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A muy tempranas horas de este 12 de octubre, con cierta incertidumbre y cautela, uno a uno fue llegando cada contingente de familias, amigos y vecinos que se dieron cita en el lugar llamado El arco de los siete jaguares, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. El objetivo era realizar una manifestación hasta llegar a la presidencia del municipio.

Días previos a la manifestación comenzó a circular la convocatoria a la llamada “Marcha por la unidad, la justicia y la paz”, firmada por la Unidad de Pueblos, “conformada por comisariados ejidales por la paz social de Chicomuselo”. Llamaron a romper el silencio y marchar pacíficamente, reivindicando la manifestación de este día como un acto de resistencia de los pueblos indígenas y campesinos de México y América Latina.

En los últimos meses, en esta región que hace frontera con Guatemala, se desbordó el clima de violencia por enfrenamientos entre integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes diputan el control de estos territorio. Estos grupos criminales sembraron el terror en localidades como Pacayalito, salida hacia el municipio de Motozintla, así como en el ejido Tres Maravillas y en Chicomuselo, donde se provocó un desplazamiento forzado y un toque de queda.

Por este contexto de violencia, los comisariados organizados llamaron “a todos los sectores de la sociedad a unirse de manera pacífica como pueblo y como municipio para hacer un llamado al gobierno a que intervenga”, puntualizaron.

Incluso, hicieron alusión a la frase del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “nadie por encima de la ley y nadie por debajo de ella”, para que actué en consecuencia. “Porque el pueblo ya está cansado de ver como los grupos que pretenden controlar nuestro territorio se imponen con total impunidad”, declararon los indígenas. 

Los convocantes reafirmaron que la impunidad ha llevado al aumento de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas, reclutamiento, sometimiento, entre otros. “De los desaparecidos, cada familia está intentando encontrarlos. No hay ninguna autoridad en su búsqueda”, dijo uno de los manifestantes que, por su seguridad, omitió su nombre.

Aún con el miedo y la incertidumbre de rumores “de que la manifestación era para apoyar a uno de los dos carteles, el de Sinaloa, la gente salió a manifestarse contra todos los grupos que están provocando la violencia en nuestros territorios y para que nos escuche el presidente Obrador”, agregó el manifestante.   

Desde antes que se agudizará el escenario de terror, en Chicomuselo ya habían denunciado la presencia del grupo narco-paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel de Sinaloa, el cual “también quería desplazar a los comerciantes del mercado para que ellos pusieran a su gente”, señaló el entrevistado para Avispa Mídia vía telefónica. 

Se movilizaron sectores del magisterio, transportistas, empleados de salud, deportistas, comerciantes, integrantes de organizaciones sociales, autoridades comunitarias y ganaderos. 

Al finalizar la marcha, los organizadores contabilizaron que se manifestaron al menos diez mil personas y, llegando a la plaza principal de esta comunidad, entonaron consignas como ¡el pueblo unido jamás será vencido! ¡el pueblo callado jamás será escuchado!, terminando en relativa calma.

Este material se publica conforme al convenio establecido entre Desinformémonos y Avispa Midia

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“La revuelta fue un desborde de rebeldía e imaginación popular”, dice un folleto que encontramos a la entrada de Casa Roja, en La Serena. “Hoy, a pesar de toda adversidad, esos horizontes siguen abiertos”, continúa el folleto.

Una de las grandes ventajas de alejarse de los grandes centros urbanos está en los tiempos, los modos de caminar, hablar, gesticular, comunicarse. A cinco horas de Santiago, La Serena es un remanso al borde del mar, donde las palabras van y vienen según los tiempos del mate, tiempos circulares entre el cebar, el beber y el retorno a quien ostenta el termo. Las palabras deben acompasar los tiempos de la ronda matera, no pueden acelerarse, son tiempos comunitarios.

Quizá por eso los integrantes de Casa Roja decidieron convocar una “mateada”, una ronda circular para propiciar intercambios de ida y vuelta, sin mirar el reloj, dejando que las ideas fluyan y se vayan decantando en comunidad.

Casa Roja es un amplio espacio en el centro de La Serena. Se sube una pequeña escalera y aparecen habitaciones a ambos lados del pasillo que se abre a un gran patio, con varias salas a su alrededor, incluyendo una cocina. Luego aparece un gran espacio verde donde se realizan las reuniones, recitales y obras de teatro, un espacio ideal para matear y compartir.

La Casa nació hace cinco años con el propósito de ser un centro de reunión de organizaciones que quieren construir el mundo nuevo y vivirlo desde ahora, según el relato de la decena larga de personas que la integran. Es también un espacio político-cultural de quienes pretenden convivir en comunidad, orientados por “la experiencia zapatista y de las comunidades mapuche”.

Se dicen cuidadosos a la hora de sumar nuevas personas, ya que los crecimientos abruptos pueden echar abajo lo construido con mucho esfuerzo. “Apuntamos a ser una más de las redes de articulación de los movimientos populares territoriales en la región y en Chile. Para eso trabajamos, para que vayan naciendo pequeños grupos que luego van creciendo. Este es un espacio seguro para todas y todos los que vienen, desde las niñeces hasta las disidencias”.

Pasaron del objetivo inicial de cobijar a las organizaciones autónomas, a comenzar a desarrollar propuestas político-culturales y educativas para fortalecer el movimiento social “desde lo territorial, antipatriarcal y anticapitalista”.

Sus modos de trabajo son asamblearios, se autogestionan y muestran orgullo de no recibir fondos del Estado ni de ONGs, y depender sólo del trabajo colectivo propio y de otras organizaciones afines. “Establecemos redes de trabajo colaborativo con otros colectivos, damos mucha importancia a la educación popular y hemos tejido lazos con medios de comunicación alternativos a raíz de la revuelta”.

La Casa Roja realiza y alberga una gran variedad de actividades: ciclos de cine, jornadas de educación popular, ferias de libros, talleres culturales, feria de reutilización y reciclaje, jornadas internas de organizaciones, ensayos de coros, teatro y baile, talleres de serigrafía, de literatura y de género, encuentros feministas, de cooperativas y de campesinos.

Casa de Piedra fue uno de los tres centros de detención y tortura de la CNI (Central Nacional de Inteligencia) en la región, durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). Desde hace algunos meses dejó de ser un cuartel militar para nombrarse Sitio de Memoria y Reflexión por los Derechos Humanos Casa de Piedra, pero conserva las diferentes salas donde los detenidos sufrían castigos y todo tipo de torturas.

Aún se observan vestigios de los castigos, como el riel vertical de donde colgaban a los detenidos, la zona denominada “parrilla” donde aplicaban picana eléctrica y otras habitaciones símbolo de la crueldad del régimen.

Quienes administran el espacio de memoria lo están convirtiendo en hermosos jardines con plantas y flores, creando vida donde antes había sólo dolor y muerte. Como parte de la transformación, realizan diversas actividades culturales y políticas, en las que participan artistas, músicos y colectivos de La Serena y Coquimbo, dos ciudades conurbadas.

Un domingo de setiembre se presentaron libros sobre la memoria de las resistencias, se compartieron empanadas y lentejas, escuchamos a miembros del periódico La Noche que informa “sobre lo que no se ve en el día”.

Presentaron un video sobre la contaminación de la Compañía Minera del Pacífico, que exporta hierro que traslada desde la mina El Romeral, ubicada a 38 kilómetros al norte de Coquimbo. El hierro es transportado en tren sin medidas que protejan a las comunidades que sufren grave contaminación, porque el viento esparce el mineral directamente sobre sus viviendas. Niñas, niños y adultos respiran ese aire viciado y presentan altos índices de cáncer y otras afecciones.

La edición especial de La Noche dedicada a los 50 años del golpe de Estado, reflexiona sobre los actos oficiales y en particular sobre las actividades estatales el 11 de setiembre. En los barrios populares se formaron barricadas en rechazo a las conmemoraciones “con tintes carnavalescos” del gobierno. Los manifestantes críticos irrumpieron en el acto oficial, repleto de banderas de los partidos oficialistas. La izquierda compartió escenario “junto a figuras locales del fascismo, como el conocido pinochetista Pino Uribe y altos mandos de los pacos (Carabineros), en un acto insólito de cobardía y complicidad”, señala La Noche.

Los grandes hechos colectivos, esos que sacuden la vida cotidiana como un sismo, van amainando su intensidad a medida que pasa el tiempo, hasta desaparecer de la  visibilidad. Pero dejan sedimentos que, siempre, la vida va depositando en el fondo, lejos de quien observa desde arriba. Los sedimentos no los deposita nadie, se van precipitando por el sentido común del propio sedimento. Son a la vez concentración, sosiego, calma.

Depositadas en los fondos, las memorias y las prácticas colectivas que las acompañaron sólo reaparecen en la superficie cuando se las revuelve. O sea, con la revuelta.

Con ella reaparece otro conflicto: la disputa por la memoria.

El 11 de setiembre de 2023, el oficialismo (la alianza entre el progresismo y la derecha) se empeñó en realzar la figura de Salvador Allende. Digna figura, sin duda. La sobredimensionaron, con el evidente objetivo de desaparecer las creaciones de abajo durante los mil días de la Unidad Popular, como los cordones industriales, los campamentos que fueron creando trozos de mundos nuevos como Nueva La Habana, las recuperaciones de tierras de campesinos y mapuche, las fábricas autogestionadas y una variedad de acciones populares en poblaciones y fundos.

Pero también desaparecieron las doce jornadas de protesta nacional que, desde 1983, arrinconaron a la dictadura y pudieron apremiar a un sistema que fue salvado por la democracia extractivista que hoy conocemos. Dejando en la cuneta a cientos de asesinados y torturados por las fuerzas en armas del sistema.

A los miles de desaparecidos por el pinochetismo, debe sumarse ahora la  desaparición oficialista del poder popular en movimiento, que está siendo rigurosamente revivido por las organizaciones de abajo.

Las experiencias que retratamos en estos tres reportajes (Trenza la Río, Movimiento por el Agua y los Territorios, Casa Roja, Casa de Piedra y Quimantú), son apenas retazos de un lienzo mayor que está siendo tejido constantemente abajo y a la izquierda.

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Por unanimidad de 415 votos, el pleno de la cámara de diputados aprobó reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGDAMVLV), en materia de trato digno a víctimas de violencia de género al momento de presentar una denuncia.

Las modificaciones a los artículos 31 y 52 de la ley establecen que, cuando una mujer o una niña víctima de violencia soliciten una orden de protección, quedará prohibido a la autoridad hacer comentarios lesivos con prejuicios que insinúen descrédito de los dichos de las personas denunciantes, así como insinuaciones o interrogatorios ofensivos respecto de la vida privada de la víctima. 

Asimismo, deberán realizar, sin excepción, la toma de denuncia de violencia contra las mujeres con un lenguaje respetuoso y sin interrogatorios ofensivos, evitando comentarios lesivos y prejuicios que insinúen descredito de los dichos de las mujeres denunciantes y, con ello, infrinjan en una revictimización.

El dictamen, enviado al senado de la República para sus efectos constitucionales, destaca la necesidad de construir un sistema de justicia que sea masivo y personalizado, en donde se brinde un trato humanizado y no meramente burocrático, garante del respeto y protección de los derechos humanos de las víctimas, sus familias y familiares.  

Asimismo, concientizar que el fenómeno de la revictimización es producto de diversas manifestaciones de violencia a la que se enfrentan las personas en su búsqueda de justicia y reparación. Considera que con la reforma se estará en condiciones de prevenirla y, en su caso, minimizar sus efectos al mínimo.   

No se puede ejercer el acceso a la justicia mientras los estereotipos de género continúen 

La diputada promovente de la reforma, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas (Morena), resaltó que las niñas, adolescentes y mujeres no pueden ejercer su derecho al acceso a la justicia mientras los estereotipos de género continúen presentes en el quehacer ministerial y judicial.

Esto, agregó, se refleja en el trato inadecuado al momento de acudir a denunciar, ya que “cuando ellos acuden en busca de ayuda y protección lo que encuentran es una nueva violando a sus derechos humanos”. 

Por ello, señaló la importancia de aprobar esta reforma que, dijo, tiene entre sus objetivos prohibir que la autoridad encargada de dictar una orden de protección haga comentarios lesivos que insinúen descredito de los dichos de las personas denunciantes. 

Esta reforma, sostuvo, contribuirá a promover la debida diligencia para los casos de violencia contra las mujeres y eliminar las “erróneas concepciones a modo de justificación que aún permanecen en el sistema de justicia respecto a las mujeres víctimas de violencia”.

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Para 2024, informó Rita Bell López Vences, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), se plantea la postulación de 12 fórmulas integradas por personas que se autoadscriban como indígenas en la Representación Proporcional y los partidos políticos nacionales o coaliciones. Deberán asignar al menos cinco fórmulas conformadas por integrantes de los pueblos originarios por cualquiera de los dos principios.

Es importante señalar que el derecho indígena comprende dos ordenamientos jurídicos distintos: el de usos y costumbres y los Sistemas Normativos Indígenas, los cuales se encuentran en una relación de coordinación basada en derechos y obligaciones.

Actualmente solo en cinco estados existe renovación de autoridades municipales mediante Sistemas Normativos Indígenas: en 417 municipios de Oaxaca. En Morelos, en las localidades de Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo, así también en Oxchuc, Chiapas; en Ayutla de los Libres, Guerrero y en Cherán, Michoacán.

Durante el foro estatal que presidió Yanko Durán Prieto, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Rita Bell López, resaltó la importancia de la participación de los grupos minoritarios en el Proceso Electoral Federal (PEF) y concurrente 2023-2024, ejerciendo sus derechos, pero también cumpliendo con sus obligaciones.

Lamentó las problemáticas que enfrentan las y los indígenas por la falta de participación en la vida pública y política a nivel nacional, en buena medida originada por la carencia de una política electoral de interculturalidad que promueva la participación consciente y en igualdad de condiciones y oportunidades, la usurpación de espacios para personas indígenas y la falta de recursos económicos y de acceso a radio y televisión.

Ante Consejeras y Consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPL) de Chihuahua, López Vences describió la evolución de las cuotas indígenas y las medidas afirmativas establecidas desde 2005, año en que, de los 300 distritos electorales, se consideraron 28 preponderantemente indígena.

Posteriormente, añadió, en el periodo electoral 2017-2023 se autorizaron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular denominadas indígenas, mediante el cual se incluyó a candidatas y candidatos que se autoadscribieran como indígenas.

En el año 2020, recordó la Consejera, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó las acciones afirmativas emitidas por el INE; de lo anterior, se desprendió que tres de las cinco listas de Representación Proporcional fueran encabezadas por mujeres.

De igual forma, en 21 de los 28 distritos catalogados por el INE como indígenas, los partidos políticos postularon a personas calificadamente como tal.

En 2021, mediante el proceso de consulta indígena, se crearon 44 distritos electorales federales indígenas y afromexicanos. En Guerrero resultó un distrito electoral mayormente con población afromexicana, señaló.

Además, se otorgaron cuotas para cinco grupos en situación de discriminación (indígenas y afromexicanos, personas con discapacidad, diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero), entre ellas, a personas indígenas con 21 fórmulas de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

En tanto, a las personas afromexicanas se destinaron tres de mayoría relativa y dos de representación proporcional.

Rita Bell López Vences, Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo que se mantiene una deuda histórica con los pueblos indígenas en México respecto del ejercicio de sus derechos político-electorales, así como representación de los cargos de elección popular.

Con Juicio Ciudadano, mujeres indígenas y afro de Oaxaca piden rectificar lineamientos del INE

Con información de Citlali López Vázquez

Oaxaca.- Integrantes del Observatorio Estatal de Ciudadanas para la Participación Política de Mujeres Indígenas y Afromexicanas presentaron una demanda de juicio ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta acción legal se dirige contra el Acuerdo INE/CG527/2023 debido a su contenido al considerar que contraviene el principio de certeza electoral.

Las mujeres indígenas y afromexicanas argumentan que el acuerdo no establece un número definido de candidaturas para cada uno de los cinco grupos en situación de vulnerabilidad, lo que permite a los partidos políticos favorecer a un grupo sobre otro y socava la igualdad sustantiva. Esto, afirman, va en contra de los principios fundamentales de legalidad, imparcialidad, objetividad y no discriminación.

Y es que parte del acuerdo establece que para personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, en pobreza y mexicanas migrantes residentes en el extranjero, los partidos deberán postular 20 fórmulas a diputaciones y 4 a senadurías.

En una conferencia de prensa, las integrantes del MUJINAF (Movimiento de Mujeres Indígenas y Afromexicanas) expresaron su deseo de que se revoque el acuerdo actual y se promulgue uno nuevo que maximice los derechos políticos de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas.

Además, instaron a los partidos políticos a cumplir con las medidas especiales y a garantizar que los órganos encargados del proceso electoral promuevan activamente la representación política de mujeres indígenas y afromexicanas.

En medio de esta acción legal, también manifestaron su preocupación por la crisis institucional que enfrenta el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) al comienzo del proceso electoral. La suspensión temporal de Elizabeth Sánchez González, presidenta de dicho instituto y la primera mujer en ocupar dicho cargo, ha generado inquietudes.

Las demandantes consideraron que la acción del órgano de control interno, que no está dentro de sus atribuciones, constituye una forma de violencia institucional. Además, señalaron que el Consejero Presidente Provisional, actualmente es un hombre, lo que viola los principios de género que establecieron: cuando una mujer es removida de un cargo, su suplente debe ser del mismo sexo.

Antecedente

El pasado 21 de septiembre el Instituto Nacional Electoral (INE), informó que on la reciente modificación al modelo de acciones afirmativas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo haber ampliado la cobertura de representación para los grupos más “desaventajados” de México: las personas en pobreza e indígenas de todo el país, aseveró el Consejero Arturo Castillo Loza.

Al impartir la conferencia La importancia de las acciones afirmativas en la garantía de los derechos político-electorales, Castillo Loza estableció que aun cuando el principio de igualdad y no discriminación está postulado en la Constitución, en el Consejo General hubo de ponderarse con otros tres preceptos: de representación efectiva, de oferta política y de auto organización de los propios partidos políticos.

Fue así que, en el caso de las personas indígenas, en la Cámara de Diputados deberá haber una cuota de representación de 30 curules, 18 de Mayoría Relativa y 12 de Representación Proporcional, mientras que habrá representación en otros 20 espacios, 12 de Mayoría Relativa y ocho de Representación Proporcional, para migrantes residentes en el extranjero, personas en pobreza, de la diversidad sexual, con discapacidad y afromexicanas.

Del mismo, en el Senado -explicó el Consejero Electoral- las acciones afirmativas aprobadas permitirán el acceso de 10 personas más, cinco indígenas en cualquiera de los dos principios, así como una fórmula para personas afromexicanas, otra para personas con capacidades diferentes, una más de la diversidad sexual y de migrantes residentes en el extranjero.