Ante la emboscada que sufrió la policía comunitaria de Rincón de Chautla el domingo 7 de marzo, donde murió el comandante Jordán Luna y resultaron heridos 3 policías, las comunidades nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera, adscritas a esta casa de Justicia, decidieron en asamblea, cambiar la sede a Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera,  y al mismo tiempo, nombraron de manera interina, a dos nuevos coordinadores. El sábado 27 de marzo, en una reunión de 5 horas, analizaron la situación interna que enfrentan con los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ). El tema recurrente y de primer orden es la amenaza constante que tienen por parte del grupo delincuencial “los ardillos”, que se han establecido en el crucero del Jaguey y el crucero de Colotepec, a pesar de la presencia de la guardia nacional, que mantiene una presencia pasiva, para medio contener las acciones violentas que se han dado en la región. Ante la inacción de las autoridades federales y estatales, de no investigar a los responsables de los homicidios que se han consumado, como el caso de los músicos de Alcozacán y de no proceder al desarme y desmantelamiento del grupo de los “ardillos, los habitantes consideraron que el 10 de abril era una fecha muy oportuna para recordarle al gobierno sus compromisos incumplidos.

Las 14 comunidades que participan con esta casa de justicia se sienten asediadas e imposibilitadas de salir de su territorio para abastecerse de víveres en las cabeceras municipales de José Joaquín de Herrera y Chilapa. Los niños y algunas niñas de 13 y 14 años han dejado de estudiar la secundaria ante el riesgo inminente de sufrir una agresión en su traslado a la escuela. Los mismos niños que se dedican al pastoreo de cabras han sido balaceados. El último caso sucedió en agosto pasado, cuando un niño fue herido de bala en su pierna derecha. Su compañero que llevaba una escopeta, respondió a la agresión para ponerse a salvo. Las experiencias dolorosas de varias familias que han perdido a sus padres o hermanos en ataques armados, los ha obligado a desplazarse o armarse. En esa reunión los padres de familia acordaron realizar un desfile el 10 de abril para conmemorar el asesinato de Zapata. Un desfile de protesta, para hacer visible su coraje y su rabia ante tanta condescendencia de los gobiernos con los grupos delincuenciales que se han propuesto tomar el control territorial de sus tierras comunales.

Foto: Sergio Rafael Ocampo/ desinformemonos.org

No solo tienen que lidiar con las autoridades municipales que mantienen en el abandono a las comunidades indígenas, sino que enfrentar con las armas al crimen organizado que ha sometido a comunidades vecinas suplantando a las autoridades locales. El gobierno del estado solo acude cuando hay conflictos de alta intensidad. Su presencia es para sobrellevar el conflicto, apaciguar los ánimos con la entrega de despensas y la realización de alguna obra de poca relevancia. Las autoridades federales solo llegaron después de la aparición de los 19 niños uniformados y armados como policías comunitarios en Alcozacan, el 23 de enero de 2020. Todo quedó en compromisos vacuos, en promesas incumplidas, y lo más grave de no contener la espiral de la violencia y no atender la demanda central, del cerco delincuencial que ha costado vidas humanas y una violación sistemática a sus derechos humanos.

Este 10 de abril de nueva cuenta salieron los niños indígenas de la Montaña baja. Los niños que no están en posibilidades de estudiar la secundaria, porque el gobierno no envió los tres maestros o maestras que le solicitaron en enero del 2020,  y mucho menos tuvo dinero ni voluntad para  construir tres aulas, Tampoco atendieron la solicitud de construir 9 viviendas para las viudas de Ayahualtempa. Las 34 familias desplazadas siguen padeciendo los estragos de la violencia y de no tener un lugar seguro para sobrevivir. Continúan deambulando con sus hijos e hijas en las comunidades vecinas, porque no hay una institución dispuesta a proteger a las madres e hijos. La ausencia de proyectos de desarrollo comunitario para reactivar sus actividades productivas y artesanales han asfixiado económicamente a las familias, que sobreviven del maíz de temporal y de la venta de aves de traspatio.

Fueron 40 niños indígenas que la nación ni el estado los ve, mucho menos los atiende. Los niños y niñas desnutridos que viven en casas de adobe y de carrizo, Con pisos de tierra y con el fogón a ras del suelo. Los niños y niñas nahuas que tienen que cortar leña y acarrearla sobre sus hombros. Los que tienen que ir con sus cántaros para acarrear agua de los pozos. Los que acompañan a sus papás y mamás a la parcela para preparar el tlacolol y sembrar el maíz. Son los que desde pequeños elaboran su horqueta para armar su resortera y cazar animales en el campo. Los que son diestros para tronar el chirrión y pastorear las cabras. Niños y niñas que sin estudiar ciencias naturales conocen la flora y la fauna de su territorio y aprenden a sumar y restar ejercitándose todo el tiempo con el trabajo en el campo. Niños y niñas que no saben del día de reyes, ni que los primeros años de su vida tienen el derecho a vivir dignamente y a tener un desarrollo óptimo.

Este 10 de abril volteamos a ver a 40 niños, no porque juegan como los demás niños y porque desfilan como en la escuela, sino porque aparecen como policías comunitarios, marchando con sus armas, recibiendo órdenes de sus coordinadores, de presentar sus armas de fuego, denunciado las tropelías del gobierno y disparando contra quienes han causado la muerte de sus padres y que son la principal amenaza para el futuro de la comunidad. Niños que han declarado que ante la falta de protección de los gobiernos a los niños y niñas indígenas, se van a defender y a responder con fuego.

Foto: Sergio Rafael Ocampo/ desinformemonos.org

A 102 años del asesinato de Emiliano Zapata, la situación de las comunidades indígenas y campesinas de Guerrero, enfrentan no solo el olvido y el aislamiento, sino los estragos de políticas depredadoras, que se han aplicado de manera unilateral por parte de los gobiernos centrales, sin revertir el rezago ancestral ni remediar sus males añejos. El campo sigue siendo un territorio en disputa, entre las empresas extractivistas que son apoyadas por el gobierno federal, al anunciar que respetará las concesiones que les fueron autorizadas en otras administraciones; con el saqueo de los bienes naturales por parte de empresarios que cuentan con el apoyo de funcionarios federales encargados de proteger el medio ambiente y de autoridades estatales y municipales que se asocian para realizar negocios al amparo del poder. Lo más cruento es la expansión de las organizaciones criminales que tienen presencia en las siete regiones del estado y que se han infiltrado en los gobiernos municipales. Su presencia data de muchas décadas, cuando se establecieron pactos entre grupos caciquiles con jerarcas militares, que con el pretexto de combatir a la guerrilla, permitieron la creación de guardias blancas que se encargaron de hacer el trabajo sucio junto con las corporaciones policiales que fueron formadas en tiempos de la guerra sucia para asesinar a líderes sociales, magisteriales y estudiantiles y reprimir el movimiento social. Este espectro conformado por los aparatos represivos de seguridad se transformó en la peor amenaza para el pueblo de Guerrero, que en diferentes momentos históricos ha luchado contra los grupos caciquiles y contra gobernantes corruptos. Esta violencia institucionalizada fue la que engendró la violencia delincuencial que se fue fortaleciendo con las complicidades que existen con los elementos del ejército de los mismos jefes policiales, que pactan para tener el control de las plazas y garantizar que los negocios de la economía criminal fluyan sin ningún obstáculo.

Foto: Sergio Rafael Ocampo/ desinformemonos.org

Las autoridades han dejado en los grupos de la delincuencia la tarea de controlar a la población, de aplicar la ley del Talión y de someter a las organizaciones que increpan al poder. Las organizaciones delincuenciales en lugar de que su fuerza sea diezmada, se ha incrementado su poder de fuego. A pesar de que el ejército, la marina y la guardia nacional saben cómo funcionan y cómo está su estructura organizativa, han optado por mantenerse al margen de los conflictos dejando a la deriva a las comunidades que ancestralmente han ocupado estos territorios. Los crímenes que cometen forman parte de la memoria de las atrocidades, pero no son materia de investigación. El negocio de las armas, que pasa necesariamente por el filtro del ejército es un negocio próspero en regiones sumamente pobre y convulsas. No hay acciones contundentes que pongan un dique a los giros más prósperos de la economía criminal que se gestan en las regiones más pobres del estado y donde esta la riqueza natural que han sabido preservar las comunidades rurales de Guerrero. Hoy que el campo está minado por el narco, el escándalo del gobierno no son por las atrocidades que cometen, sino por los niños indígenas que ante el cerco delincuencial han lanzado su grito de desesperación: ¡Zapata Vive!

*Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Jesús Cortés Cuevas, Josué De la Vega M

Miembros del Bloque Popular

El neoliberalismo representa la práctica de ideas económicas desregulatorias y de violencia politica, vio la luz en 1973 con el golpe de Estado en Chile al gobierno socialista de Salvador Allende, elegido popular y democráticamente en 1971, al poco tiempo muchos de los paises asentados en el cono sur vieron con miedo la llegada de las dictaduras militares. La periodista Naomi Klein señala en La Doctrina del Shock que, las políticas económicas neoliberales han sido impuestas en países de libre mercado con el uso de técnicas de la psicología social, ya sea que echan mano de catástrofes naturales o implantando el terror con golpes de estado.

El neoliberalismo siendo una fase del desarrollo capitalista organiza al todo social, entre sus principios basicos plantea cargar la balanza en el factor económico limitando al Estado a una posición de observador que lleva a la desregulación económica, que se manifiesta en la flexibilización de las relaciones laborales, que favorece los despidos, la pauperización y precarización de las condiciones de trabajo. Políticamente, tiene una actitud conservadora que limita la capacidad del ciudadano a participar en los procesos que involucran a la polis, es decir, a la actividad fundamental de los “ciudadanos libres”: los procesos electorales, sin que obstaculicen la marcha del comercio y de la industria.

Como fase, universaliza los valores económicos de igualdad y libertad que son impuestos desde la alta esfera política y descienda al estrato social más bajo. El neoliberalismo reorganiza a la sociedad y en ese contexto, la autoridad política asume el papel que le corresponde en la mecánica económica para favorecer el desarrollo capitalista. Una de las consecuencia de un Estado debilitado se manifiesta en la nula figura del municipio; en su papel gerencial, asume el rol de gestor de los intereses del capital otorgando protección a la inversión privada, que justifica con el discurso de la generación de empleos, mientras la rentabilidad privada es explicada como resultado de una compensación a quien arriesga su dinero. En los conflicto entre el capital y los intereses publicos, toma posición del lado del inversionista; no tiene problema en privatizar los activos públicos para favorecer a aquel.

Desde la década de los 60s, Colima se ha caracterizado por tener un impulso económico mayormente agrícola con una baja actividad industrial, esta dinámica se mantuvo entrados los años 90s, lo que le hizo ganar el apodo al municipio de Tecomán de la chequera verde del Estado de Colima. El desarrollo agricola permitió que la burguesía agrícola fuera en la formación social regional la clase hegemònica que impulsó un desarrollo más o menos sostenido, hasta que fue afectada por el neoliberalismo, de manera que dejó de ser entonces la chequera verde para convertirse en una escena de algún western: la precarización, el desempleo y los bajos salarios, fenómenos que dieron paso a los problemas que hoy la afectan gravemente, que se combinan con problemas que viven la mayoría de los municipios del país: inseguridad, alto índice de consumo de drogas y la violencia que ello acarrea.

No podemos omitir la violencia institucional durante el gobierno de Felipe Calderon que inició una lucha contra los cárteles del narcotráfico como un medio de búsqueda de legitimación del fraude electoral del 2006, pero terminó haciéndose extensiva al conjunto de los sectores movilizados, el ejemplo más representativo fue el cierre de la la Compaía de Luz y fuerza del Centro con el consecuente despido de 40 mil trabajadores al margen de la ley laboral, por ser en ese entonces el polo articulador de la disidencia popular contra reformas impulsadas por dicho gobierno. En el campo energético, impulsó la construcción de gasificadoras y construcción de lineas de abastecimiento para surtir al sur de los Estados Unidos, entre esas está la que fue instalada en Manzanillo.

A mediados de 2008 fue anunciada la construcción de la Planta Regasificadora en Manzanillo con la inversión de 700 millones de dólares por parte de un consorcio transnacional (Terminal KMS de GNL), como parte de un proyecto más complejo, que abastecería de gas al sur de los Estados Unidosa y a distintas centrales eléctricas de la CFE, entre ellas a la Central Termoelectrica de Manzanillo ubicada en el ejido de campos, y según la versión oficial, para reducir las emanación de contaminantes, lo cual, hasta el momento, sigue emitiendo una enorme cantidad de bióxido de carbono, afectando así la salud de los habitantes cercanos.

Posterior a la inauguración, se iniciaron las obras de la red de gasoductos operada por la transnacional Trans-Canada, por lo que fueron colocadas, a lo largo de Colima, tuberías cercanas a núcleos urbanos; en el caso de Tecomán, cruza las localidades de Santa Rosa, Colonia Bayardo, San Martín y La Estación. Ante la preocupación de la seguridad de los vecinos, las acciones de resistencia contra el proyecto fueron encabezadas por el párroco Jaime Palomera, sin que haya surtido efecto la protesta.

El pasado 18 de febrero del presente, se anuncia el inicio de obras de la línea de distribución de gas natural en la ciudad de Tecomán, el ayuntamiento asume su rol de gestor de la inversión privada que lo lleva a que justifique el proyecto con el discurso de la generación de empleos. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes empresarios locales, quienes son los principales beneficiarios de la obra, poniendo sus intereses personales por encima de la seguridad de la población, entre ellos están los dueños de la empresa Citrojugo, quienes tiene un largo expediente de abuso laboral y daño ambiental por el uso de una vialidad como tiradero de desechos.

La obra de la tubería para la trasnportación del gas se ha tendido sobre una banqueta que comúnmente los vecinos usan como vía recreativa, quienes han externado su inconformidad ante el titular de la administración municipal que pretende reelegirse, Elías Lozano (Morena) quien tuvo, en un momento, la intención de privatizar el agua. Su postura es a favor de los empresarios y la única manera de deterner este proyecto es con la toma de las calles. Para Bloque Popular es fundamental que la población organice asambleas periódicamente para conocer la situación y tomar posiciones al respecto. La asamblea es el inicio de su organización, pero ello no es suficiente para detener la obra, es necesario compartir su problemática con otros contingentes en lucha para constituir un frente en defensa de su seguridad y comunidad. Los habitantes de la localidad se pronuncian por: ¡No a la instalación a la linea de distribución de gas natural¡ ¡Por una asamblea de vecinos en defensa del derecho a la ciudad¡ y ¡A constituir un frente contra el neoliberalismo¡

Por Óscar González Garí, Presidente de la RJDH, A.C.

En la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Organismo No Gubernamental en Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Costa Sur del Estado de Jalisco, tenemos la tristeza de informar a la opinión pública del estado, que la violencia generada por la minería de tajo, los restos del cacicazgo del general Marcelino García Barragán y la delincuencia organizada en el ejido cenecista de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, no cesan sino que se han venido recrudeciendo en lo que va del año 2021.

Los números son elocuentes:

1). El 26 de octubre de 2020, fue arteramente asesinado en las inmediaciones de Telcruz, el joven de 17 años Rogelio Rosales Ramos, hijo del Maestro Indígena y Defensor de Derechos Humanos de Telcruz: José Santos Rosales Contreras. La policía ministerial sólo detuvo a uno de los 4 asesinos involucrados: Jacinto Deniz Ramos. Debido a las amenazas contra su vida, la Red inscribió al maestro y asesor del Consejo de Mayores de Telcruz, en el Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de DH y Periodistas (a nivel nacional).

2). El viernes 2 de abril fue secuestrado uno de los candidatos inscritos a ocupar el cargo de Comisariado Ejidal de Ayotitlán, también de Telcruz: José Santos Isaac Chávez, con lo que el proceso de campañas para la designación del próximo comisariado 2021-2023, se interrumpió abruptamente. Luego, por si lo anterior no fuese suficiente, el domingo 4 de abril de 2021, fue localizado el cadáver del ejidatario nahua junto con su vehículo en el fondo de una barranca.

El pasado 10 de marzo de 2021, arrancó en las oficinas de la Delegación de la PROCURADURIA AGRARIA en El Grullo, una reunión convocada el 3 de marzo, para tratar lo relativo al fin de las funciones y la elección de los órganos de representación y vigilancia del mayor Ejido del Estado de Jalisco. Según los planes de la citada Procuraduría el proceso agrario culminaría el próximo 15 de abril.

A la reunión del día 10 de marzo asistieron en representación del Ejido el actual Comisariado J. Juan Aguilar Díaz, Juan Mancilla Roblada y Bicente de los Santos Larios, como presidente, secretario y tesorero del Comisariado; J. Félix de la Cruz Pulgarín en calidad de Secretario del Consejo de Vigilancia. Y para disponer a ser candidatos al cargo, estuvieron Gaudencio Mancilla Roblada, Robreto Cobián Gutiérrez, Vicente Hermenegildo, Cirilo Roblada Prudencio, J. Santos Isaac Chávez, Ernestino Ciprián Ocaranza (anterior comisariado), Daniel Elias de los Santos, J. Jesús Padilla Romero, Salomé Ramos Jacobo, Pedro Ciprián Michel, Ezequiel de los Santos, Arturo de los Santos Guzmán y Leonel José Corona Rosales, en su condición de ejidatarios independientes.

Ahí se programó que el día 30 de marzo de 2021 fuese la primera convocatoria a la Asamblea Ejidal, y que el 11 de abril de 2021 fuese la segunda convocatoria. Se contaría en ella con la supervisión de funcionarios de la Procuraduría Agraria y de observadores externos (CEDHJ). Debido al COVID-19 el delegado de la Procuraduría en el Estado, Lic. César Octavio Yáñez Centeno, obtuvo permiso de la secretaría de salud para celebrar una Asamblea de  más de 300 asistentes.

El líder indígena Policarpio Ciprián Elías, no pudo asistir a la sesión debido a que enfermó de la próstata, declinando su candidatura a favor de Arturo de los Santos.

Con el crimen del candidato J. Santos Isaac Chávez, la situación se volvió inmanejable para la Procuraduría Agraria, por lo que se decidió suspender la Asamblea Ejidal para otra fecha.

En días pasados, el presidente de la RJDH hizo llegar al delegado de la Procuraduría Agraria en el Palacio Federal de GDL, un escrito manifestando los severos problemas que asechaban al proceso de designación en Ayotitlán, y la necesidad de ubicarse en su territorio en los días de la semana previa a la Asamblea, lapso en que el cacicazgo, la minería de tajo y la delincuencia organizada salen a brechas y caminos de Manantlán a comprar los votos de cada campesino ejidatario.

Al delegado federal le pareció que con la sola legalidad sería “suficiente” para obtener un resultado pacífico y positivo; a nosotros no. Y ahora que llegó la gota que derramó el vaso, no hayan cómo recomponer el proceso de elección.

De cualquier forma, nosotros creemos que la única solución de fondo que Ayotitlán tiene, es el retorno y la restauración de la Comunidad Indígena de Ayotitlán, que vino a extinguirse temporalmente por el Ejido cenecista que impuso García Barragán en el lustro 1963-68, para facilitarles el saqueo de los vastos recursos naturales a los aserraderos de Bruce Hoover, Antonio Correa, Rodolfo Longinos Vázquez de Niz y Jesús Michel Vitoria alias “El Cazango”; y a partir de 1967 a la Minera del Norte, S.A. (Minosa) y al Consorcio Minero “Peña Colorada”. 

Para mantener a la comunidad ejidal dividida, cada año el Consorcio Minero “Peña Colorada”, reparte aportaciones al ejido, siendo el eje del trámite en el ejido Gaudencio Mancilla Roblada, hijo predilecto de la UdeG y de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (UACI). El reparto de dinero fresco ha causado tremendo daño al campesinado, que se ha olvidado de sus deberes para con la tierra, el agua abundante y los ecosistemas, para consagrarse únicamente al ocio y a la competencia por la mayor tajada.

En esta coyuntura, nosotros tenemos nuestra confianza en el proceso que ha tomado a partir del 2016, el llamado: Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” de la Comunidad Indígena de Ayotitlán (CAANTA), que  busca restaurar el viejo régimen de usos y costumbres, con la recuperación del vasto territorio ancestral de 446,742 hectáreas con acceso a las playas del mar océano. Lo demás son migajas...

El domingo 11 de abril será la elección arbitraria del próximo Comisariado Ejidal, pero debido al asesinato del candidato J. Santos Isaac Chávez, la Procuraduría Agraria en Jalisco no estará presente. Por ende, será por las pistolas de unos cuantos caciques de la CNC, y no por la legislación agraria, que se dará el proceso de designación. Hay tanto miedo en la gente de Ayotitlán, que será muy poca la gente que asistirá...

Lo que más nos asombra es que estando la situación tan delicada, los de la Procuraduría Agraria decidan ausentarse y dejar al libre juego de la minería, el Ayuntamiento contaminado, la delincuencia organizada y los restos del cacicazgo del Gral. Marcelino García Barragán, la realización de la próxima Asamblea Ejidal. Se supo que el Consorcio Minero "Peña Colorada" desembolsó 60 millones de pesos, para que los grupos ejidales alineados a sus intereses no se dejen arrebatar el cargo.

El movimiento feminista

 no pretende cambiar a las mujeres, 

sino cambiar al  mundo.

Argos Panoptes, en la mitología griega era un gigante con cien ojos. Los ojos dormían alternadamente, por lo que, al tener siempre ojos abiertos, se le consideraba un guardián perfecto. Hesíodo lo considera monstruo en la Teogonía.

De la misma manera podemos considerar a los partidos políticos respecto de las mujeres: cuando se logran avances para la libertad e igualdad de las mujeres, ahí están los partidos políticos con sus múltiples prácticas para buscar la forma de hacer retroceder esos avances. Los partidos políticos fueron clasificados como de derecha e izquierda respecto al mantenimiento del status quo. En cuanto más se alejaran del centro para hacer una revolución, se consideraban de izquierda; en tanto que su alejamiento del centro para ahondar en el conservadurismo, hizo que se les considerara de derecha.

Para los partidos políticos del Estado moderno, la contradicción principal era la referida al capital-trabajo. De ahí que el sujeto de las transformaciones hayan sido los trabajadores. Esa visión obnubiló otro tipo de tensiones y conflictos en las sociedades latinoamericanas: las de los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, las juveniles y desde luego, las correspondientes a las mujeres y sus derechos.

Recuerdo las discusiones en la década de los ochenta, cuando se dio la conformación de la izquierda mexicana en el PSUM (Partido Socialista Unificado de México), donde las demandas de las mujeres eran consideradas como “demandas burguesas”, “contradicciones secundarias” o “traición ideológica”. En ese análisis, lo principal era luchar por el triunfo de los trabajadores, lo que traería aparejada la solución de otros conflictos. Por cierto, en esa época se nos decía que las demandas feministas correspondían a los países desarrollados, pero “mira, compañera, nuestra realidad es otra; aquí tenemos necesidades básicas. No somos Inglaterra ni Alemania”. Las demandas de las mujeres, sistemáticamente, fueron arrojadas al basurero, en los partidos políticos. 

Tuvo que consolidarse un movimiento feminista fuerte tanto en la academia como en la acción, para permear la democracia y el sentido común. Los avances desde el ámbito internacional, a partir de los Convenios y Tratados firmados por México han sido clave para hacer avanzar la normatividad de igualdad de representación de las mujeres. El movimiento feminista se piensa como un movimiento de izquierda, no porque pertenezca a un partido político de tal tendencia, sino porque sus postulados tienden a conformar otro orden social a partir de relaciones igualitarias del colectivo mujeres respecto del colectivo hombres. Relaciones igualitarias tanto en el imaginario colectivo, en el ámbito del conocimiento, en la economía, en el simbolismo, en la política, en la práctica; en todo.

Actualmente, el feminismo protagonizado por las juventudes articuladas alrededor del ocho de marzo, se articula sin partido. Los partidos políticos no saben qué hacer con ello, como tampoco lo sabe el gobierno. Aunque los Estatutos de los partidos hablan de igualdad entre mujeres y hombres, en la práctica, se muestran ciegos y sordos ante un nuevo actor social y político que desborda las definiciones de la igualdad domada que quieren ejercer los gerentes de los partidos políticos. El feminismo contemporáneo está dispuesto a romper todas las ventanas, a tirar todas las estatuas para lograr un cambio. 

Quizá los hombres de los partidos políticos ya no tengan conciencia de clase, pero sí tienen consciencia como colectivo de hombres.

Por eso, los partidos políticos no pueden ser feministas. Ni los de izquierda ni los de derecha; ni los de arriba o los de abajo: son complicidades entre hombres para pasarse, entre ellos, el poder, dejando intactas las relaciones asimétricas de género. En eso, están de acuerdo. Los partidos políticos están ahí, como Argos Panopte, con sus cien ojos viendo por dónde avanzan las mujeres para encontrar vías de obstaculización. Si logran cuotas electorales, consiguen candados para impedirlas; si conseguimos la paridad, buscan artimañas para retrasarla; si obtuvimos normatividad contra la violencia política, ensalzan a candidatos misóginos. 

Los partidos políticos son el monstruo de los cien ojos, cien brazos, cien artimañas para retrasar el avance político de las mujeres y no, no pueden ser feministas.

*Publicado en Nayarit Opina, Tepic, Nayarit, 7 de abril de 2021.

Socióloga, Universidad Autónoma de Nayarit, correo: