Foto: Universidad de Colima Oficial
Por: Jesús Cortés Cuevas y Josué N. de la Vega M*
El día 15 de enero fue el último informe del rector de la Universidad de Colima, Eduardo Hernández Nava que, como es conocido, lo presentó de manera virtual ante el Consejo Universitario, que aprobó por unanimidad. Sus miembros son escogidos, en los hechos, por el director de las respectivas Facultades, apoyándose en la Federación de Estudiantes Colimenses, lo que explica en gran medida que no haya ni análisis, y mucho menos, discusión; la aprobación siempre es por aclamación. Ni la molestia se toma el Secretario General de preguntar a los participantes quienes se abstienen o votan en contrario. Simplemente, el informe es un símbolo de poder de la autoridad universitaria donde muestra a la burocracia política local, el control que tiene la casta universitaria sobre comunidad universitaria.
Para que este informe no pasará desapercibido, un pequeño número de profesores universitarios, como el Dr. Leonardo Gutiérrez Chávez, Dr. Ricardo Navarro Polanco y el Dr. Salvador González Villa tuvieron la excelente idea de impulsar la organización de un “Contrainforme” publicado en la página de Facebook del diario Prensa Libre. Reconocemos que es un buen ejercicio, y lo más interesante, facilita la discusión. En ese sentido, como integrantes de Bloque Popular, lo aprovechamos y hacemos los siguientes comentarios a lo ahí expuesto.
1.- Es de todos conocido que en las universidades públicas la corrupción es fomentada y tolerada no sólo por las autoridades de esas instituciones sino también por la burocracia política, en particular por la Secretaría de Educación Pública y la SHCP; sea del signo que sea quien esté al frente del gobierno. En México, la corrupción es el cemento que articula los engranajes de la sociedad; como sabemos, la legitimidad se ha sustentado por años fuertemente en esa gangrena. El deseo de alcanzar un cargo público desvela a mucha gente no para brindar un servicio y sí, en cambio, para enriquecerse. Los ex-rectores, como en Colima, al término de su mandato, salen con grandes propiedades que no pueden justificar con el monto de su ingreso salarial. Para la sociedad, esa conducta es una afrenta ante la omisión de las autoridades federales y estatales de revisar las cuentas públicas y hacer las auditorías.
La tolerancia de esas instancias de gobierno para con los rectores es parte de un pacto que los integrantes del régimen político han establecido, en la que cada uno tiene su propio rol. La autoridad universitaria tiene la obligación de orientar su ejército civil de muchachos al apoyo institucional; el Estado les brinda los medios jurídicos y políticos. En caso de incumplimiento, no se le destituye por la vía de la ley orgánica, sino bajo algún conflicto inter burocrático y con apoyos de grupos estudiantiles y de porros. Un ejemplo, es la salida del Rector de la UNAM, Doctor Ignacio Chávez.
2.- Llama la atención que los expositores del informe tengan tanta confianza en el gobierno de AMLO sin sustentar ese ánimo, que los lleva a decir que la SEP está poniendo “orden” en las universidades sin reparar en la escasez de recursos financieros en los centros educativos superiores en que están, como resultado de la política de austeridad Republicana (típica política neoliberal) y no tanto resultado de la malversación de fondos. Para Bloque Popular, la SEP no está para poner “orden”, su función, formalmente, es normativa, pero desde el establecimiento del neoliberalismo y las reformas educativas a nivel superior, ha venido sustituyendo a la comunidad universitaria y es quien dicta los rubros en que debe aplicarse el presupuesto y el modelo educativo, como el modelo mexicano de educación que impulsa Esteban Moctezuma quien, además, promueve la Ley General de Educación Superior de claros tintes privatizadores de la educación. En ese sentido decimos: claro que pone “orden” ... pero de tipo vertical y empresarial.
En esa distribución de funciones, a quienes toca aplicar y defender, en el campus universitario, las políticas del Estado son a los rectores, quienes son parte de la policía política encargada del “orden”. Razón que explica que no haya casi auditorías aplicadas por la federación y de que ni un rector, en la historia de este país, pise la cárcel por malversación de fondos, a excepción del ex-rector de la Universidad de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, quien, por cierto, no se la ha dictado sentencia. La persecución que la SEP ha aplicado no es contra la corrupción, sino contra las autoridades universitarias que rechazan las políticas educativas oficiales y defienden la autonomía universitaria, ese fue el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero que para doblegarla le retuvieron el presupuesto federal durante casi un año en el que los trabajadores dejaron de recibir sus percepciones; fueron los tiempos en que la Secretario de Educación Pública estuvo a cargo de Jesús Reyes Heroles.
3.- La falta de transparencia de los dineros es, por tanto, parte de ese acuerdo entre burocracia política y autoridad universitaria, que podemos llamar pacto de la "estabilidad" universitaria. Si en algunos de los diferentes gobiernos, entre ellos el de AMLO, tuvieran la intención de acabar con la corrupción, la ley de transparencia ya hubiera sufrido las modificaciones necesarias para que se entreguen cuentas claras a la comunidad universitaria. Para ello, hay que desatar el nudo gordiano que da vida a la estabilidad perversa de corrupción y violencia que impide a trabajadores, académicos y estudiantes discutir libremente, en cada universidad, su respectiva ley orgánica. A nivel nacional, la actitud que tomó el grupo parlamentario de Morena fue del todo intolerante al exigir que la propuesta de Ley Orgánica fuera retirada por el diputado que hacía la propuesta. No permitió ni siquiera que llegara a comisiones. Misma actitud se dio en aquellos estados de la república donde era mayoría Morena. De haberla, no se promovió su discusión pública, como en Colima; actitud que replica la cultura autoritaria y vertical. La propuesta de Ley fue la elaboraron en los oscurito, y la presentaron a través de diputados de Morena. Desde su origen hasta en su contenido, era autoritaria. La comunidad universitaria en su gran mayoría la desconoció.
4.- En las respectivas argumentaciones del contrainforme hay contradicciones, por ejemplo, cuando, por una parte, afirman que con una nueva ley orgánica va haber una UdeC mejor y, por la otra, proyectan su confianza –la conductora, haciendo una síntesis de los participantes, habla del beneficio de la duda- en la persona que salió escogida –por dedazo- por la casta universitaria: Christian Torres Ortiz Zermeño. Como bien lo señala el teórico italiano, Norberto Bobbio, entre la institución y el individuo lo que hay que escoger en una sociedad que se quiere justa es la edificación de rectas instituciones, pues de fallar el individuo, aquellas pueden establecer correctivos. Ahora bien, quién les dice que por ser joven y con grado académico una persona deja de ser corrupto y autoritario. Hay que ubicar al individuo en su contexto, en este caso, donde fue prohijado el señor Torres Ortiz Zermeño, lo que permite pronosticar que no habrá cambios en la institución universitaria, a menos que el movimiento estudiantil en Colima levante cabeza. Creemos en la fuerza estudiantil para dar vida a una nueva universidad. Parecen olvidar que, como funcionario, en particular, siendo director de la FCPyS, Torres Ortiz reprimió a uno de los participantes del contrainforme al querer -por diferencias políticas- rescindirle su contrato laboral. Hoy sufren de amnesia. Mala señal.
5.- Para que la Universidad de Colima alcance, entonces, niveles académicos aceptables es necesario el cambio de normativa, dando prioridad a la del personal docente y administrativo y la edificación de instancias autónomas que evalúen y auditen a la autoridad. Las plazas dejadas por el personal jubilado no han sido cubiertas, es de desconocimiento general el destino de esas plazas. Las escuelas están desiertas de profesores-investigadores, se ha abandonado la política embrionaria que hace años inició la universidad y que dio la idea que era el banderazo de salida para alcanzar nuevas alturas.
Cuando las autoridades universitarias son presionadas por la federación para ocupar las plazas vacantes, que rara vez sucede, realizan simulaciones de convocatoria del personal académico, y en cuanto al personal administrativo, éstas se entregan a personas, sin concurso alguno, cuyos familiares han dado pruebas de sumisión ante la autoridad. El sindicato ni vela en el entierro tiene, como organización patronal que es. Lástima que se les olvidara a los participantes comentar al respecto. Reiteramos, es necesario impulsar una nueva Ley Orgánica al margen de los partidos políticos y discutida y aprobada por la comunidad universitaria, para acabar con estos y otros comportamientos. La propuesta la debe levantar el movimiento estudiantil y los trabajadores académicos, convocando a un Congreso Universitario.
Quien, principalmente, debe empujar combativamente estos cambios es el movimiento estudiantil democrático que tendrá que impulsar una organización estudiantil independiente de la autoridad. Una organización que se vincule con los intereses de los dominados y explotados, de manera que ponga a su servicio el conocimiento científico. El nombramiento de las autoridades universitarias debe ser por voto universal y secreto. Hay que rechazar la llamada Junta de Gobierno (Junta de notables) que proponen algunos universitarios como instancia que designaría al rector, propuesta que va en detrimento de los derechos de la comunidad universitaria. El nombramiento y la destitución de cualquier alto funcionario y las normas académicas tienen que ser conocidas, discutidas y aprobadas por el Consejo Universitario y los Consejos Técnicos de Facultad, cuyos miembros deben ser electos por voto directo y secreto en cada escuela. Así se rompería la estructura vertical y autoritaria imperante para hacer a la Universidad de Colima una casa del saber y de la crítica.
*Integrantes de Bloque Popular