Legisladores de Colima exhortan al Congreso de la Unión a reformar la LFT en beneficio de personas con discapacidad

 

Diputadas y diputados del H. Congreso del Estado de Colima aprobaron por unanimidad un Punto de Acuerdo presentado por legislador Crispín Guerra Cárdenas, en el que se exhorta al Congreso de la Unión para que someta a la aprobación de su pleno el dictamen aprobado el 6 de octubre del 2021 en la Cámara de Senadores, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad.

En la exposición de motivos de dicho acuerdo, el diputado Crispín Guerra recordó que en mayo de 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país, en la que se establecen diversos compromisos, como el asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad; tomar las medidas pertinentes para modificar leyes, reglamentos y costumbres que discriminan a las personas con discapacidad; considerar la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad en todas las políticas y los programas; promover el pleno ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad, entre otros.

Abunda que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6´179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres, por lo que se torna indispensable que el Estado mexicano y sus autoridades de los tres poderes y órdenes de gobierno deben adoptar medidas para la exacta aplicación de la norma internación protectora de los derechos humanos de las personas con algún tipo de discapacidad.

Así mismo, Guerra Cárdenas recordó que el 6 de octubre del 2021, en el Senado de la República se aprobó un Dictamen relativo a reformar y adicionar diversos dispositivos a fin de velar por los derechos laborales por las personas con discapacidad, que estará armonizado con los compromisos asumidos en la convención ya descrita, particularmente en su artículo 27, del apartado denominado “Trabajo y empleo”, en el que se reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado abierto, inclusivo y accesible.

Crispín Guerra mencionó que dicho dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo cual presentó el exhorto para que se dé el debido trámite y con prontitud se plasme en la Ley Laboral la más amplia protección de los derechos humanos en materia de trabajo inclusivo para las personas con discapacidad. El Punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad.

 

 

 

Trabajadores del IEE, sin aguinaldo por la falta de pago de adeudos del gobierno estatal

 
 
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) exigió al gobierno estatal el pago de más de 13 millones de pesos que le adeuda, que serán destinados para pagar aguinaldos y prestaciones de fin de año a los trabajadores, entre otros compromisos.
El documento es el siguiente:
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA
 
El año que está por concluir ha sido complicado para quienes habitamos en Colima. No solo por la pandemia del COVID-19 sino también por el aspecto económico.
En este sentido, el Instituto Electoral del Estado de Colima, consciente de tal situación, ha implementado una política de austeridad y racionalidad en todos los gastos que se derivan de las obligaciones que por Ley debe cumplir; sin embargo, se ha visto afectado por los constantes recortes de recursos económicos que año con año le han sido impuestos. Además, en el contexto de la crisis económica por el impago gubernamental de los recursos que se le deben suministrar al Instituto, mismos que a la fecha consisten en la segunda quincena de junio y todo el mes de noviembre del presente año, sumando ambas un total de más de trece y medio millones de pesos. Lo cual no ha permitido cumplir con varias de estas obligaciones.
Reconocemos que la nueva administración estatal ha estado dando cumplimiento a las obligaciones pendientes; sin embargo, ante el compromiso de que todos los recursos económicos que se adeudaban por la administración anterior, así como lo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre serían cubiertos antes de terminar el presente año, a las Consejeras y Consejeros electorales nos preocupan las declaraciones vertidas en rueda de prensa el día 23 de diciembre del año en curso por la C. Gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, y la C. Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Fabiola Verduzco Aparicio, donde se informó que todas las deudas hacia las instituciones públicas del estado habían sido saldadas, incluidas las concernientes a los Organismos Autónomos, lo cual no sucedió en el caso de nuestra institución, a pesar de que se han concertado citas desde la semana antepasada con la propia Secretaria de Finanzas, sin que hasta el momento se nos haya atendido, por lo que seguiremos insistiendo en entablar audiencia hasta solucionar el tema.
Es por lo anterior que solicitamos, una vez más, a la titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, que los recursos presupuestados y que a la fecha de hoy se adeudan al Instituto Electoral del Estado de Colima, sean entregados a la brevedad posible, ya que con ellos se tiene la obligación de cubrir al personal de la institución, el pago de aguinaldo y prestaciones de fin de año, pago de impuestos federales y locales, así como lo correspondiente al financiamiento de los partidos políticos, mismo que se encuentra también en el presupuesto del Instituto.
Lo anterior, implica que las y los trabajadores del Instituto Electoral del Estado no han recibido al día de hoy las prestaciones de fin de año que legalmente les corresponde y ante el desgaste de las vías de comunicación institucionales así como la omisión de respuesta de las autoridades de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, y al ser el aguinaldo y las prestaciones de fin de año un derecho humano de toda persona trabajadora, es que exigimos la transferencia de los recursos presupuestados y que, al día de hoy, están pendientes de cubrir al Instituto, a efecto de cumplir con las obligaciones salariales de las y los trabajadores. No se omite mencionar que, en caso de no recibir las ministraciones pendientes, el Instituto no cuenta con los fondos para cubrir los diversos compromisos patronales, el financiamiento correspondiente a partidos políticos, y las deudas que hasta la fecha se han venido acumulando, lo cual pone en grave riesgo la función y los fines institucionales que tiene encomendado por mandato constitucional y legal.
 
A T E N T A M E N T E
CONSEJERA PRESIDENTA, CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
 
 
 
 

El gobierno de Colima, sin dinero para pagar sueldos a trabajadores

Foto: Captura de pantalla

 

El gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, informó que la Ley de Disciplina Financiera obliga a los Estados a pagar la totalidad de créditos de corto plazo antes de la conclusión de su gobierno, por lo que el Gobierno del Estado ya los pagó y esto generó una presión financiera que impide el pago de nómina de la segunda quincena de julio.

Recordó que desde el día 1 de su gobierno, se enfocó en trabajar en el saneamiento financiero de la administración estatal, luego de haber recibido al Estado sumido en la peor crisis financiera de la historia moderna. 

“Pese a las complicaciones que enfrentamos, en los primeros 3 años de mi gobierno logramos pagar adeudos históricos y si bien, todavía quedaron temas pendientes, también es cierto que logramos avances muy importantes”, explicó durante un mensaje a la población a través de las redes sociales. 

Desafortunadamente -dijo- el año pasado y en lo que va del actual, se enfrentó a la peor pandemia en los últimos 100 años, el Covid-19, que representó gastos extraordinarios en el sector salud, así como una marcada caída en la recaudación a nivel nacional y estatal. 

En Colima, incluso, se condonaron algunos impuestos y se extendió el plazo de pago de otros para ser lo más solidarios posibles con la gente que se quedó sin empleo, sin ingresos. 

Además, se otorgaron despensas y créditos a empresas, “nada de esto había sido presupuestado, porque la pandemia inició en enero de 2020 y el presupuesto de Gobierno del Estado se autorizó en noviembre del 2019”. 

Estas presiones y otros factores llevaron a Gobierno del Estado a una crisis económica en diciembre, pues no se contaban con los recursos para poder cubrir los compromisos de pago de fin de año, principalmente los aguinaldos. 

Por ello, se recurrió a préstamos bancarios denominados de corto plazo, es decir, aquellos que no tienen que ser autorizados por el Congreso del Estado. 

Al solicitarlos en diciembre de 2020, el pago de estos créditos tampoco estaba presupuestado para este año 2021, pues el presupuesto de egresos se autoriza en noviembre y el crédito se tuvo que solicitar en diciembre. 

Adicionalmente, en 2017 con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera se obliga a los Estados a no heredar deudas de corto plazo. “Es decir, mientras yo inicié el gobierno recibiendo una deuda de créditos a corto plazo por 638 millones de pesos, a mí la ley me obliga a no heredar deuda, el siguiente gobierno no recibirá este tipo de deudas que yo sí recibí”.

Pagar casi mil millones de pesos en créditos en los primeros 7 meses del año generó una presión financiera gigantesca para las finanzas públicas, que hoy deja a la administración estatal prácticamente sin recursos. 

Acompañado del secretario general de Gobierno, Rubén Pérez Anguiano y del coordinador general de Comunicación Social, Fernando Cruz García; el gobernador reveló que desde el año pasado inició gestiones ante Hacienda para obtener recursos extraordinarios para el Estado de Colima.

Dichas gestiones continuarán y el martes próximo se reunirá ante funcionarios de la Secretaría de Hacienda para continuar con la gestión de recursos.

Se dijo confiado en que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sensibilidad y solidaridad va a ayudar a las y los colimenses para poder cerrar la administración estatal de la mejor forma posible. 

Mientras tanto, lamentó profundamente informar que no están en condiciones para poder pagar la segunda quincena de julio que le corresponde a las y los trabajadores de Gobierno del Estado, jubilados y pensionados, ni a enviar recursos a instituciones públicas descentralizadas ni órganos autónomos para el pago de su nómina correspondiente. 

“Sé de las repercusiones que esto genera, sé que la gente tiene compromisos de pago que no esperan, de todo tipo, pero realmente hemos explorado todas y cada una de las opciones posibles y la única manera de poder cumplir con el pago de ésta y las quincenas siguientes es si el Gobierno Federal autoriza recursos extraordinarios para el Estado”, enfatizó. 

Calificó a la Ley de Disciplina Financiera como una normativa que ahorca a los gobiernos salientes, pues los obliga a liquidar la totalidad de créditos a corto plazo e impide poder acceder al mercado crediticio. 

“Doy la cara para explicarles la situación, porque esta crisis no se deriva ni de malos manejos ni de negligencia del gobierno que encabezo, es a consecuencia de la pandemia, de la baja recaudación fiscal y de las limitantes que nos impone la ley”, añadió.

Finalmente, dijo que continuarán las gestiones y hará lo que sea necesario para lograr una solución; además de comprometerse a mantener informada a la población de cada noticia que se tenga sobre el tema.

 

 

 

 

 

Aprueban incorporación de tribunales laborales al poder judicial de Colima

 

Para la correcta armonización con las disposiciones determinadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes del Congreso del Estado, aprobaron incorporar los Tribunales Laborales a la estructura del Poder Judicial del Estado de Colima, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje ubicadas en Colima, Tecomán y Manzanillo.

Para el estado de Colima serán cuatro Tribunales; tres ordinarios, con sede en Colima, Tecomán y Manzanillo, y otro de índole Laboral Auxiliar y de Ejecución que se ubicará en la capital.

Es de recordar que el 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral; donde se estableció suprimir las Juntas de Conciliación y Arbitraje, es decir que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas.

Lo anterior se desprende de la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto suscrita por las Magistradas y Magistrados Bernardo Alfredo Salazar Santana, María Luisa Ruiz Corona, José Alfredo Jiménez Carrillo, Rafael García Rincón, Miguel García de la Mora, Juan Carlos Montes y Montes, Mario de la Madrid Andrade, Leticia Chávez Ponce, René Rodríguez Alcaraz y Sergio Marcelino Bravo Sandoval, integrantes del Pleno Del Supremo Tribunal De Justicia del Estado De Colima; en la que se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, a efecto de incorporar los Tribunales Laborales a la estructura del Poder Judicial.

La diputada María Guadalupe Berver Corona dio lectura al dictamen en donde observó que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han ingresado en promedio, en los últimos 4 años, 1 mil 065 conflictos individuales y colectivos de trabajo por año, siendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Colima y Manzanillo las que presentan un mayor ingreso de conflictos.

En ese sentido, dijo que “la identificación del número de asuntos ingresados es relevante, ya que permite que, en el proceso de implementación, se fortalezcan con personal y recursos los Tribunales Laborales”.

La diputada por el Partido Revolucionario Institucional explicó que la Reforma en Materia de Justicia Laboral implica un modelo basado en la conciliación, pues dijo que es necesario generar un cambio cultural, para sembrar en la sociedad una actitud comunicativa, libre de presiones, que permita erradicar las malas prácticas de algunos abogados en dilatar los asuntos que en un principio podrían tener un arreglo sencillo y amistoso. 

Agregó que todo cambio de cultura de una sociedad es gradual, por lo cual se espera una tendencia creciente respecto a los asuntos concluidos en conciliación previa a juicio y una disminución en la judicialización de los conflictos laborales.

Berver Corona, señaló que con la implementación de la Reforma Labora se integrará una etapa de conciliación a cargo del Centro de Conciliación del Estado de Colima, y la etapa judicial, en la que los asuntos deberán dirimirse en los Tribunales Federales y Estatales, lo que otorgará certeza jurídica a los trabajadores, pues los asuntos y conflictos que se susciten entre ellos y sus patrones serán dirimidos por impartidores de justicia profesionales y capacitados para resolverlos.

Precisó que, en materia laboral, los procedimientos serán uniinstanciales y corresponderá su resolución a Juezas o Jueces, quienes serán titulares de los tribunales laborales, “éstos se conformarán por Ordinarios, así como, Auxiliares y de Ejecución”.

Indicó que será con el principio de la paridad y género para otorgar los nombramientos para ocupar la titularidad de los Juzgados de Primera Instancia.

 

 

 

Colima se suma a la demanda de basificar maestros de Inglés

 

Partiendo que la educación es un derecho humano consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende toda persona tiene derecho a recibirla, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las y los legisladores federales para que se contemple un presupuesto suficiente, para que sean basificados las y los maestros que forman parte del Programa Nacional de Inglés (PRONI), pues se debe garantizar la educación de excelencia en la enseñanza de lenguas extranjeras.

En la explicación se explicó que las condiciones en las que actualmente se encuentran y desempeñan sus funciones las y los docentes que forman parte del Programa Nacional de inglés (PRONI) genera discriminación salarial, en sus prestaciones laborales, en su estabilidad laboral y en su seguridad social, constituyendo un conflicto y trasgresión a sus derechos fundamentales.

Ante esa problemática y para evitar que sigan las violaciones a las prerrogativas fundamentales laborales se pidió la concienciación de las y los legisladores federales para atender de raíz dicha problemática, y contemplen recursos suficientes que garanticen el derecho humano a la educación de excelencia, a la enseñanza de lenguas extranjeras y a los derechos laborales de las y los maestros contemplando recursos para que dichos trabajadores sean basificados.

De acuerdo con las propias cifras de los maestros del PRONI, hay más de 30 mil docentes de inglés que se encuentran sin prestaciones y sin estabilidad laboral desde hace aproximadamente 11 años, lo cual es una estrategia violatoria a los derechos fundamentales, pues para evadir responsabilidades patronales, se les considera como “asesores externos especializados”, en lugar de denominarles como lo que son, maestras y maestros de mexicanos.

Ante la desigualdad justificada, el exhorto es para que se etiquete el recurso suficiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 y sea fortalecido el Programa Nacional de Inglés (PRONI) que genere el reconocimiento a la antigüedad, basificación, salario y prestaciones laborales de las y los maestros adscritos a dicho programa, para superar las desigualdades laborales, y garantizar a todas y todos los mexicanos su derecho a aprender una segunda lengua.