Mujeres crean modelos socioeconómicos alternativos desde la soberanía alimentaria

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Desde la soberanía alimentaria y el ecofeminismo, las mujeres denuncian el sistema capitalista patriarcal, generador de injusticias y desigualdades, que ha convertido los alimentos en mercancías, anteponiendo los intereses del mercado a los de las personas. Ellas han reivindicado sus conocimientos históricos en la actividad agraria y alimentaria, así como en la gestión sostenible de la naturaleza, denunciando además que son las más perjudicadas por las políticas neoliberales y sexistas.

Las mujeres continúan produciendo hasta el 80 por ciento de los alimentos en los países más pobres, además, son las principales “guardianas de la biodiversidad y de las semillas de cultivo”, pese a ello, son las más afectadas por diversas políticas, acusa el texto “Ecofeminismos Rurales Mujeres por la Soberanía Alimentaria”, realizado por la investigadora Estefanía García Forés. 

Por un lado, desde la soberanía alimentaria, se denuncia “que el uso masivo de productos químicos en la agricultura tiene efectos negativos sobre la naturaleza y la salud humana”.

Mientras que desde el ecofeminismo “se denuncia el mal desarrollo que supone la implantación de una agricultura para la exportación, basada en la expansión de monocultivos y la utilización masiva de pesticidas y otros productos químicos tóxicos, destruyendo la biodiversidad y provocando enfermedades y hambre en la población campesina, así como su desaparición”, de acuerdo con la defensora ecofeminista, física, filósofa y escritora originaria de la India, Vandana Shiva.

“Tanto desde la soberanía alimentaria como desde el ecofeminismo se critica la opresión de las mujeres en las sociedades modernas y en las tradicionales. Se evita, por tanto, caer en la mitificación de las sociedades tradicionales y se denuncian aquellas tradiciones y costumbres basadas en roles y estereotipos de género que discriminan a las mujeres, aún y cuando puedan ser ecológicamente sostenibles. Se aspira, por tanto, a construir un nuevo mundo basado en los principios de respeto, igualdad, justicia, solidaridad, paz y libertad”.

Modelos socioeconómicos alternativos

Las mujeres han apostado por el mundo rural vivo. Ellas, con sus nuevas formas de liderazgo, buscan crear alternativas frente al modelo socioeconómico actual. Ellas comprenden y laboran en la agricultura, aún cuando las condiciones pueden no ser las mejores.

Por ejemplo, el informe «La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)», publicado en 2023, puso sobre la mesa que, en 2019, a nivel mundial, el 36 por ciento de las mujeres y el 38 por ciento de los hombres que trabajaban lo hacían en sistemas agroalimentarios.

Pese a lo anterior, las mujeres tienden a desempeñar funciones que se consideran secundarias y a tener peores condiciones laborales que las de los hombres. El informe señala que las mujeres se encuentran inmersas en trabajos irregulares, informales, a tiempo parcial, que requieren un uso intensivo de mano de obra y tienen que trabajar con tecnologías diseñadas para hombres. 

Además, ellas tienen menos acceso que los hombres a activos y recursos fundamentales para los sistemas agroalimentarios, como tierras, insumos, servicios, medios financieros, tecnología digital, semillas mejoradas, fertilizantes y equipo mecanizado.

Por otro lado el texto “Ecofeminismos Rurales Mujeres por la Soberanía Alimentaria”, también coloca en el foco público los efectos negativos en la salud se acentúan en el caso de las mujeres, por ejemplo, ellas se ven más afectadas por la contaminación que los varones debido a que los derivados del petróleo utilizados en la agricultura como pesticidas y herbicidas tienen una composición química similar a los estrógenos.

En ese sentido, la investigadora Estefanía García Forés, destaca la importancia de que, desde la soberanía alimentaria y el ecofeminismo se construyan bases “de igualdad, eliminando cualquier discriminación hacia las mujeres”. 

“Es importante integrar la perspectiva feminista en la propuesta de soberanía alimentaria, ir más allá del discurso, para mirarnos desde el corazón y ser conscientes que un cambio de modelo no puede seguir perpetuando desigualdades y sustentándose en el trabajo invisible y gratuito de la mitad de la población. La soberanía alimentaria debe integrar la ética del cuidado que supone darse cuenta que un modelo respetuoso con la naturaleza también engloba un modelo de convivencia y cuidado entre los seres humanos, que cuidar y ser cuidados es un derecho y una responsabilidad de toda la población, hombres y mujeres, así como una obligación del estado”.

 

 

“Primero los pobres” de AMLO, no incluyó a las mujeres indígenas y afromexicanas

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En el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) realizó un balance en torno a su manifiesto político: Mujeres indígenas, una agenda política pendiente del 2018, a cinco años de esta exigencia política dirigida a autoridades federales consideran que el lema del presidente de México, “por el bien de todos, primero los pobres” no se ve reflejado en los hechos hacia los pueblos Indígenas y afromexicano.

Esta agenda la cual, afirman surgió de diálogos, reflexiones y consensos de las 7 redes nacionales que la conforman volvieron a presentarla para recordar que aún siguen pendientes las cuales enumeraron:

  1. Reconocer a las mujeres indígenas como sujetas de derecho. Garantizar su participación política en todos los ámbitos y espacios de toma de decisiones. 
  2. Generar datos desagregados por condición étnica y de género que indiquen la problemática de desigualdad para dar soluciones pertinentes. 
  3. Crear un programa nacional con presupuesto etiquetado y progresivo que incentive la participación de mujeres indígenas en todos los espacios. 
  4. Realizar acciones que generen reconocimiento y valor al aporte de las mujeres indígenas: institucionalización del Día Internacional de la Mujer Indígena y creación del Premio Nacional de las Mujeres Indígenas Defensoras. 
  5. Revisar la legislación agraria para incorporar el derecho de las mujeres indígenas al acceso a la tierra. 
  6. Fortalecer, promover y garantizar los derechos lingüísticos en México. Asegurar el derecho a la traducción e interpretación en todos los espacios públicos. 
  7. Promover acciones y programas para reconocer a las juventudes indígenas, su valor en la continuidad de sus comunidades y el aporte desde su identidad étnica dentro de la sociedad nacional. 
  8. Garantizar el derecho a la salud y no violencia, con especial énfasis en derechos sexuales y reproductivos. Potenciar el modelo de las Casas de la Mujer Indígena, como una política pública exitosa en la prestación de servicios a esta población. 
  9. Garantizar el ejercicio de la partería tradicional indígena de forma libre, desde nuestra cosmovisión, sin que se condicione ni criminalice a las parteras ni a las parturientas. Es parte del sistema de conocimiento indígena, que debe ser conservado y no desaparecido, es parte fundamental de nuestro modo de vida y supervivencia. 
  10. Proporcionar garantías de seguridad para las mujeres indígenas promotoras y defensoras de los derechos humanos. 

La Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) está conformada por la Red Nacional de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Red CAMIA), el Colegio Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), la Red Nacional de Mujeres Indígenas: Tejiendo derechos por la Madre Tierra y Territorio (RENAMITT), Red Nacional de Mujeres Jóvenes Indígenas (RENAMUJI), Red de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígena (RNITLI) y la Red Indígena de Turismo de México A.C (RITA) y el Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim.

Esta presentación llevada a cabo en el marco de su Congreso anual desde el 2014, detallaron que en tiempos electorales que transita el país solo: “usan su imagen, pero no garantizan sus derechos”.

En entrevista con Cimacnoticias, Cristina Solano Díaz, defensora de las mujeres indígenas y migrantes en Baja California e integrante de la Red Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas, informó que la candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Vázquez no ha tenido ningún acercamiento con la Asamblea y tampoco la han buscado porque “le toca a ella hacerlo”.

Afirmó que “quien quiere gobernar tiene que escuchar y buscar al pueblo, porque de fotos ya nos cansamos”. Denunció que las utilizan para diversas circunstancias como la “entrega del bastón de mando” pero no les permiten aspiran a un cargo digno y si se los dan, es sin presupuesto.

En un balance político social de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Solano Díaz afirma que “tenía buenas intenciones, pero su gabinete no ha aterrizado las acciones desde la raíz y la corrupción sigue operando”.

Consideró que las mujeres indígenas siguen pagando su acceso a la salud y como nunca antes se siente insegura cuando viaja a su comunidad en la zona de la Montaña de Guerrero. Hoy, afirma no se atreve a viajar sola por las olas de violencia en esa entidad.

Aunque la activista reconoció algunos esfuerzos por parte del presidente López Obrador, lo cierto es que “ha habido violencia machista y aprobación para seguir violentando mujeres”.

Sobre la reforma indígena

Esta reforma que busca modificar 15 artículos de la Constitución, que respondan a luchas de resistencia contra la persecución, hostigamiento, exclusión, discriminación, racismo y despojos a los pueblos indígenas de México, hasta la fecha no se ha tenido el anuncio por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de presentar la iniciativa de Reforma Constitucional ante la Cámara de Diputados.

Del 19 de junio al 25 de julio se llevaron a cabo 61 asambleas de seguimiento en México y una con migrantes indígenas radicados en Estados Unidos, el 21 de junio al 4 de agosto de 2019. Con las aportaciones retomadas en las 61 asambleas, el Comité Técnico de Expertos integró un documento consolidado que permitó consturir la iniciativa. 

Más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas y afromexicano participaron en este proceso con la finalidad de construir una iniciativa que garantice los derechos colectivos, que nos reconozca como sujetos de derecho público con autonomía y libre determinación. 

Mujeres Indígenas en México

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) resalta que según los resultados de la Enadis todavía persisten estereotipos por origen étnico en el país, debido a que tres de cada 10 mujeres indígenas en este rango de edad señalaron haber vivido algún acto de discriminación.

El estudio indica que las situaciones mayormente asociadas a la discriminación son rechazo, exclusión de actividades sociales, miradas incómodas, insultos y burlas, así como amenazas o empujones.

Además, nueve de cada 10 personas indígenas de 6 años de edad o más se ubican en los estratos socioeconómicos más bajos, 53.6 por ciento en el bajo y 37.7 por ciento en el medio bajo.

Asimismo, dos de cada tres mujeres que se autoadscriben indígenas residen en localidades no urbanas (66.5 por ciento), es decir, viven en una comunidad con una población menor a 15 mil habitantes.

En la región sursureste de México se ubica la mayor parte de la población de mujeres reconocidas como indígenas.

En particular, la distribución por entidad federativa donde se encuentran las mayores poblaciones de mujeres indígenas son Oaxaca (15.7 por ciento), Veracruz (12.2 por ciento), Puebla (8.7 por ciento), Guerrero (8.2 por ciento) y Estado de México (7.9 por ciento).

Los datos anteriores muestran una alta prevalencia de prejuicios, estereotipos, actitudes de rechazo y discriminación hacia las mujeres indígenas.

 

 

Ante detención arbitraria y tortura, libertad de Karime depende de Martí Batres

                                                                                        Foto: CimacNoticias

 

El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social solicitará al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama le otorgue el indulto a Karime, presa en 2011 tras ser víctima de tortura y obligada a declararse culpable por el delito de robo a casa habitación. Desde que el político fungió como Senador (de 2018 a 2021) tiene conocimiento del caso; sin embargo, desde entonces lo ha olvidado. 

Hace un par de semanas se dio a conocer que el juez de control de la Ciudad de México, Júpiter Lopez Ruiz, determinó que prescribió la investigación por el delito de tortura en contra de Karime, es decir, se extinguió el tiempo para sancionarla. Mientras que el delito de tortura perpetrado al mismo tiempo en contra de su hija, quien fue detenida junto a ella cuando apenas tenía un año, ni siquiera a ameritado la apertura de una carpeta de investigación.

En conferencia de prensa la abogada defensora del caso, Karla Micheel Salas Ramírez, acusó que las autoridades impartidoras de justicia de la CDMX han buscado dejar a Karime sin posibilidad legal de recuperar su libertad.

Karime lleva 13 años privada de su libertad en el penal de Santa Martha Acatitla, tras ser acusada de robo. La detención arbitraria aconteció el 11 de abril de 2011, cuando la mujer fue interceptada por dos hombres vestidos de civiles. 

Más tarde la investigación reveló que los hombres eran policías judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quienes, además, se encontraban a bordo de un vehículo que no tenía elementos que lo identificaran como oficial, recordó Salas Ramírez. 

Al momento de la detención, que se realizó aproximadamente a las 13:30 horas, los hombres le arrebataron a su hija y obligaron a Karime a subir a un vehículo en el que  se encontraban otros dos hombres en los asientos delanteros. 

Ninguna de esas personas se identificó como policías de investigación ni le indicaron los motivos de su detención, tampoco le presentaron ninguna orden emitida por alguna autoridad.

Luego de ser llevada a una casa donde fue violentadas psicológica y fisicamente, hasta aproximadamente las 19:00 horas Karime y su bebé fueron llevadas a una agencia del Ministerio Público, donde las amenazas y la tortura continuaron.

A Karime la amenazaron con detener a toda su familia si no firmaba la declaración en la que ella aseguraba ser culpable del delito de robo. Tras hacerlo, fue enviada de inmediato a prisión y en menos de tres meses la sentenciaron a 25 años de prisión.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó la tortura sufrida por Karime y su bebé en la Recomendación 16/2019. Sin embargo, ninguno de los funcionarios responsables ha sido sancionado.

Por el contrario, el  juez Júpiter Lopez Ruiz determinó que el plazo para investigar y sancionar la tortura en contra de Karime había concluido, dejándola así sin recursos para recuperar su libertad.

La abogada Karla Michelle Salas impugnó la decisión de dicho juez; sin embargo, aunque se resolviera a favor de Karime, esto implicaría un proceso largo y costoso, pues aún faltaría localizar y notificar a los elementos que presuntamente torturaron a Karime, pero la ahora Fiscalía General de Justicia de la CDMX no ha brindado información sobre su localización. 

Durante todo este tiempo la familia de Karime se ha enfrentado a indolencia institucional y a abogados que “solo les cobraron, pero no realizaron trabajo diligente y además presentaron mal los recursos”, señaló la abogada Karla Michelle Salas. 

Es por ello que, como último recurso, se decidió solicitar al jefe de gobierno de la CDMX el indulto para Karime por los delitos que enfrenta para que finalmente pueda salir de prisión. 

No sería la primera vez que la familia de Karime se acerca a Martí Batres, cuando el político era senador, Verónica, la madre de la mujer, le dio a conocer el caso y sus peticiones; sin embargo, desde ese día han sido ignorados. 

Con el indulto Karime sería eximida de cumplir la sentencia que se le impuso, también quedaría absuelta de pagar la cantidad de casi medio millón de pesos como concepto de reparación del daño por un delito que no cometió.

“El jefe de gobierno puede poner fin a la cadena de injusticias”, aseguró Salas Ramírez. Para lograr visibilizar esta exigencia se abrió una petición en la plataforma Change.org nombrada “Karime será libre”, para permitir que se reúna con sus hijos, entre ellos su hija de ahora 13 años, misma con la que fue detenida en 2011 y cuya tortura no se ha comenzado a investigar.

 

 

El absurdo sin fronteras

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En la zona fronteriza  con Paraguay, una lancha argentina pescaba surubíes cuando fue interceptada por la armada paraguaya. No es la primera vez que la pesca enfrenta a los pescadores: en febrero de este año, más de sesenta peleaban por un cardumen que había quedado en medio de la línea fronteriza dibujada sobre aguas litoraleñas, interrumpida por un embrollo de tanzas y puteadas en castellano y guaraní. Intervinieron Prefectura Argentina y la Armada paraguaya, sin mayores consecuencias que la anécdota.

Sin embargo, esta vez los funcionarios requirieron documentación a la embarcación y los argentinos se dieron a la fuga, con los inspectores a bordo. Lo que podría haber sido un cuento, devino secuestro y terminó con Santiago Cafiero – Ministro de Relaciones Exteriores- sobrevolando el río en helicóptero con Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, para tomar medidas de prevención y patrullaje. Del otro lado de la frontera, Luis Castiglioni, ex presidente y actual Ministro de Industria y Comercio del Paraguay, sugeriría la construcción de una muralla sobre el agua.

Otra tensión, esta última semana, también se oteó en el mapa de la región, específicamente en uno que la Armada de Chile elaboró, que incluye parte del mar Argentino en sus aguas. El “Gráfico Ilustrativo de los Espacios Marítimos de Jurisdicción Chilena» fue publicado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Chile”, tiene fecha del 23 de agosto. Surge de un decreto supremo que busca representar los espacios marítimos de jurisdicción chilena -sancionado durante el gobierno de Piñera-, que pretenden abarcar un área de unos 5.000 kilómetros cuadrados al sur del Mar de Drake y de las Islas del Cabo de Hornos, sobre el territorio marítimo argentino.

Las controversias sobre estos márgenes y límites en nuestras aguas fueron dirimidas en noviembre de 1984, mediante el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre Argentina y Chile, entonces ¿por qué reincidir ahora?

“Replantear el concepto de Frontera”

Esta semana la OTAN llamó a través de Gunther Fehlinger – presidente del Comité Europeo para la ampliación de la OTAN – a “desmembrar a los países del BRICS”, grupo al que recientemente fue integrada la Argentina y los países productores de petróleo: Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Etiopía y Egipto. 

El llamamiento se dio, casualmente, en el marco de la cumbre de Vladimir Putin con los países disidentes de África, donde se condenaron las sanciones de Washington y Occidente sobre Rusia. Se expuso y se denunció el saqueo de los países europeos, principalmente las potencias colonialistas de Inglaterra y Francia, a los países africanos que se han visto históricamente expoliados de sus recursos naturales (uranio) y culturales.

África, el “continente olvidado”, corrió la suerte que, en el marco de este – ¿nuevo? -reordenamiento geopolítico, en abril de este año y sin eufemismos anunciaba Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de Estados Unidos, para Latinoamérica: “nos queda mucho por hacer. Tenemos que empezar nuestro juego», concluyó después de resaltar que el 60 ciento del litio del mundo se encuentra en ese triángulo: ese elemento es «necesario hoy en día para la tecnología«.

Remarcó además “la concentración de las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año; tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro», continuó la generala, quien también destacó la importancia del Amazonas, al describirlo como «los pulmones del mundo». Sin olvidarse de que «tenemos el 31 % del agua dulce del mundo en esta región».

Para que no queden dudas sobre el posicionamiento de nuestro país frente a sus dichos, un mes antes de su visita, el mismísimo 24 de marzo, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo, anunció “ocho planes de campaña” para militarizar áreas de recursos naturales y conectividad, consideradas estratégicas para el país.

Su “progreso”, nuestro subdesarrollo

El Acuífero Guaraní es una de las reservas de agua dulce más grande del planeta. Con 1.194.000 km² de superficie, su cuidado es producto de la cooperación transfronteriza de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, en esta última década, más allá de la anécdota, la tensión en la frontera aumentó con los intentos de cesión a privados (Nestlé y Coca Cola) de la concesión del acuífero y la instalación de capitales chinos en nuestro país. Contrarrestados ahora en Paraguay con la presencia de bases militares estadounidenses, a partir del acuerdo que los norteamericanos firmaron con el presidente de Paraguay para que patrullen el río Paraná.

El conflicto por la libre navegación de los ríos no es novedoso y tiene origen en las luchas por la organización nacional. La injerencia de potencias extranjeras en las relaciones bilaterales con Paraguay tampoco es una novedad: la Guerra de la Triple Alianza llegó a masacrar a 3500 niños en la Batalla de Acosta Ñu, en la entonces potencia latinoamericana.

En Paraguay la pobreza alcanza a 24,7% de los 7,5 millones de habitantes y la pobreza extrema a 5,6%, según la encuesta de hogares de 2022 por el Instituto Nacional de Estadísticas. En Argentina, más del 60% de los niños y adolescentes del país, vive bajo la línea de pobreza, según un informe de la UCA. ¿En qué beneficia a los pueblos la alianza con China y Estados Unidos?

En Jujuy ya han comenzado los ensayos de criminalización estatal de la protesta contra los extractivismos, apelando a las fuerzas de seguridad. En la Patagonia, la penalización y persecución judicial a quienes se opusieron a la minería se está tornando una postal cotidiana: el litio y el petróleo son objetivos centrales. Del otro lado de la cordillera, el panorama se replica. La persecución en la Araucanía hacia los pueblos originarios y a quienes se manifiestan en contra del extractivismo, con el proyecto de nacionalización del litio impulsado por Boric, explican “el mapa chileno”. Pero también la búsqueda de tensiones que requieran de una mano preparada para avivar el rescoldo amargo de tanta historia de promesas de desarrollo y progreso, soterradas por muerte, desaparición y saqueo. 

Con Livent, Syngenta, Bayer, Monsanto, Mekorot, Arauco, Chevron, Barrick Gold, Posco, Vanguard, Black Rock, Aluar, Porta, Cargill, Total, Yamana Gold, Bioceres y tantas corporaciones trasnacionales devastando nuestros suelos y nuestros cuerpos: ¿son los pueblos de los países hermanos de Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay la amenaza a “nuestra soberanía”?

Y será porque una generación entera que nos falta escribió pocos renglones, pero los suficientes por los que, llegado el momento, no habrá de faltar la memoria y la lucidez de reconocernos un continente que ha escapado a las guerras y padecido la crudeza impuesta por tiranos. Y volveremos a dibujar fronteras, protegiendo los territorios como un sueño colectivo para desandar caminando con la sensatez de nuestros pies y nuestros brazos.

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos

 

 

Justicia anula condena de 25 años contra indígenas tzeltales, pero permanecerán en prisión

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El pasado 28 de agosto, el poder judicial de Chiapas resolvió anular la sentencia, emitida en mayo de este año, mediante la cual cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc habían sido condenados a 25 años de prisión acusados por el delito de homicidio.

En entrevista, Jorge Gómez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), contextualiza que esta resolución es resultado de los argumentos presentados en la audiencia de apelación, efectuada apenas el 22 de agosto.

En dicha audiencia, resalta Gómez, la defensa enumeró violaciones al proceso legal contra los indígenas tzeltales. Entre ellas, la falta de imparcialidad e independencia de la jueza María Guadalupe Flores Rocha, quien amenazó e intimidó a los litigantes durante las distintas audiencias.

Según el abogado, el sentido de la resolución se debe a que, entre las irregularidades destaca que los acusados no contaron con la adecuada traducción al tzeltal, su lengua materna. “La mayoría de las pruebas de la Fiscalía son de personas que hablan tzeltal, pero no hubo una adecuada traducción, que es un derecho constitucional de las personas indígenas que intervienen en un proceso legal, por eso se tiene que repetir todo de nuevo”, detalla.

Acorde al equipo legal del Frayba, lo que sigue es la reposición de la última etapa del proceso penal, el juicio oral, para el desahogo de pruebas de los testigos, peritos y policías involucrados en el caso. Aún queda pendiente la designación del juez que tomará el caso, así como la fecha en que reiniciará el proceso.

Gómez enfatiza que la reposición del juicio obedece a lo que el centro de derechos humanos denomina “fábrica de culpables”, pues considera que la actuación de las autoridades y el poder judicial de Chiapas tiene como objetivo que los defensores “permanezcan el mayor tiempo posible en prisión, sabiendo que son inocentes. Lo que hacen es retrasar su libertad, retrasar el debate sobre si son inocentes o culpables”.

El abogado explica para Avispa Mídia que la adecuada traducción es una garantía que debió haber cumplido el Estado, y que, debido a su falta, los cinco acusados continuarán en prisión de manera indefinida hasta que se repita el juicio y el dictamen de una nueva sentencia. Debido a que son acusados por un delito considerado grave no cuentan con la posibilidad de solicitar medidas cautelares para llevar el juicio en libertad.

Jorge Gómez explica que el trabajo de defensa legal que realiza el Frayba, en el caso de los cinco defensores de Cancuc, así como con el caso de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), torturado y acusado por un delito que no cometió, es parte de un patrón de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Chiapas.

“No es una situación solo de estos seis presos tzeltales, sino de muchas personas en Chiapas, muchas personas en México, que representan que las cárceles están llenas de personas inocentes y pobres”, acusa el abogado quien refiere que existe una colusión entre las fiscalías, poder judicial y jueces para fabricar delitos y culpables.

“El sistema, más allá de buscar la verdad o impartir realmente justicia, se dedica a fabricar delitos a la gente, para que sus estadísticas de justicia y de cero impunidad queden reforzadas ante la sociedad (…) lo que vemos atrás de esas cifras es que están acabando con la vida de las personas, porque mantienen a personas inocentes privadas de la libertad y sujetas a proceso legales que no están a su favor, y donde lamentablemente, en Chiapas, desde el momento que eres detenido, tú ya eres culpable”.

Para el litigante, en el caso de los presos de San Juan Cancuc, la estrategia del poder judicial es buscar el desgaste de los detenidos, sus familiares y de las organizaciones que los acompañan. “Buscan alargar todo. El hecho de que repongan el proceso, el sistema sigue ganando, porque siguen en la cárcel y ellos siguen diciendo que ya resolvieron un crimen, cuando no es así”.

Por este caso, así como por la prisión de Manuel Gómez Vázquez, el Frayba presentó una demanda contra el Estado mexicano ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, para denunciar la sistemática violación a los derechos humanos. “El grupo de trabajo tiene que analizar el caso, y pues tendrían que darle vista al Estado mexicano para que dé su versión de por qué están pasando estas cosas”, contextualiza el abogado quien se mantiene a la espera del reinicio del juicio.

Este material se comparte con autorización de Avispa Midia