Aumento de clorofila en plantas, indicador de fosas clandestinas

 

 

Desde 2007, según cifras de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), en esta demarcación 12 mil personas han desaparecido. Asimismo, se han obtenido datos sobre 144 fosas clandestinas que han sido observadas entre octubre de 2009 y febrero de 2021, de entre los cuales se incluyen latitud y longitud del lugar donde las autoridades localizaron 52 de esas fosas

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Elementa DDHH, Centro Geo y Data Cívica utilizaron las coordenadas de esas 52 fosas para desarrollar un modelo geoespacial que delimite las zonas de ese estado donde es probable que se localicen nuevas fosas clandestinas. Dicha información está contenida en la investigación ‘Hallazgos de fosas clandestinas: uso de análisis geoespacial para la búsqueda de personas desaparecidas en Baja California, México’.

En este trabajo, con un análisis de patrones se determina la agrupación de puntos en la zona de estudio. Si se encuentran varios grupos de fosas muy próximos entre sí, puede suponerse que éstas no están en una ubicación aleatoria, sino en zonas específicas según su patrón espacial. Además, puede inferirse la distancia de las fosas que aún no se han encontrado, con base en los patrones de agrupación de los puntos anteriores. 

En otras palabras, en un punto donde se ha localizado previamente una fosa, existe una alta probabilidad de que se encuentren nuevos hallazgos a una distancia de 18 km-28 km, debido al patrón de conglomeración de los puntos.

El carácter ilegal de las fosas clandestinas obliga a los perpetradores a elegir lugares ocultos -barrancas o zonas boscosas-, para garantizar su privacidad durante el entierro. Dado esto, la estructura del paisaje, conformada principalmente por el terreno y la vegetación, desempeña un papel fundamental en la selección de un sitio de entierro.

Por otro lado, el contexto geográfico impone restricciones de accesibilidad, especialmente porque el traslado de personas en contra de su voluntad o de restos humanos, requiere un transporte rápido y discreto, por lo que la red de transporte y la pendiente del terreno también son importantes en la determinación del lugar de entierro.

Estas nociones llevaron a las y los realizadores de la investigación a conceptualizar el espacio geográfico en términos de dos conceptos clave: accesibilidad espacial y privacidad espacial, los cuales son muy relevantes para la localización de fosas clandestinas.

El estudio encontró que 41 fosas georreferenciadas se ubicaron en zonas de fácil acceso, pero de baja visibilidad, cumpliendo con la noción de espacio clandestino. Asimismo, identificó que el 32% del territorio de Baja California cumple con las características de alta accesibilidad y baja visibilidad, que son áreas potenciales para iniciar nuevas búsquedas de personas desaparecidas.

Para reducir aún más esas zonas potenciales, en la investigación se generaron topes circulares con un radio de entre 18 y 28 km, alrededor de los puntos de fosas observadas previamente por la FGEBC. Al crear intersecciones de las zonas dentro de los topes con las que cumplen los criterios de espacio clandestino, se estableció que la zona de búsqueda potencial podría reducirse otro 10%. Por lo tanto, se garantiza que las zonas de búsqueda finales estén a una distancia razonable de la mayoría de los asentamientos urbanos; de 39 minutos en el caso de Baja California. Sin embargo, no se puede precisar el lugar o la dirección exacta para las brigadas de búsqueda.

El estudio también señala que, cuando un cuerpo se descompone, libera nutrientes al suelo, entre los que destaca el nitrógeno (N). Debido a que el cuerpo humano contiene una media de 2.6 kg de N, una cantidad distribuida en un área de 3 metros cuadrados equivale a 50 veces la cantidad recomendada para abonar arbustos o árboles en zonas templadas. 

Partiendo de que el contenido de N de las plantas está directamente relacionado con la concentración de clorofila en las hojas, un estudio reciente con animales indicó que se podían descubrir entierros a partir de la detección de un crecimiento acelerado en el contenido de clorofila de las hojas de las plantas. Así que, acumulaciones de nitrógeno observadas a través de imágenes satelitales podrían indicar anomalías en el terreno, donde se presume que podría haber cuerpos enterrados.

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«La Glorieta de las Mujeres que Luchan se queda», aseguran colectivos

 

Fotos: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Ciudad de México | Desinformémonos. Colectivos y familiares de víctimas de violencia machista se reunieron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para exigir que el monumento no sea retirado.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señaló que se interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México «por el inminente intento del gobierno de la Ciudad de retirarla».

Señaló que en un país donde cada día son asesinadas diez mujeres sin que haya castigo para los responsables, «el derecho a la memoria no puede ser removido».

«La Glorieta de las Mujeres que Luchan se queda», aseguraron las madres y padres de familia junto con organizaciones y colectivos, exigieron al gobierno que respete el monumento, el cual forma parte del recorrido de la memoria en la avenida Reforma de la Ciudad de México.

 

 

 

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Que el Estado informe a municipios sobre mujeres protegidas y casos de personas desaparecidas, pide alcaldesa de Manzanillo

 

Durante la Séptima reunión mensual del Comité Estatal de Prevención del Delito celebrada en Manzanillo, la presidenta de Manzanillo Griselda Martínez expuso que es necesario que a través de las Mesas de Seguridad del orden estatal, se informe a los ayuntamientos sobre los casos donde, por ley, se da protección a mujeres y también los detalles de personas desaparecidas, con la finalidad de que se preste una mayor protección y en su caso también, exista una mejor resolución de delitos.

La alcaldesa destacó el trabajo de la Dirección de Prevención Social del Delito de la dirección general de Seguridad Pública que se lleva a cabo desde 2018, principalmente en actividades de proximidad social, donde la niñez y la juventud tienen prioridad en atención.

Quedando en acta asentada de la referida reunión, recalcó que es muy importante la coordinación interinstitucional y que sui bien, existen lazos importantes para tratar de mantener el orden, sí hace falta que la Fiscalía General del Estado, comparta a los 10 ayuntamientos de la entidad, información que puede ser trascendental e inclusive salvar vidas.

En ese sentido detalló que uno de los sectores en los que se trabaja de manera contundente es en la protección femenil, en ese sentido, aseguró que para las corporaciones de Seguridad municipales, sería trascendental conocer los asuntos donde algún juez determinó restricciones para su protección, de esa forma, hacer patrullajes para cuidar que se cumpla y haya seguridad en la integridad de las mujeres que de forma valiente denunciaron algún hecho de violencia en su contra, “en la administración estatal pasada sí nos informaban, ahora no, por ello expongo esto ante este Consejo para que en las Mesas de Seguridad, se solicite”.

Agregó que como autoridad municipal, en donde se privilegia la coordinación entre corporaciones, es necesario también que el Estado, a través de su Fiscalía, proporcione la información sobre personas desaparecidas, pues en el caso de Manzanillo, la Dirección General de Seguridad Pública hace trabajo de inteligencia e investigación que puede cotejarse con los mapas de calor y contribuir a hacer las localizaciones correspondientes.

En la reunión del Consejo Estatal, Carmen Galindo directora de Prevención Social del Delito en Manzanillo, junto con su equipo de colaboradoras y colaboradores, expusieron el trabajo que día a día se hace de manera directa con la población, como aspectos psicológicos, capacitaciones para evitar extorsiones, la integración de la Patrulla Juvenil, atención de niñas y niños en riesgo, charlas con padres y madres de familia para evitar que sus hijas e hijos adolescentes pasen por graves etapas de riesgos, entre otros.

Tras la exposición detallada de los alcances que se han tenido con el modelo de prevención que realiza el Ayuntamiento de Manzanillo, el director general de Vinculación Social y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Andrés Trujillo Fajardo felicitó a todas las personas que con empeño y vocación logran tener una proximidad importante con la sociedad y de esa forma prevenir situaciones negativas, por lo tanto solicitó, que algunos de los programas que se llevan a cabo en Manzanillo, sean presentados a su equipo de colaboradores para integrar esas estrategias a la dependencia estatal que representa.

En esta Séptima reunión mensual del Comité Estatal de Prevención del Delito, participaron las áreas de Prevención de los Ayuntamientos de Colima, Armería, Tecomán, Minatitlán, Ixtlahuacán, del Instituto Nacional de Migración, del Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar, de la Red Siglo XXI, entre otros.

 

 

 

Pide el Congreso a la CNDH investigar presuntos abusos en desalojo de familias en Campos

 

Las y los legisladores de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado aprobaron un Punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue de oficio las probables violaciones a los derechos humanos en relación al desalojo de familias del Ejido de Campos, Manzanillo, Colima, después de que el pasado miércoles 29 de junio del presente se realizó un desalojo con uso de la fuerza pública a más de 100 personas, entre las que destacan niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, y personas que viven en situación de pobreza extrema.

En el mencionado punto de acuerdo, se refiere que la Sexagésima Legislatura “hace un atento y respetuoso exhorto a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Maestra Rosario Piedra Ibarra, para que investigue de oficio las probables violaciones a los derechos humanos, que se pudieran haber cometido por el desalojo de aproximadamente 24 familias del Ejido de Campos, en el que se hizo uso de la fuerza pública, derivado a lo ordenado por el Mtro. Roberto Carlos Ramos Coronado, Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Partido Judicial en Tonalá, Jalisco, respecto de la carpeta de investigación 39957/2022”.

De acuerdo con lo expuesto en el Pleno, por parte de la diputada del Grupo Parlamentario de Morena, Isamar Ramírez Rodríguez, en varios de los casos “las familias tenían más de 40 años viviendo en el lugar y con mucho sacrificio y esfuerzo construyeron sus viviendas. Además de las viviendas que fueron desalojadas, también se impide el acceso a espacios de uso común como son la Casa de Adultos Mayores de Campos en la que las personas de la tercera edad acuden semanalmente a tomar talleres y cursos; a la Cancha de Futbol de la comunidad, en la que decenas de jóvenes realizan actividades deportivas”. También se aseguró un bien inmueble de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (Capdam), que sirve para dotar del vital líquido a la población de Campos.

Además, en el documento se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es competente, por ser un caso en el que se ve implicado el Poder Judicial del Estado de Jalisco, en relación con hechos ocurridos en el Estado de Colima, es decir, hay dos entidades federativas involucradas, además en el hecho posiblemente estén involucradas tanto autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las entidades federativas o municipios.

 

 

 

 

Congreso aprueba reformas para que centros de tratamiento de adicciones garanticen los derechos humanos de pacientes

 

El pleno del Poder Legislativo aprobó una reforma a diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima, con el objetivo de que los centros de rehabilitación, públicos o privados, garanticen los Derechos Humanos de sus pacientes, y en caso de que se detecte lo contrario previo revisiones de las autoridades competentes, se puedan realizar las denuncias penales o de cualquier otra índole que corresponda.

La iniciativa fue planteada por la diputada Yommira Jockimber Carrillo Barreto, del Grupo Parlamentario Morena, dictaminada por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la de Salud y Deporte, presentada en el Pleno por el diputado Armando Reyna Magaña.

Con ello, se estipula que los centros de tratamiento, atención y rehabilitación contra las adicciones de los sectores privado o social que operen en el estado deberán garantizar el trato adecuado y respetuoso de las y los individuos que reciban sus servicios, teniendo como base de actuación la dignidad humana y la protección de sus derechos humanos, salvaguardando en todo momento su integridad física, psicológica y social.

Así mismo, el decreto establece que los centros de rehabilitación deberán obtener la licencia o permiso del Ayuntamiento respectivo para su funcionamiento, por lo que los ayuntamientos, de conformidad a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, sus reglamentos y demás instrumentos jurídicos aplicables, cancelarán las licencias o permisos, temporal o definitivamente que hayan otorgado, cuando se acredite el mal uso de ellos.

Por tanto, primeramente, debe hacerse el trámite ante el Ayuntamiento para la observación y aplicaciones de las disposiciones reglamentarias del inmueble y sus instalaciones; obtenida la licencia o permiso, se tramitará el registro de funcionamiento de dicho centro ante la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, lo que conlleva a tener una comunicación estrecha entre estos entes, a efecto de proporcionar la información necesaria para este servicio.

Finalmente, las autoridades del sector salud a través del área correspondiente, deberán permanentemente inspeccionar las áreas físicas de los centros de tratamiento, verificar la implementación de los programas de tratamiento, supervisando la rehabilitación de las y los internos, así como el trato que se les esté otorgando; en caso de detectar violaciones a sus derechos humanos, podrá realizar las denuncias penales o de cualquier otra índole que corresponda. Además, cualquier persona que detecte las violaciones mencionadas, podrá también realizar las denuncias correspondientes.

El dictamen fue aprobado por mayoría, por lo que, en un plazo no mayor a 180 días posteriores a la publicación del presente decreto, los ayuntamientos de la entidad realizarán las modificaciones de orden reglamentario y administrativo, necesarias para garantizar la correcta y oportuna ejecución de las nuevas funciones.