Cinco organizaciones condenan agresiones policiacas contra mujeres periodistas en el Edomex

 

Ciudad de México.- Frontline Freelance México (FFM), Comunicación e Información para la Mujer A.C. (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas (RNP), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) y ARTICLE 19 condenamos los actos de violencia física y el abuso de la fuerza en contra de reporteras, fotoperiodistas y comunicadoras durante la cobertura de las acciones de protesta de colectivas feministas, familiares y víctimas de diversos delitos como feminicidio, trata de personas y desapariciones en el Estado de México[1].

En la madrugada del viernes 11 de septiembre, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado[2] replegaron a las manifestantes y periodistas que se encontraban afuera de las instalaciones del Centro de Justicia del municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Las colectivas feministas y familiares de víctimas de violencia de género exigían la liberación de las mujeres quienes fueron detenidas horas antes, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), acto derivado de la ocupación pacífica ante la falta de respuesta del Estado y como acciones de exigencia para atender las demandas de las víctimas de casos de violencia sexual y desaparición de menores.

De acuerdo con el testimonio de colectivas feministas y periodistas, alrededor de las 2:30 y 3:00 horas, elementos de seguridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México impidieron el acceso de activistas, familiares y periodistas al estacionamiento del Centro de Justicia mediante el uso de gas de extintor; posteriormente, lanzaron objetos como piedras, palos, tubos y sillas; seguido de esto, abrieron la reja y, aproximadamente 20 policías  salieron de las instalaciones corriendo, gritando y amenazando a las manifestantes.

Durante estos actos de represión y abuso de la fuerza por parte de las autoridades del Centro de Justicia, doce comunicadoras, reporteras y fotoperiodistas fueron sujetas a actos de intimidación, agresiones físicas, amenazas, así como bloqueo de información, daño y despojo de material de trabajo, como celulares, y daño de bienes, pese a que las periodistas se identificaron en todo momento, lo que violenta los derechos a la libertad de expresión y a una vida libre de violencia.

De acuerdo con la documentación realizada por CIMAC y ARTICLE 19, fueron agredidas 12 mujeres periodistas que cubrían los hechos.  Entre ellas se encuentran las periodistas Madeleine, Lizbeth y Jackie (cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad), integrantes de la organización Frontline Freelance México, quienes fueron víctimas de golpes, intento de asfixia, despojo de celulares, detención, amenazas, actos de intimidación con arma de fuego además de vivir persecución hasta sus vehículos, los cuales fueron  golpeados ocasionando daños como el rompimiento de los vidrios[3].

El uso de la fuerza policial de manera arbitraria, no solo impacta de forma negativa en el ejercicio libre y plural del derecho a la protesta, sino que  viola el derecho humano a la libertad de expresión y el acceso a la información, así como  la labor de acompañamiento a las familias y colectivas que estaban presentes para obtener información sobre el estado físico, emocional y situación legal de las personas detenidas.

En México, las agresiones a periodistas por parte de destacamentos policiales son una práctica sistemática que propicia un retroceso en el camino recorrido hacia un Estado democrático y plural. Basta mencionar que, en lo que va del año, CIMAC ha documentado 19 atentados contra mujeres periodistas en el Estado de México, destacando en su ejecución la violencia institucional expresada en la privación ilegal de la libertad y bloqueo informativo por parte de funcionarios municipales.

En vista de lo anterior, las organizaciones, colectivos de periodistas y redes firmantes exigimos:

A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, coadyuvar con las autoridades estatales para investigar la probable responsabilidad de funcionarios públicos y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado en la comisión de diversos delitos como  abuso de autoridad, amenazas, robo, detención arbitraria, daño a la propiedad ajena y violaciones  de derechos humanos.

Al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, garantizar la integridad física de las compañeras agredidas, así como la labor periodística de las y los periodistas freelance.

A la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a cargo del Fiscal Alejandro Gómez Sánchez, investigar los sucesos acontecidos la madrugada del viernes 11 de septiembre afuera del Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza, con miras a identificar plenamente a  los responsables del violento desalojo sucedido en Ecatepec y los actos de amedrentamiento que se dieron posteriormente en el Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza.

A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar el acompañamiento y atención victimal integral así como la reparación del daño de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidas en contra de colectivas, víctimas y periodistas.

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos para abrir la queja correspondiente por las violaciones a derechos humanos ejercidas por las autoridades del Estado de México en perjuicio de colectivas feministas, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición así como de periodistas.

Al Estado Mexicano, el cese del hostigamiento, agresiones y represión en contra de periodistas y fotoperiodistas, antes, durante y después de realizar su labor periodística.

Al Gobierno Mexicano el cese de acciones que criminalizan el derecho a la protesta del movimiento feminista y el ejercicio periodístico.

Atentamente:

Frontline Freelance México (FFM)

Comunicación e Información para la Mujer A.C. (CIMAC)

Red Nacional de Periodistas (RNP)

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM)

Article 19 (A19)

 

C.c.p. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México. Para conocimiento e intervención.

C.c.p. Jorge Olvera García, Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).  Para conocimiento e intervención.

C.c.p. Alejandro Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia del Estado de México. Para conocimiento e intervención.

C.c.p. Magda. Olga Sánchez Cordero, Titular de la Secretaría de Gobernación. Para conocimiento e intervención.

C.c.p. Ing. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Para conocimiento e intervención.

C.c.p. Aarón Mastache, titular del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Para conocimiento e intervención.

C.c.p. Rosario Piedra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para conocimiento e intervención.

C.c.p. Jesús Peña, Encargado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para conocimiento e intervención.

C.c.p. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

C.c.p. Irene Zubaida Khan, Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de opinión y de Expresión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.

C.c.p. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

[1] El Estado de México se posiciona como la entidad número uno en feminicidios con 80 casos de enero a julio de 2020 y en donde se decretó la segunda alerta de violencia de género por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en 2019, colectivas feministas, víctimas y familiares de víctimas tomaron, el pasado 10 de septiembre, las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con sede en Ecatepec para demandar la renuncia de Grisel Barrientos, titular del Instituto de la Mujer en Ecatepec, así como de  Sandra Pacheco, fiscal de Género y de Carlos Vázques, actual titular del DIF municipal.

[2] “Policías agreden y detienen a mujeres que tomaron sede de la CODHEM en Ecatepec”, redacción Animal Político, 11 de septiembre del 2020. https://www.animalpolitico.com/2020/09/policias-agreden-y-detienen-a-mujeres-que-tomaron-sede-de-la-codhem-en-ecatepec/

[3] El detalle de la violencia ejercida contra las 12 periodistas se reserva por cuestiones de seguridad y temor a represalias en su contra.

 

 

 

Balvanero Balderrama, defensor de audiencias de Universo FM, formará parte de la AMDA

Balvanero Balderrama García

 

En días pasados, el defensor de audiencias de Universo 94.9, Balvanero Balderrama García fue invitado a ser parte de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias A.C. (AMDA), en reconocimiento al trabajo que viene realizando al representar y dar voz a las inquietudes, quejas y sugerencias de los radioescuchas de la estación de la Universidad de Colima durante los últimos tres años.

Balderrama García, quien se viene desempeñando como Defensor de Audiencias en Universo 94.9 desde noviembre de 2017, ha tenido como tarea desde entonces hacer valer, desde criterios de imparcialidad e independencia, los derechos de las audiencias respecto a sugerencias o reclamaciones sobre los contenidos de la emisora, implementando a su vez mecanismos para atender dichas solicitudes.

Balvanero Balderrama señaló en entrevista que este nombramiento de la AMDA viene a fortalecer la figura del defensor de audiencias en Universo 94.9, ya que el enlace con esta asociación “abrirá un canal para compartir metodologías de trabajo y experiencias, a fin de contar con mejores elementos para cuidar los derechos de los radioescuchas”.

“Consideramos que éste es un reconocimiento a la labor que hace Universo 94.9, una emisora universitaria que ha destacado desde su creación a nivel nacional e incluso internacional, haciendo que muchas miradas se dirijan hacia la radio que se está haciendo en Colima”, agregó. 

Señaló que también es un reconocimiento a la Universidad de Colima por crear en noviembre del 2017 su Defensoría de Audiencias, en atención a lo dispuesto por los artículos 259, 260 y 261 de la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión vigentes; “el objetivo principal es escuchar a las audiencias, no sólo en el sentido de atender quejas, sino también de ofrecer capacitaciones, realizar una constante difusión de los derechos de los radioescuchas, y en Universo FM hemos estado muy en sintonía con este tipo de dinámicas”.

Compartió que el pasado 31 de agosto recibió la invitación para pertenecer a la AMDA por parte de su actual presidenta, Beatriz Solís Leree, nombramiento que será ratificado en la siguiente asamblea general de la asociación. 

Aseguró que contar en Universo 94.9 con una Defensoría de Audiencias “no sólo refleja que la Universidad cumple con los lineamientos vigentes para una adecuada y correcta operación de una frecuencia de radio, sino que cuenta también con elementos que dan fortaleza y robustez al trabajo que se realiza en la emisora y ofrece además contenidos enfocados a respetar los derechos de todo tipo de audiencias”.

Informó que en el apartado de Defensoría de Audiencias que se encuentra en la página web de Universo 94.9, los radioescuchas le pueden hacer llegar sus inquietudes, observaciones o quejas, además de encontrar diversos documentos sobre los derechos del radioescucha y los pasados informes de trabajo de la Defensoría de Audiencias.

Balvanero Balderrama destacó la importancia de contar con la figura del defensor en Universo 94.9, por la diversidad de radioescuchas que sintonizan la emisora, que van desde estudiantes y amas de casa hasta investigadores, académicos y docentes, y sobre todo gente de la sociedad en general.

Aseguró que durante sus casi tres años como defensor de audiencias en Universo 94.9, la relación con la directora actual de la estación, Verónica Rodrígez Sanmiguel y su equipo de trabajo “ha sido cercana, vinculante y con una gran apertura para atender y dar seguimiento a las inquietudes que capta la Defensoría. Puedo asegurar que la comunicación ha sido muy estrecha y cercana, pero principalmente en un marco de institucionalidad, a través de reuniones frecuentes para analizar las sugerencias que se van generando por parte de los radioescuchas”.

Finalmente, invitó a los interesados a plasmar sus sugerencias, quejas o inquietudes y consultar los informes de la defensoría, así como los documentos oficiales relacionados con los derechos de las audiencias y el marco legal de la emisora. “En lo personal, reviso todos los días los canales que tenemos establecidos para atender cualquier solicitud de las audiencias”.

Balderrama García es licenciado en Educación por la Universidad de Guadalajara y cuenta con una maestría en Ciencia Política y Administración Pública por la UdeC. Se ha desempeñado como responsable de diferentes áreas de comunicación en el INEGI durante 25 años y también imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

 

Asesinan al periodista Julio Valdivia en Veracruz; sus colegas exigen justicia

 

Este miércoles 9 fue asesinado en Veracruz el periodista Julio Valdivia Rodríguez, del diario El Mundo de Córdoba, con cuyo caso se contabilizan 25 víctimas de este gremio durante los últimos ocho años y el tercero en la administración del gobernador Cuitláhuac García en esa entidad.

El reportero fue decapitado y sus restos fueron encontrados, junto con su motocicleta, junto a las vías del tren en el municipio de Tezonapa, en la zona limítrofe de Veracruz con Puebla y Oaxaca.

Horas después de que se conoció el suceso, la Red Veracruzana de Periodistas (RVDP) repudió enérgicamente el asesinato de Valdivia, quien se desempeñaba primordialmente en el área informativa de la nota roja.

La organización exigió a las autoridades federales y estatales agotar las líneas de investigación en el crimen, además de que convocó a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) para que se mantenga al tanto de todas las indagatorias.

Así también, la red reprochó a sus empleadores las precarias condiciones laborales en las que Valdivia Rodríguez trabajaba, al igual que el resto de la plantilla.

“Exhortamos al diario El Mundo de Córdoba para que, de manera inmediata, otorgue los sueldos incumplidos de nuestro compañero a sus familiares”, exigió.

La Red Veracruzana de Periodistas advirtió además que se mantendrá atenta a las intervenciones de las autoridades correspondientes para dar claridad a este condenable atentado.

 

 

 

Se deterioran condiciones de vida y ejercicio de libertad de expresión de mujeres periodistas

Fotografía: CIMAC noticias

 

 

Ciudad de México. La pandemia aumentó el rezago que ya presentaban los Estados para el cumplimiento de los objetivos del “Capítulo J, Mujeres y Medios de Difusión” de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB) y hoy, los avances en materia de Derechos Humanos de las mujeres a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión están en peligro, advirtieron integrantes de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG).

En el Conversatorio virtual “Las Periodistas ante el COVID-19”, en el que participaron comunicadoras de 14 países, las panelistas Mónica Maureira, de Chile; Pamela Geraldina Alfaro, de El Salvador; y Paola Andrea Gómez, de Colombia, coincidieron que a 4 meses del confinamiento por la pandemia, las condiciones de vida de las mujeres periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión en América Latina, se han deteriorado.

“Las violencias, los despidos y la precarización salarial que ya enfrentaban antes de la contingencia sanitaria, se han profundizado, mientras que la agenda de género, vinculada a los Derechos Humanos de las mujeres, ha quedado invisibilizada en los contenidos periodísticos”, destacaron.

Los ataques en línea, las restricciones y bloqueos informativos, el acoso sexual, la persecución, la estigmatización y desacreditación hacia las periodistas y medios de comunicación, se han recrudecido, aunado a los riesgos a su salud y a su vida, al sufrir un contagio, quienes se encuentran en la primera línea de la cobertura informativa.

En el Conversatorio, organizado por la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, con motivo del Día de las y los periodistas en Chile, El Salvador y Colombia, las Consejeras de esta Red que agrupa a periodistas feministas de más de 30 países, Lucía Lagunes Huerta y Fabiola Calvo Ocampo, advirtieron que es urgente rescatar la agenda de comunicación y género, aprobada en Beijing 1995, en la que los gobiernos se comprometieron a potenciar la participación de las mujeres en los medios y que hoy en día, está desdibujada y olvidada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Mujeres Periodistas de Nicaragua, Bolivia, México, Argentina y España, que intervinieron en el conversatorio; también describieron el contexto de violencias en el que hacen la cobertura informativa de la pandemia y destacaron la necesidad de que se mejoren las condiciones en las que ejercen su labor, como elemento indispensable para la construcción de la igualdad.

No sólo se ha recrudecido la hostilidad y estigmatización por parte de quienes buscar inhibir el flujo de la información de la crisis sanitaria, las periodistas también enfrentan una sobrecarga laboral, estrés, ansiedad y la tarea de los cuidados en la familia, puntualizó la integrante de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, Paola Andrea Gómez.

“La crisis política que vive Chile, desde la revuelta social de octubre del 2019 y la emergencia sanitaria, por la llegada de la pandemia, está vinculada a la crisis de los medios de comunicación, que desde el 2018 a la fecha han registrado más de 2 mil despidos de periodistas en el país, dijo Mónica Maureira, periodista feminista y académica de la Universidad Diego Portales de Santiago.

“Y esta crisis se refleja en los despidos, pero también en la ausencia de la agenda de género, particularmente en los noticieros de televisión, donde las voces de las expertas están desaparecidas, y la pandemia sólo se está mirando a través de fuentes u opiniones masculinas”, continuó.

La editora de la revista digital “Mujeres en el Medio”, coincidió en que el Capítulo J de la PAB y la “Declaración de Pachuca”, presentan graves rezagos. “En Chile persiste una subrepresentación femenina en la propiedad y en los puestos de toma de decisiones en las industrias de la comunicación”.

“Pese a que en la TV Nacional (TVN) hay 7 directoras, y a que hay una propietaria de una radio local, esa presencia de mujeres no se traduce en un discurso simbólico más potente, respecto a una agenda de género”.

Uno de los mayores rezagos, agregó, se presenta en materia de formación en género en estudiantes de periodismo, publicidad y comunicaciones, pero también prevalecen la reproducción de estereotipos de género, imágenes sexistas y discriminatorias en los contenidos periodísticos.

La periodista feminista y activista de El Salvador, Pamela Geraldina Alfaro, sostuvo que el periodismo de ese país enfrenta una grave crisis de desempleo por cierres de medios y despidos injustificados, así como en materia de libertad de expresión, por los abusos de poder del Estado, que a través de la violencia, busca evitar el flujo de información sobre la corrupción y el mal manejo de la pandemia.

La integrante de la “Colectiva de Mujeres Periodistas” de El Salvador, denunció que los ataques digitales, la persecución, la difusión de información falsa y los hackeos de cuentas por parte del Estado contra periodistas, son constantes.

Dijo que a pesar de que están en constante riesgo por desarrollar una labor esencial, la mayoría de las y los periodistas carecen de seguridad social y de equipo de protección, por lo que urgió al gobierno de Nayib Bukele para que quienes están en la primera línea en la cobertura informativa de la emergencia sanitaria, cuenten con seguro médico.

“Hemos quedado cada vez más expuestas y vulneradas en nuestros derechos; muchas somos cabeza de hogar y en lugar de recibir apoyo, somos atacadas por ejercer nuestra libertad de expresión”, afirmó.

Hizo un llamado a las empresas de comunicación para que no sean permisivas con actos de acoso y hostigamiento sexual, y garanticen la seguridad de las periodistas con redacciones libres de violencia y que se promueva la capacitación sobre Derechos Humanos y periodismo con enfoque de género, porque la agenda de las mujeres no está en los contenidos de la prensa de El Salvador.

Por otra parte, la jefa de redacción de la casa editorial “El País de Cali”, Paola Andrea Gómez, sostuvo que a 4 meses del periodo de aislamiento por la pandemia, las condiciones de vida de las mujeres periodistas ha sufrido un deterioro.

“Aquellas que aún sostienen un empleo, están afectadas por los recortes de personal con más trabajo y las labores de la casa. También han visto retrasos en el pago de sus sueldos, tienen mayores restricciones de movilidad y más preocupaciones frente a la salud familiar, que sus pares masculinos”.

Citó los resultados de una reciente Encuesta del Grupo de Investigación en Comunicación y Medios (GICOM) y la Universidad Francisco de Paula Santander, sobre rutinas y prácticas de las mujeres periodistas en Colombia y Venezuela: de 110 periodistas encuestadas, 42 dijeron tener a su cuidado hijos menores de edad, 34 tienen adultos mayores bajo su tutela y 5 tienen personas con discapacidad a su cargo.

83 por ciento hace teletrabajo, 73 por ciento sostiene que durante la pandemia ha aumentado la carga laboral y la mayoría gastan entre 1 a 3 horas más en sus labores. 60 por ciento señaló que no recibió equipo de protección para prevenir el COVID-19 y 57 por ciento de las periodistas manifestó temor al contagio.

Gómez Perafat refirió también los resultados de un sondeo de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género (RCPVG) el cual mostró que 85 por ciento de las mujeres periodistas consultadas están realizando teletrabajo y revelan un aumento de la carga laboral durante la contingencia.

La también docente del Taller de Periodismo con Visión de Género en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, dijo que ante el crecimiento de los casos de feminicidio, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género sigue trabajando para informar sobre la violencia de género.

Para ello promovió la retransmisión de los 16 capítulos de la radionovela “Lazos invisibles”, que abre espacios para la reflexión sobre distintas prácticas que se han naturalizado al interior de los hogares y familias de este país.

También están por presentar “Periodismo Que Salva Vidas”, una campaña de servicios que busca promover durante la pandemia otras formas de comunicación que contribuyan a la sensibilización y prevención de las violencias contra las mujeres.

El Conversatorio “Las Periodistas ante el COVID-19” fue convocado y moderado por la Coordinación Colegiada de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, integrada por Alicia Oliver Rojo (España), Miriam Bobadilla (Argentina) y Rosa María Rodríguez Quintanilla (México).

 

 

 

 

Impugnará CDHEC ante la Corte reforma penal que agravia libertad de prensa en Colima

 

En una reunión con periodistas de esta ciudad, el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Sabino Hermilo Flores Arias, anunció que antes
del 20 de julio ese organismo interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra el
artículo 240 bis del Código Penal del Estado, por considerar que es violatorio de la libertad
de expresión y de la libertad de prensa.
Mediante un boletín, el organismo indicó que ell ombudsperson dijo a los periodistas que
acudieron a la reunión en representación del gremio, que el documento se encuentra a
punto de concluir, y que se presentará de manera oportuna a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación antes del 20 de julio, fecha en que vence el plazo.
De acuerdo con Sabino Hermilo Flores, en la norma que se impugna se vulneran los
artículos 1°, 4°, 5°, 6º,16, 20 y 113 de la Constitución General de la República.
El titular de la Comisión, refirió que en dicha reunión de trabajo se logró recabar las
opiniones y preocupaciones de los compañeros que ejercen el periodismo; por lo que
afirmó que la CDHEC da garantía de que esta acción de inconstitucionalidad se está
realizando con toda responsabilidad, debidamente fundamentada y argumentada, para
que cumpla su objetivo y propósito de salvaguardar el derecho humano a la libertad de
expresión consagrado en la Carta Magna.
A nombre del gremio, el periodista Juan Ramón Negrete, insistió en que el artículo en
análisis representa una ley mordaza para los periodistas de Colima, ya que los está
criminalizando, vulnerando sus derechos y el libre ejercicio de la profesión.
“En la manera en la que está redactado este artículo en el Código Penal, nos está dejando
en un estado indefensión, nos está criminalizando, nos está juzgando, antes de que un
juez en un momento dado puede conocer sobre determinado hecho; por lo que
consideramos la urgencia de que la Comisión de los Derechos Humanos intervenga de
inmediato y promueva esta Acción de Inconstitucionalidad”.
En la reunión de trabajo, los periodistas presentes coincidieron en que el gremio también
está en contra de que se difundan imágenes que vulneren la dignidad de las personas,
pero consideraron que la redacción del artículo no afecta nada más la labor periodística,
sino a la sociedad en general ya que va dirigida a quienes audiograben, videograben,
fotografíen, transmita, reproduzca y más; por lo que está dejando vulnerable a toda la
sociedad.
El artículo 240 Bis señala en su primer párrafo: “Al que indebidamente difunda, entregue,
revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe,
fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes,
audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias,
objetos o instrumentos relacionados con un hecho que la Ley señale como delito, con una
pena de tres a seis años de prisión y una multa por un importe equivalente de cincuenta a
cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.
El segundo párrafo añade que la sanción se incrementará “si se trata de imágenes, audios
o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones
o estado de salud, la pena de prisión será de cuatro a siete años y la multa de setenta a
ciento treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.”
Así también, “tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o
adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, la
pena de prisión será de cuatro a ocho años y la multa de ochenta a ciento cincuenta veces
el valor diario de la unidad de medida y actualización.”
En su último párrafo, el artículo señala que “cuando el delito sea cometido por persona
servidora pública integrante de alguna institución policial, de procuración o impartición de
justicia, se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de ochenta a ciento
cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.
En la reunión, estuvieron presentes además los consejeros de la CDHEC, Francisco Pérez
Medina, Fausto Delgado Flores y Enrique Puga Virgen, así como los periodistas Marcia
Castellanos, Yanalum Cerda, Francisco Orozco, Pedro Zamora y Roberto González.