Las rutas oscuras impuestas por la pandemia y la xenofobia

 

 

Por RODRIGO SOBERANES Video y fotos JAVIER GARCÍA/ Quinto Elemento Lab

 

Las maniobras de la locomotora para ir acomodando vagones atraían a personas salidas de las sombras y los escondrijos de los alrededores de las vías férreas de Tierra Blanca, Veracruz. Eran migrantes atentos a cazar el tren para seguir su camino.

“Nosotros venimos cuidándonos. La gente migrante tiene su precaución. Llevamos gel, venimos lavándonos las manos, bañándonos bien”, comentó detrás de su cubrebocas Roberto Gómez Hernández, de nacionalidad hondureña. Estaba al pie de las vías, con una mochila como único equipaje y un impermeable improvisado con una bolsa negra diseñada para guardar basura.

Gómez pasa de los 40 años y ejerce de líder de un puñado de migrantes que se fueron encontrando durante su recorrido desde la frontera sur mexicana hasta este peligroso punto de la ruta migratoria en Veracruz. 

“Ahorita como venimos en el tren, venimos todos sucios”, se excusó Roberto Gómez de manera espontánea, consciente de que la presencia de la población migrante no es bien vista entre los locales debido a los rumores que los señalan como portadores del virus. Enseguida mostró su frasco casi vacío de gel antibacterial.

Mientras los maquinistas continuaban las maniobras de ensamblamiento de  vagones cayó la noche y llegó una lluvia que atenuó el sofocante calor de la zona cañera de Tierra Blanca, que espantaba a los viajeros de permanecer ahí. El otro factor era la inseguridad. Se trata de una zona conocida por los secuestros y violentos asaltos. A estos riesgos se le sumaba la posibilidad de agarrar el virus que también asesina.

Las medidas sanitarias en Tierra Blanca -el albergue cerrado, el primer cuadro de la ciudad y sus principales calles también cerradas y bajo  estricta vigilancia policial- mostraban  la gravedad de los contagios en esta zona del sur veracruzano, un paisaje repetido en los lugares que el grupo de migrantes liderados por Gómez había atravesado.

A mediados de julio de 2020, Roberto Gómez alcanzó una comunidad guatemalteca llamada La Técnica, al borde del río Usumacinta, frente a la frontera de México. Para llegar ahí, debió recorrer al menos siete horas en terracería trepado sobre uno de los pequeños camiones que salen de pueblos con nombres bíblicos del extenso departamento de El Petén. 

Esos camiones suelen detenerse en sitios donde polleros esperan reunir un cargamento de personas. También son interceptados por camionetas que recogen a sus clientes, quienes cambian de transporte a toda prisa y se pierden veloces en algún paraje fronterizo.

 

Leer nota completa en: https://quintoelab.org/project/rutas-oscuras-migracion-covid-pandemia-xenofobia

 

 

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Los sitios de exterminio que proliferan en México

 

 

Los sitios de exterminio que proliferan en México

 

En Guadalajara el horror se ha incrementado en los últimos meses. Ahí, cualquier vivienda puede ser usada para desaparecer gente. La localización de estos sitios aumentó más del 150% en 2019, en comparación con las fincas localizadas en 2018, mientras los reportes de personas desaparecidas superaron el 200% en el mismo lapso

 

Por Jonathan Ávila, Francisco Campos, Darwin Franco y Dalia Souza*

 

En la madrugada el 2 de mayo de 2019 “Pedro” cayó desvanecido en un cruce de calles cercano al centro de Guadalajara, en el occidente mexicano. Su cuerpo reflejaba heridas provocadas por arma blanca de las que emanaba sangre, que se mezclaba con el sudor producido por la agitación al correr a la velocidad que le permitían las piernas del lugar en el que había permanecido cautivo. 

Kilómetro y medio lo separaba de la casa ubicada en la calle Río Bravo, de donde 30 horas más tarde liberaron a otras nueve personas. En el jardín habían enterrado a siete más.

Esta historia forma parte de una investigación realizada por ZonaDocs, en alianza con la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) y muestra cómo Guadalajara ha vivido una escalada de terror en los últimos años.

 

Casa de Río, el paradigmático sitio de exterminio en donde hubo cautiverio, asesinato y fosa. Fabricio Atilano

 

La finca donde escapó “Pedro” forma parte de las 28 localizadas que se localizaron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en 2019, y que ahora son conocidas como “sitios de exterminio”. Este concepto es una resignificación de las familias de personas desaparecidas en México para “dar cuenta de la multiplicidad de mecanismos de eliminación y tratamiento de los restos humanos y cuerpos”, como refiere Carolina Robledo, coordinadora del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense.

Se les denomina “de exterminio” porque es donde se tienen cautivas a personas privadas ilegalmente de su libertad, se les somete a tortura física en condiciones de hambre y muchas veces son asesinadas, condenadas a ser inhumadas de manera clandestina en una fosa o cohabitan con cuerpos en descomposición.

La localización de estos sitios incrementó 154% en 2019, en comparación con las fincas localizadas en 2018. Asimismo, hubo un incremento de 700% en el número de hallazgos de segmentos de cuerpos en bolsas plásticas, lo que refleja la sofisticación en la técnica de la violencia en medio de una confrontación criminal que ha dejado expuesta a la población de esta metrópoli.

 

 

 

Los vecinos de Ciudad Granja dicen que nunca imaginaron que en la bodega podría haber algo así, porque están a unas calles del Poder Judicial de Jalisco. Fabricio Atilano

 

También durante 2019 se registraron 466 personas asesinadas y localizadas en la vía pública en los nueve municipios que integran la ZMG. De éstas, 137 mostraban huellas de tortura y al menos 70 se encontraban atadas, tal y como reportaron las autoridades al encontrar personas privadas de su libertad en los sitios de exterminio al momento de su localización.

Según las investigaciones de Carolina Robledo, este tipo de mecanismos de administración de cuerpos y el exceso de exposición de los crímenes de exterminio “revela signos de una enorme crueldad que no solo se ejerce sobre los cuerpos, sino que se ejerce sobre la población entera gracias a la instalación de terror”.

A la par de la proliferación de sitios, Jalisco fue catalogado por las autoridades federales como el estado con el mayor número de personas desaparecidas en el 2019. Tan sólo en los primeros cuatro meses, los reportes de personas desaparecidas incrementaron 227% con respecto al mismo periodo del 2018, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por autoridades federales de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

 

El sitio de Toluquilla, donde dos dedos mutilados llevaron a localizar dos fosas en Tlajomulco, destapando la conexión del exterminio. Darwin Franco

 

Esta crisis en materia de personas desaparecidas que atravesó el gobierno estatal de Jalisco fue contenida, según diversas fuentes consultadas para esta investigación, mediante una operación para eliminar cifras de personas desaparecidas. 

La orden fue dada por el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, a la fiscal especial Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, designada en enero de ese año. Las personas encargadas realizaron operativos de llamadas, pero cuando no respondían las llamadas se dio de baja la carpeta de investigación. Así lo revelan ex funcionarios de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y otros funcionarios del actual Gobierno de Jalisco, cuyos nombres fueron reservados por su seguridad.

 

A través de la fiscal especial de desaparecidos, Blanca Trujillo, el fiscal de Jalisco ordenó la eliminación de cifras de personas desaparecidas en 2019. Gobierno de Jalisco

 

Con esta operación el número de personas localizadas incrementó enormemente en el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, una plataforma estatal lanzada en marzo de 2019 para “hablar con la verdad”, según la explicación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Sin embargo, las familias de personas desaparecidas en la entidad han señalado su desconfianza sobre este registro, ante la incidencia de casos que llegan todos los días a ser reportados y porque han destacado que saben que no todas las carpetas están incluidas en ese registo.

Frente a la incertidumbre en las cifras y la proliferación de sitios de exterminio, los colectivos de búsqueda en Jalisco han hecho un llamado a la sociedad para que, de manera anónima, denuncie la violencia y se localicen más sitios de exterminio. Con esto, tienen la esperanza de encontrar a su familiar desaparecido, pidiendo que “regrese en las condiciones que sea, pero saber dónde está”, como dijo Mónica, integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas Por Amor a Ellxs.

 

Fosa de La Primavera, donde se encontró el número más alto de restos de personas en bolsas plásticas en la historia de Jalisco. Fabricio Atilano

 

En marzo de 2019 el gobernador de Jalisco dijo a familiares de personas desaparecidas que se “hablaría con la verdad” sobre las estadísticas. Gobierno de Jalisco

 

 Desde 2019 las familias de personas desaparecidas se han apostado a las puertas de Casa Jalisco, la casa del gobernador, para que se detenga el alza en los casos. Fabricio Atilano

 

Si quiere ver conocer más sobre esta investigación ingrese acá

 

*Esta investigación fue realizada por Jonathan Ávila, Francisco Campos, Darwin Franco y Dalia Souza para ZonaDocs en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS

 

  

La tortuosa búsqueda en los archivos de la muerte

Ilustración: Alejandra Saavedra

 

Aunque en México hay más de 75 mil personas desaparecidas y 39 mil cuerpos sin identificar, en siete años las fiscalías del país han ingresado menos del 10% de esta información  a la base de datos nacional que facilitaría encontrar las coincidencias. Las familias de las víctimas tienen que recorrer morgues de distintos estados del país y someterse a un cruel proceso de reconocimiento de cadáveres debido a la indolencia gubernamental. 

 

Por Mónica Cerbón/Quinto Elemento Lab*

 

Cuando la luz se apaga, el silencio llena el salón de clases de la Academia de Policías de Puerto Vallarta, Jalisco. En el pizarrón un trabajador del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) proyecta fotografías de personas asesinadas, cuerpos olvidados, no reconocidos, resguardados en la morgue en espera de su identificación desde 2011.

La primera imagen es la de un hombre de unos 40 años. El cuerpo tiene tatuado un guerrero en el pecho, y en el brazo una mujer con un bebé. Lleva “Orgullo mexicano” escrito en el abdomen. En la espalda, la Virgen de Guadalupe. Tiene símbolos mayas y un escudo nacional en la pierna. Viste ropas viejas, rotas y llenas de tierra.

El IJCF muestra la imagen a cuatro familiares de hombres desaparecidos, tres son de Aguascalientes. Está María de Jesús de León que busca a su hijo, José Guadalupe Rodríguez, desaparecido hace 9 años en el puerto junto con Arturo Muñoz, hijo de Angélica Romo, también presente. Se encuentra Javier Espinosa, quien busca desde hace 13 años a un hijo que lleva su mismo nombre. Laura Orozco viaja desde Michoacán en busca de su padre y dos hermanos desaparecidos en 2008 y 2012. Les acompañan ocho activistas que pertenecen al Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA).

María de Jesús mira las fotografías. Respira profundo y rápido. Javier Espinosa observa atento y de vez en cuando, ante el horror que acompaña a las muertes, baja la mirada. Angélica Romo prefiere no ver. Una mueca de enojo se dibuja en la cara de las activistas.

Y sigue el desfile de fotografías: “Génesis and Camila”, se lee en otro cuerpo. Su cuello está lleno de moretones. Otro lleva un tatuaje en medio de los hombros con el nombre de un municipio michoacano: Jiquilpan. Lo asesinaron a balazos. Luego una mujer con un tatuaje de sirena, un corazón y en la pierna un pez espada. Torturada. Tenía 25 o 30 años.

Son cuerpos irreconocibles. Rostros desvanecidos. Algunos todavía tienen cabello. Uno se tiene que imaginar en dónde estaban los ojos, la nariz, la boca. Después, huesos negros, casi calcinados. Imposibles de distinguir.

Y el silencio.

Es imposible encontrar a José Guadalupe, el hijo María de Jesús, ”Chuy”, como le dicen, un muchacho delgado con ojos negros y pequeños, o Arturo Muñoz, hijo de Angélica, de orejas grandes y labios reducidos, entre imágenes de osamentas calcinadas y cuerpos incompletos.

 

Foto 1. Búsqueda entre fotografías de personas fallecidas no identificadas en los archivos del IJCF. Crédito: Mónica Cerbón.

 

Es lunes 17 de agosto. Los familiares observan la presentación de PowerPoint sobre 45 cuerpos y osamentas no identificadas entre 2011 y  2020. La mayoría son hombres de entre 45 y 50 años, solo hay una mujer.

A través de un proyector viejo, la perito Mar Tovar Peña, representante del IJCF en el puerto, muestra una fotografía de extremidades humanas acomodadas encima de una mesa metálica y explica: “De esta persona solo se encontró la mitad del cuerpo, del abdomen para abajo”.

La luz se enciende. Y el silencio se rompe en reclamos.

Javier Espinosa se pregunta cómo podrá identificar a su hijo, si sólo ve cuerpos a la mitad, huesos y rostros desfigurados. “A tu familiar se lo llevaron bien. Que lo vayas a ver de esa manera te trastorna. Hay gente que no aguanta. Nos dañan”, se lamenta. Su hijo Javier llevaba una playera negra sin mangas, un pantalón de mezclilla y tenis blancos el día que desapareció. Era bailarín de breakdance. En abril del 2007 fue a recoger el último pago de un trabajo temporal como albañil cuando un comando armado se lo llevó con otras ocho personas.

Violeta Sabás, del OVSGA, critica la “tortura” a la que son sometidas las familias obligadas a ver una pasarela de víctimas desfiguradas de las que “solo el 10% es identificable”. “No hay madre o padre que pueda reconocer a su familiar en cuerpos irreconocibles”.

Pese a ello, las familias tienen que apechugar y mirar atentas el desfile de horror con la esperanza de encontrar algo conocido: un tatuaje, una cicatriz, una prenda. Y, al mismo tiempo, con el deseo de no encontrar.

La sospecha de que el familiar desaparecido haya sido llevado a una entidad  diferente a la de origen es siempre una posibilidad que hace que la búsqueda se vuelva tortuosa e infinita. Las fiscalías estatales ocasionalmente intercambian datos, y poca gente tiene dinero para viajar, visitar morgues, abrir gavetas con cuerpos o revisar los archivos de la muerte con la información de cada cadáver ingresado.

 

Foto 2. Familiares de víctimas de desaparición colocan carteles de búsqueda en la puerta de la Fiscalía Regional de Justicia Zona Costa de Puerto Vallarta, Jalisco. Crédito: Mónica Cerbón.

 

Eso motivó el viaje de la primera Caravana Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre Aguascalientes y Jalisco, que recorrió las fiscalías y semefos de Puerto Vallarta, Guadalajara y Lagos de Moreno, en el centro del país, donde hay, al menos, una decena de carpetas de investigación abiertas por la desaparición de personas originarias de Aguascalientes buscadas por el Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia:

Sergio de Lara, de 28 años, salió de viaje en 2011 al municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, y no regresó a casa.

Paola Álvarez, de 16 años, desapareció en 2015 en la comunidad La Lumbrera, Cieneguilla, un ejido golpeado por la pobreza a 15 minutos de territorio jalisciense. Un testigo dijo haber visto cuando un hombre, trabajador del Circo Olímpico, se la llevaba. El testigo, presuntamente amenazado, no dio más información. En esa misma comunidad, en 2017 se perdió el rastro de Cristian y José Ángel Vázquez, de 22 y 23 años.

El 10 de mayo del 2018, Maricela Aguirre desapareció en Encarnación de Díaz, a 20 minutos de Aguascalientes. De su caso no hay mayor información.

“No hay estrategia de coordinación ni protocolos estandarizados de búsqueda, eso los ha hecho ineficientes”, explica Sabás, coordinadora del OVSGA, asociación que organiza el trabajo del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia. Si hubiera coordinación las familias no tendrían que peregrinar entre fiscalías y servicios médicos forenses (semefos) de distintos estados.

La caravana recorrió 1 mil 161 kilómetros para incrustarse en salones reducidos donde se proyectaron imágenes de personas sin nombre y apellido, convertidas en cuerpos descompuestos, asesinados a balazos, molidos a golpes.

Esta es la tercera vez que Chuy busca en un anfiteatro a su hijo. La primera vez fue hace seis años en la Ciudad de México, la segunda en 2018, cuando acudió al forense de San Pedro Tlaquepaque para buscar entre los cuerpos de los tráileres. Otro peregrinar ha sido el de  Angélica Romo y su esposo Arturo, que estuvieron en el semefo de Puerto Vallarta y después en el de Nayarit. Luego en los de Monterrey, Michoacán y Ciudad de México.

“Una se siente afectada, con nervios, es muy triste. Mi esposo casi se desmaya en el forense de Ciudad de México, le afectó mucho”, recuerda Angélica.

 

Desapariciones transfronterizas

José Guadalupe Rodríguez luce una playera azul y Arturo Muñoz una camisa a cuadros café. Posan juntos en el Malecón de Puerto Vallarta. Es de noche. Detrás les acompañan luces adormiladas y el mar. La foto es del 8 de mayo del 2011, el día en que hombres uniformados como policías, con rostros cubiertos y armas largas, llegaron en una camioneta blanca sin placas a los Condominios Cocorit y apuntándoles en la cabeza los sacaron con violencia. En el lugar quedó un zapato de Arturo, una gorra de José y dos cervezas que no alcanzaron a destapar. Tenían 15 y 17 años.

“Yo lo vi todo. Los golpearon. El mío se resistió. Estaban en la terraza. A mí me apuntaron con una metralleta”, cuenta Angélica Romo, madre de Arturo.

“A mi niño le gustaban mucho las gorras”, platica Chuy, madre de José Guadalupe, y se lamenta porque tardó 15 días en enterarse de la desaparición: “No saberlo antes me dolió mucho”.

La foto es la más reciente que tienen las madres, la tomaron durante esas vacaciones. Nueve años después, la llevan impresa en camisetas para la búsqueda de sus hijos.

A 14 años del inicio de la “guerra contra el narco”, emprendida por el expresidente Felipe Calderón y prolongada por sus sucesores, a las familias de personas desaparecidas las une la esperanza de encontrar a sus hijos, las empodera la colectividad y las rodea un estado que las orilla a realizar sus propias indagaciones. Por eso esta mañana, Chuy y Angélica revisan la carpeta de investigación  de sus hijos en la Fiscalía de Vallarta.

En 9 años las autoridades ministeriales han acumulado 572 hojas de oficios de colaboración con otras instituciones y apenas 21 páginas de investigación.

“Los oficios de poco han servido, el avance es nulo”, afirma Chuy, quien se dice determinada a encontrar a su hijo “como sea”.

En Jalisco hay oficialmente 3 mil 682 personas sin identificar, una tercera parte de las 11 mil 97 personas desaparecidas en ese estado hasta octubre del 2020. En contraparte, Aguascalientes tiene un registro de 255 personas desaparecidas, aunque la Fiscalía estatal reconoce sólo 110.

Además de 150 kilómetros de frontera, estos estados comparten proyectos económicos, víctimas de violencia y crimen organizado. De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda el triángulo territorial entre estos dos estados y Zacatecas es disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, principalmente. Pero también hay presencia de Los Zetas, el Cártel del Golfo, el del Noroeste y la Familia Michoacana.

A las afueras de la Fiscalía de Vallarta las familias de víctimas se aglutinan para pegar en la puerta los carteles de búsqueda con los rostros de sus parientes desaparecidos. En esa labor está Laura Orozco, una abogada de 30 años, hija de Leonel Orozco y hermana de Leonel y José Iván, desaparecidos en Michoacán en 2008, 2009 y 2012, respectivamente. La familia es productora de aguacate.

Familiares y activistas llevan miradas de angustia, de impotencia. Apenas se hablan entre sí. Y así sigue el camino rumbo a San Pedro, Tlaquepaque.

El paisaje de la carretera son árboles frondosos, flores tropicales y plantas enredadas entre los troncos, escenario de crímenes, fosas clandestinas y desapariciones de personas. “Venía maravillada. Luego pensé: ¿cuántos cuerpos estarán perdidos ahí?”, dice, antes de caer la noche, Gloria Romo, defensora jurídica de las víctimas.

 

Gráfico: Omar Bobadilla.

 

 

Las técnicas de desgaste a las víctimas

Es martes 18 de agosto, segundo día de búsqueda. En el estacionamiento de la sede central del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en San Pedro Tlaquepaque, familiares y activistas esperan sentadas en la banqueta. El olor de los químicos para el tratamiento de cuerpos que sale del edificio provoca dolor de cabeza. Han pasado dos horas desde que Sergio Palacios, perito de la Dirección de Búsqueda, se negó a permitirles el ingreso con la excusa de que no podían entrar quienes no fueran familiares directos.

La espera detona una discusión con los funcionarios:

“Los papás de Paola están enfermos, ¿les van a pedir que vengan? ¿Quieren aquí a las familias de las 70 mil personas desaparecidas? Venimos a buscarles”, reclama al funcionario Mariana Ávila, integrante del Observatorio y representante de la familia de Paola Álvarez, desaparecida en 2015.

“Solo familiares con número de carpeta (de investigación)”, responde molesto Palacios.

Al colectivo se unen las hermanas Silvia e Iraís Urrutia. Entraron en contacto con la caravana por redes sociales. Ellas buscan a su hermano Ángel, de 35 años, y al hijo de Silvia, Luis Ibarra, de 24, desaparecidos en Jalisco el 22 de junio del 2019. El último punto registrado por la geolocalización de sus celulares marcó en San José de Gracia, Michoacán, a 20 minutos de los límites con Jalisco. Es la primera vez que podrán hurgar en un archivo forense.

En medio de la espera y discusión con los funcionarios, víctimas y activistas deciden presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco por el mal trato, y a punto de formalizarla, Palacios accede a que ingrese la caravana. Antes retienen celulares.

Palacios les lleva a un cuarto de paredes blancas y sillones azules. Ahí, está a punto de transmitirse una película de horror: la cara más cruda de la violencia mexicana. El aire huele a muerto, para ser precisos a 575 muertos, que están ahí, en otros salones. En el cuarto contiguo,  funcionarios cantan Las Mañanitas. Aplauden y ríen.

El perito presume a las y los buscadores el Sistema para el Archivo Básico de Personas Fallecidas, creado en  octubre del 2018 por el gobierno de Jalisco. “Sólo podrán ver fotos tomadas desde esa fecha”, advierte. No contiene ningún registro de años anteriores porque, acepta, no saben cómo digitalizar “las libretas” con información de personas asesinadas.

Las libretas son carpetas llenas de fotografías impresas de personas fallecidas no identificadas desde, al menos, 2008. “Es el mismo horror, pero impreso en hojas de máquina”, cuenta Javier Espinosa, que buscó a su hijo entre esas fotografías en 2010, cuando visitó las instalaciones de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en Ciudad de México. Esta es la primera vez que busca en el semefo de Jalisco.

“No sé cuánto tiempo tardemos en migrar todos los archivos al nuevo sistema”, comenta Palacios. Y tiempo, saben las familias, es lo que menos tienen.

En la pantalla cada registro está clasificado por estado del cuerpo (si fue encontrado completo o no), causa de muerte (desconocida en la mayoría de los casos), fecha de hallazgo y género. Además, hay cuatro íconos de colores en el extremo: amarillo si tiene tatuajes,  negro para señas particulares, rojo para fotografías del físico o la osamenta, y azul para las pertenencias con las que fueron encontrados.

No se puede filtrar, por ejemplo, por rango de edad aproximada, lo que implica que, si Chuy y Javier Espinosa quieren buscar a sus hijos, que este 2020 tendrían 24 y 30 años, deben pasar por 13 mil 364 fotografías de fémures y torsos calcinados, caras amoratadas, cuerpos incompletos, cráneos con tiros de gracia, huesos manchados de tierra o de sangre. Cabezas encima de mesas metálicas y hasta fetos olvidados.

“Es una técnica de desgaste”, susurra Laura Orozco, miembro de Familiares Caminando por Justicia. Quienes escuchan asienten. 

A las fotografías las antecede un aviso de “Advertencia” en letras rojas, anticipando el horror. Cuando comienzan a desfilar por la pantalla, hay silencio y sólo se escuchan caer gotas de agua de un filtro para desinfectar el salón por la pandemia de Covid-19.

Palacios parece dictar una clase de anatomía. Ejemplifica el proceso de descomposición humana con un trozo de carne: la putrefacción es diferente si le da el sol directo, o si se entierra, o si se hunde en el agua.

“¿Se atreven a ver lo que había en esta fosa?”, reta el funcionario. Nadie responde. Las caras son de angustia, de dolor. Enfrente, otra vez, el horror traducido en huesos y rostros carcomidos, desfigurados.

De pronto aparece un cuerpo parecido a Diego Portocarrero, de 44 años. Diego es de Aguascalientes y desapareció en un viaje de trabajo a Puerto Vallarta en abril del 2020.

“A ver, otra vez la foto”, pide Violeta Sabás, coordinadora del Observatorio. La mira, anota el número de reporte, y el desfile de fotografías sigue.

Después la activista Mariana Ávila exige saber si las muestras de ADN de las familias siguen en resguardo y si cotejan con cuerpos o restos no identificados.

 

Gráfico: Omar Bobadilla.




Una década perdida y sin documentación forense

Han pasado 14 años desde la estrategia militarizada de la “guerra antidrogas” calderonista, y aún no se tiene un sistema eficiente de perfiles genéticos que permita cotejar restos de los 38 mil 891 cuerpos sin identificar de los anfiteatros del país, con las muestras de las 75 mil familias que buscan a una persona desaparecida.

El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció la obligación del Estado Mexicano de utilizar perfiles genéticos para la identificación de víctimas, a través de la  sentencia del caso conocido como Campo Algodonero. Durante los últimos años de la administración de Calderón se anunciaron al menos tres diferentes proyectos de identificación a través de muestras de ADN: la Base de Datos en Genética Forense, anunciada en 2010, la implementación del sistema CODIS, un año más tarde, y el programa Genética Forense, que iniciaría en 2012.

En contraste, durante esos tres años se acumularon -al menos- 6 mil 853 cuerpos sin identificar en todo el país, de acuerdo a respuestas obtenidas vía solicitudes de información.

En 2013, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) donó a México una plataforma tecnológica llamada sistema AM/PM (Ante Mortem/Post Mortem), que “permite gestionar información de personas desaparecidas (AM) y restos humanos (PM) para facilitar la identificación”, estandarizando la forma de registro y facilitando el cotejo entre los datos.

En octubre del 2015 -cuando ya había en México 16 mil 221 personas desaparecidas y 2 mil 374 cuerpos sin identificar- la entonces Procuraduría General de la República (PGR) anunció la puesta en marcha del sistema en todo el país. Pero para marzo de 2020 todavía no había sido instalado en dos estados y apenas 22 de las 33 fiscalías tenían conexión con la base unificada que administra la actual FGR.

Información entregada por la FGR indica que, para marzo de 2020, la base de datos del Sistema AM/PM apenas contaba con datos de 6 mil 789 personas desaparecidas y 5 mil 400 registros de cadáveres. Siete meses después, las cifras incrementaron otros mil 100 (7 mil 889), largas entrevistas sobre las características de personas desaparecidas,  y mil 400 formatos sobre cuerpos humanos (6 mil 817). El rezago es enorme: Quinto Elemento Lab documentó que casi 39 mil cuerpos que ingresaron los últimos 14 años a anfiteatros siguen sin ser identificados.

Un ejemplo, Sinaloa tiene mil 217 cadáveres y osamentas sin identificar, y únicamente ha ingresado a la base de datos AM/PM, que permite hacer el cotejo a nivel nacional, la información de 78.

A nivel nacional sólo se tiene información de tomas de muestras genéticas a 6 mil 550 familiares de las personas desaparecidas, sin que sea claro si las muestras corresponden a más de una persona del mismo núcleo familiar.

Las autoridades forenses y de la fiscalía de Jalisco apenas registraron alrededor de 162 tomas de ADN, mientras que en Aguascalientes fueron 17.

Ante la falta de ese sistema prometido desde hace una década, las familias de todo el país se ven condenadas a recorrer morgues, observar cuerpos almacenado, mirar las libretas de registros, carpetas con fotografías, periódicos que exhiben muertos, una y otra vez, todos los días de su vida, esperando encontrar la playera azul de José Guadalupe, los tenis blancos de Javier Espinosa, la camisa a cuadros de Arturo Muñoz.

Una tortura.

En 2018, cuando fueron descubiertos  dos tráileres que deambulaban por Jalisco con 344 cuerpos almacenados, las autoridades de Aguascalientes anunciaron que a través de muestras genéticas se logró identificar a dos de los cuerpos. Y han sido los únicos.

“El horror echa a andar la imaginación de lo que pudo pasarle a nuestros hijos”, dice Javier Espinosa al salir decepcionado del ICFJ de Tlaquepaque. Y ese horror, quizá, hace que parezca estar siempre despierto o que Angélica Romo no pueda dormir; que por la noche mientras el Colectivo duerme en una casa oscura y de renta en Guadalajara, se escuche el rechinido de las puertas y pasos a media noche. Que nadie quiera hablar de los archivos de la muerte.

 

Lagos de Moreno: el horror y la precariedad

Lagos de Moreno, a 40 minutos de Aguascalientes y alejado de la zona conurbada con Guadalajara, es un pueblo mágico color ocre en el que han sido localizadas 29 fosas clandestinas entre 2012 y 2020. Su Fiscalía está rodeada por caminos empedrados. Tiene un moño negro en la entrada y una morgue saturada.

Catalina Mireles, madre de Ana Elvira de 23 años y desaparecida en Lagos en 2015, recibe a la caravana. Está también Jaime López, un hombre mayor de ojos grandes y llorosos. Jaime busca a sus “muchachos”: Gilberto y Jorge López Reyna, de 44 y 42 años, mecánicos industriales de profesión. En septiembre de 2019 les ofrecieron trabajo en un rancho de Encarnación de Díaz, a 30 minutos de Aguascalientes. No regresaron.

Foto 3: Integrantes de Buscando Personas, Verdad y Justicia, y familiares de víctimas de desaparición en  la Fiscalía de Lagos de Moreno. Crédito: Mónica Cerbón.

 

La región Altos Norte de Jalisco, a donde pertenece Lagos de Moreno, es una de las más violentas del estado. De acuerdo con datos del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición, en ese municipio han desaparecido 323 personas desde 2013. Pero se cree que son más, la gente vive atemorizada, no denuncia por temor a represalias. La razón principal de la violencia es la conexión con Aguascalientes, Zacatecas y la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, con sede en León, Guanajuato, el estado con mayor número de homicidios en 2019.

En la zona sólo existe un investigador: Ricardo Arias Mesa, quien llegó en abril del 2020 a trabajar como Agente del Ministerio Público Distrito 3.

La oficina de Arias es pequeña y desordenada, hay pilas de cajas por todos lados, archiveros adornados con bolsos de mano, un calendario escolar, una grabadora vieja, una estampa del Sagrado corazón, un teléfono de cable encima de tres cajas. Sillas rotas y polvorientas.

-¿Qué necesita que le demos para que haga su trabajo? ¿Para buscar a mis hijos?- pregunta, indignado, Jaime López.

-Falta personal para tantas carpetas de investigación. Víctimas y testigos no quieren declarar. Hay poca confianza entre las corporaciones policiacas -reconoce Arias. “Se esperan hasta que encontremos fosas”, dice alguien en la oficina.

A las familias en Lagos de Moreno no se les permite hacer búsquedas en campo, como ocurre en otros puntos del estado. En Aguascalientes tampoco se permite. A casi un año de la desaparición de “sus muchachos”, esta es la primera vez que Jaime López podrá entrar el instituto forense para buscarlos.

“Uno se siente presionado, nervioso, no sé qué va a pasar si reconozco algo”, se sincera.

La caravana entra a la delegación del IJCF en Lagos de Moreno, donde hay cuerpos que pertenecen a personas de Guanajuato,  Michoacán o Estado de México, pero el personal no  sabe explicar por qué siguen en esa morgue que, además, está saturada: resguarda 102 cuerpos aunque le caben 87. No sólo retienen, también pierden. El instituto jalisciense tiene “en investigación” el destino de 355 cuerpos ingresados a sus instalaciones, como admitió ante una solicitud de información.

En un pasillo estrecho, familiares escuchan una explicación que bien podría reflejar el rompecabezas de restos humanos en los que se ha convertido el país:

“Estamos viendo, de acuerdo con su perfil genético, qué cabeza le corresponde a cada cuerpo”, explica Enrique Camberos López, delegado del IJCF. Y por las mejillas de algunas mujeres se escapan pequeñas gotas de agua.

A diferencia de los semefos de Puerto Vallarta y San Pedro Tlaquepaque, en Lagos de Moreno las fotografías de los cuerpos no identificados muestran las escenas del crimen: campos abiertos, patios traseros de casas, brechas rurales. Los cuerpos amarrados con cuerdas, dentro de bolsas negras, semi enterrados, repletos de golpes, calcinados.

Jaime López está concentrado en la imagen de un hombre con el rostro hinchado y golpeado de unos 40 años, casi la edad de sus hijos. Se acerca a la computadora, mira por unos segundos, da unos pasos hacia atrás y concluye: “No, no es”.

Mientras, Chuy y Angélica esperan en la camioneta. Dicen que no pueden pasar otra vez por el mismo proceso: tortuoso, revictimizante. Este día nadie de la caravana pudo reconocer alguno de los cuerpos. Chuy a veces siente que no hay esperanza. Mirar imágenes de cuerpos irreconocibles la pone triste. Y la esperanza sólo regresa, dice, cuando sueña a su José Guadalupe. Vivo.

 

Foto 4. Para el reconocimiento de cuerpos, familiares de víctimas se amontonan en un estrecho pasillo de la Delegación del IJCF en  Lagos de Moreno. Crédito: Mónica Cerbón.

 

 

*Este reportaje es parte de la serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab, que revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Próximos lanzamientos visita ww.quintoelab.org/crisis-forense

 

 

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Por RODRIGO SOBERANES Foto y video JAVIER GARCÍA

 

Una pequeña capilla recién construida en el comedor de Las Patronas -ubicado en Guadalupe La Patrona, Amatlán de los Reyes, Veracruz- para que las personas migrantes tuvieran donde orar, se convirtió en el único refugio disponible para las personas migrantes que llegan después de largos recorridos en medio de la pandemia del COVID-19.

 

La capilla se inauguró el 14 de febrero de 2020, día del 25 aniversario de Las Patronas.

 

La famosa cocina ubicada en el centro de Veracruz, donde diariamente se ha preparado comida para multitudes de migrantes, ha ido cambiando a lo largo de sus 25 años de historia. Pasó del fogón de leña a las hornillas de gas. De las ollas pequeñas a los grandes recipientes. De un par de cocineras a nutridos grupos de voluntarias. 

Al lado de la cocina se construyeron cuartos para ofrecer hospedaje a voluntarias y voluntarios, así como albergue a migrantes en casos puntuales. La última reforma ha sido la construcción de una capilla de piedra, financiada por la orden franciscana, que se inauguró el 14 de febrero de 2020, día del vigésimoquinto aniversario de Las Patronas.

 

La capilla recién construida es un lugar de refugio para los migrantes que llegan a Las Patronas debido a que el resto de los albergues de la región están cerrados.

 

Sin que lo supieran, al inaugurar la capilla estaban estableciendo el que se convertiría en el único albergue para migrantes abierto en cientos de kilómetros a la redonda. Días después de su inauguración, cuando ya habían noticias que hablaban sobre los estragos en América del virus originado en China, los demás centros de ayuda humanitaria para la población en tránsito comenzaron a cerrar sus puertas.

De hecho, el mismo día de la inauguración el gobierno de México inició un diagnóstico de la capacidad hospitalaria ante la inminente llegada del virus y el 28 marzo inició la Jornada de Sana Distancia, que fue el instrumento de las autoridades para pedirle a la población que se quedara en casa.

El 2020 había comenzado con un fuerte incremento del flujo migratorio, según muestran las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR). Durante los tres primeros meses, la COMAR había registrado un incremento del 34% de solicitudes de refugio recibidas con respecto al mismo periodo del 2019.

“Eso quiere decir que las tendencias de incremento continuaban este año. Se sabía del covid pero todavía no impactaba en México”, dijo el coordinador de la COMAR, Andrés Ramírez Silva.

Pero el cierre de las fronteras en el norte y el sur de México trajo “un cambio tremendo” que se reflejó en abril, cuando la cifra de solicitudes bajó en 86% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La disminución de las peticiones, en opinión de defensoras y defensores de Derechos Humanos consultados en distintos puntos de la ruta migratoria, no significa que la migración haya parado, sino que un brusco cambio de escenario  obligó a la población en tránsito a hallar otros caminos y soluciones.

 

La nueva normalidad de Las Patronas

Desde mediados de marzo Las Patronas cerraron la entrada a las habitaciones donde se da hospedaje a hasta 30 personas, y mantuvieron la preparación de comida para quien llegara a pedir alimento. La capilla, ubicada fuera de las bardas que delimitan el espacio de la cocina y el albergue, pasó de ser un lugar de culto a un lugar de cuarentena donde ese mismo mes fueron llegando sus primeros inquilinos viajeros.

Las medidas se hicieron estrictas: La toma de temperatura al entrar, el confinamiento dentro de la capilla por 14 días, el uso separado de trastes, el lavado de ropa, manos e higiene personal son algunas de las reglas impuestas en el albergue.

 

Julia Ramírez trabaja para que todo funcione en el refugio a pesar de la poca afluencia de personas migrantes.

 

“Se quedan en la capilla porque tenemos que cuidarnos nosotras también”, explicó  Julia Ramírez el 23 de julio, a nuestro paso por el refugio. Acababa de atender a un  guatemalteco que había llegado caminando.

Julia Ramírez le llevó un plato con arroz, frijoles y una pieza de pollo, y un vaso con agua. El migrante comió sentado en una galera fuera de la cocina. Norma Romero, la fundadora del lugar, le ofreció que entrara a la capilla a descansar pero él prefirió seguir. Después de dejar sus datos registrados en la libreta donde Las Patronas llevan el control de personas atendidas –José Luis Basurto, nacido el 13 de enero de 1989– siguió su camino.

“Hemos visto que los migrantes nos llegan caminando. Ahorita con esta enfermedad hay muchos albergues que cerraron. Aquí viene uno que otro caminando y los recibimos con reglas de higiene”, contó Julia Ramírez Rojas, integrante del grupo humanitario, desde la cocina de las Patronas, donde habían más bolsas con pan de las necesarias y las grandes ollas para el arroz estaban en desuso.

“Esto nos agarró de sorpresa a todos”, dijo Norma Romero, iniciadora del grupo. Con un cuarto de siglo de experiencia, las voluntarias tenían ante sí un escenario totalmente nuevo. “No estábamos preparadas para este tipo de situaciones”.

 

En el comedor de Las Patronas los alimentos que reciben en donaciones se acumulan ante la poca llegada de migrantes.

 

Una llamada para saber qué pasa

El pasado 23 de julio, Norma Romero, con numerosas interrogantes sobre la situación en la ruta migratoria, tomó el teléfono e hizo una llamada a otra persona que se dedica a dar ayuda humanitaria en la ruta.

-Aquí han pasado de regreso algunos que dicen que donde está muy duro es en Orizaba otra vez. Están teniendo muchos asaltos- dijo la voz al otro lado de la línea.

-Es que ahí ya no hay nadie que apoye. Por eso yo digo, bueno, ¿ahora cómo le hacemos?, nos vamos enterando de lo que ellos nos van diciendo- replicó Norma Romero.

-Sí, así está ahorita. Coatzacoalcos nada más está dando comida. En Oluta, como tienen refugiados y están en cuarentena, nada más están dando de comer por afuera a los que pasan. Palenque estuvo cerrado y están empezando a atender a los que están lastimados. Salto de Agua –en el norte de Chiapas, en otra ruta migratoria– sí está funcionando, creo que están recibiendo por una noche nada más. Es que esa zona está muy contaminada. ¿A ustedes no les ha tocado ningún caso?

-No, nos ha tocado nada, bendito sea Dios.

-Bendito Dios, qué bueno.

-¿Ustedes están bien?

-Sí, en el equipo se enfermaron dos personas pero no por el albergue, sino que la pescaron por afuera. Dentro del albergue gracias a Dios hasta ahora no. Ahí vamos, aunque aquí en la ciudad de Tierra Blanca la pandemia está en el pico.

-Está complicado. No hay que desanimarnos, hay que ayudar en lo que podamos, ¿no?

-Pues sí, claro que sí. Yo hasta donde sé sí ha afectado bastante, en Oluta hubo un caso dentro del albergue, en Coatzacoalcos también, en Palenque tuvieron algunos casos. A mi me dijeron que está muy, muy difícil. Sé que está muy difícil en la zona de Tapachula, que hay mucha gente contaminada. Hay mucho riesgo en el viaje.

-Nosotros con los que llegan estamos poniéndolos en cuarentena porque se quedan, se les da alimento pero no pueden ingresar al albergue, hay que estar a las vivas con ellos. Es importante tomar nuestras debidas precauciones- respondió Norma Romero.

Esta región, donde Las Patronas ofrecen alimento y comida a los viajantes, lleva años siendo un foco rojo por los ataques a migrantes. Es uno de los tramos de la ruta migratoria de donde salió la información que usó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar en 2009 la maquinaria de secuestro de migrantes que se instaló en la región.

 

“Esto no se puede paralizar”

A diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia, durante la contingencia llegaban al comedor de Las Patronas personas solas o en grupo muy pequeños, luego de caminar distancias enormes. Hasta antes de marzo lo habitual eran grupos de decenas de migrantes llegados en trenes de carga.

“Están pasando muchas cosas de las cuales tenemos que estar muy atentas. Esto tiene que seguir, no se puede paralizar”, dijo Norma Romero, en referencia al descontrol en la ayuda humanitaria causado por la contingencia.

En las habitaciones había dos migrantes hondureños llegados antes de la pandemia que se quedaron a trabajar en los campos cañeros de Amatlán, en espera de la resolución de sus trámites de refugio en la COMAR.

 

 Desde la llegada del COVID-19, el comedor de Las Patronas redujo su actividad y luce en completa calma.

 

También, relataron las voluntarias, han debido atender a personas mexicanas expulsadas de sus comunidades de México por las carencias económicas causadas por la pandemia.

Julia Ramírez contó que el tren ya no pasaba con frecuencia durante el día. Había empezado a pasar por las noches, y pese a que iban migrantes sobre los vagones, no podían salir a su encuentro y entregarles comida. Los migrantes iban extenuados y eso podría causar una caída a la hora de intentar alcanzar las bolsas con agua y comida con el tren en movimiento. “Ya van cansados y se nos pueden caer del tren”, explicó Ramírez.

Las grandes ollas para cocinar cantidades industriales de arroz y frijol que antes alimentaban a cientos de personas al día se encontraban en desuso. El rol de actividades en la cocina que cuelga en una pared ya no se sigue al pie de la letra porque la carga de trabajo había disminuido drásticamente.

Ante la falta de afluencia de población migrante aprovecharon para dar mantenimiento a sus instalaciones.

Antes del covid, según explicó Norma Romero, “eran dos trenes a los que se les daba atención diario y ahí iban los migrantes, posteriormente [con la llegada de la pandemia] empezamos a ver que los trenes comenzaron a cambiar de horarios”. En la nueva situación lo habitual era un único tren diario a la medianoche. Ha habido momentos, dijo Romero, “en que no vimos trenes en una semana”.

 

Los pocos trenes que pasan lo hacen en las noches, lo cual dificulta la labor humanitaria de Las Patronas.

 

Según explicó Juliar Ramírez, antes de la pandemia recibían una llamada desde Tierra Blanca -la parada anterior- cuando salía un tren con migrantes para que estuvieran preparadas con la comida. “El tren se hace tres horas de Tierra Blanca para acá. Hay que hacer el arroz, el frijol y empaquetar”, explicó.

Desde la aparición del covid en la zona esa llamada dejó de llegar, al igual que los trenes. La cuenta atrás de tres horas se detuvo. Las patronas, que preparaban hasta 12 kilos de arroz diarios, empezaron a hacer un par de kilos, y a dejar el café enfriar. Lo calientan, se vuelve a enfriar y lo vuelven a calentar en espera de migrantes que lleguen a tocarles la puerta.

 

 

 

Rodrigo Soberanes es un periodista mexicano que vive en el estado de Veracruz. Su trabajo se centra en coberturas y reportajes sobre migración y desplazamiento forzado dentro y fuera de México. Se ha especializado en coberturas de comunidades indígenas sobre violencia y territorio, así como en temas sociales y ambientales.

Javier García es fotógrafo y videorreportero desde 1994. En 2007, fundó el Colectivo Audiovisual "Sacbé Producciones", enfocado en la producción de cortometrajes y documentales sobre migración y temas sociales en México. En 2016 dirigió el premiado documental La cocina de Las Patronas, sobre la comunidad de mujeres que asisten a migrantes centroamericanos en Amatlán de Los Reyes, Veracruz.

Este reportaje forma parte de la serie de cinco partes “Migrar bajo las reglas del Covid” que puedes leer aquí.

Tres meses de camino esquivando la pandemia

 

Por RODRIGO SOBERANES /

Foto y video JAVIER GARCÍA

 

“Vengo de El Salvador y caminé mucho”, se presentó Óscar Rivas*, un campesino de 53 años que inició su marcha en invierno de 2019 y recibió la primavera de 2020 en México en plena pandemia. Luego de caminar sobre vías del tren, terracerías, carreteras y potreros a más de 1 mil 200 kilómetros de casa y dormir al aire libre sobre piedras, procurando evitar el contacto con otras personas.

 

Óscar Rivas, al término de su travesía a pie en el albergue de Las Patronas donde se recuperó durante dos meses.

 

Rivas dejó su casa de San Salvador el 24 de diciembre de 2019, tenía entonces 52 años de edad. Antes de emprender la ruta migratoria había intentado vivir del trabajo en el campo, en la construcción y en la guerra, como soldado combatiente durante el conflicto civil de su país.

Al inicio, el viaje fue veloz. A los cinco días de paso rápido por Guatemala dejó atrás el Triángulo Norte de Centroamérica. Podía viajar en transporte público sin temor a que lo detuvieran. Los primeros casos positivos por covid estaban del otro lado del mundo, en Asia y Europa. Durante esos días recorrió casi 500 kilómetros sin sobresaltos.

Esa forma de viajar se terminó en cuanto cruzó el río Suchiate y entró a México por Ciudad Hidalgo, Chiapas. En territorio mexicano el Instituto Nacional de Migración (INM), apoyado por Policía Federal, a veces del Ejército, dificulta el tránsito de personas como él, en circunstancias de migración forzada. Las detienen, confinan y deportan.

Óscar Rivas nos contó su historia al final de su travesía desde un punto de la ruta migratoria donde finalmente encontró un techo y pudo quedarse un tiempo para recuperarse.

“Reforzaron los puestos de seguridad de Migración, la Guardia Nacional. Todo eso se les dificulta a las personas para avanzar. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo sea como sea”, afirmó Óscar, quien estaba sorprendido por el aumento en la vigilancia que percibió hacia personas viajando sin documentos. No era novato, ya una vez antes había intentado emigrar.

Las carreteras no eran opción, entonces buscó las vías del tren, no para subirse a un vagón -en su viaje previo, durante 2019, presenció un asalto con disparos y desbandada de migrantes hacia el monte- sino para seguir a pie la ruta regular del migrante: las vías del ferrocarril.

 

Tramo ferroviario en un despoblado ubicado entre Tierra Blanca y Amatlán, por donde pasó caminando Óscar.

 

Inició su marcha para llegar a Villa Comaltitlán, a 98 kilómetros de la frontera donde vivía una familia conocida. “Tenía una mochila, no traía unos buenos zapatos, venía enhuarachado”, explicó Óscar: estaba en plena travesía sin dinero y únicamente con una muda de ropa como equipaje. Tardó tres días en llegar.

Es un tramo de la vía del tren a un costado de la Sierra Madre, atravesando por numerosos ríos y riachuelos que se abren paso desde las montañas hacia el mar. A su derecha encontraba las montañas coronadas con nubes o neblina, hacia la izquierda tenía un paisaje extendido hacia la playa.

Era mediados de marzo de 2020 y la pandemia estaba en marcha. La Organización Mundial de la Salud no tardaría en declarar emergencia internacional por la propagación del COVID-19, con casi 8 mil contagios y 170 muertes en China. Mientras tanto, en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informaba sobre el inicio del proceso de preparación de la estrategia para combatir el nuevo coronavirus.

Comer iguanas, dormir a la intemperie

Óscar se internó por tramos de selva mediana y baja con parajes de manglares, lagunas costeras, y esteros. A su alrededor tenía una vasta cantidad de fauna conformada por especies de aves endémicas y migratorias, incluso, por el jaguar. De ahí en adelante, las condiciones naturales del camino, junto con su capacidad de supervivencia aprendida en el ejército salvadoreño, le dieron la posibilidad de sobrevivir durante su travesía, que sucedió en su mayoría alejada de lugares poblados. Esa fue su “sana distancia”.

Cuando Óscar estaba en la guerra, en las montañas de El Salvador, había días en que el helicóptero que llevaba el alimento, no llegaba. Por eso comía animales asados y hierbas del monte hervidas con sal.

“Si traigo con qué matarme un pajarito, lo cocino y me lo como. Por ahí abundan muchas iguanas. Me hacía una lumbre y ya, me las comía asadas en una estaca. Con el hambre todo sabe bueno. Esto fue cuando ya me quedé sin dinero”, relató tres meses después del fin de su travesía.

Años atrás, durante la guerra, en las ocasiones en que el helicóptero no llegaba, hacía caminatas de hasta 15 días y llegó a pasar, según contó, hasta tres meses “durmiendo en el monte”.

Para dormir, tanto en el conflicto armado como en su travesía por el sur de México,  en medio de la pandemia, buscaba un descampado donde no hubieran demasiadas piedras amontonadas u otros recovecos que pudieran ser guaridas de  animales. Por el mismo motivo, evitaba quedarse bajo los árboles. Pequeñas planicies con hierba crecida alrededor eran el lugar ideal.

El mejor horario para descansar era antes de que comenzara a oscurecer, alrededor de las 17:30, porque así podía controlar mejor sus condiciones de seguridad. Normalmente, a las 04:00 de la mañana ya estaba en marcha sobre las vías.

En una ocasión durante la guerra -contó Óscar- se separó de su pelotón cerca de un poblado, dejó su zona de seguridad porque olió tortillas recién hechas. Cuando volvió con ellas, sus superiores lo castigaron por haber pasado por alto una táctica del enemigo, que envenenaba soldados luego de atraerlos de forma parecida a como Óscar fue atraído por el aroma a maíz recién cocinado. Fue así como aprendió a no salirse de su zona de seguridad.

-¿Utilizaste esa enseñanza para no exponerte a autoridades y pobladores durante tu viaje?- preguntamos.

-¡Exactamente! Exactamente... 

Llegó a principios de enero a Villa Comaltitlán, Chiapas, un caluroso y pequeño municipio costeño de actividad cañera y comercial, donde trabajó dos meses en la construcción. Decidió quedarse ese tiempo porque se enteró del avance del Covid y de las dificultades que enfrentaban otros migrantes para seguir su camino.

“Escuché las noticias y estaban diciendo de eso. Venía una caravana que no la dejaron pasar por lo mismo, me quedé de mientras dos meses trabajando”, explicó.

El 30 de enero se instaló el Comité Nacional para Seguridad en Salud, una instancia creada para atender la emergencia sanitaria. El 28 de febrero México registró su primer caso positivo por covid-19. Óscar empezó su camino de nuevo a pie a inicios de marzo y el mundo ya era otro. No encontró albergues para migrantes donde poder dormir, asearse y descansar. Estaban cerrados debido a la contingencia.

Siguió su camino por las vías, que tienen un trazo paralelo a la carretera donde, de haber sido ser una persona con papeles, podría viajar sin el riesgo de ser asegurado por el INM en uno de los nueve puestos de control que hay entre Tapachula y el límite de Chiapas con Oaxaca.

“Habían muchos puestos [de control migratorio] y tenía que venir sacándoles la vuelta”, recordó el salvadoreño. Humedales, potreros y terracerías iban quedando atrás mientras transcurría su marcha, paso a paso, hacia norte del continente.


Leer nota completa en: https://quintoelab.org/project/tres-meses-de-camino-esquivando-la-pandemia

 

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