COLIMA, Col.- Mientras que el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y dependencias federales a respetar la voluntad de la comunidad indígena de Canoas en contra de la explotación de una mina, el Registro Agrario Nacional (RAN) se negó a recibir para su inscripción el acta de asamblea ejidal y vecinal mediante la cual la población se declaró territorio libre de minería.
En sesión ordinaria del jueves 12 de noviembre, el coordinador de la bancada de Morena, Vladimir Parra Barragán, así como sus compañeros de bancada Ana Karen Hernández y Rogelio Salinas, presentaron un punto de acuerdo mediante el cual se exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Secretaría de Economía, ambas del Gobierno de México, así como al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para que, en el ámbito de sus competencias, protejan y respeten la autodeterminación de la comunidad de Canoas, que se opone a la explotación minera por parte de la empresa Hematite S.A. de C.V. El punto de acuerdo fue aprobado por mayoría.
En su exposición de motivos, los legisladores morenistas manifestaron que de las 28.59 hectáreas del predio que se pretende explotar, en principio, por 16 años, tienen una cobertura vegetal que corresponde en un 68.27% a la selva mediana subcaducifolia y un 31.73% al bosque de encino. Permitir que se lleve a cabo este proyecto en este espacio, representaría la muerte de 11,454 árboles de 39 especies distintas y el respectivo desplazamiento de la fauna, que traería, además, como consecuencia, la erosión del suelo, la contaminación por polvo producto de la actividad minera y la disminución en la captación de agua subterránea.
Así también, indicaron que Canoas es una comunidad indígena en términos de lo señalado en el inciso h) fracción VII del artículo 3 de la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, y en ese sentido, las autoridades ejidales de la comunidad, mediante diversas Asambleas, han determinado rechazar cualquier proyecto minero dentro de su territorio, declarando al ejido de Canoas como territorio libre de minería. Además, mencionó que Colima ocupa el primer lugar nacional en superficie territorial concesionada para actividades mineras, 41%.
Recordaron que el presidente del Comisariado Ejidal de Canoas, Raymundo Campos Muñoz; Salud Valencia Ramos, secretaria de la mesa directiva; y Lourdes Ochoa Figueroa, comisaria municipal, expresaron que ya en dos ocasiones en asamblea ejidal la comunidad se declaró como territorio libre de minería con actas protocolizadas ante notario público, porque consideran que la minería es una actividad que impacta negativamente en el equilibrio ecológico, daña la salud de las personas y generan inestabilidad social, debido a la desestructuración que sufren los territorios en las labores de exploración y explotación de los recursos naturales a través de la minería, y que en mayor o menor medida contribuyen a la contaminación y agotamiento del agua, la contaminación de suelos, el desgajamiento de cerros, la contaminación por ruido y la intrusión en zonas naturales protegidas.
Sobre la postura de la Cuarta Transformación en este tema, Parra Barragán indicó que “la nueva visión de la cuarta transformación, nos llama a ya no ver solamente por los intereses particulares de unas cuántas personas o por los intereses económicos de las trasnacionales; debemos ver primero por el interés de los pueblos, por su bienestar. No podemos permitir que se siga concesionando territorio colimense para estos fines, pues las consecuencias de las concesiones que se han otorgado, han afectado el ecosistema en el estado, sin traer beneficios a nuestra población, por el contrario, trayendo consigo explotación y marginación”.
En ese sentido, los legisladores que presentaron dicho punto de acuerdo mencionaron que el objetivo es que el exhorto “sirva de vía de comunicación de las comunidades que han expresado su rechazo al proyecto minero en Canoas, para que tenga conocimiento de la situación la titular de la Semarnat a nivel federal, la ingeniera María Luisa Albores González, en quien confiamos plenamente, por el papel que ha venido desempeñando en el Gobierno de México, y por su trayectoria intachable, cercana al pueblo, que se ha caracterizado por luchar a favor de la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas”.
En el punto de acuerdo se exhorta también al gobernador de Colima, dado que el artículo 22 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública establece que le corresponde al Gobierno del Estado de Colima, a través de las Secretarías respectivas, participar coordinadamente con las dependencias de los gobiernos federal y municipal y los sectores social y privado, en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas sectoriales, en materias como la minera; así como intervenir, en coordinación con las autoridades competentes, en la conciliación y solución de conflictos sindicales, agrarios e indígenas.
Además, le corresponde a Gobierno del Estado, el instrumentar y conducir las políticas y los programas relativos, entre otros rubros, a la protección del ambiente y la ecología, bajo las directrices que se determinen en el marco del Plan Estatal de Desarrollo y las leyes de la materia; y supervisar los ordenamientos ecológicos del territorio estatal, en coordinación con la federación y los municipios.
Por su parte, el viernes 13 la secretaria y el presidente del Comisariado Ejidal de Canoas, Salud Valencia Ramos y Raymundo Campos Muñoz, visitaron las instalaciones del Registro Agrario Nacional (RAN) en Colima para solicitar el registro del acta de asamblea mediante la cual rechazaron en agosto pasado la actividad minera en su ejido.
Sin embargo, el personal de la dependencia se negó a recibir el documento con el pretexto de la pandemia de Covid-19.
Inicialmente, llegaron a las diez de la mañana y se les informó que la encargada del despacho les había cancelado una cita que tenían programada para ese día para realizar una diligencia de un asunto que habían iniciado desde el año pasado, y pensaban aprovechar la ocasión para entregar el acta de asamblea para seguir el trámite.
Después les avisaron que serían recibidos a las 14:00 horas por un subalterno, con quien realizaron el trámite antiguo pero de igual manera se negó a recibir el acta, argumentando que no estaban dando entrada a nuevos trámites.
El registro del acta en el RAN es importante para darle mayor fuerza a la decisión del ejido en su postura de rechazo al proyecto minero Rufus 5, que pretende implementar en la zona una empresa de capital canadiense.
Salud Valencia informó en entrevista posterior que el argumento que dio el funcionario fue que está cerrado, que no hay forma de recibir documentos porque no les permiten por el tema de la pandemia, de que no se está trabajando; solamente se está trabajando para algunas cosas agrarias, como para demandas de los tribunales (…) que solamente para eso estaba abierto, que para lo demás nada”.
Ya en 2014 el RAN también se había negado a registrar otra acta de asamblea que en aquel tiempo había declarado a Canoas territorio libre de minería, cuando existía la amenaza del proyecto minero Eva, promovido entonces por otra empresa.