Desaparecen municipios autónomos y Juntas de Buen Gobierno, informa EZLN

                                                                                                 Foto: Desinformémonos

 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que se decidió la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno, como resultado de un proceso de «profundo análisis crítico y autocrítico» y consultas a todos los pueblos zapatistas.

«Las razones y el proceso por el que se tomó esta decisión se las iremos platicando poco a poco en los escritos siguientes. Sólo les adelanto que esta valoración, en su fase final, se inició hace unos 3 años. También les iremos explicando cómo es y cómo se ha ido gestando la nueva estructura de la autonomía zapatista», señaló el Subcomandante Moisés en un comunicado.

El EZLN también anunció la celebración con motivo de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido, en los meses de diciembre y enero, en un lugar próximo a definir.

A continuación el comunicado completo:

Cuarta Parte y Primera Alerta de Aproximación.
Varias Muertes Necesarias.

Noviembre del 2023.

A las personas que suscriben la Declaración por la Vida:

Les comunicamos lo siguiente:

PRIMERO. – Desde hace algunos meses, después de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico, y de consultar a todos los pueblos zapatistas, se decidió la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno.

SEGUNDO. – Todos los sellos, membretes, cargos, representaciones y acuerdos con el nombre de cualquier MAREZ o de cualquiera de las Juntas de Buen Gobierno, son inválidos a partir de este momento. Ninguna persona se puede presentar como miembro, autoridad o representante de cualquier MAREZ o Junta de Buen Gobierno. Los acuerdos sostenidos antes de esta fecha, con Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones sociales, colectivos, grupos e instancias de solidaridad en México y el mundo se mantienen hasta la expiración de los mismos, pero no se podrán hacer nuevos acuerdos con estas instancias de la autonomía zapatista, por la simple razón de que ya no existen.

TERCERO. – Se mantienen los Caracoles, pero permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso.

CUARTO. – Las razones y el proceso por el que se tomó esta decisión, se las iremos platicando poco a poco en los escritos siguientes. Sólo les adelanto que esta valoración, en su fase final, se inició hace unos 3 años. También les iremos explicando cómo es y cómo se ha ido gestando la nueva estructura de la autonomía zapatista.

Todo eso, y más cosas, irán apareciendo en el momento oportuno.

QUINTO. – Les avisamos que haremos una celebración con motivo de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido. Esto en los meses de diciembre del 2023 y enero del 2024. Están invitadas todas las personas que firmaron la “Declaración por la Vida”.

Sin embargo, es nuestro deber, al mismo tiempo que se les invita, desalentarles. Contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista, autodenominada cool-progre-buena-ondita, las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos “sicarios legales” o “Crimen Desorganizado”. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales.

Entonces, pues claro les decimos que, a diferencia de otros años, no es seguro.

San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, por mencionar algunas cabeceras municipales, están en manos de uno de los cárteles del crimen desorganizado y en disputa con otro. Esto es constatado por la llamada industria hotelera, turística, restaurantera y de servicios. Quienes trabajan en estos lugares lo saben y no lo han denunciado porque están amenazados y, además, saben que es inútil cualquier petición, porque las autoridades estatales y municipales son las que delinquen y no tienen llenadera en la robadera que están haciendo.

En las comunidades rurales el problema es más grave aún. Eso lo gritan quienes las habitan en todas las regiones de Chiapas, particularmente en toda la franja fronteriza con Guatemala.

Lo que se lee, escucha y se ve en la mayoría de los medios locales y nacionales, es sólo un eco malo y sinvergüenza, de las redes sociales del gobierno del estado. La verdad es que las autoridades oficiales son el problema. Sí, como en el resto del país.

Las fuerzas militares y policíacas federales, estatales y locales, no están en Chiapas para proteger a la población civil. Están con el único objetivo de frenar la migración. Ésa es la orden que vino desde el gobierno norteamericano. Como es su modo, han convertido la migración en un negocio. El tráfico y la trata de personas es un negocio de las autoridades que, mediante la extorsión, el secuestro y compraventa de migrantes, se enriquecen desvergonzadamente.

Entonces, pues no les aconsejamos que vengan. A menos, claro, que se organicen muy bien para hacerlo.

Entonces, aunque no les esperamos, les invitamos. Las fechas tentativas de las conmemoraciones son entre el 23 de diciembre del 2023 y el 7 de enero del 2024, siendo la celebración central los días 30-31 de diciembre y 1-2 de enero. Luego les diremos el lugar. O sea que sí queremos que vengan, aunque no lo recomendamos.

Aunque no lleguen, no preocupar. Igual les mandaremos fotos y videos.

Bueno, eso si todavía hay mundo para esas fechas.

Ahí lo vean.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.
México, noviembre del 2023

 

 

A la alza feminicidios y dejan sin titular a CONAVIM

                                                                                                                    Foto: CimacNoticias

 

Edith González Cruz

En un contexto de críticas por una política de no atención, prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, Fabiola Alanís Sámano, renunció a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum, como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T, no obstante deja cifras desalentadoras en derechos humanos de las mujeres y además este órgano desconcentrado enfrenta una tendencia de reducir su financiamiento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

En el contexto electoral rumbo a las elecciones 2024 y considerando que los primeros días de noviembre se abre el proceso de registro para aspirantes al Congreso de la Unión, hay quienes afirman que la ex perredista aspira una candidatura al Senado de la República

Su gestión al frente de la entidad encargada de erradicar la violencia contra las mujeres, fue duramente cuestionada por colectivos feministas y de familiares de desaparecidas debido al manejo poco transparente de las cifras de delitos de feminicidio.

Conavim reportó un incremento de casos en el periodo 2019-2021, al pasar de alrededor de 944 a 981, cifras que luego se redujeron considerablemente en 2022 a septiembre de 2023, al pasar de 958 a 625. En el caso de homicidios dolosos, estos pasaron de 2 mil 876 en 2019 a 2 mil 801 en 2020, pero para 2023, tan solo dos años, después se redujeron a mil 955, una reducción del 67 por ciento, cifras totalmente irrisorias para las activistas del país quienes aseguran que la violencia contra las mujeres se ha incrementado en todas sus formas.

De hecho, uno de los señalamientos más fuertes contra la ahora ex titular, fue su rechazo a la petición de declarar una Alerta de Violencia de Género a nivel nacional. A finales del 2021 las feministas que integran Nosotras Tenemos Otros Datos, una red creada para contrarrestar la desinformación generada por los “datos oficiales” sobre violencia contra las mujeres y para evidenciar la importancia de contar con políticas públicas y presupuesto para garantizar los derechos de las mexicanas, solicitó esta declaración ante el hecho de que en el país se asesinan a 11 mujeres al diariamente, pero si se toman en cuenta los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre tres delitos (feminicidio, homicidio doloso y homicidio culposo), la cifra asciende a 20 feminicidios por día.

“Este mecanismo de emergencia solo se aplica en un territorio determinado y las peticionarias no presentaron casos concretos de violencia feminicida, además el mecanismo no está diseñado para suplir la política integral del Estado”, respondió en aquel entonces la ex titular de la Conavim, institución dependiente de la Secretaría de Gobernación.

En un comunicado en su cuenta de X, publicado el día de ayer a las 20:16 hrs, la funcionaria compartió la carta de renuncia que le hizo llegar al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en la cual lejos de hacer un recuento puntual de su gestión, se limitó a alabar al presidente.

“Nuestro país está viviendo una de las épocas más gloriosas de su historia, usted encabeza un gobierno del pueblo y para el pueblo, usted ha logrado una combinación virtuosa de desarrollo económico sostenible con bienestar de las personas, de las y los excluidos de siempre”, escribió.

Entre los pendientes que deja está la reforma en el sistema de procuración e impartición de justicia y hacer que cada investigación por violencia contra mujeres se inicie con perspectiva de género. Apenas 11 fiscalías en los estados cuentan con unidades de análisis y contexto para actuar con perspectiva de género y garantizar que no queden impunes los delitos.

¿Y el presupuesto de Conavim?

El pasado 18 de octubre, organizaciones de la sociedad civil exigieron aumentar los recursos designados a las instituciones rectoras de la política de género, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y también de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), pues en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 se observa una tendencia para desfinanciarlas, lo cual pone en riesgo la vida y dignidad de las mujeres. 

En el Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del PPEF 2024, se contempla un presupuesto total de 409 mil millones 107 millones 904 mil 319 pesos; sin embargo, 89 por ciento de los recursos corresponden a programas sociales prioritarios (Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro).

En contraste se han desfinanciado los programas e instituciones clave para las agendas de igualdad de género y reducción de violencias contra las mujeres.  Por ejemplo, el objetivo de Inmujeres es «promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país», mientras que FEVIMTRA tiene la responsabilidad de «investigar y perseguir los delitos del orden federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres por su condición de género, los cometidos contra niñas, niños y adolescentes y los de trata de personas». Sin financiamiento suficiente ¿Qué pasa con estos objetivos?

La reducción de recursos a estas instituciones se da aún cuando el Anexo 13, agregado al Presupuesto por primera vez en 2018, fue creado precisamente para construir la igualdad entre mujeres y hombres, para ello se contemplaron tres ejes: erradicar la violencia contra las mujeres; erradicar la discriminación de las mujeres y el tercero impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. Pero dicha disminución, poco permite avanzar hacia esos objetivos. 

En el caso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Inmujeres y FEVIMTRA la reducción en el presupuesto año con año han sido marcada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Al mirar la gráfica de Conavim se puede observar un ligero incremento en los últimos años, pero esto no implica mayor inversión en la institución y sus proyectos; más bien refiere a que el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para mujeres víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijo fue transferido a la Comisión luego de la desaparición del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), el cual era el encargado de operar dicho programa.

Lo anterior pone en evidencia que el Estado «no garantiza los recursos públicos suficientes para atender las necesidades y las prioridades de las mujeres de todas las edades y diversidades, particularmente de aquellas en situación de mayor desventaja, por lo que no contribuye a revertir las desigualdades ni a reducir las brechas existentes en nuestra sociedad», señalaron en un comunicado organizaciones como la Red Nacional de Refugios (RNR), Fundar, Mano Vuelta AC, Oxfam México, Política Colectiva, entre otras.

«En el caso de las brechas de género, el Anexo Transversal de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres sigue con la tendencia de etiquetar programas sociales utilizados clientelarmente, sin perspectiva de género ni indicadores de impacto que midan el cierre de estas brechas. Lo que se observa es, en cambio, que los aumentos presupuestarios al Anexo 13 esconden el desfinanciamiento a aquellos programas e instituciones que tienen verdaderos impactos en la construcción de la igualdad y en revertir la violencia contra las mujeres», expresaron.

Este análisis las lleva a concluir que este gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha desmantelado instituciones que incluyen los mecanismos para la igualdad de las mujeres, así como de las políticas de igualdad.

Es el 15 de noviembre cuando se tiene como fecha límite de aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por ello las organizaciones hicieron el siguiente llamado:

  1. Aumentar los recursos asignados a las instituciones rectoras de la política de género: INPI, INMUJERES, FEVIMTRA y CONAVIM;
  2. Aumentar los recursos asignados a los programas identificados para reducir las desigualdades y las violencias por razones de género: PAIMEF; Programa de Apoyo a Refugios, Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres; Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas. 
  3. Destinar recursos para construir las bases del Sistema Nacional de Cuidados, conforme a la reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputadas/os en noviembre de 2020 y retomar su discusión pendiente en el Senado.
  4. Recuperar la buena práctica de diálogo y trabajo conjunto entre el poder legislativo, las instituciones encargadas de operar la política de género, la sociedad civil y el movimiento amplio de mujeres para sumar esfuerzos en favor de las mujeres de todas las edades y diversidades.
  5. Construir colectivamente la metodología de integración del Anexo 13 en estricto apego a lo que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de género.
  6. Solicitar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que rindan cuentas sobre el cumplimiento de los artículos 1° y 111° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de evaluación y aplicación del principio de equidad de género en el ejercicio del gasto público, incluyendo el gasto federalizado.

«El PEF debería ser una herramienta de transformación social hacia la justicia e igualdad a partir de la reducción de las brechas de desigualdad social y entre mujeres y hombres, dando especial consideración a los derechos humanos, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y el enfoque interseccional. En este sentido, incluir la perspectiva de género en el presupuesto implica destinar los recursos necesarios para eliminar las desigualdades y violencias de género», sentenciaron.  

¿Qué es la CONAVIM?

Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que se encarga de diseñar la política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra.

Formulan las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y promueven el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

También elaboran y dan seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que conjunta las acciones del Gobierno de la República en materia de promoción de la igualdad y combate a la discriminación contra las mujeres y niñas.

Además, fungen como la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, mediante la cual impulsan un clima laboral en el que prevalezcan los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

 

 

Protegiendo a las comunidades tarahumaras en México

                                                                                                    Foto: NoticiasONU

 

Alianza Sierra Madre es una asociación que trabaja con las comunidades indígenas Coloradas de la Virgen y Choréachi, en la Sierra Tarahumara, para promover sus derechos y protegerlas de empresas, caciques y narcotraficantes.

Debido a sus riquezas naturales, la Sierra Tarahumara, situada en el estado mexicano de Chihuahua, México, es un lugar acosado por intereses privados, los caciques locales y los grupos de narcotraficantes, y una región que cuenta con muchos desplazados internos.

Desde hace tiempo, sus habitantes y distintas asociaciones, entre ellas la organización Alianza Sierra Madre, se han organizado para protegerse y promover sus derechos.

La dirigente de la Alianza, Isela González Díaz, contó a Noticias ONU que el principal reto que han encontrado ha sido garantizar el acceso a la justicia y prevenir la invasión de sus tierras por esos caciques y grupos empresariales o de los mismos narcotraficantes.

Reconocimiento de los territorios indígenas

Alianza Sierra Madre trabaja, desde los años 90, con las comunidades indígenas Coloradas de la Virgen y Choréachi, especialmente en la promoción de sus derechos de defensa de la tierra, la conservación biocultural y el bienestar comunitario. 

Durante tres décadas, el trabajo de la asociación ha dado resultados como el reconocimiento legal de los territorios indígenas y la protección estatal de más de 30.000 hectáreas de bosque de pino Encino. 

Además, ha logrado que el Tribunal Unitario Agrario local suspenda los permisos de aprovechamiento forestal, que se habían autorizado a ciertos grupos privados. 

Isela González explica el trabajo que hacen en cumplimiento de los planes de la Junta de gobierno del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas

“Estamos trabajando mucho en la reparación del daño material e inmaterial a la comunidad de Las coloradas de la Virgen y de las familias desplazadas”, dijo y añadió que también están trabajando en la capacitación de las familias desplazadas.

Además, mantienen un caso en la Corte Interamericana “documentando que el Estado no vaya a permitir agresiones hacia la comunidad”.

Más allá de acompañar jurídicamente y empoderar a las comunidades indígenas para que conozcan y exijan sus derechos, Alianza Sierra Madre participa en procesos de diálogo con autoridades y otros actores de la sociedad civil para sensibilizarlos sobre los derechos de las comunidades. 

Combate del narcotráfico 

Aparte de su búsqueda por defender los territorios, la organización trabaja para combatir la violencia vinculada al narcotráfico. De acuerdo con González, su trabajo le ha causado amenazas de muerte y campañas de desprestigio.

“Estamos en una zona en el triángulo dorado y siempre se han tenido amenazas y hostigamiento, y esto incrementó porque hubo un parteaguas que facilitó mucho a los caciques o actores sociales que pretenden despojar a las comunidades de su territorio”, manifestó. 

Organismos nacionales e internacionales han reconocido la situación de violencia extrema que azota a la Sierra Tarahumara y que significa un elevado riesgo para las personas defensoras de derechos humanos. 

Debido a su labor, tanto las y los líderes comunitarios como integrantes de Alianza Sierra Madre, han sufrido represalias, mientras muchas comunidades se ven forzadas a desplazarse por temor a la presencia del crimen organizado y a las ejecuciones, amenazas y reclutamiento forzado en campos de siembra de opiáceos. 

En febrero de 2014, el Mecanismo Federal de Protección a defensores del Gobierno de México otorgó medidas de protección a varios integrantes de Coloradas de la Virgen, entre ellas Isidro Baldenegro López, uno de los principales defensores de la sierra. No obstante, a pesar de ello, el 15 de enero del 2017, lo asesinaron.

“Acompañamos a las personas que se encuentran en situaciones de desplazamiento forzado; sólo lo podemos hacer a través de acompañamiento policiaco por ser beneficiarios del Mecanismo de Protección, aunque éste sí nos limita, porque siempre están ahí acompañándonos los policías. Finalmente, estamos muy conscientes que hay cosas que no se pueden tratar delante de los policías. Sobre todo, las estrategias”, comentó González.

Redes de Apoyo

Alianza Sierra Madre trabaja en red con otras organizaciones nacionales e internacionales, como la propia ONU, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional, el Centro Agustín Pro Juárez y la asociación civil hermana en los Estados Unidos: Sierra Madre Alliance

Además, junto con Tierra Nativa y la Consultoría 
Técnica Comunitaria (CONTEC), son una de las tres integrantes de la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, creada en 2012 para sumar esfuerzos en cuanto a estrategias jurídicas para la defensa del territorio de los pueblos y el uso preferente de sus recursos naturales. 

Apoyo de ONU Mujeres

Isela González Díaz indicó que, a través de un grupo de embajadas europeas, se le ha dado respaldo jurídico a las personas activistas que se encuentran en riesgo, como ella misma. Es  una de las seleccionadas para recibir respaldo político en la Embajada suiza, lo que le dio oportunidad de ser parte de la campaña Protejamos sus voces, organizada por la Mesa de Cooperación para la Igualdad de Género en México, integrada por ONU Mujeres y 24 embajadas y delegaciones. 

“Estamos acompañadas por Brigadas Internacionales de Paz, ellos nos han capacitado mucho para hacer manuales de protección y en cómo disminuir riesgos; además de la visibilidad, si Alianza Sierra Madre tiene el respaldo de alguna o algún relator de las Naciones Unidas, inmediatamente es un reconocimiento a nuestro trabajo”. 

Volver a casa

El pasado 2 de octubre la Alianza comenzó la campaña de recaudación de fondos Volver a Casa: un camino de esperanza y dignidad, la cual se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2023.

El monto recaudado será destinado al acompañamiento de familias desplazadas de comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, quienes han salido de sus hogares para salvaguardar su vida.

Alianza Sierra Madre recordó que han pasado cinco años desde que le quitaron la vida al defensor indígena Julián Carrillo Martínez y aún no es posible un retorno seguro para su familia. 

Por eso creen que este es un buen momento para que la ciudadanía se sume a su lucha para apoyar a las y los defensores del bosque bajo la exigencia de la garantía de sus derechos. 

De acuerdo con el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el desplazamiento forzado interno ha sido documentado en México al menos desde la década de 1970. No obstante, su reconocimiento oficial como problema público por el Gobierno de México ocurrió en abril de 2019.

La situación más allá de la Sierra Tarahumara

Chihuahua ha sido uno de los estados más afectados por la violencia en las últimas décadas. 

La presencia histórica de grupos de la delincuencia organizada, la nula respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad de la ciudadanía, la colusión con actores públicos y privados para la sobreexplotación del bosque, así como las acciones dirigidas al despojo de tierras de cultivo y bienes comunes, en particular de comunidades indígenas, han ocasionado múltiples eventos de violencia en contra de las personas y poblaciones de diversas comunidades serranas. 

La situación de violencia ha generado que personas que habitan la región hayan sido desplazadas hacia otras partes del estado, incluso a otras entidades federativas.

Por el incremento de episodios de desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara, principalmente en el municipio de Guadalupe y Calvo, personas rarámuri y ódami se han visto en la necesidad de salir de sus comunidades para resguardarse en lugares más seguros.

A la fecha, la situación ha empeorado con nuevos desplazamientos, pues siguen viviendo bajo amenazas por las cuales es imposible que los integrantes de la región regresen a su comunidad en condiciones de dignidad y seguridad.

Las niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento también son víctimas directas, pues el lugar donde se encuentran tiene múltiples carencias, que constituyen una grave violación a sus derechos humanos.

Aún lejos de su territorio, las personas desplazadas continúan su labor de defensa del bosque y de la memoria de quienes han sido asesinados por negarse al despojo de su territorio.

Este reportaje ha sido producido por Primavera Díaz para Noticias ONU. 

 

 

Reducirían presupuesto para Refugios de mujeres en 2024

                                                                                                     Foto: CiamcNoticias

 

Edith González Cruz

La semana pasada inició la discusión y modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PEF), en la Cámara de Diputados, y hoy continuará la discusión cuyo punto central serán los cambios al Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, cuyo primer eje incluyen los refugios y centros de atención externa los cuales, si bien presentan un aumento presupuestal en términos nominales, en términos reales se traducen en una reducción.

El incremento que se está proponiendo en el PEF 2024 representa un aumento del 0.02 por ciento, que en términos netos significa un incremento real de $119 mil 025 pesos, que dividido entre 110 proyectos resulta inadmisible e insuficiente, si a esto se le considera también la inflación.

“El presupuesto que se asigna, aun con sus mínimos incrementos, no está relacionado con el incremento en la inflación que tienen los bienes y servicios que nosotros utilizamos para el funcionamiento de los refugios, como son los alimentos. Llevamos cuatro años trabajando más o menos con el mismo presupuesto, pero la inflación cada vez es mayor. Por eso, nuestra demanda es que, para el PEF 2024, se tome en cuenta la inflación y la apertura de nuevos refugios, que se asigne un incremento del 12 por ciento”, comentó en entrevista con Cimacnoticias, Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios (RNR).

Para demostrar estos hechos, la RNF y la organización Fundar. Centro de Análisis e Investigación, realizaron este año un análisis cruzado entre la inflación en los alimentos, bienes y servicios, los presupuestos asignados a los refugios en los últimos cinco años. Demostraron que en el 2021, el incremento en la inflación que tuvieron los alimentos fue el 12 por ciento, pero el incremento para la operación de refugios, reflejado en el PEF, fue del 0 por ciento; para el 2022, la inflación tuvo un alza de 13 por ciento, mientras que el presupuesto a refugios fue de 3.1 por ciento, incrementos que cruzados con la inflación en realidad significan pérdidas.

Al analizar los presupuestos asignados para refugios en los últimos cinco años (2018-2023), las organizaciones comprobaron que en realidad nunca ha habido un incremento, mas bien ha habido estancamientos y reducciones, lo cual contraviene el principio de progresividad en el gasto por los derechos humanos y más, el derecho de las mujeres.

“Generalmente los fondos se entregan pasado el primer trimestre e incluso hasta mediados de año y al ejercerlo, al hacer las compras de insumos básicos, como alimentos, agua potable, vestido, calzado, medicamentos, artículos de higiene para la mujer, alimentación para bebes, más los gastos de conservación de la vivienda como sistemas de seguridad, productos para la reparación y mantenimiento, entre otros, los recursos se esfuman, cada vez alcanza para menos, esto debido a la inflación”.

“Hasta el día de hoy, nunca, en ningún momento se ha logrado tener financiamiento por los doce meses del año, lo cual es gravísimo. También una de nuestras peticiones, es que haya fondos plurianuales para los refugios, porque esto permite que sigan su operación ininterrumpidamente”, explicó la especialista.

Posible incremento en el PEF 2024

Luego de críticas realizadas por organizaciones civiles, academia y especialistas en temas de género sobre los incrementos al Anexo 13, ninguno por encima del 1 por ciento respecto al año anterior, y luego de debatir en los diálogos denominados Parlamento abierto: Presupuesto con Perspectiva de Género, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), informó que buscará que se amplíen recursos para 14 programas del Anexo 13, en particular de los refugios y centros de atención, “ya que es necesario potenciar la autonomía económica de las mujeres y cerrar las brechas de desigualdad”.

“Se propone una ampliación de 58 millones 280 mil 879 pesos para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, con la finalidad de que se contemple el monto destinado para los gastos de operación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), entidad dependiente de la Secretaría de Gobernación, y se garantice el principio de progresividad para atender de manera integral a las mujeres víctimas de violencia”, informó.

Otros programas que posiblemente tendrán un incremento serán: el “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)”, de 60 millones de pesos; el “Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, de 4 millones 3 mil 722.

El “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres”, de 18 millones 781 mil 36 pesos;  el “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, de 7.6 millones y el Programa de Atención a Víctimas, de 40.5 millones de pesos, para para ajustar el presupuesto a la inflación.

En el proyecto de egresos actual, los programas asistenciales como pensiones para Personas Adultas Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, que se incluyeron en el Anexo 13, absorben el 89 por ciento de los recursos totales, dejando en segundo plano la inversión a un sistema de cuidados, atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

Importancia de los Refugios

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, de los 48.6 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, el 70 por ciento (34.1 millones) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.

Atendiendo a los tipos y modalidades de violencia de género establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,  el 20.7 por cierto de la mujeres sufrió violencia de pareja; el 11.4 por ciento violencia familiar; el 20.2 por ciento violencia escolar; el 20.8 por ciento violencia laboral y el 22.4 por cineto violencia comunitaria. La violencia psicológica, es la modalidad más común de violencia, con el 51.6 por ciento, seguida de la sexual con 49.7 por ciento. Otras formas son la física, económica, patrimonial o discriminación, con porcentajes que oscilan entre los 27 y 34 puntos porcentuales.

De manera más puntual, los análisis de la RNR revelan que en el 87 por ciento de los casos de mujeres que atienden, sus agresores tienen lazos con el crimen organizado, con militares, con policías y además usan armas lo cual, refleja el nivel de riesgo y peligrosidad para ellas, pero también de impunidad y corrupción que las rodea.

Con estas cifras, es clara la importancia de que el país cuente con refugios de atención. Para ello, una de las tareas de la Conavim es fortalecer la red de atención a la violencia contra las mujeres a través de la apertura de refugios en cada estado del país, ya sea que estén administrados por la misma entidad gubernamental, o por organizaciones sociales, como es la RNF. Este año se abrieron nueve refugios, que se suman a los poco más de 150 que hay en el país, 76 de ellos son gestionados por la sociedad civil, el resto por la Conavim.

Los Refugios para mujeres surgieron en México a finales de la década del noventa como iniciativa de la Sociedad Civil y de los movimientos de mujeres para atender y dar luz al grave problema de las violencias machistas contra las mujeres y colocar el tema en la agenda pública como un problema de seguridad, salud pública, derechos humanos y acceso a la justicia. La Red Nacional de Refugios (RNR) fue impulsora de este movimiento.

Desde entonces, han sido espacios de protección (Refugios, Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y Casas de Transición) que brindan seguridad, atención integral y especializada para mujeres con sus hijas e hijos en situación de violencias. Tan sólo este año la Red nacional de Refugios ha atendido a más de más de 15 mil mujeres y niñas en situaciones de emergencia, en periodos de transición o de reincidencia, en alguno de los espacios de protección que existen en todo el país.

Comparativa mundial

Si bien, es cierto que lo ideal es que no existieran estos refugios, la violencia contra las mujeres en el mundo se incrementa y otros países han adoptado esquemas diferentes de atención a esta violencia. Por ejemplo, por ley, Estados Unidos incrementa el presupuesto a refugios cada no, nunca a la baja, sin embargo no tiene toda la estrategia de protección y de seguridad que tiene México; en Canadá pueden haber de entre 75 y hasta 100 refugios en un solo estado; mientras que en España los refugios son departamentos donde sus ubicaciones no son confidenciales, en México sí son anónimas y son casas completas donde de puede brindar una mejor atención y seguridad a las mujeres y sus hijas e hijos, porque el país tiene un modelo de atención fortalecido que incluye a la población infantil, modelo que no existe en otros países.

En México, a pesar de ser un país violento con las mujeres, los recursos asignados a los refugios siempre ha estado castigado, además que no existe un censo oficial actualizado para saber cuántos refugios existen. La RNR ha registrado 75 refugios más algunos centros de atención externa en el país.

En entrevista, la directora general de la RNR, indicó que en la historia de los refugios, pese a su bajo presupuesto, sí ha habido algunos avances: antes los refugios dependían de la Secretaría de Salud, pero para mejorar las condiciones y enfoque del programa, se logró que pasaran  al Instituto de Desarrollo Social (Indesol) con recursos asignados exclusivamente al programa de refugios, sin embargo, al crearse la Conavim (en 2009) y absorber este programa, la situación volvió a retroceder.   

El Anexo 13

El Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, fue agregado al PEF por primera vez en 2018 y se diseñó con la finalidad de construir la igualdad sustantiva  entre mujeres y hombres, bajo tres ejes: erradicar la violencia contra las mujeres, erradicar la discriminación de las mujeres e impulsar la igualdad entre mujeres y hombres.

Para “erradicar la violencia contra las mujeres”, el proyecto de PEF2024  asignó $409,107,904,319.00 pesos; distribuidos de la siguiente manera: 

  • 0.09% (363,515,947) asignado a “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” de la Secretaría de Gobernación (Segob).
  • 0.08% (334,014,744) asignado al “Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)” de Segob.
  • 0.12% (485,673,998) destinado al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos.
  • 0.04% (147,726,176) asignado al Programa de igualdad entre mujeres y hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
  • 0.52% (2,141,477,386) fue destinado a atender salud materna, sexual y reproductiva en la Secretaría de Salud. 
  • 0.01% (34,780,535) asignado a “Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

 

 

Devela mural, org feminista, Consorcio Oaxaca; 20 años de trabajo por los derechos humanos de las mujeres

                                                                                                      Foto: MuralColectivoFeminista

 

Patricia Briseño

Integrantes de la organización feminista Consorcio Oaxaca celebraron dos décadas de trabajo con un mural colectivo que resalta el feminismo, la libertad, el acompañamiento y la autonomía que ha identificado su activismo por la defensa de los derechos humanos.

El proyecto artístico, cuya elaboración requirió de dos semanas y media, estuvo coordinado por la artista gráfica Daria Vásquez Martínez, también integrante de Consorcio Oaxaca; contó además con el apoyo logístico de todo el equipo que cotidianamente ofrecen su trabajo sororo.

Durante la inauguración, la artista explicó a la prensa que el mural integra imágenes que representan las líneas estratégicas del trabajo de Consorcio Oaxaca a través de estos 20 años.

“Una de las cosas más importantes del mural es la diversidad de mujeres que se encuentran representadas al centro de la pared junto con algunas palabras como: feminismo, libertad, abrazo, autonomía, colectividad, defensoras, fortaleza, red, apoyo, diversidad y tejido; símbolo de la unión y tejido que existe en Consorcio”.

Asimismo, dijo que entre las plantas representadas en este mural se encuentran la lavanda, la ruda y albahaca. “Desde que entré a Consorcio, he visto que las ocupan cotidianamente en los rituales de sanación y eso me inspiró”, dijo. 

Otros elementos que aparecen en esta obra gráfica se encuentra el puño arriba como símbolo de fortaleza, además de la presencia de pañuelos verdes, morados y multicolores.

“El color morado representa al feminismo, el verde hace referencia al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y los colores del arcoíris los agregamos por la bandera de la comunidad LGBTIQA+”.

De su lado, Ana María Hernández, integrante de la directiva de Consorcio expresó, “somos tantas cosas juntas porque también nos juntamos con otras; somos redes, somos abrazo, somos mujeres autónomas que no nos callamos, somos feministas, libertarias diversas, somos un motor de la transformación”.