Sierra de Manantlán: territorio indígena marcado por la minería de hierro y el narcotráfico

                                                                                                                     lustración: Tobías Arboleda

 

Analy Nuño

A dónde van los desaparecidos

 

Celedonio Monroy Prudencio nació en territorio nahua, en donde el agua del arroyo de Mameycito era tan cristalina que podía beberse. Apenas tenía cinco años y ya había recorrido buena parte de la Sierra de Manantlán bajo la guía de su abuelo. Así que en su adolescencia ya conocía los caminos, los manantiales, los animales que ahí habitaban y empezaba a sembrar maíz con su padre para la cosecha familiar. La sierra y él se reconocían.

En el mismo año en que Celedonio Monroy nació, 1975, la minería llegó a la Sierra de Manantlán, territorio ubicado en los límites de los estados de Jalisco y Colima, en el occidente de México, en donde se encuentran grandes yacimientos de hierro y una importante zona forestal.

 

Región en donde se ubica la Sierra de Manantlán. Mapa elaborado por GeoComunes.

 

La lucha por defender su territorio siempre estuvo presente en la vida de Celedonio Monroy. Su abuelo Estanislao Prudencio, su tío Juan Monroy y su padre Liberato Monroy participaron en la defensa del bosque que se dio desde la década de los setenta y hasta los ochenta. En esos años, los indígenas nahuas hicieron marchas épicas desde la sierra hasta las oficinas de las autoridades forestales en La Huerta, Jalisco. Con sus movilizaciones lograron que los gobiernos federal y estatal enviaran policías para sacar a los taladores que no dejaban en paz a sus bosques.

Celedonio Monroy siguió los pasos de sus mayores. En su adolescencia, mientras estudiaba la telesecundaria, se unió a la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR). Después, migró a la ciudad de Colima para estudiar Ciencias Políticas y más tarde ingresó a la carrera de Derecho. Desde entonces, se distinguió por ser uno de los miembros de su comunidad mejor preparados, por eso, él era el encargado de escribir oficios y representar a la comunidad indígena de Ayotitlán en su lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral y en sus denuncias en contra de la tala ilegal y las afectaciones provocadas por la minería. Era uno de los líderes más visibles.

La noche del 23 de octubre de 2012, cuando tenía 37 años y después de una serie de amenazas, un grupo de hombres fuertemente armados llegó a su casa y se lo llevó por la fuerza. Desde aquella noche, el indígena nahua está desaparecido. 

 

Blanca Esthela González sostiene la foto de su esposo, Celedonio Monroy. Foto: Mónica González.

 

“El gobierno no hizo nada en busca de él cuando recién sucedió (su desaparición), pedimos garantías a todas las autoridades, pero nunca hubo. Hasta ahorita no hay nada”, dice uno de los familiares de Celedonio Monroy. Ellos no han dejado de buscarlo y reclamar justicia.

La desaparición del líder nahua desató una nueva y larga etapa de agresiones en contra de los habitantes de los pequeños poblados de la Sierra de Manantlán, territorio donde hace años la comunidad indígena de Ayotitlán no sólo reclama el reconocimiento de sus tierras ancestrales, también ha denunciado las afectaciones provocadas por la minería legal e ilegal de hierro. En los últimos años, además, es asediada por grupos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

En su lucha por defender los manantiales, los ríos, el bosque, los cerros, sus tierras y la vida como la conocen, en la última década, la comunidad indígena de Ayotitlán ha padecido la desaparición y asesinato de otros de sus líderes e integrantes. Uno de ellos es J. Santos Isaac Chávez. A él lo mataron en abril de 2021. Los poblados de la región, además, llevan años denunciando las amenazas cotidianas y el despojo de tierras. 

En esa región donde la presencia de la minería y de los grupos del crimen organizado está por todas partes, los habitantes de pequeñas comunidades se han visto forzados a salir del territorio.

 

Vista de la Sierra de Manantlán. Foto: Thelma Gómez

 

Reconocimiento del territorio, una lucha añeja 

Para entender las causas detrás de la desaparición de Celedonio Monroy Prudencio y del asesinato de J. Santos Isaac Chávez, hay que conocer primero la historia de la comunidad indígena de Ayotitlán, la cual está conformada por varios poblados unidos por su identidad indígena y dispersos en el amplio territorio que hoy ocupa el ejido Ayotitlán, ubicado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco.

La historia de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán comienza mucho tiempo antes de que se creara el ejido. Académicos como el sociólogo Darcy Tetreault han documentado que, en 1696, la comunidad nahua-otomí recibió de la Corona española alrededor de 460 000 hectáreas que constituían la “República de Ayotitlán”. Durante el siglo XIX, la desamortización de los bienes comunales y la expansión de las haciendas redujo su territorio a menos de 10 000 hectáreas. 

En La lucha en torno a la minería en Manantlán, Tetreault documenta que en 1921, los pobladores solicitaron la restitución de su territorio, pero fue hasta 1956 cuando esas tierras pasaron, por disposición de las autoridades agrarias, de régimen comunal a “dotación ejidal”, una de las dos formas de propiedad social que en México se crearon a partir de la reforma agraria. 

Tuvieron que pasar casi diez años para que, en agosto de 1963, una resolución presidencial reconociera la creación del ejido y lo dotara con un poco más de 50 000 hectáreas, de acuerdo con los datos públicos disponibles en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.

 

Ejidos y comunidades agrarias localizadas en la región limítrofe de Jalisco y Colima. Mapa elaborado por GeoComunes

 

En los hechos, los indígenas de Ayotitlán sólo recibieron 35 000 hectáreas. Fue por ello que, a partir de 1969, comenzaron una lucha jurídica para obtener el reconocimiento de su territorio. En 1971, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dio la razón y ordenó ejecutar la dotación de tierras que faltaban. Hasta ahora, eso no ha sucedido. Tres años después otra resolución presidencial otorgó al ejido Ayotitlán una ampliación por poco más de 10 000 hectáreas que, hasta ahora, tampoco se les han entregado. 

Los ejidatarios de Ayotitlán luchaban por el reconocimiento de su territorio cuando, en 1975, el gobierno mexicano creó el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada. La paraestatal abrió la mina Peña Colorada y con ello inauguró la explotación de hierro en la Sierra de Manantlán, específicamente en terrenos ubicados en municipios que son vecinos, pero pertenecen a dos estados diferentes: Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, y Minatitlán, Colima. 

Buena parte de la concesión que permite la explotación de la mina Peña Colorada está en el territorio del ejido Ayotitlán.

Seis años después de que abrió la mina, en 1981, los ejidatarios comenzaron a denunciar que la actividad minera provocaba contaminación del agua de sus ríos y daños al bosque. También exigieron que se les pagara por los minerales que se extraían de las tierras del ejido.

Los ejidatarios tomaron en varias ocasiones las instalaciones de la mina, sin que prosperara ningún acuerdo con la empresa. Desde entonces se notaba que la comunidad de Ayotitlán no estaba dispuesta a retroceder en la defensa de su territorio.

 

Mina Peña Colorada, ubicada en la Sierra de Manantlán. Foto: Cortesía. 

 

De paraestatal a una empresa privada

Desde 2005, tras la privatización de la paraestatal realizada años atrás por el presidente Carlos Salinas, el consorcio minero pertenece a dos trasnacionales del acero que poseen cada una el 50 % de las acciones: ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica y minera del mundo por producción, y Ternium, parte del grupo italoargentino Techint, que se presenta como la siderúrgica líder en Latinoamérica considerada por la revista Expansión en el lugar 37 de las empresas más importantes de México.

Anualmente, estas empresas extraen de Peña Colorada 4.1 millones de toneladas de pellet o hierro molido, lo que representa el 33 % del consumo anual de la industria en el país, y 0.4 millones de concentrado de hierro. 

El presidente de ArcelorMittal es el magnate indio Lakshmi Mittal. En septiembre de 2023, la revista Forbes lo ubicó en el lugar 104 de los hombres más ricos del mundo. El italoargentino Paolo Rocca, dueño de Ternium, posee una de las mayores fortunas de Argentina de acuerdo con Forbes.

Uno de los ejidatarios que ha visto cómo el territorio de Ayotitlán comenzó a cambiar a partir de la llegada de la mina dice: “Operan la mina más grande, la más rica del país, en una de las zonas más pobres de México, con niveles de 90 % de marginación y pobreza extrema”. 

En Cuautitlán de García Barragán, en donde se ubica el ejido de Ayotitlán y una parte de la mina Peña Colorada, 11.8 % de la población es analfabeta y el principal grado académico es la primaria. El municipio está clasificado con un alto grado de marginación, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Bienestar.

 

Uno de los caminos de la Sierra de Manantlán. Foto: Thelma Gómez. 

 

Convenios que generan división comunitaria

Los reclamos de los pobladores de la región en contra de la minera, que surgieron en la década de los ochenta, continuaron. En 1991, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada comenzó a celebrar diversos convenios con el Ejido Ayotitlán para realizar las actividades mineras en su territorio.

“Por estos convenios vigentes, Peña Colorada paga al ejido Ayotitlán aproximadamente 90 millones de pesos al año (alrededor de cinco millones de dólares, al tipo de cambio de septiembre de 2023), entre pagos directos y planes sociales”, aseguró el equipo de comunicación de la empresa en las respuestas que dio a un cuestionario enviado en junio de 2023.

La firma de estos convenios ha traído consigo la división en el ejido Ayotitlán y también entre las poblaciones de la región. 

En esas mismas respuestas, la empresa apunta que los pagos se realizan a “los ejidatarios indicados por su asamblea, según el padrón vigente de aproximadamente 1400 ejidatarios a través de un depósito a las cuentas bancarias individuales”. 

Al interior del ejido, varios de sus miembros señalan que el padrón de ejidatarios no se ha actualizado, ya que se sigue considerando a personas que ya están muertas y no se ha reconocido el derecho que tienen sus familiares. Además, denuncian que a partir de 2012, el grupo que controla al ejido toma las decisiones en forma unilateral y ha establecido acuerdos con la empresa minera sin tomar en cuenta a todos los integrantes del ejido. 

Al interior de las pequeñas poblaciones de la región también hay molestia, porque el dinero de la mina sólo llega a los ejidatarios de Ayotitlán y el grupo que controla el ejido es el que ha avalado la expansión de la actividad minera. Muchos de los habitantes de esas poblaciones son los que hoy padecen la contaminación de sus ríos y la invasión de las tierras en donde siembran. 

“A raíz de los acuerdos se da una división y discordia por la posesión de linderos y terrenos de bienes comunes”, explica Óscar González Garí, consejero jurídico de la Red Jalisciense de Derechos Humanos y quien por más de dos décadas ha acompañado como asesor a varias de las pequeñas poblaciones que forman la comunidad indígena de Ayotitlán.  

La tierra del teocintle y de Celedonio

En 1979, científicos descubrieron que en la Sierra de Manantlán aún era posible hallar al teocintle (Zea diploperennis), especie identificada como el ancestro vivo más antiguo del maíz. Ese hallazgo impulsó que en 1987 el gobierno federal creara la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán en 139 577 hectáreas. 

En la declaratoria también se exponen otras de las razones que se tomaron en cuenta para crear el área natural protegida, una de ellas fue que en esta sierra nace buena parte del agua que abastece a los habitantes de ocho municipios de la región. No en vano, a la sierra se le bautizó con el vocablo nahua Manantlán que significa “lugar de manantiales” o “lloraderos de agua”. 

 

Mapa en donde se muestra la ubicación de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán y de la Mina Peña Colorada. Elaborado por GeoComunes.

 

Pese a ser un área natural protegida, al menos 54.3 % de las 41 901 hectáreas que forman parte de la zona núcleo de la reserva están concesionadas para su explotación minera, de acuerdo con datos analizados por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación

La declaratoria del área natural protegida tampoco ha logrado detener la tala ilegal, dice González Garí, de la Red Jalisciense de Derechos. Las zonas núcleo de la reserva se encuentran entre las más afectadas, pese a estar destinadas a la conservación del maíz ancestral. Integrantes del CJNG han deforestado estás zonas, aseguran fuentes consultadas. 

Celedonio Monroy, al igual que sus ancestros, fue uno de los habitantes de la zona que siempre denunció a quienes entraban con camiones y se llevaban los troncos de árboles como cedro blanco, primavera, granadillo y rosa-morada. “Él se empecinó en la lucha por la preservación de los recursos naturales de la reserva y es el que se enfrenta al cacicazgo, los talamontes y la mina”, dice González Garí.

De 2009 a 2012, Celedonio Monroy ocupó el cargo de director de asuntos indígenas del ayuntamiento de Cuautitlán, desde donde impulsó la defensa de la Reserva de la Biósfera de Manantlán y la promoción de la Ley Estatal Indígena. En este proceso, participó como miembro del consejo consultivo de la Comisión Estatal Indígena (CEI), desde ahí también denunció la tala ilegal y las afectaciones provocadas por la actividad minera.

Veinticuatro días después de dejar el cargo en el CEI, lo desaparecieron.

 

Celedonio Monroy siempre colgaba su reloj en el pórtico de su casa. Foto: Mónica González

 

El 23 de octubre de 2012, ocho hombres con el rostro cubierto y portando ropa militar ingresaron por la fuerza a la casa de Celedonio Monroy en Loma Colorada. Después de golpear y encañonar a su esposa, Blanca Esthela González Larios, se llevaron al defensor del territorio. Uno de los testigos fue asesinado pocos meses después, su cuerpo quedó tendido sobre el río Ayotitlán.

La desaparición de Celedonio Monroy, coinciden varios ejidatarios, fue un punto de quiebre para la comunidad indígena de Ayotitlán. Aquellos que se atrevían a denunciar la presencia de grupos criminales, la tala, las afectaciones de la minería fueron amenazados, hostigados y acechados. Muchos salieron desplazados de la región para salvar sus vidas, otros se replegaron.

“Que se lo llevaran infundió miedo; la lucha se paró porque se llevaron a nuestro compañero, era muy de lucha y no lo regresaron nunca. Fue como ir corriendo y de repente no poder ni caminar”, dice uno de los ejidatarios entrevistados para este reportaje. 

Durante cerca de 18 meses, los integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán suspendieron los procesos legales que había en curso para echar atrás los convenios que el entonces comisariado ejidal había firmado con la empresa minera y que algunos ejidatarios consideraban fraudulentos. 

 

Los poblados que forman parte de la comunidad indígena de Ayotitlán están dispersos en la Sierra de Manantlán. Foto: Thelma Gómez

 

La comunidad retoma sus exigencias

Meses antes de su desaparición, Celedonio Monroy informó a integrantes de su familia que estaba recibiendo amenazas. Un día de junio de 2012, por ejemplo, un grupo armado lo interceptó cuando viajaba de la comunidad de Telcruz a Ayotitlán; fue golpeado y amenazado de muerte. Por estos hechos presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Cuautitlán. 

Esta alianza periodística tiene copia de esa denuncia, en ella se lee que Celedonio Monroy señaló a Faustino Cobián de los Santos y a Ernestino Ciprián Ocaranza entre los líderes del grupo responsable de la agresión. Estos dos hombres están entre los integrantes de la Comisión Ejidal Plural de Ayotitlán que, en julio de 2012, firmaron con la minera Peña Colorada un convenio de ocupación temporal en poco más de 801 hectáreas del ejido.

En 2013, la comunidad indígena de Ayotitlán presentó un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones mineras, autorizaciones ambientales, licencias de operación, usos de suelo, extracción de mineral y uso de agua, convenios de ocupación y la privación de posesión de bienes agrarios, construcción y operación en 1200 hectáreas. 

El abogado Eduardo Mosqueda, quien acompaña legalmente a la comunidad, explica que en 2014, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo de Guadalajara otorgó una suspensión de pleno de los actos reclamados, es decir, la minera debía parar sus actividades. Eso no sucedió.

Un año más tarde, en julio de 2015, un grupo de unos 600 ejidatarios intentó hacer efectivo el cumplimiento del amparo, por lo que se plantaron en la entrada de la mina. Esa protesta terminó cuando el gobierno del estado de Colima envió a la policía estatal; 34 ejidatarios y el abogado Mosqueda fueron encarcelados acusados de secuestro, despojo y daños a propiedad ajena. Los ejidatarios salieron libres días después, cuando la minera les otorgó “el perdón”. El abogado permaneció durante nueve meses en un penal de máxima seguridad de Colima. 

 

                                               Una de las áreas en donde se ha extendido la actividad minera en Manantlán. Foto: Cortesía

 

Desaparición y asesinato de otro líder

J. Santos Isaac Chávez fue uno de los pobladores de Manantlán que retomó la batalla legal para que el amparo ganado por la comunidad en 2014 se hiciera efectivo y, sobre todo, se empeñó en que el ejido de Ayotitlán tuviera una adecuada representación. Por eso, decidió postularse como presidente del comisariado ejidal, el órgano encargado de garantizar que se cumplan los acuerdos tomados en asamblea, representar al núcleo ejidal y administrar los bienes comunes del ejido. 

Días antes de las elecciones, el 1 de abril de 2021, diez hombres vestidos de civil y que dijeron ser “del gobierno” llegaron a su casa en Telcruz. Él se escondió. Sus agresores amenazaron y golpearon a su esposa y a uno de sus hijos, por lo que Isaac Chávez salió del lugar donde se encontraba. Lo esposaron y se lo llevaron en su propio vehículo. Tres días después, encontraron la camioneta desbarrancada. Al interior estaba el cuerpo de quien era el candidato más fuerte para ser el presidente del comisariado ejidal de Ayotitlán. 

“Fue el único candidato que se opuso abiertamente a la mina Peña Colorada y sus operaciones”, señaló la organización no gubernamental Global Witness en su informe Una década de resistencia, publicado en 2022.

Isaac Chávez había prometido que, de ganar la presidencia del comisariado para el periodo 2021-2023, iniciaría una lucha para actualizar el padrón del ejido y revisar los acuerdos que se tenían con la minera. 

 

Retro excavadora realiza trabajos en la zona de los ferroductos a un kilómetro del poblado Peña Colorada. Foto: Analy Nuño

 

Roberto Cobián Gutiérrez ganó las elecciones para la presidencia del comisariado ejidal de Ayotitlán, miembros de la comunidad no estuvieron de acuerdo con el procedimiento ante las autoridades agrarias, explica el abogado Mosqueda. Hasta ahora, el ejido no tiene una representación formal. 

Tras la desaparición y posterior asesinato de Isaac Chávez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la comunidad indígena de Ayotitlán ante “actos de violencia perpetrados por el crimen organizado”. Además, la comunidad ingresó como beneficiaria al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación. 

Cada seis meses, este mecanismo debe realizar una evaluación del riesgo en la región, según los acuerdos establecidos. Desde noviembre ha pospuesto la visita a la comunidad, asegura el abogado Mosqueda. La última fecha programada para la evaluación era la primera semana de febrero de 2023, pero se canceló por “falta de recursos”.

Esta alianza periodística solicitó desde mediados de agosto una entrevista con Enrique Irazoque, titular del Mecanismo de Protección. No se tuvo respuesta.

Los defensores del territorio víctimas de desaparición y asesinato en la Sierra de Manantlán son varios. 

En 2017, el Congreso Nacional Indígena documentó los homicidios de Aristeo Flores Rolón y Nazario Aldama Villa, miembros del Consejo de Mayores de la comunidad indígena y que fueron asesinados en 2001 y 2003. También menciona el asesinato de Juan Monroy y José Luis Rosales Conteras de Ayotitlán. 

En octubre de 2020, Rogelio Rosales Ramos fue asesinado. Era hijo único de Santos Rosales Contreras, un activo defensor de la región. 

 

Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. Foto: Conanp

 

Cuatro meses después de la muerte de Isaac Chávez, se registró otro asesinato, el de Javier González Contreras. Él estaba organizando a más personas de la comunidad indígena de Ayotitlán para presentar denuncias sobre lo que se vive en la región. Era músico de profesión y apoyó en la campaña a Isaac Chávez. 

En Sierra de Manantlán también se han presentado desapariciones temporales. 

A mediados de 2022, hombres armados llegaron a la casa de un defensor, del cual se omite su nombre por seguridad. Ingresaron por la fuerza, lo golpearon y subieron a una camioneta. Diez minutos después repitieron la acción en el domicilio de otro de sus compañeros. Con los ojos vendados y las manos esposadas, fueron llevados a un lugar en donde el grupo esperó instrucciones vía telefónica. Horas más tarde los trasladaron “con el jefe”, un hombre de voz grave los interrogó sobre sus acciones en defensa del territorio y les reclamó su postura contra la mina. Después de día y medio, fueron liberados por sus captores. 

Para tratar de entender estas olas de violencia hay que volver al territorio y a los intereses económicos que ahí se están moviendo.

Una sierra con minería legal e ilegal

Para este trabajo periodístico, el GeoComunes —colectivo que acompaña a pueblos, comunidades, barrios, colonias u organizaciones de base que requieran de la producción de mapas para la defensa del territorio— realizó mapas que muestran las concesiones mineras que el Estado mexicano ha entregado en la región. Ahí es posible observar que casi todas las tierras del ejido Ayotitlán han sido concesionadas para la minería. 

 

Concesiones mineras otorgadas en los límites de Jalisco y Colima. Mapa elaborado por GeoComunes

 

Las trasnacionales accionistas del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada han manifestado su interés por ampliar las operaciones de la mina Peña Colorada.

En junio y septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en distintas fechas con los propietarios de ArcelorMittal y Ternium. En octubre de ese mismo año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en 133 hectáreas donde había especies arbóreas de selva baja caducifolia y bosque de encino. El documento de la autorización, del cual se tiene una copia, señala que en esa zona el consorcio construirá  el “Nuevo taller y terrero oriente” destinado a depósito de desechos minerales. 

Un año después, la Semarnat entregó al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada dos autorizaciones más para cambio de uso de suelo en terrenos forestales en el municipio de Minatitlán, Colima, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información realizada por este equipo periodístico. En la información entregada por la dependencia no es posible conocer cuántas hectáreas forestales incluyen estas autorizaciones. 

 

En septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Paolo Rocca, director general de Grupo Techint, del cual forma parte Ternium. Foto: Presidencia de México.

 

En el camino Ramal Cerro de Los Juanes, que conduce a unas oficinas del consorcio minero, y a Las Astillas, un pueblo casi vacío a consecuencia del desplazamiento forzado, hay un punto que funciona como mirador. Desde ahí, en medio de la brecha sin cobertura telefónica, se alcanza a ver el Cerro Los Juanes cercenado por la actividad minera.

La mina Peña Colorada no es la única en la Sierra de Manantlán. 

Hace una década, la periodista Alejandra Guillén documentó que en la región, así como en el estado de Michoacán, el crimen organizado realiza minería ilegal de hierro. 

Pobladores señalan que la minería ilegal se realiza en, por lo menos, diez lugares de la sierra: Roble Ancho, Cañada Verde, Las Pesadas, La Astilla, La Mochuta, Piedra Imán, Las Marías, Champerico, Los Juanes, Llano Grande, Las Palmas, Chanquiáhuilt y Las Parejitas. Durante una visita a la zona realizada en septiembre de 2022, este equipo periodístico corroboró la existencia de una de esas minas.

“Son varias  minas las que están operando. Antes, cuando se metía una mina así, Peña Colorada luego luego los sacaba y reportaba, ahora no hace nada”, dice uno de los pobladores entrevistados. 

 

Una de las minas ilegales que hay en la Sierra de Manantlán. Foto: Thelma Gómez 

 

En su informe de 2022, la organización Global Witness advierte que en la Sierra de Manantlán “el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha establecido un interés en la minería ilegal. El grupo ilícito impone sus condiciones y violencia contra la comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada del Estado mexicano”. 

Los pobladores lo viven así: “Cualquier cosa que hagamos se sabe, anda gente armada en camionetas, cada rato van pa’rriba, y nomás andan viendo y preguntando qué hace uno, nos señalan”. También hay quienes mencionan las restricciones de movilidad: “Antes podías pasear, caminabas en la noche, a la hora que fuera y andabas a gusto. Y ahorita ya no, ha cambiado mucho. Antes estaba tranquilo y ahorita no. Ahorita ya no, la gente tiene prohibido salir después de las nueve de la noche”.

Comunidades dejadas a su suerte

El día 22 de septiembre de 2022, en un punto de la Sierra de Manantlán, alrededor de 50 pobladores de al menos cinco comunidades vecinas a la mina Peña Colorada recibieron a representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organizaciones no gubernamentales. 

 

En septiembre de 2022, integrantes de la CNDH, acompañados de la Guardia Nacional, visitaron comunidades de la Sierra de Manantlán. Foto: Thelma Gómez

 

Los representantes de la CNDH escucharon los testimonios de los pobladores que denunciaron la invasión de sus tierras, la tala los árboles para ampliar las actividades mineras; señalaron que policía privada los intimida con perros de ataque, que el agua de sus ríos está contaminada, que también los amenazan la gente de la “maña”, como llaman en esta región a quienes forman parte de los grupos del crimen organizado. 

En un escrito que entregaron a los representantes de la CNDH, los pobladores señalaron que se les está presionando “para que nos vayamos y dejemos nuestras casas y tierras. Padecemos también la contaminación del río Marabasco, porque ahí van las aguas residuales de la planta minera, las aguas negras de las viviendas de los trabajadores…”

Hasta septiembre de 2023, la CNDH no se había pronunciado sobre lo que denunciaron los pobladores de las comunidades de Manantlán. Esta alianza periodística solicitó una entrevista a la CNDH sin que se tuviera una respuesta.

 

Pobladores de las comunidades cercanas a la mina Peña Colorada señalan que son intimidados por policías privados que van acompañados de perros de ataque. Foto: Cortesía

 

Los pobladores también denunciaron que “el grupo que controla al ejido Ayotitlán ha firmado contratos con la mina Peña Colorada para que extraiga mineral, destruyendo nuestras tierras”. 

En las respuestas al cuestionario que se le envió en junio, la oficina de comunicación de la empresa Peña Colorada asegura que en la zona se mantienen “relaciones cordiales, transparentes, con respeto a los derechos humanos y de beneficio mutuo”. Derivado de estas relaciones, agrega, “en algunos casos, la empresa ha firmado convenios de ‘ocupación temporal’ (arrendamiento de tierras) con ciertos ejidos. Dichos convenios sin excepción han sido autorizados por la Asamblea Ejidal e inscritos en las instituciones gubernamentales competentes para su reconocimiento y validación”. 

En su informe publicado en 2022, la organización no gubernamental Global Witness señaló: “Las operaciones mineras han impulsado la deforestación, la pérdida de vida silvestre, el cambio climático y la contaminación tóxica… ha sido imposible cuantificar los daños a una verdadera escala, ya que la empresa minera mantiene un estricto control sobre el área de la Sierra de Manantlán”. 

A finales de septiembre de 2023, esta alianza periodística solicitó a la empresa Ternium su postura sobre las denuncias realizadas por las comunidades y lo señalado en el informe de Global Witness, sin que se tuviera una respuesta sobre esos temas. 

Un territorio que se queda sin manantiales

Celedonio Monroy nació, creció y lo desaparecieron en una sierra que fue bautizada como Manantlán por ser “lugar de manantiales”. Hoy en ese territorio el agua comienza a faltar. 

“En (la comunidad de) Telcruz todo se secó. Había como ocho arroyos y pozos, la gente iba con su vasija y agarraba agua. Hoy ya no, no hay nada; no hay agua y quedó todo talado”, dice un habitante de la región. 

 

A lo largo de 46 kilómetros de la carretera federal 98, los tubos de 16 pulgadas de diámetro de los ferroductos que transportan la pulpa de mineral de hierro con agua se mezclan entre la flora. Foto: Analy Nuño

 

En 2009, el área de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, registró que parte del arroyo El Mamey fue cubierto con material de desecho de la minería y se tapó un manantial. “El patrón hidrológico se modificó por el corte de los cerros, lo que afecta al afluente del río Marabasco”. 

Un ejidatario menciona que en los ríos Chanquiáhuilt y el San Antonio “el agua se ve como con aceite, antes uno tomaba agua de ahí, ahora no”. 

Otro más hace una síntesis de lo que se vive en la Sierra de Manantlán: “Aquí hay asesinatos, secuestros, desaparecidos, mataron a un candidato [al comisariado ejidal], a Santos, pero ¿qué hicieron las autoridades? Nos piden que denunciemos, pero denunciamos y al siguiente día ya tenemos ahí afuera al crimen”. 

*En la reportería de este texto también participó Thelma Gómez Durán. Se realizaron, al menos, 15 entrevistas con ejidatarios de Ayotiltán y habitantes de las comunidades que se encuentran en los alrededores de la mina Peña Colorada. Sus nombres no se publican para resguardar su seguridad.

* Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay LatamQuinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos

 

 

La última foto de los defensores de Aquila

Al cumplirse un mes de la desaparición de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, sus familiares y amigos organizaron una protesta en la Secretaría de Gobernación y reclamaron su presentación con vida. (Oliver Méndez/Obturador MX)

 

Analy Nuño

A dónde van los desaparecidos

 

Horas antes de su desaparición, el abogado Ricardo Lagunes Gasca y el profesor y líder comunal Antonio Díaz Valencia fueron fotografiados en Aquila mientras desayunaban. Tres días después, sus familiares vieron por accidente en la pantalla del celular de un funcionario esa imagen, que podría ser la última de los defensores.

La fotografía fue tomada el domingo 15 de enero de 2023, alrededor de las nueve horas, en el comedor de la casa de un comunero. En el desayuno estuvieron también presentes Uriel Gutiérrez de la Cruz, de 37 años, minero de profesión, quien el pasado 20 de septiembre fue elegido presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la localidad michoacana, y Luis Zapién Meraz, de ocupación fontanero, junto con su familia; ambos pertenecían al grupo de comuneros, propietarios de tierras concesionadas a la minera Las Encinas, que lideraba el profesor. 

En la imagen es posible observar cómo iban vestidos Lagunes Gasca y Díaz Valencia el día en que fueron interceptados, secuestrados y desaparecidos por un comando armado en la localidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, cuando se dirigían a Colima después de participar en una asamblea comunal en Aquila. Ambos defensores mantenían una lucha social y legal contra la trasnacional Ternium, que opera la mina.

Aunque se desconoce la finalidad con que fue tomada, se presume que la fotografía fue enviada a los perpetradores. “Esa foto fue captada en la mañana del día en que los desaparecieron. Pensamos que era para los halcones, para que los ubicaran”, señala una fuente cercana al caso que, al igual que otras dos personas consultadas para este trabajo, pidieron no ser nombradas por razones de seguridad. 

En la foto se ve al abogado vestido con una camisa de rayas rojas y blancas, y una chamarra negra. Está sentado, desayunando. Al fondo se observa inclinado al profesor nahua, vestido con un pantalón gris, camisa clara y sombrero. Ninguno mira hacia la cámara.

La fotografía, que por el ángulo podría haber sido tomada por una persona sentada frente a Lagunes Gasca, estaba en poder del fiscal especializado en Desaparición de Personas de Colima, Héctor Javier Peña Meza, quien no informó sobre su existencia ni la presentó como prueba para incorporarla a la carpeta de investigación.

 

La foto del líder nahua y el abogado fue tomada la mañana del día en que desaparecieron, cuando desayunaban en la casa de un comunero. (Especial)

 

“¿Cómo la obtuvo? ¿Quién se la envió? ¿Por qué la tenía? No se sabe nada de eso. Evitó decirlo, solo confirmó que era de ese día y pidió discreción cuando la vieron en su celular”, señala la misma fuente.

Es una pieza crucial para el caso. Pero a más de ocho meses de la desaparición de los defensores, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, se ha negado a integrar la foto a la carpeta de investigación y a solicitar el análisis de los metadatos, que permitirían confirmar la fecha y la hora en que se tomó, con qué teléfono móvil o cámara, el tamaño de la imagen, e incluso si se usó o no zoom. “Se presentó como prueba, pero la fiscalía especializada no la ha querido integrar y no dicen por qué se niegan”, agregó la persona entrevistada.

Esta información fue corroborada con otras dos fuentes cercanas al caso, quienes explicaron que, aunque se interrogó a tres personas que estaban desayunando ese día con los defensores, no ha habido ninguna investigación derivada de la existencia de la fotografía. 

“No hay peritajes, no se vislumbran pedidos oficiales de investigación ni se informa qué se ha hecho al respecto. Solo les preguntaron [a las personas] si estaban presentes en el desayuno, y no investigaron más”, señaló una de las fuentes. “Parece ser la foto entregadora que dice ‘así están vestidos, para que no haya errores y agarren a otros’. Hay la sensación de que debería haber una segunda foto, [con] la [imagen] de Antonio más clara, porque está muy atrás”, afirmó la segunda fuente consultada.

Pero las autoridades federales no solo se han negado a investigar e integrar como prueba la fotografía, sino que han dejado fuera del caso a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, pese a que tiene abierta una carpeta de investigación y desde el 7 de febrero ofrece una recompensa de 500,000 pesos para quien aporte información que permita localizar a los defensores. “El expediente de Michoacán no lo integró la FGR y, por tanto, la investigación no abarca Michoacán. Es un nudo de corrupción entero”, dijo una de las fuentes, quien consideró que estas acciones buscan proteger a la minera, cuyos directivos llegaron a amenazar al abogado y al profesor. 

Díaz Valencia y Lagunes Gasca intensificaron en los últimos cinco años su lucha social y legal en contra de Ternium para obligarla a cumplir el pago de regalías de 3.8 dólares por cada una de las 218,000 toneladas mensuales de hierro que extrae la minera —según datos de 2017— y a saldar un adeudo superior a tres millones de pesos por ocupación temporal, es decir, por la renta de las tierras, en cumplimiento de los convenios firmados en 2012 y 2017. Díaz Valencia lidera a la mayoría de los 469 comuneros dueños de tierras concesionadas a la minera y reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional, un grupo al que desde 2018 representa legalmente Lagunes Gasca. 

Desde 2019 también sostenían una lucha legal ante el Tribunal Agrario Unitario (TUA) 38 de Colima contra un grupo de alrededor de 200 pobladores, de quienes solo 40 son comuneros propietarios de las tierras concesionadas. Uno de sus líderes es José Cortés Ramos, alias Cochelo, exedil de Aquila y uno de los dos detenidos por el caso, acusados del delito de desaparición cometida por particulares. 

Cortés Ramos, junto con otros comuneros del conocido como grupo minoritario, se ostentaban de manera ilegítima –pues no habían sido elegidos por la asamblea comunal ni cumplían con lo establecido en la Ley Agraria–  como representantes de la comunidad con derecho a regalías por parte de la minera. 

El grupo mayoritario, encabezado por Díaz Valencia, ha acusado a estos comuneros de alinearse con la empresa e intentar frenar durante años la elección del comisariado por no convenir a sus intereses.

La omisiones en la investigación para conocer el paradero de Lagunes Gasca y Díaz Valencia incluyen también la falta de un plan de búsqueda y de un análisis de contexto por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda; tampoco se han presentado los dictámenes forenses de los restos hallados en fosas clandestinas de Colima y Michoacán, y las autoridades se han negado a analizar el celular de Cortés Ramos.

Tras su arresto, Cortés Ramos señaló a las autoridades tres predios de Cerro de Ortega, donde posteriormente se localizaron fosas clandestinas y se recuperaron restos humanos. Las familias acudieron a la búsqueda en campo a esa zona, pues se pensaba que podían hallarse los cuerpos de los defensores, pero hasta ahora no les han entregado los dictámenes forenses de los restos encontrados. 

Pese a esto, su vehículo no ha sido decomisado, no se han recabado posibles indicios en su casa, y su móvil sigue sin ser analizado por la FGR bajo el argumento de respetar su privacidad y porque no cuentan con el equipo tecnológico ni la capacidad técnica para hacerlo, señaló uno de los entrevistados.

“No han revisado el celular de Cochelo, la fiscalía [FGR] se ha negado, dice respetar su privacidad y que no han podido acceder [al contenido]”, precisó. “En este punto, el temor es que lo dejen libre sin que haya aportado información. Vemos como prioridad tener esa información, nos importa mucho que se abra el teléfono, se conozca con quién hablo, las llamadas, mensajes y las fotografías que tiene, porque eso puede dar pistas para conocer el paradero”. 

Además, se tiene conocimiento de que la FGR busca desestimar el delito de desaparición forzada, relacionado con su actividad como defensores, pese al posible involucramiento de agentes del Estado (por acción u omisión) en el hecho, y descartar como línea de investigación la lucha que sostenían contra la empresa Ternium –perteneciente al grupo italoargentino Techint–, para reclasificarlo como desaparición cometida por particulares, lo que alejaría las pesquisas de la minera. 

Una pieza clave   

Un abogado consultado por este medio sobre la importancia de la fotografía para la investigación, considera que, en el caso del abogado y el profesor, debido a que en su desaparición están implicados intereses de industrias extractivas y grupos criminales –en la zona operan el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Cárteles Unidos–, esa imagen representa una prueba crucial para obtener respuestas sobre los autores intelectuales y, sobre todo, conocer el paradero de las víctimas.

“¿Qué significa esa foto? Significa poner una pieza más del rompecabezas del plan. La importancia de la foto es que podría dar muchas líneas [de investigación] hacia el plan de la desaparición. Esa foto puede ser una bisagra, dice mucho no solo por la imagen, sino por los datos que puede aportar. Es una prueba muy importante, todo lo que son fotos o videos de ellos con vida son cruciales; pueden dar la respuesta”.

De acuerdo con el especialista –que por seguridad pidió el anonimato–, la imagen debe analizarse no solo desde que fue captada, sino con una perspectiva amplia que lleve hacia los momentos previos a la desaparición de los defensores; es decir, examinar toda la actividad registrada en el teléfono que se utilizó, antes y después de la desaparición ocurrida el 15 de enero.

“Ese celular con que fue tomada la fotografía se debe mirar hacia atrás, entrecruzar toda la información, llamadas, mensajes. Se tiene que reconstruir todo alrededor de esa foto, incluso la movilidad, las horas y fechas. Es decir, esa foto va a llevar a un celular: ¿de quién es? Ese celular va a llevar a quién se le envió la foto y a cuándo se envía, con quién se habló antes y después de la foto, ¿hubo mensajes?, ¿qué dicen esos mensajes? Es una desaparición que tiene un esquema de planeación y preparación mucho más complejo; se requiere empezar a comprender la complejidad del plan y preguntar: ¿quién se beneficia con la desaparición de los defensores?”.

Explicó que realizar una línea de tiempo de la desaparición a partir de esa fotografía aportaría al caso la comprensión de quién es quién en el rompecabezas de los distintos actores implicados, en qué medida participaron en la desaparición, cuáles son los intereses de cada uno, quién se beneficia y de qué forma de la ausencia de Lagunes Gasca y Díaz Valencia. “Es dirigir una mirada hacia atrás, mínimo de los teléfonos con esa fotografía, y después hacer un gran mapa de correlaciones. Es una foto muy importante para dilucidar más el plan [que hay] detrás. Esa foto da al menos una línea de quiénes ayudaron en la desaparición”.

Consultada sobre el tema, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle, que acompaña el caso, consideró que la recolección, protección y análisis de todos los datos que puedan conducir a saber qué pasó, dónde están los defensores, y quiénes son los responsables intelectuales y materiales de su desaparición, debe ser prioritaria. 

“Es deber del Estado recuperar de inmediato la mayor cantidad de pruebas videográficas, fotográficas, de aparatos electrónicos, de comunicaciones telefónicas y de mensajería, y cualquier otro indicio que agilice la búsqueda y ayude a localizar a las víctimas de desaparición forzada”, señaló Thomas Antkowiak, director del organismo. 

“Cuando se logra recuperar este tipo de material”, agregó, “debe someterse a peritajes serios, con los más altos criterios científicos y técnicos, que ayuden a armar el rompecabezas que supone una desaparición forzada de defensores de derechos humanos como Ricardo y Antonio”. 

Por ello, ante la falta de equipo técnico de la FGR, señaló, “el Estado debe recurrir a peritajes técnicos independientes y a la asistencia técnica internacional en el momento en que tome conciencia de que sus capacidades domésticas no pueden lograr recabar la información más importante que pueden arrojar las pruebas de este tipo”. 

“Los análisis científicos de todas las fotos y los videos de las víctimas con vida antes de desaparecer deben dar respuestas certeras sobre las circunstancias de tiempo, modo, lugar [del hecho], y permiten dilucidar las redes de planeadores, ejecutores y encubridores que conllevan estos casos. Deben protegerse de forma tal que no sufran alteraciones que obstaculicen el conocimiento de la verdad”, advirtió Antkowiak.

Alejandra Gonza, directora de Global Rights Advocacy, organización que también acompaña el caso, reiteró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, a través de sus medidas cautelares y acciones urgentes, exigieron al Estado que investigue la desaparición forzada  de los defensores de forma exhaustiva y cuente con un plan integral de búsqueda, tomando en cuenta el contexto, el trabajo que realizaban cuando sucedió el hecho, y abriendo todas las líneas de investigación pertinentes. 

 

La marcha del pasado 15 de febrero, en la que se exigió la localización de los defensores, recorrió desde la Segob hasta el Paseo de la Reforma. (Oliver Méndez/Obturador MX)

 

Eligen comisariado comunal

El pasado 20 de septiembre, tras cuatro años de lucha jurídica de Lagunes Gasca y Díaz Valencia para que el TUA y la Procuraduría Agraria (PA) de Michoacán ordenaran la elección del Comisariado de Bienes Comunales, debido a que la anterior directiva no había sido votada de forma legal, se realizó en Aquila la asamblea comunal en la que fue elegido Uriel Gutiérrez de la Cruz como nuevo presidente del comisariado. 

En la elección, que se concretó en la segunda convocatoria –después de que la primera, programada para el 10 de septiembre, fuera pospuesta por amenazas, cooptación y compra de votos–, participaron 299 comuneros de los 745 reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional como propietarios de tierras en Aquila, es decir, solo el 40 por ciento. De estos, 175 votaron por la planilla blanca encabezada por Gutiérrez de la Cruz, uno de los comuneros que desayunó con Díaz Valencia y Lagunes Gasca el día de su desaparición.

El comisariado quedó integrado también por Alfredo Analco Manjarrez, como secretario, y Marcelino Vázquez Zapién como tesorero. Mientras que el Consejo de Vigilancia será encabezado por María Guadalupe García Guerrero como presidenta, y Teresa Suárez Mejía, quien fungirá como primera secretaria.

La elección del comisariado se realizó tres meses después de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito de Morelia fallara a favor de los comuneros representados por Díaz Valencia y Lagunes Gasca en el juicio de amparo 449/2019. La sentencia ordenó al TUA y a la PA emitir la convocatoria para la elección del nuevo comisariado, el órgano de representación común y vigilancia que el líder nahua aspiraba a presidir. 

El candidato de la otra planilla fue Daniel Magaña Godínez, quien no logró acreditarse como comunero y es integrante del grupo minoritario. 

Piden mecanismo a la ONU 

Representantes de las familias de los defensores, como Asesoría y Defensa Legal del Sureste, fundada por Lagunes Gasca, y Global Rights Advocacy, presentaron ante el CED un escrito en el que amplían la información sobre el caso y solicitan que emita una serie de recomendaciones al Estado mexicano.

Durante su participación en la sesión 447 del CED, realizada el 13 de septiembre, los representantes se enfocaron en solicitar al comité que, mediante el trabajo de integrantes de la ONU presentes en México con acceso a las carpetas de investigación y a las acciones de búsqueda, active mecanismos extraordinarios de justicia para el país y lleve a la asamblea general de la ONU las desapariciones forzadas como una práctica sistemática.

En un documento de 14 páginas solicitan que se implemente un mecanismo extraordinario de recuperación humanitaria que utilice tecnología avanzada y recurra a la cooperación internacional para aumentar la posibilidad de hallar a los defensores de forma rápida y efectiva.

Asimismo, pidieron hacer recomendaciones para la protección de defensores, presentar la guía de debida diligencia de las empresas localizadas en zonas de desapariciones, informar ante la asamblea general la situación generalizada de impunidad en México e impulsar una comisión de investigación que atienda las causas estructurales de las desapariciones forzadas y evidencie en qué grado intervienen las autoridades, el crimen organizado y los intereses económicos de las industrias extractivas.

 

 

Actualizan con llamadas telefónicas el Registro Nacional de Personas Desaparecidas

 

Lucía Flores y Germán Canseco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es la encargada de la segunda fase de actualización del registro nacional de personas desaparecidas, que consiste en llamar por teléfono a familiares de víctimas para preguntarles si su pariente está de regreso. Operadores de estas llamadas describen un método que, según se afirma, es una estrategia utilizada por Sheinbaum en la Ciudad de México que  López Obrador decidió replicar en el resto del país.

El Gobierno de México instaló un call center operado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para “actualizar” el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Ante la emergencia que suponen más de 111,000 casos de desapariciones registradas, la estrategia nacional de búsqueda consiste en realizar llamadas telefónicas para verificar la información y disminuir esta cifra, que crece a un promedio de una persona cada hora.

“¿Su familiar se encuentra bien o sigue desaparecido?”. Es la pregunta que un operador que habla de parte del “Gobierno de México” formula a quien responde el teléfono en los hogares donde se tiene indicios de que una persona reportada como desaparecida pudo haber regresado, según constató este medio. Dos operadores que realizan las llamadas contaron cómo es el procedimiento.

Esta nueva fase de la actualización del RNPDNO surgió tras las numerosas quejas que generaron las visitas “casa por casa” de funcionarios de las comisiones de búsqueda, muchas veces apoyados por policías, agentes de la Guardia Nacional o servidores de la nación, que cuestionaban a las familias sobre el retorno de su pariente ausente y en las que, en algunos casos, llegaron a inspeccionar su hogar.

Un operador del call center indicó: “El objetivo es dar de baja a los que ya se encuentran bien; en el caso de su familiar, pues ese registro vamos a mantener que todavía está activo [pues la persona sigue desaparecida]”.

Contactado para esta investigación, agregó: “Nuestra labor, le decía, es hacerle la llamada a las personas que tienen su reporte activo de desaparición, y la verdad es que aún hay personas que tienen ese reporte, pero están ya con su familia, y nos da mucho gusto porque sí hemos encontrado muchos casos”.

Según se pudo constatar en los registros telefónicos, el número desde donde marcan a familiares corresponde a la Secretaría de Gobernación (Segob), pero los operadores pertenecen a la SSPC.

Uno de los operadores, que pidió el anonimato, aseguró que las llamadas forman parte de una campaña permanente. La línea funciona las 24 horas del día y permite contactar a las personas que tienen un familiar con un “reporte de desaparición activo”. 

“El motivo de nuestra llamada es saber si el [familiar] ya se encuentra bien o continúa desaparecido”, explicó, al igual que lo hace con las familias.

Silvia Ortiz, vocera del colectivo Grupo Vida de Coahuila, consideró que estas acciones son una muestra de la falta de compromiso a nivel municipal, estatal y federal para buscar a las personas en el momento que se produce su desaparición. “¿Por qué se están atreviendo a preguntar si aún están desaparecidos cuando una carpeta [de investigación] lo dice todo, y esa carpeta debe estar fundamentada en la investigación?”, preguntó indignada.

Los dos operadores de la SSPC afirmaron que las llamadas son la segunda fase del proceso de actualización del registro nacional, que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 9 de junio como un “nuevo censo”. La primera consistió en enviar, tras un cruce masivo de datos entre el RNPDNO y los registros de vacunación contra el covid-19, personal de las comisiones de búsqueda de distintos estados a verificar las coincidencias, visitando las casas de familiares de personas desaparecidas para preguntarles si su pariente había regresado.

Aunque los protocolos del gobierno, informados a través de una solicitud de transparencia, desaconsejan acudir a los domicilios sin una investigación previa porque las familias pueden considerar estas acciones como revictimizantes, los funcionarios visitaron los hogares de personas que siguen desaparecidas sin proporcionar a sus familiares información sobre su paradero ni nuevos datos sobre el caso.

El gobierno no ha informado sobre la metodología para actualizar el RNPDNO y los colectivos que forman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México alertaron sobre una intención de disminuir las cifras del registro.

Tras la renuncia, el pasado 23 de agosto, de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) Karla Quintana, se dijo que su salida se debió a que no estaba de acuerdo con el  método para depurar el RNPDNO ordenado por López Obrador, lo que el especialista Jacobo Dayán interpretó en declaraciones a este medio como una negativa de la funcionaria a un intento de “rasurar” el registro.  Al dejar su cargo, Quintana hizo pública una base de datos del RNPDNO, aún incompleta

Una fuente del gobierno, que pide no revelar su identidad, refiere otra versión: ante la falta de resultados de la CNB para disminuir la cifra de personas desaparecidas, desde la Presidencia se solicitó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que se hiciera cargo de esta nueva fase de actualización del registro nacional. 

A Juan Carlos Trujillo Herrera, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda, las visitas casa por casa lo sorprendieron. “Cuando comenzó el proceso no conocíamos, no sabíamos de dónde [salió] el hecho de la consulta, y eso lo hace todavía más irresponsable desde Palacio Nacional, con Andrés Manuel tomando la iniciativa para buscar rasurar, disminuir en términos numéricos [el número de personas desaparecidas] del país”.

Manuel Pérez Aguirre, investigador del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, tras conocer esta segunda fase de búsqueda operada a través de la SSPC, consideró que este tipo de acciones tienen tintes políticos. “Con vistas a las próximas elecciones, él [López Obrador] y su ego no pueden permitirse salir con peores números que los de Felipe Calderón; sobre todo, para él es muy importante esto”. Pero “literalmente estamos en una fosa común llamada México”, lamentó. 

“Desde el día uno del gobierno”, agregó, “la dinámica ha sido desaparecer a los desaparecidos”.

La marca de Sheinbaum

Esta nueva fase para actualizar el RNPDNO surgió cuando, hacia el mes de febrero, en una reunión del Gabinete de Seguridad de López Obrador, la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y hoy su posible sucesora en la Presidencia como candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, presumió ante el mandatario cómo habían disminuido las cifras de personas desaparecidas en su administración tras implementar las búsquedas vía telefónica, aseguró la fuente, que estuvo presente en dicha reunión.

Al presidente le gustó la idea. Ante esta propuesta de Sheinbaum, la CNB y la Subsecretaría de Derechos Humanos desarrollaron una estrategia que consistía en visitar casa por casa a las familias de personas desaparecidas tras cruzar el RNPDNO con los registros de vacunación contra el covid-19. Debido a las críticas que generó y las quejas de las víctimas, el presidente instruyó a la titular de la SSPC que replicara a nivel nacional el modelo utilizado en la Ciudad de México por Sheinbaum.

 

Ante las quejas que generaron las visitas casa por casa a familiares de personas desaparecidas, el presidente decidió adoptar la estrategia de Claudia Sheinbaum. (Obturador MX)

 

Uno de los teléfonos desde el que los operadores de la SSPC realizan las llamadas aparece en más de ocho ocasiones en páginas como quienhabla.mx y datostelefonicos.com, donde los usuarios denuncian números de extorsión, fraude, sospechosos o molestos. 

“Llamaron diciendo que un familiar estaba desaparecido y querían sacar más información”, “preguntan si es un número fijo o celular”, “preguntan por el nombre de una persona desaparecida”, “me dice que es del gobierno de México, que busca a una persona desaparecida con el nombre de mi hijo; si alguien conoce este número, de favor avíseme”, se lee en los comentarios, algunos procedentes de la Ciudad de México y Monterrey.

Otra persona escribió: “Me llamaron para informar que tenían un reporte de un familiar como desaparecido, pidieron comunicarse con esa persona (nos encontrábamos en la misma habitación), nos dijeron que tenían que dar de baja la denuncia y que nos pedirían algunos datos, que era algo simple, a lo cual se le respondió que acudiremos al MP para informarnos sobre el asunto. Le pedí el número de reporte de desaparecido para hacerlo más sencillo y me dijo (con voz ‘temblorosa’) que me pasaría un número telefónico para confirmar que la denuncia era algo real, que el número de reporte de desaparecido no lo tenía. Me dio el mismo número del cual me estaba marcando”.

Existe registro de que, por lo menos, desde el 16 de agosto esta línea fue reportada en las páginas; los comentarios coinciden en que intentan conseguir información personal preguntando por alguien desaparecido. Pese a que los operadores se presentan como funcionarios del Gobierno federal, a las personas les genera desconfianza.

La fuente que se consultó, cercana a la oficina del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, dijo que el personal que realiza las llamadas recibió capacitación de esta institución en derechos humanos para realizar el procedimiento de manera respetuosa y evitar la revictimización de las familias. Una de las opciones para generar confianza es proponer a las personas recelosas realizar videollamadas para verificar que son empleados del gobierno quienes les marcan.

 

Captura de pantalla con los comentarios de las personas que han recibido las llamadas de funcionarios de la SSPC.

 

Al preguntarle a un operador si, después de la llamada telefónica, acuden al domicilio de las familias, precisó que cuando la respuesta es negativa se limitan a poner en el sistema que la persona está “aún desaparecida”. Solo si la persona buscada ya fue localizada van a su hogar para documentar el regreso. 

“Las visitas se están realizando a las personas [registradas como desaparecidas] que nos han manifestado que ya están con su familia. Llenan un formulario y se les toma una foto para que nos conste que la persona ya se encuentra bien”, indicó el operador.

Quienes realizan las llamadas a las familias de personas desaparecidas han visto dificultado su trabajo, según la fuente entrevistada, debido a que el RNPDNO tiene deficiencias como dobles o hasta triples registros de un mismo caso de desaparición, y la falta de verificación de datos personales que, en algunos casos, están registrados de manera incorrecta.

La estrategia para verificar apariciones

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) elaboró un formato con los pasos a seguir para localizar a una persona desaparecida, indicó la misma fuente. El documento estipula que, primero, se cruza el RNPDNO con distintas bases de datos. Consultan las del Servicio de Administración Tributaria para saber si tiene registrada alguna actividad económica, el Instituto Nacional Electoral para determinar si ha cambiado de domicilio, el Registro Civil por si su estado civil ha cambiado, y datos bancarios por si detectan movimientos en sus cuentas.

Cuando surge una coincidencia o indicio de que la persona desaparecida tiene actividades registradas, proceden a marcar el número asociado con esta para verificar si ya fue encontrada. Si la respuesta es afirmativa, solicitan una visita al domicilio para constatarlo y tener una prueba de vida, que consiste en una fotografía con el periódico del día; también le piden a la persona dejarse videograbar diciendo la frase: “Sí estuve en el registro de desaparecidos”, y llenar un formulario con su dirección, la fecha del día, su nombre y la firma.

A los operadores telefónicos se les entrega únicamente el contacto asociado a la persona desaparecida y los datos de esta que arrojaron coincidencias en las bases consultadas. Su única función es verificar si las personas han regresado a sus domicilios, y reunir información como si quien atendió el teléfono fue un familiar o la persona reportada como desaparecida, y si la persona por la que preguntan fue localizada o encontrada sin vida.

Para el investigador Pérez Aguirre, “la idea no está muy bien en general […], ya que el proceso ha sido bastante opaco”.

Elena Azaola, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, aseguró en entrevista con este medio que en la FGJCDMX le mostraron este formato.

“Esto es lo que se quería hacer en la fiscalía de la Ciudad de México y, pues no sé realmente si se está haciendo como se anunció que se haría y con cuál resultado, pues no se ha hecho público nada”, señaló la antropóloga.

Azaola indicó que, a quienes integran el consejo ciudadano de la comisión de búsqueda, la FGJCDMX les dijo que este proceso les había permitido localizar a personas registradas como desaparecidas, pero no les especificaron el número, ni si fueron halladas con o sin vida.

Manifestó también sus dudas acerca de que el gobierno tenga la capacidad de buscar en su domicilio a “miles y miles” de personas, debido a que las fiscalías se encuentran rebasadas.

Durante la sesión 447 del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, realizada el pasado miércoles, ante los cuestionamientos al Estado mexicano por el censo y su metodología, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, respondió que la “interoperatividad” del RNPDNO con otras bases de datos y los cruces con diferentes registros es una obligación legal del Estado para generar búsquedas y encontrar personas.

“Es así como en los últimos meses”, explicó, “se ha intensificado esa labor y, a partir de ahí, en el marco de generar cruces en bases tan importantes como las de los programas sociales del Gobierno de México, y una base muy importante del Estado mexicano como es la del Registro Nacional de Población, se han encontrado ciertos indicios de vida de muchas personas que estarían registradas en este registro nacional”.

El funcionario lo definió como “un programa de búsqueda en vida que consiste en el despliegue de funcionarias y funcionarios del Gobierno de México como una decisión de gobierno, la cual fue instruida por el propio presidente de la República”.

 

El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en un acto realizado el pasado enero, rodeado de las fichas de búsqueda y pancartas elaboradas por los colectivos. (Gabriel Pano/ObturadorMX)

 

Esta segunda etapa de actualización se lleva a cabo mientras la CNB aún se encuentra sin titular y tras la entrega del RNPDNO, por parte de Quintana, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Mientras no se sigan los procesos adecuados y un trabajo en conjunto con las familias, ninguna idea desde la esfera que se organice va a funcionar para poder encontrar a las personas de este país”, aseguró Trujillo, quien busca a sus cuatro hermanos desaparecidos.

Se pidió una entrevista con Encinas para determinar si la subsecretaría que encabeza se encargó de capacitar en derechos humanos al personal de la SSPC que realiza las llamadas, pero al igual que ha sucedido con otras solicitudes no se concretó.

Como ocurrió con las visitas casa por casa, esta estrategia de actualización del registro nacional no ha sido informada a colectivos de búsqueda, ni a familiares de personas desaparecidas, ni a la sociedad en general.

 

 

Los nuevos epicentros de la desaparición en México

Imágenes de personas desaparecidas colocadas por sus familiares durante la Brigada Regional de Búsqueda en el Ajusco realizada en octubre de 2022. (Lucía Flores)

 

Efraín Tzuc

Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, concentran el 8 por ciento de las desapariciones registradas en este sexenio, mientras que en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México se ha disparado el delito. En 76 de cada cien municipios del país una o más personas están siendo buscadas

Como en ningún otro sexenio, las personas desaparecen en México. Las cifras oficiales indican que, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el pasado 25 de agosto han desaparecido 44,073 personas, lo que representa el 40 por ciento de las 111,000 víctimas reconocidas.

 A un año de finalizar la administración lopezobradorista, se ha superado en casi 10,000 personas el número de desapariciones registradas en el periodo de Enrique Peña Nieto, y se han duplicado los casos ocurridos durante el mandato del panista Felipe Calderón. 

“La justicia y la verdad, que tanto hemos estado buscando, la vemos cada día más lejana. A este gobierno [de López Obrador] no le importamos nunca. No nada más aumentó la desaparición de personas, sino que siguen aumentando los cuerpos sin identificar en una impunidad absoluta, como lo dijo el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas”, lamenta Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en 2011.

En el mapa de la tragedia han surgido nuevos epicentros, lugares en los que antes se registraban pocas desapariciones y ahora cuentan con centenares de víctimas que son buscadas por sus familiares, como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que concentran el 8 por ciento de los casos ocurridos desde el 1 de diciembre de 2018.

Hechos como la desaparición de Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Alberto Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Cedillo Hernández el 11 de agosto en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, a unos 200 kilómetros de Guadalajara, han generado indignación social en el estado gobernado por Enrique Alfaro, y ocupado los principales titulares en todo el país. Los jóvenes continúan sin ser localizados y todavía no hay detenidos.

Las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México también destacan entre los lugares que acumulan más casos sin resolver en este sexenio. En la capital del país, durante más de una década, de 2006 a 2018, se reportaban en promedio 74 desapariciones cada año. Durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno de la entidad, los casos se dispararon a un promedio anual de 926 entre 2019 y mayo de 2023.

“Estoy muy sorprendida de lo atrás que está la Ciudad de México en cuanto a narrativas, técnicas, hasta métodos de trabajo [para la búsqueda de personas desaparecidas]. Parece que [las autoridades] se taparon los oídos los últimos años”, afirma Volga de Pina, investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM)

En Monterrey, Nuevo León; Culiacán, Sinaloa, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, las desapariciones permanecen enquistadas desde que Calderón encargó a las Fuerzas Armadas el combate frontal a los grupos de la delincuencia organizada a finales de 2006. Según el registro oficial, en el sexenio lopezobradorista estos municipios figuran entre los diez que reportan más casos de desaparición en el país.

Pocos son los lugares no afectados por este delito en México: en 76 de cada 100 municipios al menos una persona está siendo buscada.

Los datos de este reportaje provienen de una extracción masiva del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hecha por la iniciativa MORLAN, dedicada al análisis y visualización de datos. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que administra el registro oficial, publicó el pasado 23 de agosto, tras la renuncia de su titular Karla Quintana, una base de datos del RNPDNO que está incompleta: no incluye cifras de personas localizadas y se eliminó toda la información de 37,459 personas desaparecidas cuyas familias, según la misma comisión, pidieron que “no se hiciera pública”.

Tasas crecientes

A dónde van los desaparecidos elaboró una lista de municipios con menos de 100,000 habitantes que reportaron 50 o más desapariciones desde el inicio del sexenio lopezobradorista para estimar la tasa de desapariciones activas, es decir, las personas que continúan sin ser localizadas. Las tasas permiten mostrar un problema que muchas veces queda invisibilizado: en municipios escasamente poblados también ocurre esta tragedia y puede, incluso, generar impactos más graves.

A la cabeza de la lista está Coeneo, Michoacán, un municipio vecino de Morelia que apenas sobrepasa los 20,000 habitantes y registró 80 desapariciones. La tasa de personas desaparecidas es de 381.6 casos por cada 100,000 habitantes. En 2020 fue noticia nacional porque en la fosa de una construcción en obra negra se localizaron 24 cuerpos

Encarnación de Díaz, en Jalisco, ubicado entre Lagos de Moreno y Aguascalientes, ocupa el segundo lugar con 227.2 desapariciones por cada 100,000 habitantes. En ese municipio habitan 53,039 personas y contabilizó 147 desapariciones; en el registro histórico también destaca porque el 93.3 por ciento de los casos reportados continúan sin ser localizados. El 27 y el 28 de julio pasados desaparecieron en el lugar cuatro mujeres menores de 30 años, las hermanas Adriana, Rosa Olivia y Marisela Saucedo Zermeño, y Beatriz Hernández Martínez, pareja de Adriana. No se ha sabido más de ellas.

En tercera posición está Sabinas Hidalgo, en Nuevo León, donde han desaparecido 84 personas desde el 1 de diciembre de 2018, en una población de 34,709 habitantes. La tasa es de 242 desapariciones por cada 100,000 habitantes. En 2021, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) denunció en un comunicado que habían recibido “una cantidad alarmante de reportes de personas desaparecidas”, fechados entre junio y agosto de ese año.

“Empezamos a recibir el llamado de auxilio de familias de mujeres desaparecidas en Sabinas Hidalgo, así como también [sobre] la desaparición masiva de personas que transitan por la carretera Monterrey-Laredo; precisamente, Sabinas queda en medio. Nos llamó la atención y nos horrorizó que esta práctica se estaba dando a ojos de todos”, cuenta Leticia Hidalgo, que también es integrante de Fundenl.

Seis municipios zacatecanos: Valparaíso, Villa de Cos, Río Grande, Jerez, Calera y Ojocaliente, reportan tasas superiores a 150 personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes. En cinco años se han reportado 547 casos que siguen sin resolverse. En 2022, Quinto Elemento Lab identificó que en algunos de estos lugares las desapariciones se multiplicaron más de un 200 por ciento en 2021 respecto al año anterior.

Otros 29 municipios de once estados del país enfrentan la misma situación: aunque sus poblaciones son relativamente pequeñas, de decenas de sus habitantes no se ha sabido más.

La marca de género

Los datos muestran que desde 2006, en promedio, por cada mujer que sigue desaparecida hay 3.3 hombres. El año con la brecha más amplia fue 2010: por cada 5.3 hombres víctimas se registró una mujer.

En la actual administración federal, en 24 municipios de once estados la desaparición de hombres se ha reportado 20 o más veces que la de mujeres. El caso más extremo es El Fuerte, en Sinaloa, donde han desaparecido 158 hombres y únicamente dos mujeres. Sucede a la inversa en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, en la que se registra la desaparición de 22 mujeres y 19 hombres.

El Fuerte es también uno de los municipios con mayor porcentaje de personas localizadas sin vida desde 2006, con 29 de 124 reportes, que representan el 16.5 por ciento. En primer lugar está Angostura, también en Sinaloa, donde se ha localizado sin vida a 51 personas de 310 casos, es decir, el 23.4 por ciento.

También la geografía de esta tragedia ha cambiado progresivamente. En la presidencia de Calderón la desaparición, tanto de hombres como de mujeres, se acentuó en el noreste del país, en municipios cercanos a la frontera con Estados Unidos: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León, y Torreón, Coahuila.

En el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, los municipios de Hermosillo, Sonora, y Puebla, Puebla, se ubicaron entre los cinco con mayor incidencia del delito entre las mujeres. En el ranking masculino se incrementaron significativamente las desapariciones en dos municipios colindantes, Guadalajara y Zapopan. Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros se mantuvieron en ambos conteos.

Bajo la administración de López Obrador, los nuevos epicentros de la desaparición incluyen un mayor número de víctimas mujeres: las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, Guadalajara y Zapopan, y Monterrey, acumulan el 10 por ciento de los casos. Para los hombres, el AMG, con los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, encabeza la lista. Detrás quedan dos municipios de Sinaloa: Culiacán y Mazatlán.

“Ha ido aumentando la presencia de mujeres para el reclutamiento forzado en ciertas actividades, sobre todo de siembra de cultivos de la droga, [y] en la [manufactura] de droga sintética”, considera Jonathan Ávila, investigador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), con sede en la capital jalisciense.

Desapariciones múltiples

A dónde van los desaparecidos también identificó once posibles desapariciones múltiples desde el 1 de diciembre de 2018, hechos en los que diez o más personas fueron sustraídas en el mismo municipio.

Algunos de estos casos han salido a la luz pública, como la desaparición de 22 migrantes el 7 de marzo de 2019 en la carretera de Tampico a Reynosa. A la altura de la localidad de Palo Blanco, municipio de Cruillas, sujetos armados interceptaron la unidad y obligaron a las víctimas a bajarse. “La hipótesis más sólida es que las desapariciones están ligadas a las redes de tráfico de personas”, afirmó sobre este hecho el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. En el RNPDNO son 31 las víctimas de ese día registradas en Reynosa. 

Otro suceso ocurrió el 26 de julio de 2021 en Pantelhó, Chiapas. Ahí desaparecieron a 16 personas, de acuerdo con los datos oficiales. El hecho podría corresponder a la desaparición de 21 personas en medio de una revuelta, de acuerdo con Animal Político: “[…] más de 2,000 pobladores se apoderaron de la cabecera municipal y quemaron las casas de los supuestos sicarios, que fueron esposados y exhibidos en el parque de Pantelhó”. Desde entonces no se ha sabido de su paradero.

El RNPDNO reporta 55 desapariciones en el municipio de Sabinas, Coahuila, el 13 de agosto de 2022. En Zacatecas, la capital, 28 personas desaparecieron el 26 de febrero de 2021. A dónde van los desaparecidos no encontró evidencia pública de estos casos; es posible que estas desapariciones no tuvieran relación entre ellas o, incluso, que haya habido un error en la captura de los datos.

Otras posibles desapariciones múltiples, de diez o más personas en el mismo municipio y en el mismo día, fueron reportadas en Tepic, Nayarit; Centro, Tabasco; El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, en el AMG; la alcaldía Gustavo A. Madero y los municipios tamaulipecos de Mier y Nuevo Laredo.

Misma política de seguridad, mismos resultados


Para Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, el incremento de las desapariciones en el país está relacionada con la falta de políticas públicas basadas en evidencia, evaluables e integrales, así como con la nula profesionalización de las policías, que en ambos casos son responsabilidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creado en 1994.

La falta de estas políticas, según el experto, ha generado, por un lado, el debilitamiento de las policías que, a su vez, tiene como consecuencia que no se investigue a las élites políticas, empresariales, institucionales y criminales. Por otro lado, ha resultado en el éxito de un modelo basado en la fuerza sobre la inteligencia, representado por los militares.

“Las Fuerzas Armadas no tienen inteligencia policial. Tienen modelos de inteligencia para la seguridad nacional que están completamente fuera del escrutinio público y que no sabemos cómo funcionan y no tienen esas capacidades de investigación que pondrían a temblar a las élites”, dice López Portillo.

En materia de desaparición implica que se desconoce si existe una política federal para reducir el delito, pero es evidente que hay una “descomunal impunidad que está relacionada con poderes no identificados por las fiscalías porque no son perseguidos, que están utilizando a una cantidad –que no sabemos– de gente [que es desaparecida] para fines de múltiples actividades delictivas”, lamenta el experto.

En Jalisco, por ejemplo, el aumento de las desapariciones, principalmente en el AMG, podría deberse a la disputa territorial por la venta de droga. Pero la explicación es mucho más compleja.

“Tomando muchísima conciencia de la no revictimización, en Guadalajara, sobre todo en las zonas periféricas, [las personas] no tienen otra salida que involucrarse en este tipo de actividades [del crimen organizado]. Hay algo de contexto social más amplio donde la violencia de estos grupos ya ha penetrado [en la comunidad]”, dice Ávila, del Cepad.

Además, agrega, se ha documentado también la participación de policías municipales en las desapariciones, es decir, serían desapariciones forzadas. Esto ha ocurrido en los municipios con más casos, incluso en comparación con todas las demarcaciones a nivel nacional: Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.

Una de las principales recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (Comité CED), después de visitar México en noviembre de 2021 y reunirse con cientos de víctimas y autoridades, fue implementar una estrategia para detener las desapariciones. La respuesta institucional llegó en 2023, tras cuatro años de retraso: la CNB publicó el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que planea implementar en nueve años con grupos técnicos de trabajo que todavía no existen. 

Mientras tanto, las desapariciones no se detienen. La promesa de López Obrador de que habría recursos ilimitados para atender esta tragedia no ha sido suficiente.

 

 

Siete claves en torno a la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, defensores de Aquila

Imágenes del abogado Ricardo Lagunes Gasca y del profesor y líder comunal Antonio Díaz Valencia fueron colocadas en la Glorieta de las y los Desaparecidos el pasado 22 de enero, exigiendo su aparición con vida. Hoy se cumplen siete meses de su desaparición. (Ulises Martínez/ObturadorMX).

 

Analy Nuño

Las familias de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, desaparecidos hace siete meses, señalan omisiones en la investigación, como la falta de un plan de búsqueda, y aguardan a que se  defina la situación jurídica de los dos detenidos por los hechos, mientras la lucha legal de la comunidad nahua contra la minera Ternium continúa.

Acciones de presión para exigir la aparición con vida del profesor y líder comunal de Aquila, Antonio Díaz Valencia, y del abogado Ricardo Lagunes Gasca; llamados internacionales para su búsqueda y localización; paro forzado de actividades en la minera Ternium, y dos detenidos por los hechos, son el saldo de los siete meses que han transcurrido desde la desaparición de los defensores el 15 de enero, sin que hasta ahora se haya logrado el principal objetivo: conocer su paradero y que regresen a casa. 

Díaz Valencia y Lagunes Gasca desaparecieron tras asistir a una asamblea comunal en el pueblo nahua de Aquila, en Michoacán. Ese día, alrededor de las 18:50 horas, un comando armado interceptó la camioneta en que se trasladaban a Colima; horas después, el vehículo fue localizado con impactos de bala en la localidad colimense de Cerro de Ortega.

Familiares, comuneros de Aquila y organizaciones no gubernamentales han señalado a Ternium, concesionaria de la mina Las Encinas, como responsable de la desaparición de los defensores, debido a la lucha social y legal que mantenían contra la trasnacional. 

Según datos del Inegi, en 2020 la explotación de la mina significó más del 11 por ciento de la producción nacional de hierro, ubicándose Aquila en el quinto lugar entre los principales municipios productores de ese metal en México, mientras que  a nivel mundial Ternium es considerada la principal productora de acero en América Latina.

Estas son algunas claves para entender qué ha sucedido en torno a la desaparición del abogado y el líder comunal.

En pie de lucha

Díaz Valencia, de 71 años, lidera a la mayoría de los 469 comuneros dueños de tierras concesionadas a la minera y reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional, un grupo al que desde 2018 representa legalmente Lagunes Gasca, de 41 años. 

Tras la desaparición de los defensores, el abogado nahua Carlos González García asumió la representación de los comuneros de Aquila. Especialista en derecho agrario e integrante del Congreso Nacional Indígena, ha trabajado en casos de despojo en comunidades indígenas, y con pueblos como el wixárika en la defensa de su territorio.

Las acciones legales que se han llevado a cabo son para exigir el pago de regalías de 3.8 dólares por cada una de las 218,000 toneladas mensuales de hierro que extrae la minera —según datos de 2017—, un acuerdo que según los comuneros ha infringido la empresa, que les paga una cantidad menor por tonelada. Le urgen también a saldar un adeudo superior a tres millones de pesos por ocupación temporal, es decir, por la renta de las tierras, en cumplimiento de los convenios firmados en 2012 y 2017.

Otra pelea legal es la que sostienen con el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 38 de Colima para que emita la convocatoria para la elección del Comisariado de Bienes Comunales, debido a que Ternium les advirtió que, por no contar desde 2018 con representación ante las autoridades agrarias, los acuerdos establecidos en el convenio de 2017 no eran válidos. 

 

Amigos y familiares de los defensores realizaron una protesta en el Zócalo de la Ciudad de México al cumplirse dos meses de su desaparición.

 

Amenazas y crímenes

Antes de ser desaparecidos, al menos en tres ocasiones los defensores recibieron amenazas, les pusieron “halcones” para vigilarlos, y fueron perseguidos por la carretera Cofradía-Cerro de Ortega y por el camino de Jiquilpan hacia Aquila.

En 2022 se les previno de que sus nombres formaban parte de una lista de cinco personas acusadas de “entorpecer” con su activismo social y legal los trabajos de la minera y las acciones delictivas de los grupos del crimen organizado que controlan la región: los Cárteles Unidos, conocidos también como La Resistencia, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A las amenazas anónimas se sumaron las de directivos de Ternium el pasado 13 de diciembre durante una asamblea comunal en Aquila, cuando los defensores afirmaron que se detendrían los trabajos en la empresa perteneciente al grupo italoargentino Techint si no atendían sus demandas. “Se las hizo el gerente […], les dijo que los iban a ‘levantar’ en cualquier momento y que tenían que sujetarse a los intereses de la minera”, informaron a este medio varios comuneros presentes en la asamblea.

Luego de la desaparición del abogado y el líder comunal, las amenazas se intensificaron en contra de comuneros que se movilizaron para exigir la aparición con vida de sus compañeros y públicamente denunciaron la situación de violencia que prevalece en la zona por la presencia de grupos criminales y por los conflictos con pobladores afines a los intereses de la minera. Los nombres y fotografías de algunos de los comuneros fueron difundidos en volantes con mensajes intimidatorios y advertencias.

El 4 de abril fue asesinado Eustacio Alcalá Díaz, defensor del medio ambiente y el territorio en San Juan Huitzontla, comunidad ubicada a 20 kilómetros de distancia de Aquila. Como autoridad comunal firmó en 2018 un amparo para cancelar seis concesiones mineras otorgadas a Ternium y ArcelorMittal sin consultar a los pobladores. En 2022, la comunidad ganó el amparo.

El 1 de agosto fue desaparecido Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, guardia comunal de Santa María Ostula; ocho días después, su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura.  En un comunicado del 7 de agosto, las autoridades tradicionales de la comunidad nahua señalaron como responsables del asesinato a miembros del CJNG: “Este grupo criminal busca, a toda costa, expandir las actividades de la empresa minera Ternium, y de esta forma lograr una gran ganancia económica”.

Es el cuarto guardia comunal asesinado este año, tras los crímenes de Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, ocurridos el pasado 12 de enero y atribuidos a un comando del mismo cártel. Santa María Ostula es una localidad aliada de Aquila en la defensa del territorio y de los recursos naturales.

Omisiones

Tras la desaparición de Díaz Valencia y Lagunes Gasca, sus familiares presentaron denuncias ante las fiscalías estatales de Colima y Michoacán, y se abrió una investigación en la Fiscalía General de la República (FGR). El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas activó el mecanismo de Acciones Urgentes para la búsqueda y localización de los defensores, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares urgentes. 

En mayo, a solicitud de las familias, se realizó una mesa de trabajo con el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas; la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) Karla Quintana, representantes de la FGR y otras autoridades para conocer los avances en las investigaciones y obtener información sobre las estrategias de búsqueda. 

Durante estos meses, familiares de los defensores y organizaciones que los acompañan, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Global Rights Advocacy e Idheas, han manifestado una serie de omisiones de las autoridades para dar con el paradero de Lagunes Gasca y Díaz Valencia: la CNB no ha preparado un plan de búsqueda ni un análisis de contexto; no se han presentado los dictámenes forenses de los restos hallados en fosas clandestinas de Colima y Michoacán; no se ha definido la situación jurídica de dos presuntos responsables de los hechos detenidos en abril; no se ha investigado si hubo una participación de la empresa minera en la desaparición de los defensores, y la Fiscalía General del Estado de Colima ha obstaculizado la búsqueda “al negarse a cooperar con las demás instituciones y a compartir información relacionada con el caso”.

“Es desesperante contar con instituciones que solo se dedican a simular y a encubrir a los perpetradores intelectuales y materiales”, señaló el pasado 15 de julio el padre del abogado, Arturo Lagunes Moreno. 

Dos detenidos

Fue el 24 de abril cuando la FGR informó sobre la detención de José “N” y Fernando “N”, quienes estarían involucrados en la desaparición de los defensores. Ambos fueron vinculados a proceso por un juez federal por el delito de “desaparición cometida por particulares”. 

Un detenido fue identificado como José Cortés Ramos, señalado como uno de los líderes del grupo minoritario de comuneros que se ostentan de manera ilegal —al no haber sido elegidos por la comunidad ni cumplir con lo establecido en la Ley Agraria—como representantes de la comunidad nahua, a quienes se acusa también de operar a favor de la minera. Fue presidente municipal de Aquila en el periodo 2008-2011, y uno de los once alcaldes detenidos en 2009 por presuntos vínculos con el crimen organizado durante el operativo federal conocido como el “michoacanazo”; posteriormente fue liberado. A propuesta del gobierno federal, asumió la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales de 2016 a 2019.

Búsquedas en campo

Tras la desaparición de los defensores, familiares, comuneros, activistas y organizaciones civiles realizaron acciones como un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, protestas coordinadas en varios estados, y entregaron cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir su búsqueda y aparición con vida.

Con el paso de los días y ante la falta de información que permitiera conocer el paradero del abogado y el líder comunal, sus familiares se unieron a jornadas de búsqueda en campo junto a colectivos de personas desaparecidas y autoridades, principalmente en Cerro de Ortega. 

“Su deber era encontrarlos rápido y con vida, y fallaron”, dijo Antoine, hermano de Lagunes Gasca, durante la audiencia pública de la CIDH del 9 de marzo.

La Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de Colima informó que entre abril y junio fueron localizadas 55 fosas clandestinas en tres predios de Cerro de Ortega, de las que se exhumaron 92 “restos humanos u óseos”. Hasta la fecha no se ha informado sobre los resultados de los dictámenes forenses.

“Caminaba uno sobre los restos humanos, se veían por todo el cerro, presuntamente desenterrados por la fauna. Caminábamos sobre costillas, sobre espinas dorsales”, señaló alguien que acudió a la búsqueda y pidió anonimato por seguridad, al igual que otras personas consultadas para este texto cuyo nombre se omite.  

 

Búsqueda de restos humanos en la localidad colimense de Cerro de Ortega, donde fueron halladas 55 fosas clandestinas. (Fiscalía General del Estado de Colima).

 

Destraban elección de comisariado

El 15 de junio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito de Morelia falló a favor de los comuneros representados por Díaz Valencia y Lagunes Gasca, al sobreseer el juicio de amparo 259/2022, y dar así la razón a los defensores sobre la ilegalidad de que Juan Carlos Martínez Ramos, José Macías Analco y Guadalupe López Paulino se ostentaran como presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales de Aquila, pues no fueron elegidos conforme a lo establecido en la Ley Agraria ni cuentan con las facultades que señala esta normativa.

Este fallo, que por cuatro años pelearon, obliga al TUA 38 de Colima y a la Procuraduría Agraria de Michoacán a emitir la convocatoria para la realización de la asamblea comunal en la que se elegirá el nuevo comisariado, el órgano de representación común y vigilancia que Díaz Valencia aspiraba a presidir. Hasta la fecha no se ha fijado un plazo para la convocatoria.

Minera reactiva operaciones 

Seis días después de la desaparición de los defensores, el sábado 21 de enero, los comuneros irrumpieron en Las Encinas durante el cambio de turno para impedir el ingreso de los trabajadores y detener las actividades de extracción como una forma de presión para que la minera interviniera en la búsqueda y aparición con vida de los defensores. 

Tras seis meses en paro, la mina reactivó sus operaciones en medio de acusaciones de engaño y de manipulación de firmas, según afirmaron comuneros y familiares del abogado y el profesor, al señalar que las firmas de asistencia a la asamblea se utilizaron de forma irregular para respaldar el reinicio de actividades.

A través de un comunicado fechado el 5 de julio, Ternium informó que la reactivación se determinó tras recibir “de parte de la comunidad la petición de iniciar nuevamente operaciones”.

Días antes, el 25 de junio, la asamblea general de comuneros emitió un pronunciamiento en el que advertía que no permitirían la reapertura de las actividades por parte de la minera en tanto no se emitiera la convocatoria para elegir el Comisariado de Bienes Comunales y se llevara a cabo el proceso. 

Además, los comuneros desconocieron al representante de la Secretaría de Gobernación, Ignacio Ocampo Barrueta, como mediador en el conflicto que sostienen con la minera, debido a que, “olvidando su función mediadora, asumió un papel parcial en apoyo a los intereses de la empresa Ternium”, señala el comunicado, sin que especifiquen los motivos.