Ataque físico y amenaza a periodista por parte de las Fuerzas Civiles de Nuevo León

                                                                                                  Foto: Artículo19

 

El 18 de agosto, José Francisco León Álvarez, reportero de NMAS, fue víctima de ataque físico y amenaza por un integrante de Fuerza Civil de Nuevo León, en la capital, Monterrey. El incidente ocurrió cuando el periodista acudió al lugar de un desalojo reportado.  A las  13:40 al llegar al sitio, no había acordonamiento, a pesar de que ya había presencia de elementos de Fuerza Civil. Mientras buscaba vecinos para obtener información sobre el desalojo, un elemento de Fuerza Civil lo acusó de cruzar un supuesto acordonamiento inexistente.

Posteriormente, otro integrante de Fuerza Civil se aproximó a Francisco con agresividad, lo sujetó con fuerza y lo arrojó contra una patrulla. Sin previo aviso ni justificación, amenazó con detenerlo, sin motivo. Cuando le dijo que estaba siendo grabado, éste desistió de arrestarlo y de colocarle esposas. Cinco minutos después, llegó otra patrulla, portando la cinta para acordonar, lo que dejó en evidencia la falta de acordonamiento previo. Esto señala claramente la ineficiencia de los elementos de Fuerza Civil, lo cual tiene un impacto negativo en la seguridad y en la libertad de expresión de Francisco.

La agresión y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía estatal, Fuerza Civil, no solo pone en peligro la integridad física de Francisco, sino también crea un ambiente de intimidación y temor que puede afectar su capacidad para ejercer su labor de informar de manera libre. La amenaza de detención sin justificación ni explicación muestra una clara violación del derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información, ya que limita la labor periodístico por temor a este tipo de represalias.

Además, la falta de profesionalismo y eficacia por parte de las autoridades policiales al no tener un acordonamiento previo evidencia una deficiencia en el manejo de situaciones y un riesgo para la seguridad de las y los periodistas que están en el lugar para reportar los hechos. Esta ineficiencia puede generar un ambiente caótico en el que las personas periodistas se vean expuestas a situaciones peligrosas, lo que puede disuadirlas de cubrir eventos en los que su presencia es crucial para informar a la sociedad. Asimismo, estos acontecimientos debilitan la confianza en las instituciones de seguridad y pueden llevar a un aumento de la autocensura por parte de las personas periodistas que temen represalias similares en el futuro.

Es relevante recordar el caso Palamara Iribarne vs Chile (2005), en el cual la Corte IDH subrayó la indivisibilidad entre la expresión y la difusión del pensamiento. En este contexto, para garantizar de manera efectiva los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, resulta imperativo que el Estado no imponga restricciones indebidas al derecho de difundir ideas y opiniones. Por lo que, si el derecho a la libertad de expresión del periodista se ve socavada, se está poniendo en riesgo uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática.

Por lo anterior, ARTICLE 19 y la Red de Periodistas del Noreste exigen: 

  • Al Gobierno de Nuevo León garantizar y promover la labor periodística, pilar fundamental de la democracia. Además de implementar políticas y protocolos que generen un ambiente seguro y libre de intimidación para las y los periodistas, así como una capacitación rigurosa para las fuerzas de seguridad con el objetivo de evitar abusos y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
  • Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conforme a sus atribuciones,  otorgar las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar la integridad de Francisco. 
  • A la Fiscalía General realizar una investigación completa, imparcial y transparente con el fin de sancionar el uso excesivo de la fuerza y la agresión perpetrada por el elemento de Fuerza Civil en contra del periodista. 
  • A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León a dar continuidad a la queja interpuesta  por el periodista, y en su caso, a emitir una recomendación sólida que subraye las vulneraciones a los derechos humanos que sufrió el periodista. Requerimos que se establezcan medidas concretas para prevenir situaciones similares en el futuro y para resguardar la integridad de quienes ejercen el periodismo en el estado.

 

 

Ordenan a fiscalía de Morelos entregar carpeta de investigación sobre caso de Samir Flores

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                                                                                      Foto: Desinformémonos

 

Un juez federal ordenó a la fiscalía de Morelos entregar la carpeta de investigación sobre el asesinato del defensor y comunicador nahua Samir Flores, para que sea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) quien se encargue del caso pues “existen elementos suficientes para establecer que lo que originó el homicidio pudo derivar de su labor como locutor en la Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 Fm”.

La resolución del juez se dio a conocer tras la audiencia de competencia por inhibitoria que la FEADLE solicitó luego de que desde junio la fiscalía de Morelos se negara a entregar la carpeta de investigación para que la dependencia atrajera el caso. El juez federal giró una solicitud inhibitoria al juez de control de Cuautla y dictó 24 horas para remitir el expediente a la autoridad federal.

Samir Flores Soberanes fue asesinado el 20 de febrero de 2019 afuera de su domicilio en Amilcingo, por ser una de las caras más visibles en la lucha del pueblo nahua contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), y especialmente contra la termoeléctrica de Huexca. Como parte de sus acciones de lucha, Flores conducía la estación de la Radio Comunitaria Amiltzinko 100.7 Fm, en la que informaba a las comunidades sobre las violaciones a sus derechos por parte del megaproyecto.

“La propia FEADLE señaló en audiencia que uno de los testigos principales, quien estuvo presente cuando se planeó el homicidio de Samir, aseguró que ahí se dijo que lo matarían porque era un locutor de radio que ya había que callar”, explicó el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos Puebla Tlaxcala, Juan Carlos Flores.

A principios de agosto, el FPDTA lanzó una petición en la plataforma change.org dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que la FEADLE investigara el asesinato Flores, pues a pesar de que la dependencia de la Fiscalía General de la República ya había determinado su facultad para atraer el caso, la fiscalía de Morelos se negaba a entregar la carpeta de investigación.

 

 

Nicaragua: La condena de 8 años contra el periodista Víctor Ticay se suma a la lista de violaciones a los derechos humanos

                                                                                        Foto: Aerículo19

 

Las autoridades de Nicaragua  mantienen una política de criminalización en contra del periodismo independiente en Nicaragua. La detención, encarcelamiento, acusaciones y  condena contra el periodista Víctor Ticay son la más reciente muestra de la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua.

El 1 de junio de 2023, organizaciones defensoras de la libertad de expresión condenamos el arresto en contra del periodista nicaragüense Víctor Ticay, en represalia por informar en una de sus redes sociales sobre una celebración católica, el 5 de abril de 2023. El régimen de Daniel Ortega prohibió la expresión religiosa en los espacios públicos y, como se observa en el caso del periodista, la cobertura de este tipo de eventos fue la justificación para la judicialización de  personas periodistas independientes.

El 19 de mayo de 2023, la Fiscalía Nacional de Nicaragua acusó a Víctor Ticay de los supuestos delitos de traición a la patria y ciberdelito. De acuerdo con información pública, durante más de cuarenta días en detención, estuvo incomunicado y en un limbo jurídico. Ticay es colaborador del Canal 10 y director de la página de «La Portada» en donde ha documentado violaciones de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua.

Pese a la condena pública de organismos y organizaciones internacionales sobre su detención así como una campaña promoviendo su liberación por parte de sus colegas periodistas, el 16 de agosto se dio a conocer que el periodista fue condenado a 8 años de cárcel, 5 años por el supuesto delito de traición a la patria y 3 años más por ciberdelitos.

Alertamos que Víctor Ticay puede encontrarse en riesgo de perder su nacionalidad debido a las reformas constitucionales en el marco del destierro de 222 ciudadanos y como parte de una estrategia de las autoridades de forzar al exilio a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, entre otros.

Además de Ticaydos personas periodistas fueron judicializadas los últimos meses por la supuesta propagación de noticias falsas. El 3 de mayo fueron detenidos la directora de Doce Noticias, y corresponsal de Canal 10, Hazel Zamora, y William Aragón (ex corresponsal de La Prensa) a quienes se les dictó libertad condicional. Además, a inicios de julio, a Aragón le fue negada la atención médica en el Centro de Salud y en el hospital Juan Antonio Brenes Palacios de Somoto pese al cuadro de salud que presentaba.

Las condiciones actuales han forzado a los y las periodistas y medios del país a tomar la drástica medida de salir al exilio, a consecuencia de la persecución del gobierno, como una forma de salvaguardar su integridad física, laboral y emocional. El 3 de agosto pasado se reportó el desplazamiento forzado de al menos 8 periodistas más, entre estos figura el caso del periodista de Radio Corporación y Fuentes Confiables, Marcos Medina, que junto con su familia se le prohibió el ingreso a Nicaragua el 24 de julio, luego de un viaje a Estados Unidos.

El 31 de marzo de 2023, un informe del Grupo de Expertos de la ONU detalló la gravedad del ataque a los derechos humanos en Nicaragua como  «producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y de la destrucción del espacio cívico». El mismo Grupo de Expertos expuso la importancia de que la comunidad internacional continúe monitoreando la situación del país. Además, el pasado 18 de abril en el marco del aniversario de la represión en contra de opositores al gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el restablecimiento de la democracia de la mano de un proceso que garantice el acceso a la justicia.  Para sentar las bases de la democracia la garantía del ejercicio de la libertad de expresión es fundamental.

Las organizaciones abajo firmantes exigimos la liberación inmediata del periodista Víctor Ticay y la suspensión de las recientes reformas constitucionales vinculadas al delito de “traición a la patria”, por ser un vehículo que busca facilitar la violación de los Derechos Humanos a personas críticas, opositoras  o percibidas como tales. Asimismo, reiteramos nuestra exigencia a las autoridades nicaragüenses para que ponga fin a la ola de represión en contra de las voces críticas en Nicaragua.

Solicitamos a la comunidad internacional que mantenga el seguimiento, monitoreo y apoyo a las víctimas del régimen autoritario en Nicaragua.

Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua. Continuamos trabajando en el monitoreo, documentación y denuncia de los ataques a la libertad de expresión, y la incidencia ante el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos, con el propósito de garantizar justicia, reparación y no repetición para las víctimas.

 

 

Monitoreo electoral 2023: Red Rompe el Miedo Guatemala

                                                                                                                           Foto: Artículo19

 

Ante el clima hostil que enfrenta la prensa en Guatemala por la tensión que han generado los intentos para obstruir el proceso electoral por parte de diferentes instituciones del país, las organizaciones que conforman la Red Rompe el Miedo Guatemala (RRMG), en coincidencia con organismos internacionales, reactivará el monitoreo para observar las condiciones de las personas periodistas y comunicadoras durante la jornada electoral de la segunda vuelta, el cual realizaremos del 19 al 21 de agosto.

En el informe de monitoreo de la primera vuelta realizado por la RRMG, se evidenciaron 27 incidentes, que afectaron a 38 periodistas y comunicadores. De estos incidentes, 14 ocurrieron previo al cierre de las urnas y el resto (13), a partir del cierre de las urnas. De las personas identificadas, 20 fueron hombres y 15, mujeres. La agresión más recurrente fue la obstaculización del trabajo periodístico (19 incidentes). Además,  preocupan los reportes de casos de intimidación y que dos de estos incidentes registrados fueran con arma de fuego.

La situación en general ha alertado a organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas con representación en Guatemala, como lo muestra en su informe 2022, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien por segundo año consecutivo ha colocado a Guatemala en su capítulo IV. inciso B, además de sus diferentes pronunciamientos por la detención del fundador y presidente de elPeriódico así como los llamados a detener el uso indebido del derecho penal en contra de periodistas y comunicadores en razón de su labor.

El contexto por el que atraviesa Guatemala ha conducido a la visita del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, para verificar el estado del proceso electoral en Guatemala, luego de la presentación de hallazgos por la Misión de Observación Electoral de la misma Organización ante sus miembros el 27 de junio.

Recordamos que cualquier ejercicio electoral democrático necesita desarrollarse con pleno respeto del derecho de informar y ser informado, sin represalias para y por la labor del gremio periodístico. Dar garantías a la libertad de expresión es fundamental para que se lleven a cabo elecciones libres en el país y perdure un ambiente propicio para el debate diverso, para un proceso electoral legítimo.

Desde una mirada preventiva y no sólo reactiva, la RRMG además de llevar a cabo el monitoreo durante los tres días mencionados, estará publicando información con medidas de autocuidado, así como notas sobre los derechos de los/as periodistas durante la cobertura de las elecciones.

Estaremos monitoreando en terreno y en línea, pendientes de los nodos de la RRMG y de las personas periodistas en general

 

 

Urgente que la SCJN permita sesionar al INAI con sus integrantes actuales para que cese la vulneración al derecho a saber de la sociedad

                                                                                                         Foto: Artículo19

 

El próximo miércoles 23 de agosto, se prevé que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice el recurso de reclamación 229/2023-CA interpuesto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por medio del cual solicita la suspensión del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece un quórum mínimo de cinco personas comisionadas para que su órgano de gobierno pueda sesionar y, por lo tanto, esté en posibilidades de ejecutar todas y cada una de sus facultades encomendadas, que son salvaguardar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

Lo anterior, como una medida provisional y urgente ante la omisión deliberada del Senado de la República de designar a tres de sus integrantes, dos con un rezago de 503 días y una vacante más pendiente desde hace 138 días, provocando afectaciones y daños irreparables en la garantía de los derechos humanos por la inoperancia inducida del INAI. Por ejemplo, la no resolución de los recursos de revisión presentados ante negativas de información de las autoridades, que al día de hoy suman 8028. Cada uno de estos recursos de revisión sin resolverse se traduce en un impedimento para garantizar el derecho a saber de estas personas y de la sociedad en su conjunto, y también entorpece el ejercicio de otros derechos humanos a los cuales no puede accederse por falta de información.

Por ello, la resolución de la Segunda Sala debe aplicar la medida provisional de forma urgente como una solución en tanto el Poder Legislativo realiza las tres designaciones pendientes. Dicha medida es pertinente para mantener el orden constitucional sobre el funcionamiento del INAI como órgano autónomo, así como para prevenir daños trascendentes e irreparables a la sociedad, lo cual se traduce en la permanente violación a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Sin embargo, esta decisión no exime la determinación que el Pleno de la SCJN debe hacer sobre los efectos de la omisión del Senado y tampoco que determine un plazo para su atención inmediata, teniendo en cuenta que el próximo 1° de septiembre inicia un nuevo periodo de sesiones ordinarias y la mayoría de ministras y ministros señalaron la urgencia de detener esta vulneración.

En este sentido, llamamos al otorgamiento de esta suspensión y a que el Pleno de la SCJN retome con sentido de urgencia la discusión pendiente sobre el fondo de la controversia constitucional presentada por el INAI, sobre todo en un contexto en el que la mayoría legislativa representada en el Senado ha señalado públicamente su resistencia a cumplir con sus obligaciones de designar, que acumulan otros 100 nombramientos pendientes. Está en manos de la SCJN el derecho a saber que tenemos todas las personas sobre lo qué hace el gobierno. ¡No más opacidad!