Ellas tenían una vida con rostro y nombre

 

José Martínez Cruz

Ella se llamaba Flor Noemí y tenía un mundo por vivir. Fue uno de los primeros casos de feminicidio que documentamos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos para hacer la solicitud de Alerta de Violencia de Género. Han pasado los años y no hay justicia. Y el dolor de la ausencia permanece en sus familiares como una llaga abierta.
Cuando fue brutalmente asesinada doña Petra, la Fiscalía emitió un boletín ominoso señalando que era una secuestradora, revictimizandola ya que cuando fue detenida arbitrariamente fue objeto de toda clase de abusos policíacos para incriminarla falsamente. No aparece su nombre en la lista de feminicidios a pesar de que tenía varios de los supuestos establecidos en el Código Penal que tipifica el feminicidio.
Ella era una menor de edad cuando se la llevaron del centro de Cuernavaca y al día siguiente apareció su cuerpo destrozado a un lado de la autopista, a la altura de Coajomulco. Nunca se ha investigado quien la privó de la vida porque las cámaras de vigilancia no funcionan. Su nombre no está en la lista de feminicidios a pesar de que lo tiene la fiscalía especializada.
Ante la crisis en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, presentamos las principales conclusiones que hemos dado en informes anteriores, para poner el acento en las deficiencias estructurales, que ha permitido las omisiones, negligencias, complicidades en las investigaciones sobre los feminicidios que en su inmensa mayoría permanecen impunes.
Las víctimas y sus familiares que reclaman justicia son quienes deben estar en el centro de la atención pública.
Mientras exista el feminicidio impune, ninguna autoridad ni servidor público puede eximirse de cumplir y rendir cuentas públicas de su actuación institucional para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Para erradicar el femincidio se requiere de una política integral y una coordinación interinstitucional, de tal manera que no haya margen para simulaciones, omisiones o complicidades. Un solo caso de feminicidio debería ser absolutamente condenado por las autoridades y no utilizarlo por uno u otro funcionario o servidor público para causar más daño a las víctimas y sus familiares en primer lugar, afectando al conjunto de la sociedad que termina siendo afectada por lo que hacen o dejan de hacer las autoridades que abusan de su poder.
Con la revictimización de las mujeres víctimas de feminicidio y de sus familias por servidores públicos y funcionarios, se vuelve un acto de Violencia Institucional.
Hay que señalar que desde la solicitud de AVG en 2013, documentamos 530 casos de feminicidio ocurridos en Morelos del año 2000 al 2013. Una vez que se aprobó la AVG en agosto de 2015, se mandató a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos dar un informe sobre el estado que guardaban estos 530 feminicidios. Hasta la fecha no hemos recibido el informe correspondiente de todos éstos casos, pues únicamente reportó 271.
Y así como el caso de Ariadna Fernanda no fue considerado como feminicidio por la Fiscalía General del Estado y se negó que así fuera integrada la carpeta de investigación. Por lo que vemos que la Fiscalía no aplica el protocolo de investigación que establece que en principio toda muerte violenta de mujeres se tienen que investigar como Feminicidios.
Una grave omisión ha sido la inexistencia de la Unidad de Contexto para analizar la forma comisiva, el modo de operar de los feminicidas, la recurrencia de los hechos, los factores concomitantes y las causas similares que hacen posible que sigan ocurriendo los feminicidios, a pesar de que la Fiscalía informó que utilizó 5 millones para la creación de ésta unidad de contexto que no existe ni tiene personal adscrito.
Evitar los feminicidios con medidas de prevención y protección es posible si no se actúa con negligencia. Un dato a resaltar es que en lo referente a las Órdenes de Protección durante el año 2021, la Fiscalía reportó que emitió 4,826, mientras que la Comisión Estatal de Seguridad dio cumplimiento solamente a 2,202, en el mismo periodo señalado. Por lo que o bien existe una falta de comunicación con la Comisión Estatal de Seguridad o hay actos negligentes y omisos.
Ante la actuación negligente de la Fiscalía en la atención a la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Morelos, la CIDHM presentó una Queja ante el Órgano Interno de Control (20 octubre del 2020) y otra a la Visitaduría y Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Morelos para conocer los procesos de sanción que correspondan ante tal hecho. En fecha 19 de octubre del 2021, el titular del Órgano Interno de Control, Lic. Felipe Velarde Corrales, citó a la CIDHM para comparecer en sus oficinas, a fin de que se realizaran las manifestaciones pertinentes y se aportara los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos señalados. Sin embargo, y pese a que la CIDHM se presentó y aporto las pruebas necesarias, no se encontró ninguna irregularidad en el actuar de las autoridades señaladas.
Para la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, como organismo peticionario de la AVG, toda autoridad o servidor público, del nivel que sea, que no cumpla con sus funciones, incurra en omisiones, negligencia o complicidad, debe ser investigado y sancionado como lo establece la ley, poniendo por encima de privilegios de funcionarios a los derechos humanos de las personas que han sido victimadas como en éste caso, de feminicidio.
Porque no hay justicia ni verdad cuando se privilegia a quienes detentan diversos grados de poder y se deja de lado a las víctimas, cuando se deberían aplicar todas las medidas de atención, prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia feminicida, como lo establece la Alerta de Violencia de Género y lo reclama una sociedad que también mira el mundo con ojos de mujer.

 

 

Seguridad para Griselda

 

Jorge Vargas

Algunos grupos cercanos a la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, se han visto en la necesidad de solicitar firmas a los ciudadanos para que NO le sea retirada la seguridad personal con la que cuenta desde que sufriera un par de atentados contra su vida en esta misma ciudad.
Después del primer atentado, donde el vehículo en el que viajaba recibió 36 disparos y en donde logró salvar su vida prácticamente de milagro pues la camioneta no era blindada, se le ofreció seguridad sobre todo con elementos de La Marina. Incluso, después del segundo, fueron los mismos elementos de la Marina quienes reforzaron, con más elementos, el cerco de seguridad. Por eso es incomprensible que de la noche a la mañana, ese mismo organismo, declara que no le corresponde brindarle seguridad a la presidenta, cuando incluso llegó a tenerla viviendo un año, para mayor seguridad, en sus instalaciones. La presidenta necesita el cerco de seguridad. Los dos atentados sufridos, el último en junio del año pasado, prueba que la amenaza no ha disminuido, que no era pasajera, sino permanente. Y lo será mientras no se haga justicia ni se encarcele a los responsables de los atentados y al menos a algunos de los que ven el puerto como un botín personal, como una manera fácil de hacer negocios al margen de la ley o sin ninguna consideración ni respeto para los manzanillenses.
Quien quiera que esté promoviendo que le sea retirada la custodia, comete un terrible error. La seguridad de que dispone la presidenta, se le presta no sólo en su calidad de ciudadana, pues tendría derecho a ella en virtud de todas las amenazas y ataques que ha venido sufriendo, sino también debido a la importancia del cargo que desempeña. Manzanillo no es un municipio cualquiera, el ataque a alguno de sus dirigentes, no tiene la misma importancia ni trascendencia que el ataque a una persona cuya vida se limita a la vida privada. Existe en las mayorías de las legislaciones del mundo un delito tipificado como magnicidio, cuya penalidad es más fuerte. Los manzanillenses no podemos permitir que nuestra presidenta desempeñe su trabajo en perpetuo riesgo, eso no le conviene ni al municipio, ni al Estado, ni dada la importancia del puerto, al país. Las recientes visitas diplomáticas de Japón a nuestro puerto y el aumento en los últimos años del número de contenedores manejados, no deja ninguna duda de la importancia de nuestra ciudad. Dejar a la presidenta sin custodia, sería dejarla completamente a merced de las mafias de poder y delincuenciales que ya han intentado atacarla. Eso sería dejar al puerto y su desarrollo completamente a merced de esos grupos a quienes la gente, la ecología y el desarrollo ordenado, la calidad de vida de todos nosotros y la legalidad, les tienes sin cuidado.
De la seguridad de Griselda, también depende la de los manzanillenses. No en vano su trabajo ha contribuido al descenso de la violencia en más del 60% en comparación del resto del país, y no se diga de la capital del Estado, Colima, que ha sido catalogada como una de las más violentas del mundo.
Lo que nos jugamos los manzanillenses, los colimenses y los mexicanos no es poco. Por eso, debiéramos todos juntar firmas entre nuestros conocidos y pedir que no le sea retirada dicha seguridad. Y si SEMAR se niega a cumplir con su deber, debieran buscarse otras instancias. Acudir al mismo Presidente de la República si es preciso. Si existen periodistas y civiles que disfrutan de una custodia y protección especial con cargo al erario, no se comprende por qué no quiere garantizarse la seguridad de Griselda.
No permitamos que nuestras vidas, nuestra ciudad y nuestro puerto caiga en manos poco o para nada escrupulosas, ni que Manzanillo se sumerja también en la ola de ejecuciones que sufre el resto del Estado. Ojalá que todos los manzanillenses y el resto de la gente del Estado lo comprendamos. Tenemos que pelear por una verdadera continuidad en la transformación de este país. Entre los diferentes grupos que conforman Morena en nuestro Estado los hay que son más de lo mismo, pero también lo hay que contribuyen con su honestidad y trabajo a una verdadera transformación. Se ha avanzado mucho, por eso mismo no debemos permitir que Griselda Martínez caiga, ni le sea retirada la seguridad por razones más que oscuras y deplorables.
Ojalá que la presidenta se atreva a dar los nombres, si los sabe, de las personas que promueven semejante despropósito. Bastaría saber sus nombres para saber quiénes están a favor del país, y quienes, pensando sólo en sí mismos y en el dinero, están en contra de todos.

 

 

Los desatinos del poder y la necesidad de organización independiente

 

 José Martínez Cruz

La respuesta del gobierno de López Obrador al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha sido absurda y carente de sensibilidad ante las denuncias documentadas sobre el papel del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa: “El fondo de lo de Ayotzinapa es político-ideológico”, dice en un comunicado oficial el gobierno, descalificando al GIEI. Al mismo tiempo, Xóchitl Gálvez se reúne con madres buscadoras de desaparecidos, siendo que jamás en su papel de funcionaria de gobiernos panistas se ha interesado en el tema de las desapariciones. En tiempos rotos, crece la simulación y el engaño en las alturas del poder.
La recomendación del GIEI en el sentido de que todos los archivos del Ejército y la Marina se entreguen a la Comisión para el Acceso a la Verdad del Caso Ayotzinapa y a la Fiscalía especial, es debido a que éstas instituciones castrenses se han negado a entregarlos, aduciendo que no existen a pesar de las evidencias documentales presentadas. Como Jefe de las Fuerzas Armadas, López Obrador salió en su defensa, rompiendo el compromiso de terminar con la impunidad y sobre todo de esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos. Las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con su tristeza y dolor a cuestas durante ya casi 9 años, emplazaron al Presidente para que los reciba en audiencia y les dé una respuesta. La incertidumbre al respecto hace más doloroso el camino para lograr encontrar a los desaparecidos, sin embargo se mantiene la lucha por hacer realidad la consigna de que si vivos se los llevaron, vivos los queremos.
En éstos mismos días se llevó a cabo una visita en la conferencia mañanera de Estela de Carlotto, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, recibida por López Obrador, agradeciendo el apoyo de México a la lucha contra la represión de la dictadura en Argentina en los años 70s que costó más de 30 mil desapariciones, y apenas en esta semana se informó sobre la localización con vida del nieto 113, motivo de alegría para quienes han sido un ejemplo latinoamericano de lucha contra la desaparición forzada. Ante ello, las madres buscadoras en México emitieron un mensaje videograbado dirigido al presidente López Obrador solicitando que sean recibidas en audiencia, misma que hasta la fecha no se ha llevado a cabo. Recuerdo que una de las últimas cartas firmadas por doña Rosario Ibarra y las doñas del Comité Eureka igualmente solicitaban ser recibidas en audiencia presidencial para abordar las desapariciones ocurridas desde los años 70s y por ello, en el mensaje de agradecimiento por la entrega de la presea “Belisario Domínguez” del Senado de la República, doña Rosario le dice a López Obrador que le deposita esta medalla en sus manos hasta que les regrese con vida a sus hijos desaparecidos y se haga verdad y justicia.
La desaparición forzada en México es estructural y tiene una larga historia que va desde 1969 hasta la fecha, como lo documenta Roberto González Villarreal en su libro “La desaparición forzada en México. De la represión a la rentabilidad”, donde señala: “La primera onda de la desaparición forzada comienza en 1969 y termina en 1990; el ciclo ascendente va de 1971 a 1974 cuando alcanza el punto máximo, a partir de entonces empiezan a disminuir paulatinamente. En 1991 empieza otra onda, con un crecimiento sostenido, pero pausado, hasta 2005-2007, cuando se acelera. Entre 2010 y 2015 se da una suerte de meseta, con niveles muy altos de incidencia anual. De 2016 a 1019 comienza otra fase acelerada, hasta alcanzar el mayor monto anual de la historia…”. Hasta este 2023 van más de 111 mil personas desaparecidas.
En éstos años se ha pasado de una estrategia de guerra contrainsurgente contra guerrilleros, activistas sociales y adversarios del Estado, a una práctica que utilizan las agencias del Estado en complicidad con grupos criminales, donde uno de los actores fundamentales que permanecen a lo largo de la historia es precisamente el Ejército y sus cárceles clandestinas en campos militares como el Número Uno, Pie de la Cuesta, o las instalaciones de la 27 Zona Militar en Iguala, lugares donde fueron llevados los presos políticos del 68 o se tiene evidencia telefónica de que habrían sido llevados algunos de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.
“Los Padres y Madres de los normalistas desaparecidos decimos que de esta manera se confirma que a la fecha no hay esperanza para la justicia en México, pero que nadie dude ni un minuto que la alcanzaremos tarde que temprano. No la obtuvimos con el gobierno anterior, tampoco lo hemos hecho con el actual, pero lo lograremos. Las condiciones del caso deben ser impostergables, es obligación del Estado investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos y al día de hoy el informe nuevamente revela la negligencia del gobierno de la 4ta.
Exigimos respeto para nosotros, para nuestros hijos y para la sociedad en general. Por ello no dejaremos un solo día de levantar la voz para exigir verdad , justicia y la no repetición de los hechos ¡ Hasta lograrlo! ¡ Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
Por ello, no basta con que no regresen los que estuvieron y mostraron lo peor de las políticas autoritarias y represivas, sino acabar con herencias que se siguen aplicando por quienes llegaron al poder prometiendo cambios que no han cumplido. La lucha por construir una sociedad donde los derechos humanos sean para todas y todos es más urgente que nunca.

 

 

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos bajo ataque

 

La libertad de expresión es defender el derecho de quienes piensan diferente a ser escuchadas sin ser perseguidas o reprimidas por el Estado. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU establece claramente que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. En México el artículo 6 de la Constitución Federal a su vez señala que: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.”
Informar lo que ocurre en la realidad en México y en el mundo no debería significar poner en riesgo la vida, la libertad o la integridad física de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, cada vez existen mayores riesgos y peligros para quienes realizamos dicha labor. La voz de Samir Flores Soberanes que se escuchaba desde la radio comunitaria de Amiltzinko, fue acallada arteramente mediante su asesinato, hace ya 4 años. Es solo un ejemplo de lo que ocurre cuando no se atienden las causas estructurales que han elevado los índices de violencia e inseguridad en Morelos y a nivel nacional.
En el Informe “Defensoras somos todas 2”, elaborado en 2016 por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, se elaboró un protocolo de atención y protección en casos de violencia contra defensoras y periodistas, que posteriormente sirvió de fundamento para una iniciativa de ley en la entidad. Previamente, en 2012, se había aprobado la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, este fue el inicio de la implementación del Mecanismo Federal de Protección a cargo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) bajo el mando de la Unidad para los Derechos Humanos. Organizaciones de derechos Humanos a nivel nacional señalaron que en diez años de funcionamiento del Mecanismo hay mil 657 personas defensoras y periodistas incorporadas que tienen medidas de protección, de acuerdo con el informe emitido por la SEGOB, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración. Sin embargo, es importante señalar que estas medidas tienen una visión limitada, enmarcada en acciones de seguridad como botones de asistencia, medidas físicas: escoltas, reubicación temporal o vehículos blindados, pero no se atienden las causas estructurales y sistémicas que provocan las agresiones. Este modelo de protección gubernamental ha sido omiso en realizar el reconocimiento público de la labor de periodistas y las personas defensoras e integrar a los planes de protección medidas integrales que atiendan las necesidades psicosociales, jurídicas, políticas, con enfoque de género, interseccional, comunitario, e intercultural, debido a las diversas realidades y contextos. A diez años de esta implementación los ataques han acrecentado. Los datos que se aportan son muy graves: En el periodo 2018-2022 ocurrieron 63 asesinatos a periodistas y 107 asesinatos a personas defensoras, de acuerdo con cifras oficiales. Estos hechos muestran que aún estamos lejos de que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar y proteger el derecho a defender derechos humanos y a la libertad de expresión, así como la vida, seguridad e integridad de las personas. Es importante reorientar los esfuerzos gubernamentales para crear, adecuar o armonizar una política integral de prevención y protección a favor de las personas defensoras, que tenga como eje rector reconocernos como sujetos de derechos, no como objetos de protección; una política que incluya dentro de su funcionamiento acciones de prevención, protección, investigación y reparación, concluyen en su informe.
Los más recientes asesinatos de periodistas, Luis Martín Sánchez en Nayarit y Nelson Matus Peña en Guerrero, que eleva a 6 en este año 2023, han suscitado fuertes protestas y movilizaciones. Es verdad que ya en mayo de 2022, la propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoció en un informe público que en el país existe un 98% de impunidad cuando asesinan a una persona defensora y un 87.93% cuando se trata de una persona periodista, de acuerdo con los datos estadísticos recabados desde diciembre de 2018, presentados en el contexto de los Diálogos para impulsar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En el informe de la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Defender los derechos humanos en México, entre los meses de junio de 2021 a mayo de 2022, se reportaron 28 casos de ejecución extrajudicial y 19 víctimas de desaparición forzada. Para el mismo periodo documentó 203 casos de violencia. Una característica importante de este informe es que solo contempla casos en que el agresor directo es el Estado Mexicano desde sus diferentes estructuras de gobierno.
A Julian Assange, autor de wikiLeaks, le otorgaron el premio Konrad Wolf en Alemania, quien permanece en la prisión de máxima seguridad en Belmarsh, Londres, Reino Unido, por atreverse a hacer pública información clasificada sobre injusticias, asesinatos y crímenes de guerra, que los gobiernos ocultan a los pueblos. Este es un ejemplo de la lucha por divulgar información que permita a la sociedad tomar conciencia y actuar en consecuencia para transformar la realidad.

 

 

La clase trabajadora frente a los 5 años de AMLO

 

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

 

Sin derechos laborales no hay derechos humanos para la clase trabajadora. Actualmente hay más de 21 millones de trabajadoras y trabajadores que integran la fuerza laboral con empleo formal en México y generan lo fundamental del Producto Interno Bruto del país, por lo que su situación es fundamental frente a las políticas que se aplican por parte del gobierno de López Obrador a 5 años de haber tomado las riendas del gobierno. Este dato ofrecido por el gobierno, es necesario contrastarlo con los 57.7 millones de personas que tienen más de 15 años y forman parte de la Población Económicamente Activa. De este total, el 60.7% fueron hombres y 39.3% mujeres, 33.9 millones de trabajadores y 21.4 millones de trabajadoras respectivamente. El sector servicios concentra 23.6 millones (42.9% del total). Comercio 10.6 millones (19.3%). Industria manufacturera 9.1 millones de personas trabajadoras (16.4%) y actividades agropecuarias 6.7 millones de trabajadores y trabajadoras correspondiente al 12.2%. Construcción 4.3 millones y 377 mil en la minería, electricidad y agua.
Por todo ello, es importante destacar el dato de que son más de 31 millones de personas que tiene un empleo en la economía informal (56%) lo que significa que no cuentan con seguridad social ni condiciones laborales mínimas de “trabajo decente” como establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es decir, sin prestaciones sociales ni vacaciones ni contratos colectivos. Más de 2 millones se encuentran en el desempleo.
Según la Encuesta Nacional de Empleo el 61% de la fuerza laboral ocupada en el país no cuenta con acceso a seguro médico y el 34% no tienen prestaciones laborales. Y si bien se han dado incrementos al salario mínimo como no ocurría en gobiernos anteriores, aún el 25% de la fuerza laboral ocupada percibe un sueldo de 4 mil 300 pesos mensuales, muy lejano a los 16 mil que señala el gobierno actual.
La política redistributiva del gobierno significa que cerca de 30 millones de hogares cuenten con algún programa social, lo que no es menor dado el anterior panorama. Sin embargo, también es necesario señalar que las condiciones de pobreza de la mayoría de quienes apenas sobreviven no se ha modificado sustancialmente. En tanto que las ganancias de sectores capitalistas ligados a las transnacionales han obtenido beneficios extraordinarios.
Si bien la reforma laboral ha establecido nuevos criterios para garantizar que quienes tienen contratos colectivos conozcan sus derechos mediante mecanismos participativos, también es cierto que hasta el momento la inmensa mayoría de los contratos colectivos no han sido ratificados y se generan dudas e incertidumbre sobre su aplicación en la práctica.
Las luchas de la clase trabajadora por lograr su independencia y autonomía frente a los capitalistas y al Estado no han dejado de crecer durante éstos 5 años. Existen ejemplos importantes, como en la fábrica de Saint Gobain establecida en Cuautla, donde se ha consolidado el sindicato independiente. Pero también hay casos como el del SUTNOTIMEX, que muestran la cerrazón del gobierno para resolver una huelga que ha durado ya más de tres años. Y qué decir de los 13 años que han resistido los más de 16 mil trabajadores electricistas del SME que no han sido reinstalados a pesar de las mesas de trabajo que se han establecido con el gobierno para ello.
Un caso relevante en Morelos en este momento es el del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Al pretender desaparecer las funciones de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos del IMTA, se pretende amputar el brazo científico-tecnológico del sector hídrico.

El presupuesto anual del IMTA en promedio es de 210 millones de pesos, mientras que para la Conagua en el PEF 2022 se le asignaron más de 70 mil millones de pesos. Por otra parte, el IMTA, como organismo público descentralizado (OPD) tiene personalidad jurídica e ingresos propios, que durante los 36 años de trayectoria logró un monto de ingresos autogenerados de 300 millones de pesos en un fideicomiso legalmente constituido y administrado acorde a la Ley de Ciencia y Tecnología, el cual en el 2020 se destinó al “Tren Maya”.

El IMTA como OPD pertenece al apartado A del artículo 123 Constitucional y la Conagua como Organismo Desconcentrado pertenece al apartado B del artículo 123 Constitucional, la extinción e incorporación del IMTA a la Conagua es una flagrante violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, los convenios 87 y 98 de la OIT y el Contrato Colectivo de Trabajo del IMTA, recientemente legitimado.
Extinguir e incorporar al IMTA a la Conagua representa abrir la puerta a la privatización del agua. Por ello es que los trabajadores del sector hídrico han solicitado que López Obrador cumpla con lo que ha manifestado reiteradamente de que escuche a los trabajadores del conocimiento del sector hídrico. “Los sindicatos y sus contratos colectivos de trabajo son sagrados”, señalan y exigen respeto irrestricto al Contrato Colectivo de Trabajo y al Sindicato del IMTA.
Sin derechos laborales no hay derechos humanos. Sin contratación colectiva no hay fuerza para exigir que los patrones capitalistas respeten a la clase trabajadora.