La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón al Ayuntamiento de Manzanillo en la controversia constitucional 316/2019, interpuesta contra el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo de Colima por la aprobación y publicación del Decreto 138, relativo a las cuotas y tarifas del servicio de agua potable, saneamiento y alcantarillado de ese municipio.
En su sentencia, el pleno del máximo tribunal judicial del país declaró inválido el decreto referido, por el cual se pretendió adicionar la fracción IV del artículo 10 y la fracción III del artículo 11 de la Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos del agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Manzanillo, publicado el 3 de septiembre de 2019.
La Suprema Corte consideró que, durante el respectivo proceso legislativo del Decreto impugnado se incurrió en una violación con potencial invalidante, ya que la reforma a la ley mencionada se llevó a cabo de manera unilateral por el Congreso local, cuando la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General exige a las legislaturas de los Estados que se les dé participación a los municipios, pues son éstos los facultados para proponerles las cuotas y tarifas aplicables a los derechos que deban cobrarse en sus territorios.
La controversia constitucional fue promovida por el municipio de Manzanillo, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Colima, durante el primer trienio de la presidenta municipal Griselda Martínez Martínez.