Aumenta el rechazo contra reforma legal que desprotege a periodistas de Colima

 

COLIMA, Col.- Un grupo de 28 periodistas solicitó al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, suspender la publicación y aplicación de la reforma a la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, por considerar que violenta los artículos 6º y 7º de la Constitución General de la República en materia de libertad de expresión y de prensa.

Firmado, entre otros, por Juan Carlos Flores, Jesús Fernando Sandoval Esparza, Karla Gómez, Heidi de León Gutiérrez, Yanalum Cerda, Adalberto Carvajal, Mario Solís Espinoza, Pedro Zamora Briseño, Elena del Toro, Monserrat Cárdenas y Luis Alberto Rosales de la Mora, el documento señala que al no haber sido consultada y discutida con el gremio periodístico, la reforma aprobada con el voto de sólo 12 de los 25 diputados el pasado 11 de junio es en realidad una imposición autoritaria.

Recordaron que la Comisión para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (Copip) presentó en 2017 una propuesta para reconocer su estatus jurídico y otorgarle la autonomía necesaria para ejercer un presupuesto y decisiones sobre su competencia. La figura que se planteó fue la de organismo autónomo, tal como funciona en el estado de Veracruz, donde está la única comisión estatal en el país. Esa propuesta, sin embargo, fue ignorada por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales que preside la diputada local Remedios Olivera.

En su lugar, se propuso una figura alternativa, la de organismo descentralizado, dependiente de la Secretaría General de Gobierno. Esa propuesta, según dio a conocer la legisladora Remedios Olivera en sesión, fue consultada con periodistas. Sin embargo, desconocemos quienes fueron a esas reuniones y a quiénes consultó. La directiva de la COPIP jamás informó de los avances al gremio y tampoco hicieron extensiva la nueva propuesta para su discusión y análisis.

Añadieron: “Al carecer de discusión entre el gremio, sostenemos que la reforma en realidad se trata de una imposición autoritaria: se crea una junta de gobierno, con varias dependencias gubernamentales (entre ellas varias que han sido señaladas de violentar derechos de periodistas), que será la máxima autoridad en políticas y decisiones de la COPIP (como establece la reforma literalmente), por lo que tendrá graves consecuencias para la protección del ejercicio periodístico”.

Tras considerar que la reforma violenta los artículos constitucionales sexto y séptimo que establecen la libertad de expresión y de prensa, ya que no atenderá la defensa de los periodistas, demandaron al gobernador Ignacio Peralta Sánchez, al Congreso del Estado y a las demás autoridades competentes que suspendan la publicación y aplicación de esta reforma y que garanticen su análisis y discusión por los directamente involucrados que son los periodistas de Colima y que se recaben opiniones académicas, de expertos y se valore una nueva reforma que garantice la autonomía y la imparcialidad que se requiere para que la COPIP pueda funcionar con las directrices que marca la Constitución y la ley respectiva.

QUEJA ANTE LA CDHEC

Antes, el 21 de junio, organizaciones gremiales y periodistas en lo individual habían solicitado la intervención de la CDHEC para detener la publicación de la reforma legal o, en su caso, interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Congreso del Estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El documento fue entregado por el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (Fapermex), Juan Ramón Negrete Jiménez, quien destacó que las reformas realizadas a esa ley “los periodistas de Colima nos sentimos vulnerados en nuestras garantías individuales y lesionados por estas reformas”.

Añadió que con la reforma relacionada con la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (Copip), no sólo le impiden a ese organismo ser una comisión autónoma, sino que “para mantener un control férreo sobre los periodistas del estado, nos atan creando como comisión burocrática dependiente de la Secretaría General de Gobierno”.

Además de la Fapermex, suscribieron la petición el Club de Reporteros de Colima A.C. y el Club Primera Plana Capítulo Colima, entre otros, quienes se pronunciaron contra las reformas a los artículos 2, 3, 5 y 27 y la adición del Capítulo IX, integrado por los artículos del  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Y 46 de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima.

Así también, señaló que esta reforma a la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, se aprobó de manera ilegal, ya que solamente recibió 12 de los 25 votos, cuando el Artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, destaca que “las iniciativas de ley o decreto se considerarán aprobadas con el voto de la mayoría de los miembros del Congreso…”

Puntualizó Negrete Jiménez: “Consideramos que esta reforma realizada por doce de los 25 legisladores de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Estado de Colima a la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de Colima, atenta en contra de las libertades primarias de expresión y prensa”.

 

 

 

 

Congreso aprueba que la COPIP sea organismo público descentralizado

 

Con la finalidad de dotar de personalidad jurídica a la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (COPIP) y garantizar el cumplimiento de la Ley en esa materia, dicha comisión se elevará como un organismo público descentralizado, la cual tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; por lo tanto, deberá asignársele un presupuesto para el ejercicio fiscal del siguiente año.

El dictamen fue aprobado por las y los integrantes del Congreso del Estado, luego del estudio y análisis de dos iniciativas de reforma a la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, presentadas por el diputado Vladimir Parra Barragán y la diputada Ma. Remedios Olivera Orozco.

En la lectura, esta última legisladora, expuso que, con tales facultades, la COPIP velará por la protección del ejercicio periodístico y del derecho humano a la libertad de expresión, en apego estricto a los Derechos Fundamentales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los instrumentos Internacionales ratificados por nuestro país.

La también presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales detalló que la COPIP, será ahora un organismo público autónomo sectorizado de la Secretaría General de Gobierno del estado y podrá celebrar convenios de colaboración y coordinación con las dependencias, instituciones u organizaciones federales, estatales o municipales, así como con las empresas periodísticas o propietarios de los medios de comunicación que operan en la entidad.

Indicó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como la Coordinación General de Comunicación Social del estado, juntamente con la COPIP, podrán celebrar con los patrones, empleadores que son propietarios o administradores de las empresas periodísticas o de medios de comunicación que operan en la entidad, los convenios que sean necesarios para la capacitación para el trabajo a través de cursos, seminarios y talleres, en las diferentes instancias educativas públicas y privadas.

En la exposición de motivos, hizo notar que, en el primer semestre del 2018, la Asociación ARTÍCULO 19 documentó 388 agresiones en contra de la prensa, de las cuales, 243 fueron en contra de hombres; 127 en contra de mujeres y 18 perpetradas en contra de medios.

Agregó que la suma ya supera a más de 140 los periodistas asesinados y desaparecidos en México del año 2000 al presente, “en la República Mexicana se agrede a un periodista cada 15.7 horas. Durante el primer semestre de 2017 (enero–junio) se registraron 1.5 agresiones diarias y se documentaron un total de 276, incluyendo 6 periodistas asesinados y 1 más desaparecido, lo que representa un incremento del 23% respecto a las registradas durante el primer semestre del 2016 (218). 

Sostuvo, de acuerdo con los datos de ARTÍCULO 19, en junio del 2018, México fue el país más peligroso para la profesión en América, y el segundo en el mundo después de Siria que se encuentra en zona de guerra”.

Indicó que Colima no escapa de esa situación de violencia, pues en 2018, ante la COPIP, se presentaron 9 quejas de agresiones a periodistas, no obstante, dijo que tal organismo se creó no por una Ley, sino por un Reglamento, y depende directamente del Poder Ejecutivo, lo que no le da independencia ni autonomía para poder generar las recomendaciones necesarias a las autoridades y garantizar así la seguridad del gremio de periodistas. 

La diputada por Movimiento Ciudadano agregó que la COPIP carece de presupuesto y de las facultades necesarias para lograr los fines que se plantearon con su creación.

Consideró que es necesario generar las condiciones que permitan el respeto de los derechos humanos de los periodistas en el ejercicio de sus actividades y fortalecer a la COPIP “para tener una vía especializada que garantice avances en la resolución de este grave problema en contra de los periodistas”.

Precisó que la junta de gobierno para esta Comisión será el máximo órgano de decisión para el establecimiento de políticas, y estará integrada por un presidente, que será la persona titular de la Secretaría General de Gobierno, los o las titulares de la Secretaría de Planeación y Finanzas; de la Secretaría de Seguridad Pública; de la Presidencia de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico; una representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; una representación del Poder Legislativo local y una representación del Poder Judicial del Estado.

La diputada Remedios Olivera, señaló que la COPIP deberá integrarse por una presidencia, que será ocupada necesariamente por un representante de los medios de comunicación; una Secretaría Ejecutiva; cuatro representantes de los medios de comunicación representados, uno por cada uno, de los siguientes gremios: reporteros o reporteras; articulistas; escritores y/o escritoras y editores y/o editoras; dos representantes ciudadanos, uno por cada uno de los siguientes sectores: organizaciones civiles relacionadas con el tema y el sector académico.

Mencionó que todos los cargos de la Comisión General serán honoríficos, con excepción de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva.

Se detalló que este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima y la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Planeación deberán contemplar en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022, la partida correspondiente a la Comisión General, para brindarle el techo financiero necesario para su correcto funcionamiento.

 

 

 

Sentencia condenatoria contra segundo asesino material del periodista Javier Valdez

 

Comunicado de Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras

Días antes de ser asesinado a consecuencia de su periodismo de investigación el 15 de mayo de 2017, Javier Valdez afirmó, “A Miroslava la mataron por lengua larga: que nos maten a todos, si esa es la condena por reportear este infierno. No al silencio”. Hoy 8 de junio de 2021, el Juez Federal José Noé Egure Yáñez ha dictado fallo condenatorio en contra de Juan Francisco Picos Barrueta, alias El Quillo, por su participación material en el homicidio.

Tras un mes de juicio oral se desahogaron 58 pruebas, entre testigos, peritos, pruebas documentales y materiales, ofrecidas tanto por la FEADLE como por la asesoría jurídica a cargo de la organización Propuesta Cívica, se demostró la plena participación y culpabilidad de Picos Barrueta, además, ambas partes fuimos insistentes en solicitar al juez juzgará este caso con perspectiva de libertad de expresión.

A más de cuatro años del asesinato del periodista Javier Valdez, escritor y fundador del semanario Ríodoce, se logró establecer con pruebas fehacientes cómo operó la planeación y ejecución del crimen, llegar a este punto en la investigación ha requerido de un amplio esfuerzo humano y económico, y un trabajo constante a cargo de Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras, organizaciones representantes de las víctimas, así como, de las autoridades investigadoras a nivel local y federal, y de los tribunales de justicia.

En juicio oral se dio cuenta del importante trabajo periodístico de Javier Valdez, se destacó el reportaje publicado en la Edición 745 del semanario Riodoce de fecha 7 de mayo de 2017, titulado “La fiesta de los menores”, que mostró en su portada una fotografía de la detención de Dámaso López Núñez alias “el licenciado”, y dentro del cual conocimos de la liberación del tío de los Menores. En dicho número, Valdez publicó y firmó la nota titulada “Dámaso y la escuela del gran dador” mediante la cual realiza una comparación crítica entre Dámaso López Núñez y Dámaso López Serrano, alias el “mini lic,”, a quien en pocas palabras señala como una persona sin capacidades para llenar el puesto de su padre como líder de la gente del Dorado. “En un hecho sin precedentes en la cobertura del narcotráfico en México, Javier utilizó adjetivos peyorativos y directos hacia el mini Lic., lo llamó ´gatillero de utilería´, señaló que pedía corridos por encargo y que vivía a la sombra de su padre.”

En su fallo judicial, el juez estableció que Valdez fue víctima de homicidio como consecuencia de sus investigaciones periodísticas; también, se logró identificar al probable autor intelectual del crimen, se trata de un líder del narcotráfico, un eslabón importante en la pirámide criminal pendiente en esta investigación.

Este fallo condenatorio representa un precedente importante en el combate a la impunidad de crímenes contra periodistas en México, el país más violento para la prensa y constituye un referente para los cientos de casos de periodistas asesinados que aún siguen en impunidad. La resolución judicial ha sido emblemática, ha puesto a prueba el funcionamiento del Sistema de justicia penal acusatorio tratándose de delitos contra periodistas, evidenció los retos pendientes para las fiscalías tanto local como federal, la imperiosidad de mejorar sus planes y técnicas de investigación, así también, demostró que cuando hay voluntad política la autoridad investiga, y que cuando hay participación de las víctimas, de la sociedad civil organizada (nacional e internacional) y del gremio periodístico, la autoridad investiga de manera más eficaz.

Es importante destacar la valentía y la perseverancia con que la familia de Javier Valdez ha luchado en esta búsqueda de verdad y justicia, agradecemos ampliamente su confianza depositada en nuestras organizaciones, pues a pesar de las diversas batallas legales y los múltiples riesgos que implica enfrentar un proceso legal de esta magnitud han permanecido en su exigencia de justicia.

El caso aún no está cerrado, falta que la autoridad continúe con las líneas de investigación respecto al autor intelectual, la ejecución de la orden de aprehensión librada desde enero de 2020, se agilicen los esfuerzos del Gobierno mexicano para lograr su extradición y que exista una reparación integral del daño a las víctimas.

Los asesinos de Javier Valdez – Heriberto Picos Barraza, “el koala” (sentenciado en 2020), Juan Francisco Picos Barrueta, alias “el quillo y Luis Idelfonso Sánchez Romero alias “el diablo” (asesinado en 2017), – callaron una de las voces más críticas del Gobierno y su permisividad, y del narcotráfico que opera en Sinaloa, Valdez hizo lo que pocos periodistas hacen: enfrentar de cara a los criminales de este país, puso nombre y rostro al narcotráfico que opera en México.

Desde Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras somos conscientes que la exigencia por verdad y justicia para Javier Valdez continuará hasta que los responsables de este reprochable crimen sean enjuiciados.

Por tanto, las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades:

Al Tribunal de enjuiciamiento:

- Dicte una sentencia ejemplar y establezca la máxima pena de prisión a Juan Francisco Picos Barrueta, y una reparación integral para las víctimas.

A la Fiscalía General de la República:

- Realice las acciones de inteligencia necesarias para ejecutar la orden de aprehensión librada contra el presunto autor intelectual del homicidio.

- Realicé las gestiones de colaboración internacional necesarias para la extradición del presunto autor intelectual del crimen.

Al Mecanismo Federal de Protección:

- Siga brindando planes de protección integrales a la familia víctima pues el riesgo de sufrir una agresión sigue vigente.

A la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas:

- Cumpla con su función de atención integral a las víctimas indirectas del delito y se atienda su derecho a la reparación de atención integral.

 

 

 

 

Organismo internacional pide a FGE protección para la periodista Marina Rodríguez

 

COLIMA, Col.- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), hizo un urgente llamado a la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) a ofrecer las medidas de protección suficientes para garantizar la seguridad de la periodista Marina Rodríguez, quien denunció haber sido amenazada por su trabajo periodístico.

A través de un mensaje emitido a través de su cuenta en Twitter la noche de este miércoles, el organismo internacional señaló que está enterado de las amenazas sufridas por la comunicadora y demandó que la FGE dé un seguimiento puntual del caso.

Éste es el pronunciamiento:

 

 

 

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Marina Rodríguez. Fotografía: De política y algo más

 

COLIMA, Col.- La periodista Marina Rodríguez, del portal De política y algo más, denunció haber recibido amenazas de muerte con motivo de su trabajo periodístico, y a pesar de que hace una semana presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), esta corporación no ha implementado medidas de protección a favor de la afectada.

En su muro personal de Facebook, la reportera narró la situación y dirigió un mensaje a la fiscalía: “Una vez más les solicito protejan mi integridad física”.

Éste es el texto completo de marina Rodríguez:

Debido a mi trabajo periodístico, el pasado 19 de mayo recibí amenazas de muerte, hoy vengo a hacerlo público a través de esta red social por el temor fundado a que dichas amenazas se consoliden.

Temo por mi vida, por los daños que puedan ocasionar incluso en contra de mi familia, pues desde ese momento no ha parado el hostigamiento hacia mi persona, el cual se ha encargado de arrebatarme la tranquilidad.

Agradezco el acompañamiento que la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico me ha brindado, así como también a la agencia de noticias en la que trabajo, quienes no han parado de buscar alternativas para que pueda sentirme segura ejerciendo mi labor.

A la Fiscalía del estado le reconozco la rapidez con que se me atendió al momento de interponer la denuncia correspondiente, sin embargo le reclamo los protocolos de protección que me establecieron, mismos que se limitan a rondines policiales en mi oficina de trabajo a la que sólo acudo una vez por semana. Una vez más les solicito protejan mi integridad física.

Quien me conoce sabe que soy periodista de calle, que me apasiona mi trabajo, y que no pararé de hacerlo. Sin embargo, la situación por la que atravieso me hace sentir insegura y vulnerable ante una situación que a diario me amenaza.

Que quede bien claro, no se calla la verdad matando periodistas.