Foto: Artículo19

ARTICLE 19 y Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC expresamos nuestra profunda preocupación y condenamos el atentado perpetrado por un sujeto desconocido contra la periodista María Luisa Estrada del medio Grillotina Política. El pasado sábado 15 de julio en Guadalajara, Jalisco. Los actos de violencia y agresiones dirigidas a las profesionales de la comunicación son inaceptables y representan una grave amenaza a la libertad de prensa y al derecho a la información.

De acuerdo con la periodista, el atentado ocurrió alrededor de las 10:20 horas, cuando ella se encontraba viajando en su vehículo incorporándose a la Avenida Javier Mina en compañía de otra persona (por motivos de seguridad, no se revelará su nombre), cuando un individuo desconocido a bordo de una camioneta modelo mazda de color blanco se le cerró abruptamente y se escucharon dos disparos. A pesar del peligro inminente, la periodista intentó evadir el contacto. Sin embargo, metros más adelante, el mismo vehículo la alcanzó y, de manera amenazante, un sujeto desconocido le gritó que la mataría, efectuando tres disparos adicionales y emprendió su fuga. Afortunadamente, la periodista logró escapar y llegó al costado de la catedral que se localiza en la zona centro de Guadalajara. 

Ya en el centro, tres elementos de policía turística se acercaron a la periodista y la resguardaron. Posteriormente, Estrada solicitó el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, quien canaliza la atención inmediata al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se activó un operativo de seguridad por el Mecanismo. Al realizar acciones de asistencia a la periodista, un agente de la División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres en razón de Género de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, se le acercó y le expresó: si te hubieran querido matar, te habrían matado; esto fue solo un mensaje para que le bajes.

Después de eso, llegaron al lugar elementos antimotines que actuaban bajo la coordinación de un enlace del Mecanismo, con el propósito de llevar a la periodista a las instalaciones de la Fiscalía General de la República sede Guadalajara para presentar su denuncia. Sin embargo, se encontraron con una negativa inicial, para aceptar la denuncia, argumentaron que no era el ámbito de competencia de dicha Fiscalía y solicitaron que la periodista se retirara de las instalaciones. Incluso como acto intimidatorio comenzaron a tomar fotografías. Hasta que, el fiscal en turno, optó por tomar la declaración y ratificar la denuncia, pero lamentablemente no le dieron ninguna medida de protección y no se desde entonces no hay seguimiento de la denuncia . 

De acuerdo con la periodista, la FGR ha tergiversado la información sobre los hechos,  declarando que una de las líneas de investigación apunta a violencia intrafamiliar, sugiriendo que el atentado no estaría relacionado con su labor periodística. Asimismo, se evidencian deficiencias en el proceso, tales como la falta de acceso a la carpeta de investigación, la omisión de diligencias periciales necesarias,  como el resguardo del vehículo y la provisión oportuna de información, lo que sugiere una simulación del proceso. Esta situación plantea serias inquietudes sobre la imparcialidad de la investigación y la posibilidad de que se esté minimizando o desviando la verdadera naturaleza del ataque, lo que podría afectar la integridad y el ejercicio periodístico de la afectada.  

Por su parte, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos    Humanos y Periodistas, inicialmente ofreció una atención oportuna y le  propuso la medida de protección de reubicación, a la cual accedió. Pero, al momento de iniciar el proceso de incorporación, una segunda persona a cargo del seguimiento, le dijo que solo le proporcionarán un botón de asistencia y rondines bitacorados en su domicilio, efectuados por la Guardia Nacional. 

La periodista rechazó estas medidas debido a que ha investigado las deficiencias dentro del Mecanismo y está al tanto de las irregularidades y malas prácticas que afectan los derechos de las periodistas. Por esta razón se negó a la incorporación, dado que las medidas propuestas no proveen una seguridad efectiva e idóneas para resguardar su vida e integridad, situación que persiste hasta el momento. Es preocupante que la periodista esté en una situación vulnerable sin el apoyo necesario para salvaguardar su seguridad y  garantizar el ejercicio de su labor periodística.   

La situación revela condiciones alarmantes de vulnerabilidad y una falta de protección para la periodista afectada. La violencia perpetrada en dos ocasiones, sin duda, busca coartar su labor periodística y enviar un mensaje intimidatorio a quienes se dedican a     informar y comunicar situaciones de interés público. Cabe destacar que la periodista    realiza investigaciones sobre personas desaparecidas y fosas clandestinas en la entidad.

Es alarmante que a pesar de la gravedad del ataque, las autoridades no hayan brindado  una respuesta adecuada y eficiente a la periodista. Además, hay claros indicios de violaciones del derecho para acceder a la justicia y protección por parte de las instituciones responsables de garantizar la atención, frente a amenazas o ataques inminentes. En ese sentido, es imprescindible recordar que la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión regula en su preámbulo que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e  instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información; asimismo establece la necesidad de proteger efectivamente la libertad de expresión en las Américas. 

Es por ello que las organizaciones firmantes exigimos: 

• A la Fiscalía General de la República realizar una investigación exhaustiva y transparente sobre el atentado que sufrió la periodista y su acompañante, aplicando el protocolo homologado de delitos contra la libertad de expresión y proporcionar medidas extraordinarios de protección para salvaguardarlas.
• Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se brinde a la periodista y su acompañante una protección integral y efectiva acorde a la gravedad del riesgo que enfrentan. 
• Al Gobierno Federal:
  • Que garanticen el derecho a realizar la labor informativa de la periodista sin temor a represalias. 
  • Que brinde capacitación a las fuerzas de seguridad pública para sensibilizarlos sobre la importancia de proteger y respetar la labor de las y los periodistas, así como sobre los mecanismos adecuados para abordar situaciones de violencia de género y violencia contra periodistas.

                                                                                                         Foto: Desinformémonos

La crisis hídrica en Uruguay, que aumentó la salinidad en el servicio de red, es sólo una muestra de lo que puede suceder en otras ciudades. La mala gestión, la mercantilización, la falta de participación ciudadana y el extractivismo ponen en riesgo el acceso al bien común. En Argentina, más de nueve millones de personas no acceden al agua segura.

Muchas veces oculta entre otras problemáticas, o directamente tratada con indiferencia, el agua está presente todos los días de nuestra vida circulando por nuestro cuerpo, pero nos olvidamos de ello aún sabiendo que como seres vivos sólo podemos sobrevivir pocos días sin agua.

Algunas señales inocultables de la escalada sin fin de la problemática hídrica a escala mundial son:

• La reciente Conferencia sobre el agua 2023 de la Organización de Naciones Unidas para discutir “las cuestiones más acuciantes relacionadas con la crisis mundial del agua generada por nuestra mala gestión y su uso indebido” luego de 50 años de no hacerlo.
• El último informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) donde se señala que los impactos del cambio climático se dejan sentir con mayor intensidad en regiones vulnerables, donde es 15 veces más probable que una tormenta, sequía o inundación provoque la muerte de personas.
• El reciente estudio de la Universidad Nacional de Seúl donde se demuestra que la magnitud de la explotación y afectación del agua es tal que el eje de la tierra se desplazó diez metros en el último siglo. El origen de este fenómeno es el derretimiento acelerado de las capas de hielo polar y de los glaciares de montaña, así como cantidades colosales de agua bombeada del subsuelo (284 billones de litros al año en el año 2000, según estimados de los científicos), actividades que que cambiaron tanto la distribución de la masa del planeta que influyen en su giro.

Bien cerca de Argentina, la sequía y falta de agua que acontece en Uruguay nos interpela: ¿El advenimiento de una crisis hídrica es inevitable? ¿Cuál es la situación en nuestro país?

Argentina enfrenta una sequía desde el año pasado que afectó especialmente la Patagonia y el río Paraná. El 2022 fue uno de los años más secos de las últimas cuatro décadas y se caracterizó por temperaturas extremas e incendios forestales. Esta situación tuvo más relevancia pública por la pérdida de exportaciones de commodities que por las víctimas de las temperaturas extremas o los montes nativos quemados. Entre enero de 2022 y enero de 2023 los ingresos por exportación de cereales oleaginosas de Argentina disminuyeron en un 61 por ciento y, en ese sentido, vale la pena recordar que Argentina también exporta, entre otras cosas, agua: dentro de los barcos con cereales y leguminosas también se va parte del agua de riego que permite su explotación.

El agua de riego está bajo exigencia: sojización y expansión de la frontera agrícola sobre ecorregiones de monte nativo y agricultura campesina, extracción de agua subterránea y de alta montaña para minería, fracking en la Patagonia, monocultivos de árboles en el litoral.

No podemos dejar de mencionar la situación urbana. La mayoría de las ciudades del país carecen de una planificación adecuada para adaptarse a eventos climáticos extremos y muchos habitantes carecen de agua. Según el informe de coyuntura sobre el Acceso e igualdad al Agua y al Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas presentado en marzo de 2021, nueve millones de argentinos y argentinas (el 20 por ciento de la población) no acceden al agua —potable o segura—, en las zonas urbanas esto comprende a una de cada diez personas. En los barrios populares esas brechas se amplifican dramáticamente y en zonas rurales afecta al 37 por ciento de los habitantes.

Garantizar el derecho fundamental al agua para toda la población debe ser la prioridad. A la vez, es fundamental preservar las fuentes de este bien de las garras de quienes buscan su adueñamiento, sobreexplotación o privatización.

La disputa de paradigma de bienes comunes/buen vivir versus el paradigma corporativo/privatizador/mercantilizador también se refleja en el agua. No se trata sólo de un elemento, un recurso natural o un bien común, sujeto a una gestión que debe ser eficiente, sustentable y justa. Es un emergente cultural, ambiental y político que se disputa como un factor de poder económico. Y en esta pelea destacan las grandes corporaciones que intentan apropiarse de las fuentes e incluir el agua en el mercado. De ahí radica la peligrosidad de dejarla en sus manos, sea privatizando empresas públicas o permitiendo la explotación intensiva y descontrolada a los grandes consumidores.

En este sentido, se expande la preocupación y el rechazo por el convenio firmado por el país con la empresa israelí Mekorot, denunciada mundialmente por impedir el acceso al agua a la población palestina. Mekorot concretó a principios de este año acuerdos de cooperación con gobiernos provinciales. En San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Río Negro para la elaboración de planes maestros hídricos. En Formosa y Santa Cruz, consultorías. También tiene convenio con Santiago del Estero y Santa Fe para futuros planes maestros hídricos.

La democratización del bien enfrenta no sólo a los problemas de gestión, sino a los de desigualdad en la distribución, que muchas veces se resuelve por competencia y no por cooperación o solidaridad. Y esa competencia es asimétrica. En reiteradas oportunidades las comunidades locales se enfrentan a corporaciones trasnacionales que cooptan el poder político local, beneficiándose del uso irrestricto del bien natural para actividades industriales o extractivas.

Quizá para la mayoría de nuestra población, que reside cerca del magnífico Río de la Plata y sobre el Acuífero Guaraní, la percepción de abundancia resulta engañosa. Argentina es un país semiárido y tratar el agua como si abundara es de una falta de solidaridad enorme con nuestros y nuestras compatriotas de zonas áridas. En las culturas andinas se sabe bien esto, por ello los conflictos por el agua destacan, especialmente en oposición a proyectos mineros.

La pérdida de glaciares debida al calentamiento global y a las afectaciones mineras colabora con el estrés hídrico. Sin embargo Argentina y Chile comparten uno de los campos de hielo más grandes del mundo, resultando una reserva hídrica de relevancia. Sólo en nuestro país, según el Inventario Nacional de Glaciares, existen 16.968 cuerpos de hielo, (sin contar los menores a una hectáreas —que deben ser incluidos en el inventario).

En Argentina no sobra el agua. El recurso vital, como tantas otras cosas, se reparte mal. Además está sobreexplotada, contaminada y mal repartida. Sin embargo, existen experiencias colectivas, públicas y comunitarias de gestión de las aguas y luchas populares en su defensa. Éstas buscan garantizar el derecho a su acceso en calidad y cantidad, así como preservar las fuentes en sus ecosistemas.

En un mundo que se perfila muy seco, el agua tendrá en los próximos años un rol protagónico, que puede adquirir ribetes profundamente conflictivos. Pero también tiene la potencialidad de ser un factor que profundice la democracia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo bien entendido, la salud y la vida digna. Siempre que esté en manos de los pueblos.

*Coordinadora del Área Agua y Justicia Climática – Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva

                                                                                                    Foto: Arículo19

En un  video publicado por Ugalde, 1 el periodista comparte evidencia donde se identifica a al menos dos sujetos desconocidos quienes alrededor de las 20:00 horas del domingo, se acercaron a su domicilio y dispararon contra éste. Ugalde también muestra en el video uno de los impactos de bala en la puerta de su casa.

En entrevista con ARTICLE 19, Ugalde indicó que afortunadamente no se encontraba en su domicilio en ese momento, pero que ante los disparos, vecinos le notificaron y avisó tanto a autoridades locales como al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, del cuál él es beneficiario. Si bien, hubo una respuesta pronta de las autoridades, el periodista relata una falta de coordinación entre ellas para garantizar su protección: Llegaron primero los municipales, pero cuando llamé a Guardia Nacional para que también llegaran a mi casa ya que [el contacto de emergencia con la Guardia Nacional] es una de mis medidas del Mecanismo, los municipales no dejaban pasar a la Guardia Nacional al área, a pesar de que yo había solicitado su protección.

Este ataque contra su domicilio se suma a una serie de agresiones que han vivido Jorge Ugalde y otros integrantes de Descontento Ciudadano Quintanarroense con un presunto vínculo a su trabajo periodístico. Descontento Ciudadano principalmente se enfoca en la cobertura de la situación de seguridad en Quintana Roo, conocida como nota roja. En los días previos a la agresión el medio publicó sobre la ejecución de un menor de edad, accidentes viales y el hallazgo de cuerpos en la Laguna Nichupte. Para Ugalde, el ataque más reciente puede venir de cualquiera de estas coberturas: Hemos recibido amenazas de la delincuencia organizada que nos piden que bajemos notas, y también hemos sido críticos de policías municipales cuando no cumplen sus obligaciones.

Según los registros de ARTICLE 19, desde el 2019 a la fecha, Ugalde y su equipo han sido víctimas de al menos 16 ataques y agresiones tanto por presuntos integrantes de grupos de delincuencia organizada, sujetos desconocidos, así como por elementos policiales municipales y estatales. Ejemplos de esto son la detención arbitraria y abuso de la fuerza en diciembre de 2020, o la amenaza a mano armada por sujetos desconocidos en enero de 2021.

Según los registros de ARTICLE 19, Quintana Roo se mantiene como una entidad donde la prensa corre un riesgo alto de ser víctima de ataques. Tan sólo el año pasado la organización documentó 45 agresiones en la entidad federativa, colocándola en el tercer lugar entre los estados con más agresiones contra la prensa.

Respecto de la violencia contra la prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado que los actos de violencia contra periodistas y medios tienen un triple efecto:

• Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información;
• Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares;
• Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

Por lo tanto, es obligación de las autoridades en sus tres niveles el coordinarse para garantizar una reacción rápida y efectiva ante situaciones de violencia que vive la prensa en Quintana Roo, así como iniciar investigaciones diligentes las cuáles lleven a la justicia y a la garantía de no repetición.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige:

• Al Mecanismo de Protección Personas Defensoras y Periodistas, asegurarse que las medidas de protección del periodista Jorge Ugalde son las adecuadas y suficientes para garantizar su derecho a la libertad de expresión, así como asegurar su efectiva aplicación.
• A las autoridades municipales de Benito Juárez, entablar mejores procesos de comunicación con las autoridades de Quintana Roo y las autoridades Federales con el fin de evitar el entorpecimiento de alguna medida de protección para la prensa en Quintana Roo.
• Finalmente, a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo a dar seguimiento a la denuncia interpuesta por el periodista el 31 de julio, así como las denuncias interpuestas por delitos previos cometidos en contra del periodista, a fin de que se investiguen los hechos con el Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión y se dé con el paradero de los responsables.

1 El video muestra fecha del 29 de julio, pero el periodista informó que hay un error de un día en la fecha de las cámaras que no ha podido arreglar, pero la fecha correcta es el 30 de julio.

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La libertad de prensa sigue bajo riesgo en Honduras. ARTICLE 19 tiene conocimiento de que la periodista  Wendy Funes ha sido amenazada por una servidora pública, usando el nombre de la presidenta, Iris Xiomara Castro Sarmiento. 

A unos días de que ARTICLE 19 oficina para México y Centroamérica, junto con otras organizaciones y medios, hiciera un llamado al gobierno de Xiomara Castro para investigar el ataque focalizado de julio pasado en contra de personas periodistas y defensoras. entre ellas Wendy Funes. El día de ayer la periodista recibió una nota de parte de la gobernadora del Departamento de Choluteca en el sur de Honduras, Ilce Villatoro para amenazarla por una de sus publicaciones, recordándole cambiar el título de su investigación referente a funcionarios involucrados en delito transnacional de tráfico de migrantes en Honduras para no iniciar un proceso penal en su contra.

Con fecha del 1 de agosto, la gobernadora departamental de Choluteca, usando el nombre de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, dirigió una carta en la que señalaba de incurrir en acto delictivo a la periodista de Reporteros Investigación, luego de que esta diera a conocer el pasado 27 de julio una investigación en la que se revela que personas funcionarias públicas de la región sur del país hacen negocios con migrantes que cruzan la frontera de Honduras con destino a Estados Unidos sin documentos. Además, el 31 de julio, el medio sufrió un ciberataque que sacó del aire la publicación denominada «Funcionarios involucrados en jugosa industria de transporte de Migrantes»

Desde ARTICLE 19, en el mismo sentido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteramos la importancia que tiene que las personas funcionarias públicas lejos de promover campañas de desprestigio que coloquen a los periodistas en una situación de riesgo promuevan de forma continua y constante su protección. Un avance en este sentido, puede darse mediante el fortalecimiento del Mecanismo de Protección para Periodistas, Personas Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, como un tema prioritario y que debe ser urgentemente atendido.

Asimismo, recordamos que en su visita en locación, la CIDH hizo un llamado de atención al Estado de Honduras para despenalizar algunos delitos contra el honor que buscan limitar el ejercicio de la libertad de expresión desde la esfera política. Recordamos que es urgente cumplir con el compromiso de la despenalización de estos delitos y la erradicación de la criminalización de la libertad de expresión y prensa.

Por último, hacemos un llamado al gobierno de Honduras a proteger y poner fin a la intimidación, estigmatización, criminalización y amenaza de persecución judicial en contra de la prensa libre y crítica en el país.