Murales y resistencia vs gasoducto en San Juan de la Laguna

 

 

Por Rocío Salas Arreola vía Perimetral

 

Lagos de Moreno, Jalisco 22 de octubre 2020.- Los caminos de Lagos de Moreno son muchos y muy variados hacia sus 420 comunidades en la zona rural, pero saliendo del “centro histórico” donde comúnmente es el epicentro de las actividades culturales y religiosas, la dinámica ha cambiado en materia artística.

Y es que a un año de resistencia de uno de los pueblos indígenas con más arraigo de la región, sus pobladores han organizado su primera Semana Cultural. 

Talleres, proyecciones de cine, conservatorios y el Encuentro de Pueblos y Organizaciones de Jalisco y Guanajuato “La vida de nuestros pueblos es lo más importante”, es con lo que los habitantes opositores al gasoducto Noreste que atraviesas sus calles y se pretende construir a pocos metros de las casas, resisten: con arte en gran formato.

 

 

Todos manos a la pintura

La comunidad ayudó con los gastos que se necesitaban para la organización de esta Semana Cultural, actividades en las cuales se involucraron a niñas, niños, mujeres quienes fueron los que más han participado, además de realizar algo nunca antes visto en el municipio de Lagos de Moreno: la pinta de 7 murales en diferentes barrios de San Juan de la Laguna.

El Lindero, La Virgen, La Ladera, La Orilla del Agua, albergarán estás obras realizadas en conjunto con el Colectivo Tekio Artístico, que provienen de diferentes ciudades, esa es sin duda una de las grandes actividades que se quedarán plasmadas en este pueblo y cuya Semana Cultural ha pasado desapercibida por autoridades municipales, quienes no se han acercado a entablar ningún tipo de diálogo.

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La comunidad continúa comunicándose, recreándose y analizando las actividades y lo que seguirá entre ellos, entre sus mismos habitantes, quienes siguen en la resistencia, informando a su comunidad para llegar a una autonomía, se reconozcan sus usos y costumbres, se respete el territorio y los dejen vivir en paz. 

 

 

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El gobierno de Colima “está muy interesado” en el proyecto minero de Canoas: Rema

Foto: Archivo Tlanesi

 

Mediante un comunicado de prensa, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) felicitó “con enorme alegría” a la comunidad indígena de Canoas en el municipio de Manzanillo, Colima, por su fortaleza y firme decisión de rechazar de forma rotunda la consulta que pretende legitimar el despojo que ocasionaría el proyecto minero Rufus 5 de la empresa minera canadiense Hematite S.A de C.V, la cual se está fraguando desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria (PA).

Rema recordó que la comunidad indígena de Canoas lleva varios años luchando por evitar que la minería destruya su territorio. Sin embargo, apenas este 8 de octubre del año en curso fue informada de ese plan, y después de haber hecho una marcha y un mitin ante la Semarnat, para solicitar que no se apruebe el proyecto minero que desde hace meses está siendo evaluado en la Delegación de esa dependencia en Colima, diversas instituciones que forman parte del Consejo Estatal Forestal como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIFAP), así como instituciones estatales, como el Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES), la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR), la Secretaría de Fomento Económico, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVECOL), la Universidad de Colima y la Secretaría de Desarrollo Rural; habían dado ya su voto a favor del proyecto minero sin que la Comunidad indígena de Canoas tuviera noticias.

La organización nacional señaló que el Gobierno de Colima está muy interesado en que este proyecto se lleve a cabo, por lo evidente de su apoyo y el impulso que los diferentes gobernantes de Colima han dado a los proyectos extractivos mineros desde hace décadas, permitiendo la destrucción del territorio, las violaciones a los derechos de los pueblos, la violencia, las desapariciones forzadas y los asesinatos cometidos a defensores del territorio por causa de esta actividad. 

Dijo que por su parte, la SEMARNAT hace del conocimiento a la Comunidad Indigena que “están planeando una consulta en coordinación con la SEGOB, el INPI y PA”. En esas circunstancias nos preguntamos ¿cuál es el tan cacareado proyecto de cambio para los pueblos? cuando sólo intentan simular que les importa, simular que hacen acciones encaminadas a garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas con los “más altos estándares internacionales”; cuando la verdadera intención es, con esta acción, legitimar estos proyectos que de ninguna forma pueden esconder que son destrucción y muerte.

La Comunidad Indígena de Canoas en dos ocasiones se ha autoconsultado en legales y legítimas Asambleas Agrarias, declarando su “Territorio Libre de Minería”, ejerciendo su derecho a decidir la vida que quieren vivir en su Comunidad.

Desde la REMA abrazamos solidariamente la digna lucha que desde hace muchos años llevan a cabo en la Comunidad Indígena de Canoas, por defender el agua, los bosques, los animales y todo lo que sus ancestras y ancestros les heredaron y, que les queda claro, que es lo único que tienen para heredarle a sus retoños.

Exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales el respeto a la libre determinación de la Comunidad Indígena de Canoas que ya decidió un NO A LA MINERÍA. Así mismo sabemos que la violencia impera en esa zona y algunas personas de Canoas ya han recibido amenazas, por lo que responsabilizamos a los tres niveles de gobierno y a la empresa minera canadiense Hematite S.A de C.V por cualquier acto violento que atente contra la seguridad y la integridad física de las y los defensores.

 

Ayotitlán se aproxima a una solución paradigmática en el conflicto limítrofe y en derechos humanos

Iglesia de Ayotitlán. Foto: Archivo Tlanesi

 

A través de un comunicado, la Red Jalisciense de Derechos Humanos A.C. informó que el pasado 15 de mayo el Estado mexicano notificó su intención de explorar el procedimiento de solución amistosa para lograr un acuerdo entre las víctimas de la Comunidad Indígena de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, y México.

Esto fue realizado a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH”), para dirigirse a los representantes de las víctimas: la Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C. el Centro de DH “Fray Francisco de Vitoria” y el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, como “peticionarios”.

El posible acuerdo que nazca de esta solución amistosa será paradigmático por dos razones: a) definirá los límites territoriales entre los estados de Jalisco y Colima, y b) reconfigurará el andamiaje jurídico interno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el país, conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos de derechos humanos.

Así, para comprender la complejidad del este caso, es necesario conocer a lo menos parte de su proceso histórico, porque aunque la comunidad ha habitado las tierras y territorios desde tiempos ancestrales, el Estado mexicano no ha reconocido formalmente  su adscripción como parte de los pueblos indígenas nahua y otomí, ni la posesión de sus tierras ni su libre determinación se han reconocido, y por ello tampoco la protección especial que les debe ser garantizada.

La historia y posesión de las tierras de la comunidad ancestral indígena data desde antes de la época de la Colonia y del coloniaje español en la Costa Sur de Jalisco. En 1691, la Corona Española le otorgó una extensión de 446, 742 hectáreas, mediante Merced Real, ahora ubicadas en los estados de Colima y Jalisco, las cuales eran ricas en recursos naturales y albergaban el yacimiento de hierro más importante a nivel nacional (55% del hierro). Ahora bien, la tenencia de la tierra se transformó a partir de 1917, y se creó la propiedad social como una reivindicación de los pueblos indígenas y el campesinado. Por ello, la población nahua solicitó que se reconocieran sus territorios en 1921, poseídos tradicionalmente bajo la figura de “bienes comunales”.

Dada la carencia de la Merced, en vez de bienes comunales se crearon “tierras ejidales”, a través de la publicación de un decreto presidencial (1963). Así, el gobierno decidió crear tierras ejidales con el fin de evitar conflictos internos entre los ejidatarios y los comuneros náhuas que poseían las tierras. Es decir, la posesión de una parte de la comunidad nahua no fue beneficiada por el decreto presidencial de dotación ejidal. Y pese a que siguieron poseyendo las tierras de facto, no tuvieron reconocimiento ni protección a la tenencia de su territorio  Sus reclamos de tierra y reconocimiento fueron invisibilizados en el reparto agrario del régimen posrevolucionario.

Además, no se consultó de forma libre, previa e informada a la comunidad sobre las actividades no consentidas, como decretar sus territorios como Área Natural Protegida (1987), la operación de empresas mineras (1971) y el establecimiento de personas no originarias de la comunidad en sus tierras.

Por si lo anterior no fuera suficiente, existe un vasto conflicto territorial entre Colima y Jalisco, lo cual les ha privado de su derecho de acceso a una jurisdicción, debido a que no pueden tener acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad, ni tampoco seguridad ciudadana y un trato justo. Esto ha permitido la comisión de delitos del crimen organizado, múltiples violaciones a los derechos humanos, así como la explotación y desgaste de sus tierras por la extracción de maderas finas y de hierro a cielo abierto, realizada impunemente por talamontes y consorcios mineros. Todo esto ha tenido como resultado la precarización de la vida, el desplazamiento forzado (Rincón de Manantlán, Los Potros y Mameycito) y la falta de oportunidades a una vida digna de todos los integrantes de la comunidad. 

Las autoridades a través de la Recomendación 122/95 de la CNDH y de la Controversia Constitucional 3/98 en la SCJN, intentaron inútilmente resolver la conflictividad existente en los 80s y 90s, pero ambos esfuerzos fracasaron rotundamente por falta de voluntad política del Estado Mexicano, inclinado a proteger al cacicazgo de Colima. 

Esta situación orilló en 1995 y 2006 a la Comunidad Indígenas, hoy encabezada por el Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” de Ayotitlán (CAANTA), a acercarse a las peticionarios (a nosotros), a fin de llevar el caso a la CIDH de la OEA por la violación sistemática de sus DH, el cual no fue atendido por las autoridades mexicanas. Finalmente, en el mes de mayo de este año, el Estado mexicano aceptó buscar una solución amistosa ante la CIDH. Ahora sí, será llamado a reparar integralmente los daños ocasionados por las violaciones de DH de la comunidad de Ayotitlán, reconociendo así sus exigencias, y con ello se sentará un precedente que irradiará al sistema jurídico para que éste respete y garantice el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas. 

Mientras todo esto sucede, el Gobierno de Jalisco, brilla por su ausencia y permite los abusos que cotidianamente se cometen en su propio territorio y patrimonio.  La historia lo juzgará con la severidad que corresponde a las autoridades irresponsables.  

 

* Este texto fue elaborado por Gisel Mateos González, colaboradora de CDH Vitoria, y el presidente de la RJDH, A.C. El texto original está disponible en el siguiente link:  https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/ayotitlan-una-potencial-solucion-paradigmatica/

 

Guadalajara, Jalisco, octubre 22 del 2020.

 

Presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos A.C.

Lic. Oscar González Garí

 

Consejero propietario

Martín Gómez García

 

Canoas insiste ante Semarnat con un “rotundo no" a la consulta y a la minería en su territorio

Foto y vídeo: Archivo Tlanesi

 

COLIMA, Col. (apro).- Representantes de la comunidad indígena de Canoas, municipio de Manzanillo, notificaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) su rechazo a la realización de la consulta programada entre sus habitantes sobre el proyecto minero Rufus 5.

“Ya realizamos nuestros propios procesos de auto consulta, en los que decidimos un rotundo no a la minería en Canoas”, subrayaron.

En julio pasado, la empresa Hematite S.A. de C.V., de capital canadiense, solicitó a la Semarnat la autorización ambiental para explotar un yacimiento del que pretenden extraer más de dos millones de metros cúbicos de mineral de hierro en un periodo de 16 años.

 

 

El presidente del Comisariado Ejidal, Raymundo Campos Muñoz; la secretaria del Ejido, Salud Valencia Ramos, y la comisaria municipal, Lourdes Ochoa Figueroa, acudieron este día a las instalaciones de la Delegación de la Semarnat en esta ciudad, donde entregaron un oficio dirigido a la titular de la dependencia, María Luisa Albores González.

A través de ese documento, le informaron a la funcionaria federal que en la comunidad ya llevaron a cabo “un proceso informativo que nos llevó a realizar varias asambleas agrarias en las que, por unanimidad, hemos rechazado cualquier proyecto minero, y hemos declarado nuestro Territorio Libre de Minería; de esto hemos enterado a su Delegación en Colima, dejando copias de las actas correspondientes”.

 

Leer nota completa en la siguiente liga: https://www.proceso.com.mx/654095/en-auto-consulta-decidimos-un-rotundo-no-a-la-mineria-comunidad-de-canoas-a-semarnat

 

 

 

“Ojalá se pusieran los gobernantes en el lugar de nosotros”: Red Desaparecidos en Colima

Foto: Archivo Tlanesi

 

COLIMA, Col.- La Red Desaparecidos en Colima demandó que se reintegren los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para el apoyo de las víctimas de la violencia, pues su eliminación “nos coloca en un peor panorama a quienes estamos en estas circunstancias”.

Carmen Sepúlveda Gómez, presidenta de la red, dijo en entrevista que si bien durante sus dos años de existencia este colectivo ha enfrentado una dura lucha, tocando diversas puertas para pedir apoyo, la decisión del gobierno federal de extinguir los fondos y fideicomisos les dificultará aún más las labores de búsqueda de sus familiares desaparecidos.

“No entiendo por qué lo quitaron. Se supone que el presidente había dicho que iba a estar con nosotros los familiares de los desaparecidos, que nos iba a apoyar en todo. Si nos iba a apoyar, ¿por qué nos quita los fideicomisos y las ayudas para esto? No entiendo por qué lo está haciendo.

—¿Qué le mandaría decir usted al presidente Andrés Manuel López Obrador?

—Que nos dé una explicación de por qué se contradice, si él había dicho que nos apoyaría a encontrar a nuestros hijos. Él sabe de antemano que la mayoría de los que tenemos familiares desaparecidos somos de bajos recursos económicos y no siempre podemos movilizarnos para buscarlos en otros lugares.

“Nuestra postura es que se reintegren los fideicomisos y fondos para las víctimas, pero también para otros sectores, como los cineastas y para los desastres, porque todo mundo tiene necesidades y es demasiado frustrante estar viendo en las noticias que están quitando recursos; ¿dónde está ese dinero, qué le van a hacer?”

 

Foto: Facebook/ Desaparecidos en Colima

 

Sepúlveda Gómez dijo que el presidente y sus funcionarios “ojalá se pusieran en el lugar de nosotros, que ellos fueran a buscar a sus hijos sin la protección debida, ni botas, ni cubrebocas, ni agua, ni una sombrilla con las inclemencias del tiempo; quisiera que un día fueran a las búsquedas que nosotros hacemos, o simplemente que sintieran un poquito del dolor que como padres sentimos: La angustia de no saber si tu hijo duerme, si está tapado, si come, cómo lo tienen… si ya está muerto”.

Añadió: “Son muchas las cosas en las que yo quisiera que ellos se pusieran en nuestro lugar una sola vez; por lo menos que el gobernador se ponga en nuestro lugar, que salga a la calle y vea la problemática que hay en su estado, que no se la platique nadie, que él la vea directamente, porque es mucho lo que pasa aquí, son muchos los desaparecidos, somos muchos los padres de familia que sufrimos esta situación, pero no vemos claro que el gobierno se ponga las pilas en hacer algo. Desafortunadamente, seguimos en esta búsqueda, esperamos que siga el apoyo”.

Comentó que por parte de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas del estado el colectivo sí ha tenido respaldo para las movilizaciones en las búsquedas, aunque sólo tiene seis agentes y es mucho el trabajo que se requiere para cubrir las necesidades de toda la entidad.

En los últimos meses, la red Desaparecidos en Colima había exigido la renuncia de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Rosa Evelia Pérez Valdivia, por considerar que no atendía de manera adecuada sus responsabilidades, pero Carmen Sepúlveda informó que tras una charla con el secretario de Gobierno, Rubén Pérez Anguiano, decidieron darle otra oportunidad para ver su desempeño en el puesto.