RSF exige justicia en casos de asesinatos de periodistas en América Latina

 

"La impunidad no es solo una violación de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, sino que también prevé la repetición crónica de las violaciones de estos derechos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares". Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2008)

El 2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, Reporteros Sin Fronteras recuerda los innumerables casos de asesinatos contra comunicadores y trabajadores de los medios que siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Desde junio de 2021, en el marco del proyecto Bajo Riesgo, que analiza los programas de protección a periodistas en América Latina, la organización honra, en el aniversario de su muerte, a comunicadores que perdieron la vida en la última década como resultado del ejercicio de su libertad de expresión. La iniciativa se prolongará durante más de un año, recordando las historias de periodistas de Brasil, Colombia, Honduras y México, los cuatro países donde más asesinan a comunicadores en América Latina - al menos 139 entre 2011 y 2020 - y donde las tasas de impunidad son alarmantes.

Sin embargo, los delitos contra periodistas comienzan mucho antes de que se lleve a cabo un asesinato; antes vienen amenazas, intimidación, agresión física y digital, secuestro, y amenaza a familiares, entre muchos otros. Sobre esto, la ausencia sistémica de investigación y rendición de cuentas de los perpetradores de este tipo de ataques deja el camino abierto para la escalada y perpetuación de la violencia. En sentencia dictada en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que la impunidad - entendida como la falta de investigación, enjuiciamiento, arresto, enjuiciamiento y condena - conduce a la repetición crónica de violaciones de derechos.

Los estándares internacionales para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión también prevén que las investigaciones sean ágiles, exhaustivas y llevadas a cabo por los órganos con las mejores condiciones para resolverlas, en términos de autonomía e independencia de persecución. También deben tomarse medidas para proteger a los investigadores, fiscales, jueces y testigos de presiones externas como amenazas e intimidación.

En el caso de los periodistas, es fundamental que las investigaciones del Estado verifiquen todas las hipótesis relacionadas con su labor periodística antes de descartar una posible relación entre el delito y el ejercicio de libertad de expresión y tratar el caso como una causa personal. Otros aspectos estratégicos del proceso de acceso a la justicia se relacionan con el derecho a la participación de las víctimas y / o sus familiares y a la rendición de cuentas no solo de los autores materiales de los delitos, sino también de los autores intelectuales y otros colaboradores involucrados en la violación.

Para Naciones Unidas, cuando la gravedad de la situación así lo requiera, especialmente en casos de delitos frecuentes y repetidos, se debe evaluar la posibilidad de establecer unidades de investigación específicas especializadas en delitos contra la libertad de expresión.

Esto es lo que hizo México en 2010, por recomendación expresa de la ONU. Históricamente presente en las encuestas sobre el tema - en el recién lanzado Índice Global del Comité de Protección a Periodistas, el país ocupa la sexta posición -, el Estado mexicano creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), vinculado a la Procuraduría General de la República (PGR).

Diez años después, según datos de la propia FEADLE, la Fiscalía Especial reconoció su competencia para atender solo 27 de los 92 homicidios contra periodistas registrados desde 2010 hasta julio de este año. En los demás, no consideró que los delitos tuvieran relación con la actividad periodística. En el mismo período, solo se alcanzaron cinco condenas. Si se consideran otros delitos, hubo 25 condenas.

Colombia, por su parte, creó una subunidad de investigación de los asesinatos de periodistas, subordinada a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en 1999, pero el organismo aún carece de fiscales especializados en libertad de expresión y un gran número de casos de asesinatos y ataques contra periodistas sigue sin respuesta. En 2010, el país aprobó una ley que amplía de 20 a 30 años la condena para los delitos de asesinato de periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas, aumentando las posibilidades de llegar a condenas. Y el Código Procesal Penal prevé, además de trasladar la jurisdicción para juzgar los casos en que las circunstancias atenten contra la imparcialidad o independencia de la justicia y la seguridad de los involucrados, un agravante para los asesinatos, secuestros, extorsiones, torturas, desplazamientos forzados y amenazas contra periodistas.

Más recientemente, Colombia ha adoptado una Estrategia de Investigación y Judicialización de delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos y una metodología específica para estos casos, orientando mejor la actuación de la Fiscalía General de la Nación. Este año, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró que la agencia había avanzado en el esclarecimiento de alrededor del 63% de los casos que involucran a defensores y periodistas cometidos desde 2016, pero que menos del 15% habían sido condenados. Según la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), de los 161 homicidios registrados en el país asociados al ejercicio de la actividad periodística, más del 78% se encuentran en total impunidad, siendo más de la mitad presos sin condena.

Finalmente, en Brasil, un país que también aparece con frecuencia en el Índice Global de Impunidad del CPJ, los desafíos institucionales son mayores. El país no cuenta con unidades especializadas en delitos contra la libertad de expresión dentro de la estructura del Ministerio Público e incluso la aprobación de la ley que permite la federalización de delitos contra periodistas no avanza en el Congreso Nacional. En un estudio publicado en 2019, el Consejo Nacional del Ministerio Público analizó la investigación de más de 20 años de casos de asesinatos de comunicadores y concluyó que solo la mitad había llegado a algún tipo de solución.

El informe señaló que casi todos los actos violentos tuvieron lugar lejos de los grandes centros urbanos e involucraron a comunicadores de pequeños medios de comunicación, muchos blogueros y locutores de radio. Una de las principales demandas de las organizaciones de la sociedad civil brasileña en este campo es la garantía del control externo de la actividad policial por parte del Ministerio Público, para que las investigaciones se realicen con rapidez y eficacia, de manera que se esclarezcan los delitos y se responsabilice a los agresores. Los informes escuchados por RSF a lo largo del proyecto Bajo Riesgo muestran que ni siquiera las amenazas de muerte reciben un tratamiento adecuado. Las investigaciones son confidenciales e incluso los abogados de las víctimas no reciben información sobre el avance de los casos.

Sin cambios estructurales en este sentido, el 2 de noviembre deberá seguir siendo un día de lucha para que no se olviden estas vidas perdidas.

 

 

 

 

Dos asesinatos y abusos de poder, resultados de un Estado que omite proteger a la prensa

 

Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2021.- ARTICLE 19 y el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ (por sus siglas en inglés) condenamos las agresiones cometidas contra la prensa durante el jueves, viernes y sábado pasados y exigimos a las autoridades investigaciones diligentes, implementar los mecanismos de protección aplicables, poner un alto a la violencia contra la prensa, reiterar su compromiso a la libertad de expresión, y públicamente subrayar la importancia de una prensa libre en México 

Primero, nos unimos al dolor de las familias López Arevalo y Cardoso Echeverría y condenamos los asesinatos de los periodistas Fredy López Arévalo y Alfredo Cardoso Echeverría. 

Chiapas: Asesinato de Fredy López 

El jueves 28 de octubre de 2021, alrededor de las 20:00 horas Fredy López Arévalo, periodista independiente y colaborador de la Revista Jovel, fue asesinado fuera de su domicilio, por un impacto de bala en la nuca por un sujeto desconocido, quien huyó corriendo. Si bien aún no se sabe los motivos, diversos medios dieron a conocer  que se tiene identificado al autor material del crimen, aunque no se ha dado con él y está pendiente la identificación de los autores  intelectuales del crimen, las fuentes consultadas por ARTICLE 19, quienes se reservan su nombre por seguridad, aseguran que el asesinato tiene vinculo con la labor periodística, pues generalmente cubría temas de “narcopolítica”.

Además, en los últimos años las coberturas de Fredy se enfocaron en  denuncias ciudadanas, cuestiones seguridad y justicia, específicamente coberturas vinculadas a redes del crimen organizado y política, en San Cristóbal de la Casas. Fredy dirigió la Revista Jovel, su última publicación hecha el mismo 28 de octubre, refiere al despido de 200 personas trabajadoras del municipio de San Cristóbal y laudos laborales de más de 20 millones de pesos.

Otras coberturas señaladas por las fuentes como aquellas que pudieron generar el crimen refieren a grupos delincuenciales como “Los Motonetos”. Según fuentes abiertas, este grupo que también se dedica al narcomenudeo y presiona a autoridades locales, por lo que se asegura «que tienen el control del municipio». Ante este escenario, las y los periodistas que cubren sobre dicho grupo, tienen mayores riesgos de sufrir violencia por su labor. 

Fredy Arévalo ejerció el periodismo por más de 30 años para diversos medios en Chiapas, principalmente como corresponsal de medios como El Financiero, El Universal, Los Angeles Times, NOTIMEX, Proceso, La República de Chiapas, entre otros. Durante su carrera cubrió temas como el levantamiento del EZLN;  temas migratorios en Europa, y muchos temas en Centroamérica, como las elecciones presidenciales de 1990 en Nicaragua, su legado, trabajo y memoria siempre serán parte de la historia periodística de Chiapas y de México. 

Guerrero: Asesinato de Alfredo Cardoso y agresiones físicas contra reporteros

La madrugada del 29 de octubre, alrededor de la 1 am,  Alfredo Cardoso Echeverría, fotoperiodista y director del medio Las Dos Costas, fue privado de la libertad en su casa por sujetos desconocidos, en Acapulco, Guerrero. Según testimonios, quienes se reservan su identidad por seguridad, tras llevarse al comunicador, amenazaron con armas de fuego a familiares de Cardoso, incluídos menores de edad y se retiraron procediendo a disparar contra el domicilio. 

Según información publicada por la Fiscalía del Estado de Guerrero,  horas más tarde, el mismo 29 de octubre, Cardoso fue encontrado en una banqueta en calle Pez Liza de la colonia Loma Bonita. El periodista presentaba evidencias de haber sido víctima de violencia física y varios impactos de bala. Fue trasladado a emergencias médicas. Alfredo Cardoso falleció de sus heridas por impacto de bala el 31 de octubre de 2021.

Cardoso principalmente reportaba notas socioculturales sobre Acapulco, sin embargo, también publicó notas sobre la violencia y delincuencia en Acapulco, así como problemas de distribución de agua que afronta el nuevo gobierno municipal. Un testimonio cuyo nombre se reserva por seguridad indicó que también había sido crítico con el gobierno municipal saliente, así como del Fiscal General del Estado, quien renunció unos días antes, por lo que las autoridades deben incluir como eje principal de investigación su labor informativa.

Tlaxcala: Detención Arbitraria de Alberto Amaro Jordán

Alrededor de las 15:30 del 28, Alberto Amaro Jordán, director de La Prensa de Tlaxcala cubrió la detención de un vehículo por 3 unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Apizaco, Tlaxcala. Al arribar al lugar de los hechos, elementos de la SSC le pidieron identificarse a pesar de que estaba manteniendo distancia del lugar. Como puede verse en los videos compartidos por La Prensa de Tlaxcala, tras presentarse como prensa, le piden una identificación a la cual le toman fotografías y le indican que “se tiene que hacer un empadronamiento por estar grabando nuestro actuar” y que lo tienen que revisar en Plataforma México.

Tras intentar varias veces que le regresaran su credencial de identidad, el comunicador avisó que se retiraba para denunciar el robo de ésta. Sin embargo, al llegar a su carro le detienen y le informan que está detenido por “alterar el orden público”. Aunque el periodista intentó grabar denuevo los elementos le quitan su teléfono, se detiene la transición y golpean a Amaro: 

Me esposaron y doblaron los brazos por atrás y comenzaron a golpearme. Me dijeron “vas a ver, por p*nche chismoso”. Sentí que me golpearon en la espalda con un objeto duro pero no sé qué fue. Escuché a un policía decir “es él, él es el que nos está atacando” y me empujaron a la patrulla y ahí me dice uno de los que lo detienen “ahorita me vas a decir quienes son tus informantes y quien te está pasando tanto chisme, vas a ver” y me volvieron a golpear antes de subirme.

Según el relato del periodista a ARTICLE 19, al arribar a la Comisaría de la SSC en Apizaco lo dejaron esposado en la sala de espera, a pesar de no haberse resistido al arresto. Un integrante de la SSC se le acercó y le indicó que si bajaba el video y no iniciaba ninguna queja, liberándolos de toda responsabilidad civil, no iniciarían un proceso contra él y podría irse libre. Tras su rechazo, el periodista vio que los policías estaban buscando en un código qué podrían imputarle para llevarlo al Ministerio Público (MP). 

Según el testimonio de Amaro, en la misma comisaría una persona identificada como médico le hizo preguntas y le pidió que soplara a un alcoholímetro. Yo le indiqué que tenía dolores en las muñecas, los brazos y la espalda. Pero sólo me respondió yo no vine a atenderte. 

Alrededor de las 18:30 le hacen saber sus derechos y después de tres horas fue llevado al Ministerio Público, donde se le decretó su detención. El médico legista de la de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) valoró que el periodista sí contaba con lesiones. Finalmente, el periodista fue liberado alrededor de la 1:30 de la madrugada del viernes. 

La prensa bajo asedio

Los hechos aquí descritos resaltan la violencia que continúa viviendo la prensa en México. Los asesinatos de Fredy y Alfredo se suman a los más de 22 asesinatos de periodistas en posible vínculo con su labor, ocurridos durante el actual sexenio de Andŕes Manuel López Obrador. Además de los asesinatos, ARTICLE 19 ha documentado más de 500 ataques contra la prensa en los primeros nueve meses del año en curso. 

Preocupa a las organizaciones firmantes el rol del Estado, como agresor de la prensa, por un lado,  y por el otro por sus omisiones que permiten que la violencia contra la prensa se cometa día con día. El Estado tiene la obligación de prevenir, proteger y garantizar seguridad de todas las y los periodistas y personas que ejercen el derecho a informar, De la misma forma, con base en los estándares interamericanos es responsabilidad del Estado investigar, juzgar y sancionar a quienes cometan violaciones o delitos contra la prensa. En este sentido, el Comité para la Protección a Periodistas (CPJ) coloca a México en el 6to país con mayor nivel de impunidad en asesinatos contra periodistas.

Las agresiones aquí descritas, así como todos aquellos crímenes  que siguen en la impunidad reflejan que en México no está garantizada la libertad de expresión. Por ello, las organizaciones firmantes exigen:

  1. Al Gobierno Federal coordinarse con autoridades de los tres niveles y tomar las acciones necesarias que pongan fin a la violencia contra la prensa y logren justicia para Fredy, Alfredo, Alberto y todas las y los periodistas que día a día son violentados por ejercer su labor.
  2. A Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, a Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador de Tlaxcala y Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, tomar las acciones necesarias para evitar agresiones y violencia hacia la prensa. Así como hacer un reconocimiento público de la importancia del ejercicio periodístico para una sociedad democrática.
  3. A la Fiscalía General del Estado de Chiapas, investigar de manera pronta, diligente e imparcial el asesinato de Fredy López, tomando como línea prioritaria de investigación su labor periodística.
  4. A la Fiscalía General del Estado de Guerrero, investigar de manera pronta, diligente e imparcial tomando como línea prioritaria de investigación la labor de información que desempeñaba Alfredo Cardoso.
  5. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, iniciar una investigación interna, según sus funciones, para llevar a la justicia a las y los elementos quienes abusaron de su poder y violentaron los derechos  e integridad de Alberto Amaro.
  6. A Abelina López Rodriguez, alcaldesa de Acapulco, abstenerse de emitir discursos estigmatizantes o criminalización que aumenten los riesgos de la prensa a sufrir violencia.
  7. Al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, coordinarse con las autoridades locales y mantener adecuados planes de protección para las familias de Fredy López, Alfredo Cardoso, así como al periodista Alberto Amaro.

 

 

 

Un periodista chileno preso y exiliado tras el golpe de Pinochet

 

Hace 48 años, el 11 de septiembre de 1973, el joven periodista chileno José Zepeda Varas fue detenido por el Ejército de ese país en el marco del golpe de Estado perpetrado contra el presidente Salvador Allende por Augusto Pinochet. Tras casi 2 años y medio en prisión, Zepeda obtuvo asilo político en Holanda, adonde se fue exiliado y laboró hasta 2012 en Radio Nederland. En mayo de 2013 visitó la ciudad de Colima para recibir un doctorado honoris causa de parte de la universidad local. En ese contexto, le realicé una entrevista-semblanza, enriquecida con los datos del contexto de su estancia en esta ciudad. El texto fue publicado el 24 de mayo de 2013 en la sección Internacional del portal de la revista Proceso y en la agencia Apro.

Con motivo de un aniversario más del “Pinochetazo”, compartimos una parte de ese texto y al final se presenta el enlace original para su lectura completa.

 

"LA VERDAD MEJOR CONTADA ES LA DE LAS VÍCTIMAS": ZEPEDA VARAS

 

COLIMA, COL., viernes 24 de mayo de 2013 (apro).- A los 23 años de edad, el periodista José Jorge Zepeda Varas era el gerente de Radio Atacama, La voz del pueblo —ubicada en la ciudad de Copiapó, al norte de Chile—, cuando al mediodía del 11 de septiembre de 1973 elementos del Ejército de ese país irrumpieron en las instalaciones, clausuraron la emisora y se llevaron presos a directivos y trabajadores.

Los detenidos sufrieron tortura y fueron sentenciados a cinco años de cárcel, bajo el cargo de rebelión, con motivo de la cobertura informativa realizada en torno del golpe de Estado que encabezó el general Augusto Pinochet en contra del gobierno del presidente Salvador Allende.

Durante su estancia en la prisión, Zepeda Varas se salvó de ser fusilado por la llamada “Caravana de la Muerte”, pero su compañero Alfonso Gamboa Farías, director artístico de la radiodifusora, no tuvo la misma suerte.

En febrero de 1976, tras 29 meses de encierro, Zepeda obtuvo asilo político en Holanda, donde ese mismo año se incorporó a Radio Nederland, en la que laboró hasta diciembre de 2012 y llegó a ser director del Departamento Latinoamericano de esa emisora mundial.

Por su trayectoria profesional de más de cuatro décadas, el periodista chileno-holandés recibió en esta ciudad el pasado viernes 17 de mayo el grado de doctor honoris causa por parte de la Universidad de Colima (Ucol), una de las instituciones de América Latina a las que apoyó desde Radio Nederland con producciones para sus radioemisoras durante los últimos veinte años.

Según el acuerdo 12/2013 expedido por el rector, José Eduardo Hernández Nava, el galardón le fue conferido “por sus aportaciones a la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de los medios de comunicación no comerciales de América Latina, así como por su destacada labor en la divulgación del conocimiento, el acontecer político, el arte y la cultura”.

Durante la ceremonia, realizada en el Paraninfo Universitario, el homenajeado dedicó su título a los periodistas latinoamericanos que ejercen la comunicación de servicio y que se empeñan en defender los valores universales de la libertad.

En sus primeros años como periodista en Chile —reconoció en su discurso— la confrontación política al interior de la izquierda los llevó a él y sus compañeros de Radio Atacama a tomar “decidido partido” a favor del gobierno de Salvador Allende: “No mentíamos, pero todo lo que hacíamos en temas políticos era desde la trinchera en que no cabía la duda ni el matiz”.

Sobre esa etapa de su carrera, dijo ahora: “No me arrepiento, pero era un grave error; lo entendí en Holanda en los años de exilio, de autocrítica… El periodista es primero que nada el que no sirve al poder por una causa particular, el que preserva su independencia y busca la verdad, el periodista mantiene distancia de las autoridades en el campo de las ideas, de los partidos políticos, de las convicciones religiosas o las de cualquier tribu… No hemos escuchado el llamado de la vocación para atacar ni para defender, lo hemos asumido para ayudar a entender”.

Y se preguntó: “¿Es entonces el periodista una mujer o un hombre desprovisto de cualquier lealtad? Imposible. Se vive y se hace desde algún lugar, nadie puede neutralizar sus circunstancias. Creo que el lugar que nos corresponde es aquel donde anidan los derechos humanos, los derechos sociales, la justicia, la inclusión, valores de los que quieren apropiarse algunos pero que nos pertenecen a todos”.

En entrevista con la agencia Apro, José Jorge Zepeda considera que la libertad en general y la libertad de expresión en lo particular son “objetivos muy caros para la humanidad”, a la vez que expresa su preocupación y solidaridad ante las condiciones de riesgo en las que realizan su trabajo los periodistas mexicanos.

“Tengo una admiración absoluta por aquellos periodistas que salen por la mañana a arriesgar su vida para poder contarle la verdad a la gente. Eso no lo hace cualquiera, es decir: puestos frente al desafío de la vida o la muerte, hay gente que con razones muy justificadas prefiere la vida, yo también. Entonces, arriesgar todo por levantar la bandera de la libertad de prensa y la libertad de expresión es algo que nosotros admiramos muchísimo desde afuera de México”, sostiene.

Profesor invitado de universidades de varios países, así como de instituciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zepeda considera que frente a la realidad actual del periodismo mexicano los organismos internacionales deberían prestar un mayor servicio del que están haciendo. “No basta con declaraciones simpáticas de decir ‘pobrecitos ustedes’, no, no, hay que apoyar con medios, hay que dar protección al periodismo mexicano, la denuncia debe ser mucho más sistemática”.

Subraya: “Hay organismos internacionales que tienen recursos económicos que deberían repartirse no equitativamente, sino prioritariamente, y hoy día la prioridad en América Latina para mí son dos países fundamentalmente: México y Colombia. En Colombia todavía no ha pasado todo y los periodistas siguen siendo acosados por varios poderes, no por uno solo, y en México también, no nos olvidemos, no es sólo un poder el que está detrás del periodismo y que se siente incómodo con él”.

A juicio de Zepeda Varas, se debe exigir al Estado mexicano que cumpla mejor con su papel de protección a los medios de comunicación, porque en eso le va la vida no sólo a los medios sino también al Estado, por lo que —para su propia preservación— es el Estado el que debe dar mucha mayor atención al acoso que sufren los periodistas.

Mientras tanto, plantea: “El periodismo tiene que seguir cumpliendo con su labor, pero tiene que ser con cautela, buscando de la manera más imaginativa posible formas de contar la verdad, y la verdad mejor contada creo que parte de las víctimas y no de los verdugos”.

Sugiere: “Hay que hacer el relato de todos los que son víctimas anónimas, inocentes de todo este drama, y no fijar el lente o el lápiz o la computadora sólo en los agresores, ya que son las víctimas las que al final dignifican con su muerte lo que está pasando; esperemos que esas muertes no sean en vano, y para que no lo sean tenemos que tratar de sacarlas del anonimato”.

 

Para leer el texto completo, siga el siguiente enlace:

https://www.proceso.com.mx/internacional/2013/5/24/la-verdad-mejor-contada-es-la-de-las-victimas-zepeda-varas-118798.html

 

 

 

 

El costo por opinar en México: Diez millones de pesos y una persecución judicial

Foto: Cuartoscuro

 

Por: Reporteros Sin Fronteras

Ciudad de México 8 de septiembre de 2021.- Las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil que suscribimos el presente comunicado, condenamos la persecución judicial de la que ha sido víctima el periodista investigador y académico Sergio Aguayo Quezada, demandado por el ex gobernador Humberto Moreira Valdés por supuesto daño moral cometido en su perjuicio.

Sergio Aguayo Quezada fue condenado en segunda instancia por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 10 de octubre de 2019, luego que por unanimidad de votos los magistrados Francisco José Huber Olea Contró, Delia Rosey Puebla y Miguel Ángel Mesa Carrillo, decidieron dejar sin efectos la sentencia absolutoria de primera instancia y dictar una nueva en la que condenaron al periodista por considerar que su columna de opinión de fecha 20 de enero de 2016, lesionó el patrimonio moral del exgobernador Humberto Moreira Valdés, ya que a juicio de los magistrados existió un abuso de la libertad de expresión, condenando al periodista al pago de diez millones de pesos por concepto de “daños punitivos”.

Como organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, nos preocupa que las autoridades judiciales encargadas de resolver este tipo de controversias derecho al honor vs. libertad de expresión, estén generando sentencias en contra de la progresividad del derecho humano a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

En el caso concreto, los juzgadores de segunda instancia hicieron una valoración inadecuada del contenido de la columna referida, al no analizar el contenido de la nota en su conjunto, y optar por descontextualizar la columna de opinión y valorar solo algunas expresiones específicas, que en su consideración caen en el abuso a la libertad de expresión, y desestimando el hecho de que la columna contenía información es de interés público y que la crítica recayó en una persona con proyección pública.  

En segundo término, los magistrados en comento para llegar a su sentencia, aplicaron los dos regímenes normativos que existen para regular la responsabilidad civil en la Ciudad de México, es decir, tanto el Código Civil para el Distrito Federal (artículo 1916), como la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, desatendiendo criterio de “Selección de la norma de derecho fundamental aplicable”, desarrollado por la Primera Sala de la SCJN, que establece que tratándose de  responsabilidad civil por daño moral como consecuencia de un supuesto abuso de la libertad de expresión e información, el marco normativo aplicable es la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen, violentando también con ello el artículo 1 constitucional y el principio Pro persona.

Es necesario destacar que el Código Civil para el Distrito Federal, no establece un tope pecuniario para la indemnización, incluso permite la condena por “daños punitivos”. Derivada de esta aplicación simultánea de marcos normativos, los magistrados violentamente condenaron al pago de 10 millones de pesos por concepto de “daños punitivos”. Al respecto la teoría de daños punitivos es empleada para imponer un “castigo ejemplar o vengativo” al supuesto infractor de la ley, a efecto de que no exista repetición de la conducta, esto se traduce en una sentencia violatoria de la libertad de expresión, que genera efectos inhibidores e intimidantes, autocensura y transgrede los principios democráticos.

Resulta preocupante que cada vez se hace un mayor uso indebido de la figura de daño moral por funcionarios públicos y personas con proyección pública. En la actualidad, los casos donde servidores públicos y/o actores políticos emplean los mecanismos legales instituidos para proteger los derechos humanos, como herramientas de agresión a periodistas, van en aumento. Solo por citar algunos ejemplos de lo anterior, existe el caso de Roxana Romero, reportera del periódico Vanguardia, quien también fue demandada por daño moral por Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, tras la publicación de una nota en febrero de 2016 donde se aborda la autorización de pensión, tras haber laborado en el sector educativo de Coahuila. El caso del medio El Mañana de Nuevo Laredo, demandado por $60,000,000.00; el Periódico A.M. de Guanajuato, demandado por $300,000,000.00; el caso del periodista Humberto Padgett León, demandado por $10,000,000.00, todos demandados por funcionarios o ex funcionarios públicos y por la acción de daño moral.

Si bien, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, el mismo debe ser valorado como un derecho fundamental en la estructura democrática, pues es uno de sus principales asientos, de tal suerte que, la afectación al mismo, se traduce en una afectación directa a toda la sociedad, y los límites que se establezcan deben ser legítimos para su ejercicio, los cuales siempre deberán interpretarse conforme a estándares internacionales con el objetivo de evitar restricciones desproporcionadas que contravengan los derechos humanos.

En uno de los países más peligrosos para la prensa a nivel mundial, resulta severamente alarmante que los jueces responsables de garantizar el Estado de Derecho en la democracia mexicana, emitan sentencias desproporcionadas que agreden directamente la libertad de expresión en México.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el acoso judicial del que es víctima el periodista Sergio Aguayo Quezada, materializado en una sentencia ilegal, la misma resulta un retroceso para la libertad de expresión y un precedente riesgoso para la libertad de prensa en México. 

Por tales motivo,s solicitamos de la manera más atenta al Sra. Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Juicio de Amparo Directo (30/2020), presentado por Sergio Aguayo Quezada, sea resuelto de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos en materia de libertad de expresión desarrollados tanto por esta Corte, así como, por el Sistema Interamericano.

De igual manera, hacemos nuevamente un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que de acuerdo a su mandato se pronuncie en este caso y haga un llamado al Poder Judicial para que en este tipo de controversias sus jueces se conduzcan conforme a derecho y garantice la libertad de expresión en México.

 

 

 

RSF pide a las autoridades que no permitan que el asesinato del periodista Jacinto Romero Flores quede impune

 

Escrito por Reporteros Sin Fronteras

La mañana del jueves 19 de agosto, el periodista mexicano Jacinto Romero Flores, quien trabajaba para la estación de radio Ori Estéreo 99.3 FM con sede en Orizaba, fue asesinado a tiros. El locutor de 61 años conducía su automóvil en el barrio Potrerillo de Ixtaczoquitlán (Estado de Veracruz) en el este de México cuando fue acribillado.

Desde 2015, el periodista mexicano transmitía en Facebook el programa“Un Café con El Enano con  Jacinto Romero Flores” en el que abordaba temas relacionados con la política, la inseguridad y las condiciones sociales en los municipios de la región Altas Montañas de Veracruz.

El sitio de noticias en línea AvcNoticias informa que Jacinto Romero Flores recibió varios mensajes amenazadores el pasado mes de febrero. Uno de ellos lo instó a “dejar de escribir mierda” luego de que el periodista denunciara presuntos abusos de autoridad cometidos por policías y familiares de funcionarios locales en una fiesta en la ciudad de Texhuacan.

Luego de las amenazas, el reportero solicitó protección a la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz (CEAPP). Un funcionario de la CEAPP confirmó a RSF que estaba bajo protección preventiva y que su caso estaba activo. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que se estaban realizando operaciones de búsqueda para encontrar a los asesinos.

El asesinato de Jacinto Romero Flores vuelve a ensombrecer el panorama de la libertad de prensa en México, a menos de un mes del asesinato de otro periodista,” deplora el director de la oficina latinoamericana de RSF, Emmanuel Colombié. “Jacinto Romero Flores, consciente de que corría peligro, ya había pedido protección oficial. RSF hace un llamado a las autoridades para que realicen una investigación completa, rigurosa e independiente para no dejar impune este crimen .

 Desde principios de 2021, al menos otros cuatro periodistas han sido asesinados en México: Benjamín Morales Hernández, el 2 de mayo (Estado de Sonora), Gustavo Sánchez Cabrera, el 17 de junio (Estado de Oaxaca) y Ricardo López Domínguez, el 22 de julio (Estado de Sonora), y Saúl Tijerina, el 22 de junio (Estado de Coahuila).

 México ocupa el lugar 143 de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2021 establecida por RSF.