44 La Marcha es de quien la Marcha

 

 

Texto por Marco Antonio Pérez Gaspar, Fotos Eriko Start

"Para preservar la memoria de aquellas y aquellos que nos abrieron el camino para pelear, construir y conseguir nuestra ciudadanía porque nos reconocemos como identidades autónomas, pero nos unimos para pelear por nuestros derechos y causas comunes en la diversidad, porque la Marcha es patrimonio única y exclusivamente de las poblaciones y movimientos Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Trangénero, Transexual, Intersexual, Queer, (LGBTTTIQ+) y NO necesitamos comités o permisos especiales para hacerlo, nadie mejor que nosotras, nosotros y nosotres representamos nuestras demandas” así lo declara Concepción Alemán Castillo Peñaloza quién desde hace unas semanas junto con un grupo de activistas de derechos humanos ha invitado a la Marcha es de quien la Marcha, nuevamente integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+) saldrán a las calles con el motivo de la 44 Marcha del Orgullo como lo hicieron hace un año en la misma fecha sin ser convocados por algún comité organizador adherido al gobierno de la Ciudad de México.

Reitera que “es un derecho consagrado en los artículos sexto y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque se nos garantiza la protección de los derechos de las personas sin discriminación en el primer artículo de la Constitución, la violencia y expresiones de homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, serofobia están presentes en la vida cotidiana de todo el país hacia la comunidad LGBTTTIQ+. Por lo que exigen a las autoridades se resuelvan los más de CINCO MIL ASESINATOS que se han cometido en este país contra hombres trans, mujeres trans, gays, lesbianas, bisexuales y demás poblaciones de la diversidad; sólo el 10% de ellos se han investigado, la mayoría sigue en la impunidad”.

Para Juan Carlos Yustis “las autoridades encargadas de la procuración de justicia reconozcan la violencia sistémica y específica relacionada a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas. Algunas fiscalías y autoridades ministeriales no solo no toman en cuenta la especificidad de la violencia contra personas LGBTTTTIQ+ sino que hacen lo posible por negarla o por ocultarla, es importante que se tipifiquen y castiguen los crímenes y discursos de odio que afectan a la ciudadanía LGBTTTTIQ+ no binaria y disidente en todo el país. Sólo únicamente 12 estados son los que tienen tipificadas las agresiones u homicidios: CDMX, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes. Por lo que alzamos la voz haciendo un enérgico llamado de atención y de acción a las autoridades en todos los órdenes de gobierno; a los poderes legislativos federal y locales, así como a la sociedad en general sobre estos asesinatos y muertes que ocurren día con día en nuestro país.

A su vez continúa Juan Carlos “es importante que se impulsen campañas que combatan la estigmatización, la discriminación y los discursos de odio en todo el país asimismo nos solidarizamos y exigimos justicia para las familias de las mujeres asesinadas; las familias desplazadas por el crimen organizado, así como para las familias de las y los desaparecidos y víctimas de violencia que azota este país. Los exigimos a los estados de Durango, Guerrero, el Estado de México, Tabasco, y Tamaulipas, legislen y aprueben el matrimonio igualitario que brinde certeza jurídica a las familias LGBTTTIQ+.

En su intervención Lola Dejavu Delgadillo Vargas de la comunidad trans reclama que “los estados restantes legislen y aprueben las leyes de identidad de género como lo han hecho Baja California Sur, CDMX, Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. A su vez es importante que los estados faltantes legislen y aprueben leyes que eviten y castiguen los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género, también conocidas como Terapias de Conversión, hasta el momento sólo Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Yucatán, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México y Puebla cuentan con leyes que las prohíben, el resto deja en la indefensión a miles de ciudadanos LGBTTTIQ+ quienes son víctimas de violencia a su derechos humanos”.

Así mismo es prioritario garantizar el acceso a los antirretrovirales, el desabasto intermitente y con mayor frecuencia en el interior de la república, es una realidad comprobable, que afecta a miles de personas; así como impulsar el acceso universal a la salud y la cobertura universal de la salud como un derecho. Para no bajar la guardia en las políticas de prevención y detección de VIH e ITS. Así como educación sexual integral en todos los niveles escolares y a toda la sociedad para evitar nuevos contagios a través de campañas permanentes en medios de comunicación y redes sociales, para garantizar los tratamiento gratuitos para las más de 30 infecciones de transmisión sexual, La profilaxis prexposición (PrEP) debe incluir a personas trabajadoras(es) sexuales cis, clientes y parejas, las autoridades deben reconocer el trabajo sexual como honesto, legítimo y su inscripción a los y las trabajadoras al sistema de salud nacional como una política pública en salud sexual, y es necesario la inclusión laboral, igualdad de trato, políticas de derechos laborales y trabajo digno para la población trans para acabar con el estigma y la marginación en que viven muchas compañeras que siguen viviendo en México.

Es necesario que las políticas públicas culturales, sociales, ambientales, de asistencia, preventivas, políticas y económicas de mayor amplitud y dirección que incluyan la defensa de los derechos de las infancias, juventudes y la tercera edad LGBTTTIQ+ así como del resto de la ciudadanía LGBTTTIQ+ de este país declara Rocío Jaramillo integrante de este grupo ciudadano en defensa de la Marcha es de quien la Marcha.

De acuerdo con Joe Almaguer “todas las empresas que hoy presumen en sus espacios físicos y virtuales que son aliadas de la ciudadanía LGBTTTIQ+ hagan realidad nuestra exigencia de espacios de trabajo digno, donde el respeto y la no discriminación hacia la diversidad sea una constante los 365 días de cada año y no sólo en el mes de junio, para quedar bien ante la sociedad, porque aspiramos algún día escuchar: ¡Vivan las y los transexuales, las y los bisexuales, las lesbianas, los homosexuales y todas las personas de la diversidad que nos dieron Derechos, Estado, Libertad y Diversidad!

Ante el panorama del incremento de casos de Covid-19 en México Jorge Saavedra, especialista en salud pública recomienda salir a las calles con cubrebocas y guardar cierta distancia y abstenerse de manifestaciones de abrazos para no incrementar los casos.

Por primera vez organizaciones civiles conjuntamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social estarán brindando la campaña “Compermisa” brindando La PrEP como parte de una política pública del VIH/SIDA a los asistentes al evento que por primera vez se unirán un grupo de personas con discapacidad y contra el racismo para hacer un llamado a la no discriminación en México.

 

 

 

 

 

Soledad Jarquín denuncia ante la ONU impunidad en México por feminicidios

 

Astrid Espinoza Nieto

SemMéxico. Ciudad. de México, 20 de junio, 2022.- Al participar en la presentación del Informe sobre “Violencia contra las Mujeres y Niñas Indígenas”, a cargo de la Relatora Especial de la ONU Reem Alsalem, la mexicana Soledad Jarquín Edgar, defensora de derechos humanos denunció la impunidad que existe en México con respecto al feminicidio.  

Durante su intervención en el 50º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos donde fue presentado dicho informe, la oaxaqueña Jarquín Edgar, señaló que el feminicidio de su hija de nombre María del Sol Cruz Jarquín ocurrido hace 4 años, es un claro ejemplo de que en México hay impunidad y no se castiga a los responsables.

“El feminicidio de mi hija refleja las diversas violencias que enfrentan las mujeres en el país, en particular en contextos indígenas como Juchitán, municipio en Oaxaca, donde fue asesinada. En Juchitán, se han registrado 26 agresiones contra mujeres y 11 feminicidios en lo que va del 2022.”, destacó.

En ese sentido, la defensora de derechos humanos acusó que la investigación penal del caso de su hija se ha realizado sin perspectiva de género y después de 4 años, el caso sigue impune.

Por ello, coincidió con las conclusiones del informe de Alsalem, al señalar que los casos de violencia de género, particularmente en contextos indígenas, enfrentan importantes obstáculos para acceder a la justicia debido a la discriminación, los prejuicios y la revictimización.

Por ello, hizo hincapié al apuntar, que como lo señala la Organización Mundial contra la Tortura, el feminicidio y el no acceso a la justicia deben ser considerados como una forma de tortura contra las víctimas.

Lo anterior, a fin de que los estados tipifiquen e investiguen la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, proporcionen reparación a las víctimas y tomen medidas preventivas, abordando las causas profundas de la violencia de género.

Cabe mencionar que también estuvo presente Francisca Méndez representante de México ante la ONU, quien afirmó que el Gobierno Mexicano es consciente de la situación de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres y niñas indígenas, sin embargo, se retiró sin escuchar la intervención de Jarquín Edgar.

 

SemMéxico se propone dotar de información general desde la perspectiva de género.

Elaborar información de actualidad, desde una óptica no sexista.

 

 

Huérfanos de la violencia en Colima, un sector oculto y vulnerable

 

COLIMA, COL.- Nadie sabe quiénes son. Nadie sabe dónde están. Nadie sabe en qué condiciones se encuentran. Lo cierto es que, al no existir un registro oficial, un censo ni un diagnóstico, la mayoría de las niñas y los niños en situación de orfandad a causa de la violencia no están recibiendo la atención que necesitan para tener un sano desarrollo.
Hay quienes observaron de manera directa el asesinato o secuestro de su padre, de su madre o de ambos, hay quienes sufren su ausencia sin saber que los mataron y que algún día se enterarán de lo ocurrido. A pesar de tratarse de un sector a todas luces vulnerable, y de que los niveles de violencia crecieron en Colima desde hace más de una década, las autoridades locales de distintas áreas no han generado instrumentos ni políticas públicas para atender a estas víctimas.
Lo anterior es abordado en un reportaje del periodista Pedro Zamora Briseño, incluido en la edición de la revista Proceso que empezó a circular este domingo 19 de junio, del que la propia publicación ofrece un adelanto en el siguiente enlace: 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/6/18/invisibles-en-colima-los-huerfanos-de-la-violencia-287972.html

 

 

 

Congreso de Colima aprueba facilitar valoración médica de personas con discapacidad

 

El Pleno del H. Congreso del Estado de Colima aprobó una reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, con el objetivo de facilitar la valoración de las personas con discapacidad y por tanto el reconocimiento de su calidad, por parte de las autoridades.

La referida ley dispone un título específico que regula los servicios institucionales que se prestan a las personas con discapacidad, entre los que destacan los servicios de salud y rehabilitación, mediante los cuales se lleva a cabo la valoración y diagnóstico que tiene por objeto determinar las condiciones de salud física, psicológica, familiar y socioeconómica en que se encuentra la persona para proceder a su rehabilitación, y para acceder a los demás derechos y servicios estipulados en la legislación.

Sin embargo, es importante mencionar que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 10, párrafo segundo, que el Sector Salud “expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional; y en nuestra legislación se establece que ese certificado deberá ser emitido por un especialista en medicina física y rehabilitación”.

Lo anterior ha dificultado la valoración de las personas con discapacidad y por tanto el reconocimiento de su calidad por las autoridades, pues en la entidad no existen los suficientes médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, generando entonces que estas personas se queden al margen de la protección legal y los beneficios que esta otorga.

En ese sentido, la reforma plantea una disposición que permita realizar estas valoraciones a los especialistas en medicina física y rehabilitación, pero también a los médicos que cuenten con capacitación en este rubro para que puedan llevarla a cabo, siendo entonces función de la Secretaría de Salud hacer posibles las capacitaciones necesarias para habilitar a un mayor número de médicos para que puedan realizar esta evaluación, y así apoyar a las personas con discapacidad.

En esa tesitura, la diputada Myriam Gudiño dio lectura en tribuna al dictamen número 04, elaborado conjuntamente por las comisiones de Salud y Deporte, así como de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género, correspondiente a la iniciativa de Ley con proyecto de Decreto referente a reformar el Artículo 17, párrafo primero y la fracción I de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, en el que se establece que:

“La valoración deberá realizarse por especialistas acreditados, certificados debidamente o capacitados para tal fin, preferentemente en este orden:

I. Médica, la cual se realizará para determinar profesionalmente el tipo y grado de discapacidad, el tratamiento y rehabilitación requeridos, y la necesidad en su caso, de prótesis, órtesis u otros elementos funcionales, misma que deberá ser realizada por especialistas en medicina física y rehabilitación o médicos capacitados para tal fin.

Este dictamen fue aprobado por unanimidad, por lo que el Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

 

 

 

Aprueba el Congreso de Colima reformas para castigar acoso callejero en transporte y espacios públicos

 

Durante la sesión ordinaria de este martes 15 de junio, las diputadas y diputados del H. Congreso del Estado de Colima aprobaron diversas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios, la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, así como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, estableciendo mecanismos de sanción contra el acoso sexual callejero en transporte y espacios públicos.

Cabe destacar que los dictámenes aprobados incluyen varias iniciativas de reforma propuestas tanto por el diputado Ignacio Vizcaíno Ramírez y la diputada Glenda Yazmín Ochoa, por las diputadas que actualmente se encuentran con licencia, Viridiana Valencia Vargas y Ana Karen Hernández Aceves, así como por el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

Por una parte, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, propone la adición del Capítulo VI intitulado “Acoso en Vía Pública” compuesto por el artículo 152 Quáter, al Título Segundo de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual, del Libro Segundo, del Código Penal para el Estado de Colima.

Con ello, se pretende proteger de forma preponderante a toda mujer, sin distinción de edad ni cualquier otra particularidad, “pues son quienes diariamente se enfrentan a una expresión más del machismo, del falso empoderamiento del hombre, a una cultura de discriminación y de falta de valores, en la que falsamente la figura masculina cree que con sus prácticas de connotación sexual no solicitadas ni consentidas, va a generar alguna satisfacción o bienestar sobre la mujer objeto de sus conductas”, se explica en el dictamen aprobado.

A lo anterior, se suman las reformas planteadas por las diputadas con licencia, Viridiana Valencia y Ana Karen Hernández, con las que se adiciona una Sección Novena intitulada “Hostigamiento y Acoso sexual”, compuesta de tres artículos, al Capítulo I, del Título Segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, con el principal objetivo de incluir las figuras de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la legislación local, así como adecuación al marco general de la legislación de la materia, además de poder sancionar administrativamente este tipo de conductas que diariamente sufren y lesionan a las mujeres.

Es así que la nueva sección de la referida ley manifiesta que: “El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, de quien asedie mediante conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva o solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, valiéndose o aprovechándose de una situación de superioridad o posición jerárquica, derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas con motivo del ejercicio de culto religioso o dentro de las instalaciones de alguna asociación religiosa u organismo de la sociedad civil, cuyo objeto social consista en prestar auxilio, refugio o tratamiento psicológico o físico a otras personas o de cualquier otra índole que implique subordinación, con amenaza de causar a la víctima cualquier mal, daño o perjuicio relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dichas relaciones”.

Con respecto a la propuesta de reforma y adición de diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, presentada por las legisladoras con licencia, se aprobó la actualización que se propone del artículo 152 para tipificar el delito de hostigamiento sexual, con lo que se clarifica el tipo penal que se describe y se señalan con toda precisión las nuevas conductas que también se engloban en el ilícito, relativas al asedio mediante conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

El infractor que cometa ese delito será sancionado con prisión de dos a cuatro años y multa por el importe equivalente de doscientas a quinientas unidades de medida y actualización. Si se ocasionan daños, aumentará la pena de prisión en una mitad más.

Si el sujeto activo fuere servidor público, docente en alguna institución educativa pública o privada de cualquier nivel, o ministro de culto y utilizare los medios o circunstancias que su función le proporciona para ejecutar el hostigamiento, además se le sancionará con la destitución e inhabilitación por un tiempo igual al de la pena corporal impuesta.

Además, se estipula que “se impondrá de un año a tres años de prisión y multa de doscientas cincuenta a seiscientas unidades de medida y actualización al responsable de acoso laboral que, haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, requiera o comparta imágenes, audio o video del acoso laboral”.

En caso de que el acosador sea un servidor público además de la pena mencionada se le sancionará con la destitución e inhabilitación por un tiempo igual al de la pena corporal impuesta.

En la reforma al Artículo 152 TER., se establece que “comete el delito de acoso sexual, al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, será sancionado con seis meses a un año de prisión y multa de cincuenta a cien unidades de medida y actualización”.

Así mismo, se reformó la Ley para Regular la Convivencia Civil en el Estado de Colima y sus Municipios, en relación al párrafo tercero del artículo 17, mismo que señala que la sanción por “manifestar expresiones verbales de connotación sexual a una persona que molesten y dañen su dignidad, y/o realizar señales obscenas con intención lujuriosa”, será el pago de una multa por el equivalente de 10 a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o arresto de 12 a 24 horas, para incorporar a la sanción la obligación de asistir a un curso de formación cívica y nuevas masculinidades o de estereotipos sobre el rol social de las mujeres o perspectiva de género por lo menos de 12 hasta 24 horas, impartido, según corresponda por el Instituto Colimense de las Mujeres o través de los Institutos Municipales”.

Así mismo, las reformas propuestas por el diputado Ignacio Vizcaíno y la diputada Glenda Ochoa, adiciona el Artículo 30 Decies a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que establece que “el Acoso Sexual Callejero es una forma de violencia unidireccional de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida en el transporte público, espacios públicos y/o semipúblicos, generado un malestar en la víctima, manifestándose de manera enunciativa más no limitativa a través de las siguientes conductas:

  1. Miradas lascivas, expresiones verbales, silbidos, sonidos obscenos, burlas sobre el cuerpo y/o comentarios inapropiados.
  2. Tocamientos, manoseos, rozamientos y/o exhibicionismo.

  3. Toma de fotografías y/o videograbaciones del cuerpo o alguna parte del cuerpo sin consentimiento.

Finalmente, se modifica la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, en distintas disposiciones, resaltando el Artículo 89, fracción XIII, en donde se estipula que la Secretaría de Movilidad deberá promover el registro de vehículos ante la Secretaría para el uso exclusivo de mujeres conductoras, mismas que deberán brindar servicio a mujeres y en su caso, acompañadas de sus hijos menores, adecuándose para su identificación de acuerdo a las características que indique la propia Secretaría.

Los dictámenes fueron aprobados por unanimidad, por lo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.