Fotografía: Jorge Ruiz/ Facebook Universidad de Colima Oficial
Por Jesús Cuevas y Josué De la Vega*
Después de escuchar la entrevista que hiciera Julio Astillero en el programa a su cargo al periodista y profesor del ITESO, Pedro Mellado, acerca del control caciquil que reina en varias universidades del país como la Universidad de Colima, la Universidad de Nayarit entre muchas otras, el invitado centró su comentario en la Universidad de Guadalajara y en el control que ejerce Raúl Padilla, a quien calificó de cacique, ex-dirigente de la otrora temible Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), ex -rector de esa casa de estudios, actual presidente de la Feria Internacional del Libro que organiza esa universidad desde hace ya varios años y también, Presidente del Patronato; surge entonces la pregunta, ¿qué es un cacique? Hay que definir cacique no como adjetivo que denosta, sino como categoría de análisis en tanto se compone de diferentes dimensiones que permiten entenderlo. Es producto político, económico e ideológico-cultural que hay que situarlo en lo espacial y temporal. A nivel espacial, el caciquismo del que hablamos es urbano y nacional situado, en este caso, en la institución universitaria; a nivel temporal, para nuestro comentario, va de 1997 a la fecha.
Como categoría histórica, el caciquismo, en los sustancial, mantiene una forma de control social diferente a su origen al modificarse cuando el Estado se constituye en entidad nacional. En el México del siglo XIX, por su estructura dependiente, las clases sociales son débiles al igual que las instituciones a las que le da vida, de manera que, para asentarse el tipo de dominación del capital, la burguesía se ve obligada, previo una lucha encarnada, a aliarse en aquellas regiones donde la clase terratenientes es hegemónica en el bloque dominante respaldados por los caciques de la región, lo que explica la inestabilidad de años en el país.
Previo al nacimiento del Estado-nación, en México la forma de dominación que mantenía de alguna manera anclado el territorio es el caciquismo que hace la función en un Estado pre-moderno de encargado del control político de la comunidad rural que, en esos tiempos, es el grueso de la población. Los terratenientes, por su poder económico, cooptan en sus redes de corrupción a representantes locales llamados caciques que previamente sustentan su legitimidad en la gestoría y regulación de conflictos sociales y hasta personal; la figura de cacique tiene el más alto nivel de decisión en una comunidad. Al constituirse el Estado nacional lo integra en su seno como institución informal, de manera que la fuerza política de antaño regulada por el padrón cultural propia del lugar, es desnaturalizada para apropiarse el Estado en su fuerza y convertirla en régimen informal autoritario sub-nacional cuyas características de poder son el personalismo, patrimonialismo, las canonjías y el autoritarismo. De manera que, bajo el disfraz de un dominio legal racional está la forma “tradicional” de dominación, por eso decimos que la figura caciquil es hibrida en tanto articula lo legal-racional con lo tradicional y lo nacional con lo local; tiene fuerza política reconocida por el Estado nacional amalgamada con su fuerza local. Mientras, la cultura política autoritaria nacional se produce y reproduce en la misma localidad con características propias de ésta, en el cara a cara entre los habitantes y el señor cacique.
Estos híbridos también se dan en las dimensiones político y económica, debido a la inexistencia de una determinante continua porque no hay una misma temporalidad entre ambas, es decir, lo económico llega a tener tiempos diferentes a lo político, en momentos, alguna de ellas es la principal; de no aceptar esta totalidad compleja y articulada, caeríamos en una explicación mono causal, propia de la teoría del reflejo. Esa misma atemporalidad se da en las instituciones políticas y sociales; pueden existir instituciones políticas con un desarrollo más del tipo legal-racional y otras con un comportamiento tradicional. Para poner un ejemplo, la institución político electoral, a partir de 1997, transita de una fase de liberalización –tolerancia no garantizada legalmente- a una democrática (legal-racional) donde los derechos están garantizados por la ley, mientras el entramado de las instituciones, como la educativa, partidos políticos y organizaciones sindicales quedan empantanadas en la vieja forma autoritarias y clientelares, es decir, en la forma caciquil.
Nos centramos en la dimensión política (en particular en la lucha política de clases) y en lo político (en lo jurídico-político), y específicamente hablamos de la institución universitaria. A partir de 1997, la legitimidad del régimen político pasa de una legitimidad soportada, principalmente, en las prestaciones sociales y en un Estado-partido a una legitimidad “democrática limitada” a lo estrictamente electoral con un multipartidismo, que previamente atravesó un momento de liberalización. Las causas de ello son múltiples, una es por la crisis terminal del capitalismo de la posguerra y la transición a la fase del llamado neoliberalismo impulsada por la burguesía internacional que dio inicio en nuestro país en los ochenta y se desplegó con vigor en los noventa del siglo pasado, otra, la emergencia de luchas de resistencia contra las reformas neoliberales en el campo (Art. 27 constitucional) y las reformas educativas (UNAM y otras). El conflicto en Chiapas con la presencia del EZLN y la huelga de casi un año en la UNAM encabezada por el Consejo General de Huelga contra el Reglamento General de Pagos, los modelos y planes de estudio impulsadas por el rector Francisco Barnés de Castro. Son ejemplos simbólicos de la resistencia de las clases sociales dominadas a las reformas neoliberales. Ante ese ambiente, el Estado lanzó la propuesta de una reforma electoral radical al darle al Instituto Federal Electoral mayor autonomía, de manera que la regulación electoral, a partir de ese momento, 1997, estará a cargo de un consejo ciudadano sin presencia de autoridad gubernamental alguna, es entonces el fin del partido-Estado (PRI) y la apertura de la competencia partidista en una aparente igualdad de condiciones.
No obstante este avance, en las instituciones educativas se continuó, por parte del Estado, el apoyo al poder caciquil “duro” donde la conflictividad social fuera baja, mientras el poder caciquil “blando” apareció donde el Estado se vio obligado a aceptar espacios de autoorganización. En ambas situaciones, a partir de entonces, las acciones violentas que escenificaba el cacique para el control político, llegan a su término. El apoyo y su legitimidad radicaría, a partir de la entrada a la fase democrática “limitada”, en el apoyo institucional del Estado. En Colima, el andamio del gobierno federal fue diversos; hubo en ese entonces una cascada de recursos económicos y un fuerte respaldo político para catapultar al rector a la gubernatura, que se facilitó debido a la lucha intestina grupuscular que había en el PRI y a la falta de pericia del gobernador Carlos de la Madrid. Esta confluencia de factores propició la mutación del caciquismo y su encarnación en la persona de Fernando Moreno Peña, proceso que se coronó con la gubernatura. Su ascenso como máximo jerarca es al mismo tiempo la muerte del otrora Grupo Universidad que ejercía el cacicazgo de manera colectiva. Ha muerto el rey, viva el rey. Fernando Moreno se convierte así en el “padrecito de Colima”. Desde entonces es guía político de la vieja y nueva guardia, dirigente moral de la universidad y, al mismo tiempo, el gurú de Colima, consultado en todo y para todo por la burocracia política, estudiantes, prensa local y los gobernadores mismos; desde una opinión sobre el acontecer político local y nacional, como sobre conocimientos de la ciencia dura. Este entramado en la entidad ha contribuido a apresar a los potencialmente sujetos de las luchas sociales en Colima, al movimiento estudiantil.
A nivel nacional, la red caciquil-Estado hace uso de la cooptación y corrupción de líderes estudiantiles, y pone al alcance cargos públicos con altos salarios y prestaciones. Un ejemplo, es el triste caso de Rosario Robles que pasa de ser dirigente estudiantil del CCH Naucalpan, integrante de la izquierda radical (OIR-LM) en la Facultad de Economía de la UNAM a alta funcionaria gubernamental del PRI y asaltante de los pobres, como sucedió con el programa Cruzada Nacional Contra el Hambre y la llamada “Estafa Maestra”. Ejemplos de estos están llenos los partidos. Los estudiantes, por sus características, están menos propensos a ser controlados por las dadivas económicas por lo que tienen más libertad de expresión y mayor posibilidad de independencia del Estado, ante eso, el control cotidiano transita bajo formas abiertamente políticas –expulsiones por cualquier causa, reprobación de materias, amenazas, persecuciones, golpizas y hasta secuestros, estas dos últimas, en esta fase, son para casos límite-;donde hay caciquismo “blando”, la actividad estudiantil va flexibilizando la estructura universitaria, de manera que es aceptada cierta crítica y participación estudiantil; en lo cultural, continua el paternalismo, las prebendas y, el respeto a la autoridad que es pilar en el caciquismo “duro” se desvanece y da nacimiento al caciquismo “blando”, en lo ideológica, se fomenta la imagen de una universidad de alto ranquin mundial y como el medio de ascenso social por excelencia. En ambos casos, se promueve la despolitización, al cultivar en la mente del estudiante que las decisiones están en manos de los “cerebros”. Estos son los mecanismos informales y cotidianos de control estudiantil que contribuyen a legitimar al caciquismo. En tanto, el control formal está en las llamadas áreas de incertidumbre, como son el financiero, las corporaciones estudiantil y sindical, las becas a estudiantes, control de plazas (la contratación de personal), programa de estímulos al personal y la participación político-electoral de miembros de la cúspide universitaria, que están bajo control de la autoridad universitaria y de la autoridad federal en un pacto inconfesable. La mayor o menor aplicación de esas medidas es resultado directamente proporcional a la fuerza organizativa de estudiantes y trabajadores universitarios.
Cómo entonces acabar con el cacicazgo. La estrategia para ello varía dependiendo el contexto político y cultural de cada región. No obstante, en términos generales, es necesaria la organización democrática de estudiantes y trabajadores universitarios, de manera que permita la participación de sus integrantes en asambleas y el control de la dirigencia. La composición debe estar integrada bajo los principios plurinominales y de mayoría relativa para los diferentes cargos. Las elecciones deben ser directas, secretas y universales, en planilla. Proponer un programa de mejoramiento educativo y hacerlo del conocimiento de la comunidad. Claridad en el manejo de recursos y plena autonomía de la autoridad universitaria. Todas las negociaciones educativas y salariales deben ser discutidas y aprobadas en sus áreas respectivas. Impulsar una nueva Ley Orgánica en cuya discusión se vea involucrada toda la comunidad universitaria.
En el momento de ascenso al gobierno de la llamada 4T, muchos grupos locales de diferente signo saltaron para apropiarse –en un acto oportunista- de la iniciativa de una reforma de nueva Ley Orgánica que les diera acceso del control universitario, no para democratizarla. La necesidad de una nueva Ley Orgánica tiene fuerte legitimidad en la comunidad universitaria, no hay duda, su cambio debe venir –insistimos- desde abajo, de las asambleas de cada facultad y de sus representantes a la Asamblea General Constituyente de donde emerja la Nueva Ley Orgánica. Los integrantes a las Asambleas deben ser elegidos por voto directo, universal y secreto. Una Ley Orgánica para construir otro tipo de universidad debe ser conocida, discutida y aprobada por el conjunto de la comunidad universitaria. No como hicieron académicos aristocráticos en la Universidad de Colima, cuya propuesta de Ley llegó al Congreso del estado en la oscuridad. Misma actitud tuvieron al formar el llamado Sindicato Independiente de la Universidad de Colima; el estatuto sindical nunca fue conocido, distribuido y discutido en asamblea alguna. Ni siquiera hubo Congreso Constituyente. Todos los burócratas se comportan de la misma manera. Un caso actual más, la iniciativa de Ley General de Educación Superior, que impulsa la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Unión, que además de tener la característica del llamado sustitucionismo, reproduce las viejas actitudes; con la mayor discrecionalidad es llevada por las máximas autoridades de la SEP al Congreso de la Unión, sin una amplia difusión, sin discusión pública y el silencio cómplice de los diputados de Morena. La ley de Educación Superior propone una estructura jerárquica al viejo estilo corporativo, de manera que la comunidad universitaria es sustituida por la autoridad de esos centros, y éstas son sustituidas por las autoridades educativas locales –por el gobernador-, y por arriba de todas ellas está la autoridad educativa federal que coordina el llamado Sistema Nacional de Educación Superior, para finalmente terminar en la cúspide, en el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. Refrenda la Ley la adoración que toda burocracia tiene por el vértice y su desprecio a las masas. En pocas palabras, el antídoto democracia para desarticular y enterrar a la forma de control caciquil es desterrado. Los estudiantes y trabajadores son simples observadores.
Hay que romper con la cultura que endiosa a las alturas, al vértice del poder. Hay que construir democracia y fortalecerla. Es la gente sencilla la que debe decidir los nuevos rumbos de la Universidad, llámese de Colima, UNAM, UAM o UdeG, para ello hay que luchar, en principio, por la democratización del sindicato de trabajadores universitarios y la formación de una organización estudiantil democrática e independiente con contenido de clase. Hay que oponernos a la Ley General de Educación Superior y exigir la discusión de una nueva. Es el momento de acumular fuerzas a través de la acción. ¡Unidos y unidas, Venceremos ¡
* Miembros de la organización Bloque Popular