Organizaciones y periodistas presentan ante la CIDH testimonios y recomendaciones sobre judicialización de temas de interés público

                                                                                                            Foto: Artículo19

 

El pasado 12 de julio, durante el 187 periodo de sesiones de la CIDH organizaciones y periodistas de países de Latinoamérica anunciaron la conformación de un grupo regional contra el acoso litigioso o AntiSLAPPs, mismo que realizará un monitoreo de la situación en la región y solicitaron a la RELE y personas Comisionadas, se incorporen a éste con el fin de diseñar una estrategia integrada y coordinada en beneficio de la Libertad de expresión.

La audiencia temática sobre judicialición fue solicitada por las organizaciones: ARTICLE 19, Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia), Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina), Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil), El Veinte (Colombia), Instituto DEMOS (Guatemala), Columbia Global Freedom of Expression (GFoE) y el Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú).

Durante la audiencia, Rodolfo Ruiz, periodista mexicano y director de E-consulta habló sobre los procesos de judicialización de los que ha sido objeto por cubrir temas de interés público, que en su conjunto suman 22 demandas civiles de funcionarios y ascienden a más de 2 millones de dólares. El caso de Rodolfo preocupa particularmente las tendencias regionales de censura a quienes buscan cubrir o publicar temas de corrupción pues constantemente son objetos de procesos de judicialización largos y costosos que muchas veces van de la mano de amenazas y campañas de desprestigio. Catalina Ruiz Navarro, periodista colombiana y directora de la revista feminista Volcánicas, expuso la experiencia de haber sido sujeta de judicialización, luego de que ella y otra compañera periodista Matilde de los Milagros Londoño publicaron en la revista una investigación periodística sobre denuncias de acoso y abuso sexual contra el director de cine Ciro Guerra, quien decidió perseguirlas judicialmente por todas las vías, tanto civiles, como constitucionales y hasta penales.

Por su parte en 2020, luego de publicar un tweet que aludía a los vínculo entre el gobierno de Bolsonaro y la Iglesia Universal, el periodista y escritor brasileño João Paulo Cuenca, contó la experiencia de haber sido despedido y luego sujeto a procesos penales en su contra en diversas ciudades de Brasil, para una vez que los fiscales federales negaron las indagatorias, la Iglesia Universal presentó 144 demandas civiles en su contra por injuria y difamación en una acción orquestada a través de sus pastores, solicitando una indemnización de aproximadamente R$ 2,5 millones. Hasta la fecha, Cuenca no ha podido conseguir un trabajo en la prensa.

Juan Luis Font periodista guatemalteco, se encuentra en el exilio desde 2022 a consecuencia de los procesos de judicialización que el gobierno ha iniciado en su contra, incluso han querido imputarle procesos penales por presunto lavado de dinero. El caso de Juan Luis refleja en cómo se utiliza el poder judicial como un mecanismo de censura. Paola Ugaz, periodista peruana directora de Nativa Tv y corresponsal en Perú para ABC, lleva 5 años siendo objeto de judicialización. Se le imputan cargos penales en materia de delitos contra el honor por su investigación sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa que cometió abusos sexuales y de otro tipo contra jóvenes. La periodista descubrió los abusos junto a su colega Pedro Salinas en el libro “Mitad monjes mitad soldados”. Ugaz tiene cinco juicios y ahora se le acusa también de lavado de dinero y contrabando de mercurio.

Los cinco testimonios expuestos durante la audiencia muestran, cómo lo dijo Paulina Gutiérrez de ARTICLE 19, que las demandas SLAPPs van en aumento y que configuran una grave amenaza para la libertad de expresión en la región pues existe un desbalance de poder entre las partes, donde el poder político y económico es utilizado contra periodistas, personas defensoras de ddhh y ciudadanas comunes que opinan sobre temas de interés público. Empresarios, firmas de abogados que representan personalidades políticas o figuras públicas, así como funcionarios e instituciones privadas aprovechan el desbalance de poder y abusan del derecho a recurrir a las cortes con el fin de intimidar y silenciar a través de procesos legales largos y costosos. Las víctimas de estos procesos tienen pocas o nulas capacidades para defenderse. Cuando las cortes conocen el fondo del caso, la decisión llega muy tarde. Los efectos de intimidación y silenciamiento han tenido resultado.

Ana Bejarano, directora de El Veinte, enfatizó sobre los riesgos de los SLAPSs, pues en América Latina integrantes de la profesión jurídica han habilitado mecanismos de silenciamiento y presión contra la libre circulación de información de interés público. Los mismos jueces, como la Corte Constitucional en Colombia, han llamado la atención sobre el apelativo “acoso judicial”, con el cual hemos traducido este fenómeno bautizado en los Estado Unidos. No es realmente el juez quien incurre en acoso, sino los litigantes que avalan y promueven las prácticas desleales.

Paula Moreno, Presidenta de FOPEA destacó que el acoso judicial o SLAPPs es una forma abusiva de uso del poder judicial, que a menudo escapa al control de los tribunales nacionales. Ya sea porque no existe una legislación que explique, prevenga o sancione estas prácticas, o porque los jueces no están sensibilizados al respecto. De ahí la importancia de una perspectiva regional que la CIDH pueda señalar a la atención de las autoridades locales.

Por ello y debido a la gravedad de los SLAPPSS, las organizaciones y periodistas solicitaron a la CIDH y a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión:Reconocer el peligro de las SLAPPs en la región y acordar medidas para hacer frente a este problema, pues ambas instancias tienen el deber de responder a este asunto y proporcionar orientación clara sobre las medidas, legales y no legales, necesarias para proteger el ejercicio de la libertad de expresión.

A la RELE elaborar un informe temático que dé cuenta de la dimensión e impacto del fenómeno a la luz de la Convención Americana y del contexto legal y político en la región. Esto permitiría evaluar qué tipo de medidas serían adecuadas en el marco legal existente en los países de la región y compatible con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular desde una perspectiva de debido proceso, protección judicial y la protección de la libertad de expresión.

A CIDH y la RELE crear un grupo de personas expertas que informen el desarrollo de estándares regionales propuestos desde un análisis jurídico, práctico y de impacto en la denuncia y debate sobre asuntos de interés público. Este grupo habrá de contar con la participación de jueces, juezas, personas afectadas por el acoso litigioso, las organizaciones de la sociedad civil -aquí presentes-, la comunidad jurídica practicante, entre ellos, expertos en derecho civil, penal, procesal y administrativo.

 

 

Liberan al preso político yaqui Fidencio Aldama, luego de siete años en la cárcel

                                                                                                Foto: Desinformémonos

 

El preso político yaqui Fidencio Aldama, detenido desde hace siete años por oponerse al Gasoducto Sonora, salió libre del Centro de Readaptación Social de Ciudad Obregón la madrugada del pasado 15 de julio, luego de que un juez federal lo declaró inocente por falta de pruebas del delito que se le fabricó.

Tras su liberación, Aldama aseguró que su libertad no fue a cambio de nada y que continuará en la defensa del territorio y la tribu yaqui. “Hay quienes somos leales a la nación yaqui, que no nos doblegamos ante el dinero, que llevamos en el corazón el juramento yaqui”, declaró.

El líder yaqui había sido acusado del homicidio de Cruz Buitimea Félix, quien murió en la comunidad de Loma de Bácum el 21 octubre de 2016, durante un enfrentamiento entre simpatizantes y opositores del gasoducto de la empresa IEnova, y policías federales y estatales.

“De nuestra autodefensa sale nuestro autogobierno, porque yo soy de la tribu yaqui, y de la sangre de nuestro pueblo nació el capitalismo. Debemos construir, defender y ejercer colectivamente los acuerdos de los pobres, como constitución de nuestro pueblo. Debemos seguir existiendo con autodeterminación y autonomía, para decidir la forma en que queremos organizarnos en nuestro territorio y la forma en que queremos construir nuestro futuro”, dijo Aldama.

Desde 2016, el pueblo yaqui de Loma de Bácum había iniciado proceso legal contra la imposición del Gasoducto Sonora en su territorio, pero la empresa IEnova, filial de Sempra Energy, continuó «irrumpiendo y faltando al respeto al pueblo de Loma de Bácum, y siguió y trazo el gasoducto por su territorio», explicó Aldama en un mensaje desde la cárcel en julio de 2022.

El líder yaqui fue detenido el 27 de octubre de 2016, días después del enfrentamiento, y fue sentenciado en 2018 a 15 años y seis meses de prisión, acusado de un crimen que no cometió. En agosto de 2022, su condena se redujo de 15 años y seis meses de prisión a 14 años, sin embargo la tribu yaqui, los familiares de Aldama y la defensa del líder continuaron con la presentación de recursos legales para denunciar las injusticias e irregularidades en el caso y exigir su libertad, hoy conseguida.

 

 

Demandamos respeto al proceso electoral y a la voluntad popular en Guatemala

                                                                                      Foto: Artículo19

 

El día de ayer el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), con apego al orden constitucional, oficializó los resultados de las votaciones celebradas el 25 de junio, confirmado que los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla disputarán la segunda ronda electoral, programada para el 20 de agosto. Este anuncio se produjo 17 días después de las elecciones, dado que el TSE tuvo que realizar un recuento de los escrutinios solicitado mediante un amparo por un grupo de partidos políticos que alegaron supuestas anomalías, que finalmente fueron descartadas.

A pesar de la autoridad del TSE y de los mandatos constitucionales que lo respaldan, minutos antes de oficializar los resultados, el Juez Séptimo de Instancia Penal Freddy Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, en un acto abiertamente ilegal, con el objetivo de judicializar el proceso electoral en beneficio de intereses espurios. El partido Movimiento Semilla planteó un amparo para detener esta resolución ilegal que deberá ser otorgado por la Corte de Constitucionalidad para evitar el rompimiento constitucional.

Este intento de impedir la participación electoral del partido ha sido promovido por el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras y ejecutado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) liderada por el fiscal Rafael Curruchiche, quienes dirigieron un allanamiento ilegal en la sede del TSE, con personas armadas y el rostro cubierto para causar temor y obtener documentación del partido Movimiento Semilla. Los funcionarios Porras y Curruchiche están sancionados por los Estados Unidos por corrupción. El Juez Orellana ha sido cuestionado por conducir casos de criminalización contra fiscales exiliados y el periodista encarcelado José Rubén Zamora.

Las organizaciones internacionales firmantes hacemos un llamado a todas las autoridades guatemaltecas a que respeten la independencia del Tribunal Supremo Electoral y el orden jurídico constitucional.  La institucionalidad guatemalteca debe garantizar respeto a su mandato constitucional y no permitir que otros órganos interfieran arbitrariamente en el proceso electoral.

Se debe investigar a los funcionarios que buscan manipular el proceso electoral en clara violación a la Constitución y a la voluntad popular reflejada en los votos. Exigimos se detengan de forma inmediata las amenazas de criminalización contra integrantes de partidos políticos convocados a elecciones y sus representantes legales.

Exhortamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta y pronunciarse sobre lo que acontece en Guatemala y a sumar sus esfuerzos diplomáticos para evitar que se produzca este atropello a la democracia.

Finalmente, expresamos nuestra confianza en que las acciones indebidas no prosperarán y el proceso electoral podrá continuar con su curso, garantizando la libre expresión de la voluntad del pueblo guatemalteco.

Organizaciones firmantes:

American Jewish World Service (AJWS)

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Impunity Watch

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Latin America Working Group (LAWG)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

 

 

Periodistas exigen justicia para Nelson Matus, reportero asesinado en Guerrero

                                                                                            Foto: Desinformémonos

 

Periodistas protestaron en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) de Guerrero para exigir justicia y el esclarecimiento del asesinato del reportero y director de Lo Real de Guerrero Nelson Matus Peña, perpetrado el pasado 15 de julio en Acapulco.

Durante la protesta los periodistas pegaron pancartas en las rejas de la FGR con mensajes como “Basta de ataques a la prensa” y “Exigimos esclarecimiento de asesinatos de periodistas en Guerrero”, y demandaron a las autoridades un alto a la criminalización de los reporteros de nota roja.

El periodista Ernesto Alonso Franco, de la Agencia de Noticias IRZA, señaló que los “notarrojeros” son acusados de trabajar con los grupos de la delincuencia que cubren y que ese tipo de declaraciones sólo ponen en riesgo a los reporteros.

Los periodistas exigieron a las autoridades que implementen las medidas necesarias para identificar y sancionar a los perpetradores de los crímenes contra la prensa, y que garanticen la protección de los reporteros, fotógrafos y todos los integrantes del gremio periodístico.

El ataque contra Matus Peña sucedió alrededor de las 15:30 horas en la colonia Emiliano Zapata, de Acapulco. El reportero ya había sufrido un atentado en 2019, cuando le dispararon “sin lograr herirlo”, señaló la organización Artículo 19.

 

 

Personas y comunidades defensoras de DH y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México

                                                                                                     Foto: Artículo19

 

El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), en conjunto con Aluna psicosocial, elaboraron la publicación Personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México

El documento sigue los casos documentados, y cada vez más comunes, de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen o residencia para salvaguardar así su vida, esto como consecuencia del clima de hostilidad, amenazas y agresiones de las que han sido objeto, así como de la ausencia de medidas efectivas de prevención, protección e impartición de justicia que han convertido al desplazamiento forzado interno en un recurso de supervivencia.

Nuestra intención al publicar el documento es contribuir a evidenciar la acuciante realidad que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno, la cual se agudiza cuando ocurre entre grupos de personas que padecen otras vulnerabilidades históricas y estructurales, como es el caso de las mujeres defensoras, periodistas y comunidades indígenas, que sufren múltiples formas de violencia y cuyas condiciones implican un impacto psicosocial diferenciado. 

El texto consta de cuatro apartados:

  • El primero presenta una síntesis sobre la violencia y las limitaciones que existen en México para el ejercicio de los derechos a defender derechos humanos y de libertad de expresión. 
  • El segundo aborda las bases jurídicas en materia de protección a personas defensoras y periodistas, señala las instancias estatales responsables de dicha tarea e identifica las falencias que éstas han tenido recientemente, en particular en la implementación de la “medida de extracción”, esto es, la medida de protección consistente en la reubicación temporal o resguardo de las personas defensoras y periodistas en riesgo.
  • El apartado tercero trata sobre los impactos psicosociales diferenciados de quienes viven o han sufrido situaciones de desplazamiento forzado a causa de su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio periodístico. 
  • Finalmente, el cuarto apartado expone una serie de medidas que deben ser consideradas por distintas instancias de gobierno, entre ellas, el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, las Fiscalías y otras instancias de los tres niveles de gobierno involucradas en la materia, esto con el fin de transitar hacia una política pública integral que proteja la labor de personas defensoras y periodistas, particularmente de quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno.