
Por Óscar González Garí, Presidente de la RJDH, A.C.
En la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Organismo No Gubernamental en Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Costa Sur del Estado de Jalisco, tenemos la tristeza de informar a la opinión pública del estado, que la violencia generada por la minería de tajo, los restos del cacicazgo del general Marcelino García Barragán y la delincuencia organizada en el ejido cenecista de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, no cesan sino que se han venido recrudeciendo en lo que va del año 2021.
Los números son elocuentes:
1). El 26 de octubre de 2020, fue arteramente asesinado en las inmediaciones de Telcruz, el joven de 17 años Rogelio Rosales Ramos, hijo del Maestro Indígena y Defensor de Derechos Humanos de Telcruz: José Santos Rosales Contreras. La policía ministerial sólo detuvo a uno de los 4 asesinos involucrados: Jacinto Deniz Ramos. Debido a las amenazas contra su vida, la Red inscribió al maestro y asesor del Consejo de Mayores de Telcruz, en el Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de DH y Periodistas (a nivel nacional).
2). El viernes 2 de abril fue secuestrado uno de los candidatos inscritos a ocupar el cargo de Comisariado Ejidal de Ayotitlán, también de Telcruz: José Santos Isaac Chávez, con lo que el proceso de campañas para la designación del próximo comisariado 2021-2023, se interrumpió abruptamente. Luego, por si lo anterior no fuese suficiente, el domingo 4 de abril de 2021, fue localizado el cadáver del ejidatario nahua junto con su vehículo en el fondo de una barranca.
El pasado 10 de marzo de 2021, arrancó en las oficinas de la Delegación de la PROCURADURIA AGRARIA en El Grullo, una reunión convocada el 3 de marzo, para tratar lo relativo al fin de las funciones y la elección de los órganos de representación y vigilancia del mayor Ejido del Estado de Jalisco. Según los planes de la citada Procuraduría el proceso agrario culminaría el próximo 15 de abril.
A la reunión del día 10 de marzo asistieron en representación del Ejido el actual Comisariado J. Juan Aguilar Díaz, Juan Mancilla Roblada y Bicente de los Santos Larios, como presidente, secretario y tesorero del Comisariado; J. Félix de la Cruz Pulgarín en calidad de Secretario del Consejo de Vigilancia. Y para disponer a ser candidatos al cargo, estuvieron Gaudencio Mancilla Roblada, Robreto Cobián Gutiérrez, Vicente Hermenegildo, Cirilo Roblada Prudencio, J. Santos Isaac Chávez, Ernestino Ciprián Ocaranza (anterior comisariado), Daniel Elias de los Santos, J. Jesús Padilla Romero, Salomé Ramos Jacobo, Pedro Ciprián Michel, Ezequiel de los Santos, Arturo de los Santos Guzmán y Leonel José Corona Rosales, en su condición de ejidatarios independientes.
Ahí se programó que el día 30 de marzo de 2021 fuese la primera convocatoria a la Asamblea Ejidal, y que el 11 de abril de 2021 fuese la segunda convocatoria. Se contaría en ella con la supervisión de funcionarios de la Procuraduría Agraria y de observadores externos (CEDHJ). Debido al COVID-19 el delegado de la Procuraduría en el Estado, Lic. César Octavio Yáñez Centeno, obtuvo permiso de la secretaría de salud para celebrar una Asamblea de más de 300 asistentes.
El líder indígena Policarpio Ciprián Elías, no pudo asistir a la sesión debido a que enfermó de la próstata, declinando su candidatura a favor de Arturo de los Santos.
Con el crimen del candidato J. Santos Isaac Chávez, la situación se volvió inmanejable para la Procuraduría Agraria, por lo que se decidió suspender la Asamblea Ejidal para otra fecha.
En días pasados, el presidente de la RJDH hizo llegar al delegado de la Procuraduría Agraria en el Palacio Federal de GDL, un escrito manifestando los severos problemas que asechaban al proceso de designación en Ayotitlán, y la necesidad de ubicarse en su territorio en los días de la semana previa a la Asamblea, lapso en que el cacicazgo, la minería de tajo y la delincuencia organizada salen a brechas y caminos de Manantlán a comprar los votos de cada campesino ejidatario.
Al delegado federal le pareció que con la sola legalidad sería “suficiente” para obtener un resultado pacífico y positivo; a nosotros no. Y ahora que llegó la gota que derramó el vaso, no hayan cómo recomponer el proceso de elección.
De cualquier forma, nosotros creemos que la única solución de fondo que Ayotitlán tiene, es el retorno y la restauración de la Comunidad Indígena de Ayotitlán, que vino a extinguirse temporalmente por el Ejido cenecista que impuso García Barragán en el lustro 1963-68, para facilitarles el saqueo de los vastos recursos naturales a los aserraderos de Bruce Hoover, Antonio Correa, Rodolfo Longinos Vázquez de Niz y Jesús Michel Vitoria alias “El Cazango”; y a partir de 1967 a la Minera del Norte, S.A. (Minosa) y al Consorcio Minero “Peña Colorada”.
Para mantener a la comunidad ejidal dividida, cada año el Consorcio Minero “Peña Colorada”, reparte aportaciones al ejido, siendo el eje del trámite en el ejido Gaudencio Mancilla Roblada, hijo predilecto de la UdeG y de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (UACI). El reparto de dinero fresco ha causado tremendo daño al campesinado, que se ha olvidado de sus deberes para con la tierra, el agua abundante y los ecosistemas, para consagrarse únicamente al ocio y a la competencia por la mayor tajada.
En esta coyuntura, nosotros tenemos nuestra confianza en el proceso que ha tomado a partir del 2016, el llamado: Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” de la Comunidad Indígena de Ayotitlán (CAANTA), que busca restaurar el viejo régimen de usos y costumbres, con la recuperación del vasto territorio ancestral de 446,742 hectáreas con acceso a las playas del mar océano. Lo demás son migajas...
El domingo 11 de abril será la elección arbitraria del próximo Comisariado Ejidal, pero debido al asesinato del candidato J. Santos Isaac Chávez, la Procuraduría Agraria en Jalisco no estará presente. Por ende, será por las pistolas de unos cuantos caciques de la CNC, y no por la legislación agraria, que se dará el proceso de designación. Hay tanto miedo en la gente de Ayotitlán, que será muy poca la gente que asistirá...
Lo que más nos asombra es que estando la situación tan delicada, los de la Procuraduría Agraria decidan ausentarse y dejar al libre juego de la minería, el Ayuntamiento contaminado, la delincuencia organizada y los restos del cacicazgo del Gral. Marcelino García Barragán, la realización de la próxima Asamblea Ejidal. Se supo que el Consorcio Minero "Peña Colorada" desembolsó 60 millones de pesos, para que los grupos ejidales alineados a sus intereses no se dejen arrebatar el cargo.