Instalaciones del CERESO de Colima. Foto: Tlanesi

Ciudad de México. A más de tres meses de que se expidió la Ley de Amnistía, la Secretaria de Gobernación (Segob) no ha informado cuál es el proceso para solicitar este beneficio ni cuál es la documentación que se debe presentar, lo que deja en la incertidumbre e inseguridad jurídica a las personas, afirmaron abogadas de organizaciones civiles.

El pasado 22 de abril se publicó el decreto de ley y el 18 de junio se publicó el acuerdo para crear la Comisión de Amnistía; sin embargo, al no saber cuáles son los lineamientos para pedir y obtener el beneficio, el pasado 14 de julio la organización “Equis Justicia para las Mujeres” presentó una demanda de amparo en el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual tampoco ha sido resuelto.

Mientras esto sucede, hay mujeres que permanecen injustamente en prisión. Ejemplo de ello es una mujer zapoteca de 35 años de edad, quien se encuentra encarcelada en el Reclusorio Femenil de Tanivet, en el estado de Oaxaca; ella se dedicaba a la costura y a cuidar de su madre, mujer indígena que no puede ver.

Esta mujer fue detenida cuando transportaba un paquete de droga en un camión de pasajeros que se dirigía a la Ciudad de México. No sabía qué era lo que llevaba pero aceptó hacer el encargo luego de que una persona le pagó dos mil pesos. Este es un caso representativo por sus condiciones de vulnerabilidad, dijo la abogada Viridiana Valgañón.

En conferencia de prensa virtual, la integrante del área de Litigio de la organización “Equis, Justicia para las Mujeres”, expuso que esta mujer fue sentenciada por un juez federal a 6 años y 6 meses de prisión, aun cuando en el delito de transporte de droga no hubo armas, violencia ni una víctima identificada. Mientras tanto, la madre de la joven sigue imposibilitada para valerse por sí misma.

La organización consideró hacer uso de la Ley de Amnistía y el 1 de julio presentó la solicitud ante el edificio de la Segob, en la Ciudad de México. Desde entonces ha pasado un mes sin respuesta y espera que en el plazo de máximo tres meses más, como lo marca la ley, tengan una resolución. Sin embargo, la abogada expuso que al no existir pautas sobre las solicitudes, han enfrentado diversos obstáculos.

Por ejemplo, señaló que en otros casos, quienes reciben la solicitud les han pedido que también lleven una copia del expediente para que la Comisión de Amnistía tenga elementos suficientes para valorar el caso. Esta solicitud representa un problema porque no todas las personas tienen en su poder esos documentos, en físico o en digital, o ni siquiera tienen contacto con sus defensores legales ni con personas del exterior.

Valgañon mencionó que una dificultad es que las mujeres no tengan contacto con personas del exterior, porque si bien lo pueden hacer por medio de llamadas telefónicas eso implica un costo dentro de la prisión; además, para las que están en los estados, enviar su documentos a la Ciudad de México también significa desembolsar dinero para hacer el envío.

En junio, la Segob instaló la Comisión de Amnistía, la cual preside, e informó que el proceso es totalmente gratuito y no es necesario contar con una defensa. “La solicitud debe ser enviada al correo electrónico o por correspondencia a General Prim No. 21, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México”, informó en un boletín de prensa.

Sobre esta decisión, la abogada destacó que aunque se considere el correo electrónico, el problema es que la autoridad no responda informando si recibió la solicitud. Por tanto, seguir sin saber cuál es el proceso a seguir para obtener el beneficio, es falta de certeza para las personas privadas de la libertad, quienes no deberían esperar un minuto más encarceladas.

A su vez, la abogada Nohemi Juárez Gil, del área de Litigio de la organización “Documenta”, expuso que después de que la Comisión de Amnistía reciba los casos y los estudie, la ley indica que quienes deben avalar la libertad deben ser los jueces. Con esta información y sin conocer los pasos a seguir en un proceso de solicitud, “Documenta” también presentó una petición el pasado 1 de julio.

En el caso de esta organización, la solicitud se hizo por correo electrónico y obtuvieron un acuse de recibido hasta el 20 de julio. La abogada precisó que en el correo les pidieron la sentencia y las pruebas del caso. Se trata de un joven de 18 años de edad que el 25 de junio trató de cruzar de México a Estados Unidos en un auto con mentafetaminas; sin embargo, él no sabía que transportaba drogas.

El joven fue sentenciado a 46 meses de prisión, es decir 3 años y 10 meses, en Estados Unidos, y después fue extraditado a México, donde permanece en el Cefereso número 8. Él como otras personas no tiene certeza jurídica de si su caso avanzará.

Además, la directora ejecutiva de “Documenta”, María Sirvent, criticó la falta de datos sobre las pre-liberaciones ni sobre los contagios y decesos por COVID-19 en las prisiones y la falta de artículos de limpieza e higiene en estos centros; mientras que la directora ejecutiva de Equis, Ana Pecova, agregó que la crisis en las prisiones ya era grave antes de la pandemia, con problemas como hacinamiento y personas sin sentencia, entre otras condiciones.

Un niño carga botellas de plástico en La Paz, Bolivia. ILO/Marcel Crozet

El Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil recibió este martes la ratificación universal, marcando un hito para la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Desde la fundación de la OIT en 1919, la erradicación del trabajo infantil ha constituido uno de sus principales objetivos, al considerar que la protección de los niños constituye el punto de partida para llevar a cabo una labor eficaz en materia de legislación social.

El Reino de Tonga depositó hoy el instrumento correspondiente para que por primera vez en la historia de la Organización sus 187 Estados miembros ratificaran una convención internacional del trabajo.

El director general de la OIT afirmó que “a partir de ahora todos los niños gozarán de protección jurídica frente a las peores formas de trabajo infantil”.

Guy Ryder agregó que la ratificación universal pone de manifiesto un compromiso a escala mundial de erradicar “la esclavitud, la explotación sexual y la utilización de niños en conflictos armados u otros trabajos ilícitos o peligrosos susceptibles de menoscabar su salud, su moral o su bienestar psicológico”.

Además de las mencionadas por Ryder, el Convenio establece la prohibición y erradicación del trabajo forzoso y la trata de niños, la prostitución, la pornografía, actividades ilícitas como el tráfico de drogas y los trabajos peligrosos.

Avances y riesgo de retroceso

La OIT estima que hay 152 millones de niños que realizan trabajo infantil , 73 millones de los cuales llevan a cabo trabajos peligrosos. El 70% de todo el trabajo infantil tiene lugar en el sector agrícola y obedece principalmente a situaciones de pobreza y a las dificultades de los padres para encontrar un empleo decente.

La incidencia del trabajo infantil, incluidas sus peores formas, disminuyó casi un 40% de 2000 a 2016, a raíz del aumento del índice de ratificación de los Convenios núm. 182  y 138 (sobre la edad mínima para trabajar)  y de la adaptación de legislaciones y políticas eficaces en los países.

No obstante, el ritmo de los avances ha sido cada vez menor en los últimos años, en particular en relación con el grupo de menor edad (de 5 a 11 años) y determinadas zonas geográficas.

La OIT ha alertado del riesgo de que se produzca un retroceso como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, y de que el trabajo infantil aumente por primera vez en veinte años, a menos que se adopten medidas adecuadas.

El Convenio contra las peores formas de trabajo infantil fue aprobado hace 21 años, lo que lo convierte en el que más rápido ha logrado su ratificación.

El instrumento es uno de los ocho Convenios Fundamentales de la OIT,  que abarcan la abolición del trabajo infantil, la erradicación del trabajo forzoso, la abolición de la discriminación en el trabajo y los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Dichos principios también figuran en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo .

La lucha contra el trabajo infantil es el objetivo principal del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil , uno de los mayores programas de la OIT de cooperación para el desarrollo, en el que se ha brindado asistencia a más de cien países.

Foto: César Martínez López/ Cimacnoticias.com.mx

Tlaxcala, Tlax. La directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Látina y El Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurris, advirtió que la recesión económica que dejará el COVID-19, podría ser un factor para el incremento de la maternidad o gestación subrogada, pues muchas jóvenes en situación de pobreza, pueden verse captadas en esta forma de explotación.

Durante su participación en el conversatorio “La Trata de Personas en México en tiempos de pandemia” que organizó la “Red Rahamim México” y “Talitha Kum”, realizado a propósito del Día Mundial contra la trata de personas que se conmemoró el pasado 31 de julio, la defensora lamentó la normalización de la práctica de los vientres de alquiler y la indiferencia de las autoridades. “Esta acción es conocida como maternidad o gestación subrogada, por la que una mujer gesta un hijo para su pareja u otra persona a cambio de un pago, para sí, o para una tercera persona que explota a la mujer”, explicó.

Ulloa Ziáurriz, calificó como “preocupante” la cantidad de solicitudes de iniciativas de ley que existen en el Congreso de la Unión y en el de la CDMX para legalizar el alquiler de vientres, pues de avanzar, dijo, iniciaría una promoción de “turismo reproductivo”, y ejemplificó que en España circuló un artículo que señala a México, después de Ucrania, como el nuevo destino de los vientres de alquiler.

Remarcó la inacción de las autoridades ante la maternidad subrogada ya que hasta en redes sociales se promueve, y recordó que el mes pasado en Twitter, una empresa ofrecía opciones de gestación subrogada en Cancún.

“Mientras inicias tu proceso puedes relajarte en este hermoso lugar con clima tropical”, señalaba el anuncio, y detalló que cuando se metió a la cuenta decía que era de Sinaloa, estado donde al igual que Tabasco, la gestación subrogada es legal, solo que en Tabasco hicieron una modificación a la ley especificando que las parejas extranjeras no podían contratar “los servicios”.

Es preocupante, insistió, que la práctica del alquiler de vientres crezca tanto en la CDMX como en otras entidades del país, con la recesión económica que nos amenaza en la post pandemia del COVID.

Las autoridades no investigan otros tipos de trata de personas

Por su parte, el coordinador de la “Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas” del ITAM, Héctor Salvador, denunció en el mismo conversatorio, la disparidad que existe en las cifras de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y la trata de personas de explotación laboral y explotación biológica (refiriéndose al alquiler de vientres).

Lamentó la falta de investigación proactiva de parte de las instituciones y que en el imaginario colectivo la trata esté asociada solo con prostitución. “Cómo es posible que las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, identifiquen muy pocos casos en México, de trabajos y mendicidad forzada, practicas análogas a la esclavitud, trabajos serviles, explotación laboral a grande escala, en la minería, en la industria agrícola, y ya no digamos con casos de explotación biológica, que son acciones ilegales”.

El especialista explicó que analizando las propias cifras de la FGR, del total de denuncias que se reciben por trata de personas, 15 por ciento llegan esta instancia y el resto es de 9 fiscalías estatales, “ese número me parece elevado en cuanto a la realidad nacional, es decir somos señalados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como un país, de origen, tránsito y destino, además somos el segundo país a nivel mundial de este fenómeno criminal, y solo en 9 Fiscalías se concentra -de las 32 entidades del país-,  el grueso de trata de personas”, cuestionó.

“Eso no significa que no haya trata de personas, no, eso significa que en el resto, en 23 estados no se está identificando el fenómeno y no está siendo atendido. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿dónde están? ¿quién las atiende? no se sabe. En esas 9 entidades han dado pasos en el combate de este delito, y en las otras entidades teniendo la posibilidad por lo menos estadística de mostrar que existen estas situaciones no lo hacen, por lo tanto son prácticas invisibilizadas desde las instituciones”, concluyó.

COLIMA, Col.- Casi un mes después de la toma del edificio del Congreso del Estado —que impidió el desarrollo de la sesión programada ahí para aprobar un endeudamiento de 740 millones de pesos al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez—, el diputado Guillermo Toscano Reyes presentó una denuncia penal por esos hechos.

En su calidad de Presidente del Congreso local, el legislador acudió este lunes 3 de agosto a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde interpuso la denuncia para que se investiguen los sucesos de los días 6 y 7 de julio del presente año, se informó a través de un comunicado de prensa emitido por el Poder Legislativo.

“No podemos permitir este tipo de acciones y más en un recinto oficial, como diputados debemos aprender a dialogar conforme lo mandata la ley, no tomando instalaciones e incitando al desorden”, señaló.

Toscano Reyes indicó que de acuerdo con las pruebas que se adjuntan a la denuncia, “la toma del Congreso del Estado fue realizada por parte de un grupo de legisladores, en coalición con otras personas; por lo que corresponderá a la Fiscalía General del Estado llevar a cabo las investigaciones necesarias para deslindar las responsabilidades penales que correspondan”.

Dijo que por el momento no dará nombres “para no entorpecer las investigaciones correspondientes de la Fiscalía, pero confiamos plenamente en que se hará el trabajo correctamente”.

Consideró inadmisible que el Congreso del Estado “se encuentre sometido a la voluntad de unos cuantos; el rumbo del Poder Legislativo debe ser siempre por acuerdo o consenso de todos sus integrantes en un marco de igualdad y de respeto para todos”.

Tlanesi ofrece algunos vídeos elaborados por otras instancias, incluido este medio, que pueden enriquecer la visión de nuestro público sobre lo que ocurrió el pasado 7 de julio: