El congreso exhorta a la Semov a obligar el uso de cubrebocas a choferes y usuarios de transporte público

Foto: Congreso del Estado de Colima

 

Las y los integrantes de la LIX Legislatura hicieron un exhorto para que, de manera obligatoria, tanto choferes del servicio de transporte público, como los usuarios de este, usen, de acuerdo con las especificaciones en materia de salud, el cubrebocas debido a la pandemia que se mantiene por la presencia del SARS CoV2 (covid-19).

Lo anterior luego de anunciar un monitoreo realizado durante los 3 días del fin de semana pasado, en el cual se encontró que el 70 % de los conductores, no utiliza el cubrebocas, aun llevando pasaje, lo cual significa un riesgo inminente, pues el transporte público es una actividad esencial utilizada por la mayoría de la población.

La diputada Ma. Remedios Olivera Orozco dijo que se deberán implementar acciones conjuntas y mecanismos de operación en el servicio de transporte público individual y colectivo, por ello exhortó al titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima y a cada uno de los titulares de las direcciones de Seguridad Pública y Vialidad de los diez ayuntamientos de la entidad, para que verifiquen el cumplimiento de la Ley que Regula el Uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad por el virus SARS CoV2 (covid-19).

La legisladora dijo que las autoridades policiacas y de vialidad deberán verificar el cumplimiento de dicha Ley en los choferes y que deberán concientizar a los usuarios del transporte público sobre el uso correcto del cubrebocas.

Agregó que se deberá seguir haciendo, como medida preventiva, el monitoreo para constatar el cumplimiento de esta, hasta en tanto continúe la declaratoria de emergencia en el Estado de Colima, con motivo de la pandemia.

Olivera Orozco, manifestó que una vez aprobado el exhorto se les comunicará a las autoridades mencionadas para los efectos administrativos correspondientes: Rafael Martínez Brun, Titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado; Subteniente MG Francisco Silva López, Director de Seguridad Pública y Vialidad del H. Ayuntamiento de Armería; Pedro Acosta Rodríguez, Director de Seguridad Pública y Policía Vial del H. Ayuntamiento de Colima; Francisco Javier Montes García, Director de Seguridad Pública y Vialidad del H. Ayuntamiento de Comala y Raúl A. Ramos Vargas, Director de Seguridad Pública y Vialidad del H. Ayuntamiento de Coquimatlán.

Va dirigido también para Raúl Salazar Orozco, Director de Seguridad Pública y Vialidad del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc; Comandante Armando Aurelio Carrasco Manríquez, Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán; Sergio Pérez Pineda, Director General de Seguridad Publica y Policía Vial del H. Ayuntamiento de Manzanillo; Juan Manuel Bachomo Rodríguez, Director de Seguridad Pública y Vialidad del H. Ayuntamiento de Minatitlán; Lic. Rigoberto Rosiles Verduzco, Director de Vialidad del H. Ayuntamiento de Tecomán y Sergio Granados Aguilar, Director de Seguridad Pública, Transito, Vialidad y Protección Civil del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez,

Indicó que es necesario insistir en las medidas de cuidado contra el virus, por ello a través del Congreso del Estado se trabajará para coadyuvar en la disminución de la enfermedad. 

Reiteró que es preocupante que no se utilice el cubrebocas en el servicio de transporte, y máxime cuando es una obligación por Ley.

Aprueba Congreso mecanismos de participación ciudadana para gestión de áreas protegidas

 

La diputada Rosalva Farías Larios propuso reformas a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para la creación de órganos colegiados representativos en todas las áreas naturales protegidas estatales, garantizando la participación ciudadana en la gestión de las áreas naturales protegidas en conjunto con Gobierno del Estado y establecer así una mayor garantía para su conservación.

La iniciativa de reforma a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, enviada por el Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez al Congreso del Estado, fue aprobada por las diputadas y diputados.

La legisladora Rosalva Farías Larios, dio lectura al dictamen en la que expuso que se contará con una mejor base técnica, que permitirá generar instrumentos necesarios para delimitar, clasificar, determinar las actividades, y especificar su administración, así como las demás disposiciones que permitan una adecuada protección y conservación para el área natural respectiva.

Mencionó que los ecosistemas, son un patrimonio común de la sociedad, y que el éxito de su conservación obedece, en gran medida, a la gobernanza ambiental, que depende de la coordinación entre las instituciones de la administración pública, los diferentes órdenes de gobierno y de la concertación con la sociedad.

En ese sentido, señaló que la participación ciudadana en la política ambiental es fundamental, pues dijo que el medio ambiente es un constructor político y social, y que la conservación depende de la participación de los ciudadanos que usan las áreas naturales protegidas.

Por ello, expuso la necesidad de crear mecanismos de participación ciudadana en temas de la gestión de las áreas naturales protegidas estatales. 

Propuso instituir tanto en el artículo 106 como en el artículo 115 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, para la creación de órganos colegiados representativos en todas las áreas naturales protegidas estatales para garantizar la participación ciudadana en la gestión de las áreas naturales protegidas en conjunto con Gobierno del Estado y lograr así una mejor y mayor conservación.

Refirió que Colima tiene alta biodiversidad debido a su ubicación geográfica en el límite de las regiones biogeográficas, neotropical y neártica, la cercanía con la costa, la agreste orografía, la diversidad de climas y su enclave en el eje neo volcánico transversal.

Sin embargo, dijo que, la principal amenaza para la biodiversidad en Colima, es el cambio de uso de suelo, que se encuentra por arriba del promedio nacional, “se ha alterado el 25% de la cubierta vegetal en los últimos 25 años debido al crecimiento de la frontera agrícola y urbana”.

En Colima, citó que se ubican 6 áreas naturales protegidas federales, pero no se han decretado como área natural protegida estatal, por ello, consideró que es fundamental la creación de áreas naturales protegidas estatales, que garanticen la conservación de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos y de los recursos naturales que pertenecen a los colimenses.

 

 

 

 

INE pide a legisladores evitar promoción política electoral

Foto: Google

 

El presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, el diputado Guillermo Toscano Reyes, anunció dos resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para evitar hacer posicionamientos de promoción política debido al próximo proceso electoral. 

Dijo que en la primera de ellas, se fijan los mecanismos y criterios tendientes a garantizar los principios de imparcialidad y equidad. Y la segunda, los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral, ambas en los procesos electorales federal y locales 2020-2021. 

Mencionó que, en ellas se exhortan a las y los diputados que decidan ejercer su derecho a la elección consecutiva, para que se abstengan de utilizar expresiones, símbolos, logos e imágenes para promocionar su imagen o su plataforma política; para la promoción del voto a favor o en contra de algún determinado partido político, coalición, aspirante, precandidatura o candidatura; y cumplan con las obligaciones inherentes a su cargo.

También anunció que se conmina a las y los legisladores para que eviten la difusión de propaganda que se realice o divulgue en cualquier medio, que implique promoción o posicionamiento de una persona para la obtención de una candidatura de manera anticipada a los tiempos establecidos, y en su caso, "el voto en los procesos electorales locales y federales".

El legislador, indicó, "se conmina a las y los compañeros legisladores quienes aspiren a la elección consecutiva, para que se cumplan con los lineamientos que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Ley General de Comunicación Social; los criterios establecidos tendientes a garantizar los principios de imparcialidad y equidad; los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral 2021-2021, y demás disposiciones legales aplicables en materia electoral".

 

 

 

Gobernador y rector, “cómplices en desfalcos de las finanzas” de la UdeC: Parra

 

El diputado Vladimir Parra Barragán responsabilizó al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y al rector, José Eduardo Hernández Nava, de la crisis financiera que enfrenta la Universidad de Colima (UdeC), que hasta la fecha no ha pagado a sus trabajadores el salario correspondiente a la primera quincena del año.

Asimismo, el también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena desmintió que el gobierno federal tenga retrasos en los pagos del mes de enero a la Universidad de Colima, pues las partidas presupuestales se entregan al final de cada mes.

En la sesión del Congreso de este lunes, el legislador propuso un punto de acuerdo para exhortar al gobernador a cumplir el convenio de colaboración suscrito con el gobierno federal y la UdeC y cubrir sus adeudos con esta institución, así como exhortar al rector a realizar gestiones para sanear las finanzas de la casa de estudios.

Sin embargo, la propuesta fue desechada con el voto en contra de la fracción del PRI y demás partidos y legisladores aliados.

El texto de la propuesta es el siguiente:

El pasado viernes 15 de enero, a través de un comunicado oficial, el rector de la Universidad de Colima José Eduardo Hernández Nava, informó a sus trabajadores que no sería posible depositarles este día, la primera quincena de enero, debido a la falta de recursos provenientes del Gobierno del Estado de Colima y del Gobierno de México.

Ante esto, en primer término, nos solidarizamos con los trabajadores de la Universidad de Colima ante el recurrente atropello de sus derechos, ante la falta de certidumbre en el pago de sus prestaciones y ante las reiteradas violaciones a su contrato colectivo. Es lamentable que esta situación ocurra sobre todo en el contexto de la actual pandemia.

Por otro lado, ante las afirmaciones del Rector José Eduardo Hernández Nava, respecto de las causas de esta situación y ante su desvergüenza para admitir los malos manejos que han existido en su administración, quiero precisar algunos puntos.

En el año 2016 se firmó un convenio por parte de las autoridades de la SEP, de Gobierno del Estado y de la Universidad de Colima, que se ratifica año con año mediante los correspondientes anexos de ejecución. En este convenio se establecen los montos que se deberán transferir mes con mes, a la Universidad de Colima, por parte del Gobierno de México y del Gobierno del Estado.

En ese sentido, el año pasado, el Gobierno de México realizó las transferencias a la Universidad, conforme a los términos pactados en ese convenio, realizando la última transferencia el 15 de diciembre pasado y cumpliendo con ello, la totalidad del convenio. En total, el Gobierno de México le otorgó a la Universidad un monto de 1,591 millones 753 mil pesos, que fueron otorgados mes con mes sin retraso alguno.

Esos convenios de ejecución se firman cada año entre los primeros días del mes de enero y el primer depósito se realiza a finales de este mes. Por tanto, que, al día de hoy, el Gobierno de México no haya depositado lo del mes de enero, no es una situación irregular de ninguna forma; así se ha venido realizando desde hace varios años, por lo que el Gobierno de México, seguramente, como el año pasado y el anterior a este, realizará el depósito antes de que termine el mes, apegándose a los plazos que el convenio establece.

En cambio, el Gobierno del Estado, el año anterior tan sólo transfirió 221 millones 302 mil pesos, según los reportes que el propio Gobierno del Estado ha dado a la Secretaría de Educación Pública y que pueden revisarse en su página de transparencia. Esta cantidad se encuentra muy por debajo de los 415 millones 831 mil pesos que el Gobernador Ignacio Peralta se comprometió a transferirle a la Universidad, de acuerdo al convenio que de forma personal firmó.

Además, si lo comparamos con lo que este Congreso aprobó en el presupuesto de egresos para el año 2020, la cantidad que el Gobernador le entregó a la Universidad, representa apenas el 77% de este monto, es decir, le transfirió 65 millones de pesos menos, a pesar de que los ingresos del estado superaron las expectativas de la Ley de Ingresos. ¿Cuál es la excusa del gobernador Ignacio Peralta para no haber entregado el presupuesto que este Congreso autorizó para la Universidad?

Por ello, coincidimos con la Universidad de Colima en que Gobierno del Estado tiene parte de la responsabilidad en la grave situación financiera que atraviesa actualmente esta Institución. Sin embargo, también es importante señalar como responsables de este escenario a las propias autoridades de la Universidad, principalmente al rector actual, a quienes se les ha señalado por parte de OSAFIG, diversas irregularidades en el manejo de los recursos.

Entre estos señalamientos, por dar un ejemplo, se encuentra la falta de pago de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto de casi 10 millones de pesos, y que derivado de ello, OSAFIG le impuso una multa a la Universidad. En este caso específico, podemos observar en los informes de resultados a las cuentas públicas, que el Rector de la Universidad argumenta lo mismo que en el comunicado del pasado 15 de enero, es decir, justificó la irregularidad en el retraso de las transferencias del presupuesto federal y estatal, sin embargo, el propio OSAFIG contradijo este argumento y señaló que dicho pago debía salir de los recursos propios, no del presupuesto público. Es decir, también hay una mala administración del recurso por parte de las autoridades de la

Universidad de Colima.

No es poco el presupuesto que recibe la Universidad de Colima. Tan sólo el año pasado, recibió de presupuesto un total de 1,813 millones 56 mil pesos, que es equivalente a un poco más del 10% del presupuesto total del Estado de Colima; esto sin contar los ingresos propios derivados de las inscripciones, servicios y otros conceptos.

No nos explicamos cómo es que la Universidad de Colima tiene problemas para cubrir temas tan básicos y trascendentales como el pago a sus trabajadores. Es urgente, que las autoridades de la Universidad saneen las finanzas, que se acaben con los privilegios y que se realice un plan de austeridad real. Recordemos que no sólo se tiene la obligación de pagar puntualmente lo que les corresponde a sus trabajadores, sino, además, lograr la gratuidad de la educación en el nivel medio superior, como lo establece nuestra Constitución Federal, eliminando las cuotas que se cobran a sus estudiantes.

Sobre esto, el pasado 4 de enero, el Presidente Andrés Manuel abordó el tema de nuevo, señalando lo siguiente:

Se tiene que hacer un esfuerzo para que no se cobren cuotas en las Universidades Públicas, porque en muchas… se cobran cuotas y a veces son cuotas elevadas que impiden que se pueda estudiar en las universidades públicas. Se tiene que hacer un esfuerzo… para que se administre con honradez el presupuesto de las Universidades…, que no se roben el dinero… y que haya austeridad republicana…. Tiene que haber un movimiento al interior de las universidades para que no haya corrupción y para que haya honestidad en el manejo del presupuesto de las universidades. Esto va a permitir garantizar la gratuidad.

Yo creo que ese es un esfuerzo que tienen que hacer las universidades. Ya no la estafa maestra, ya no el que haya caciques que manejan las universidades públicas en los estados. Porque es una vergüenza que universidades grandes estén manejadas por una persona, sean de un solo hombre. No es esa persona el rector, pero es el que manda desde hace años y manejan el presupuesto de manera discrecional y a la vista de todo

mundo. Eso se tiene que terminar, tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad en el manejo de las universidades y garantizar el derecho a la educación. Sí se puede, con poco presupuesto, garantizar el que puedan estudiar.

Y en este sentido ha actuado el Gobierno de México. El año pasado le transfirió a la Universidad de Colima 54 millones más que en el 2019 (en el 2020 transfirió 1,591 millones y en el 2019, le transfirió 1,537 millones de pesos). Es claro, pues, que por parte del Gobierno de México se está haciendo un esfuerzo y que es necesario que las autoridades tanto del Gobierno del Estado como de la Universidad de Colima, se hagan responsables de esta situación y realicen también un esfuerzo para sanear sus finanzas.

Por estas razones, es importante recalcar que el responsable principal de la grave situación que atraviesa la Universidad no es el Gobierno de México, sino el propio Gobernador y las autoridades de la Universidad de Colima, en especial del Rector, que han sido cómplices en los desfalcos de las finanzas públicas. Hace falta claridad, transparencia, austeridad, rendición de cuentas.

La bancada de Morena, desde que llegamos a esta Legislatura lo hemos venido señalando y hemos luchado porque la cerrazón de las autoridades universitarias termine. A solicitud de Morena, en esta legislatura se realizó por primera vez la revisión de las cuentas públicas de la Universidad de Colima. Además, se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica que buscaba evitar el nepotismo, la corrupción, los malos manejos financieros y la democratización de sus órganos, para acabar con el caciquismo. Pudo discutirse, hacerse foros dentro de la Universidad, hacerse cambios o adaptaciones a la propuesta, pero no hubo interés en avanzar, en dejar de lado la opacidad, la corrupción y el saqueo con que se ha manejado la Universidad. Les interesó más venir a regalar espadas de colonizadores que masacraron indígenas y que no representan el sentir del pueblo de México.

Por estos motivos, y en sintonía con la solidaridad que expresamos hacia los trabajadores, buscaremos que se rindan cuentas y que se corrijan estas irregularidades, buscaremos que se les pague puntualmente a los trabajadores y que se asuman responsabilidades.

En ese sentido, es necesario realizar un exhorto al Gobernador del Estado de Colima, José́ Ignacio Peralta Sánchez, para exigir se respeten los convenios suscritos con la Universidad de Colima y para que realicen las transferencias que se le adeudan; y al rector, José Eduardo Hernández Nava, para que en el ámbito de sus competencias, realice las gestiones necesarias en aras de sanear las finanzas de la Universidad de Colima, así como la planeación, aprobación y ejecución de un plan de austeridad estricto, que evite se repitan situaciones como las señaladas anteriormente.

En atención a las consideraciones vertidas, y de conformidad con las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, en específico el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima someto a consideración de esta soberanía el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, así como al Secretario de Planeación y Finanzas de esta dependencia, el C.P. Carlos Arturo Noriega García, para que den cumplimiento a lo establecido en el “Convenio de colaboración” suscrito con fecha 13 de enero de 2016, por el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de Colima y la Universidad de Colima; con el “Anexo de ejecución 2020” vinculado con el convenio referido, suscrito con fecha 20 de enero de 2020; con lo establecido en el “DECRETO NO. 185” relativo al “Presupuesto de

Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020”; y con los artículos 2, 3, 23 fracción X y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento, exhorta respetuosamente al Rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, para que en el ámbito de sus competencias, realice las gestiones necesarias en aras de sanear las finanzas de la Universidad de Colima, y conforme a su normatividad interna, analice la planeación, aprobación y ejecución de un plan de austeridad estricto, que evite se repitan situaciones como las señaladas en la exposición de motivos del presente acuerdo.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, por conducto de la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado de Colima, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada, para los efectos legales y administrativos correspondientes.

 

 

 

 

Tras su rescate de la justicia de EU, el general Cienfuegos es exonerado en México

Foto: https://www.gob.mx/sedena/documentos/gral-de-div-d-e-m-salvador-cienfuegos-zepeda

 

Menos de tres meses le duró el sobresalto al general Salvador Cienfuegos Zepeda, pues luego de que el pasado 15 de octubre fue detenido en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y lavado de dinero, este 14 de enero fue exonerado de culpa en México por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Antes, por petición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto fue devuelto a México libre de cargos por parte de las autoridades norteamericanas, con el compromiso de que acá sería sometido a investigación.

La noche de este jueves, la FGR emitió el comunicado FGR 013/21 mediante el cual informó su determinación de no ejercer acción penal contra el general Cienfuegos, con el argumento de que no existen pruebas de las acusaciones que le había formulado la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

El comunicado íntegro se reproduce a continuación:

Desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces Secretario de la Defensa Nacional, General de División Salvador Cienfuegos Zepeda.  

Esa investigación la continuó ese organismo que combate a las drogas en el gobierno norteamericano, durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso.   

El 15 de octubre de 2020, agentes policiacos de ese organismo norteamericano detuvieron al General mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda, en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso, por delitos contra la salud y lavado de dinero.  

Después de cinco semanas de haber sido detenido el General Cienfuegos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a la Jueza que conoció del caso en ese país, que desestimara los cargos en contra de dicha persona; y la Jueza Federal correspondiente estimó procedente tal petición.  

Durante el lapso de su detención, y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a ese caso.  

El 18 de noviembre de 2020, el General Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas, al Ministerio Público Federal (MPF) mexicano, que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas y la investigación en México se encontraba en su fase inicial.   

El 9 de enero de 2021, el señor General Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal.   

A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso.   

Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.  

Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.   

Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.   

Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda.