COLIMA, Col.- Por tercera ocasión en ocho años, la comunidad indígena de Canoas logró impedir la entrada de la minería a su territorio, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización del proyecto Rufus 5, promovido por la empresa de capital canadiense Hematite S.A. de C.V.
En julio de 2020 la minera había interpuesto ante la dependencia federal el proyecto de extracción de hierro con la solicitud de autorización ambiental, pero después de casi diez meses la resolución fue emitida en sentido desfavorable para la empresa.
A lo largo del periodo de evaluación, la comunidad de Canoas encabezó manifestaciones en contra del proyecto, con el argumento de que la actividad minera contaminaría los afluentes del Río El Cacao, del que se abastecen de agua seis poblados enclavados en esa zona.
Conforme al proyecto, Hematite pretendía obtener más de dos millones de metros cúbicos de mineral de hierro, a lo largo de un periodo de explotación de 16 años, en una superficie de cerca de 30 hectáreas de terreno.
La Semarnat sustentó su negativa a autorizar el proyecto en diversas razones, entre ellas por considerarlo incongruente con las políticas y criterios establecidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Colima y el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial local del Territorio de Manzanillo.
Sobre la afectación de los cuerpos de agua de la región y sus zonas federales, la dependencia indicó que en el proyecto no se consideraron las recomendaciones y conclusiones del estudio hidráulico.
A la vez, determinó que las especies de flora registradas en el sitio del proyecto son confusas en su identificación y para su reincorporación al ecosistema no se analizaron los requerimientos de reproducción.
En lo relacionado con la fauna, mencionó que si bien se incrementaron los muestreos no se analizó el criterio de excepcionalidad para la biodiversidad con estos nuevos datos, además de que la propuesta de restauración del área de explotación plantea especies que no están presentes de manera natural en el área y que, para su establecimiento, requiere de condiciones ambientales que difícilmente podrán darse en las etapas iniciales de restauración.
Otro aspecto cuestionable para la institución ambiental fue el que se refiere a la ruta de acceso al sitio de la pretendida mina, pues “no hay certeza en la servidumbre de paso y la superficie que pudiera requerirse para el acceso a la mina; en consecuencia, se carece de información que garantice que la ejecución del proyecto se llevará a cabo protegiendo el ambiente y preservando y restaurando el ecosistema”.
En los años 2013 y 2014, la población de Canoas logró detener dos proyectos mineros también de hierro, el primero de ellos sobre el lote Eva, que ya tenía autorización ambiental de la Semarnat, pero los lugareños se declararon por primera vez “territorio libre de minería” y cerraron el paso a los camiones de la empresa, al tiempo que denunciaron daños ambientales por una tala no autorizada.
El segundo caso fue el de un proyecto que una pequeña minera pretendía desarrollar en el predio Tinajas, pero cuando el representante acudió a finales de 2014 a exponerlo ante la asamblea ejidal, obtuvo una negativa como respuesta y ya no insistió.
Al frente de la lucha contra la autorización del proyecto minero Rufus 5, desde agosto de 2020, estuvieron el presidente del Comisariado Ejidal, Raymundo Campos; la secretaría de la mesa directiva, Salud Valencia; y el tesorero, Manuel Rodríguez, así como la comisaria municipal, Lourdes Figueroa, con el apoyo de organizaciones sociales como el Frente en Defensa del Maíz Colima, Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), Verde Colima y el Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ).
Una de las acciones realizadas fue el envío de un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador, firmado por la mesa directiva del ejido y la Comisaría Municipal, para pedirle al mandatario su intervención para detener el proyecto.
“Apelamos a lo que usted siempre ha dicho, que no se autorizan nuevos proyectos. Solicitamos su apoyo para echar abajo Rufus 5 y cualquier otro proyecto minero en el ejido”.
Si se permite la actividad minera en esta zona, advirtieron, “tendríamos una contaminación catastrófica e irreversible, ya que el proyecto está en los afluentes del río El Cacao, que nos surte de agua potable a la comunidad y ejidos aledaños: desde Canoas, Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, Ciruelito, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo, que viven de la agricultura, ganadería y cafeticultura”.
Durante el proceso de evaluación, el Ayuntamiento de Manzanillo se pronunció a favor de la comunidad y emitió su opinión técnica desfavorable al proyecto minero.
La alcaldesa manzanillense, Griselda Martínez Martínez, señaló entonces que además de vigilar el cumplimiento de las leyes y ordenamientos en materia ambiental, su administración apoyaría la decisión de la comunidad de Canoas, que no estaba de acuerdo con la explotación de una mina en su territorio.
“Esta comunidad tiene agua muy limpia, de la más pura que hay en el municipio, y con la minería van a contaminarla”, indicó la presidenta municipal.
En la opinión técnica expresada ante la Semarnat y el Consejo Estatal Forestal, el ayuntamiento porteño hizo notar que en los tres ordenamientos vinculables (general del territorio, del estado y local) se promueve la protección, preservación y restauración de la región destinada al proyecto, por lo que “la minería es un uso incompatible para ese territorio”.
Además, el ayuntamiento manzanillense señaló que “de acuerdo a una revisión de los perfiles de pendiente, la zona a explotar forma parte de la zona cerril que alimenta al río de Canoas, el cual ya ha presentado afectaciones de lodos y aportes sedimentarios por un proyecto minero que pretendió realizarse en predio adjunto al que se presenta actualmente”.
La argumentación del municipio fue uno de los soportes que sirvieron de base a la Semarnat para negar la autorización.
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