Rescatan con vida al director de Radio Indígena en Michoacán

 

TANGANCÍCUARO, Mich., 30 de abril.- Resultado del intenso despliegue por aire y por tierra hecho por las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General del Estado (FGE) y las Policías Municipales esta madrugada fue localizado con bien el Coordinador General del Consejo Comunal Autónomo de Ocumicho, Esteban Cruz Rosas, de 60 años de edad, el cual estaba privado de su libertad desde el pasado jueves.
El agraviado fue localizado por los agentes de la Policía Michoacán destacamentados en Tangancícuaro, su hallazgo se dio en medio del dispositivo de seguridad que hay en la región instruido por el titular de la SSP, General José Alfredo Ortega Reyes, conforme a lo ordenado por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. El secretario de SP encabezó la movilización con patrullajes aéreos y a pie-tierra junto con el Subsecretario de Operación Policial de la SSP, José Ortega Silva.
Cabe mencionar que Esteban Cruz fue encontrado en Tangancícuaro en el despliegue de los efectivos policiacos. Al ser localizado por los agentes estatales se sumaron al apoyo los efectivos de la Sedena y de la FGE. Asimismo, los policías de esta institución pusieron al agraviado bajo el resguardo de las autoridades investigadoras para que éstas continúen con las diligencias competentes en torno al caso. El afectado fue valorado médicamente para constatar su perfecto estado de salud.
Como esta Secretaría lo informó con oportunidad: en los recorridos emprendidos en este operativo fueron detenidos tres presuntos integrantes de una célula delincuencial, asegurado armamento, explosivos, equipo táctico, vehículos, entre ellos uno con blindaje artesanal de los conocidos como "monstruos" e inhabilitado un campamento criminal. También, dentro de los resultados se registró una agresión con armas de fuego que fue repetida por los representantes de la ley sin que hubiera uniformados lesionados.

 

 

 

Desaparecido, el director de radio indígena en Michoacán

 

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció la desaparición de Esteban Cruz Rosas, coordinador del Consejo de Gobierno Comunal de Ocumicho y director general de la Radio Indígena de Ocumicho, quien el jueves 28 fue privado de la libertad por un grupo armado en la comunidad San José de Gracia.

El organismo informó que ya se presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), además de que se reportó el hecho a los gobiernos estatal y federal, pero hasta este viernes no había resultados de la búsqueda. 

“Hacemos responsable por acción u omisión al Gobierno de Michoacán y al Gobierno de la República por dejar en estado de indefensión a la Comunidad de Ocumicho y por no apoyar en su búsqueda”, señaló el Consejo Supremo Indígena en un comunicado. 

Asimismo, la organización indígena convocó “atenta y respetuosamente a las comunidades originarias a la toma de carreteras hasta la presentación con vida del compañero Esteban Cruz Rosas”. 

Por su parte, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México envió un oficio al secretario general de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, mediante el que solicitó su intervención para preservar la integridad física de Cruz Rosas.

Según la organización, la última conexión al teléfono celular de Esteban Cruz se registró a las 14:11 p.m. del jueves 28 y lo último que se supo de él fue que se hizo un retiro por 8 mil pesos de su cuenta bancaria Bancomer, que está a su nombre.

La notificación del anterior movimiento, indicó la AMARC, llegó por mensaje a una de las integrantes de la radio y hasta el momento es la información más reciente con la que se cuenta.

Manifestó que Radio Ocumicho forma parte de la Red de Radios Comunitarias de México A.C. y es una estación de radio que se creó en el año 2002 y obtuvo su concesión de uso social indígena en 2017.

“Radio Ocumicho ha sido un pilar comunicacional para los habitantes de la comunidad de Ocumicho, del municipio de Charapan, Michoacán; confiamos en que nuestro compañero aparezca con vida”, expuso la Red de Radios Comunitarias de México A.C.

 

 

 

Transparencia y rendición de cuentas, vitales para el progreso de Colima

 

Diputadas y diputados de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, coincidieron en que el fomento de las políticas de transparencia y de rendición de cuentas de las instituciones públicas, además de una mayor participación de la ciudadanía en los ejercicios de acceso a la información, son elementos vitales para lograr el progreso de Colima.

Con motivo del Informe Anual de Labores del Mtro. Christian Velasco Milanés, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), en el que se contó con la presencia de la gobernadora Mtra. Indira Vizcaíno Silva; del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lic. Bernardo Alfredo Salazar Santana y de la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Dra. Norma Julieta del Rio Venegas, el diputado Crispín Guerra Cárdenas, presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, consideró que el INFOCOL es de vital importancia para el progreso de nuestra entidad, agregando que la tarea es grande tomando en cuenta que se debe promover ante las y los ciudadanos la cultura del derecho a la información.

En su mensaje durante la Sesión Solemne Número 01, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, Guerra Cárdenas pugnó por que el trabajo del INFOCOL se convierta en que cada año sean más personas las que accedan a la información pública de su interés, pero también hacer entender a los diferentes entes gubernamentales son sujetos obligados y, por lo tanto, la transparencia es obligación.

Señaló que si bien es cierto que la democracia ha permitido cambios relevantes en la configuración de los municipios y nuestro estado, la tarea del instituto es no dar ni un paso atrás en el terreno ganado, sino al contrario que siga la curva ascendente en el progreso y la construcción de un mejor Colima, donde las y los ciudadanos estén mejor informados de las decisiones públicas; pero también que logremos un gobierno transparente a la altura de las exigencias, que las y los colimenses se merecen hoy en día. Para finalizar su intervención, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso expuso que “una sociedad bien informada y un gobierno transparente permite que juntos trabajemos por el progreso de Colima”.

Al rendir su último informe de labores en sesión solemne en el pleno legislativo, el Mtro. Christian Velasco Milanés, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), dijo que informar sobre las metas alcanzadas y los retos superados por nuestro instituto, no solo es alentador, “es la ocasión para reconocer el esfuerzo de cada uno de los sujetos obligados, para vivir en un real estado de derecho, donde se garantizan los derechos humanos de acceso a la información pública, acceso a la justicia y a la democracia deliberativa en el estado de Colima”.

Al mencionar que la participación ciudadana creció, su interés en el ámbito de la actuación y uso de los recursos públicos, expresó que se ha mantenido constante; tan solo durante el ejercicio dos mil veintiuno, se registraron tres mil ochocientos noventa y un (3,891) solicitudes de acceso a la información pública, sumados a los once millones setecientos treinta y seis mil quinientos treinta y dos (11´736,532) visitas a los portales de transparencia, que hacen visible la necesidad creciente de la sociedad, por investigar y mantenerse informada sobre las condiciones que permean la realidad histórica en la que vivimos, conocimiento que nos permite tomar decisiones informadas y conscientes que marcarán el rumbo del país.

Al tener su intervención en esta Sesión Solemne, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva expuso que la “rendición de cuentas y transparencia no son lo mismo, pero van de la mano. Si la ley convoca a rendir cuentas, la ética debe inspirarnos a conducir con transparencia tanto a las instituciones públicas, como el actuar individual de las y los servidores públicos”.

Consideró que “en el reto de transformar a nuestra democracia y a nuestra sociedad, los órganos autónomos como el INFOCOL son fundamentales, pues son instancias que permiten a la ciudadanía hacer valer sus derechos, en este caso el derecho a la transparencia”. Colima, como nuestro país, “vive en democracia y se guía por la voluntad popular. Y la voluntad popular, cada día más, demanda de un mayor compromiso de los personajes políticos y/o de los servidores públicos”, agregó la titular del Ejecutivo.

Vizcaíno Silva abundó que “rendimos cuentas por cumplir con la ley; pero rendimos cuentas, nos conducimos con transparencia y nos abrirnos al escrutinio de la gente, porque ética y moralmente es lo correcto”. Nuestro estado, dijo, “enfrenta retos de urgente solución, como son el saneamiento de las finanzas estatales, la reconstrucción o rescate de nuestro sistema de salud pública, la seguridad y, de manera más profunda, la reconstrucción del tejido social”.

El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lic. Bernardo Alfredo Salazar Santana, durante su intervención en esta sesión solemne, expuso que el acceso a la información de las acciones públicas es un derecho humano que le corresponde a la sociedad.

Explicó que, desde el Poder Judicial como ente público, se solidarizan con el INFOCOL y reitera la disposición para seguir coadyuvando en la rendición de cuentas y la transparencia, en aras de que exista una sociedad más democrática, con la información necesaria para la mejor toma de decisiones.

La Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Dra. Norma Julieta del Rio Venegas, hizo un reconocimiento al trabajo realizado por el INFOCOL, que preside Christian Velasco Milanés, y a quien le expresó, “sé que estás por concluir tu gestión al frente del instituto, pero es una etapa nada más, hay visión hacia adelante y te va a ir muy bien”.

Al dirigirse a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, la doctora Julieta del Río destacó que lo realizado en materia de transparencia ha sido un gran trabajo, en donde las unidades de transparencia del Poder Ejecutivo, de los órganos autónomos y de todos los sujetos obligados han hecho una carga masiva de datos de Colima y ahí están en la plataforma nacional de transparencia.

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental, Priscila García Delgado, hizo un reconocimiento al presidente del INFOCOL en Colima, por los logros alcanzados junto con su compañero comisionado Francisco Yáñez Centeno y todo el equipo de trabajo que labora en esta institución: “he encontrado un aliado para impulsar en Colima una agenda a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, promoviendo junto a la Comisión que represento, diversas actividades de índole legislativo, de políticas públicas, y de carácter académico, como es el caso del Seminario que actualmente estamos desarrollando en coordinación con la Universidad de Colima”.

Pese a lo que consideró son limitantes presupuestales, para las cuales pidió que se cambie la mecánica de la asignación presupuestal para este instituto, de procesos de renovación lentos y muchos otros inconvenientes, la diputada Priscila García afirmó que el instituto en mención rinde buenas cuentas a la ciudadanía. Agregó que el INFOCOL ha generado un mayor número de funciones y responsabilidades que este órgano garante debe cumplir, pero con los mismos recursos. Finalmente, expuso que es impostergable el nombramiento del tercer comisionado de este instituto, y que quien ocupe este encargo debe ser mujer, reiterando que el acceso a la información es un derecho humano.

En tanto, la diputada Isamar Ramírez Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, demandó que instituciones como el INAI, o el INFOCOL, deben ser cada vez más ciudadanos, deben impregnarse cada vez más de su papel fundamental de brindar el poder de la información a la gente, deben evolucionar junto con nuestros procesos democráticos, para que sea la misma sociedad la que tome cada vez más protagonismo en la construcción de la historia, porque como decía Salvador Allende, “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

La legisladora Isamar Ramírez reiteró el compromiso de trabajar por la transparencia, el acceso a la información, el empoderamiento popular y la toma de decisiones desde abajo, con la gente y para la gente, a fin de que esos sean siempre nuestros puntos de referencia para seguir construyendo esperanza.

 

 

 

Condena Artículo 19 amenazas de muerte contra autores de «México: Litio al descubierto»

 

Ciudad de México | Desinformémonos. La organización Artículo 19 condenó las amenazas de muerte que la académica Violeta Núñez y el periodista Ernesto Ledesma recibieron por teléfono tras la publicación del reportaje «México: Litio al descubierto», el pasado 1 de abril.

Las amenazas contra la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el director de Rompeviento TV se realizaron desde tres números distintos que provenían del mismo lugar: el hotel Pensilvania, en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México. «¿Sí sabe que se va a morir?», dijo una mujer al teléfono a la doctora en Economía Violeta Núñez.

Artículo 19 explicó que la agresión contra Núñez y Ledesma sucedió luego de que se publicara el reportaje, el cual «busca evidenciar la presencia de importantes yacimientos de litio en México, particularmente en Sonora, así como interés de empresas mineras canadienses e inglesas en el litio mexicano».

Por ello, exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizar una investigación exhaustiva y pronta, «tomando como línea primordial la labor periodística de Ernesto Ledesma y la académica de Violeta Núñez, realizando un análisis de contexto, con particular atención al reportaje elaborado y presentado un día antes de las amenazas, por ambas víctimas».

A continuación el comunicado completo:

El pasado 1° de abril, el periodista Ernesto Ledesma, director del medio Rompeviento TV, junto con la doctora Violeta Núñez, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), fueron víctimas de amenaza de muerte a través de llamadas telefónicas que recibieron sincrónicamente de distintos números, a las 18:39 horas, luego de que presentaron un reportaje sobre litio en Sonora.

Una de esas llamadas la respondió Núñez, a quien una voz de mujer le dijo “¿me puede pasar con Ernesto?”, respondiendo la académica que estaba equivocado, ante lo cual la misma voz mencionó “Sí sabes que se va a morir” y colgó.

Un día antes de recibir las amenazas, el 31 de marzo, tanto Ernesto Ledesma como Violeta Núñez presentaron su reportaje: “México: litio al descubierto”, en el Centro Cultural TierrAdentro Café, ubicado en la Ciudad de México.

Esta investigación y publicación se presenta en el marco de la discusión sobre la Reforma Eléctrica y busca evidenciar la presencia de importantes yacimientos de litio en México, particularmente en Sonora, así como interés de empresas mineras canadienses e inglesas en el litio mexicano. De acuerdo con el periodista, esta investigación desmiente a sectores poderosos empresariales y de la industria minera quienes han referido la inexistencia de yacimientos importantes de litio en México, la imposibilidad tecnológica para procesarlo y la justificación de que la inversión privada es la única que tiene la capacidad de inversión para explotar e industrializar el litio.

Un día después de las llamadas de amenaza, el equipo de Rompeviento TV realizó algunas investigaciones para saber de dónde provenían dichas llamadas, cuyos números fueron ubicados en un hotel muy cercano a Rompeviento TV y al Café TierraAdentro donde se presentó el reportaje.

De acuerdo con el reciente informe Negación sobre la situación de la libertad de expresión e información en México, ARTICLE 19 refiere que en el país se registró una agresión contra la prensa cada 14 horas; con 644 ataques documentados durante todo el año 2021. Asimismo, en lo que va del actual sexenio, 33 personas periodistas han sido asesinadas. De estas, 7 en 2021 y 8 tan sólo en el primer trimestre de 2022.

Cabe señalar también que la Ciudad de México fue la entidad federativa con mayor número de agresiones en 2021, con un total de 100 ataques contra la prensa (15.53%). Le sigue Guerrero, con 52 (8.07%); Puebla, con 46 (7.14%); Baja California, con 44 (6.83%), y Yucatán, con 39 (6.06%). Estos cinco estados concentran el 43.63% de los atentados contra la prensa.

Los tres años que van del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman ya 1,945 ataques contra la prensa, entre los cuales se encuentran 33 asesinatos de periodistas y dos desapariciones. Como comparativo, el gobierno de Enrique Peña Nieto registró en el mismo periodo 16 asesinatos contra periodistas en posible vínculo con su labor y 1053 ataques.

Esto quiere decir que los primeros tres años de López Obrador representan casi un 85% más de ataques contra la prensa que los primeros tres años del anterior mandatario, marcando el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro.

A partir de gestiones realizadas por ARTICLE 19, desde el viernes 1 de abril, el periodista Ernesto Ledesma ya está incorporado al Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Gobierno Federal. Asimismo, se abrió una carpeta de investigación por el delito de amenazas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien actualmente se encuentra realizando diversos actos de investigación.

Considerando el ambiente hostil bajo el cual la prensa ejercer su labor en México, y la imperante necesidad de proteger a la prensa e incentivar investigaciones periodísticas , ARTICLE 19:

  • Llama al Mecanismo federal de protección para garantizar la integridad personal de las víctimas, colegas y familiares, a través de las medidas de protección que resulten pertinentes, idóneas y consentidas por las mismas víctimas.
  • Exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realizar una investigación exhaustiva y pronta, tomando como línea primordial la labor periodística de Ernesto Ledesma y la académica de Violeta Núñez, realizando un análisis de contexto, con particular atención al reportaje elaborado y presentado un día antes de las amenazas, por ambas víctimas. Recordando la importancia y el deber de aplicar el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

 

 

Somos un espacio de comunicación global sin fines de lucro, basado en la unión de muchas y diferentes voluntades. Un espacio que se une a un esfuerzo de medios autónomos que, afortunadamente, ya existe y sigue creciendo.

 

 

 

 

Periodistas y personas defensoras presentan propuestas para construir ley general de protección

Fotografías de periodistas asesinadas colgadas a las afueras de la Secretaría de Gobernación durante una protesta organizada el 14 de febrero de 2022. CIMACFoto: Aranza Bustamante Sánchez

 

Escrito por Aranza Bustamante Sánchez/ Cimacnoticias

Ciudad de México.- Periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos presentaron una serie de propuestas de solución ante el contexto violento en México e hicieron un llamado al gobierno de Morelos para ser consideradas en la construcción de la nueva Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual será llevada ante el Poder Legislativo el mes de septiembre.

Así lo expresaron durante el quinto diálogo organizado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que tuvo lugar en el  Centro Cultural Teopanzolco, de Morelos, con el objetivo de intercambiar ideas sobre el proyecto de ley que pretende “crear un sistema nacional de protección, y definir las competencias de los órdenes de gobierno e instituciones públicas”, según indicaron en el primer foro realizado en la Ciudad de México.

El gobierno federal manifestó su intención por convocar estas discusiones en distintas entidades del país. Algunas de ellas son Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Entre las y los funcionarios que acudieron estaban Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos; Arturo Abundes Velasco, director general del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos; Gilberto Granados Jaimes, quien acudió en representación de Almirante Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad Pública, entre otros.

Al inaugurar el diálogo que concluyó el viernes 25 de marzo, el titular en representación de la Segob en Morelos, Carlos Alberto Brito Ocampo, expuso que las autoridades del estado impulsan esta iniciativa como una forma de “subsanar las áreas de oportunidad de la legislación vigente y para fortalecer la actuación del actual Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Transcurridos un par minutos, las y los asistentes, periodistas e integrantes de organizaciones sociales, se manifestaron para tomar la palabra: “¡Ni una más, ni una más, ni una activista más”, “ni uno más, ni uno más, ni un periodista más!”, corearon al unísono mientras levantaron el pueño en alto; en la muñeca portaban listones negros como una forma de protesta ante el asesinato de sus colegas.

De inicios de 2022 hasta el momento han asesinado a ocho periodistas en México: José Luis Gamboa Arenas (10 de enero, Veracruz), Margarito Esquivel Martínez (17 de enero, Baja California), Lourdes Maldonado (23 de enero, Baja California), Roberto Toledo (31 de enero, Michoacán), Heber López (10 de febrero, Oaxaca), Jorge Camero Zazueta (24 de febrero, Sonora), Juan Carlos Muñiz (4 de marzo, Zacatecas) y Armando Linares (15 de marzo, Michoacán).

Desde el año 2000, la ONG Artículo 19 ha documentado 153 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor profesional. De acuerdo a la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa emitida en 2019, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Lo anterior, más la “simulación de justicia”, es lo que las y los reporteros visibilizaron este jueves. Algunos como Maciel Calvo Elmer tomaron la palabra y señalaron que hay una “permanente ausencia de voluntad política para hacer que funcionen de manera eficaz los mecanismos que componen a la ley que se encuentra en funcionamiento”.

Desde inicios de 2022 periodistas han convocado a diversas manifestaciones a lo largo del país para mostrar su inconformidad por la violencia contra su gremio. CIMACFoto: Aranza Bustamante Sánchez

Una defensora de Derechos Humanos que está bajo el mecanismo de protección denunció que recibió amenazas de muerte durante el transcurso del foro; éstas le dejaban en claro que se debían al trabajo que realiza, y explicó que no es la primera vez que le sucede, sin embargo, su proceso de denuncia no se ha concretado debido a que las autoridades perdieron su carpeta de investigación. Así como ella, otras personas en situaciones similares compartieron sus experiencias.

Tras ciertos minutos dedicados al diálogo, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, expuso a grandes rasgos la nueva iniciativa y brindó datos para contextualizar la situación de violencia en México. 

Irazoque hizo énfasis en que se pretende que cada vez más recursos se destinen al mecanismo de protección. Además, mencionó algunos de los problemas que se han identificado a la hora de hacer cumplir la ley actual. Entre los más destacados se encuentran: la falta de coordinación y participación corresponsable de autoridades estatales y municipales, el incremento de la violencia en contextos diferenciados, la impunidad y la falta de respuesta del sistema de justicia, y la ausencia de sanciones a servidoras y servidores públicos que agreden a periodistas y personas defensoras.

Posteriormente, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos planteó una ruta a seguir que consiste en “establecer con claridad la corresponsabilidad y competencias de las instituciones del Estado mexicano”, lo que quiere decir que, en lo inmediato, las autoridades proponen una “firma de convenios de colaboración con las 32 entidades federativas”.

Esta idea fue especialmente criticada por periodistas y personas defensoras, quienes dejaron en claro que muchas de las agresiones que reciben son perpetradas por autoridades locales, por lo que no están de acuerdo en que se hagan cargo de su seguridad:

“Exigimos que no se delegue la mayor responsabilidad a las autoridades estatales ni a los mecanismos locales, ya que la mayoría de los casos significa poner nuestra seguridad en menos de nuestros violentadores. Si bien en Morelos ya contamos con el mecanismo de protección, no debemos olvidar que la instalación se realizó en un contexto de presión por parte de instancias federales, así como las voces insistentes de activistas y periodistas que habían sido constantemente ignoradas”.

También indicaron que les parece fundamental que exista un mecanismo federal de protección, pero sin descuidar los mecanismos locales que hasta el momento han funcionado de forma limitada: “Un botón de pánico no te quita los balazos”, dijo Francisco Sedeño, periodista de Cuautla, Morelos.

Entre las otras propuestas que presentaron está prever sanciones administrativas y penales en contra de servidoras y servidores públicos y particulares que ejerzan algún tipo de amenaza o agresión para inhibir la práctica periodística y la libertad de expresión, con el fin de remontar los altos índices de impunidad. Incluso, se planteó la creación de un Registro Nacional de Agresores de Periodistas.

De igual modo, se pidió que se incluyera en el mecanismo federal al menos a un o una representante de los mecanismos locales, con voz y voto, y que se estableciera la obligación de realizar conversatorios de manera periódica entre el mecanismo federal y los mecanismos locales, para obtener diagnósticos de lo que ocurre en todo el país.

Sus demandas también incluyen la creación de un marco normativo específico (uno para personas defensoras y otro para periodistas), el establecimiento de albergues destinados a periodistas y a sus familias en caso de que requieran resguardo, así como la inclusión de la perspectiva de género y la definición exacta de perfiles de las personas que podrán acceder al mecanismo de protección (ya que, según denunciaron, ha habido casos de funcionarias y funcionarios que ingresan a éste sin tener una verdadera necesidad).

Finalmente, dijeron que esperan que se les tome en cuenta, pues anteriormente ya se habían organizado este tipo de foros, no obstante, el gobierno no consideró sus propuestas en la ley que opera actualmente: “Sabemos que no todo lo dicho aquí pasará al congreso, pero queremos que se nos tome en cuenta”.