Busca RJDH diálogo con Indira Vizcaíno sobre conflicto con nahuas de Ayotitlán

 

Por Óscar González Garí, Red Jalisciense de Derechos Humanos

GUADALAJARA, Jal.- El 1 de noviembre dejó el poder político y económico que usurpó durante 90 años —en su exclusivo interés— el régimen caciquil del PRI en el vecino estado de Colima, lo que representa un avance no sólo para la democracia en el occidente de la República, sino sobre todo para la Paz, la Seguridad Pública y los Derechos Humanos de los pueblos y comunidades localizados al norte de la Cuenca del río Marabasco, límite natural de ambas entidades en febrero de 1917, al aprobarse la Constitución de Querétaro, que sufrieron durante ese lapso persecución, discriminación y devastación de sus recursos naturales en sus territorios ancestrales.

A tal grado se enemistaron los mandatarios colimenses con la Cultura de los Derechos Humanos, que -de entrada- rechazaron la Recomendación 122/95 de la CNDH a favor de los pobladores nahuas de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, obtenida por nosotros a su favor en 1990-95; y el último de los gobernadores priistas, Ignacio Peralta Sánchez, jamás recibió a familiares de los desaparecidos en ese territorio. Ninguno de los conquistadores españoles del siglo XVI, pudo ser más brutal, violento e intolerante que los integrantes del Gobierno de Colima que hoy felizmente ha fenecido.

Con la Matanza de Timbillos (1920), inició la ocupación colimense y el despojo del territorio de Ayotitlán, sin que ninguna autoridad estatal investigara la masacre cometida al norte del Marabasco. Dicho crimen cometido por 2 hacendados de El Mamey (hoy Minatitlán, Col.), ha permanecido impune hasta hoy (101 años después). A balazos fue como Colima, modificó el límite de 1917 y lo subió a la cresta del Mamey. El plan era claro: apropiarse del yacimiento ferruginoso de “Peña Colorada” y “Piedra Imán”, en terrenos de la Comunidad Indígena de Ayotitlán. Y para someterla le impusieron un ejido de CNC (1963), suplantándola para despojarla del 80% de su territorio. Maniobra política y agraria de las altas esferas del poder estatal, que hoy está al descubierto.

La responsabilidad del Gobierno, no del pueblo, de Colima, la acreditó el sacerdote e historiador colimense Crescenciano Brambila, en artículo publicado en ambas entidades: “Límites entre Jalisco y Colima”, pues fue testigo de las ambiciones colimenses y sus efectos en la matanza de los 13 nahuas: “Por cerca de un siglo se vivió en pacífica convivencia hasta que, la riqueza forestal del Cerro Grande y la minera de Peña Colorada, así como las ricas y hermosas playas de La Culebra y Cerro de San Francisco, movieron la codicia de políticos colimenses que, trataron de extender sus fronteras, alegando que algunas de esas propiedades estaban registradas en Colima, que había decretos del estado que sancionaban esos linderos.

Y para ello les servía de guía un plano equivocado en que al río Marabasco lo hacían llegar a Navidad caminando por el norte (...) Jalisco ha ido perdiendo terrenos poco a poco (...) tierras que habían pertenecido al pueblo antiguo de Cihuatlán y a la Alcaldía Mayor de Autlán, desde el siglo XVI” (Cfr. El Informador, Guadalajara, 1° septiembre de 1963, pp. 4-A y 5-A).

El estado de Colima ha sido activamente agresivo con los nahuas de Ayotitlán, durante 90 años, pero éstos han cargado con las secuelas hasta hoy, a partir de 1920: despojos, invasiones, persecución, devastación y saqueo de los recursos naturales, segregación de poblados con gente armada desde Colima, amenazas de muerte al por mayor, asesinatos, narcotráfico y desapariciones.

En noviembre de 1990 los habitantes de “Las Pesadas”, sacaron una aleccionadora conclusión: “La riqueza de nuestra tierra ha traído la desgracia a nuestra historia”. Todos los mandatarios colimenses etiquetaron en el Diario de Colima a los jaliscienses con los siguientes adjetivos despectivos: “jalisquillos y pro-imperialistas”. Cada vez que el exmandatario Alberto Cárdenas visitaba Colima, se soltaba una cascada de ofensas por un 'delito': “haberlos demandado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 1997” (Controversia Constitucional N° 3/98). Si así trataban al exmandatario jalisciense imagínense Uds. el trato cruel, inhumano y denigrante que daban cotidianamente a los indígenas de la Cuenca Norte del Marabasco y la Sierra de Manantlán.

Es por ello, que nos congratulamos con la caída del PRI-Gobierno en Colima y saludamos la llegada al cargo de la C. Indira Vizcaíno Silva (MORENA), confiados en que mediante el diálogo civilizado, el respeto pleno a los derechos humanos del Pueblo Indígena Originario de la Nación, pero sobre todo, al cesar de clima de violencia estructural desatado desde la entidad de la nueva mandataria, las autoridades impartidoras de Justicia Agraria, Ambiental, Penal, Política y Civil, y la recién creada COMISION de Acceso a la VERDAD y la JUSTICIA por graves violaciones a los Derechos Humanos (1965-1990). Los atropellos sistemáticos del Gral. Marcelino García Barragán (1895-1979), contra los nahuas saldrán a plena luz del día.

La Minera “Peña Colorada” debe dejar de ser factor de división y muerte entre ejidatarios y comuneros, para incorporar en sus beneficios a la Comunidad Indígena y no sólo al ejido. Colima debe aprender a cargar con los desperdicios de su basura (material “estéril”), a modificar el sistema de transporte del mineral a Manzanillo, pues el agua potable debe ser primordialmente para consumo humano antes que para “uso industrial”. Debe aprender a respetar y a dialogar con los legítimos dueños del territorio y pedir disculpas públicas por los atropellos de la época priista y los cuantiosos daños y agravios ocasionados durante 90 años.

La C.I. debe ser incorporada como accionista de la empresa multinacional y ser respetada tanto como se escucha y respeta al 2° hombre más rico de Argentina e inversionista: Paolo Rocca, dueño del 50% del Consorcio Minero con la transnacional <Ternium>, con el multimillonario hindú avecindado en Europa, dueño del otro 50%.

La Red Jalisciense DH apoya y asesora al Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamatxtla” de Ayotitlán (CAANTA) y al Frente Regional Prop-Manantlán y Cuenca del Marabasco (FREMMAR), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), desde 2006 y ante el Estado Mexicano para que no sea destruída la propiedad territorial campesina de los nahuas de Ayotitlán, y sean sancionados y erradicados al 100% los atropellos a su dignidad humana y cultural.  

Hemos pedido cita con la 2a mandataria de Colima, a fin de encontrar vías alternas de solución. En Jalisco, el mandatario ha sido omiso en recibirnos y atender el caso, como era su deber. Alfaro se siente cómodo dándole continuidad a las peores prácticas derivadas de los abusos de poder de sus predecesores del PRIAN. No es alguien diferente a ellos. Ni siquiera podemos compararlo con Alberto Cárdenas, quien siempre abrió puertas al diálogo sobre el emblemático caso.

Consejo Directivo de la RJDH, A.C.