En nuestro país actualmente 950 mil mujeres rurales trabajan en el sector primario: es decir, agricultura (83.7%), ganadería (12.7%) y pesca (1.4%) . Pese a su importante labor en el desarrollo del campo y las labores agrícolas, ellas continúan siendo relegadas de espacios como el educativo, social, salud e incluso en el acceso a las tecnologías de la comunicación.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, las mujeres rurales que se encuentran en estado de pobreza, presentan a nivel mundial, un alto índice de deserción escolar, ya que generalmente son requeridas para ayudar en actividades asociadas con los roles de género conservadores que aún predominan en muchas comunidades rurales.
Algunas de las actividades que se asocian con las muejreres como son las del cuidado del hogar, la cocina, el acarreo de agua para las labores de limpieza, el cuidado de los niños, entre muchas otras. Con esta gran demanda de actividades, se vuelve para ellas, un verdadero lujo dedicar tiempo para su formación académica, por lo que se ven excluidas de tales actividades.
Tan solo en México, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno Federal, reporta que:
33.9% de las mujeres rurales concluyen la educación primaria
30.5% llegan a la secundaria
12.3% no tiene registro de escolaridad alguno
Estos datos son un claro indicio del rezago educativo que sufren dentro del contexto rural mexicano.
Por otra parte, las mujeres rurales, aun se enfrentan a problemáticas severas como el matrimonio infantil. Se estima que, en algunas poblaciones rurales, hasta el 50 por ciento de las mujeres se casan durante la infancia, generalmente por convenios creados entre familias, sin que ellas ejerzan una elección propia. Esto acarrea una serie de problemáticas como situaciones de violencia doméstica, dependencia económica y la imposibilidad de superarse en otros ámbitos, que no sean los establecidos por los roles de género propios de cada comunidad.
“Este tema es sumamente complejo pues abarca ámbitos muy amplios y convergen a través de él, muchos factores que hacen difícil el actuar de las autoridades para regular los sistemas educativos, económicos, de salud y de seguridad, específicamente para las mujeres rurales, que representan una población vulnerable”, destaca el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
La vulnerabilidad en la que viven las mujeres rurales deviene, en su gran mayoría, de los prejuicios sociales que se desarrollan en torno a ellas.
“Es por ello que, en este Día Internacional de las Mujeres Rurales, es importante no sólo hacer hincapié en la importancia de la mujer en el sector rural, sino impulsar e integrarnos como sociedad a las iniciativas que pretendan dar la libertad a las mujeres de ejercer sus derechos fundamentales, para que así puedan desarrollarse de forma integral en sus respectivos campos”, sentenció el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
Luego de diálogos con partidos que se oponían a respetar el principio constitucional de paridad de género, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron emitir los criterios que buscan garantizar la paridad de género en la postulación de al menos cinco mujeres en las nueve entidades donde se elegirán gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en los comicios de 2024.
En una sesión que culminó la noche del 16 de octubre y que fue continuación de la iniciada el 9 del mismo mes, finalmente se determinó que -a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- «los partidos políticos nacionales informarán al INE los criterios para garantizar la paridad sustantiva en candidaturas a gubernaturas, un día antes del inicio de las precampañas respectivas».
Cabe recordar que la sesión del 9 de octubre se vio suspendida debido a que las consejerías locales de partidos como Movimiento Ciudadano, Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) mostraron resistencia al acuerdo de paridad. Entonces se tuvo que llevar a cabo una charla en privado, entre consejeras, consejeros del INE y representantes de partidos políticos el día 13 del mismo mes, a la cual no tuvieron acceso medios de comunicación.
En dicha charla en privado los partidos políticos expresaron que el INE no tiene facultad para emitir estos criterios, además aseguraron que en Yucatán, Jalisco y Puebla, ya han legislado en materia de paridad en gubernaturas.
Sin embargo, es importante recordar que, en entrevista con Cimacnoticias, la consejera Dania Ravel Cuevas explicó que en estos estados, si bien hay legislación en materia de paridad, esta es «muy amplia», por lo que no se entiende de forma concreta la forma en que garantizarán este principio.
Ante la oposición de los partidos, las consejeras y consejero Dania Ravel, Norma De la Cruz, Claudia Zavala, Carla Humphrey y Jorge Montaño, mantuvieron la propuesta del área técnica y reforzaron la fundamentación y la motivación de este acuerdo de paridad, lo cual permitió finalmente alcanzar su aprobación, aún cuando los consejeros Uuc-kib Espadas y Arturo Castillo votaron en contra del proyecto.
En ese sentido, las comisiones determinaron que los partidos políticos deberán cumplir con lo siguiente:
Previo a la emisión de las convocatorias para los procesos internos de selección de candidaturas a gubernaturas, los partidos políticos nacionales deberán definir, en el contexto de los procesos electorales locales a llevarse a cabo, en qué entidades habrán de postular candidaturas de mujeres y hombres -garantizando que ninguno de los géneros sea postulado exclusivamente en entidades de baja competitividad- y determinando cuáles y cuántas convocatorias serán exclusivamente para mujeres, así como los criterios de competitividad con los que garantizarán la paridad sustantiva.
Los procesos de selección de candidaturas deberán establecer reglas claras que exijan la publicidad oportuna de todos los actos que integren las etapas del proceso y su debida notificación a quienes aspiran a obtener una candidatura.
Como acción afirmativa y derivado de que persiste una subrepresentación de mujeres en la titularidad de los Poderes Ejecutivos Locales y tomando en consideración el contexto histórico de las entidades con proceso electoral local, donde apenas han sido electas tres mujeres en toda la historia, los partidos políticos nacionales deberán postular al menos cinco mujeres en las entidades donde se elegirá la gubernatura -Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán-, así como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Los criterios también establecen que la solicitud de registro de candidaturas a gubernaturas la deberán presentar los partidos políticos o coaliciones ante los Organismos Públicos Locales y será remitida a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto.
Una vez que la Dirección cuente con la totalidad de las solicitudes de registro para las ocho entidades federativas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las analizará y en un plazo de 48 horas presentará a la consideración del Consejo General el dictamen respectivo.
Asimismo, se mandata a los partidos políticos locales para que respeten el principio de alternancia de género que hubieran postulado en la última elección en cada gubernatura y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Ahora dicho acuerdo deberá ser aprobado por el Consejo General; sin embargo, al día de hoy no se ha dado una fecha para dicha discusión.
¿Por qué es importante garantizar la paridad en las gubernaturas?
En México, durante los años 2015 a 2020 se han registrado 226 candidaturas para gubernaturas, de las cuales únicamente 41 han correspondido a mujeres, es decir, el 18.14 por ciento, mientras que los hombres han representado el 81.86 por ciento de estas candidaturas (185).
El Índice Global de Brecha de Género 2022, del que México forma parte, estableció que se requerirán 132 años para que nuestro país logre la paridad sustantiva, por lo que se necesitan medidas para garantizar que las mujeres ocupen espacios políticos, sin ser violentadas en su tránsito o en el ejercicio de sus cargos.
Para avanzar hacia lo anterior, en los procesos electorales de 2020, 2021, y 2022 el INE ha emitido acuerdos respecto del cumplimiento de paridad en gubernaturas. Derivado de dichos acuerdos se logró que fueran postuladas en paridad y electas un histórico de nueve mujeres como gobernadoras, en las entidades de: Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero Tlaxcala (2021), Aguascalientes, Quintana Roo (2022) y Estado de México (2023).
En México el derecho al voto de las mujeres se conmemora cada 17 de octubre, desde su aprobación en 1953, cuando se reconoció que ellas podían votar a nivel federal, pero también participar para ser elegidas como candidatas a un puesto popular. Sin embargo, la lucha del sufragio femenino comenzó principalmente en el siglo XIX en diferentes países, con el objetivo de buscar el derecho a la ciudadanía de ellas. Y fue durante el siglo XX cuando aproximadamente 84 naciones lo aprobaron, asegura Georgina Cárdenas Acosta, académica de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.
La conquista de este derecho en México, destaca María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tuvo un momento previo al año 1953, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, en el cual en la Cámara de Diputados y en el Senado comenzó a reconocerse el derecho al voto de las mujeres. No obstante, Cárdenas decidió no promulgar la reforma al artículo 34 de la Constitución.
¿Por qué se les negaba?
Marván Laborde explica que algunos miembros de partidos políticos, como los del Partido Acción Nacional (PAN), decían que no era útil reconocer el derecho al voto de las mujeres porque si sus esposos o sus padres votaban, entonces se asumía que todas las familias optaban por un mismo partido.
En 1947 se otorgó el derecho al voto a las mujeres únicamente a nivel municipal porque había el temor de que en México la fuerza conservadora rigiera sus votos y también se creía que no tenían autonomía porque estaban influenciadas por la religión debido a su supuesta cercanía con la Iglesia, comenta Cárdenas Acosta.
“El 12 de febrero de 1947 se consigna en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la participación de las mujeres como votantes y como candidatas, y es hasta el 17 de octubre de 1953 –en el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines– cuando se estableció como un sufragio universal. Para lograrlo se necesitó la intervención de muchas mujeres que desde el sexenio de Cárdenas solicitaban su derecho al voto”, añade.
La idea del sufragio femenino comenzó a germinar en México desde el siglo XX, cuando las mujeres formaban parte activa de los proyectos políticos posrevolucionarios. “Se preguntaban cómo a pesar de sus contribuciones continuaban sin tener derechos iguales a los de sus compañeros hombres”, precisa Amneris Chaparro Martínez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), de la UNAM.
“En ese sentido el feminismo es clave para la articulación y lucha política de estas demandas, así como para la forma en que las mujeres crean un proyecto político común que lleva a la consecución de derechos políticos.”
El poder es masculino
Después de que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas existió una resistencia ideológica regida por los estereotipos de género. Cárdenas Acosta apunta que el clima era adverso hacia este tipo de participaciones porque la legislación no se acompañó por una política pública que desarrollara estrategias de sensibilización o que incentivaran su incidencia en puestos.
“A pesar de que las mujeres adquirieron el derecho al sufragio, esto no garantizó su acceso pleno a los espacios de toma de decisiones. Por un lado, nos encontramos con discursos que promueven la igualdad y la inclusión, que coexisten con una arraigada cultura política patriarcal, la cual presenta numerosas resistencias, especialmente en el ámbito político, y requiere de numerosas reformas legales para establecer el principio de paridad y garantizar su cumplimiento”, sostiene.
Entonces, ¿por qué si en la legislación se estipulaba el sufragio femenino en la práctica se continuaba relegando a las mujeres de la política? La académica refiere que se debe a la configuración masculina del poder, que estaba en discrepancia entre lo que establece la legislación y la persistencia de la subrepresentación de las mujeres. Si ellas accedían a este sistema –constituido para que los hombres accedieran fácilmente a puestos de poder– sería a cuentagotas.
Por su parte la investigadora Amneris Chaparro Martínez también observa que la dificultad que históricamente han tenido las mujeres para acceder al poder político se debe al sexismo y a la misoginia. “Por una parte hay una serie de creencias sin fundamento en las que se determina que las mujeres son más débiles y menos capaces intelectualmente que los hombres”.
Además aclara que “la misoginia reprueba y persigue sistemáticamente a las mujeres sólo por su condición de género. Muchas veces sus cuerpos, ideas, vidas sexuales, así como personales están bajo un enorme escrutinio. Y este tipo de acciones de violencia en contra de ellas en el espacio público sirven como un constante recordatorio de que no está hecho para nosotras”.
¿Qué se ha logrado?
Marván Laborde considera que en un inicio se establecieron cuotas como sugerencia, en el año 2000 ya eran una obligación y desde el año 2014 se cuenta con paridad de género en las elecciones, ejemplifica. En este sentido, Cárdenas Acosta resaltó que al principio las acciones afirmativas, como la cuota de género, eran recomendaciones que ningún partido efectuaba, por lo que se tuvo que cambiar nuevamente la legislación para obligar a que se llevara a cabo.
“Si revisamos el número de mujeres que están en cargos públicos, tanto de elección popular como de no elección popular, veremos que evidentemente hay una diferencia fundamental entre lo que sucedía en nuestro país hace 70 años y en la actualidad. Se ha obligado a los partidos a postular el 50 % de candidatas mujeres y el otro 50 % de hombres a cargos de elección popular”, analiza la investigadora.
Cifras estadísticas del Instituto Nacional Electoral (INE) muestran que en el 2014 el Congreso de la Unión estaba representado por 254 mujeres y 374 hombres mientras que en la actualidad las cifras apuntan que hay un congreso paritario, pues el 50 % lo representan mujeres y el otro 50 % son varones. Además las diputaciones locales en aquel año estaban representadas por el 26 % de ellas y ahora son el 54 %. De igual manera, en ese año habían 7 % de alcaldesas y presidentas municipales y actualmente suman el 29 %.
De acuerdo con María Marván lo que está sucediendo en México es un avance cualitativo por encima de muchas naciones, inclusive europeas, así como de Estados Unidos, en donde las mujeres están accediendo a cargos de representación popular, a pesar de que en nuestro país, hasta ahora, ninguna mujer ha ganado la presidencia.
Sin embargo, llegar a este avance cualitativo fue dificultado por constantes artimañas por parte de partidos políticos que menospreciaban el liderazgo femenino. Por ejemplo, Cárdenas Acosta menciona que la paridad simulada, término que acuñó Araceli Burguete Cal y Mayor, consistía en darles candidaturas a ellas y después de ganar las elecciones quienes realmente ejercían el puesto eran los hombres.
“Desarrollaron una estrategia que consistía en otorgarle a las mujeres puestos de titulares y a los hombres los asignaban como suplentes, para que en el momento en el que ellas dejaran esos cargos, los varones pudieran ejercerlos. Peyorativamente se les llamaba ‘Juanitas’ a aquellas mujeres que renunciaban para que ellos tomaran las decisiones y cobraran sus sueldos.”
La especialista en Sociología asegura que la ley se ha adaptado de acuerdo con los fenómenos que se han dado con el paso de los años, para garantizar el derecho de las mujeres a su participación política.
Hoy vemos cómo los últimos presidentes de México han buscado activamente incluir mujeres en su gabinete, porque saben que el costo social de no hacerlo es muy alto. En la gran mayoría de los casos las han encontrado capaces, porque ya nadie se compra el argumento “de nosotros quisiéramos proponerlas, pero de dónde las sacamos”. Es evidente que no sólo ya no funciona, sino que es castigado por la sociedad, concluye María Marván.
«El Poli no me cuida, me cuidan mis amigas«: gritaban estudiantes y colectivas a las afueras de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) donde el pasado 6 de octubre, en un salón de clases, alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital detectaron que un compañero suyo, Diego N, tenía en su poder una tablet en la que había 20 mil videos y 166 mil imágenes reales y manipuladas de mujeres de 17 a 25 años con el objetivo de comercializarlas; esta práctica llevaba en operación desde el año 2016 en medio de un pacto patriarcal por más de siete años.
El hombre señalado de comercializar imágenes de sus compañeras, vendía las fotografías en grupos a otros alumnos y personas de la comunidad estudiantil, pero también en plataformas externas. Por estos hechos Diego N fue puesto a disposición de las autoridades y se le imputó el delito de violación a la intimidad sexual; sin embargo, en este momento lleva su proceso en libertad.
En tanto las ocho mujeres estudiantes que se identificaron como víctimas de Diego N ya iniciaron el proceso legal en su contra; pero esto no ha sido sencillo, porque han señalado que la institución educativa «las revictimiza y que las abandonó en un inicio», pues no fue sino hasta que su historia se difundió en redes sociales fue cuando recibieron el acompañamiento de Olimpia Coral Melo -impulsora de la Ley Olimpia- cuando directivos del IPN tomaron cartas en el asunto.
Las víctimas tampoco han podido acudir a clases debido al estrés que ha significado todo el proceso, además del cansancio, pues durante dos días las tuvieron a altas horas de la noche rindiendo su declaración ante un Ministerio Público de la Ciudad de México.
El pacto patriarcal de la violencia digital al interior del IPN
En la manifestación realizada a las afueras de la Escuela Superior de Comercio y Administración, las ocho mujeres que iniciaron un proceso penal contra Diego N detallaron que este 16 de octubre ampliaron su declaración ante las autoridades de la Ciudad de México, la cual permitió identificar que la violencia digital perpetrada al interior de la institución lleva años en impunidad.
De esta forma revelaron que la violencia que denunciaron ha prevalecido al interior de la institución desde 2016, pues a ellas se acercaron otras jóvenes quienes aseguran que estudiantes “les pidieron que entraran al negocio para exponer fotografías íntimas en prostitución digital o consiguieran fotos de otras alumnas para editarlas”.
“Existen pruebas de conversaciones entre alumnos que compraban y ofertaban estos contenidos, por lo que señalamos que Diego N no actuó solo; dentro de nuestros salones, en los pasillos, hay una organización patriarcal de hombres que comercializan estas fotografías, le ponen precio a nuestros cuerpos y nos ven como objetos sexuales”, acusó una de las víctimas.
Lo anterior confirma lo que revelaba el Informe de violencia digital. Un estudio de los perfiles de agresores y sobrevivientes de violencia sexual digital, realizado por el Frente Nacional para la Sororidad, el cual documentó de enero de 2020 a diciembre de 2021, mil 705 casos de violencia digital en México, de los cuales 95.3 por ciento fueron perpetrados contra mujeres, siendo las estudiantes universitarias y las empleadas privadas las principales agredidas.
Sumado a lo anterior las víctimas usaron este espacio para denunciar públicamente a plataformas de desarrollo de Inteligencia Artificial por no tener las medidas necesarias “ante un algoritmo patriarcal que beneficia y sistematiza la explotación sexual digital de nuestros cuerpos”.
“Que el estrés y dolor no queden en vano y obtengamos justicia”: víctimas
Las estudiantes señalaron que el día 6 de octubre hicieron de conocimiento a las autoridades escolares sobre las fotografías que detectaron; sin embargo, fueron revictimizadas e ignoradas, lo anterior aún cuando el IPN cuenta con un Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la violencia de género.
En dicho documento se detalla que la institución debe “brindar orientación oportuna e inmediata a las personas que se consideren víctimas, respecto de hechos o comportamientos constitutivos de violencia de género”.
Sin embargo, las estudiantes acusan que esto no fue así, pues casi una semana después el director interino de ESCA, Alonso Rojas Rodríguez, tomó cartas en el asunto y ofreció a las víctimas el acompañamiento de una persona defensora para cada una, pero esto tampoco se concretó sino hasta este 16 de octubre.
Sumado a ello también se retrasó la expulsión de Diego N, pues directivos del IPN consideraron necesario realizar en primer lugar una reunión de la Comisión de Honor para determinar lo que ocurrirá con el estudiante, quien al momento únicamente se encuentra suspendido.
Ante ello las víctimas exigieron a las autoridades politécnicas:
No esperar a que las alumnas se manifiesten para actuar y brindar protección. “No debe ser un caso mediático para que hagan su trabajo”, expresaron en su pronunciamiento.
“Dejar de encubrir alumnos agresores, y que la que la Comisión de Honor resuelva la expulsión definitiva de Diego N. Es inadmisible pensar que en estas instalaciones se gradúen futuros profesionales, ingenieros o licenciados con licencia para acosar”.
Que la comunicación con las víctimas sea en colectivo.
Que se considere el respaldo académico sobre este proceso de justicia, “pues al hacernos responsables de ser víctimas nuestra estabilidad académica también ha sido dañada. Pedimos además que no haya represalias en nuestra contra ni contra quienes han decidido luchar contra nosotras”.
Exigen fecha de respuesta y de avances.
“No queremos confrontarnos ni desgastarnos, exigimos porque a veces es la única forma de hacerlo. Llamamos a todas las dependencias del IPN y a nuestro director general Arturo Reyes Sandoval a poner todos los recursos para esta y todas las violencias, denuncias, llamadas de atención que las alumnas del IPN hemos manifestado. Que se les persiga a los agresores y no a las víctimas”, sentenciaron.
“Hoy estamos aquí presentes, rotas por este recorrido agotador de iniciar un proceso de justicia cuando eres mujer en un país feminicida y machista, tuvimos que ver nuestras fotos, las fotos de nuestras amigas, más de 20 mil videos de compañeras que ni siquiera saben que están en esa tableta digital. Fue horrible ver cómo con la llegada de la tecnología en manos de los hombres y de la industria de la explotación sexual destruye la vida de las mujeres”.
Violencia digital
El pasado 30 abril del 2021 las y los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron en lo particular y general la iniciativa sobre violencia digital conocida como «Ley Olimpia”, de esta forma se comprende a la violencia digital como toda acción realizada mediante el uso de tecnologías de la información, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier espacio digital, que atente contra la integridad, dignidad, libertad o vulnere los Derechos Humanos de las mujeres.
Esta decisión que se dio con 446 a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, determinó recorrer el contenido del capítulo VI al VII de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el fin de que el capitulo VI describa qué se considera como violencia digital.
También adicionó el artículo 199 Octies al Código Penal Federal para sancionar a quien “videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, elabore audios o videos de contenido sexual de una persona mayor de edad sin su consentimiento, autorización o consentimiento. Al igual, a quien difunda, divulgue, comparta , transmita, comercialice, importe este contenido íntimo”, describe la iniciativa.
Cualquier conducta de las anteriores se sancionará de 3 y 6 años de prisión con una multa de entre 45 mil a más de 89 mil pesos. Estas penas aumentarán hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubino o concubina o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza.
La pena será la misma dice, si el agresor es un servidor público en funciones, cuando la víctima no pueda comprender el significado del hecho; si el agresor obtiene un beneficio no lucrativo, cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito las personas atentan contra su integridad.
También, establece la modificación del artículo138 Bis y 159 del Código de Procedimientos Penales para que el Ministerio Público pueda solicitar al juez el retiro, bloqueo o destrucción del contenido íntimo de la víctima, para ello será necesario que se identifique al “proveedor de servicios en línea a cargo del sistema informático, sitio o plataforma de internet”.
Durante el debate, la diputada del Partido del Trabajo, Clementina Martha Dekker Gomez, resaltó que las mujeres no provocan ni incitan ningún tipo de violencia, por lo que se merecen una vida libre de violencia, “quien piense lo contrario, quien piense que esto no es posible es parte del problema , no de la solución”, dijo.
Por su parte, la diputada del partido de Morena, Anita Sánchez Castro, comentó que la violencia digital es una agresión que ha dejado “señaladas a muchas mujeres de por vida sólo por la actitud misógina de hombres que quieren continuar ejerciendo su poder sobre nosotras. Por ello celebro la penalización de estos actos que deben ser erradicados”.
En un video de redes sociales, la impulsora de la «Ley Olimpia», Olimpia Coral Melo, declaró que este resultado es producto de todas las mujeres que motivadas de sus historias de violencia digital han apoyado a la iniciativa. Además de la aprobación, resaltó, un segundo avance es el cambio de perspectiva sobre quién es el culpable de la violencia digital.
“Logramos en la conciencia colectiva que nosotras no somos las culpables, que nuestro cuerpo no es una culpa. La culpa es de la cultura porno que hacen los hombres, que publican y difunden. No queremos que nunca más ninguna más viva lo que muchas de las que estamos aquí vivimos” finalizó.
Al día de hoy el programa Sembrando Vida se encuentra masculinizado, ya que mantiene en su padrón de registro a 499 mil 998 personas, de las cuales únicamente 31.4 por ciento son mujeres, es decir, apenas 156 mil 999 del total se encuentran incluidas, de acuerdo con cifras del mes de marzo de 2023.
Según los lineamientos del programa, este “impulsará la participación efectiva de mujeres y hombres con la intención de contribuir a cerrar brechas de desigualdad por género y etnia en el acceso a los recursos”.
En el documento también se destaca que son las mujeres campesinas las que aportan “de forma sustantiva a la producción de alimentos, a la transformación, el resguardo de semillas criollas, el manejo ambiental, la comercialización, la preparación y conservación de alimentos”.
Por ello, puntualiza, “se prestará especial atención para que a través de las acciones y servicios, se busque acelerar la igualdad de género y el empoderamiento social y económico de las mujeres campesinas”.
Sin embargo, esto no ha ocurrido así. Pues incluso en 2020 la participación de las mujeres campesinas era menor que la de los hombres, siendo apenas el 30 por ciento (126 mil 128) del total de las personas registradas en ese momento (422 mil 205).
Es decir, de 2020 a 2023 la participación de las mujeres en Sembrando Vida se incrementó únicamente un 1.4 por ciento, lo cual coloca sobre la mesa la pertinencia de mantener este programa en el Anexo 13.
Sumando a lo anterior, en muchas de las ocasiones el recurso otorgado por medio de este programa sirve para perpetuar violencias y estructuras machistas en las comunidades. Así lo evidenció Rosalba Loya, ejidataria y originaria de la Sierra Tarahumara, quien durante el Parlamento Abierto «Presupuesto de Egresos de la Federación para el Campo 2024», realizado el pasado 10 de octubre, acusó que el programa Sembrando Vida no les ha beneficiado como debería.
«Soy del estado de Chihuahua y soy 100 por cierto rarámuri, siempre he estado en esto porque no quiero que mis hermanos indígenas, a quienes les dieron Sembrando Vida se mantengan borrachos por caguama, eso no es ayuda para nosotros», expresó.
Ya que detalló, el uso del recurso se destina a alcohol, más no para trabajar sus tierras. «Esta no es vida para nosotros, queremos que nos den semilla», aseguró.
Es de señalar que, de acuerdo con investigaciones cómo «Violencia y su relación con el consumo de alcohol en mujeres raramuris de Chihuahua», publicada por la Universidad Autónoma de Chihuahua, el alcoholismo es uno de los principales generadores de violencia física, psicológica, económica, marginal o sexual en contra de las mujeres.
Mujeres, sin acceso a la tierra
En nuestro país viven 66.2 millones de mujeres, de ellas, poco más del 20 por ciento habitan en comunidades rurales, además, 34 por ciento representan la fuerza laboral y se estima que son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Ellas, en sus comunidades, no tienen acceso a la tierra. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, en tierras de tipo ejidal o comunal, por ejemplo, solo tres de cada diez personas ejidatarias o comuneras a nivel nacional son mujeres. No obstante, estas cifras pueden variar según la ubicación geográfica: mientras en la Ciudad de México, Baja California, Guerrero y Sonora, las mujeres representan en promedio 30% del total de personas propietarias en ejidos y comunidades; en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, este porcentaje no supera el 20%.
“Debido a la falta de titularidad, las mujeres se encuentran limitadas a participar en órganos de representación o no pueden acceder a créditos, financiamiento o programas sociales”, destaca el organismo.
Es necesario conocer lo anterior debido a que, entre los criterios y requisitos de elegibilidad para acceder al programa Sembrando Vida se encuentra que la persona a postularse deberá “tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal”.
Es decir, las mujeres tampoco pueden acceder al apoyo económico de 6 mil pesos mensuales y ayuda en especie para trabajar tierras con un proyecto agroforestal, porque, en primer lugar, no se les proporciona un territorio ni se eliminan las brechas de género en las zonas rurales que les permitan acceder a uno.
“Históricamente los hombres han sido reconocidos como los encargados de gestionar la familia y lidiar con las demandas de la agricultura y la ganadería. Esto, en consecuencia, limita o condiciona a las mujeres el derecho de acceso a la tierra”, sentencia ONU Mujeres.
De esta forma queda en evidencia que uno de los programas estrella de Andrés Manuel López Obrador poco beneficia a las mujeres y tampoco construye un camino que acerque a la igualdad a la población, donde ellas son las principales afectadas por las disparidades, también en la tierra.
Lo anterior aún cuando organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) han señalado que cerrar la brecha de género en la productividad agrícola y la brecha salarial en el mismo sector a nivel internacional aumentaría el producto interior bruto mundial en casi un billón de dólares y acabaría con inseguridad alimentaria de 45 millones de personas.
Anexo 13 y el raquítico presupuesto a mujeres campesinas
Dentro del Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” uno de los programas estrella (o al menos de los que se lleva más recursos del Presupuesto Federal) es Sembrando Vida, el cual se encuentra masculinizado y poco aporta para alcanzar la igualdad, misma que mantiene una sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado en las mujeres y la poca posibilidad de poseer tierras, dejándolas relegadas de la toma de decisiones que impactan directamente en su vida y en la de sus familias.
Las mujeres tienen poco acceso a las tierras, a dirigirlas, a producir en ellas y obtener ganancias de esta labor, y aún cuando el programa Sembrando Vida tiene como principal lema “sembrar igualdad”, ellas continúan siendo relegadas del campo, obteniendo pocos beneficios de este programa que forma parte del Anexo 13 (el cual fue agregado al Presupuesto por primera vez en 2018 y creado precisamente para construir la igualdad entre mujeres y hombres).
El Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2024 contempla, para dicho Anexo 13, la cantidad de 409,107,904,319 pesos; de esta cifra, 3.04 por ciento (12,457,160,276) se asignó al programa Sembrando Vida, siendo el segundo más beneficiado tan solo por detrás del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, al cual se le asignó 61.54% del total del presupuesto (251,774,136,022 pesos).
