A 32 años de la desaparición forzada del líder político opositor José Ramón García Gómez, detenido ilegalmente por policías el 16 de diciembre de 1988 en la ciudad de Cuautla, Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. (CIDHM) solicitó la incorporación del caso en la base de datos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de esa entidad.
Mediante un oficio firmado por Juliana G. Quintanilla, José Martínez Cruz, Paloma Estrada Muñoz y Marco Aurelio Palma Apodaca, representantes de la agrupación civil, demandaron a la institución que “se lleven a cabo todas las actividades y tareas conducentes a lograr el esclarecimiento de su paradero y conocer la verdad de lo ocurrido, para obtener la justicia largamente pospuesta y permita sentar las bases para que se apliquen políticas que garanticen que no haya repetición de casos de desaparición forzada cometida por elementos del Estado”.
En texto completo del documento dirigido a la titular de la dependencia, en el que se presenta un panorama general del fenómeno de la desaparición forzada de personas en el país, es el siguiente:
Maestra Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Morelos.
Por este conducto, quienes integramos la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., con dirección en Privada de las Flores 16, Colonia San Antón, en Cuernavaca, Morelos, con teléfono 7773185568 y correo electrónico para recibir toda clase de comunicaciones que se sirva proporcionarnos al respecto, nos dirigimos a usted para solicitar que el caso de la desaparición de nuestro compañero José Ramón García Gómez, sea incorporado en la base de datos de la Comisión de Búsqueda y se lleven a cabo todas las actividades y tareas conducentes a lograr el esclarecimiento de su paradero y conocer la verdad de lo ocurrido, para obtener la justicia largamente pospuesta y permita sentar las bases para que se apliquen políticas que garanticen que no haya repetición de casos de desaparición forzada cometida por elementos del Estado.
El 16 de diciembre de 1988 a José Ramón García Gómez lo detuvieron ilegalmente en Cuautla unos policías. Los agentes policiacos que lo detuvieron formaban parte del Grupo de Investigaciones Políticas de la Policía Judicial, dirigido por Antonio Nogueda y al mando del comandante Apolo Bernabé Ríos García, creado por mandato del entonces gobernador Antonio Riva Palacio López. Los tres ya fallecidos sin que se hubiese cumplido la justicia. José Ramón García Gómez fue el primer desaparecido durante el gobierno de Salinas de Gortari. Para investigar el caso se emitieron recomendaciones de la CNDH que pueden ser consultadas en línea: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/1991/Rec_1991_005.pdf)
A pesar del paso de los años, actualmente quedan dos detenidos en Atlacholoaya, sin embargo, no han sido sentenciados por el delito de desaparición forzada, por lo que hasta la fecha este caso permanece en la impunidad. Es por ello que no podemos permitir que casos como el de la desaparición de José Ramón queden en el olvido, ya que dicho delito es considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Su caso debe ser incorporado, ya que nunca se ha localizado y de acuerdo al mandato que tiene la Comisión de Búsqueda, debe dar cumplimiento a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, reconociendo que la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas señala que por esta última se entiende al arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
En este sentido, abrir una investigación histórica sobre la desaparición forzada en Morelos, será la forma de reconocer que a 32 años de la desaparición de José Ramón no haya más impunidad, que la verdad y la justicia vayan de la mano y que nunca más se vuelva a repetir esta represión política contra activistas y luchadores sociales.
Durante la investigación de la Fiscalía Especial creada para el caso José Ramón, se logró encontrar una tumba clandestina en el panteón de Amilcingo, en Temoac, donde se encontraron 17 cuerpos de desaparecidos reclamados por esposas que se identificaron como «Las Viudas de Amilcingo» y que aún siguen esperando que haya verdad y justicia. Ellas lucharon siguiendo el ejemplo de Rosario Ibarra y las Doñas del Comité Eureka desde los años 70’s, y actualmente continúan llevando a cabo más de 70 colectivos de familiares que hacen brigadas de búsqueda de sus familiares desaparecidos en todo el país.
Estas acciones de búsqueda han puesto en evidencia la existencia de miles de fosas clandestinas y fosas comunes utilizadas por autoridades para enterrar cadáveres sin respetar protocolos de identificación forense, como en Tetelcingo y Jojutla. Sin embargo, no se abren las puertas de los campos militares, hospitales psiquiátricos, clínicas contra las adicciones, entre otros sitios donde se presume han sido vistas con vida muchas de las personas desaparecidas.
Un lugar emblemático de la represión es el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México. En sus sótanos fueron llevados miles de desaparecidos desde 1968 y los años 70s, como consta en testimonios presentados ante la ONU y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y recogidos en el informe histórico que el gobierno se negó a asumir y publicar al respecto.
En estos días se ha llevado a cabo una visita por la CNDH y Gobernación al Campo Militar Número Uno, pero en lugar de recorrer los sótanos y exigir que se abrieran los archivos del terror de miles de desaparecidos, se hizo una simulación al firmar un acuerdo con la Sedena para brindar una supuesta capacitación a los militares en materia de respeto a los derechos humanos. Lo que se requiere es que el Ejército abra sus prisiones y archivos, para determinar quienes cometieron esta clase de delitos de lesa humanidad y se tomen medidas para evitar que se repitan.
Recientemente el gobierno ha llevado a cabo actos de ofrecimiento de disculpas a familiares por la responsabilidad del Estado en desapariciones forzadas cometidas en años anteriores y ha aceptado retirar las reservas para que el Comité de Naciones Unidas pueda investigar casos particulares de desaparición forzada en nuestro país, lo que ha sido recibido como un paso positivo por familiares y organizaciones, pero siguen luchando hasta que haya verdad y justicia y se logre la presentación con vida de sus seres queridos. Es lo que también han señalado padres y madres de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, quienes saludan la voluntad política de avanzar en las investigaciones y la detención de un militar, así como las órdenes de aprehensión dictadas contra decenas de posibles responsables de la desaparición en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, pero seguirán movilizándose hasta lograr recuperar con vida a los estudiantes desaparecidos.
Por todo ello es necesario más que nunca luchar contra la práctica de la desaparición forzada como una biopolítica del poder en contra de luchadores sociales, ahora extendida a miles de personas mediante la acción, omisión o aquiescencia del Estado. Aún a pesar de que haya significativos avances en el instrumental jurídico para investigar, sancionar, prevenir y erradicar la desaparición forzada, que no existía décadas atrás, y que ahora existe en el marco internacional con la Convención sobre Desaparición Forzada, el Comité ad hoc de la ONU que ya puede investigar casos ocurridos en nuestro país y con la Ley en la materia vigente en Morelos desde el 2 de septiembre de 2015 y la Ley sobre Desaparición Forzada aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en 2017 (LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504956&fecha=17/11/2017).
Si bien es cierto que hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, en Morelos es fundamental que se aplique de manera eficaz la ley en contra de la desaparición forzada, se apliquen los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas y se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policiacas y militares.
No hay lucha perdida más que la que se abandona. Al cumplirse 32 años de la desaparición forzada de José Ramón García Gómez en Morelos no olvidamos y seguimos exigiendo verdad, justicia y castigo a los culpables, para evitar que continúen las desapariciones de manera impune que ya eleva el número de desapariciones a más de 72 mil en todo el país, y un proceso de militarización de la seguridad pública que podría disparar la cantidad de desapariciones forzadas de activistas y ciudadanos.
Recordemos que fue precisamente la lucha contra el fraude electoral del salinismo lo que originó la desaparición de José Ramón en Cuautla, Morelos. Por ello es que reiteramos nuestra solicitud de que esta Comisión de Búsqueda asuma el caso de José Ramón García Gómez, ya que como lo hemos expuesto, nunca ha sido localizado ni se ha sancionado a ninguno de los policías cuya culpabilidad se demostró, sin que hasta la fecha se haya emitido sentencia alguna al respecto. ¡Porque amamos, luchamos!
Por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.
Juliana G. Quintanilla
José Martínez Cruz
Paloma Estrada Muñoz
Marco Aurelio Palma Apodaca.