Los migrantes, sujetos sociopolíticos en acción y en contextos de exclusión estructural

                                                                                               Foto: Desinformémonos

 

En el contexto de un mundo geográficamente muy dispar en niveles de desarrollo y con acentuadas dinámicas de desigualdad entre el sur y norte global, para inicios de la presente década (2020), y según datos de CONAPO (2022), se calculaba en más de 280 millones los migrantes internacionales en el orbe, y distribuidos en diferentes continentes. Año con año, miles de migrantes dejan sus hogares y comunidades, debido a diferentes procesos. Los contextos de expulsión obedecen a causas económicas, sociopolíticas y medioambientales.

En lo concerniente a las causas económicas -que son una de las más frecuentes-, aluden a procesos globales como la falta de oportunidades laborales y los bajos salarios en los países de origen; esto se da en el marco generalizado de la precarización de las condiciones materiales de vida, relacionadas al deterioro del aparato productivo, el encarecimiento del costo de vida y el aumento de la pobreza en el sur, y una creciente demanda de trabajadores en el norte global.

El otro grupo de causas son las de carácter socio político, y están relacionadas a contextos de violencia -conflictos bélicos, grupos delictivos, pandillas, etc.,- y también a falta de derechos sociales básicos -como seguridad, salud, educación, ingreso, vivienda etc.,-. Finalmente, y no menos importante, los impactos socioambientales de fenómenos naturales -como huracanes, sequías, terremotos, etc.-, que pueden destruir la infraestructura productiva (modos de vida) y las viviendas. Debido a la naturaleza de las causas mencionadas, los migrantes interpelan a los Estados de los países de origen, en la medida que muestran cómo las diferentes instituciones de gobierno no garantizaban servicios sociales básicos y la posibilidad de una vida digna.

En diversos estudios académicos -con un fuerte determinismo económico-, y también en los diagnósticos e informes de diferentes agencias estatales e internacionales (CONAPO y ACNUR), frecuentemente se tiende a explicar las migraciones desde una escala macro, y como procesos derivados de otras dinámicas productivas, sociales y ambientales. Esto, de facto, implica una invisibilización y una minusvaloración del rol central de las propias poblaciones migrantes, dentro de los procesos de movilidades transfronterizas forzadas e irregularizadas.  

Sin descartar el innegable peso de la producción de los contextos de expulsión migratoria por causas histórico-estructurales en el marco del desarrollo del capitalismo neoliberal, la capacidad de acción de los migrantes es innegable, y no puede ser omitida. Primero, porque son las propias poblaciones migrantes y sus familias quienes eligen, a nivel individual y colectivo, dejar sus hogares y migrar como una estrategia para mejorar las condiciones de vida -mediante el trabajo y salario en otros países-.

Segundo, son dichos migrantes quienes, a través de acciones concretas y diferentes estrategias, llevan a cabo sus travesías migratorias a través del tránsito por diversos países y fronteras, y en situaciones muy adversas de violencia y exclusión . Y, finalmente, y de no menor relevancia, ya desde los países de destino muchos migrantes envían remesas, lo que contribuye a tres procesos: (1) a la reproducción de las condiciones socio materiales de existencia de sus familias en los lugares y países de origen; (2) a nivel macroeconómico, también las remesas son importantes flujos de dinero que estimulan y sostienen los procesos económicos en las diferentes regiones de origen de los migrantes -mediante la circulación de dinero incentivan el consumo y, a veces, también la inversión a nivel local-; (3) y, por último, este dinero de las remesas vinculado a la migración es una forma de cuestionar y mostrar como el Estado, a través del insuficiente desempeño de sus diversas instancias gubernamentales, no resuelven necesidades básicas.

Notas

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2016). Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2015. Forzados a huir. Madrid: ACNUR.

Consejo Nacional de Población (CONAPO). (2022). Anuario de migración y remesas México 2021. Ciudad de México: CONAPO, Secretaría de Gobernación, Fundación BBVA.

 

 

AMLO incumple. GIEI abandona caso Ayotzinapa por mentiras de Ejército, Marina y CISEN en investigación

                                                                                                       Foto: CimacNoticias

 

El Ejército y la Marina han ocultado información y han dado declaraciones falsas acerca de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Además, pese a haberlo negado, el personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sí estuvo presente durante los hechos. Así lo dio a conocer este 25 de julio el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), el cual dio por concluida su participación en el caso de Ayotzinapa debido a las barreras que estas tres instituciones han puesto durante los procesos de investigación.

Las conclusiones a las que ha llegado el GIEI contradicen las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien el 26 de septiembre de 2022 declaró que se estaba avanzando en las investigaciones y se estaba «rompiendo el pacto del silencio y de impunidad«. Apenas el 28 de junio de este 2023, además, dijo que no habría impunidad en el caso Ayotzinapa y que no se protegería a los miembros del Ejército responsables por los hechos.

Este martes, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Beristáin —integrantes del GIEI— anunciaron que la labor del Grupo se ha dado por concluida en vista de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina y el CISEN han mostrado resistencia para ofrecer información clara sobre lo ocurrido la noche de aquel 26 de septiembre de 2014. Además de ocultar información, integrantes de estas y otras instituciones han mentido en diversas ocasiones al GIEI o han cambiado sus declaraciones.

Al respecto, Buitrago Ruiz informó que pese a que en un principio se había dicho lo contrario, la policía federal sí estuvo presente la noche de la desaparición de los 43 estudiantes, además de la Policía Ministerial de Iguala. De hecho, el GIEI señala que integrantes de este último organismo persiguieron y trataron de disparar contra sobrevivientes de uno de los autobuses tomados por los jóvenes. También hubo participación de la policía municipal de Cocula, Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco.

De acuerdo con los especialistas, la policía de estos dos últimos municipios participó (junto con el grupo delictivo Guerreros Unidos) en la balacera contra el equipo de futbol “Los Avispones”. Según una hipótesis, dicha balacera se desató porque las autoridades y los criminales confundieron el autobús del equipo con otro vehículo en el que podían estar los normalistas de Ayotzinapa.

Por otra parte, el GIEI señala que miembros de Guerreros Unidos también colaboraron con la policía de Iguala y con la policía ministerial en la detención de varios jóvenes a la altura de la calle Juan N. Álvarez, uno de los puntos donde atacaron a los estudiantes. Dos normalistas perdieron la vida durante esta detención. Además, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Beristáin aseguran que el grupo Guerreros Unidos pudo haber actuado en colaboración con la policía para llevar a cabo la tortura y el asesinato de Julio César Mondragón.

Las mentiras de SEDENA, Marina y CISEN

A lo largo de su trabajo, el GIEI realizó diversas entrevistas con miembros de las Fuerzas Armadas de México. De igual manera, recibió varios documentos de las instituciones que las conforman para conocer sus investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. Sin embargo, tanto en las entrevistas como en los documentos hay información contradictoria que devela una serie de mentiras por parte de las instituciones.

Un ejemplo es la información que SEDENA dio sobre la localización de los restos de Julio César Mondragón. Según la zona militar 35 de Chilpancingo, el cuerpo del joven fue localizado en el municipio de Mexcaltepec; no obstante, el 41 batallón dice que a Mondragón lo encontraron en Iguala. Ambas versiones difieren además en otros detalles como las personas que estuvieron presentes en el levantamiento del cuerpo y los responsables de hacer dicho levantamiento.

SEDENA, además, se movilizó de diferentes maneras la noche de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pero nunca reconoció estas movilizaciones en entrevistas de acuerdo con el GIEI. Ejemplo de ello es que ya se comprobó, por medio de un monitoreo de llamadas, que militares de esta institución estuvieron en el Palacio Municipal de Iguala esa noche pese a haberlo negado. De igual manera, SEDENA niega tener información sobre el posible paradero de los normalistas o sobre lo ocurrido la noche de su desaparición.

Sin embargo, el GIEI descubrió que la SEDENA tiene transcripciones de llamadas que ofrecen pistas sobre la localización de los estudiantes y sobre la coordinación que hubo entre el Batallón 27 y el 41, la Zona Militar 35, la 9a Región Militar y grupos del crimen organizado durante la noche del 26 de septiembre. Entre las llamadas también se encuentra una conversación donde se dice que el crimen organizado y la policía habían detenido a 17 estudiantes y los iban a entregar. También se dice que otros estudiantes estaban en una cueva.

Por otro lado, el GIEI descubrió que esa noche había dos Órganos de Búsqueda e Inteligencia (OBIs) de SEDENA de los que la institución no había informado. El Ejército también dijo que uno de los integrantes de los OBIs se había retirado de los dos puntos donde atacaron a los normalistas, pero el monitoreo de llamadas de esa noche revela que esto nunca sucedió. 

La Secretaría también ha declarado que su Centro Regional de Inteligencia (CRI) funciona desde 2015 cuando sus propios documentos dicen que en CRI del 27 Batallón funciona desde marzo de 2014.

GIEI señala que, aunado a esta tergiversación de información, SEDENA ha mentido al asegurar que no tiene más información o archivos sobre el caso Ayotzinapa. Fuentes cercanas al Grupo de Expertas y Expertos han declarado que sí existen más archivos pero que éstos se cambiaron de ubicación en agosto de 2022.

SEDENA también ha caído en varias contradicciones más. Por ejemplo: cuando se le pidió que identificara a las personas que hicieron los monitoreos técnicos de los hechos según sus documentos, la Secretaría respondió que no se pueden identificar. Asimismo, ha negado la existencia de unidades o dependencias militares relacionadas con inteligencia e incluso ha intentado cambiar la definición de algunas siglas, como cuando declaró que CMI no era Centro Militar de Inteligencia sino Contenido Mediático de Información.

La SEDENA, además, entregó varios documentos a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y al GIEI que luego pasaron a manos de la Fiscalía General de la República (FGR). La Fiscalía pidió a SEDENA verificar estos documentos, pero la Secretaría negó que existieran.

El CISEN, por su parte, había reconocido que un trabajador suyo se encontraba en Iguala la noche de los hechos, pero aseguró que se había retirado luego de recibir intimidaciones y amenazas por parte de la policía. Sin embargo, las investigaciones del GIEI muestran que el trabajador nunca se retiró de la zona donde agredieron a los 43 normalistas. Estas investigaciones también revelan que el CISEN llevaba a cabo un seguimiento de los estudiantes, sus movilizaciones y otras actividades que realizaba.

En cuanto a la actuación de la Secretaría de Marina (SEMAR), el GIEI concluyó que integrantes de esta institución detuvieron y torturaron a varias personas para que ofrecieran testimonios que terminaron en la construcción de la llamada “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa. Esto provocó la muerte de dos personas. Igualmente, la Marina tuvo una intervención en el basurero de Cocula antes de que se comenzaran las investigaciones en este lugar.

La Marina, además, estuvo en el Río San Juan un día antes de que se encontraran bolsas con restos en dicho caudal. Según el GIEI, el personal naval militar estuvo en el lugar dos días antes del hallazgo y encontró varias bolsas cuyo contenido fue manipulado por marinos.

De igual manera, se ha determinado que la Marina tuvo otro puesto naval en el municipio de Coatepec Costales cuyo funcionamiento y actividades no se ha conocido. Además, hay documentos que señalan que hubo intervención de unidad de inteligencia naval, detenciones y monitoreo de comunicaciones por parte de la Marina en las agresiones contra los normalistas, pero la institución no ha dado información al respecto.

El Estado, responsable en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Las investigaciones del GIEI dejan ver que la noche del 26 de septiembre de 2014 hubo comunicación permanente entre el Batallón 27 del Ejército y la comandancia de Iguala, la Policía Ministerial y Municipal de Iguala, la Comandancia de Cocula, el Ayuntamiento de Iguala, la 9a Región Militar, la 35 Zona Militar y varios soldados del Sistema de Información e Inteligencia de SEDENA. También, con policías de tránsito, una empresa de automotores y otras personas identificadas en el peritaje como taxis, así como sedes de SEDENA no institucionalizadas.

Por otro lado, el Grupo anota que la comunicación entre policías, grupos del crimen organizado, SEDENA y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero inició justo cuando los estudiantes de Ayotzinapa llegaron al Palacio Municipal de Iguala. Pese a toda esta información, aún no es posible esclarecer lo sucedido con los 43 normalistas ni dar con el paradero de cada uno de ellos, lo que convierte al Estado mexicano en uno de los responsables de la desaparición forzada de los jóvenes de acuerdo con el GIEI.

Este grupo reconoce que los avances en las investigaciones han surgido gracias a su trabajo pero también al “enorme coraje y amor por los hijos” de las familias de los 43. En este sentido, destaca el papel de las madres de los normalistas, quienes —entre otras acciones— realizaron un plantón de 43 horas en la Glorieta de Bucareli (CDMX) en abril de 2016. Además, han acudido a diversas manifestaciones y también han participado en diálogos con el GIEI y las autoridades mexicanas. 

El Grupo de Expertas y Expertos reconoce que la información ahora revelada sobre las falsedades y el ocultamiento de parte de SEDENA, la Marina y el CISEN puede tener un impacto emocional y psicológico en estas familias. Es por eso que hace un llamado a las autoridades mexicanas para que les ofrezcan atención de salud de calidad, pues dichos daños se suman al deterioro de salud que madres y padres cargan desde hace años en medio de la búsqueda de sus hijos. Igualmente, pide que haya mecanismos eficaces para evitar la frecuente sobrecarga en estas víctimas indirectas cuando se necesita obtener pruebas. 

GIEI también pide que se dé protección a fiscales y testigos protegidos que han colaborado en el avance del caso. Y, especialmente a la FGR, pide que siga insistiendo a SEDENA para que entregue toda la información que aún tiene al respecto. 

Actualmente hay 60 investigaciones abiertas con varias causas por el caso Ayotzinapa. Esta multiplicidad de carpetas y un excesivo formalismo en la burocracia mexicana no contribuyen al esclarecimiento de los hechos. Tampoco, la actitud de las Fuerzas Armadas o del CISEN.

“El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad y por tanto avanzar en esa misma dirección”, declaró Carlos Beristáin al respecto.

Aunque el GIEI ya no vaya a seguir con las investigaciones, el caso Ayotzinapa seguirá abierto. SEDENA aún tiene archivos que, de salir a la luz, impidieron que la mentira se institucionalice como una respuesta.

 

 

“No somos delincuentes ni criminales para andarnos escondiendo”: Alejandro Torres Chocolatl se presentará ante Casa de Justicia

                                                                         Foto: Desinformémonos

 

El defensor y comunicador nahua Alejandro Torres Chocolatl anunció que se presentará por decisión propia a la Casa de Justicia en Cholula, Puebla, para “ser juzgado con base en el respeto a los derechos humanos y no con base en la justicia que tienen el Estado y el capital”, luego de su detención y persecución en la comunidad de Santa María Zacatepec, por delitos prefabricados.

“Nosotros no somos delincuentes ni criminales para andarnos escondiendo. Por eso de manera personal, con el apoyo de mi familia, de mis amigos, de los colectivos, de hombres y mujeres que aman la vida y que creemos que se hará realidad una vida diferente en nuestra tierra, decidí presentarme ante la Casa de Justicia para que se me juzgue”, explicó el defensor del agua y el territorio en conferencia de prensa.

Precisó que acudirá a la Casa de Justicia en Cholula este 25 de julio a las once de la mañana para ser juzgado y exigir su libertad absoluta, así como el cese de la persecución y criminalización de los pueblos que luchan por la vida.

El pasado 30 de junio, Torres Chocolatl fue detenido arbitrariamente por cuatro hombres vestidos de civil y sin identificar. Los delitos que se le acusan son obstrucción de obra pública, daños a las vías de comunicación y quema de un automóvil, los mismos por los cuales se acusó al defensor del agua Miguel López Vega y “que nunca fueron comprobados porque nunca se cometieron”.

“Es claro que la acusación y la imputación es totalmente falsa”, dijo el abogado de Torres, Tonatiuh Sarabia. Reconoció que la presentación voluntaria ante la Casa de Justicia “no es fácil”, pues se jugará “en la cancha del gobierno, con las leyes y los jueces y la fiscalía del gobierno”.

“Lo único que podemos manifestar que tenemos de nuestro lado son dos cosas muy sencillas: el apoyo del pueblo y sus comunidades, y la razón y la verdad. No necesitamos inventar acusaciones falsas para que al compañero lo acusen de criminal, de traidor, eso solamente lo hace el gobierno, con acusaciones anónimas”, agregó el defensor legal del comunicador nahua.

La persecución y criminalización hacia Torres Chocholatl está encabezada por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEAS-PUE), “a raíz de la oposición que las comunidades cholultecas realizaron en contra de las obras del colector de desechos tóxicos que el Corredor Industrial Ciudad Textil Huejotzingo pretendía imponer sobre el río Metlapanapa”, como explicaron en junio Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, los Guardianes del río Metlapanapa y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala.

 

 

Jujuy resiste: “Gerardo Morales tiene un plan sistemático para meter miedo a la gente”

                                                                                               Foto: Desinformémonos

 

“Si tenemos que morir en la ruta, moriremos; pero nunca aceptaremos la reforma constitucional”, sentencia María Guadalupe Tolaba, integrante de la Red Puna en la Quebrada de Humahuaca. Habla de la reforma promovida por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que no tuvo el proceso de consulta tal como lo prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como una de las tantas irregularidades que se viven en Jujuy desde el proceso Constituyente y a partir de que se aprobó la reforma el 20 de junio pasado.

En San Salvador de Jujuy, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) denuncia que continúan las detenciones y allanamientos irregulares. “No hay información oficial porque todo lo oficial es irregular”, sentencia Gabriela Gresores, integrante de la asociación docente. Ayer se conoció que fueron liberadas tres personas detenidas en la represión de Humahuaca ocurrida a principio de mes, cuando el pueblo se movilizó para que el Concejo Deliberante local declarara su rechazo a la reforma. 

Mientras tanto, las comunidades originarias sostienen doce cortes de ruta en toda la provincia para exigir la nulidad desde hace un mes, sin haber existido nunca un llamado al diálogo por parte del gobierno de Morales. La asamblea del Tercer Malón de la Paz —que reúne a los voceros de las comunidades originarias en el corte de las rutas 9 y 52 en Purmamarca— anunció una caminata hacia la Corte Suprema y el Congreso de la Nación.

Los maloneros y maloneras partirán este lunes 24, desde Jujuy, para llegar los primeros días de agosto a la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del Tercer Malón es exigir el pronunciamiento del máximo tribunal sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados por las comunidades y por el Gobierno nacional. Al Poder Legislativo le solicitarán que trate la intervención provincial y una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

A 47 años de la Noche del Apagón

Este jueves se cumplieron 47 años de la Noche del Apagón, el plan criminal que la última dictadura cívico-militar aplicó en la localidades jujeñas de Libertador General San Martín y Calilegua, cortando el suministro de la usina eléctrica, para secuestrar a estudiantes, militantes y sindicalistas en las noches del 20 al 27 de julio de 1976. Los camiones en los que se realizaban los secuestros fueron aportados por la empresa Ledesma.

Las calles de Libertador General San Martín y Calilegua se vieron convulsionadas ayer por la mayor Marcha de los Apagones que se recuerde. Las organizaciones de Derechos Humanos de Jujuy calcularon que unas 10 mil personas recorrieron el trayecto entre las dos localidades recordando a los detenidos y desaparecidos del terrorismo de Estado en asociación con la empresa Ledesma. A los reclamos de Verdad, Memoria y Justicia, se le agregaron las arengas de “Arriba las Whipalas, abajo la reforma”, los reclamos salariales y laborales de los docentes y el ya reiterado pedido de “libertad para Milagro Sala”.

“Antes éramos los subversivos y ahora somos los sediciosos. Las viejas prácticas del terrorismo de Estado siguen vigentes”, dijo Vicente Cáceres, estudiante detenido y torturado durante La Noche del Apagón, con la fotografía de Víctor Hugo Zafarov, detenido-desaparecido, cuyos restos fueron hallados en el Pozo de Vargas.

“Recordamos a nuestros familiares, seguimos exigiendo justicia y reclamando la verdad, y siempre tenemos los reclamos de lo que está pasando ahora. El gobernador (Gerardo Morales) le hace mal a la tierra y a sus hijos. Les hace mal a las comunidades originarias, a la Pachamama, y eso es muy triste porque está afectando a los hijos de los hijos de mañana. Le recuerdo que la vida siempre tiene vueltas y que todo lo que está arriba luego estará abajo”, dijo Ángela Herminia Córdoba, hermana de los jóvenes detenidos-desaparecidos Leandro Rodolfo y Germán Tomás Córdoba, con su pañuelo blanco encabezando la marcha.

Un mes de persecución política en los territorios

La integrante de las comunidades originarias de la Quebrada sostiene que el gobierno de Jujuy ya está aplicando las reformas que fueron aprobadas en la jornada del último 20 de junio. Afirma esto porque el texto de la nueva constitución le brinda plenos poderes a la figura del gobernador en desmedro de las garantías de la Constitución Nacional.

“Morales tiene un plan sistemático para meter miedo a la gente. Y lo hace en pleno ejercicio de su reforma que le da el control de los tres poderes del Estado”, asegura. Para describir ese plan, la referenta de la Red Puna –que integra el Tercer Malón de la Paz – y describe cómo se llevan detenidos a los dirigentes sindicales y de las comunidades indígenas, que sus familiares deben pasar horas buscándolos sin saber dónde están apresados, que los abogados que acompañaban a las comunidades tienen pedidos de captura y otros ya cumplen prisión domiciliaria, que descuenta los salarios a los docentes que cumplen medidas de fuerza en La Quiaca y Abra Pampa.

Tolaba también señala cómo en este último mes, el gobierno de Jujuy amenazó con recortar programas sociales a integrantes de las comunidades originarias, que puso infiltrados en los cortes, que utiliza camionetas de empresas privadas para que la Policía salga de cacería, inclusive en las casas de los dirigentes. Morales también atemoriza con causas a los periodistas, abre causas a docentes universitarios.

“Todas estas acciones son realizadas, de manera sistemática, en nombre de la paz social. No tiene sentido lo que dice con lo que hace. Lo único que busca es meter el terror en la gente y nosotros tenemos miedo, pero no vamos a dejar los cortes”, advierte la integrante de la Red Puna. La dirigenta brinda el panorama de una provincia que vive atemorizada por el Estado. Hay gente que estuvo escondida porque no pueden acudir a la Justicia, menos a los medios provinciales, no pueden actuar los abogados y ni pensar en peticionar ante el Poder Legislativo.

“Yo tenía 10 años en el golpe del 76. Pero recuerdo a mi madrina que le desaparecieron a un familiar. Como en esos tiempos, hoy la Policía entra en las casas y se llevan gente que no nos informan dónde quedan detenidas. Es el mismo miedo, los ruegos en las comisarías, los silencios en los juzgados. Así estamos ahora. Ni a la prensa podemos acudir”, explica.

Para la dirigenta, la reforma tiene como único camino la explotación de la minería en general y del litio, en particular. Sostiene que la nueva constitución provincial parte del beneficio para unos pocos en desmedro de las mayorías cuando debería ser al revés: las garantías de una Constitución deberían estar aseguradas para las mayorías. “Además, atenta contra la propiedad comunitaria de las comunidades en nombre del supuesto desarrollo”, señala respecto de artículos como el 72, 74 y 75, que dejan en manos del Estado el manejo de los recursos naturales y la explotación del agua.

“Van a romper las venas de agua y eso afectará el modo de producción de las comunidades. Los indígenas no vivimos de la minería. Nosotros somos agricultores, tenemos ganado menor, practicamos el pastoreo, realizamos artesanías, tejidos, cerámicas. Cuando no tengamos agua se nos muere nuestro modo de vida. Lo que hace este Gobierno es apostar solamente a la minería y eso es un error estructural. Hablemos dentro de 20 años para ver cómo dejan a la Pachamama sin agua. ¿Qué haremos entonces los pobladores de estos cerros? ¿A dónde iremos? ¿De qué viviremos?”, alerta Tolaba.  

Jujuy resiste en las rutas

Al cumplirse un mes de la represión del 17 de junio en el corte de Purmamarca, la asamblea del Tercer Malón de la Paz confirmó la persistencia de los bloqueos en las rutas de la provincia hasta que se declare la nulidad de la reforma constitucional. Los puntos que mantienen las comunidades originarias con bloqueos intermitentes e informativos son: La Quiaca, Abra Pampa, Coranzulí, Susques, Cuenca de Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc, Cruce de Iturbe, Hornaditas, San Roque, Uquía, Tusaquillas, Tilcara y Purmamarca.  

En Tilcara, los cortes adquieren los colores del paisaje y de algún relato surrealista de Héctor Tizón. El periodista Camilo Haro Galli, a quien el gobierno de Morales le abrió una causa por informar, brinda una mini crónica que puede ser el resumen de una novela de realismo mágico. “Los turistas llegan y muchos no tienen idea de lo que sucede. Los medios nacionales no dicen lo que pasa en La Quebrada. Entonces, la gente comienza a interiorizarse del conflicto y muchos apoyan a los indígenas; dejan comida y recursos. Hay hasta historias de amor en los tiempos de los cortes. Una docente de Purmamarca y un turista extranjero que ya se instaló en estas tierras en apoyo a los indígenas. Una mexicana que pasó por unos días y ya lleva casi un mes sacando fotos y acompañando. En los bloqueos hay radicales, científicos y hasta hoteleros apoyando el reclamo”, describe.

Cuando los cortes comenzaron a flexibilizarse en La Quebrada, Morales tiró nafta al fuego. Arremetió contra las dos sedes universitarias nacionales de Tilcara. “Lo hizo porque sus trabajadores participaban de los cortes, ese fue el delito”, sostiene Galli. La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) tiene 50 trabajadores no docentes y 20 docentes en Tilcara. Llevan años viviendo y trabajando en La Quebrada y ya son parte de la comunidad. Sólo cinco de ellos son porteños. A pesar de eso, Morales cuando justificó el ataque contra las sedes universitarias salió a decir que son “porteños los que instigan la violencia”.

“Violencia es reprimir al pueblo”, dice Haro Galli. “Debemos ser el único pueblo de menos de 10 mil habitantes que tiene sedes de dos universidades nacionales y con dos posgrados. Y la comunidad defenderá a sus sedes y a sus trabajadores”, explica la comunión entre docentes y comunidades.

Cuando la Policía volvió a las universidades

En San Salvador la situación de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) es crítica. Además del ingreso de la Policía provincial al claustro, violando la autonomía universitaria, para llevarse docentes detenidos; el gobierno hasta hizo circular una noticia falsa, que llegó hasta los medios nacionales. “Nunca la UNJu ofreció sus instalaciones como sede de asilo para quienes tienen órdenes de detención”, advierte Gabriela Gresores, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNJu (Adiunju).

La gremialista dijo que Morales está “ensañado” con la UNju y relató un panorama peligroso. “Tras la intromisión que sucedió la semana pasada, salieron a decir que los policías se equivocaron. Hasta esta semana las fuerzas de seguridad mantuvieron a un número no determinado de personas detenidas. Recién el jueves, el día del Apagón se esclarecieron los números.

“El lunes liberaron a 9 personas y el jueves a otras 3 que estaban detenidas en Humahuaca; todas siguen con causas judiciales. Sólo quedó detenido, con domiciliaria, el abogado Alberto Nallar”, informó la profesora Gregores en estas horas.

Durante todo el mes hubo detenciones como cacería, con los allanamientos irregulares. “Es como en una zona de conflicto bélico o de una guerra en donde no hay información oficial porque todo lo oficial es irregular. La información está vulnerada. Los mecanismos de meter miedo están siendo utilizados por un poder concentrado y eso es peligroso”, dijo la historiadora.

Las tres fuentes consultadas por Tierra Viva sostienen que es “doloroso” ver que el gobernador Gerardo Morales está utilizando el drama, la represión y el terror como un recurso electoral para su campaña electoral como precandidato a vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. “Todos y todas dicen que esto es un ensayo, una muestra de lo que será si llegan a ser Gobierno. Y yo no tengo dudas de que será así. Pero también sé que los pueblos indígenas, con miedo, con hambre y con frío, vamos a resistir porque el territorio es parte de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son el territorio mismo que habla y se defiende. Vamos a seguir resistiendo hasta que caiga la reforma”, sentencia la integrante de la Red Puna.

 

 

Incendio en bar de Sonora provocado por acosador, reflejo de mandato patriarcal

                                                                                                    Foto: CimacNoticias

 

La violencia feminicida que ha provocado que en Sonora, de enero a mayo de 2023, se registraran 51 muertes violentas de mujeres, nuevamente demostró que el machismo y misoginia se encuentran instalados en la sociedad luego de que un hombre señalado por acoso provocara un incendio que causó la muerte de 11 personas en un bar localizado en el municipio de San Luis Río Colorado, entre ellas una mujer. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que el hombre, de nombre José Luis ‘N’ de 28 años de edad, ya está imputado por el delito de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y daños agravados por incendio. 

Ello luego de que la madrugada del 22 de julio José Luis ‘N’ provocara un incendio tras ser expulsado del lugar debido a que había ejercido acoso sexual en contra de varias mujeres que se encontraban en el bar. 

La Fiscalía informó que entre las personas fallecidas se encuentra una mujer, pese a ello, la dependencia no dio a conocer que se esté desarrollando una investigación por el delito de feminicidio, aún cuando existen razones de género detrás del asesinato. 

Por ejemplo, entre las razones de género que establece el Código Penal para catalogar un delito como feminicidio, se establece que -en este caso- “hubo alguna amenaza relacionada con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo”. Otra razón de género a considerar es que a la víctima se le infringieron lesiones. Pese a ello, este caso también es investigado como homicidio calificado, ignorando así todo el contexto en el que se perpetró. 

La estructura social machista detrás el incendio

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a mayo de 2023, se registraron 51 muertes violentas de mujeres, de las cuales únicamente siete se investigan como feminicidio. 

Lo cual pone en evidencia que la Fiscalía del estado no ha adecuado sus protocolos para realizar con perspectiva de género investigaciones por muertes violentas de mujeres las cuales, de acuerdo con la Sentencia Mariana Lima Buendía, deben investigarse como feminicidio. 

Pese a este panorama, en 2015 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) negó declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), un mecanismo que tiene como objetivo atender y erradicar la violencia feminicida. 

Para el año 2019 organizaciones nuevamente solicitaron la declaratoria de AVG para la entidad; sin embargo, al día de hoy esta no se ha resuelto.

Lo anterior ha contribuido en enviar un mensaje de permisividad que, sumado con la masculinidad hegemónica -un modelo de comportamiento masculino que reproduce esquemas violentos y de poder, a la vez que enfatiza la desigualdad basada en el género-, crearon el clima que provocaría que un hombre se piense con la posibilidad de “reaccionar” de forma agresiva ante una sanción por violentar a una mujer. 

La antropóloga feminista María Marcela Lagarde y de los Ríos ha explicado que los hombres experimentan la necesidad de mostrarse como seres violentos desde su infancia, pues de no hacerlo se les consideraría “poco hombres”. Así, paulatinamente, se van reproduciendo en el ideario social conceptos como dominio, opresión y supremacía que se relacionan estrechamente con lo masculino y acciones agresivas que sustentan dichos preceptos.

“El mandato de masculinidad le dice al hombre que espectacularice su potencia ante los niños, ante los compañeros, ante los primos, ante los hermanos, delante de los ojos del padre, en sociedad”, afirma la antropóloga feminista argentina Rita Laura Segato. Ello, sumado a la impunidad institucional, provoca que la violencia alcance expresiones extremas contra las mujeres.