CNDH emite recomendación al titular de la SEMAR por violar derechos humanos de una de sus trabajadoras

 

Por Astrid Espinoza Nieto

SemMéxico, Ciudad de México, 15 de julio del 2022.- A raíz de una queja presentada por una víctima que laboraba en la Secretaría de Marina (SEMAR), quien al lesionarse en el trabajo no recibió la atención médica, y por el contrario, bajo instrucciones de trabajo se agravaron sus padecimientos, siendo despedida en condiciones que le impiden seguir con su tratamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 124/2022 al titular de dicha institución, almirante José Rafael Ojeda Durán.

La SEMAR señaló en un comunicado que, con base en el análisis de las evidencias, pudo concluir que personas servidoras públicas adscritas a la SEMAR incurrieron en presuntas responsabilidades administrativas que deben ser determinadas por la autoridad correspondiente.

Además, asegura que existe responsabilidad institucional por parte de la SEMAR debido a la vulneración a los derechos a la salud, a la seguridad social, a la seguridad jurídica, al principio de legalidad y al debido proceso en sede administrativa por la omisión en el otorgamiento de atención médica atribuibles a dicha Secretaría en agravio de la víctima.

En consecuencia, la CNDH además solicita al titular de la SEMAR que, en colaboración con el ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas), le sean reintegradas a la víctima las condiciones en materia de seguridad que le asisten, para que obtenga los haberes de retiro que le correspondan por padecer una enfermedad derivada de las funciones que realizaba. Además, deberán proporcionarle los servicios médicos que necesite, incluyendo la realización de la neurocirugía que le fue suspendida al darla de baja.

De igual forma, la CNDH pide que se colabore con la Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente en contra de las personas servidoras públicas responsables de las probables faltas administrativas señaladas en la Recomendación. Y que se diseñe e imparta un curso integral de capacitación en materia de derechos humanos dirigido al personal adscrito a la SEMAR del Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México en la ciudad de Veracruz, con contenidos que coadyuven a prevenir hechos similares a los que dieron origen a la presente Recomendación.

Antecedentes

El 22 de junio de 2021, la víctima presentó una queja en la que señaló que el 16 de septiembre de 2003 ingresó a la SEMAR ostentando el grado de Cabo del Servicio de Administración e Intendencia Naval Escala Lavandera. En ese momento se encontraba clínicamente sana y apta para el servicio de las armas y desempeñó su labor en lavandería industrial. En mayo de 2004, sin embargo, sufrió una caída desempeñando su servicio, la cual derivó en una lumbalgia. A pesar de que se tenía conocimiento de su padecimiento y de que contaba con licencia médica para rehabilitación de la columna, derivada de su accidente, recibió una serie de conductas violentas por parte de servidores públicos de la SEMAR, quienes no respetaron las incapacidades médicas que le otorgaban, lo cual ocasionó que su lesión se agravara y pasara de una lumbalgia a una “enfermedad discal degenerativa” que requería corregir este padecimiento con una cirugía espinal.

La víctima recibió fecha de operación para septiembre de 2015, no obstante, esta se pospuso en varias ocasiones, señalando que se realizaría el abril de 2018 sin que se llevara a cabo debido a que fue dada de baja de la institución antes de esa fecha, en noviembre de 2017, al fenecer su contrato, ya que pertenecía a la milicia auxiliar y prestaba sus servicios en forma temporal mediante contrato.

El 25 de octubre de 2017, la víctima fue notificada sobre el inicio del procedimiento de baja de la SEMAR, por lo que, mediante un escrito presentado el 27 de octubre de 2017 ante dicha Secretaría, manifestó que dicho procedimiento era ilegal, ya que la condición en la que se encuentra deriva de las funciones que realizó durante su servicio castrense, aunado al hecho de que la dejaría en un total estado de indefensión y se le negaría la posibilidad de contar con el servicio médico que requiere para su padecimiento. Pese a ello, el 15 de noviembre de 2017, se le notificó su baja del servicio activo de la SEMAR, retirándole las prestaciones en materia de seguridad social a las que tenía derecho y la atención médica que requiere para atender su padecimiento.

Cabe señalar que en la orden de baja del servicio activo no se contempló como causal su condición médica, lo cual la imposibilita hasta el momento para que pueda solicitar su trámite de retiro ante el ISSFAM.

  

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Mujeres exigen respeto a derechos reproductivos en el Congreso de Michoacán

 

Por América Juárez Navarro
SemMéxico. Morelia, Michoacán, 14 de julio, 2022.-Mujeres integrantes de la organización Las Matrioskas, se manifestaron la tarde de este jueves afuera del Palacio Legislativo de Michoacán. Con cacerolas y tendero de calzones colocados en la puerta del recinto, exigieron frenar las iniciativas de ley que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las michoacanas.
Las manifestantes se concentraron cerca de las 17:30 horas en el acceso principal del Palacio Legislativo, donde realizaron la protesta que denominaron “Calzonazo-cacerolazo”. Portando el pañuelo verde que identifica la lucha feminista a favor de los derechos reproductivos y sexuales lanzaron consignas como: “Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, “hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal”.
Emitieron un pronunciamiento contra la decisión de los diputados y diputadas del Congreso del Estado de avalar el reconocimiento de los derechos humanos del embrión, con lo cual se pretende criminalizar a las mujeres que practican la interrupción del embarazo y negar el derecho a decidir sobre su cuerpo.
Calificaron de inconstitucional la iniciativa presentada por el petista, Baltazar Gaona y respaldada por priístas, petistas, perredistas, panistas, verde ecologista, y morenistas, acusaron que avanza una agenda ultraconservadora, elitista, machista y patriarcal a pesar de que el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta, y ordenó a los estados garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales.
La tarde de este jueves, en sesión ordinaria, el Poder Legislativo de Michoacán discutiría las iniciativas propuestas por el diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García, que promueven castigar con pena de cárcel hasta por tres años a los acompañantes de las mujeres que decidan abortar.
Presentó, además, un punto de acuerdo para que se le retire a Humanas Sin Violencia, la Presea a la Mujer Michoacana 2020 y 2022 que se le entregó el pasado 8 de marzo por su activismo y promoción para que en la entidad se decretará la alerta de género. Pidió el diputado del PT, implementar medidas de seguridad para limitar el acceso a los manifestantes al edificio que alberga este Poder.

 

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La depresión postparto, debe considerarse un tema de salud pública: Sánchez Cordero

Foto: Gobierno de México

 

Por Micaela Márquez

SemMéxico, Ciudad de México, 13 de julio del 2022.- En el marco de los diálogos parlamentarios “Seguridad social, salud pública y depresión postparto”, que se llevan a cabo en el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, lamentó que tan solo 64 por ciento de las unidades obstétricas cuenten con cuidados de salud mental, de las cuales, 37 por ciento tienen protocolos para la detección y sólo 40 por ciento, para la debida atención de la depresión postparto.

Sánchez Cordero expresó, que debe considerarse un tema de Salud Pública que merece la atención del Estado Mexicano, porque es un padecimiento que afecta al 13 y 15 por ciento de las madres y al no ser diagnosticado correctamente, puede provocar el suicidio.

También señaló que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, 56 por ciento de las mujeres sufren este padecimiento hasta cuatro meses después del parto. 

La legisladora Sánchez Cordero, recordó que presentó una iniciativa por la gravedad de la indebida atención que puede generar hasta en suicidio de la madre que padece depresión postparto y que tiene por objeto generar espacios de orientación y la atención psicológica, sobre todo en los casos de embarazos de alto riesgo que provocan altos niveles de estrés.

Hizo mención que en las décadas de los 60 y 70, no estaba detectado este problema sino que fue hasta después de los años 80, cuando se iniciaron las investigaciones y conocimiento de la depresión postparto.

En ese entonces, dijo, “si las mujeres después del parto sentíamos alguna tristeza o algún tipo de, digamos, de falta de autoestima por el aumento de peso o por cualquier otro motivo, no teníamos oportunidad ni siquiera de tener la detección de esta depresión postparto que debe verse como un problema de salud pública.” 

La legisladora consideró que este tema debe analizarse profundamente, porque las madres no se dan cuenta de que están inmersas en la depresión y que es un problema que también está ligado a la violencia obstétrica, que se va a analizar también el Senado, de la cual también tiene una iniciativa. 

Por su parte, Norma Angélica San José Rodríguez, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, refirió  que la atención psicológica no inicia ni termina con el embarazo, sino que responde a las expectativas de género y supuestos en los que se espera que cada una de ellas atienda acciones específicas para las cuales quizá no estén preparadas. 

Mientras que María Asunción Lara Cantú, del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, subrayó que la depresión posparto es un problema prioritario de salud pública por tres razones: genera un sufrimiento grande a la madre; tiene una alta prevalencia, de aproximadamente un 13 por ciento en el país y por las consecuencias que este trastorno conlleva.  

Especialistas en el tema destacaron la necesidad de darle prioridad a este padecimiento, el cual no debe subestimarse, por lo que es necesario, realizar todos los esfuerzos para detectar la sintomatología y otorgar el tratamiento adecuado, así como sensibilizar y capacitar al personal del área de salud, como señalaron los titulares de la Dirección de Promoción de la Salud y la Dirección de los Servicios de Atención Psiquiátrica, Ricardo Cortés Alcalá y Juan Manuel Quijada Gaytán.  

Aremis Villalobos, del Instituto Nacional de Salud Pública, hizo énfasis en la falta de conocimiento sobre los síntomas y las posibilidades de tratamiento, por lo que pidió que se evalúen y desarrollen los recursos de resiliencia que permitan a las mujeres manejar mejor las demandas de la maternidad.

 

 

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Congreso de Michoacán busca castigar a mujeres que ayuden a otras a abortar

Fotografía: César Martínez López/ Cimacnoticias 

 

Escrito por Cimacnoticias 

Morelia, Mich.- En Michoacán, uno de los estados donde se castiga la interrupción legal del embarazo –pese a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– y donde, además, recientemente se aprobó una iniciativa para el reconocimiento de los “derechos sociales, económicos y culturales desde la concepción”, ahora se pretende sancionar a las mujeres que acompañen a otras a abortar.

Fue el diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, quien presentó una reforma al artículo 142 del Código Penal para el Estado de Michoacán, a través de la cual busca castigar con tres años de prisión a cualquier persona que ayude a una mujer a interrumpir un embarazo, aun si se tuvo consentimiento previo de ella.

En caso de que no se realice consensuadamente, y además se emplee violencia física, económica, psicológica o engaños para llevar a cabo el procedimiento, la persona podrá recibir de seis a nueve años de prisión.

“Es importante que esta legislatura contribuya a defender la vida desde la concepción y a generar conciencia de la importancia que tiene la vida de todo ser humano”, justificó Gaona García.

Así, al posicionarse en contra de los derechos de las mujeres, el diputado demostró una vez más que su partido no permitirá que la interrupción del embarazo deje de criminalizarse en Michoacán. 

Ante esta postura antiderechos, la Red Colectivas Feministas Michoacán emitió un pronunciamiento en el que destacó que el “aborto es un derecho humano establecido desde convenciones y tratados internacionales en pro de las mujeres”. 

“Le recordamos a esta legislatura gris, que solo vela por sus intereses personales, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce el derecho exclusivo de las mujeres a la autonomía reproductiva y a la autodeterminación sobre la maternidad, que incluye la elección y libre acceso a todas las formas de anticoncepción, las técnicas de reproducción asistida y la eventual interrupción del embarazo”, enfatizó la red.

Fotografía: César Martínez López/ Cimacnoticias 

 

Michoacán, una entidad que anula los derechos de las mujeres

Fue el pasado 29 de junio cuando el Congreso de Michoacán aprobó una serie de reformas a la Ley del Desarrollo Social a través de la cual se reconoció “la vida desde la concepción”, con lo cual se otorgaron “derechos sociales” a los embriones.

Se argumentó que las modificaciones buscan proteger a las mujeres embarazadas ante un posible caso de discriminación. Sin embargo, colectivas y diputadas acusaron que esta iniciativa engañosa es un peligro para los derechos reproductivos de las mujeres.

Cabe destacar que las reformas también fueron propuestas por el diputado Baltazar Gaona García: pasaron con 17 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.

Debido a los recientes embates por parte del Congreso estatal, las colectivas Incendiarias, Ellas, Libres Morelia, Defensoras digitales Michoacán, Hijas de la Brocha, La Tribu de No es una somos todas, el Parlamento Feminista Nietas de las Sufragistas y el Honorable Consejo Feminista Nicolatia han exigido directamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que “garantice los derechos de todas las mujeres, tal y como prometió en su campaña por la transformación”. 

 

 

 

Colima, en una de sus peores crisis de inseguridad y violencia

 

Resolución de la Coordinadora Socialista Revolucionaria 

Al concluir el primer semestre del presente año, la Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR-Colima) realizó un análisis de la situación de la violencia e inseguridad en Colima. Con datos duros y la revisión de diversos aspectos, el resultado fue un panorama completo que refleja la actual realidad que padece la población.
Reproducimos para el público de Tlanesi un fragmento del estudio y al final proporcionamos la liga de internet en la que puede ser leído el texto completo. 

 

La crisis de violencia en Colima | Resolución de la CSR

Julio de 2022 | Coordinadora Socialista Revolucionaria – Colima

  1. Seis meses después: el panorama actual de la violencia en Colima

Hemos llegado a una de las peores crisis de inseguridad y violencia de la historia reciente de Colima. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del 2022, la tasa de homicidios dolosos es de 44.2 por cada 100 mil habitantes, lo que nos coloca en el primer lugar nacional. En la siguiente gráfica que hemos elaborado a partir de los datos de dicho Secretariado, podemos apreciar la tendencia a la alza de estos crímenes en nuestro Estado.

grafica violencia

Tenemos también otro deshonroso primer lugar en feminicidios. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 se cometieron 14 homicidios dolosos contra mujeres en Colima, es decir, 3.45 por cada 100 mil mujeres, muy por encima de la media nacional, que fue de 1 asesinato por cada 100 mil mujeres.

Según datos del INEGI, la percepción social de inseguridad pública por parte de las y los habitantes de la ciudad de Colima pasó de 66.5% en diciembre del año pasado a 85.7% en marzo de este año, una subida considerable apenas un mes después del inicio de la ola de violencia. Los asesinatos, secuestros, tiroteos, narcomensajes, incendios provocados y abandono de cuerpos suceden a plena luz del día, en medio de zonas habitacionales y avenidas transitadas, incluso cerca de escuelas, con un componente, además, de clase: son las colonias populares como La Albarrada, Liberación, Torres Quintero, El Zalatón, El Mezcalito, entre otras, las más expuestas a la violencia y a la presencia militar.

Los altos niveles de impunidad (solo 1.8% de los delitos denunciados son castigados en Colima, según la asociación civil Impunidad Cero) y la lentitud de las investigaciones, sumados a la falta de comunicación generalizada por parte del gobierno, han causado incertidumbre y descontento entre la población, además de un desgaste político significativo de la aprobación de Indira Vizcaíno (como se puede comprobar en diversas encuestas de aprobación ciudadana) a tan solo pocos meses de haber asumido el ejecutivo del Estado.

  1. Efectos sociales y económicos de la violencia

Uno de los sectores económicos golpeados directamente por la crisis de violencia en el estado son las pequeñas y medianas empresas, ya de por sí afectadas por la parálisis de la pandemia. Estos negocios dependen del consumo diario de la población, y el miedo a salir a la calle provoca una disminución de la clientela, por lo que no pueden seguir solventando sus gastos frente a la competencia de las grandes empresas. Es por eso que varios negocios locales, como restaurantes y tiendas, se vieron orillados a cerrar sus espacios de trabajo, incrementando aún más la precarización de los trabajadores colimenses.

Otro sector laboral vulnerable es el de las y los trabajadores de “aplicación”, tanto de transporte como repartidores. Estos empleos se caracterizan por la falta de regulación laboral, la explotación, la nula paga de prestaciones y el abandono de las responsabilidades de los patrones. Estas condiciones permiten que los trabajadores sean blanco de las organizaciones criminales, quienes transportan a través de ellos mercancías ilegales como drogas, armamento o municiones, sin que el repartidor lo sepa, exponiéndolos así a atentados como el que sufrió un repartidor de comida rápida el 6 de marzo, en la colonia La Albarrada, causándole la muerte.

En el panorama social, la población muestra síntomas de miedo, hartazgo y desconfianza hacia la policía, los militares y todo el aparato de Seguridad Pública del Estado. Pero al mismo tiempo, afloran en la sociedad discursos conservadores de criminalización y estigmatización hacia ciertos sectores socioeconómicos marginados, producto del bombardeo ideológico que las clases dominantes infligen a través de sus medios de comunicación, en donde priorizan el morbo gráfico, el desprecio y la deshumanización de las víctimas, por sobre el entendimiento crítico del fenómeno social de la crisis de violencia.

https://socialistarevolucionaria.org/la-crisis-de-violencia-en-colima-resolucion-de-la-csr/