Foto: SemMéxico

A las 11 horas del 27 de junio, madres y hermanas de víctimas de feminicidio comenzaron a colocar 300 ojos de cartón de diversos tamaños en representación de los ojos de sus hijas y de las víctimas indirectas de feminicidio quienes juzgan y se mantienen vigilantes a las resoluciones de los Tribunales de Alzada, responsables de dar respuesta a las apelaciones.

 Asimismo, colocaron siluetas inspiradas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan con nombres de víctimas de feminicidio, desaparición, violencia sexual y criminalización; figuras de madera que las han acompañado a lo largo de su lucha por el acceso a la justicia. La consigna era: «los ojos de nuestras hijas juzgan las resoluciones de los Tribunales».

Este acto tuvo lugar tras múltiples reducciones de sentencias y reposiciones de juicios en materia de violencia contra las mujeres determinadas por Magistrados de los Tribunales de Alzada, entre ellos, el de Fernanda Sánchez Velarde, asesinada el cuatro de enero de 2014 por Led Clemente Sandoval, su entonces pareja. El Juez Edson Apolo Dionisio Santos resolvió una sentencia de 69 años y tres meses de prisión, sin embargo, los Magistrados encargados de evaluar su apelación, redujeron la sentencia del feminicida a 43 años y 9 de meses.

Al mismo tiempo, eliminaron la calidad de víctimas indirectas del delito a Magdalena Velarde y Roberto Sánchez, madre y padre de Fernanda.

Otro caso –éste relacionado a violencia sexual– es el de Giovana Trejo Cruz. Carlos «N», su expareja, fue declarado culpable de violación y sentenciado a 11 años de prisión. Sin embargo, los Magistrados determinaron la reposición del juicio en una audiencia virtual a la que Giovana no tuvo acceso. Actualmente, se encuentra en la fase final de audiencias y teme que Carlos quede libre, pues la Jueza Laura Rivera Elizalde ha mostrado parcialidad hacia la defensa del imputado, quien es exmagistrado.

A esa lista se suma el caso de Sandra Karina García Alemán, víctima de feminicidio el 18 de mayo de 2020 a manos de Luis Iván Rodríguez Figueroa. El 10 de marzo de este año, el Juez de primera instancia de apellidos Méndez Contreras determinó una sentencia vitalicia (por el tiempo que dure su vida), sin embargo, esta semana, los Magistrados del Tribunal de Alzada determinaron la reducción de sentencia al sujeto, la cual quedó en 55 años de prisión. Luis Iván podría salir de prisión, aproximadamente, a los 70 años.

Asimismo, indicaron, durante la audiencia, que sus nombres no podían ser difundidos, factor por el cual no se encuentran en este comunicado. Esta resolución fue enviada vía electrónica, posterior al acto simbólico llevado a cabo el martes 27 de junio encabezado por la señora Antonia, así como por Irinea Buendía; madre de Mariana Lima Buendía, asesinada el 28 de junio del 2010 en Chimalhuacán y Gloria Reyes; madre de Salma Andrea Correa Reyes, asesinada el 30 de marzo de 2019 en Chalco, quienes también esperan resoluciones por parte de los Tribunales de Alzada, pues todos los feminicidas presentaron apelación.

El acto de protesta se llevó a cabo en el marco de la primera audiencia en segunda instancia para resolver la apelación de Julio César Hernández Ballinas, asesino de Mariana Lima Buendía, misma que no se llevó a cabo, pues la defensa del sujeto no se presentó.

Asimismo, el grupo de madres eligió este día, pues era el último día para que los Magistrados responsables del caso de Sandra Karina García Alemán emitieran su resolución, misma que fue enviada por la noche. A la movilización  también asistieron Magdalena Velarde, quien exigió una resolución a su favor en su proceso de amparo; Luciana Telésforo, madre de Jalix Rubio Telésforo, víctima de feminicidio el 26 de marzo de 2020 en Temoaya, cuyo caso aún se encuentra en etapa de investigación; Clara Yáñez, madre de Karla Marisol Valencia Yáñez, víctima de feminicidio 2 de abril de 2016 en la Ciudad de México, y Karen Reyes, madre de Renata Martinely Reyes, víctima de feminicidio el 29 de noviembre de 2020 en Ixtapaluca, quien exige la destitución de la Ministerio Público a quien presentó, inicialmente, una denuncia que pudo haber evitado el feminicidio de Renata.

Aproximadamente a las 13 horas fueron recibidas en el Tribunal Superior de Justicia por la Maestra en Derecho Penal, María del Socorro Libien Conzuelo, quien se comprometió a dar seguimiento a sus procesos y peticiones.

 A pesar de que las madres esperaron avances en sus procesos, recibieron una reducción de sentencias más a víctimas de feminicidio. Expresaron su solidaridad a la señora Antonia, así como su indignación ante las resoluciones del Tribunal de Alzada, mismas que consideran un retroceso en el acceso a la justicia, así como un agravio a la memoria de sus hijas. Antonia Alemán, madre de Sandra Karina García Alemán expresó lo siguiente:

Es muy injusto lo que nos hacen pasar las autoridades, sobre todo el Poder Judicial, porque cuando ya logramos una sentencia justa y ejemplar— más que nada ejemplar, porque justa jamás será— las echan para atrás. Creo que les están mandando un mensaje a los feminicidas de que pueden seguir asesinando mujeres y no pasa nada. Son cómplices de los feminicidas.

Ximena Ugarte, asesora jurídica de las víctimas, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y fundadora de SIWA – Artesanas de Paz y Justicia reiteró la importancia de las sentencias para las familias: Si bien entendemos que cada instancia del Poder judicial tiene autonomía e Independencia de decisión, nos sorprende las abismales contradicciones que existen entre jueces de primera instancia y magistrados de segunda instancia. Los parámetros para la individualización no son arbitrarios, están previstos en la ley, por tanto, resulta totalmente incongruente que reduzcan desde 30 a 50 años de sentencias, máxime tratándose de una grave violación de derechos humanos, como lo es el feminicidio.

Activistas feministas, acompañantes de las familias que atestiguan las dificultades de conseguir una sentencia condenatoria, también han expresado su inconformidad ante el hecho, tal es el caso de Akar, fotoperiodista de Visibilidad Morada.

No hay palabra existente que describa el dolor de perder una hija, menos por un feminicidio. Son revictimizantes los procesos jurídicos por sí solos para las familias y la reducción de condena es un retroceso que les dice que todo el camino, el dolor y las lágrimas no han valido la pena. Que sus hijas no obtuvieron ni un pedacito de justicia, que no tienen segundas oportunidades, pero sus feminicidas sí.

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La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del estado de Puebla con el propósito de considerar como legítima defensa la acción de una mujer cuando dañe a su agresor por ejercer hacia ella, previamente o en el momento, violencia física o sexual. 

La propuesta legislativa propone reformar el segundo párrafo del inciso d) de la fracción IV del artículo 26 y el artículo 28 del Código Penal. 

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictaminación correspondiente.

El reconocimiento a la legítima defensa continúa siendo un tema pendiente en México, esto aún cuando en 2019 se publicó la recomendación «Legítima defensa y violencia contra las mujeres» por parte del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), en la cual se evidenció la desprotección del Estado hacia las sobrevivientes de violencia, quienes en muchos de los casos terminan en prisión por defenderse.

México, al formar parte de los países firmantes de la Convención de Belém do Pará, fue exhortado en dicha recomendación a:

• Aplicar la perspectiva de género en los procesos de juzgamiento donde las mujeres víctimas de violencia son acusadas de matar o lesionar a sus agresores en legítima defensa de sus derechos o de terceros.
• Incorporar un análisis contextual que permita comprender que la reacción de las víctimas de violencia de género no pueden ser medidas con los mismos estándares tradicionalmente utilizados para la legítima defensa en otro tipo de casos.

Finalmente, la recomendación destaca que la administración de justicia debe hacerse en consonancia con los postulados de la Convención y que, en caso de ser necesario, los Estados deben realizar la armonización legal necesaria para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Pese a ello, las mujeres en México que actúan en legítima defensa son criminalizadas y revictimizadas, tal es el caso de Roxana Ruiz Santiago, a quien el Poder Judicial mexiquense había declarado culpable por defender su vida ante el hombre que la agredió sexualmente en el municipio de Nezahualcóyotl en 2021.

Roxana tiene 23 años, es originaria de una comunidad indígena de Oaxaca y -como cientos de mujeres- decidió migrar para acceder a mejores condiciones de vida. 

Fue así como llegó a la periferia del Estado de México, una de las zonas más abandonadas de la entidad mexiquense, misma que cuenta con dos Alertas por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) cuya declaratoria se emitió por los delitos de feminicidio y desaparición.

Ya asentada en Nezahualcóyotl, Roxana trabajaba en un puesto de papas para mantenerse a ella y a su hijo. Al ser comerciante no contaba con prestaciones o derechos básicos como salud, educación y vivienda. Así vivía su día a día.

El 8 de mayo de 2021 Roxana fue agredida sexualmente por un hombre. Para defender su vida actuó en defensa propia y el agresor perdió la vida. Asustada buscó deshacerse del cuerpo; sin embargo, fue capturada por policías municipales de Nezahualcóyotl, aún cuando en más de una ocasión refirió que había sido víctima de violencia. En ese momento comenzaron los atropellos a sus derechos.

La médica legisla no realizó el procedimiento necesario para determinar la agresión sexual contra Roxana, tampoco le suministró los antirretrovirales con el fin de reducir la probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual después de la agresión. 

Por su parte, los Ministerios Públicos que recibieron en un primer momento a Roxana, no actuaron en apego a los derechos humanos de la mujer, aún cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el personal cercano a víctimas debe atender con debida diligencia incorporando la perspectiva de género.

Y es que sin analizar el contexto ni tomar en cuenta la agresión sexual en su contra, tanto los Ministerios Públicos como la defensora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, decidieron enviar a Roxana a prisión.

Ocho meses pasó Roxana en prisión. Luego de ello, el 15 de febrero de 2022, el Juzgado de Control de Distrito de Nezahualcóyotl modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e impuso otras condiciones para que Roxana siguiera el proceso en libertad, esto gracias al acompañamiento feminista y las protestas que desencadenó su caso.

El Tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco intentó hacer que volviera a prisión. La defensa de Roxana presentó un amparo para evitarlo, el cual fue resuelto a favor de la mujer.

El proceso no terminaba, pues la familia de su agresor buscaba que Roxana volviera a prisión. Los días pasaron y luego de amparos y nuevas audiencias en el caso, las autoridades de la entidad determinaron el 15 de mayo de este 2023 que la mujer sí era culpable por defender la vida, aún cuando la Fiscalía General de Justicia del Edomex y un peritaje independiente concluyó que sí fue víctima de agresión sexual.

Luego de un difícil camino, el 23 de mayo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desistió de ejercer acción penal contra Roxana Ruiz Santiago. Sin embargo, ella refiere “no sentirse completamente libre”, pues es víctima de amenazas y la familia de su agresor presentó un amparo para evitar que sea absuelta de cualquier delito.

En 2018 Cimacnoticias ya advertía que el sistema penitenciario carece de estadísticas actualizadas sobre el número de mujeres encarceladas por defender su vida cuando se encontraban en una situación de violencia extrema, por lo cual el alcance de la criminalización que viven estas mujeres queda invisibilizado y obstaculiza su acceso a la justicia.

                                                                                                        Foto: desinformémonos

El pasado marzo se viralizaron unas imágenes: Una pareja charlaba tranquilamente sentada en una terraza de Burdeos. Mientras, de fondo, en lugar de ver un escenario de postal con turistas felices y edificios nobles, había humo y fuego. Francia llevaba semanas de manifestaciones en protesta por la reforma de las pensiones de Macron, y las llamas se extendían por las ciudades como muestra inequívoca del conflicto. Aunque no faltaban quienes cuestionaban que el recurso al fuego y los disturbios era una de esas estrategias que invalida tus argumentos, también eran muchas las voces que admiraban la forma en la que la ciudadanía francesa contesta con contundencia cuando pretenden quitarles derechos, y eso, a pesar de tener unos cuerpos de seguridad cada vez más violentos y represivos.

Durante la última semana, después de que Nahel, un adolescente de 17 años fuera asesinado por la policía durante un control de carretera, las llamas han vuelto a ser la respuesta a la conciencia de injusticia. Esta rebelión, protagonizada por miles de chavales de origen migrante, ha sido señalada como algo otro, vandalismo ejercido por agentes externos a lo francés, por más franceses que sean quienes están en las calles. Y es que en plena escalada de alterización nadie se ha planteado que quemar cosas como forma de protesta es una costumbre bastante francesa.

Por otro lado, la represión policial no es solo un problema de las juventudes racializadas francesas sino que afecta a toda la ciudadanía que protesta y planta cara a un régimen de achicamiento del estado social, como bien saben los chalecos amarillos o quienes se manifestaron contra la reforma de pensiones. Tampoco la muerte de Nahel ha interpelado solo a las personas de origen migrante, prueba de ello fue la masiva Marcha Blanca que el pasado 29 de junio recorrió la ciudad del adolescente en su memoria.

Hay una cuestión de sujetos y de escala. Sujetos a los que ni siquiera se consideran sujetos sino masas que optan por reventarlo todo porque esa sería su costumbre, su inercia bárbara, ese es el imaginario que se extiende como la pólvora por las narrativas europeas, que se empeñan en estrechar el foco, centrarse solo en estas secuencias tan cinematográficas de chavales indistinguibles entre sí corriendo, saqueando o increpando a la policía. Elige este relato deleitarse solo en una violencia, la que se ejerce contra las cosas, los edificios, los coches. La violencia que se ejerce contra las personas, contra esos mismos jóvenes de manera rutinaria, esa no sale en la fotografía.

No hablamos sólo de cuando la policía mata a quemarropa a un chico como ellos, sino también de una violencia más sutil, indistinguible para quien no lo haya vivido, para los ciudadanos de bien que viven en la ficción de que cada cual está donde se merece, y disfruta de la Francia hermosa, de sus mieles, en lugar de pudrirse en sus abandonadas periferias. La violencia de que tu cuerpo sea siempre sospechoso, carne de redada, de mirada de sospecha. Que tu cuerpo sea considerado un cuerpo extraño en el país donde naciste.

Fuera de ese foco fascinado con el fuego, de esa mirada que solo quiere ver pruebas para reafirmar su teoría de que quienes protestan son gente de segunda, caprichosos bárbaros, quedan las humillaciones ejercidas en el pasado y el presente

Hace unos años Sarkozy —el mismo que llamó chusma a la juventud de las banlieue cuando los barrios estallaron en 2005 como respuesta a la muerte de dos adolescentes—  preguntó a los franceses por la identidad francesa. La propuesta encajaba con un identitarismo francés que es la otra cara del racismo colonial, este anhelo de preservar una idea de país de lo que se señala desde partidos nacionalistas y medios de comunicación, desde programas políticos o desde el urbanismo, como una infección. Miles de personas son consideradas en su propio país una amenaza, un factor que contamina. Fuera de ese foco fascinado con el fuego, de esa mirada que solo quiere ver pruebas para reafirmar su teoría de que quienes protestan son gente de segunda, caprichosos bárbaros, quedan las humillaciones ejercidas en el pasado y el presente.

En un hilo de twitter el veterano periodista francés François Camé despliega una genealogía de esta humillación que arranca en la colonia y se perpetúa en la contratación de trabajadores en origen, mano de obra barata a la que se pesaba, media y miraba los dientes antes de ser embarcados a la metrópoli. No había mucho de la próspera Francia para ellos; alojados en barracones eran reducidos a brazos, un ejército proletario al servicio de bajar los costes laborales de las grandes empresas. Esa es la gente que acabó viviendo en los feos HLM, en las banlieues. Mientras se les imponía la asimilación cultural se les excluía en el resto de sentidos: geográficamente, económicamente, habitacionalmente. En un país orgulloso de la belleza de sus ciudades, de su patrimonio histórico, se reservó lo más feo a las personas migrantes en una exclusión “estética” que les recordaba a ellos y a sus hijos y sus nietos que no merecen lo bueno y lo elevado, lo bello, una pedagogía del sobrar, que deslegitima tu existencia generación tras generación.

Es a esa humillación histórica y cotidiana a la que prenden fuego estos jóvenes, quemando comisarías o coches, autobuses y escuelas. Uno no quema lo que siente propio, sino que se ensaña contra aquello que considera espacio enemigo, de agresión. El respeto a la policía y las instituciones, el apego a las ciudades, funciona cuando las consideras tuyas, si te protegen, si te acogen. La gente tiene la costumbre de despreciar a quienes les desprecian.

 La ultraderecha aprovecha el momento para ondear sus narrativas: el árabe como salvaje que mantener fuera del “jardín” europeo, la izquierda como cómplice necesaria de esta “invasión”, los antifascistas, enemigos de los valores europeos, incendiando el país del lado del enemigo

Mirar el fuego con fascinación en esta sociedad del espectáculo donde la viralización aturde todos los debates, deja fuera toda causalidad y estructura. Todo se explica con el origen, con la religión, con la cultura, en un ejercicio de esencialización que deshumaniza al otro. El mecanismo está ya muy bien aceitado, se repiten las mismas ideas, los mismos argumentos, en una ultraderecha que aprovecha el momento para ondear sus narrativas: el árabe como salvaje que mantener fuera del “jardín” europeo, la izquierda como cómplice necesaria de esta “invasión”, los antifascistas, enemigos de la decencia y los valores europeos, incendiando el país del lado del enemigo, y ya, para los más avanzados en el delirio, Soros y las élites globalistas conspirando para efectuar el gran reemplazo.

Las personas árabes, africanas, musulmanas o en general no blancas se ven amalgamadas en un enemigo abstracto, e interconectado, en el que los actos de cada una de millones de personas son atribuidas al conjunto. Así, desde el régimen opresor talibán, al ataque contra niños y niñas de un ciudadano sirio mentalmente alterado, todo eso pesa sobre las espaldas del chaval de la banlieue. Es como si cada vez que un alemán matase a alguien fueran señalados como corresponsables todos los europeos. Es puro racismo llevado al absurdo, una pedagogía de la crueldad que alimenta la necropolítica: en un tuit una de esos miles de cuentas nazis que proliferan se muestra un barco lleno de personas migrantes que se juegan la vida y hace el siguiente chiste: “llegan los refuerzos a París y otras ciudades francesas”. 

En una muestra paradigmática de esta narrativa fascista, el primer ministro polaco, cuyo país deja morir a la gente de frío en la frontera, se mostraba como ejemplo de prosperidad en un vídeo que circulaba en las redes, donde contraponía las imágenes de los disturbios en Francia con idílicas postales de paz y niñas rubias de su país, un escenario “blindado” a la contaminación. Mientras, en la estremecida Francia los acólitos de Le Pen y Zemmour se zambullen en una orgía de telodijismo, pletóricos con un fuego que, en su relato, confirma sus tesis, y grupos violentos de ultraderecha toman fuerza para performar lo que otros ladran en nombre de la defensa de la patria.

No hay soluciones fáciles para conflictos que se nutren de décadas de racismo, cuando hemos llegado a un escenario neoliberal al que le sobra gente. Pero por otro lado, nada tiene de sorprendente que un sistema que se basa en precarizar la vida de la gente, sea un sistema precario que en cualquier momento puede quebrarse. Si las vidas no prosperan ni pertenecen, si se vive pensando que todo es provisorio, que nada está conquistado, qué fácil es que todo haga crac y un día te encuentres el país inundado en fuego.

                                                                                      Foto: Desinformémonos

Durante la última Asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI), realizada en Tehuacán, Puebla, voces de distintas geografías de México alertaron sobre el incremento de la violencia dirigida contra territorios de pueblos originarios en todo el país.

En el análisis de las mesas de trabajo se identificó que esta violencia busca, entre sus objetivos, frenar y debilitar procesos organizativos para conseguir la imposición de megaproyectos como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, entre otros.

“Lo que estamos viendo en nuestro territorio es justamente una violencia diferente, pero que también nos afecta. Escuchamos experiencias de otros pueblos donde se les violenta directamente con el ejército, entrando a matarlos. Nosotros no lo vivimos (…) de la misma manera, pero, sin embargo, sí hemos sido violentados de otras formas”, nos cuenta Jazmín Alvarado, integrante del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC).

Alvarado hace énfasis en las distintas formas que adopta la violencia en comunidades de la Sierra Mazateca, al norte de Oaxaca. En esa región identifica situaciones que hieren gravemente el tejido comunitario como son la promoción del turismo cultural que acompaña un proceso de gentrificación en la región, así como el aumento en las agresiones contra mujeres y el alza en los feminicidios.

También denuncia otros métodos del despojo, menos comunes y silenciosos, como aquellos que, mediante la ciencia extractivista, ejecutan acciones de biopiratería, como es el caso de las actividades realizadas por espeleólogos norteamericanos en las cuevas más profundas del continente americano: el Sistema Huautla.

Pese al cercamiento de las comunidades, Alvarado, quien colabora en proyectos autónomos, hace énfasis en el trabajo organizativo volcado a las juventudes, infancias y la apuesta por incorporar a las nuevas generaciones en procesos de resistencia comunitaria para fortalecer la defensa de los territorios. Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la Asamblea del CNI. Puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos en Sonora, el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo. A continuación, compartimos los extractos de la entrevista con Jazmín Alvarado.

Avispa Mídia (AM): ¿Cómo se expresa la relación entre la ciencia, extractivismo y despojo que han denunciado en la sierra mazateca?

Jazmín Alvarado (JA): En nuestra región, en el pueblo Mazateco, hay muchos proyectos extractivistas de parte de la comunidad científica. La ciencia viene a violentar nuestras formas de ver el mundo y también pretenden venir a enseñarnos sobre lo que creen ellos que es la realidad. Y no solo eso, sino que se llevan conocimientos ancestrales y sin ni siquiera dejar nada pues no comparten su conocimiento a las comunidades; por ejemplo, nosotros como parte del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC), una parte que nosotros hemos defendido, pues ha sido nuestro territorio, es San Agustín Zaragoza, un pueblo que está ubicado a 20 minutos del municipio de Huautla de Jiménez. Ahí hay unas cuevas que se supone que son de las más grandes de Latinoamérica y entonces, quieren meterse allí, un proyecto espeleológico que se denomina Sistema Huautla.

Este proyecto espeleológico lleva 50 años entrando a nuestro territorio. Nunca se les cuestionó durante este tiempo cuál era su trabajo, qué era lo que estaban haciendo (…) y nunca se les cuestionó qué venían hacer o qué era lo que ellos estaban buscando, pero llegó el momento cuando personas jóvenes, y pues que de alguna manera habíamos conocido también otras luchas que, pues eso nos inquietó, el no saber qué hacían personas extranjeras metiéndose a nuestro territorio. Y a qué venían, entonces nosotros nunca obtuvimos alguna respuesta de ellos.

AM: ¿Cuáles fueron los argumentos de los extranjeros para realizar sus expediciones?

JA: Daban diferentes versiones. Cuando ellos llegaron dijeron que eran de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los EEUU) y que ellos querían ir y explorar la Luna; o sea, nuestros abuelos y las personas que viven ahí, ellos saben que dieron ese discurso.

Ahora lo cambiaron totalmente. Cuando se les empezó a cuestionar dijeron que eran personas aficionadas que iban a hacer deporte y decían que ellos nada más se metían a ver qué había y a practicar este deporte. Ellos hablan perfectamente el español, incluso platicaban y dialogaban con nuestros familiares cuando se los encontraban. Hablaban el español y ahora cuando se les cuestionó, pues resulta que ya se les olvidó. Es una forma también como ellos tienen tan interiorizado su colonialismo. Cómo nos ven, como personas que pueden ser ignorantes, que no son capaces de leer, por ejemplo, un artículo en inglés, un artículo que ellos publicaron, y entonces cómo desde esa visión en la que ellos nos tienen, pues también nos sentimos violentados. Que crean que no somos capaces de poder acceder a la ciencia, que no merecemos tener acceso a saber qué están haciendo en nuestro propio territorio y nos sentimos vulnerados también.

AM: Ustedes han investigado sobre las labores que realizan estos espeleólogos, ¿cuáles han sido sus hallazgos?

JA: Nos hemos dado cuenta de que ellos han estado realizando diversas actividades ahí. Dentro han estado probando robots, han estado probando materiales, como vestimentas para bucear para el ejército estadounidense. Han estado haciendo varias cosas y sin siquiera tener permisos. Si al gobierno realmente le preocupara la situación de nuestros pueblos, si estuviera interesado en nuestros pueblos, esto sería un problema incluso de seguridad nacional, porque entonces ¿qué están haciendo estas personas ahí?, ¿por qué ellos tienen derecho a meterse a probar instrumentos?, a probar lo que sea que estén metiendo ahí, en nuestras aguas, ¿porque ellos sí pueden meter esas cosas, si no tienen ningún permiso?

A nivel estatal tampoco los tienen. Hemos investigado acerca de eso y pues estas personas no tienen permisos para estar ahí y, mucho menos, de nuestras autoridades de nuestra comunidad. A ellas, pues mucho menos se les ha consultado; hasta que se les puso el freno y hasta que se levantó un acta en donde se dijo pues que ellos ya no tenían permiso para para acceder a las cuevas. Y sin embargo aún así lo hicieron.

Sí se siguen haciendo esos acercamientos, queriendo entrar, porque justo hay esta entrada al sistema de cuevas en nuestro territorio, donde ellos quieren entrar a la fuerza. Están buscando otras alternativas, en otros pueblos. Nos hemos enterado que han comprado terrenos para poder ingresar a esas grutas y conseguir otra entrada que les permita seguir con sus planes y que aún, con todo esto, pues siguen sin decirnos, sin darnos una explicación real, de qué es lo que están haciendo y nos vienen con mentiras de que encuentran, según esto, restos de animales que son únicos en la región, pero pues no los enseñan. Cuando nos enteramos también de que habían encontrado los restos de un perezoso, pues resulta que ya estaba en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y eso nunca pasó por nosotros, nunca nos informaron, nunca se le informó a la Asamblea de nuestra comunidad. Ellos se llevaron esos restos asumiendo que el INAH podía tomarlo y que era la instancia correspondiente y se saltaron pues a nuestra autoridad, a nuestra asamblea.

AM: Durante los trabajos de la Asamblea has mencionado otras vías de extractivismo de la ciencia, ¿nos puedes compartir más?

JA: En cuanto a la ciencia, es como la que ha estado más inmiscuida en eso, están tratando de hacer estudios también sobre los hongos alucinógenos. Lo que pretenden hacer es la extracción de la psilocibina, el empezar a legalizar el uso de la psilocibina para llevarlos en medicinas. Según esto, la psilocibina trata la depresión, pero para nosotros, no es importante en sí el hongo como tal, sino el rito, todo lo que implica la ceremonia, eso implica la sanación.

Sentimos que es una falta de respeto hacia lo que nosotros creemos, hacia nuestra forma de ver las cosas, de que se hagan esas investigaciones o que se tome algo también de nuestra tierra para poder mercantilizarse. Sabemos que eso a la larga pues va a traer también consecuencias, porque sabemos que las drogas sintéticas traen consigo adicciones. Nosotros lo vemos, incluso tomando los hongos, pues a veces puede ser perjudicial si uno no lleva la ceremonia como tal y pues lo vemos ahora, ¿qué va a suceder con esas personas que empiecen a consumir eso sin siquiera llevar un proceso de sanación?, porque no es nada más tomarte el hongo y con eso ya te curas, sino que es, dijéramos, durante la ceremonia y durante los días posteriores, es cuando obtienes esa sanación. Es todo lo que conlleva, es todo un proceso y ellos lo están reduciendo a un simple medicamento.

Eso es lo que nosotros vemos en cómo nos están violentando, mercantilizando algo que nuestros ancestros lo usaban para curarse, pero para curarse de una manera diferente, no desde esa visión occidental donde nada más es ver si tienes depresión. Y acá, cuando se hace todo esto, se trabajan las emociones, se trabaja todo lo que has vivido tú como persona y entonces, pues eso es algo que a nosotros nos preocupa, todas las consecuencias que pueda traer la mercantilización de estos medicamentos o de las intenciones que ellos tienen y, pues, que incluso ahorita se está viendo reflejado en que ya no están saliendo los hongos. Ya hay muy poquitos, ya no crecen en los lugares que crecían y es preocupante.

Porque las personas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, ellos sí se curan de esa manera y con el turismo que también llega y empieza a tomar los hongos sin siquiera ser conscientes de todo lo que implica; pues dijéramos que se genera la oferta y la demanda, entonces llegan y empiezan a consumir, pero no es un consumo responsable, no es un consumo que se haga, justo como lo que platicaba, de que se debe hacer conscientemente y haciendo todo un proceso de ceremonia.

También nos hemos visto afectados por el turismo, que justamente llega a esto y empezamos a ver la gentrificación de nuestro municipio, se empiezan a elevar los costos de la vivienda, de la comida, se empiezan a hacer hoteles para poder seguir atrayendo al turismo y es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque las personas que viven ahí están empezando a ver sus vidas afectadas por los costos elevados.

AM: Otra de las denuncias que has hecho se refiere a las agresiones contra las mujeres, ¿cuál es el contexto de esta violencia en la región mazateca?

JA:  Es también el aumento de los feminicidios y que han estado impunes, o sea, el gobierno de nuestro municipio, pues ha hecho caso omiso a todo eso. No hay, no se puede ver que haya realmente justicia para las víctimas. Al menos que se visibilice, al menos que se haga mucho ruido, que la propia gente empiece a exigir justicia, que empiece a movilizarse, hasta ese momento es cuando se empiezan ellos a mover, pero si no se les hace ver, que no están haciendo nada, entonces ellos no mueven ni un dedo, y así pueden estar matando una, dos, tres mujeres y no va a pasar nada. También vemos que es hasta clasista, llega a ese punto, porque si eres una mujer de una comunidad entonces no te hacen caso. Cuando eres del municipio o que viven en el centro, hay más oportunidades de que la gente pida justicia por ti o por tu asesinato, siendo mujer, y entonces cuando sucede esto en las comunidades, pues esas muertes son olvidadas.

Eso también es algo que nos afecta a nosotras directamente, porque a nosotras, como mujeres, no podemos estar con la seguridad o con la garantía de que vamos a obtener justicia si en algún momento nos llega a suceder algo. Lo único a lo que nos aferramos es a nuestros procesos colectivos. Son esos lugares o esos espacios, a los que pertenecemos, donde sentimos que ahí es donde no nos van a olvidar y no van a permitir que se cometan injusticias con nosotras. Pero pues es muy triste saber que, de parte del gobierno, no tenemos una garantía de que se nos haga justicia. Entonces, como que a veces nos ha tocado a nosotras, como mujeres, vernos en ese lugar, vernos en el lugar de ¿qué pasaría si yo un día desaparezco o si un día muero?, ¿quién va a pedir justicia por mí? Nos toca a nosotros vernos en eso, hacer esos ejercicios de reflexión para poder solidarizarnos también nosotros con las mujeres que son de nuestras comunidades, para seguir pidiendo justicia por ellas.

AM: ¿Cómo ha sido tu experiencia participando de esta asamblea del CNI?

JA: Yo siento que estos espacios justo nos permiten ver lo que está sucediendo en otros lugares, no para decir ‘a mí me está pasando menos que en otro lugar’, sino para reflexionar sobre cómo ellos ya tienen esa experiencia, cómo están pasando por esos momentos. ¿Cómo les están haciendo?, ¿Cómo se están organizando en sus comunidades para enfrentar todo lo que está sucediendo?

Para nosotros siento que es muy importante estar escuchando estas experiencias de los diferentes pueblos, porque también así nutrimos nuestro propio proceso. Nosotros vamos aprendiendo de todos esos procesos organizativos que hay y, sobre todo, pues ir viendo cómo nos vamos organizando, ¿qué podemos hacer para seguir articulándonos? Porque puede que a lo mejor tengamos puntos en común. Nosotros estamos escuchando qué se dice; el crimen organizado es un tema en común acá, entonces tenemos que ver ¿de qué manera nosotros podemos hacerle frente a esa situación?

¿Qué mecanismos nos quedan a nosotros?, y creo que eso es algo, más bien un ejercicio, que no es como que se pueda resolver de un día para otro, sino que hay que seguir reflexionando, ver qué es lo que podemos hacer frente a toda esa situación.

Nosotros, de nuestra parte insistimos en la importancia de crear ese espacio dentro del CNI, pues que pueda ser también para los jóvenes y para los niños. Para nosotros es muy importante que se pueda permitir ese espacio acá dentro de estas reuniones, para que ellos también conozcan, escuchen y también para que vayamos viendo cómo nos organizamos porque, al final, las personas que están defendiendo sus pueblos ya también están grandes, entonces tenemos que pensar, ahora sí, quiénes van a heredar toda esa lucha.

Yo siento que es algo que sí debemos de irnos planteando, el cómo acercar a los niños, cómo acercar a los jóvenes dentro del CNI, porque si seguimos enfocándonos nada más en nosotros, en las personas adultas, en las personas mayores, pues siento que nos vamos a ir quedando cada vez menos, y aquí lo que importa es cómo vamos a crecer.