Agreden a abogada y actuario, a quienes una juez le negó apoyo de fuerza pública

 

La abogada María Andrea Venegas Serrano denunció a través de la red social Facebook que como consecuencia de que una jueza negó el uso de la fuerza pública para una diligencia, ella y un actuario fueron agredidos en el puerto de Manzanillo.

Pidió que intervenga el Poder Judicial del Estado para revisar la actuación de esa juzgadora.

La denuncia textual es la siguiente:

Quiero hacer pública una lamentable situación en la cual hoy estuve involucrada, consecuencia de la arbitrariedad de una juzgadora.

Resulta que en un juicio que tengo promovido en el juzgado mercantil del tercer partido judicial con sede en Manzanillo, Colima, solicite el uso de la fuerza pública, toda vez que el demandado no había atendido un citatorio que con anterioridad se le había dejado, pero dicha solicitud me fue negada, toda vez que para la juzgadora no se había acreditado la necesidad de la medida.

La juez lo fundamentó en el artículo 1399 del Código de Comercio, el cual si es analizado no tiene nada de relación con lo que la misma acordó, pero es bien sabido que si no hacen las cosas como ella las pide, anula las actuaciones, solo porque así lo determina, y pues es cuento de nunca acabar, en fin.

Por lo anterior, no nos quedó de otra que volver a ir al domicilio para tratar de realizar el emplazamiento, por lo que al llegar al domicilio, que se encuentra en la planta alta, una persona del sexo masculino nos pidió, tanto al actuario adscrito a la oficina de servicios comunes del antes referido partido judicial como a la que suscribe, que subiéramos, razón por la que accedimos al domicilio.

Entró en primer lugar el funcionario, por lo que casi al llegar al segundo piso, el demandado le arrancó su gafete con el cual se estaba identificando, y lo empezó a golpear.

Como pudo se zafó, y ambos empezamos a salir del domicilio, pero al ir bajando las escaleras, el demandado le dio una tremenda patada en la cara al funcionario, dejándolo aturdido por unos minutos, pero aún así logramos salir, por lo que yo fui la primera en llegar a la calle y al caminar para donde estaba el vehículo, se me ocurre voltear para ver que ya hubiese salido el funcionario, y es cuando me percató que el masculino traía un enorme tabique en las manos y lo estaba apuntando para donde yo iba caminando.

Corrí y me puse justó al lado del vehículo para cubrirme, y al momento de aventarlo este cayó en el parabrisas del vehículo, el cual quedó muy estrellado, tal como se aprecia en las fotos que adjunto.

Gracias a Dios no me logró pegar, ya que si lo hubiera hecho, no la estuviera contando, por lo que siento una enorme impotencia, porque si me hubiesen autorizado la fuerza pública, tanto el funcionario, el apoderado de la institución para la cual trabajo, y yo, no hubiésemos sido atacados de dicha forma, por lo que pido al PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, que revise el actuar de la juzgadora, porque no puede seguir poniendo en riesgo a sus compañeros de trabajo, y también a los abogados litigantes, ya que si llega a ocurrir una desgracia irreparable, de nada bastara el pedir disculpas.

 

 

 

 

 

Congreso reforma Ley para impulsar inserción laboral de las personas con discapacidad

 

En la sesión ordinaria de este martes, las diputadas y diputados del H. Congreso del Estado de Colima aprobaron diversas modificaciones a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, con el objetivo de garantizar el impulso de la inserción laboral, así como una mayor incidencia del Poder Ejecutivo en acciones que fomenten el bienestar de este sector de la población.

Cabe mencionar que los legisladores José de Jesús Dueñas García y Rigoberto García Negrete, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional fueron los iniciadores de la iniciativa.

El dictamen expuesto en tribuna por la diputada Evangelina Bustamante, y elaborado conjuntamente por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, así como de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género, reforma la nomenclatura de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima para denominarse Ley para la Inclusión e Integración de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima.

Así mismo, plantea las modificaciones de los artículos 8 Bis fracciones XI y XII, 14 fracción I, 14 Bis, 15 fracción IV, 34 y 35; y adiciona el párrafo segundo al artículo 1, las fracciones V y XXXIV al artículo 2, haciéndose el corrimiento respectivo de las subsecuentes fracciones del mismo artículo 2, las fracciones XIII y XIV al artículo 8 Bis y el artículo 10 Bis, de la Ley referida.

Las modificaciones señaladas tienen como objetivo promover que estos sectores sean atendidos y protegidos con la debida sensibilización por parte de cualquier organismo público y privado o por la sociedad en general, evitando siempre las barreras actitudinales que generen rechazo o violencia hacia las personas con discapacidad.

Además, en el artículo 10 Bis, se establece que el Poder Legislativo deberá garantizar la inclusión en su plantilla laboral, de personas con discapacidad como trabajadores de confianza.

Por otro lado, la reforma especifica que el Consejo Consultivo del Instituto Colimense de la Discapacidad (Incodis) deberá ser presidido por la persona titular del instituto, o quien funja como presidente de la Comisión de Bienestar e Inclusión Social del Congreso del Estado.

Dicho consejo tendrá entre sus funciones: coadyuvar en acciones específicas de concertación, coordinación, planeación, promoción, seguimiento y cuidado de las acciones que permitan garantizar condiciones favorables a las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad, fungiendo como observador del cumplimiento de esta Ley, exigiendo siempre la sensibilización hacia las personas con discapacidad y deberá denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier incumplimiento.

La propuesta fue aprobada por unanimidad, por lo que el Poder Ejecutivo del Estado, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las adecuaciones al reglamentarias correspondientes.

 

 

 

La libertad de expresión se defiende mediante la lucha.

 

La libertad de expresión es el derecho a defender la publicación de quienes piensan diferente. Precisamente porque no hay unanimidad de pensamiento y las ideas son distintas dependiendo de las condiciones sociales, culturales, políticas o ideológicas de cada quien, la riqueza del pensamiento se nutre de las más diversas y variadas formas de comprender la realidad. El libre intercambio de ideas propicia un mayor debate y análisis para entender la totalidad de una realidad fragmentada. Cuando las ideas contrarias se expresan, pueden entrar en choque y ser antagónicas, pero las viejas ideas no necesariamente desaparecen, sino se transforman al ser dialécticamente superadas por nuevas concepciones que abrevan en una mayor aproximación al conocimiento de las causas y razones que anteriormente se valoraban de manera diferente. No hay verdades inmutables a lo largo de la historia de la humanidad, sino construcciones colectivas de seres pensantes que se atreven a desafiar el orden imperante, a pesar de que esas nuevas ideas sean perseguidas, atacadas desde el poder, hasta el grado de tratar de eliminar físicamente a quienes piensan diferente y se atreven a proponer nuevas ideas. Construir un pensamiento crítico implica cuestionar los privilegios de quienes detentan el poder político y económico. Atreverse a pensar con cabeza propia a pesar de las condenas que se emiten desde las alturas del poder, sea este de los gobiernos capitalistas, de las transnacionales imperialistas o del uso de las religiones para imponer pensamientos dogmáticos a nombre de divinidades contrarias a las necesidades humanas fundamentales. Defender la libertad de expresión es un riesgo permanente que hay que asumir cotidianamente para lograr construir una sociedad donde el derecho de unos termina donde empiezan los de los otros, sin privilegios, con igualdad de condiciones materiales.

El derecho a informar no debe ser exclusivo de los grandes medios masivos de comunicación que están en poder de unos cuantos grupos económicamente poderosos. La información no debe ser una mercancía que se vende al mejor postor. No puede ser que se impongan los algoritmos diseñados por los dueños de las redes sociales para hacer pasar por verdades aceptadas por la mayoría lo que son mentiras evidentes.

El acceso a la información se convierte en un instrumento vital para visibilizar la problemática de la labor periodística, pero también para valorar la actuación de nuestras autoridades para respetar y garantizar los derechos humanos de personas periodistas, posicionar el tema en el debate público y, principalmente, propiciar mejores condiciones para ejercer el periodismo en libertad, señala en un acuerdo el INAI ante la opacidad de la CNDH sobre el trámite de 557 quejas que ha recibido sobre agresiones de distinto tipo, que van desde amenazas, privación ilegal de la libertad, golpes, despojo de su equipo de trabajo, hasta la privación de la vida; de 2000 a la fecha, en México han sido asesinados 153 periodistas. Y hasta abril de 2021 son 1455 personas inscritas en el Mecanismo de Protección, de las cuales 467 son periodistas.

Por ello, el 7 de junio será un día para exigir pleno respeto al derecho a informar y a la libertad de expresión sin ser perseguido ni estigmatizado desde las alturas del poder, y para exigir que no haya más asesinatos ni desapariciones de periodistas. Que nadie debe ser criminalizado por las instituciones por dar a conocer graves violaciones a los derechos humanos.

Precisamente el 10 de junio se llevarán a cabo marchas y actos de protesta por los crímenes de Estado cometidos por los Halcones en contra del movimiento estudiantil en 1971. Un ejercicio de la memoria y del esclarecimiento de la verdad requiere de la reivindicación histórica de la lucha estudiantil y la condena al uso de la violencia que el Estado utilizó a través del grupo paramilitar de Los Halcones, que significó violaciones graves a los derechos humanos mediante el genocidio, las desapariciones forzadas, las masacres, ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la violación sistemática de las garantías individuales y procesales. La persecución política y la perversión de la justicia por parte del Estado mexicano pudimos documentar en el informe “Que no vuelva a suceder” con un equipo de investigaciones históricas, donde me tocó participar en el Estado de Guerrero, que tiene un capítulo sobre el 10 de junio de 1971 y la disidencia estudiantil, donde se establece que: “Igual que el 2 de octubre en Tlatelolco, los periodistas que estuvieron presentes y vivieron los hechos, desbordaron a sus editorialistas y directivos. Esa noche y la mañana del día siguiente, las noticias sobre la represión a la manifestación fueron contundentes”. A periodistas y fotógrafos que desafiaron las balas y la censura se debe la posibilidad de dar fehaciente testimonio del ataque paramilitar ante el beneplácito policial. La sociedad merece estar informada y valorar el trabajo periodístico en toda su dimensión, para que nunca más se repitan estos crímenes de lesa humanidad.

Porque el derecho a informar no debe significar perder la vida. Porque la libertad de expresión se defiende mediante la lucha y la organización consciente de la sociedad.

 

 

 

“Tecomán se pinta de colores”, campaña impulsada por la comunidad LGBTI+

 

TECOMÁN, Col.- Años de lucha comienzan a visibilizar a la comunidad LGBTI+ dentro de la sociedad, afirmó el activista Ángel Chávez Novela, quien señaló que este mes de junio, denominado como el mes del orgullo gay, el gremio en el municipio comenzó sus actividades con la campaña “Tecomán se pinta de colores”, un evento de toda la comunidad unida.
Ángel Chávez Novela celebró que por décimo año se haya colocado en la Presidencia Municipal de Tecomán la bandera LGBTI+ por iniciativa de la Asociación Unidos por la Diversidad en el Valle de Tecomán, que él representa.
Se trata de un acto que se consolidó a base de lucha y que representa la apertura que va habiendo en las autoridades para no ser indiferentes ante los retos que enfrenta la comunidad.
La bandera multicolor se convirtió en un símbolo inspirador de la lucha por los derechos de la diversidad sexual, creada en 1978 por Gilbert Baker.
Chávez Novela agradeció las gestiones y apoyo de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva para respaldar acciones y empujar proyectos en beneficio de la comunidad y la sensibilización para tener un estado libre de homofobia.
“La bandera ondea este mes desde el balcón principal de la presidencia municipal y ahí estuvimos junto con compañeros de la comunidad LGBTI+ para agradecer el respaldo que nos brindan las autoridades para visibilizar y decir que somos parte de esta sociedad y que las diferencias son nuestras fortalezas”.
El activista adelantó que en los próximos días se dará a conocer junto con Eduardo Mejía Ramos presidente de la marcha LGBTI+ 2022 la serie de actividades que se tienen contempladas para el mes, mientras tanto, enfatizó que cada una de estas será un paso más para decir sin temor que están orgullosos de ser quienes son y sin tener que ocultarlo, “junio el mes del orgullo a nivel nacional e internacional, así que lo iniciamos con dignidad por un estado y un Tecomán libre de discriminación y homofobia”.
Por ultimo Chávez Novela dijo que la lucha continúa “tenemos aliados que hoy no se encuentran entre nosotros y quienes fueron parte importante en el activismo de los derechos de nuestra comunidad en nuestro estado, desde los años 80 y que estarán contentos porque seguimos visibilizando y llevando a cabo estas acciones para erradicar la no discriminación, estas acciones y trabajo es de todos y para todos”.

 

 

 

 

Bloque opositor impugnará reforma de transparencia en Colima ante la SCJN

 

COLIMA, Col. (apro).– La mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de Colima aprobó reformas legales para permitir que quienes se hayan desempeñado en el servicio público de alto nivel, así como en directivas partidistas o candidaturas a puestos de elección popular, puedan aspirar al cargo de comisionado o comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol).

Estas modificaciones, realizadas con 15 votos a favor y 10 en contra, generaron críticas de la oposición en el sentido de que la reforma es “un traje a la medida” para ciertos personajes a quienes podría impulsar la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, para sustituir a dos de los tres comisionados del organismo: una que ya terminó su periodo y otro que está próximo a concluirlo.

En su intervención en la tribuna, la diputada Priscila García Delgado, presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental, denunció que el dictamen “es ilegal e inconstitucional, viciado desde su origen, motivado por acuerdos y pagos de favores políticos de campañas pasadas”, por lo que “no solo es un retroceso a la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también atenta en contra del derecho”.

En entrevista, la legisladora panista informó que el bloque opositor, conformado por panistas y priistas, interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma aprobada, porque con ella “se violan principios constitucionales como el de certeza, legalidad e independencia”.

Leer nota completa en el siguiente enlace: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/5/31/congreso-de-colima-da-entrada-exfuncionarios-al-instituto-de-transparencia-286840.html