COLIMA, Col.- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunció la “mala fe” del Registro Agrario Nacional (RAN) y su “complicidad con las empresas mineras”, luego de que esa dependencia se negó a recibir para su inscripción el acta ejidal que declara a la comunidad de Canoas como territorio libre de minería y rechaza el proyecto minero Rufus 5 de la empresa canadiense Hematite S.A. de C.V.
El pasado viernes, la secretaria y el presidente del Ejido, Salud Valencia Ramos y Raymundo Campos Muñoz, acudieron al RAN a entregar el acta, pero ésta no les fue recibida con el pretexto de la pandemia, aunque sí les recibieron documentos de otro asunto anterior.
En un comunicado, Rema recordó que en el año 2014 esa misma comunidad también en asamblea agraria declaró su territorio como “Libre de Minería” y en esa ocasión, sin pandemia, el RAN también se negó a registrar el acta, “lo que evidencia la mala fe del RAN y su complicidad con las empresas mineras”.
Sin embargo, añadió, la justificación de la pandemia no se ha aplicado a otras instituciones donde las empresas tienen que llevar a cabo trámites para sus proyectos, como es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que tan sólo desde que el RAN cerró sus puertas, -de lo que la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (Rema) lleva contabilizado-, tenemos registrados 881 proyectos recibidos para su evaluación y 479 resolutivos que en su gran mayoría han sido proyectos autorizados.
En contraparte, desde marzo, la Semarnat, como las otras instituciones del gobierno, han ampliado los plazos legales de respuesta a solicitudes de información vía transparencia con el pretexto de la pandemia.
“Por ejemplo, una solicitud de transparencia emitida por la Rema a la Semarnat el 27 de marzo de 2020 solo fue recibida oficialmente hasta el 18 de septiembre y la respuesta a la solicitud fue entregada el 16 de octubre, es decir 7 meses después de la solicitud cuando normalmente el plazo legal es de 40 días”.
Lo anterior, dice el pronunciamiento de la organización, “denota la gran desigualdad que existe entre el apoyo (contubernio) que el gobierno federal otorga a las empresas, que destruyen y despojan el territorio y la atención a las comunidades que lo defienden. En estos tiempos de pandemia las autoridades mexicanas han operado bajo favoritismo, de un lado permitiendo las actividades declaradas erróneamente esenciales para el país, como la minería, de poder seguir avanzando con toda normalidad en sus trámites para sus procesos de despojo, y del otro lado impidiendo a los pueblos y a la ciudadanía en general de ejercer sus derechos de autodeterminación, de tener certeza sobre la tenencia de su tierra o de acceder a información pública”.
Esto también “nos muestra el gran desprecio, discriminación, indiferencia y humillación con la que el gobierno trata a las comunidades indígenas, no sólo por no llevar a cabo un trámite sino el hecho de obstaculizar el registro de un proceso que es un derecho otorgado por la propia Constitución y Acuerdos Internacionales, que es la ‘Libre Determinación de los Pueblos’, derecho ya ejercido por la comunidad indígena de Canoas”.
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