La SCJN avala la Ley Minera y deja desprotegidos a pueblos indígenas (Video)

Foto: https://www.scjn.gob.mx

 

Pueblos y comunidades indígenas y rurales de diversas comunidades del país, así como organizaciones de la sociedad civil, lamentaron la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se confirmó la constitucionalidad de la Ley Minera, señaló mediante un comunicado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda).

El argumento de la máxima instancia del Poder Judicial en el país para negar el amparo al pueblo Maseual fue que el derecho a la consulta a las comunidades indígenas ya se encuentra garantizado en la Constitución General de la República, por lo que no consideró necesario incluirlo dentro de la Ley Minera.

De acuerdo con el Cemda, la normatividad minera no fue construida con los pueblos y comunidades indígenas, como establecen tratados internacionales de los que México es parte, por lo que la decisión de avalar su constitucionalidad significa dar un paso atrás en la construcción del Estado pluricultural en el país y la protección de los territorios y patrimonios bioculturales de pueblos y comunidades.

El Consejo Maseual Altepetajpianij buscó a través de la demanda de amparo interpuesta, visibilizar cómo es que por medio de la Ley Minera se impone un modelo de desarrollo que nulifica los derechos de los pueblos, particularmente a la libre determinación y al territorio, esto es, que invisibiliza su vida social, económica, política y espiritual.

“Es por ello, que no se trata de un asunto sobre el derecho a la consulta sino de cómo se construye la legislación en México. Desde esta postura, la Ley Minera sí se relaciona de manera directa con los derechos de los pueblos indígenas y por lo mismo es que debe ser modificada sustancialmente. Desde nuestra perspectiva la minería es una actividad que ha violentado sistemáticamente los derechos de los pueblos”, señaló la organización.

Asimismo, los pueblos, comunidades indígenas y las organizaciones de la sociedad civil promotoras de este amparo calificaron como muy negativo el hecho de que el máximo tribunal de la Nación haya actuado con opacidad al haber hecho público el proyecto de resolución del ministro Javier Laynez Potisek apenas un par de días antes de votarlo, sin que hubiera, por tanto, la oportunidad de tener una amplia discusión pública.

De igual forma, la Corte ignoró todos los argumentos esgrimidos tanto por las comunidades como a través de distintos Amicus curiae que le fueron presentados por parte de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia.

La Ley Minera actual debió ser construida por el Congreso de la Unión con los pueblos indígenas y comunidades equiparables, debido a que con ésta se pudieran generar impactos significativos en la vida y entorno de los pueblos indígenas. Además, se debieron regular en su texto mecanismos para respetar y proteger los derechos fundamentales como el territorio, el agua y la autodeterminación de los pueblos indígenas tal y como se ha hecho en otras legislaciones (v.gr. Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable). Dado que esto se omitió en la elaboración y promulgación de la Ley, el otorgamiento de concesiones mineras en territorios indígenas es inconstitucional.

El caso resuelto por la SCJN versa sobre el amparo interpuesto por el pueblo maseual, que habita en la Sierra Norte de Puebla, el cual, en asamblea de alrededor de 3 mil personas indígenas en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, en ejercicio de su derecho a la autonomía, encomendó al Consejo Maseual Altepetajpianij emprender acciones para defender su territorio frente a la amenaza de diversas concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía en su territorio.

En marzo del 2015, con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), el pueblo maseual presentó demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de los artículos 6, 13, 13 Bis, 15 y 19 de la Ley Minera, así como la violación de sus derechos a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, ubicadas en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, en especial por la falta de consulta previa, libre e informada tanto en la expedición de la Ley como en el otorgamiento de las concesiones.

Dado que la actividad minera en México genera en algunos casos una afectación directa e intensa a los pueblos indígenas, debe contar con el consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con los estándares establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia constitucional mexicana.

Al negar la inconstitucionalidad de esta Ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido validar un sistema que históricamente ha despojado de su territorio a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y que ha cometido, de forma recurrente, violaciones a sus derechos humanos. Por lo anterior, los pueblos y comunidades indígenas así como las organizaciones no gubernamentales involucrados en este asunto, estudian la posibilidad de presentar, en su momento, el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para buscar acceder a la justicia que el Estado mexicano les ha negado.

 

 

 

 

 

Por adeudo salarial, paran labores jueces de Colima; sólo atenderán asuntos urgentes

 

COLIMA, Col.- Ante la falta de pago de la segunda quincena de diciembre y la prima vacacional, la Asociación de Jueces de Primera Instancia del Estado de Colima anunció la decisión de sus miembros de laborar “bajo protesta” y sólo atenderán asuntos urgentes.

Durante una manifestación realizada este martes afuera de las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), junto con trabajadores de confianza y jubilados del Poder Judicial, los jueces denunciaron que en materia presupuestal no se respeta la división de poderes en Colima.

“No obstante que el Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos año con año, lo hace y así lo ha venido haciendo sin atender las necesidades del Poder Judicial, además de que este recurso se otorga a cuentagotas por parte del Ejecutivo a  través de la Secretaría de Finanzas”, señaló a través de un pronunciamiento el juez José Luis Torres Arreola, presidente de la asociación.

El documento íntegro, leído en el marco de la protesta, se transcribe a continuación:

La Asociación de Jueces de Primera Instancia del Estado de Colima y demás compañeros aquí presentes, agradecemos la presencia de los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, ya que esta reunión, además de tener como finalidad exigir a quien corresponda se realice el pago de nuestro salario correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2020, también es para dar a conocer a través de ustedes a la población del Estado de Colima, el trato inequitativo que recibimos los trabajadores del Poder Judicial, como si no representáramos a uno de los tres poderes del Estado.

Y decimos que venimos a exigir a “quien corresponda”, porque sabemos de antemano que nuestro patrón es el H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado y corresponde a éste realizar dicho pago de manera puntual, que en términos del artículo 61 de la Ley de los trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del estado de Colima, no podrá ser mayor de quince días. Esto es, los pagos deben realizarse los días 15 y 30 de cada mes y el pago que venimos a exigir, debió realizarse desde el 30 de diciembre y al día de hoy 05 de enero de 2021, no se ha realizado.

Sin embargo, de manera desafortunada, vemos que en el Estado de Colima, no se respeta la división de Poderes a que se refiere el artículo 116 de la Constitución General y 21 de la Constitución Local, por lo menos en el apartado presupuestal, ya que no obstante que el Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos año con año, lo hace y así lo ha venido haciendo sin atender las necesidades del Poder Judicial, además, este recurso se otorga a cuenta gotas por parte del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas.

En ese sentido, queremos recalcar que la situación que venimos sufriendo ya fue explicada a los medios de comunicación por el magistrado presidente, licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, en relación de que el Presupuesto de Egresos de 2020 aprobado por el Congreso del Estado, sólo alcanzaba para pagar la nómina al mes de octubre de año pasado, pues se autorizaron en total 216 millones, ello sin atender la solicitud realizada por el Supremo Tribunal, y sin ser llamados a consulta para justificar lo que se solicitaba, que para el año pasado era de aproximadamente 240 millones; razón por la cual, el H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado promovió una Controversia Constitucional ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le correspondió el expediente 30/2020 que a la fecha no ha sido resuelta.

Cabe señalar que en este año, en el presupuesto aprobado para el Poder Judicial se autorizaron 230 millones, sólo 14 millones más, cuando se solicitaron 360 millones, pero ese incremento tiene una explicación: la entrada en vigor en el Estado de Colima, de la Justicia Laboral a través de los Juzgados Especializados en dicha materia, y el rezago presupuestal que se vive, por lo que, seguros estamos que mientras el H. Congreso del Estado no haga las adecuaciones al Presupuesto de Egresos u ordene asignaciones extraordinarias para el Poder Judicial, nos veremos en la misma situación.

Para 2020 se pidieron 240 millones y se autorizaron 216, en este año se autorizó menos dinero que el solicitado para el año pasado, aun cuando se requieren, como se justificó en su momento por parte del Supremo Tribunal de Justicia ante el Congreso del Estado, 360 millones, con la entrada de la justicia laboral y el incremento de carga de trabajo en todas las otras áreas de atención.

Por lo anterior, exigimos al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, realice las gestiones necesarias para que a la brevedad posible, y preferentemente, el día de hoy (martes 5), se realice por parte del Ejecutivo del Estado la transferencia de recursos para el pago atrasado de la segunda quincena de diciembre y la prima vacacional del segundo periodo de 2020.

Al Ejecutivo del Estado también le exigimos realice la transferencia de los recursos necesarios para cubrir la nómina aludida, y a partir de 2021 permita que el recurso aprobado para el Poder Judicial sea administrado por éste, respetando en todo momento la verdadera división de poderes.

Y por último, exigimos al Congreso del Estado que reconsidere dicho Presupuesto o en su oportunidad autorice las partidas extraordinarias para el cumplimiento de nuestra loable labor jurisdiccional, que se trata de un servicio publico de primera necesidad, como lo es, el agua, la luz, seguridad pública entre otros, ya que sin impartición de justicia profesional y especializada, viviríamos en un estado caótico. 

Por último, quiero señalar que en su momento, en la exposición de motivos que dio origen a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987, relacionada con la independencia judicial, a que se refiere el artículo 116 de la Carta Magna, en la exposición de motivos, se expuso entre otras cosas, que: 

“Los tribunales de justicia deben ser independientes, para fortalecer en la realidad social el principio de división de poderes y porque la independencia judicial constituye la primer garantía de la jurisdicción, establecida no precisamente en interés del órgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues sólo cabe esperar justicia completa y estricta del juez jerárquicamente libre dependiente sólo de la ley.

La independencia judicial requiere que los jueces al actuar no han de tener otra norma rectora que la ley. La sumisión del juez a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando ésta propende a la arbitrariedad. 

Finalmente, al juez debe garantizarse una posición social digna, proporcionándole bienestar económico que permita su total entrega a su ministerio, sin preocupaciones de otra índole. Los órganos de los poderes judiciales deben contar con el apoyo financiero que guarde adecuada relación con la importancia del servicio público que prestan, pues de otra suerte se les inhabilita para contribuir al mejoramiento de la administración de justicia.”

Y si bien, se señala a los jueces, debemos entender que estas aseveraciones se hacen extensivas a todos y cada uno de los miembros que dignamente integramos el Poder Judicial del Estado de Colima.

Es por ello que, sabedores de nuestra responsabilidad, hemos decidido trabajar BAJO PROTESTA, y atender ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE los asuntos urgentes en las materias que así lo exijan, como lo son las medidas de protección y otras en materia familiar, y cuestiones de control detención en la materia penal, y audiencias que impliquen la libertad personal.

 

 

 

Grupo de choque agrede ambientalistas que defienden los humedales de montaña María Eugenia en San Cristobal de las Casas Chiapas

Foto: Facebook/ Velia Soto Arenas

 

COMUNICADO

El día de hoy martes 29 de diciembre del 2020, se juntaron una serie de Ciudadanos conscientes que defienden los humedales de montaña María Eugenia en San Cristobal de las Casas , Chiapas para realizar nuevamente por tercera vez la zanja de infiltración en el camino que comunica a la Fstse 2001. Se contó con la representación de varias colonias de la ciudad de San Cristobal de las Casas, las cuales con todo su esfuerzo lograron hacer nuevamente la zanja de infiltración.

Aproximadamente a las 8:08 am un grupo de choque de la Ufozic llegó al Sitio Internacional Ramsar y con amenazas verbales y físicas agredieron al grupo de ambientalistas, los cuales optaron por evitar la confrontación con el grupo y se retiraron hacia el parque de los humedales, sitio en el cual se concentraron más vecinos de las colonias del sur para evitar que la confrontación creciera, arribaron patrullas municipales y se dio un intento de diálogo con los destructores del medio ambiente.

Enfrente de la policía amenazaron con amarrar a los ambientalistas y que “ya estaban hasta el gorro que el Lemus (director de Ecología municipal) los estuviera molestando.

Ante el No diálogo y la continua agresividad de los violentos el grupo de ambientalistas decidido retirarse del lugar. Lo único que buscamos es defender el Agua , el bien común y evitar que se destruya el patrimonio natural de los sancristobalenses.

Ante esta agresión a los defensores del medio ambiente , solicitamos a las autoridades federales, estatales y municipales medidas de protección, conforme al artículo 4to de la constitución mexicana, que plantea el derecho a un medio ambiente sano. Hacemos responsable al estado mexicano de cualquier agresión que pudiéramos sufrir como Ambientalistas.

Red ambiental Del Valle de Jovel.

 

Agradece Red Desaparecidos en Colima apoyo de la FGE en la búsqueda de sus familiares

 

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas y la “Red de desaparecidos Colima A.C.” ejercen acciones conjuntas, a fin de localizar a las personas reportadas como desaparecidas en la entidad.

Estas acciones coordinadas implican un trabajo de campo y difusión, por lo que en días pasados se instalaron en edificios de la Fiscalía del Estado, lonas con los rostros de los desaparecidos, familiares de integrantes de esta red, con el objetivo de que las personas que los vean den parte a la Fiscalía sobre su paradero.

La representante de la “Red Desaparecidos Colima A.C.”, Ma. Del Carmen Sepúlveda Gómez expresó que continúan con la búsqueda de sus seres queridos esperando que algún día regresen a casa; así mismo, manifestó su agradecimiento al Fiscal General del Estado, Gabriel Verduzco Rodríguez por el apoyo total e incondicional que han recibido siempre de su parte en las acciones de búsqueda durante los dos años que lleva constituida esta red en el Estado, expresando su reconocimiento a la disposición de las autoridades de la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada, en esta misión.

Por su parte, el Fiscal Especializado en Desaparición de Personas, Fernando Vega expresó el respaldo a las familias destacando que para la Fiscalía es una prioridad ejercer estas acciones de búsqueda y difusión para localizar a las personas reportadas como desaparecidas.

En este contexto, llamó a la población a reportar al 089 de denuncia anónima a personas y vehículos sospechosos, a fin de evitar la comisión de un probable delito. Indicó que la Fiscalía de Colima permanece en operaciones los 365 días del año, por lo que pueden acercarse en cualquier momento ante cualquier eventualidad de la que sean víctimas.

Seis navidades sin los 43 de Ayotzinapa

 

ENTRE LA ESPERANZA Y LA INCERTIDUMBRE

(Mensaje de las Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa en la 75 jornada global de acción)

Ayotzinapa, Guerrero, a 26 de diciembre de 2020.- En el marco de la setenta y cinco acción global por Ayotzinapa y por México, las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos les saludamos combativamente. No podemos expresar otros deseos por que el horizonte es gris e incierto. El dolor de las y los desaparecidos continúa y no se vislumbra en lo inmediato ruta de verdad y justicia.
Para nosotros es difícil afrontar estos días de tradición y convivencia familiar. En nuestra mesa yace una silla vacía y eso lacera nuestra existencia. Han sido seis navidades que hemos vivido en esta condición. Este año se ha sumado la pandemia generada por el Covid-19 que nos ha inmovilizado parcialmente. Por esta razón este 26 de diciembre con mucho dolor hemos tenido que suspender nuestra actividad político – religiosa en la basílica de Guadalupe.
El presente año obtuvimos avances importantes como las 80 órdenes de aprehensión destacando las libradas contra Tomás Zerón de Lucio, Carlos Gómez Arrieta, José Ángel Casarrubias Salgado alias el Mochomo, el capitán José Martínez Crespo y algunos policías federales, así como la identificación de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Reconocemos la voluntad política del gobierno federal y el presidente de la República, sin embargo, esta no es suficiente para lograr verdad y justicia, se requieren acciones concretas y mayor colaboración y dinamismo de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional cuyos miembros estuvieron implicados de manera directa e indirecta en la desaparición de los 43.
Por lo demás, para las madres y padres de los jóvenes desaparecidos es relevante expresar que pese a los esfuerzos del gobierno federal al día de hoy no se tiene certeza del paradero de los jóvenes, existiendo varias hipótesis de lo ocurrido sin que ninguna esté fortalecida con datos de prueba sólidos que permita dilucidar lo que pasó.
Por todo lo anterior, exigimos continuar con los trabajos de búsqueda e investigación, así como las reuniones con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de tal manera que este mecanismo de diálogo sirva para ir evaluando los avances y obstáculos que nos permite mayores avances hasta lograr dar con el paradero de los 43. No se pueden apresurar teorías de caso sin sustento probatorio, es menester saber la verdad mediante una búsqueda provista de información previa objetiva y una investigación exhaustiva, profesional, pronta e independiente.
No podemos pasar otra navidad con este dolor acuestas, con la incertidumbre que socava nuestra vida y la de nuestros familiares. En todo este tiempo padres y madres han muerto sin saber de sus hijos y más de la mitad nos encontramos enfermos y deteriorados físicamente.
Sin embargo, seguiremos en esta lucha hasta encontrar a nuestros hijos. Para ello, solicitando su apoyo y acompañamiento como lo han hechos en estos seis años de batallas incansables por la presentación con vida de los 43.
Atentamente.
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Padres y madres de los 43