La desaparición de Celedonio Monroy: Reminiscencias de la Guerra Sucia

Fotografía: Frente en Defensa del Maíz Colima

 

Escrito por: Pedro Zamora Briseño

 

(Fragmentos del artículo publicado por el autor en la edición 25 de la revista Interpretextos, de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, pág. 101-122)

La desaparición del líder indígena Celedonio Monroy Prudencio, hace menos de una década en la Sierra de Manantlán, estuvo rodeada de formas y circunstancias parecidas a las prácticas represivas aplicadas durante el periodo de la llamada Guerra Sucia —cuya etapa más oscura se vivió en los años setenta—, con la que el gobierno mexicano combatió los movimientos guerrilleros de la época, igual que otros países de América Latina.

Celedonio, sin embargo, no había tomado las armas. Era un luchador social que por la vía pacífica defendía los derechos indígenas y los recursos naturales en el territorio de la comunidad indígena de Ayotitlán, Jalisco, frente a los intereses de mineros y talamontes en la zona.

La noche del 23 de octubre de 2012, varios hombres fuertemente armados —con atuendo militar— llegaron en dos camionetas a su domicilio en el poblado de Loma Colorada, municipio de Cuautitlán, Jalisco. Después de golpear a su esposa y causar destrozos en la vivienda, se llevaron al activista, a quien no se le ha vuelto a ver desde entonces.

Cuatro décadas antes de este suceso, luego de la masacre del 2 de octubre de 1968 y la matanza del 10 de junio de 1971, jóvenes de diversas regiones del país, sobre todo de Guerrero, no encontraron otro camino que el levantamiento armado para luchar en busca de la transformación social de México.

No obstante, se toparon con un Estado que, lejos de reconocer la existencia de una insurrección guerrillera, optó por la vía del exterminio mediante la detención y desaparición de muchos de los alzados, como si nunca hubieran existido, sin darles oportunidad siquiera de tener un juicio regular.

En el lapso de la Guerra Sucia desaparecieron más de 500 personas en México, según las cifras del Comité Eureka, fundado por Rosario Ibarra de Piedra, madre de familia que en 1975 dejó una apacible vida familiar en Monterrey para iniciar la azarosa búsqueda de su hijo Jesús, uno de los desaparecidos políticos que reclama la organización.

Pero cuando Celedonio Monroy fue secuestrado, en 2012, las cifras de personas que permanecían desaparecidas en México ya se contaban por miles (17 322, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda). Según la misma fuente, en el lapso de 1964 hasta septiembre de 2020, hay ya en México 73 984 personas desaparecidas no localizadas, la gran mayoría en los años recientes. En buena parte de los casos de las últimas décadas, ya no se responsabiliza directamente al Estado de las desapariciones de personas, sino también a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, aunque no se han extinguido las desapariciones de presunta motivación política atribuidas a algún nivel de gobierno.

Destaca el caso de José Ramón García Gómez, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en Cuautla, Morelos, quien en el contexto de la lucha contra el fraude electoral fue detenido por policías el 16 de diciembre de 1988 y más de 30 años después no ha aparecido. Otra desaparición posterior relevante, y también emblemática, es la de los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR): Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos por agentes policiacos en Oaxaca el 24 de mayo de 2007 y su paradero se desconoce hasta la fecha.

Celedonio Monroy Prudencio. Fotografía: Facebook

 

Desapariciones en México y América Latina

La mayoría de las víctimas de desaparición en el periodo de la Guerra Sucia tenía algún vínculo con los movimientos guerrilleros. “Son disidentes y en muchas ocasiones para explicar su desaparición se alega que murieron en un enfrentamiento con el ejército. Sin embargo, su desaparición los convierte —a ellos y sus familiares— en víctimas y le confiere al gobierno, responsable o no, el papel de perseguidor”, denunció la escritora mexicana Elena Poniatowska en un discurso ofrecido durante una reunión del Pen Club Internacional en 1980, publicado en la edición 171 de la revista Proceso.

Invitada también por la organización de escritores, Ibarra de Piedra complementó en esa misma publicación:

“Sin previo juicio ante los tribunales ni las mínimas formalidades legales, en México se han hecho desaparecer a muchos disidentes que no sé si tenían razón o no, lo que sí sé es que eran honestos y respaldaban sus palabras con una acción sincera; a lo mínimo que tenían derecho era a un juicio abierto con todas las de la ley”.

Respecto del caso de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, la mujer también dijo:

“No sé si mi hijo fue un guerrillero, como afirma el gobierno, pero en todo caso respeto su decisión. En ese tiempo, a partir de 1968, los caminos de la disidencia en México se vieron cerrados. La masacre de Tlatelolco llevó a la tumba a muchos jóvenes; en 1971 la famosa apertura de Echeverría llevó a la tumba a otros jóvenes”.

En 1991, Miriam Granados, representante en México del Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador “Monseñor Óscar Arnulfo Romero”, definió en una entrevista a los desaparecidos como:

“Personas que anhelaron cambios para la sociedad y lucharon incansablemente en contra de políticas injustas que aplicaron y aplican gobiernos antipopulares que solamente responden a intereses de los poderosos grupos económicos que representan. Los desaparecidos son personas que buscaban mejores condiciones de vida para los más pobres y explotados, el amor al prójimo es el delito por el que fueron capturados por fuerzas represivas que después los desaparecieron como una forma de acallar su voz”.

(…)

Mariclaire Acosta, representante en los años ochenta de la organización Amnistía Internacional en México y fundadora de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó los métodos de desaparición en la obra de Poniatowska Fuerte es el silencio:

“El mecanismo empleado para desaparecer a una persona en Latinoamérica es relativamente sencillo: se trata de aparentar un secuestro, perpetrado en forma rápida, violenta y anónima como lo dictan los cánones de la tradición. Generalmente el acto es precedido de un allanamiento de morada, en el cual un grupo armado irrumpe violentamente, a altas horas de la noche, en el hogar de la víctima y, tras el amedrentamiento y maltrato del resto de los habitantes, lleva consigo a su presa, además de todos los objetos que pudo hurtar durante el operativo”.

Blanca Esthela González Larios (Esposa de Celedonio). Fotografía: Pedro Zamora Briseño 

 

Liberato Monroy Alvarado y María de Jesús Prudencio Elías (Padre y madre de Celedonio). 

Fotografía: Pedro Zamora Briseño 

 

Bajo las sombras de la noche

Ocho años después de la desaparición del líder indígena Celedonio Monroy Prudencio, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ), ahora Fiscalía, no ha esclarecido los hechos ni ha localizado a la víctima.

De nada han valido hasta ahora las movilizaciones y las gestiones de sus familiares, de organismos de derechos humanos estatales y nacionales, de representantes de las comunidades indígenas, de organismos civiles, de diputados, de estudiantes… las autoridades responsables de la investigación no han reportado avances sobre el caso.

Monroy Prudencio, defensor de los derechos de los pueblos indígenas de la comunidad de Ayotitlán, bajo las sombras de la noche fue sacado de su domicilio por un grupo armado. Blanca Esthela González Larios, su esposa, quien durante el suceso fue golpeada y encañonada, narró en esa ocasión que eran ocho hombres, la mayoría con uniforme militar y pasamontañas, quienes llegaron en dos camionetas con el pretexto de buscar armas y se llevaron a Monroy con rumbo desconocido. A partir de entonces se inició el peregrinar de los familiares del activista, quienes recurrieron a las autoridades investigadoras y a las comisiones estatales de derechos humanos de Jalisco y Colima, así como a la Comisión Nacional, al Ayuntamiento de Cuautitlán, al Ejército, al Congreso de Jalisco y a otras instancias, sin obtener ningún resultado…

 

Leer el artículo completo en el siguiente enlace de la revista Interpretextos:

http://ww.ucol.mx/interpretextos/resultados.php?idarti=441

 

 

A ocho años de la desaparición del activista indígena Celedonio Monroy (VIDEO)

Vídeo: Archivo Tlanesi/ Youtube

 

 

 

 

 

 

Las mineras Peña Colorada y Las Encinas disponen de 11.3 millones de m3 de agua al año

 

 

* Ambas empresas tienen permiso de explotar los mayores volúmenes de agua en Colima, a través de cinco concesiones otorgadas por la Conagua

COLIMA, Col.- El Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada es la empresa que dispone de los mayores volúmenes concesionados de agua en esta entidad, con 7 millones 906 mil 111 metros cúbicos anuales, con los que se podrían dotar a 197 mil 652 personas de cien litros diarios de agua a cada una durante un año.

Por su parte, la minera Las Encinas, con un volumen concesionado de 3 millones 468 mil 960 metros cúbicos, cantidad con la que a lo largo de un año se abastecería de 100 litros del líquido diarios a cada una de 86 mil 724 personas.

En conjunto, las dos empresas tienen autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de cinco concesiones, para explotar un total de 11 millones 375 mil 071 metros cúbicos del líquido, volumen con el que 284 mil 376 personas recibiría cada una 100 litros diarios de agua a lo largo de un año.

Los datos anteriores se derivan de la investigación periodística denominada “Los explotadores del agua”, elaborada por un equipo de periodistas del país, encabezado por Thelma Gómez Durán, con financiamiento de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El informe señala que en México “hay personas y empresas que tienen concesiones que les permiten utilizar más de un millón de metros cúbicos de agua. Con esa cantidad alcanzaría para repartir 100 litros diarios, durante un año, a 25 mil personas ”.

El Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada está a cargo de la mina Peña Colorada, el cual explota hierro y pertenece a las empresas ArcelorMittal ya Ternium, mientras que la empresa minera Las Encinas, por su parte, solo pertenece a Ternium.

Peña Colorada posee tres concesiones de agua para uso industrial y un de carácter público urbano, con un total de 9 tomas subterráneas y una superficial, mientras que Las Encinas sólo cuenta con una concesión para uso industrial, con tres tomas superficiales.

Tras una revisión del panorama en que son aprovechadas miles de concesiones de explotación de agua en el país, el reportaje plantea que el sistema actual de concesiones de agua tiene que revisarse y modificarse, según investigadores y especialistas en el tema, sobre todo porque es un sistema injusto e inequitativo.

En el reporte de la investigación es citada la abogada Claudia Gómez, quien trabaja con varias comunidades indígenas del país en la defensa de su territorio y recursos naturales, quien señala que “existe mucha discrecionalidad sobre la forma en que se entregan las concesiones de agua” . En su labor ha encontrado casos en los que las concesiones se les niega a las comunidades indígenas “porque se argumenta que hay una veda, pero después nos enteramos que se entrega una concesión a una minera, a una compañía refresquera oa caciques de la región” .

En el caso de Colima, además de las mineras Peña Colorada y Las Encinas son nueve empresas o personas más que cuentan con concesiones que rebasan un millón de metros cúbicos anuales, entre las que se encuentran las siguientes:

Las Agroindustrias Rafer S.A. de C.V., que antes se llamaba Granjas Acuícolas, se localiza en el municipio de Tecomán y se dedica a la camaronicultura, cuenta con concesiones por un total de 10 millones 558 mil 800 metros cúbicos al año.

Danisco Mexicana S.A. de C.V. pertenece a la empresa estadounidense Dupont; se dedica a la elaboración de complementos alimenticios y en Colima tiene concesiones de agua por 4 millones 300 mil metros cúbicos al año. También tiene concesiones de agua en Michoacán y Veracruz.

La Fraccionadora y Hotelera del Pacífico S.A. de C.V. es la empresa que edificó el hotel Las Hadas, en Manzanillo, y que hoy forma parte del Grupo Las Brisas, tiene concesiones por un total de 2 millones 381 mil 900 metros cúbicos de agua al año.

Hacienda de San Antonio SA de CV es una exhacienda cafetalera que hoy funciona como hotel y que se encuentra muy cerca del Volcán de Colima y tiene concesiones para explotación de agua por 2 millones 445 mil 645 metros cúbicos anuales.

El reportaje “Los explotadores del agua” se publicó en enero de 2020 y un año después fue nominado como Finalista del Premio Gabo 2020 de periodismo, otorgado por la Fundación Gabriel García Márquez en Colombia.

 

Puede ser consultado completo en la siguiente liga:

https://contralacorrupcion.mx/explotadores-agua-mexico/

 

 

 

 

Crecimiento exponencial en muertes maternas por falta de atención y escasez de servicios en zonas rurales, ya son más de 900

 

Por Sara Lovera/ SemMéxico

Cd. de México, 25 de enero 2021.- En los últimos doce  meses, por  la contingencia sanitaria del  coronavirus, la tasa de fallecimientos de mujeres embarazadas, durante y después del parto,  tuvo un aumento  46 por ciento, respecto al mismo periodo del 2019.  Al primero  de enero  el reporte semanal epidemiológico de la Secretaría de Salud informa de 946 fallecimientos acumulados,  y el Covid 19 es  la primera causa de muerte de embarazadas y la primera en razón de muerte materna.

En los dos últimos meses, también aumentó el número de embarazadas confinadas, de poco más de 6 mil, a más de 10 mil según reporte de la Organización Panamericana de la Salud, debido a la restricción de uso hospitalario y la falta de atención en lugares alternativos para parir. En las zonas rurales, ello se agudizó por la disminución de recursos de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicanas.

Hasta noviembre habría reportado 836 fallecimientos, y todavía la pandemia era la segunda causa de fallecimientos, pero en estos últimos  50 días, hubo  2 fallecimientos diarios. Las más afectadas son mujeres entre 25 y 34 años, pero en los dos últimos meses, la SS señala que fueron las de 40 a 44 años.

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS)  México ocupa el segundo lugar de muertes de mujeres embarazadas por COVID-19  en la región solo  seguido por  Brasil, quien encabeza la lista. De acuerdo con la OPS, hasta el 20 de enero, en México se han registrado 10 mil 188 embarazadas positivas y 221 defunciones a causa de coronavirus.

Las muertes maternas habrían crecido a enero 2021 en 37.8 por ciento, según los reportes semanales de la Secretaría de Salud, afectando a mujeres en edad productiva y hasta los 54 años, principalmente en los estados de México, Chiapas, Puebla, Jalisco, Chihuahua y CDMX que  En conjunto suman el 40.3 por ciento de las defunciones registradas.

Apenas el 14 de septiembre SemMéxico informó que se había llegado a 632 fallecimientos en razón de mortalidad materna, con un aumento de 30 por ciento en razón de COVID-19 y en tres meses esta desgracia siguió creciendo, principalmente en las zonas más pobres y las entidades como  la Ciudad de México.

Sólo comparando noviembre  2019 con noviembre  de 2020, el informe oficial de la Secretaría de Salud, dijo que se registraron 783 defunciones acumuladas, en tanto que para el mismo corte de 2019 se registraron 612 defunciones. Lo que, hace 8 semanas representaba ya  un incremento de 171 defunciones o sea 27.9 por ciento. En un mes se llegó a 934, precisamente con el crecimiento de contagios y muertes por la pandemia.

Ahora, en enero   mueren más  de 3 mujeres al día, por  embarazo o  puerperio, con lo que   México retrocedió casi una década  en  la estrategia exitosa para reducir  la mortalidad materna hasta 2018; así  en los  primeros doce   meses del 2020 no operó el anunció de que la atención a las mujeres embarazadas sería  una prioridad,

Esta conclusión se basa en el seguimiento de Graciela Freyrmut que dirige el Observatorio de Mortalidad Materna, en el reporte epidemiológico de las semanas 52 y 53, al primero de enero, de la Secretaría de Salud y datos comparativos de esos informes de 2010 a la fecha.

El reporte señala que la razón de mortalidad materna RMM calculada es de 46.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un incremento del 37.8 por ciento en la razón RMM, respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior.  Las principales causas de defunción son: • COVID-19, registran 202 (21.6 por ciento) con virus SARS-Cov2 confirmado.  COVID-19, sin virus identificado 46 (4.9 por ciento.

 Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (15.1 por ciento. Hemorragia obstétrica (13.8 por ciento.

Según la Secretaría de Salud, precisamente por falta de hospitales especializado en maternidad las entidades con más defunciones maternas son: Edo. de México (121), Chiapas (65), Puebla (51), Jalisco (49), Chihuahua y CDMX (45), cada una. En conjunto suman el 40.3% de las defunciones registradas.  Corte de base al 1 de enero 2021

La situación actual indica que el grupo de edad con mayor RMM es el de 40 a 44 años.  Las entidades con más defunciones maternas.

En tanto, en Brasil se han reportado 252 mujeres fallecidas por COVID-19. De acuerdo OPS con esto, en México, el 27.5 por ciento de mujeres gestantes, que contraen el virus, han fallecido.

El COVID-19 se ha colocado como la primera causa de mortalidad materna en México con base en datos preliminares al 18 de noviembre  -como lo reporto SemMéxico-  de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, como lo reveló la representante del Observatorio de Mortalidad Materna en México, Mtra. Hilda E. Argüello Avendaño al participar en el Seminario Internacional de Salud que organiza el Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad de Madrid, que en esta ocasión llevó el título “Salud y mortalidad materna en tiempos de COVID-19”.

“Hasta el 18 octubre de 2020, se habían registrado 763 muertes maternas según datos preliminares de la Secretaría de Salud, solo en 43, es decir en el 5.6 ha sido por búsqueda intencionada”.

Aseveró que el  COVID-19 ha cobrado la vida de más mujeres embarazadas comparando las registradas con las reportadas el año pasado en la misma fecha. Es decir, actualmente las muertes maternas superan en 31.3 por ciento a las ocurridas el año anterior para el mismo período.

“Aquí podemos ver que el año pasado teníamos para este momento 586 contra 946 que tenemos ahora. Es decir, 360 muertes maternas más en 2020 que las que teníamos en 2019

 

 

 

 

Es importante señalar, dijo,  que actualmente el COVID-19 está superando como causa de muerte a las hemorragias que ahora se convirtieron en la segunda causa, seguida de los trastornos hipertensivos que están ocupando el tercer lugar.

Argüelles Avendaño, añadió que es el grupo de 25 a 34 años el más afectado por la muerte materna asociada a COVID-19, las cuales ocurren principalmente en hospitales de la Secretaría de Salud y del IMSS.

“Es importante señalar que un 33 por ciento de las fallecidas por COVID-19 estuvieron en una unidad de cuidados intensivos y que el 30 por ciento de ellas, estuvo intubada. Entonces vemos que hay complicaciones graves en una tercera parte de estas mujeres que fallecieron”.

Los momentos de mayor riesgo durante la gestación es en el tercer  trimestre del embarazo seguido del puerperio, lo que debería servir para identificar a las mujeres en mayor riesgo de morir por COVID-19, dado que además de la edad y el momento de la gestación, se encontró que la obesidad está presente en el 17.8 por ciento de los casos, así como diabetes e hipertensión en el segundo y tercer sitio, señaló la ponente.

El Mtro. Francisco Gómez Guillén, también integrante del Observatorio Nacional de Muerte Materna expuso  por su parte, que en 2020 la cifra de muertes maternas cambió a una razón de 45 por ciento, lo que significa un retroceso de 10 años, lo que es un indicador preocupante.

“Hoy en día se registran 46 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, en tanto que la misma razón en 2010 era de 44.1”.

Al realizar un análisis de las personas infectadas por el SARS-CoV-2, se detectó había en el país un total de 6,761emabarazdas y puérperas (mujeres tras el parto) confirmadas a COVID-19. Que según la OMS es ahora de más de 10 mil.

La representante del Observatorio Nacional de Mortalidad materna, remarcó que desde que terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, la cifra de embarazadas confirmadas y sospechosas a COVID-19 se incrementó de manera importante para alcanzar un 511.9 por ciento.

Las entidades con más casos de embarazadas con COVID eran hasta la fecha en cuestión: en primer lugar la Ciudad de México con 845; le sigue el Estado de México con 459; Nuevo León con 454; seguidos por Tabasco Guanajuato, San Luis Potosí y Veracruz.

Ambos integrantes del Observatorio de Mortalidad Materna en México, alertaron que las muertes maternas en la población indígena no son contabilizadas de manera adecuada, incluso hay un sub registro de hasta el doble de las reportadas.

En síntesis, el Observatorio Nacional de Mortalidad Materna recomienda a las entidades identificar y atender os aspectos prioritarios para la atención materna y neonatal, impulsar la atención del parto eutócico y la lactancia materia, promover las unidades médicas a las que las mujeres embarazadas pueden acudir y una campaña de información obre signos y síntomas de emergencia obstétrica e informar que el tercer trimestre y el puerperio son los periodos de riesgo para COVID-19 entre los 25 y 35 años de edad. Así también sugiere identificar la necesidad de recursos humanos, involucrar el primer nivel de atención para estabilizar y/o referir las emergencias obstétricas y contar con un plan o estrategia con compromisos de los diferentes niveles de gobierno para la reducción de la mortalidad materna, entre otras.

En acto seguido, hizo uso de la voz durante el Seminario, la Dr. Mariana Montaño Sosa quien expuso las experiencias de intervención para la disminución de la mortalidad materna en comunidades del estado de Chiapas por la organización internacional Compañeros en Salud.

 

 

 

SemMéxico se propone dotar de información general desde la perspectiva de género.

Elaborar información de actualidad, desde una óptica no sexista.

 

 

 

 

El último cumpleaños de Wendy: Crónica de un feminicidio

Foto: Archivo Tlanesi

 

Juana Andrés Rivera

Estudiante de la Escuela de Trabajo Social “Vasco de Quiroga”

 

COMALA, Col.- Llegaron en una camioneta sus cuñados y su suegra, muy envalentonados. Unos traían palos, otros machetes, queriendo abrir el falsete para entrar y sacar de la casa a Wendy (nombre ficticio), quien se encontraba en el fondo resguardada, temblando de miedo. En la primera oportunidad que tuvo escapó; había ahorrado unas monedas a escondidas, tomó a su hija, subió a la ruta y se trasladó de un poblado a otro, donde se encontraba su familia.

Hasta ese lugar, su pareja —a quien llamaremos Carlos— y algunos de los familiares de éste, llegaron para exigirle que regresara a la casa donde vivía con él. Mientras eso sucedía en la calle, desde adentro de la casa una de las tías de Wendy, a quien llamaremos Marisa (también nombre ficticio, pues así lo pidió antes de narrar los hechos) les advertía: “Si se pasan, si abren el falsete, no respondo. A Wendy no se la van a llevar a la fuerza. Si ella dice que no, yo respeto su decisión. Pásense para que vean de a como nos toca”. Después de intercambiar palabras y sin lograr su propósito, la madre de Carlos dio la orden para que finalmente se retiraran.

Por esa vez Wendy logró ganar la partida, cuenta su tía Marisa en entrevista. Cuando la joven y su hija de apenas 7 años llegaron a su casa —en una comunidad del municipio de Comala, Colima—, estaban muy desmejoradas, flacas y hambrientas. Wendy ya no quiso regresar al domicilio conyugal, porque allá la maltrataban su pareja, su suegra y sus cuñados.

La madre de la joven murió cuando ella y su hermano aún eran muy pequeños. Ellos eran hijos de un segundo matrimonio, pues su padre ya era viudo y tenía 4 hijos más de su primer matrimonio. En 2020 también su padre acababa de fallecer.

Al paso de los días, Wendy y Carlos se reconciliaron y él se vino a vivir al domicilio de ella, pero la familia podía observar que no la dejaba ni a sol ni a sombra. A donde ella iba, allá la seguía, así fuera a la tienda. La tía Marisa la dejó como su empleada en su florería y ahí estaba él, acompañándola. Hasta dejó de ir a trabajar por estarla cuidando. Algunos clientes mejor no llegaban a la florería por temor a Carlos.

Se presentó la oportunidad de que él se fuera a Estados Unidos a trabajar por un tiempo, pero dejó de vigilantes a su mamá, a sus hermanos y, lo que aún es peor, al propio hermano de Wendy, dos años menor que ella, quien le informaba a Carlos santo y seña de lo que ella hacía, a dónde iba, con quién hablaba.

Recuerda la tía Marisa: “Aun estando en la casa cerca de sus familiares, nunca la dejó de golpear, siempre traía moretones. Cuando le preguntábamos, tan sólo se limitaba a contestar diciendo que se había golpeado con algo. Nunca decía nada, se callaba y sólo agachaba la cabeza y se iba a otro lugar”.

***

Los Centros de Justicia para la Mujer son el resultado de la suma de esfuerzos y recursos entre el Gobierno de la República, las entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil, para la creación de espacios que concentran bajo un mismo techo servicios multidisciplinarias tales como:

a) Atención psicológica, jurídica y médica;

b) Albergues temporales;

c) Ludotecas con expertas/os en temas de desarrollo infantil, y 

d) Talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia.

Sin embargo, son centros que en la mayoría de las comunidades rurales del estado las mujeres desconocen, pues no existe la difusión necesaria para darse a conocer, lo que ocasiona que muchas mujeres no sepan a dónde acudir a solicitar ayuda sobre el tema de la violencia intrafamiliar y prefieren callarse antes de denunciar a quienes las violentan. Ese fue el caso de Wendy, pues al preguntarle a la tía Marisa dice que quiso pedir ayuda, pero no sabía a dónde dirigirse.

***

Carlos se fue nuevamente a Estados Unidos y fue ahí cuando Wendy aprovechó para terminar la relación. Él, al no aceptar, regresó antes sin avisar de su llegada, sorprendiéndola, arrebatándole el celular, le revisó todo. Era sábado, ese día la golpeó, después sacó todas sus cosas y se fue a su pueblo natal llevándose con él a su hija. Transcurrieron alrededor de quince días y Wendy, al no tener noticias de la menor, optó por poner una denuncia en el Ministerio Público. Él al darse cuenta la buscó, la golpeó y la amenazó con una navaja, pero ella logró escapar y llegar hasta donde estaban sus hermanas, quienes la ayudaron, y no le quedó de otra a Carlos que escabullirse.

Esa misma semana regresó el hombre y, aprovechando que todos dormían, entró a la habitación donde Wendy se encontraba dormida e intentó ahorcarla, pero ella logró gritar, llegaron las hermanas a salvarla y nuevamente Carlos se escapó entre la oscuridad.

Wendy ya no soportó más e interpuso otra denuncia, pero ya por las lesiones que había recibido. Nuevamente fue al Ministerio Público que se encuentra en la cabecera municipal de Comala, pero sólo quedó en eso, en una denuncia, porque no vio que hicieran nada al respecto.

Finalmente la mandaron llamar, al igual que a Carlos, para que llegaran a un acuerdo del tiempo que compartirían con su menor hija. Se decidió que sería una semana con ella y otra con él. Pero la tía Marisa observaba que Carlos no respetaba el convenio, pues a la hora de entregar a la menor, la citaba en lugares lejos de su casa, con el argumento de que tenía una orden de restricción.

Al verse para entregar a la niña retomaron nuevamente su relación de pareja. Y poco tiempo pasó para que volvieran las amenazas, el acoso y, como Carlos no vivía en la casa con ella, el hermano menor de Wendy era el que le informaba todo lo que ella hacía; hasta le robó el teléfono celular para entregárselo a Carlos, quien nuevamente revisó todo lo que ella tenía en el aparato. A los contactos que no tenían nombre, él mismo les marcaba para ver de quién se trataba, amenazándoles para que no la llamaran ni buscaran, lo que motivó que Wendy tomara nuevamente la decisión de terminar la relación.

Lo anterior provocó que Carlos se enfureciera. Con la amenaza de no entregarle a la hija de ambos, la chantajeaba y la obligaba a salir con él, citándola en lugares lejanos a la comunidad, es decir, en la ciudad de Colima. Una ocasión la citó en un motel y ella al ver que no estaba su hija, se salió dejándolo solo, lo que generó nuevamente su coraje.

Comenta la tía Marisa que un día, en una plática, la menor hija de Wendy y de Carlos les dijo que su tío y su papá estaban planeando cómo matar a su mamá, pero no le dieron importancia por ser ella pequeña.

El 19 de septiembre de 2020 era sábado, ese día Wendy organizó una pequeña fiesta con algunas de sus amigas porque el domingo cumpliría 24 años. Las jóvenes se pusieron de acuerdo para llevar lo que degustarían. Una llevó una ensalada, otra las bebidas, una más puso las botanitas y así fue como tomó forma el convivio para festejarse un año más de vida. Al iniciar la reunión era evidente la alegría que se le observaba a Wendy: reía, cantaba y bailaba sin imaginar que ese sería el festejo de su último cumpleaños. La fiesta se prolongó hasta la medianoche, se despidieron las amigas y todos se fueron a dormir.

La tía Marisa comenta que mientras eso sucedía, el hermano menor de Wendy estaba en su cuarto, escuchando música y también lo escuchaba cantar, observando lo que su hermana Wendy hacía y decía en compañía de sus amigas. El convivio terminó y se quedó todo en silencio. Dice que al parecer esperaron a que todos se durmieran, momento que el hermano de Wendy aprovechó para llamarle a Carlos, o quizás ahí lo tenía adentro del cuarto, porque nadie se percató del momento en que entró a la casa.

Esa noche, la menor hija de ambos estaba en casa de su papá. La tía Marisa cree que al parecer ya tenía todo planeado. Eran aproximadamente las 5 de la mañana del domingo 20 de septiembre cuando una de sus hermanas escuchó un grito muy fuerte: “CARLOSSSSS”. Era el nombre de su expareja lo que Wendy exclamó y fue lo último que dijo. Su hermana se levantó rápido y corrió hasta el cuarto de Wendy, pensando que Carlos la estaba golpeando. Al encender la luz se dio cuenta de que la joven se estaba desangrando sobre la cama. De inmediato fue por la tía Marisa a su cuarto.

—¡Tía —gritaba—, venga, aquel cabrón se metió y acuchilló a Wendy; se está desangrando y no se mueve; venga por favor!

“Yo me levanté en chinguiza y fui hasta el cuarto de Wendy. Ella estaba ahí, postrada en la cama, tenía un color amarillo y su mirada perdida. Aún seguía viva, pero estaba agonizando. Tomé mi camioneta y fui al Centro de Salud de la comunidad para ver si la doctora podía venir, pero ella argumentó que no podía ir a domicilio, que no lo tenía permitido.

“Regresé a la casa con la esperanza de que la ambulancia ya estuviera ahí. Pero no, aún no había llegado y nosotros no sabíamos qué hacer. Me sentía impotente. Las hermanas me gritaban que la lleváramos al Centro de Salud, todas llorábamos y les decía que no la podíamos mover. Yo quería abrazarla, levantarla, pero no sabía lo que era correcto. Por fin, cuando llegó la ambulancia Wendy ya tenía cinco minutos de haber fallecido. Yo les pedí a los paramédicos que le dieran electrochoques, pero dijeron que no tenía caso, que ya había muerto”.

***

En su artículo 124 Bis, el Código Penal para el Estado de Colima, establece lo siguiente:

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de los siguientes supuestos:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

V. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad;

VI. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad;

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VIII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en un lugar público; o

IX. Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entiéndase éste como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa. Ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio.

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a cincuenta años de prisión, multa por el importe equivalente de mil a mil quinientos días de salario mínimo, y privación de derechos que le pudieran corresponder en relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

***

Fueron cinco las perforaciones que Wendy tenía en el cuerpo, todas alrededor del pecho, a la altura de los pulmones y el corazón. Al parecer el asesino las hizo con un picahielo porque no se le apreciaban mucho, por lo que la tía Marisa considera que se desangró por dentro.

De repente la casa se llenó de gente: los paramédicos, los policías, los peritos, los periodistas. “Nos retiraron y cerraron la puerta y no nos dejaron entrar; eran cerca de las 7 de la mañana cuando salieron ya con el cuerpo para trasladarlo a Colima. Yo aún le decía al paramédico: ‘Fíjese si está viva, ¿Está seguro que sí está bien muerta? ¡Por favor, revísela bien, a lo mejor está viva!’  Él me miró y me dijo: ‘Señora, hágase el ánimo, ella ya falleció’. Y se la llevaron”.  

En la actualidad, la tía y las hermanas de Wendy tienen la custodia de la menor; todos recibieron atención psicológica, pero la más afectada es la niña, ya que en una plática una de sus compañeritas con quien jugaba le dijo que su papá había matado a su mamá, que por eso ya no estaba. La familia tuvo que hablar con ella y decirle lo que ocurrió. La niña no olvida esa situación y hoy lo que pide es que a su papá le hagan lo mismo que a su mamá, para que también muera.

La tía Marisa comenta que recibieron apoyo de parte del Instituto Colimense de las Mujeres, que la respaldaron también con los gastos funerarios y llevan a la menor a recibir atención psicológica.

A cuatro meses del feminicidio, Carlos está recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la ciudad de Colima, aún sin recibir sentencia. El hermano de Wendy, que también estaba detenido por presunta complicidad, ya fue liberado por no existir suficientes elementos de prueba para sostener dicha acusación y actualmente vive en casa de la mamá de Carlos. La familia de Wendy solicitó apoyo y su casa está resguardada por una patrulla.  

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Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez han sido asesinadas 3 mil 510 personas en el estado de Colima, en el periodo de febrero de 2016 a diciembre de 2020.

Entre las víctimas de asesinato se contabilizaron 406 mujeres durante ese lapso, con una tendencia creciente cada vez más grave. A pesar de que el 20 de junio de 2017 la Secretaría de Gobernación emitió la Alerta de Violencia de Género para cinco municipios del estado de Colima, la cantidad de muertes violentas de mujeres no sólo no se ha reducido, sino que año con año se ha incrementado: En 2016 fueron privadas de la vida 62 mujeres; en 2017 la cifra se elevó a 75; en 2018 creció a 79; en 2019 a 92 y a lo largo de 2020 fueron asesinadas 98 mujeres.

De los 406 asesinatos de mujeres de 2016 a 2020, sólo 65 fueron clasificados por las autoridades colimenses como feminicidios y el resto fueron catalogados como homicidios dolosos. Durante 2020 fueron 14 casos los reconocidos como feminicidios, dos de ellos en septiembre, mes en el que Wendy fue asesinada.

En los años 2018, 2019 y 2020 el estado de Colima ha ocupado el primer lugar nacional en feminicidios, con la tasa más alta del país. Durante el año recién concluido, la entidad registró 3.55 feminicidios por cada 100 mil mujeres, seguida por Morelos, con 3.14 casos; Nuevo León (2.39), Sonora (2.07) y Veracruz (1.98).

 

 

 Vídeo: Archivo Tlanesi

 

 

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Edificios altos para enfrentar la sismicidad de Colima

Foto: Raymundo Padilla Lozoya

 

El 21 de enero de 2003, un terremoto de 7.6 grados de magnitud cimbró el estado de Colima. Las consecuencias y sus daños persisten aún en la memoria de sus habitantes.

A raíz de este fenómeno, científicos colimenses han fortalecido la investigación en materia de sismología y llevan a cabo un proyecto multidisciplinario e interinstitucional que propone la construcción de edificios altos para regiones que, aunque son altamente sísmicas, tienen un suelo duro, formado por material volcánico.

 

COLIMA, Col. (Agencia Informativa Conacyt).- Quince años después del terremoto de 2003, los recuerdos todavía hacen aflorar las lágrimas en los ojos de María Guadalupe León Bautista, habitante de la colonia San Isidro en el municipio conurbado de Villa de Álvarez, Colima. 

Durante el movimiento telúrico, de 7.6 grados de magnitud, se derrumbó la casa familiar y murió su padre, Pedro León González, atrapado entre los escombros, mientras que su hermana menor, Sofía de Lourdes, sufrió heridas y fracturas que la mantuvieron más de dos meses en silla de ruedas.

Según las cifras oficiales, esa noche murieron 24 personas, 550 resultaron heridas, y hubo daños de diferentes magnitudes en más de 26 mil casas habitación, equivalentes a alrededor de 20 por ciento de las viviendas de entonces en la entidad. Los daños materiales cuantificados en el estado ascendieron a casi dos mil millones de pesos.

La casa de la familia León Bautista no fue la única colapsada en esa colonia, ya que la gran mayoría de sus vecinos sufrió pérdida total de sus viviendas. Días después, cuando fueron retirados los escombros, los terrenos baldíos se extendían por cuadras enteras.

Posteriores estudios de mecánica del suelo de esa área de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez determinaron que no eran terrenos aptos para construcción, por el exceso de humedad y la falta de consistencia, debido a que tiempo atrás ahí habían estado asentadas algunas ladrilleras.

María Guadalupe León recuerda que el gobierno estatal ofreció reubicarlos en lotes de la colonia Real de Minas, pero la mayoría de los vecinos no aceptó, por lo que finalmente las autoridades les permitieron quedarse en el lugar a quienes así lo desearan.

La familia León Bautista fue una de las que no se fueron, pero ante la insuficiencia de los 30 mil pesos recibidos como único apoyo de parte del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los hermanos de la mujer, de oficio albañiles, tardaron seis años en edificar una nueva vivienda sobre el mismo terreno.

Sin embargo, para evitar riesgos derivados de las deficiencias del suelo, el inmueble fue construido de una sola planta —originalmente tenía dos niveles— sobre una gruesa plataforma de concreto y varilla.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ANTE FENÓMENOS SÍSMICOS

De acuerdo con José Francisco Ventura Ramírez, exdirector de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Colima (Ucol), el sismo del 21 de enero de 2003, ocurrido minutos después de las 20:00 horas, se ubica dentro de la categoría macro por haber rebasado los siete grados de intensidad y por la magnitud de los daños causados.

Tuvo un impacto más fuerte en Tecomán y la zona metropolitana de Colima-Villa de Álvarez; en el primer caso por deficiencias en la construcción, mientras que en el segundo por estar en una zona de avalancha volcánica que tiene al menos tres tipos de suelo, que responden de manera distinta.

A 15 años de distancia, sin embargo, la población del estado continúa en situación de vulnerabilidad porque hasta ahora solo la capital tiene un reglamento reciente de construcción, emitido en 2014, pero no ha publicado las normas técnicas para garantizar la seguridad de los nuevos inmuebles ante fenómenos sísmicos.

Sin embargo, en este periodo se avanzó en algunos aspectos, como la elaboración de un atlas estatal de riesgos y el fortalecimiento de la investigación científica de la Universidad de Colima en materia de sismología.

Ventura Ramírez, maestro en ciencias en el área de ingeniería sísmica, señala en entrevista que todo el estado de Colima se encuentra en una zona de muy alto peligro sísmico, debido a que las placas oceánicas de Cocos y Rivera se hunden bajo la placa continental Norteamericana a lo largo de la trinchera mesoamericana y forman zonas de subducción donde ocurren muchos terremotos.

Pese a lo anterior, contra la creencia popular de que por ser zona altamente sísmica la ciudad de Colima no es apta para la construcción de edificios altos, el doctor Agustín Orduña Bustamante prepara el proyecto “Desarrollo de vivienda vertical sustentable”, para el que propone la aplicación del mecanismo denominado aislamiento sísmico.

Profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Colima, Agustín Orduña explica que la idea es promover edificios para vivienda de diez a veinte niveles, pues este tipo de inmuebles “es más apropiado y seguro para regiones como Colima que, aunque son altamente sísmicas, tienen un suelo bastante duro, formado por material volcánico”.

Según el académico, la característica de los sismos en esta entidad —de movimientos rápidos y periodos naturales cortos— afecta más las edificaciones rígidas de una o dos plantas que los edificios altos.

“En suelos duros, un sismo de movimiento rápido, con periodos de alrededor de 0.1 segundos, no alcanza a mover un edificio grande, pues este tiene un desplazamiento más pausado, más lento, que va de uno a dos segundos; la idea que propongo está relacionada con lo que en ingeniería se llama aislamiento sísmico, en el que mientras el suelo se mueve muy rápido, el edificio prácticamente se queda inmóvil; con este mecanismo, el sismo probablemente se percibe como subir y bajar, más que el movimiento horizontal que normalmente puede causar más daño”, refiere.

Agustín Orduña Bustamante compara esto con la maniobra que hacen los magos que retiran rápidamente el mantel de una mesa sobre la que había una jarra con agua y esta se queda en su sitio. “Es tan rápido que el movimiento no se puede transmitir a la jarra, que es algo pesado. Es algo parecido con el desplazamiento del sismo: se mueven el terreno y la base del edificio relativamente rápido, con oscilaciones cortas y rápidas, y el edificio tiene otra forma de vibrar más pausada, digamos que no tiene tiempo de seguir el movimiento del terreno”.

José Francisco Ventura señala, a su vez, que ante los tres tipos de suelo del área conurbada Colima-Villa de Álvarez, cada zona debe tener su propio diseño para construcción desde el punto de vista sísmico. Y aunque el área de mayor riesgo se encuentra al sur de la ciudad, en todos los casos se requiere realizar estudios del suelo porque las avalanchas volcánicas están compuestas de materiales diversos: “A veces se encuentra uno piedras muy grandes y en otras hay islas de material de tierra conocido como limo o arena”.

—¿Esa información está considerada en los reglamentos de construcción?

—Sí y no. Sí, porque ya hay estudios y de alguna manera las inmobiliarias conocen esa situación, pero no, porque no se ha publicado oficialmente y entonces mientras esto no ocurra no hay forma de hacer obligatorio que se aplique.

“La ventaja hacia el suroriente, considerada la de mayor riesgo por su tipo de suelo, es que originalmente la construcción de viviendas es de inmobiliaria —salvo algunas colonias tradicionales que eran parcelas y los propios dueños fueron edificando— y estas constructoras sí cumplen los reglamentos porque el Infonavit o cualquier otra autoridad les pone una serie de filtros que tienen que cumplir para poder asegurarlas”.

Sin embargo, advierte que las ampliaciones de esas mismas viviendas no son seguras, pues una vez que se le agregan recámaras u otros espacios como cochera, no hay garantía de que se hayan hecho con un proyecto que considere el efecto sísmico del suelo ahí.

MAPA DE RIESGOS

José Francisco Ventura Ramírez cuenta que en 2010, junto con el doctor Vyacheslav Zobin, del Observatorio Vulcanológico de la Universidad de Colima, realizó un mapa que marcaba la zona sur de la capital como la de mayor riesgo ante un temblor de gran magnitud.

“En la zona centro ya sabemos que va a haber daños, es algo que se tiene que considerar porque por un lado está conservado el patrimonio histórico, pero también sabemos que los materiales tienen degradación con el tiempo y que va a haber daños ante un temblor. La idea es volver a construir prácticamente igual como estaba, con la finalidad de hacer la conservación de ese patrimonio, obvio siempre buscando que no haya heridos o fatalidades, pero aceptando que hay daños por el tipo de construcción”.

En la zona norte, añade, también puede llegar a ser preocupante no porque no respeten el reglamento, pues son construcciones grandes que tienen sus autorizaciones e ingenieros que vigilan su construcción, pero “algunas de ellas son bastante audaces, es decir, tienen claros muy grandes, y muchas veces esas soluciones se salen un poquito de lo tradicional de las normas y deben tener buenos constructores para garantizar que no hay posibilidad de daños”.

—¿Qué falta para que se publiquen las normas técnicas de construcción?

—El reglamento de Colima se publicó en mayo de 2014 y los transitorios marcaban el plazo de un año para publicar las normas, pero ese año llegó en época electoral de cambio de gobernador y de ayuntamiento, pero el actual gobierno tampoco ha publicado tales normas, desconozco las razones.

“Una situación que se presenta es que aunque los ayuntamientos tienen la facultad de darles seguimiento, desde mi punto de vista creo que las normas deberían ser estatales. Que no las publiquen los ayuntamientos, sino que estos solo publiquen el proceso con el cual van a verificar que las normas se cumplan, pero creo que el estado debería publicar las normas”.

En la elaboración de las normas técnicas, dice, participan el Colegio de Arquitectos y el de Ingenieros Civiles y están basadas prácticamente en la norma de la Ciudad de México, porque allá está el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, así como los edificios más altos del país y los suelos más complicados por ser zona lacustre, además de que muchas investigaciones sobre los efectos de los sismos están concentradas allá, aunque no tiene sismos tan fuertes como los de la región de Colima.

En las normas técnicas del municipio de Colima se establece que ya no debería haber ventanas ni puertas sin castillos ni dalas por los tres lados. “Está probado que si tú a los marcos no les pones castillos y dalas, por muy pequeños que sean los vanos, ahí se van a concentrar riesgos (…) A mayor seguridad se encarece un poco la obra, pero la parte del diseño se trata de eso y garantizamos que no va a haber pérdidas mayores. Eso ya está considerado en las normas que no se han publicado”.

Otro aspecto muy importante es el relacionado con los estudios de la mecánica de suelos en cada uno de los terrenos, situación que se torna más crítica, pues ante la existencia de islas de diversos materiales, no resulta válido basarse en un estudio realizado a dos cuadras de distancia.

Un estudio de mecánica de suelos, que tiene un costo de seis mil a siete mil pesos, actualmente no se exige legalmente, por lo que en la norma técnica debería establecerse la obligatoriedad de realizarlo, pues como está la situación es fácil no hacerlo y no hay problema legal, aunque para una construcción más grande, de 400 metros cuadrados o más, ya es indispensable que tenga su estudio de mecánica de suelos, de lo contrario no se autoriza la obra.

María Guadalupe León recuerda que semanas después del terremoto de 2003, ingenieros japoneses y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron en el terreno de su casa caída un estudio de mecánica de suelos. “Excavaron como un metro o metro y medio de profundidad y decían que había mucha agua, que no era apto el terreno para construir nuevamente porque había mucha humedad abajo, pero ya ve, uno es terco”.

Mientras las cinco mujeres de la familia pretendían aceptar la reubicación ofrecida por el gobierno, su hermano mayor las convenció de quedarse en ese lugar con el argumento de que ese era el patrimonio que les dejaron sus papás. Las diversas etapas de la casa fueron construidas por los dos hermanos albañiles en fines de semana, con asesoría de un ingeniero que les indicó la manera como podían reforzar su nueva vivienda.

Así también, el gobierno del estado terminó por permitir la construcción de viviendas en los mismos terrenos. “En ese entonces estaba Fernando Moreno Peña de gobernador y nos hacían reuniones, al principio nos decían que no eran aptos los terrenos, pero al final nos dijeron que si no queríamos reubicación, nos podíamos quedar aquí. Mucha gente no quería reubicarse. Al final, resultó que no nos iban a quitar los terrenos y aquí estamos”.

—¿Cuándo les dijeron que si querían quedarse podían hacerlo?

—Fue antes de que saliera de gobernador Fernando Moreno. En las juntas nos decían que por el temblor primero iban a hacer un estudio del suelo, porque esa parte de aquí fue la más dañada, nos decían que por seguridad de nosotros tenían que reubicarnos y que había espacio en Real de Minas. Mucha gente empezó a protestar, después salió la versión de que iban a construir aquí una planta de la cervecería Corona, pero eran solo "dimes y diretes" porque a nadie le constaba eso. Al final, dijeron que quien quisiera se quedara aquí con sus terrenos.

—¿Usted se siente segura en esta casa?

—Yo pienso que sí, pero no sabe uno. Uno dice y Dios decide. Uno no puede decir: "Esto no se va a caer". Ahí está el Titanic, el que lo hizo dijo que ni Dios lo podía hundir, y en su primera salida se hundió. Nomás sale uno, pero no sabe ni de qué magnitud puede haber un temblor.

Según proyecciones de José Francisco Ventura, en caso de que ocurra en Colima un terremoto de similar intensidad al de 2003, podrían registrarse pérdidas mayores o totalmente en 30 o 40 por ciento de las viviendas de la zona centro, proporción que se reduce conforme aumentan los niveles de seguridad en las áreas restantes.

EDIFICIOS PARA ZONAS SÍSMICAS

En el proyecto de construcción de edificios altos para zonas sísmicas, cuyo responsable técnico es el doctor Agustín Orduña, participan otros ocho catedráticos: seis provenientes de las facultades de Ingeniería Civil y de Arquitectura de la Universidad de Colima, así como un académico del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Oaxaca y otro de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

En octubre pasado, la propuesta fue presentada ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el marco de su Convocatoria de Proyectos de Desarrollo Científico para Atender Problemas Nacionales 2017, y pasó la primera etapa, por lo que actualmente los académicos entregaron la propuesta formal en busca de la aprobación definitiva y la asignación de recursos para el desarrollo del proyecto.

Aunque la investigación tiene como sede la ciudad de Colima, Agustín Orduña Bustamante aclara que no está enfocada exclusivamente para este lugar, pues también puede ser aplicada en otras ciudades el país con una situación similar en condiciones de sismicidad y tipo de suelo.

Reconoce que por tratarse de una ciudad media, no se percibe todavía la necesidad, desde el punto de vista económico, de construir grandes edificios en los próximos años en Colima, además de que prevalece entre la población desconfianza de vivir en un edificio alto.

“Una de las propuestas que contiene el proyecto es realizar una especie de campaña de concientización de la gente, para explicar que los edificios altos pueden llegar a ser más seguros que las casas de uno o dos niveles, pues cuando se tiene ese tipo de miedos es por desinformación”.

Como parte del proyecto, la base del edificio funcionaría como zona de amortiguamiento de los sismos. “La diferencia —indica el investigador— está en el primer nivel del edificio, cuyas columnas no serían continuas con las vigas del nivel superior y, de esta manera, en un movimiento lo que se movería más es la base, y la parte superior mucho menos; técnicamente esto es aislamiento”.

Entre las características técnicas, el primer nivel “iría reforzado con columnas bastante robustas de concreto o de acero, pero hay que calcular esas columnas muy bien, pues son la base y si llegan a fallar, todo se viene abajo, mientras que del primer nivel hacia arriba sería una construcción tradicional, con la ventaja de que las columnas y vigas irán más reforzadas: en este caso aislamos la estructura del sismo y en la parte de arriba prácticamente no sentirían el movimiento”.

De acuerdo con Agustín Orduña, hay sistemas de aislamiento que se han usado en otros países, pero en México apenas se empiezan a usar aisladores de base y amortiguadores.

“Aunque es otro concepto, la palabra amortiguamiento nos ayuda a definir la respuesta de qué tanto se mueve un edificio con el sismo. Si vemos el sismo como una energía que entra al edificio, una energía en movimiento, el amortiguamiento sirve para disipar la energía y para que la construcción en sí no tenga que disiparla por sí misma, sino que hay elementos que le ayudan y que la estructura no tenga que verse muy esforzada ni muy demandada”.

En el aislamiento tradicional, señala, hay una cimentación que está en contacto con el terreno y los aisladores son elementos relativamente cortos, de menos de un metro de alto, y arriba de ellos se coloca otra cimentación, por lo que ahí hay dos cimentaciones, con un costo duplicado.

En cambio, dice, en su proyecto él propone un tipo diferente de aislamiento, en el que efectivamente hay una cimentación en contacto con el terreno, pero las columnas que van a poder bambolearse y girar durante un sismo se encuentran en la estructura que cubre el primer nivel, pero ese espacio se puede ocupar y tener una función, por ejemplo, de estacionamiento.

“Esta estructura tendría que estar bastante reforzada para soportar este movimiento de las columnas y, a partir de ahí, se puede hacer la construcción de una manera tradicional”, comenta.

Entre las ventajas que tiene este sistema es que prácticamente no habría daños derivados de un sismo, porque al moverse el suelo, las columnas giran, pero como ya están formadas de alguna manera las grietas entre las columnas, la cimentación y la zona de arriba, no habrá agrietamiento: “La columna simplemente va a girar y regresar a su posición vertical y no hubo daño, no hay nada que reparar; desde el punto vista económico, es una ventaja”.

El proyecto considera la realización de pruebas del funcionamiento de ese sistema en el muro de reacción antisísmica que tiene la Facultad de Ingeniería Civil. “Le podemos inducir una fuerza lateral y vemos cómo se comporta la relación entre la fuerza y el desplazamiento, después tendríamos que hacer pruebas en la mesa vibradora que tiene el Instituto de Ingeniería de la UNAM y si vemos que el sistema tiene potencial, habría que hacer más pruebas”.

Puntualiza: “Hay que comprobar cómo funciona, ver la parte económica, si realmente tiene ventajas, y si no es la ventaja económica directa, puede ser en el aspecto ambiental, pues si se construyen edificios altos habrá más áreas verdes. Esperamos que el sistema tenga ventajas económicas y ambientales”.

(Difundido el 23 de marzo de 2018 a través de la Agencia Informativa Conacyt).