La libertad de expresión es el derecho a defender la publicación de quienes piensan diferente. Precisamente porque no hay unanimidad de pensamiento y las ideas son distintas dependiendo de las condiciones sociales, culturales, políticas o ideológicas de cada quien, la riqueza del pensamiento se nutre de las más diversas y variadas formas de comprender la realidad. El libre intercambio de ideas propicia un mayor debate y análisis para entender la totalidad de una realidad fragmentada. Cuando las ideas contrarias se expresan, pueden entrar en choque y ser antagónicas, pero las viejas ideas no necesariamente desaparecen, sino se transforman al ser dialécticamente superadas por nuevas concepciones que abrevan en una mayor aproximación al conocimiento de las causas y razones que anteriormente se valoraban de manera diferente. No hay verdades inmutables a lo largo de la historia de la humanidad, sino construcciones colectivas de seres pensantes que se atreven a desafiar el orden imperante, a pesar de que esas nuevas ideas sean perseguidas, atacadas desde el poder, hasta el grado de tratar de eliminar físicamente a quienes piensan diferente y se atreven a proponer nuevas ideas. Construir un pensamiento crítico implica cuestionar los privilegios de quienes detentan el poder político y económico. Atreverse a pensar con cabeza propia a pesar de las condenas que se emiten desde las alturas del poder, sea este de los gobiernos capitalistas, de las transnacionales imperialistas o del uso de las religiones para imponer pensamientos dogmáticos a nombre de divinidades contrarias a las necesidades humanas fundamentales. Defender la libertad de expresión es un riesgo permanente que hay que asumir cotidianamente para lograr construir una sociedad donde el derecho de unos termina donde empiezan los de los otros, sin privilegios, con igualdad de condiciones materiales.
El derecho a informar no debe ser exclusivo de los grandes medios masivos de comunicación que están en poder de unos cuantos grupos económicamente poderosos. La información no debe ser una mercancía que se vende al mejor postor. No puede ser que se impongan los algoritmos diseñados por los dueños de las redes sociales para hacer pasar por verdades aceptadas por la mayoría lo que son mentiras evidentes.
El acceso a la información se convierte en un instrumento vital para visibilizar la problemática de la labor periodística, pero también para valorar la actuación de nuestras autoridades para respetar y garantizar los derechos humanos de personas periodistas, posicionar el tema en el debate público y, principalmente, propiciar mejores condiciones para ejercer el periodismo en libertad, señala en un acuerdo el INAI ante la opacidad de la CNDH sobre el trámite de 557 quejas que ha recibido sobre agresiones de distinto tipo, que van desde amenazas, privación ilegal de la libertad, golpes, despojo de su equipo de trabajo, hasta la privación de la vida; de 2000 a la fecha, en México han sido asesinados 153 periodistas. Y hasta abril de 2021 son 1455 personas inscritas en el Mecanismo de Protección, de las cuales 467 son periodistas.
Por ello, el 7 de junio será un día para exigir pleno respeto al derecho a informar y a la libertad de expresión sin ser perseguido ni estigmatizado desde las alturas del poder, y para exigir que no haya más asesinatos ni desapariciones de periodistas. Que nadie debe ser criminalizado por las instituciones por dar a conocer graves violaciones a los derechos humanos.
Precisamente el 10 de junio se llevarán a cabo marchas y actos de protesta por los crímenes de Estado cometidos por los Halcones en contra del movimiento estudiantil en 1971. Un ejercicio de la memoria y del esclarecimiento de la verdad requiere de la reivindicación histórica de la lucha estudiantil y la condena al uso de la violencia que el Estado utilizó a través del grupo paramilitar de Los Halcones, que significó violaciones graves a los derechos humanos mediante el genocidio, las desapariciones forzadas, las masacres, ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la violación sistemática de las garantías individuales y procesales. La persecución política y la perversión de la justicia por parte del Estado mexicano pudimos documentar en el informe “Que no vuelva a suceder” con un equipo de investigaciones históricas, donde me tocó participar en el Estado de Guerrero, que tiene un capítulo sobre el 10 de junio de 1971 y la disidencia estudiantil, donde se establece que: “Igual que el 2 de octubre en Tlatelolco, los periodistas que estuvieron presentes y vivieron los hechos, desbordaron a sus editorialistas y directivos. Esa noche y la mañana del día siguiente, las noticias sobre la represión a la manifestación fueron contundentes”. A periodistas y fotógrafos que desafiaron las balas y la censura se debe la posibilidad de dar fehaciente testimonio del ataque paramilitar ante el beneplácito policial. La sociedad merece estar informada y valorar el trabajo periodístico en toda su dimensión, para que nunca más se repitan estos crímenes de lesa humanidad.
Porque el derecho a informar no debe significar perder la vida. Porque la libertad de expresión se defiende mediante la lucha y la organización consciente de la sociedad.