Proponen en el Congreso derogar artículo impugnado por periodistas y CDHEC ante la SCJN

 

La diputada Lizet Rodríguez Soriano, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para derogar el artículo 240 BIS del Código Penal del Estado de Colima, con la finalidad de reconocer y no limitar el derecho fundamental a la libertad de expresión en el Estado de Colima, se informó a través de un comunicado del Congreso del Estado.

Ese artículo fue cuestionado por periodistas colimenses que pidieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que admitió el recurso y ya notificó a las partes.

En la sesión de este jueves, en nombre de 17 diputados y diputadas de diversos partidos, la legisladora explicó que se propone derogar el referido precepto normativo, con el objetivo de garantizar un intercambio de ideas e información en el Estado de Colima y, con ello, proteger tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista, como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden.

Manifestó que la iniciativa tiene como objetivo maximizar el derecho a la libertad de expresión en el Estado de Colima, protegiendo a los periodistas de cualquier amenaza, multa o sanción de la cual pudieran ser objeto por la difusión, publicación, transmisión, videograbación, filmación y reproducción de noticias vinculadas con hechos delictivos y procedimientos penales; garantizando que la sociedad pueda acceder libremente a la información.

Es de recordar que el a través del Decreto 280 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el sábado 20 de junio de este año, se adicionó el artículo 240 BIS al Código Penal para el Estado de Colima, estableciendo un nuevo tipo penal; éste establecía que la persona que indebidamente difundiera, entregara, revelara, publicara, transmitiera, etc., evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que delictivo, se le impondrían de 3 a 6 años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Ante esas consideraciones, mencionó que es evidente, que el 240 BIS era una restricción indebida, desproporcionada y arbitraria al derecho fundamental a la libertad de expresión, “afectando, principalmente, la labor periodística; puesto que criminaliza la difusión, publicación, transmisión, videograbación, filmación y reproducción de materiales como fotografías, vídeos, audios o documentos relacionados con la comisión de un delito o de un procedimiento penal, a través de cualquier medio de comunicación”.

La iniciativa fue presentada a nombre de las diputadas María Guadalupe Berver Corona, Ma. Remedios Olivera Orozco, Rosalva Farías Larios, Gretel Culin Jaime, Martha Alicia Meza Oregón, Ana María Sánchez Landa, Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, María Isabel Martínez Flores, así como los Diputados Manuel Rubén Cervera García, Luis Fernando Antero Valle, Francisco Javier Rodríguez García, Carlos César Farías Ramos, Guillermo Toscano Reyes, Miguel Ángel Sánchez Verduzco Luis Fernando Escamilla Velazco, Luis Rogelio Salinas Sánchez y Julio Anguiano Urbina.