Carece el IEE de presupuesto para operar los últimos cuatro meses del año

 

Debido a la falta de presupuesto para operar durante la presente anualidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE), aprobó este martes 14 de junio las transferencias presupuestales entre partidas de un mismo capítulo de su Presupuesto de Egresos del año 2022, para garantizar lo correspondiente a las remuneraciones y prestaciones de seguridad social del personal del órgano electoral local, hasta el mes de julio del año en curso.

Lo anterior durante la Décima Octava Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2021-2022, en la que en otro punto del Orden del Día, también se aprobó ampliar el presupuesto de ingresos 2022 de este organismo electoral por la cantidad de $1’557,303.00 (un millón quinientos cincuenta y siete mil trescientos tres pesos 00/100 MN); garantizando así el sueldo de la planta laboral hasta el mes de agosto.

Es importante recordar que el Órgano Superior de Dirección de este Instituto había aprobado su proyecto de presupuesto para este año por la cantidad de $83’028,248.61 Sin embargo, en diciembre de 2021, el Congreso del Estado aprobó mediante el Decreto 26 la cantidad de $50’773,580.00, de los cuales $33’880,743.00 es para el financiamiento público para los partidos políticos para este año, dejando sólo disponible para gasto operativo sólo $16’892,837.00, equivalente al 33.27% del presupuesto global necesario para la institución.

En razón de lo anterior, es que el Consejo General del IEE hizo los ajustes correspondientes. En cuanto a las transferencias aprobadas, es pertinente aclarar que únicamente se trata de una transferencia de cantidades entre las partidas de un mismo capítulo, sin que ello genere modificación al monto adecuado del presupuesto de egresos del Instituto para el ejercicio 2022.

Para el caso de la ampliación, el 31 de marzo el Órgano Máximo de Dirección aprobó la asignación de recursos por concepto de ampliación presupuestal del ejercicio fiscal 2022 de este organismo electoral, relativo a un saldo pendiente de parte de Gobierno del Estado de Colima por concepto de la ministración de Junio de 2021 por la cantidad de $1´557,303.00 (Un millón quinientos cincuenta y siete mil trescientos tres pesos), recurso que llegó recientemente. El 02 de junio pasado, la Presidencia informó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado realizó la transferencia bancaria antes citada a la cuenta del Instituto.

Por lo anterior, el Consejo General realizó la ampliación y asignación presupuestal de dicho recurso, garantizando así lo correspondiente a las remuneraciones y prestaciones de seguridad social del personal de este Instituto Electoral, hasta el mes de agosto. No obstante, la cantidad es insuficiente para cubrir la operatividad del Instituto Electoral del Estado de Colima, dada la situación que ha quedado descrita de manera detallada en el Acuerdo IEE/CG/A007/2021 de Interproceso 2021-2023 de fecha 31 de enero de 2022.

La Consejera Presidenta, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, informó que el Instituto Electoral del Estado de Colima no cuenta con recursos para los últimos cuatro meses de 2022, no se tendrá a partir de septiembre suficiencia presupuestal para el pago a trabajadores y trabajadoras, ni para la operatividad del organismo.

Durante la sesión de este martes, el Órgano Superior de Dirección también aprobó actas de sesiones anteriores, así como la Cuenta Pública Mensual del órgano electoral local, correspondiente al mes de mayo de la presente anualidad, en cumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima.

 

 

 

Congreso aprueba reformas a la ley de transparencia local para homologar con ley federal en la materia

 

En sesión ordinaria de este martes, las y los diputados del H. Congreso del Estado, aprobaron un dictamen en el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, para garantizar que los requisitos de quien aspire a ser comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol), sean homologados con la Ley Federal en la materia.

El dictamen expuesto en tribuna por la diputada Andrea Naranjo Alcaraz, elaborado por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental estipula también que la reforma da cumplimiento a una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que una distinción se basa en una categoría sospechosa cuando utiliza alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: a) origen étnico, b) nacionalidad, c) género, d) edad, e) discapacidad, f) condición social, g) salud, h) religión, i) opiniones, j) preferencias sexuales, k) estado civil, i) o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En ese sentido, el dictamen de la iniciativa propuesta por la diputada Viridiana Valencia Vargas, deroga la fracción IX y reforma la fracción X, ambas del Artículo 79 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado De Colima, puesto que, en el caso de la fracción novena, no se justificaba ninguno de los requisitos estipulados, además de que tales, no los contempla la Ley Federal ni la Constitución.

Los requisitos derogados son: “No haber ocupado un cargo directivo en un partido o asociación política, ni haber participado como candidato a algún cargo de elección popular, durante al menos dos años previos a la fecha de la convocatoria”.

Así también, el dictamen reforma la fracción X del mismo artículo 79 de le ley local referida anteriormente, para adicionar como requisito “no haber sido Fiscal General del Estado en un año anterior”, ya que ese mismo supuesto se establece en la Ley Federal.

Es así que la fracción reformada estipula que otros de los requisitos para ser comisionada o comisionado del Infocol serán: “No haber sido Gobernador, Diputado Federal o Local, Senador, Alcalde, Regidor, Síndico, Fiscal General del Estado, dentro de un año anterior a la fecha de emisión de la convocatoria”.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima.

 

 

 

Congreso aprueba eliminación de la obligatoriedad del uso de cubrebocas

 

Durante la sesión ordinaria de este martes 17 de mayo, el Pleno del H. Congreso del Estado de Colima aprobó una reforma a la Ley que Regula el Uso de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad Provocada por el Virus Saars-Cov-2 (Covid-19) en el Estado de Colima, en la que se estipula que “corresponderá al Comité Estatal de Seguridad en Salud Pública del Estado determinar sobre la obligatoriedad, tanto del uso de cubrebocas como de las demás medidas sanitarias que correspondan para todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Colima, de conformidad con los acuerdos que esta emita en virtud de la evolución de contagios del virus”.

Tras el dictamen presentado por la diputada presidenta de la Comisión de Salud y Deporte, Andrea Naranjo Alcaraz, la diputada Viridiana Valencia Vargas puntualizó en tribuna que, “por recomendación del Comité Estatal de Seguridad en Salud Pública, este Congreso elimina la obligatoriedad del uso de cubrebocas en la ley, facultando que sean las autoridades sanitarias, quienes, de acuerdo a la evolución de contagios, establezcan las restricciones y empleo de medidas sanitarias en sintonía con las necesidades requeridas”.

El dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, así como la de Salud y Deporte señala que, el Comité Estatal de Seguridad en Salud llevó a cabo su Segunda Reunión Extraordinaria 2022 el día 12 de mayo de la presente anualidad, en la cual se analizó la situación actual de la pandemia en la entidad, señalando que desde sus inicios, que fue a partir del 2020 hasta la fecha, se observa de manera notoria que las defunciones generadas por esta causa descendieron, llegándose inclusive a reportar a la fecha de corte el 3 al 9 de mayo cero defunciones; así mismo, en la referida reunión se analizaron diversas acciones, tales como la derogación o en su caso, modificación de diversas disposiciones de la Ley que Regula el Uso de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad Provocada por el Virus Covid-19 en el Estado de Colima.

Ante ello, se aprobó la adición a diversos artículos de la Ley antes mencionada, con la finalidad de modificar la obligatoriedad del uso del cubrebocas, permitiendo que sean las autoridades sanitarias quienes establezcan las restricciones y empleo de medidas sanitarias, de acuerdo con la necesidad requerida.

Así mismo, el dictamen aprobado determina en el artículo 7 de la Ley reformada que solamente los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como de cualquier otra oficina pública, privada y cualquier centro de trabajo, con base en lo que determine el Comité Estatal de Seguridad en Salud Pública del Estado, portarán, por lo menos, cubrebocas higiénicos, cuando se encuentren en funciones; además, se deberán observar y cumplir todas las medidas y prácticas sanitarias emitidas por las autoridades sanitarias.

Además, el dictamen señala que será obligatorio para todas las personas que ingresen a oficinas públicas, privadas o cualquier centro de trabajo a realizar un trámite, solicitar un servicio, o cualquier otra actividad, el uso, por lo menos, de cubrebocas higiénicos. En caso de que alguna persona pretenda ingresar sin cubrebocas, se le informará e instruirá que, por disposición oficial, no podrá acceder ni recibir atención hasta que lo porte; y dependiendo de la disponibilidad y capacidad financiera de la oficina correspondiente, se le podrá otorgar cubrebocas de manera gratuita, ponderando en todo momento a las personas con mayor índice de vulnerabilidad.

La reforma fue aprobada por unanimidad, por lo que entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

 

 

 

Depuración de policía infiltrada, una de las líneas de investigación de atentado contra Griselda Martínez

 

COLIMA, Col.- La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, reveló que una de las líneas de investigación del atentado que sufrió 2019 tiene que ver con la depuración de la policía municipal, a la que encontró infiltrada “principalmente por los dos cárteles que operan todavía en la ciudad”.

Durante el arranque del programa "Estrategia de Constructores de Paz", con la presencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, la alcaldesa porteña señaló que desde el primer periodo de su administración fueron dados de baja más de cien elementos policiacos por no aprobar los exámenes de control y confianza.

“Tuvimos que limpiar esa policía; esa es una línea de investigación de mi atentado, se daban entre ellos mismos, una cosa terrible”, refirió.

Nueve meses después de llegar al cargo, el 26 de julio de 2019, Griselda Martínez fue víctima del atentado del que salió ilesa en una de las avenidas de la ciudad, aunque uno de sus escoltas y una mujer que viajaba en un automóvil sufrieron lesiones, y a casi tres años de los hechos no se ha esclarecido el ataque.

La presidenta municipal, quien en 2021 logró reelegirse para un segundo periodo, señaló que para mantener la paz en Manzanillo se han realizado grandes esfuerzos y que se han invertido más de 121 millones de pesos en equipo y en nuevas unidades, “todo lo que hace la administración de Manzanillo tiene qué ver con temas de seguridad”.

En el acto de presentación del programa Estrategia de Constructores de Paz, realizado en las instalaciones de la Sexta Región Naval, Rosa Icela Rodríguez indicó que “el Gobierno de México viene hoy a Manzanillo para respaldar la estrategia de seguridad en el estado de Colima, con impulso al programa Jóvenes Construyendo el Futuro”.

La funcionaria federal confirmó además la inversión de 200 millones de pesos para mejorar las condiciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de la capital del estado, donde el pasado 25 de enero hubo una masacre de nueve presos que gestó un enfrentamiento de cárteles en las calles de la zona conurbada que hasta la fecha no se ha detenido y que ya cobró la vida de más de 300 personas en lo que va de este año.

Rodríguez Velázquez recordó que durante el 2021 el Gobierno de México invirtió en esta entidad 2 mil 018 millones de pesos en programas de bienestar, que beneficiaron directamente a 121 mil 876 colimenses.

Expuso que la estrategia de Constructores de Paz, pensada en conjunto por las secretarías del Trabajo y de Bienestar, la Coordinación de Programas y las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, coloca en el centro a las juventudes que viven en las colonias con alto índice de violencia y no han tenido la oportunidad de estudiar o trabajar, para eso se recorren 50 municipios prioritarios en el país, tocando todas las puertas de las casas en las colonias que así indiquen las estadísticas e invitar a las y los jóvenes de 18 a 29 años a acudir a las oficinas móviles del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para ayudarles a encontrar una oportunidad de capacitación para el empleo cerca de donde viven.

“Ahora venimos a decirle a la gobernadora y a la presidenta municipal que no están solas, están acompañadas, así como miles y miles de ciudadanas y ciudadanos de Colima, que están atendiendo y ayudando a bajar los índices de inseguridad en el estado y que cuenta siempre con el Gabinete de Seguridad, donde está la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, todos dispuestos a apoyar, igual que el Gabinete de Seguridad Estatal, trabajando en todos los lugares”, expresó la titular de la SSPC.

En su intervención, la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, subrayó que las brigadas de Constructores de Paz no sólo van a las zonas más marginadas a tratar de que más jóvenes obtengan una oportunidad de preparación profesional, también detectan focos de violencia, personas o familias en situación de riesgo, y esto permite que distintas dependencias puedan atenderlas.

Agregó que están convencidas que las dificultades u origen económico de una niña, niño o joven no debe determinar hasta dónde podrá llegar ni qué puertas se le pueden abrir, “por eso debemos seguir trabajando para quitar obstáculos a las juventudes y puedan construir el futuro que anhelan; hasta que la dignidad se haga costumbre para las y los jóvenes, no vamos a descansar”.

La titular del Ejecutivo reconoció que el Gobierno de México, a través de la activación de oficinas móviles del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ha buscado acercarse a las y los jóvenes de entidades, municipios, colonias y manzanas, para disminuir la marginación y criminalidad. 

“Me da mucha alegría que en Colima, y de manera específica en Manzanillo, tengamos la oportunidad de ser contemplados como parte de esta estrategia Constructores de Paz, que es un trabajo en conjunto de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad de todo el país, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues esta estrategia de reciente creación, busca prevenir la violencia de manera integral, atendiendo sus causas”, expresó.

 

 

 

Congreso de Colima aprueba que munícipes con tres inasistencias consecutivas injustificadas puedan ser suspendidos

 

Las y los diputados de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado aprobaron por unanimidad el dictamen de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en el que se plantea la modificación del artículo 90, fracción I, párrafo décimo primero, inciso b), con el fin de establecer que las y los munícipes puedan ser suspendidos de su encargo si hay “inasistencia consecutiva a tres sesiones de Cabildo sin causa justificada”.

En tribuna, el diputado Julio César Cano Farías presentó el dictamen, turnado a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por la diputada Sandra Patricia Ceballos Polanco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el que se plantea que las faltas reiteradas de un servidor público denotan su nulo interés por servir a la ciudadanía, lesionando sus derechos humanos y traicionando la confianza que brindaron: “tenemos la obligación inexorable de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como cumplir cabalmente con las obligaciones que, por la naturaleza de nuestro encargo, debemos realizar. En este contexto, el incumplimiento reiterado a efectuar nuestro mandato es una flagrante lesión a los derechos fundamentales de la ciudadanía y sobre todo un abuso a la confianza que esta depositó en las personas que eligieron como sus gobernantes”.

Este documento indica que “la calidad de la función pública del munícipe, en primera instancia, se refleja en la asistencia a la oficina municipal, después, en el trabajo que desarrolle al interior de la dependencia, sin dejar de lado, el trabajo que pueda realizar en las calles de su municipio en plena cercanía a sus representados”.

Además de que “la asistencia a las sesiones de Cabildo, es la principal responsabilidad de un integrante del ayuntamiento, pues es en ese órgano colegiado constituido y reunido en sesión, en el que se toman las principales decisiones para los habitantes de un municipio, aquellas que tienen un impacto mayor y en las cuales se decide el uso de los recursos públicos”.