis Monroy, la única fuente de la nota publicada en La Jornada, ha sido señalado junto a Sanjuana Martínez y Erick Muñiz, de hacer uso de recursos públicos pertenecientes a la Agencia de Noticias del Estado (NOTIMEX) para atacar a través de redes sociales a periodistas críticos de la directiva y ex trabajadores de la agencia.

En el periodo comprendido entre el 3 de abril y el 18 de junio, Aristegui Noticias, Signa_Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y ARTICLE 19 recabaron “información y testimonios coincidentes que señalan que personas directivas de la Agencia de Noticias del Estado (Notimex) realizan acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y extrabajadores que consideran “adversarias”.

Todo lo anterior fue ampliamente documentado a través de 14 testimonios de personas ex trabajadoras y trabajadoras de la agencia, un análisis del comportamiento de las cuentas falsas y el acceso a chats de Whatsapp donde se organizaban los ataques por parte de la dirección de la agencia de noticias.

Por ello, en junio de este año se presentaron los escritos correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ofreciendo los testimonios y pruebas recabadas, mismos procesos que siguen en proceso de investigación. En ese sentido, preocupa que estas declaraciones se dan en un momento donde se desahogan estos procedimiento en contra de la directiva de NOTIMEX.

En este contexto es importante señalar que derivado de la documentación realizada por ARTICLE 19 las y los funcionarios públicos son quienes más agreden a la prensa. Tan sólo en el primer semestre de 2020, de las 406 agresiones documentadas contra la prensa, 199 fueron cometidas por agentes del Estado. También preocupa que la estigmatización por parte de funcionarios públicos a la labor de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión es cada vez más frecuente.

En ese sentido, exigimos a la SFP y CNDH garantizar que investigaciones en curso se hagan de manera pronta, imparcial y diligente a efecto de esclarecer el uso de recursos públicos para desprestigiar la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para inhibir su labor.

Por último, llama la atención que se pretenda engañar a un prestigioso diario como La Jornada con información falsa, destinada a frenar la labor de documentación de violaciones a los derechos humanos.

Por ello, solicitamos respetuosamente a La Jornada que retome las precisiones del presente comunicado a efecto de aclarar los hechos e imputaciones falsas que dolosamente ha tratado de difundir Luis Monroy.

Proponen en el Congreso derogar artículo impugnado por periodistas y CDHEC ante la SCJN

 

La diputada Lizet Rodríguez Soriano, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para derogar el artículo 240 BIS del Código Penal del Estado de Colima, con la finalidad de reconocer y no limitar el derecho fundamental a la libertad de expresión en el Estado de Colima, se informó a través de un comunicado del Congreso del Estado.

Ese artículo fue cuestionado por periodistas colimenses que pidieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que admitió el recurso y ya notificó a las partes.

En la sesión de este jueves, en nombre de 17 diputados y diputadas de diversos partidos, la legisladora explicó que se propone derogar el referido precepto normativo, con el objetivo de garantizar un intercambio de ideas e información en el Estado de Colima y, con ello, proteger tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista, como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden.

Manifestó que la iniciativa tiene como objetivo maximizar el derecho a la libertad de expresión en el Estado de Colima, protegiendo a los periodistas de cualquier amenaza, multa o sanción de la cual pudieran ser objeto por la difusión, publicación, transmisión, videograbación, filmación y reproducción de noticias vinculadas con hechos delictivos y procedimientos penales; garantizando que la sociedad pueda acceder libremente a la información.

Es de recordar que el a través del Decreto 280 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el sábado 20 de junio de este año, se adicionó el artículo 240 BIS al Código Penal para el Estado de Colima, estableciendo un nuevo tipo penal; éste establecía que la persona que indebidamente difundiera, entregara, revelara, publicara, transmitiera, etc., evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que delictivo, se le impondrían de 3 a 6 años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Ante esas consideraciones, mencionó que es evidente, que el 240 BIS era una restricción indebida, desproporcionada y arbitraria al derecho fundamental a la libertad de expresión, “afectando, principalmente, la labor periodística; puesto que criminaliza la difusión, publicación, transmisión, videograbación, filmación y reproducción de materiales como fotografías, vídeos, audios o documentos relacionados con la comisión de un delito o de un procedimiento penal, a través de cualquier medio de comunicación”.

La iniciativa fue presentada a nombre de las diputadas María Guadalupe Berver Corona, Ma. Remedios Olivera Orozco, Rosalva Farías Larios, Gretel Culin Jaime, Martha Alicia Meza Oregón, Ana María Sánchez Landa, Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, María Isabel Martínez Flores, así como los Diputados Manuel Rubén Cervera García, Luis Fernando Antero Valle, Francisco Javier Rodríguez García, Carlos César Farías Ramos, Guillermo Toscano Reyes, Miguel Ángel Sánchez Verduzco Luis Fernando Escamilla Velazco, Luis Rogelio Salinas Sánchez y Julio Anguiano Urbina.