Piden CNDH y CEDHJ investigar feminicidio de Luz Raquel con perspectiva de género

Foto: Twitter @Elisaduran88

 

Por Cimacnoticias

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) condenan las violencias cometidas en contra de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, las cuales no solo acabaron con su vida, sino que dejaron en desprotección a su hijo, quien dependía completamente de sus cuidados al ser un niño con autismo.  

De igual forma, ambas Comisiones llaman a las autoridades responsables de la procuración de justicia del estado de Jalisco a actuar con diligencia en la investigación de este lamentable caso hasta esclarecer los hechos, sin dejar fuera ninguna línea de investigación y actuando bajo perspectiva de género y de derechos humanos en todo momento.

El pasado 19 de julio se dio a conocer por medios de comunicación y redes sociales el caso de Luz Raquel a nivel nacional, informando que el 16 de julio fue rociada con un líquido solvente y le prendieron fuego en un parque del municipio de Zapopan, Jalisco, produciéndole quemaduras que le costaron la vida.

Se ha dado a conocer que Luz Raquel previamente había sido amenazada de muerte y agredida el 17 de mayo por vecinos que se quejaban del ruido generado por su hijo durante sus crisis por autismo, hechos que denunció ante la Fiscalía del estado, y a la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Zapopan, solicitando protección del dispositivo electrónico de geolocalización, denominado “Pulso de vida”, sin que le fuera asignado y sin que se emitieran órdenes de protección para ella y su hijo.

El caso de Luz Raquel nos obliga a exigir a las autoridades de procuración de justicia y del ámbito de la seguridad pública, a que respondan conforme al marco normativo vigente y los protocolos para la debida diligencia reforzada en el marco de la prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres para proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la integridad, a la seguridad personal, a la vida y al acceso a la justicia de las mujeres. Pero, además de ello, nos obliga como autoridades a mirar desde un lente multifocal que permita entender que la violencia de género se interrelaciona con otras formas de discriminación y estas, posibilitan que las violencias se vivan de forma mas profunda. Luz Raquel era mujer, madre, cuidadora de tiempo completo de una persona con discapacidad y activista por los derechos de las personas dependientes y cuidadoras.

Tanto la CNDH como la CEDHJ reiteran su preocupación frente a la omisión en la actuación integral de las autoridades de Jalisco para proporcionar protección, pero más preocupante es aún la indiferencia y falta de capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva de género y de derechos humanos de quienes atienden los casos de violencia que en este caso dio por resultado la muerte de una mujer que se pudo evitar y que deja en la orfandad a un hijo que dependía completamente de ella.

Es importante resaltar que, desde noviembre del 2018, se encuentra activada la Alerta de Violencia de Género en la entidad, en la que está incluido el municipio de Zapopan, por lo que reitera la necesidad de priorizar en la agenda política la prevención, atención, investigación y erradicación de la violencia contra las mujeres y en específico, para el caso de Luz Raquel Padilla, se realicen todas las investigaciones con la debida diligencia, perspectiva de género y de derechos humanos  y se sancione a las personas responsables, evitando a toda costa que su feminicidio quede impune. Asimismo, hace un llamado para que las autoridades del estado atiendan de manera oportuna e integral a las víctimas indirectas, especialmente a su hijo.

Asimismo, ambas Comisiones piden a las autoridades del estado atender de manera efectiva las diversas acciones señaladas en la Alerta de Violencia de Género y destinar los recursos humanos y materiales para su implementación. Crear mecanismos efectivos  de prevención y atención de las violencias de género, haciendo especial énfasis en las mujeres desde una mirada interseccional, entendiendo que el feminicidio de Luz Raquel no es solo una muerte en razón de género, sino el resultado de un sistema patriarcal y una  ausencia total de políticas de cuidados que desde un enfoque de derechos humanos pongan al centro a las personas que dependen de cuidados, pero también a quienes cuidan y que logre permear en una sociedad empática y consciente de las necesidades de las personas que viven con alguna discapacidad. La información que ha sido pública hasta el momento da cuenta de una serie de amenazas mortales, escritas en las paredes del edificio donde Luz vivía, ello nos habla también de una apatía total por parte de quienes habitan este espacio y de quienes a través de sus redes sociales tuvieron conocimiento de las amenazas y de las agresiones físicas previas que vivió y de las cuales no se hizo nada.

Resulta imperioso incorporar en el Código Penal del Estado de Jalisco la reparación del daño de las víctimas indirectas del delito de feminicidio. De igual manera, se hace un llamado a regular los ataques con ácido o sustancias corrosivas o inflamables,  atendiendo a los efectos devastadores que estos tienen en las vidas de las mujeres, y se les solicita que establezcan bases de coordinación con la federación para contribuir en el respectivo ámbito de sus competencias en la erradicación de la violencia contra las mujeres, conforme a las Recomendaciones Generales 40/2019[1]  y 43/2020[2] emitidas por la CNDH y las emitidas por el organismo defensor de derechos humanos en Jalisco.

Desde ambos organismos se exhorta a la Fiscalía para que mejore las capacidades del personal que atiende e investiga los casos de violencia contra las mujeres en el CJM y en las agencias especializadas; que se publique el protocolo de órdenes de protección que inició su creación después del feminicidio de Vanessa y del cual se desconoce su estatus. También se exhorta a la Comisaría de Zapopan y de los demás municipios del estado de Jalisco a que, junto con la Fiscalía y la SISEMH, generen un instrumento de análisis de riesgo eficiente que permita dar cuenta de la situación de cada sobreviviente de la violencia; que atienda a su contexto y a las distintas situaciones y desigualdades que las  transversan; que jamás le sea negada una protección a una mujer y que los mecanismos digitales y de inteligencia que sean creados para su protección,  realmente garanticen su seguridad y la de sus hijas e hijos.

Por otra parte, insistimos en la aprobación del Sistema Nacional y Estatal de Cuidados que se encuentran pendientes, que deban poner en el centro a las personas que dependen de los cuidados y a las personas cuidadoras. Es evidente que el feminicidio de Luz Raquel nos debe hacer reflexionar como instituciones y como sociedad en general, sobre la necesidad de ser empáticos y no ser cómplices de actos tan atroces. Hoy, Luz Raquel dejó un hijo en orfandad a consecuencia del odio, de la omisión de instituciones y de una sociedad poco empática con las personas cuidadoras y las personas que viven con alguna discapacidad.

¡Defendemos al pueblo!




De conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción VII, 4 y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), en correlación con el 3 y 130, penúltimo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), los correos electrónicos se consideran registros que documentan el ejercicio de las facultades y funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por tanto, constituyen información pública, salvo aquellos casos en los que se actualicen las hipótesis de reserva o confidencialidad de la información establecidas en los artículos 113 y 116 de la LGTAIP, en relación con el 110 y 113 de la LFTAIP.


[1] CNDH, Recomendación General No. 40/2019 Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en México. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf Fecha de consulta 23 de marzo de 2022

[2] CNDH, Recomendación General No. 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-11/RecGral_043.pdf Fecha de consulta 23 de marzo de 2022

 

 

 

Reforma en Código Civil de Colima garantiza el interés superior de menores

 Foto: Gobierno de México

 

Las y los legisladores del H. Congreso del Estado de Colima aprobaron por unanimidad reformar varias disposiciones del Código Civil del Estado de Colima, con la finalidad de garantizar el principio fundamental del interés superior del menor en este Código Civil, en el tema de reconocimiento de hijos. 
El dictamen elaborado conjuntamente por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género, correspondiente reformar los artículos 63, 80 y 385, así como derogar el artículo 386 del Código Civil para el Estado de Colima, fue presentado en tribuna por quien suscribió esta iniciativa, diputado Héctor Magaña Lara, quien en su explicación de motivos relató que este Código Civil fue publicado el 25 de septiembre del año 1954, “es decir han transcurrido casi 68 años desde su expedición”, y “si bien nuestro Código Civil ha sufrido diversas reformas, adiciones y derogaciones desde su publicación a fin de adaptarlo a los nuevos tiempos, es innegable que en el mismo permanecen disposiciones anacrónicas que se han visto superadas con el avance de las ciencias jurídicas, particularmente, en lo que se refiere a los derechos humanos. Ejemplo claro de ello, es lo relativo al interés superior del menor, figura que en los últimos años ha cobrado gran relevancia siendo de gran trascendencia su aplicación en la impartición de justicia, donde ha generado diversas jurisprudencias que traen como consecuencia la adecuación de la legislación”. 
Dicho dictamen considera que “los artículos 63, 385 y 386 del Código Civil para el Estado de Colima atentan precisamente contra el interés superior del menor, pues actualmente dichos preceptos señalan”, ART. 63: “Cuando el hijo nazca de una mujer casada que viva con su marido, en ningún caso ni a petición de persona alguna, podrá el oficial del Registro asentar como padre a otro que no sea el mismo marido, salvo que este haya desconocido al hijo y exista sentencia ejecutoria que así lo declare”; ART. 385: “Está permitido al hijo nacido fuera de matrimonio y a sus descendientes investigar la maternidad, la cual puede probarse por cualquiera de los medios ordinarios, pero la indagación no será permitida cuando tenga por objeto atribuir el hijo a una mujer casada”, y ART. 386: “No obstante lo dispuesto en la parte final del artículo anterior, el hijo podrá investigar la maternidad si esta se deduce de una sentencia civil o criminal”: 
Esta reforma tiene como finalidad “el garantizar el principio fundamental del “Interés Superior del Menor” en el Código Civil para el Estado de Colima, en el tema de reconocimiento de los hijos, toda vez que los arábigos 63, 385 y 386 de dicho ordenamiento colisionan con los derechos fundamentales y al principio fundamental antes citado, al condicionarlos cuando la madre los procree con persona distinta de su cónyuge, así como la de indagatoria de paternidad o maternidad pues esta no debe ser un obstáculo para el hijo. Razón por la cual estas comisiones dictaminadoras observamos la viabilidad de la reforma, pues tiende a garantizar el interés superior del menor en los ordenamientos de reconocimiento de maternidad y paternidad”.
Por tanto, se aprobó reformar los artículos 63, 80 y 385, así como derogar el artículo 386, del Código Civil para el Estado de Colima, en los siguientes términos: 
“ART. 63: Cuando el hijo nazca de una mujer casada que viva con su marido, podrá el oficial del Registro asentar como padre a otro que no sea el mismo marido, cuando dicha paternidad se pruebe por cualquiera de los medios ordinarios”; ART. 80: “Si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios establecidos en este Código, se presentará al encargado del Registro, dentro del término de quince días, en original o copia certificada del documento firmado en forma autógrafa o con la firma electrónica certificada que lo compruebe. En el acta se insertará la parte relativa de dicho documento en el que se omitirá cualesquiera de las menciones prohibidas por los artículos 58, 60, 78 y 370, observándose las demás prescripciones contenidas en este capítulo y en el IV del título séptimo de este libro”; ART. 385: “Está permitido al hijo nacido fuera de matrimonio y a sus descendientes investigar la maternidad y la paternidad, las cuales pueden probarse por cualquiera de los medios ordinarios”, mientras que el artículo 386 fue derogado. 

 

 

 

En el Semefo “almacenan cadáveres incluso en el piso”, denuncia diputada

Imagen ilustrativa. Foto: Facebook

 

COLIMA, Col.- El Congreso local aprobó un exhorto al Fiscal General del Estado y a la titular de la Secretaría de Salud del gobierno estatal para “que en breve término, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las acciones necesarias a fin de que el Servicio Médico Forense (Semefo) dependiente de la Fiscalía General del Estado, en el municipio de Manzanillo, opere en condiciones adecuadas, para garantizar la salud del personal que labora, así como de los usuarios de dicho servicio”. 

Al presentar esta iniciativa con punto de acuerdo en el pleno, la diputada Kathia Zared Castillo Hernández expuso que recientemente “un ciudadano preocupado por las condiciones insalubres en las que literalmente se almacenan cadáveres incluso en el piso del área de refrigeración del Servicio Médico Forense de Manzanillo, dependiente de la Fiscalía General del Estado, hizo llegar a la de la voz material gráfico en el que se ilustran las condiciones infrahumanas en las que se tienen múltiples cuerpos que se encuentran en estado de descomposición”.

Enfatizó que, “por respeto, no se exhiben tan lamentables imágenes, pero se encuentran a disposición de las autoridades exhortadas para su consulta”.

Castillo Hernández abundó que “resulta más que lamentable, que a pesar de que se trata de personas que ya no tienen vida, se dé ese tipo de trato a sus restos humanos, sin embargo, lo más grave es, que las imágenes también ilustran las condiciones por demás insalubres que privan en el referido lugar, con lo que se pone en riesgo la salud, no solo del personal que labora en la referida dependencia, sino además de los usuarios de dicho servicio, quienes acuden a dicha área, bien para la identificación de los cadáveres de sus familiares o para trasladar un cuerpo de ese lugar a donde le darán sepultura”.

 

 

 

 

Por abuso de autoridad, vinculan a proceso a una agente de la PEA

 

COLIMA, Col.- Una juez de control vinculó a proceso a una servidora pública que se desempeñaba como agente de la Policía Estatal Acreditada (PEA), por el hecho que la ley señala como delito de abuso de autoridad.

Ante el Juez que conoce la causa penal, el Agente del Ministerio Público expuso que en marzo del 2020, en la comunidad de Chiapa, Municipio de Cuauhtémoc, la imputada en ejercicio de sus funciones incurrió en violencia, vejaciones e insultos en contra de la víctima.

Por tal motivo, el día 18 de julio del presente año, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, donde con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la juez concedió la vinculación y estableció al Ministerio Público un plazo de dos meses para el cierre de investigación.

La Fiscalía Especializada señaló que con dichas acciones reitera su compromiso con la población colimense de entregar los mejores resultados en el combate a la corrupción y aseguró que habrá cero tolerancia ante este tipo de actos.

 

 

 

 

Legisladores reforman diversas leyes en materia civil y familiar para equipararlas con legislación federal

 

Las diputadas y diputados de la LX Legislatura aprobaron diversas reformas en materia civil y familiar a tres leyes locales para poner a la vanguardia la legislación en nuestro Estado, con las reformas del Congreso de la Unión, así como los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las tres leyes reformadas fueron el Código Civil, la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, para homologar los temas de los Esponsales, Violencia Familiar, Indemnización por Compensación, y la Pensión Retroactiva por concepto de Alimentos.
De acuerdo al documento leído en tribuna por la legisladora Evangelina Bustamante, la comisión dictaminadora observó que la propuesta tiene como objeto “poner a la vanguardia la legislación en nuestro Estado, pues las reformas y adiciones llevadas a cabo en materia civil y familiar desde el Congreso de la Unión, así como los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han marcado una pauta para la actualización de diversas instituciones y figuras contenidas en la Ley, sobre todo en temas como los Esponsales, Violencia Familiar, Indemnización por Compensación, y la Pensión Retroactiva por concepto de Alimentos; temas que rigen la convivencia civil y familiar, mismos que están previstos en diversos ordenamientos como el Código Civil para el Estado de Colima, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, y la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia familiar”. 
Es así que la comisión dictaminadora observó la viabilidad de la iniciativa, pues la propuesta tiende a actualizar y armonizar la normatividad de naturaleza civil y familiar, conforme a las Leyes Federales y las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el caso del Código Civil, se reformó el Art. 287 Bis, para establecer que en la demanda de divorcio los cónyuges podrán demandar del otro, una indemnización por compensación y hasta el 50% del valor de los bienes que hubieran adquirido, siempre que se haya dedicado en el lapso en que duró el matrimonio, preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y al cuidado de los hijos si hubiere, o en su caso, al sostenimiento de los mismos. 
Además, establece que los concubinos podrán demandar del otro, una indemnización por compensación y hasta el 50% del valor de los bienes que hubiera adquirido durante el concubinato.
La reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, establece en el artículo 61 las atribuciones de la antes llamada Procuraduría General de Justicia del Estado, la cual deja de existir mediante Decreto 475 por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, por lo que se actualiza la denominación de la antes llamada “Procuraduría General de Justicia del Estado” contenida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima por “Fiscalía General del Estado”, con la finalidad de actualizar la denominación de las autoridades competentes en la materia.
Finalmente, la reforma incorpora el concepto de “Violencia Familiar” con una definición más amplia, por lo que otorga mayor protección a las víctimas de este tipo de violencia, y se armoniza y actualiza dicho concepto tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima y en el Código Civil local.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.