Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez/ GIASF*

En el periodo comprendido entre 2019 y 2022 han sido documentados al menos 16 asesinatos de personas buscadoras en México [1]. El panorama es desolador y la herida, inevitablemente, es compartida. Cada vez que el movimiento de personas buscadoras, articulado por las decenas de colectivos de familias que buscan a algún ser querido en nuestro país, advierte que la desaparición de una persona afecta a todes, se establece como imperativo el desarrollo de una conciencia social capaz de construir narrativas y prácticas que busquen contrarrestar las dinámicas de la(s) violencia(s) que nos afectan, en el entendido de que cada persona está inmersa en relaciones y procesos sociales de interdependencia que exigen reafirmar al mismo tiempo la vida propia y la vida de las otras. 

Es importante insistir en que la violencia física debe ser comprendida como parte de un continuum de la violencia social que a menudo llamamos estructural. Ha quedado suficientemente demostrado que la violencia física extrema no se reproduce como algo espontáneo sino como efecto de la desigualdad social y, por lo tanto, de la exacerbación de condiciones de vulnerabilidad que ésta produce y que siempre están mediadas por la misoginia, el racismo y el clasismo. En este sentido, es imprescindible cuestionar la normalización de las graves afectaciones y daños (muchísimos tan irremediables) de las que son objeto las víctimas, y reconocer y nombrar en éstas la reproducción radical de la desigualdad social. 

Judih Butler (2020) [2] afirma que “las formas más horribles de violencia social están comprometidas implícita o explícitamente con la desigualdad”, de tal manera que los efectos catastróficos del ejercicio de la violencia recaen en las personas cuyo valor y dignidad humana han  sido desestimado. En este sentido, reitera la filósofa, “el asesinato es la implementación definitiva de la desigualdad social”. Es, en otras palabras, la afirmación de un valor sumamente disminuido o completamente negado de la vida de las personas que se busca aniquilar. Reflexionar desde este marco de sentido los asesinatos de personas buscadoras en nuestro país, también es una manera de responder al estigma y revictimización que constantemente denuncian. 

Por el contrario, normalizar esas formas horribles de la violencia no sólo contraviene el sentido de crisis que atestiguamos en esta época de desaparición. También legitima el problema, esto es, lo justifica y con ello, reduce considerablemente cualquier potencia sensible, reflexiva y crítica para responder colectivamente. La normalización hace el juego al desarrollo catastrófico de nuestra época, porque establece como principio la dificultad constante de transformar las condiciones actuales de vida: adormece nuestra capacidad de desear la transformación social y, por tanto, nuestra necesidad de actuar en consecuencia. 

La muerte violenta de las personas buscadoras no puede entenderse como una consecuencia lógica por emprender un tortuoso camino de búsqueda de verdad y justicia. La consecuencia debiera ser la materialización del derecho de la persona desaparecida a ser buscada y, por tanto, la ejecución de acciones efectivas no sólo para localizar a las personas quienes fueron desaparecidas, sino también para garantizar su derecho a la vida y a no desaparecer. 

Los 16 asesinatos documentados de personas buscadoras no sólo son la expresión de una falla institucional desbordada por la impunidad sistemática. Son también la puesta en marcha de un dispositivo brutal para impedir a toda costa la creación y mantenimiento de alianzas vivas que, precisamente, cultivan la lógica consecuente de la no violencia. La muerte violenta tiene el objetivo de someter y aterrorizar a través de actos brutales contundentes. La razón: para lograr la localización de los seres queridos desaparecidos, quienes les buscan, no sólo hacen visibles los espacios de desaparición, también revelan los crímenes atroces que se encubren y las redes de complicidades e ilegalidad que se tejen entre diferentes actores estatales y no estatales. Si a una persona buscadora se le asesina, la vigencia del crimen de la desaparición se garantiza en mayor medida: la posibilidad de saber qué le pasó y dónde está la persona buscada corre el enorme riesgo de ser clausurada definitivamente. Y con ella la intención de transitar a una época de justicia y por qué no, de reconciliación social. 

Entre el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido el 16 de diciembre de 2010 en Chihuahua (quien hasta el último día de su vida exigió justicia por el feminicidio de su hija Ruby Marisol Frayre) y el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, el 4 de octubre de 2022 en Puebla (madre que luchaba por encontrar a su hija Betzabé Alvarado Gallardo), se han conocido los asesinatos de Leopoldo Valenzuela Escobar, ocurrido el 4 de febrero de 2011 en Durango; de Nepomuceno Moreno Núñez, el 28 de noviembre de 2011 en Sonora; de Sandra Luz Hernández, el 12 de mayo de 2014 en Sinaloa; de Bernardo Carreto, el 22 de diciembre de 2015 en Guerrero; de José de Jesús Jiménez Gaona, el 22 de junio de 2016 en Veracruz, de Miriam Rodríguez, en marzo de 2017 en Tamaulipas; de Pablo Iván Miramontes Vargas, en julio de 2018 en Jalisco; de Zenaida Pulido Lombera, el 19 de julio de 2019 en Michoacán; de Javier Barajas, el 29 de mayo de 2021 en Guanajuato; de Aranza Ramos, el 15 de julio de 2021 en Sonora; de José Nicanor Araiza Dávila, el 22 de julio de 2021 en Zacatecas [3]; de Ana Luisa Garduño Juárez, el 27 de enero de 2022 en Morelos y de Rosario Rodríguez Barraza, asesinada dramáticamente el 31 de agosto de 2022 (Día Internacional de las Víctimas de Desaparición) [4].

En cada una de estas muertes violentas la constante ha sido la falta de protección de los derechos de las personas buscadoras y la garantía de su seguridad por parte de los gobiernos estatales y federales. Pero también, el saber sobre las circunstancias de la desaparición de sus seres queridos, los actores involucrados y sus complicidades. 

Quienes buscan no ignoran los riesgos. Los contextos de violencia en los que fueron desaparecides sus familiares son el primer indicio de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad a las que se enfrentan constantemente. Sin embargo, el amor y la esperanza de encontrarles, hace que continúen a pesar de todo. Aunque su seguridad personal y colectiva esté condicionada con la suspensión parcial o definitiva de la búsqueda (porque sólo se evita el riesgo si se deja de buscar), o que los actos intimidatorios y de amenaza anuncien una agresión radical contra su persona. 

Frente a la muerte violenta de personas buscadoras en México es preciso romper el silencio, dislocar los dispositivos de normalización de la(s) violencia(s), convocarnos a un duelo público que, como dice Butler (2020), se transforme en un acto político como expresión de una “oposición militante frente a la injusticia”. Hacer patente el dolor y la rabia ante la desigualdad social sobre la que descansa el mundo de víctimas a las que de muchos modos y en distintas dimensiones les ha sido arrebatado su valor y dignidad humanas.

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*Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez es estudiante asociada al GIASF, integrante del colectivo Hasta Encontrarles CDMX y estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Actualmente es integrante del colectivo Hasta Encontrarles CDMX y colabora con el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF).

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

**Foto de portada: El cuerpo de Esmeralda Gallardo fue entregado a sus familiares tras más de 30 horas después de su asesinato. Integrantes del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla la despiden con consignas como “Esmeralda, seguiremos en la lucha”. Crédito: Alicia Jiménez/EsImagen/ObturadorMX

Referencias:

[1] Los asesinatos de personas buscadoras del año 2010 al año 2021, están documentados en una investigación del Proyecto A dónde van los desaparecidos: Nuño, Analy, (4 de agosto de 2021), “Buscaban a un familiar desaparecido; fueron asesinados”. Disponible en: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/08/04/buscaban-a-un-familiar-desaparecido-fueron-asesinados/  

[2]  Butler, Judith, Sin miedo. Formas de resistencia a la violencia de hoy. España: Taurus.

[3]  Nuño, Analy, op. cit.

[4]  Ponemos énfasis en estos casos documentados pero sin la certeza de que no existan otros sin conocerse.  

A dónde van los desaparecidos es un sitio de investigación periodística y análisis sobre las lógicas de la desaparición de personas en México.

Guadalupe López García y Lizbeth Álvarez Martínez/ SemMéxico

La violencia contra las mujeres en el deporte amateur y profesional es una constante en toda su carrera, al igual que en otras áreas de actuación, como en la política, en la ciencia o en el trabajo remunerado. En el futbol, el tema cobró relevancia con la creación de la Liga Mx Femenil, a finales 2016.

Hablan del tema Claudia Pedraza Bucio, especialista en género, comunicación y periodismo, y Adrianelly Hernández Vega, directora del sitio virtual Cancha y Aparte. Desde la experiencia, se presentan los testimonios de Virginia Tovar Díaz, exárbitra profesional y actualmente maestra de educación física; de las árbitras Jessica Magdalena Jaime Uribe y Jessica Quetzalli Ramírez Jaime y de la futbolista Arizbeth Ramos Díaz.

Violencia sexual: sin estadísticas ni protocolos adecuados

Adrianelly Hernández expone que a pesar de que hay hombres afectados, las mujeres y las niñas están más expuestas al acoso, abuso sexual y violación, desde el nivel amateur hasta el profesional, como sucedió en la selección Sub-15 y más reciente en la Sub-20. Se ha sabido de directores técnicos y preparadores físicos que han sido cesados por acoso, pero no se manejan como tal. Hay también jugadoras grandes que han acosado a las más jóvenes.

Claudia Pedraza subraya que existe toda una estructura que sostiene, permite, normaliza y oculta las violencias en el futbol femenil. Cada club maneja los casos de manera discrecional y en términos de indisciplina, como sucedió en la Sub-20. Son prácticas que se desestiman, porque no se considera acoso ni violencia; por igual, no todos los clubes están capacitados en temas de género ni de violencia de género.

Lo sucedido en la Sub-20, trajo como consecuencia la destitución de la entrenadora Maribel Domínguez y el equipo técnico, en julio pasado. Al respecto, Hernández indicó que sigue habiendo opacidad por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y no se ha nombrado al agresor, el cual no debería ser contratado en otro lado. Se hizo mucho escarnio contra Domínguez, cuando su principal falla fue quizá no actuar.

Pedraza comenta que no hay cifras ni informes que permitan darle un seguimiento mucho más exacto a este tipo de problemáticas. Hernández deduce que se debe a que apenas se están sacando a la luz estos casos y a que sigue habiendo quienes no denuncian públicamente.

Respecto de los protocolos para atender esa violencia, los clubes del León, América y Pumas ya los tienen, pero no se conocen. Las especialistas reconocen que no sirven de mucho, porque las jugadoras no los conocen y hay poca transparencia de cómo y quién los aplica. Entre más se difunda que hay formas de denunciar y estar seguras, más alzarán la voz, puntualizan.

Como las investigadoras constatan, el acoso se ven como hechos aislados. En 2020, se dio a conocer que el entrenador del equipo Las Esmeraldas, en León, Guanajuato, acosó a 13 menores de edad. Pese a que se reportó a la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte local, la cual dijo que estaría en disposición de apoyar, al igual que el Instituto Municipal de la Mujer.

Violencia económica y laboral: derechos confiscados

Hernández Vega refiere que ganar nada o una misera es parte de la violencia económica. En esa situación están jugadoras de la liga profesional, al seguir lucrando con sus sueños de llegar a la primera división. Por ello, buscan otro trabajo, lo que hace que no puedan rendir lo suficiente ni dedicarse de forma exclusiva al balompié. Se había filtrado la información de que eran obligadas a firmar una cláusula de que no se podían embarazar.

Alude a los entrenamientos que se habían considerado solo para hombres y estos mismos se querían replicar en las mujeres, sin considerar las características corporales, lo que las pone en riesgo de sufrir lesiones, abunda Hernández.

Los castigos y ciertos abusos se consideran parte de lo que tienen que pasar quienes buscan incursionar en el futbol profesional, además de todos los insultos y frases que constantemente escuchan en el medio, apunta Pedraza. Les designan horarios de canchas en días que impiden que la afición acuda y que se tengan sistemas de transmisión. Hay discriminación en los procesos de entrenamiento, al negarles accesos a ciertos beneficios, como los gimnasios, comedores, casas a quienes están en fases de entrenamiento y viajes y uniformes adecuados.

Violencia mediática y digital: la espectacularidad de la noticia

Hernández Vega menciona que en los medios hay indiferencia a la Liga femenil, pero cuando se presenta alguna cuestión que puedan tomar desde el amarillismo o sensacionalismo, cubren la nota con sesgos de género. Citó a Charlyn Corral, del club Pachuca, quien fue criticada porque reaccionó con ira contra un sector de la afición que la estaba agrediendo.

Abundó que en redes digitales hay acoso constante de hombres —de acuerdo con los perfiles, muchos anónimos— no solo aludiendo a su aspecto físico, sino amenazándolas, las etiquetan, les mandan mensajes privados. Fue lo que le sucedió a Renata Masciarelli, portera del América, quien recibió amenazas de muerte, y a Blanca Félix, portera del Guadalajara, al criticarla sobre su aspecto físico.

Otros casos más son los de Nailea Vidrio y de Selena Castillo, del León; de Stephany Mayor, Bianca Sierra, Alondra González, Janelly Farías, Rebeca Bernal, Jana Gutiérrez, Deneva Cagigas. Se juzgan por su orientación sexual, su físico, por utilizar las redes digitales, escribe el periodista Elías Leonardo Salazar, de Bolavip (6 de junio de 2022), quien entrevistó a Naim Gallegos, del portal Futbolera.

A su vez, Pedraza Bucio expresa que, si bien hay medios que abordan a profundidad, con ética y compromiso la violencia de género, la mayoría trata los casos como hechos aislados y como una anécdota que tiene que ser espectacularizada a partir de titulares tendenciosos, fotografías que sexualizan a las jugadoras y sin protección de sus datos.

Lo que provoca este tipo de tratamiento informativo es que quienes participan en este deporte, lejos de tener en estos trabajos periodísticos una vía de denuncia que le ayude al acceso a la justicia o al ceso de acoso, son revictimizadas; entonces, lo que más les conviene es callar o no manejar el problema públicamente.

Violencia psicológica: silencio impuesto

Una forma más de violencia es un mecanismo implícito de silenciamiento hacia las jugadoras, señala Pedraza. Casi no hablan de la desigualdad salarial ni de las violencias que enfrentan, porque su sistema de contratación o vinculación con los clubes es muy endeble, opaco y con poca estabilidad laboral. Están sujetas al control de los clubes, pues para solicitar una entrevista con ellas, se les pide a las/os reporteras/os las preguntas y que digan de qué se va a hablar.

Cuando una decide y se atreve a denunciar y hacer públicas situaciones que afectan su propio desempeño profesional, pone en riesgo la posibilidad de llegar al ámbito profesional. Entonces, muchas lo hacen por iniciativa propia o por fuera, en el anonimato. Y eso complica darles difusión a esos hechos.

En ocasiones, agrega Hernández, la o el psicólogo de los equipos reportan a los entrenadores cuando las jugadoras exponen el acoso o una molestia. Quienes pueden evidenciar una agresión son las que siente respaldadas por su familia o las que saben que por hablar no las pueden correr. Pero se necesita un soporte muy fuerte a nivel emocional, familiar, económico, y no todas lo tienen.

Instituciones públicas: mirada tangencial

En tiempos recientes es cuando surge una preocupación institucional —o parece que la hay— en el deporte amateur y profesional practicado por las mujeres, a pesar de que ingresaron a esos medios desde hace más de un siglo y de que a lo largo de esa historia ellas mismas han estado pugnando porque sus derechos humanos se integren a sus dinámicas, reflexiona Pedraza.

En la actualidad, sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) tienen una mirada tangencial sobre el deporte femenil, acota la comunicóloga. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tampoco tiene injerencia sobre la FMF, aunque trabajan de forma colaborativa.

Como organismo privado, la FMF no estaría obligada a tener diagnósticos, ya que tendrían que venir de las denuncias o de la participación voluntaria o anónima de las jugadoras. No obstante, sugiere Pedraza, las instituciones pueden emitir posicionamiento ante los casos de violencia y de alguna forma presionar a la FMF para contar con estadísticas, elaborar protocolos y hacerlos públicos, que tengan enlaces, capacitaciones y un programa integral para atender los temas de género.

La comunicóloga reconoce que las leyes en materia de derechos humanos de las mujeres no se conocen en ese medio. En el mundo deportivo hasta ahora empiezan a hablar de capacitarse en género y derechos, pero las dependencias de gobierno no han logrado que lo hagan quienes toman decisiones o son parte de los sistemas de entrenamiento o de gestión en el ámbito profesional.

Adrianelly Hernádez consideró que las instituciones deben ir más allá de las recomendaciones o de editar manuales, pero si no se obliga a la FMF y a sus clubes a pagar un salario adecuado, destinar recursos para alimentación, infraestructura, bajo una regla que —si se llega a romper— se pague una multa, se seguirá avanzando a pasos superlentos. La Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA) establece ciertos lineamientos y recomienda a los países que establezcan otras medidas y prestaciones, pero la FMF solo cumple con lo mínimo.

A nivel internacional, en 2019, ONU Mujeres y la FIFA firmaron el primer memorando de acuerdo para para difundir contenidos que promueven la igualdad de género y combatan la discriminación y estereotipos en ese campo. Otro memorando similar fue el de ONU Mujeres y la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), en marzo de 2021.

Medios deportivos: el futbol no es para las mujeres

Cancha y Aparte surgió en septiembre de 2021 y transmite por diversas redes digitales. Adrianelly Hernández, fundadora junto con Estefanía

Carmona, explica que es un proyecto que nació para darle cabida a temas y problemáticas que viven las mujeres en el futbol y que medios tradicionales dejan de lado como acoso, forma de contratación, salario o el uso del lenguaje, además de verlas como protagonistas. Todo, desde una visión crítica y feminista, con perspectiva de género.

Pese a que hay otros espacios similares, comenta, se sigue manteniendo la idea de que las mujeres no saben de futbol. Cuando se habla del femenil no hay tanto problema, pero cuando se “invaden territorios masculinos”, no soportan que una mujer tome el liderazgo. Nos ven como invasoras e intrusas en esos espacios.

Sigue habiendo resistencia de cambiar la forma de hacer periodismo deportivo. Los narradores y reporteros son los que tienen más sesgos de género y cuando se les señala, saltan a defender a estas figuras masculinas y lo ven como un atrevimiento, invalidando y descalificando su trabajo de años, cuenta Hernández.

Igual pasa cuando se crítica la violencia machista en los estadios, la misoginia y este sistema patriarcal que provoca todo esto o de cómo los medios están cubriendo la liga con enfoques sexista o sin ética. Los hombres reclaman más: “Nos dicen exageradas, que el futbol no es para nosotras, que somos feminazis”.

Futbolistas y afición desde el feminismo

Para Claudia Pedraza, la vinculación entre el movimiento feminista y las futbolistas es reciente, porque antes no había una liga profesional femenil. El acercamiento ha sido discreto. Aunque son pocas las que desde el activismo se han acercado a los deportes practicados por mujeres, han existido iniciativas, como la Barra Feminista.

Por otro lado, hay jugadoras, la mayoría jóvenes, que se han acercado al movimiento desde los espacios comunitarios, sus organizaciones y a través de las redes sociodigitales. Hay un sector de ellas, las menos, que se identifican con el feminismo; incluso, han tenido formación académica feminista, han tratado de involucrarse con activistas en pro de los derechos de las mujeres y promovido acciones para visibilizar las desigualdades; sin embargo, es muy difícil, cuando no existen garantías laborales que te permitan alzar la voz, añade.

Pudiera ser parte del impulso que se ha dado al feminismo en lo que se denomina su cuarta ola y, por supuesto, de la creación de la Liga MX femenil, que en 2019 unas 15 jóvenes se contactaron para acudir a los estadios como aficionadas. Así surgió la Barra Feminista, integrada por jóvenes que acuden a los estadios sin favorecer a un equipo en específico. Regularmente son unas 30, pero hay llegado a sumar unas 200, de entre 17 y 40 años.

Irma Alfaro, de 33 años, y Shelma Cerrillo, de 35, voceras de la Barra, narran que cuando se creó la liga femenil, se identificaron carencias, desigualdades y malas condiciones de las jugadoras, lo que las hizo activar el feminismo que ya traían. En el camino, otras más se fueron asumiendo feministas.

En sus redes sociales exponen que su objetivo es demostrar que existe otra forma de ser aficionadas, lejos de toda violencia y machismo, y que se respeten a todas las mujeres que intervienen en el balompié. Tienen diez principios, usan camisetas moradas y pañuelos verdes. No han tenido problemas con las barras tradicionales. Solo en una ocasión, relata Alfaro, en un partido entre Chivas y Pumas las abuchearon en medio de un ambiente violento. En la ciudad de Toluca les prohibieron exhibir sus lienzos, por “cuestiones de seguridad”.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Barra organizó una cascarita en el Zócalo de la Ciudad de México para demostrar que un futbol sin violencia es posible y para visibilizarse como mujeres en espacios públicos, dice Cerrillo.

Testimonios: la expresión de la violencia

Virginia Tovar Díaz fue la primera mujer en arbitrar un partido de la primera división del futbol mexicano. Iba a dirigir Tigres contra Irapuato, pero los primeros no la aceptaron y la criticaron en los medios. Lo hizo con América contra Irapuato. Hay más mujeres como árbitras, pero solo en la liga femenil. “Cerraron las puertas” para estar en la liga varonil. Apoyan a las asistentes, pero cuando quieren ser árbitras, les cuesta trabajo aceptarlo, se lamenta.

Afirma que no fue víctima de violencia, pero sí de machismo. Ganaba lo mismo que un hombre, aunque no le daban salario extra por no estar en encuentros internacionales. Tampoco se sintió agredida ni ofendida. Sobre la afición, “lo que lograba escuchar me daba risa. Ya iba preparada psicológicamente”.

En relación con el delantero del América, Cuauhtémoc Blanco, cuando la mandó a “lavar trastes”, aclaró que fue una declaración a los medios; no se lo dijo de forma directa. En una publicación deportiva (asMéxico, sin fecha), Tovar declaró que en un partido Jared Borgetti le exclamó: “¿Para qué mandan viejas, si no tienen capacidad?”.

Jessica Magdalena Jaime Uribe y Jessica Quetzalli Ramírez Jaime son mamá e hija que participan en una liga amateur. Provienen de una familia de silbantes. Magdalena Jaime se retiró y ahora es asesora. A pesar de que ya hay más respeto, no puede creer que después de 30 años sigan viendo a las árbitras como “bichos raros”, como le sucedió a ella en sus inicios.

Siguen recibiendo insultos y burlas, no por el trabajo que hacen, sino por ser mujeres. Cuenta que en el medio hay un dicho común: dicen que para ser árbitra o eres lesbiana o eres zorra. En una ocasión, un jugador al que expulsó la amagó con darle una bofetada.

Detalla que de donde reciben más insultos son de las porras y aficionados, si bien el público es diferente en el futbol profesional y el amateur, ya que en este último la tribuna está más cerca de las canchas y hay ocasiones en que las llegan a amagar. “Es parte del ambiente de ese lugar”.

Quetzalli Ramírez inició a los 20 años. Actualmente tiene 26. Ha sido blanco de provocaciones; incluso, de mujeres. Son criticadas por su físico, hasta por ser muy femeninas. “A la gente se le olvida que somos personas. No tienen idea del esfuerzo que hay. A veces llega a su casa con ganas de llorar. Es llegar a soltar todo. Te ven diferente. Se sienten las miradas lascivas”.

En una ocasión, como asistente, al final de una fila de la cuarta división, tuvo que esperar a que se fuera toda la gente y salió con ropa común, sin uniforme, por las agresiones que recibió durante todo el partido. Aunque lo reportó al responsable de la liga, solo le contestó: “Los insultos son bendiciones”. Tampoco había seguridad pública.

Magdalena —quien fue compañera de Tovar— interviene en la conversación: Se me apachurra el corazón ver a mi hija que la insulten. Soy su fan y siempre estoy para apoyarla. Primero, como mamá, le doy contención, todo mi amor. Después, como asesora de árbitros, la oriento para que aprenda a cuidarse”.

Arizbeth Ramos Díaz tiene 27 años. Empezó Inició a los 20 años. Maribel Domínguez la invitó a las Garzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde participó en dos torneos. En la Ciudad de México estuvo con las Dragonas, equipo de la Liga Mayor Femenil, en el sector amateur. Cuando se creó la liga MX Femenil, mejor decidió terminar su licenciatura en Fisioterapia. “Sabía que del futbol no iba a vivir, por la cuestión de los apoyos. Las mujeres no pueden vivir del futbol”.

Después de que se graduó, logró ingresar al América. En el torneo de clausura y apertura 2021. No estuvo en los partidos por su rodilla lastimada y ya no le renovaron el contrato. Regresó a Dragonas, pero se quedó con “la espinita” de regresar a la Liga MX. Para las mujeres no es sencillo tener un trabajo y jugar. “Los hombres no tienen esa disyuntiva, porque viven del futbol. Tienen más oportunidades”.

De niña, escuchaba los gritos: “Que se vaya a jugar a la Barbie, a lavar trastes, pero gracias a la creación de la Liga MX ya es menos”. Como su madre y padre siempre la acompañaban, no ha pasado por un hecho violento, pero la han insultado en redes virtuales. “Son personas que no tienen rostro. Se escudan detrás de las redes sociales para ofender, humillar. Muchos hombres siguen el futbol femenil nada más para mirar a las mujeres”.

Está consciente de que a las mujeres las cuestionan más sobre su sexualidad, hay más discriminación. Siempre tienen que estar demostrando que son capaces. Una maestra le decía que con el futbol no iba a llegar lejos. Se veía como una diversión no como un proyecto de vida. Con la Liga MX, dice, muchas niñas ya ven a jugadoras como sus ídolas, como su sobrina la ve a ella. “Ojalá y el camino sea mucho más fácil para ellas. Que no se rindan y no dejen de soñar”.

Cambios, resistencias y escenarios

Adrianelly Hernández apuntó que entre los cambios en este panorama ya se habla de la violencia contra las futbolistas, ya no se toma como normal y muchas jugadoras ya no se quedan calladas. Ya es un tema que se toca en las conferencias de prensa. Asimismo, La FIFA obliga a dar licencias por maternidad. Esmeralda Verdugo, del Tijuana, quien anunció en agosto pasado que estaba embarazada, va a cobrar mínimo tres cuartos de su salario. También, valora, hay equipos con protocolos, poco claros, pero ahí están.

A decir de Hernández, a regañadientes los equipos se han visto obligados a tomar medidas, circunstancia que confirma Pedraza, quien acota que las acciones siguen siendo voluntad política de los clubes, lo que genera un piso desigual para que las condiciones de trabajo de las futbolistas sean seguras.

La preocupación por atender la violencia de género no surge ni es un capricho de la afición ni de las deportistas, e insiste: no es posible tener una liga profesional femenil si no se comprometen a erradicar ese problema. La FMF requiere una instancia que pueda generar las directrices de un programa de atención integral que contemple la prevención, atención y las vías para las denuncias, sanciones y reparación de daños.

Hernández hace ver que los reglamentos son hechos nada más por hombres, por lo que se requiere personas capacitadas en género. Pedraza especifica que en los protocolos tienen que participar las jugadoras, entrenadoras, directivos de la liga y especialistas en perspectiva de género.

Si a la FMF en verdad le interesa atender la violencia y que el futbol femenil se desarrolle, se puede guiar de diferentes experiencias a nivel internacional, destaca la profesora e investigadora y cita a Estados Unidos o las ligas de Europa que cuentan con leyes generales que promueven los derechos de las mujeres y que las obliga a cumplir ciertos requisitos para garantizarles la igualdad, la no discriminación y un espacio libre de violencia.

En América Latina —Chile y Costa Rica, por ejemplo— los movimientos feministas y los sindicatos de jugadoras han pugnado para que los clubes y las federaciones tengan protocolos. Lo interesante es que ha sido un trabajo colaborativo, resalta Pedraza.

En cuanto al papel de los medios, Hernández reconoce que hay gente que cree en proyectos informativos, como Ellas en el deporte, Fut femenil, Diosas olímpicas y Cancha y Aparte, lo que da esperanza de que en algún momento la situación puede cambiar. No vamos a hacernos millonarias con este trabajo, pero buscamos que al menos se dignifique e incidir en la sociedad.

Hay resistencia de que nos acepten quienes tenemos un enfoque feminista, por lo que lo más difícil de cambiar va a ser a nivel estructura, Lo que nos Toca, como sociedad y como medios es luchar por ese cambio, concluyó.

SemMéxico se propone dotar de información general desde la perspectiva de género.

Elaborar información de actualidad, desde una óptica no sexista.

Foto: Ayuntamiento de Manzanillo

Una mujer fallecida por la caída de una barda en una tienda departamental de Manzanillo, un hombre muerto bajo los escombros del techo colapsado de un gimnasio, tres personas lesionadas con quemaduras —dos de ellas menores de edad— por el estallido de un tanque de gas en el municipio de Tecomán, así como daños materiales no cuantificados hasta ahora en esta entidad, es el saldo preliminar del temblor de 7.7 grados en la escala de Ritcher, ocurrido al mediodía de este lunes con epicentro en Coalcomán, Michoacán.

En un primer reporte de daños, el director de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Manzanillo, Juan Francisco Quiles, informó que además del fallecimiento registrado en la tienda Coppel, horas después del suceso elementos de la dependencia a su cargo continuaban la búsqueda de otras posibles víctimas entre los escombros de un gimnasio colapsado en esa misma ciudad.

Quiles comentó que personal de Protección Civil auxiliado por un binomio de rescate con la perra Tokio, realizó la búsqueda de vidas humanas al interior del gimnasio ubicado en la planta alta del centro comercial Punto Bahía, cuyo techo cayó como consecuencia del siniestro.

“El animal entrenado detectó algunas señales que tendrán que ser valoradas por rescatistas expertos para verificar si hay personas con vida o no”, señaló el titular de la corporación, según información publicada por el portal de la revista Proceso.

Alrededor de las 10 de la noche del lunes, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) confirmó la localización de una segunda víctima mortal del temblor, bajo los escombros del gimnasio Capital, cuyo techo colapsó durante el movimiento telúrico.

El establecimiento se encuentra en la plaza Punto Bahía, sobre el boulevard Miguel de la Madrid Hurtado, y de acuerdo con la corporación continúan los trabajos para el rescate de la víctima, del sexo masculino.

Aunque oficialmente no se había dado a conocer la identidad de la persona fallecida, en las redes sociales ha trascendido que podría tratarse de un conocido empresario de la radio manzanillense.

Por su parte, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que en el municipio de Tecomán se registró la explosión de un tanque de gas que derivó en daños físicos a 3 personas: una mujer mayor de edad, que sufrió lesiones graves, y dos menores de 11 años y de 5 meses, quienes fueron trasladados en un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villa de Álvarez y en caso necesario se les llevará a Guadalajara.

La mandataria anunció que se suspenden las clases de este martes 20 en ambos turnos en toda la entidad, pues “no queremos que regresen a las escuelas hasta que se haya hecho la verificación al 100 por ciento de las estructuras de todos los planteles educativos de nivel básico del estado, y nos coordinamos con el resto de planteles escolares y universidades para garantizar que el regreso a clases de niñas, niños y jóvenes sea en condiciones de seguridad”.

En rueda de prensa, Vizcaíno dijo que habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien “está muy preocupado por la cercanía de Colima con el epicentro y las consecuencias, me pidió mantenernos en comunicación, le he estado informando de los daños en los diferentes municipios, me dijo que contábamos con su apoyo como estado cada una y cada uno de los colimenses y muy pendiente de lo que sucediera”.

Agregó que también platicó con la directora nacional de Protección Civil, el secretario de Marina y de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT); este martes llega personal de SICT y en el transcurso de la semana arribará a la entidad más personal de Marina.

El director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, Erick González Sánchez, hizo un recuento de los daños y dijo que, aunque aún no concluyen los trabajos, se comparte la información que se tiene y que se actualizará conforme pasen las horas y se tengan mayores datos y hasta el momento en Tecomán y Manzanillo es donde se observan mayores afectaciones.

Informó que hay daños estructurales mayores en la Clínica Dr. Miguel Trejo Ochoa del ISSSTE en Colima, por lo que fue evacuada; ya se trabaja con ingenieros expertos en el tema para determinar el grado de afectación; en el Hospital de Ixtlahuacán daños estructurales mayores y una fuga de gas que ya fue controlada y también fue evacuado; el Hospital General de Tecomán con daños estructurales mayores y una explosión de un tanque de oxígeno y se encuentra evacuado, aunque se brinda atención a pacientes en la explanada de ese inmueble.

En el Hospital Regional Universitario (HRU) de Colima fueron desalojados los pacientes, ya fue evaluado y no hay estructuras dañadas de consideración y se determinaron daños menores por lo que hasta la noche de este lunes es funcional y está operando; el edificio del Banco de Sangre tuvo daños menores y está pendiente de valorar; la Jurisdicción Sanitaria No. 1 con daños menores y pendiente de valoración; edificio de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) con daños menores; el Laboratorio Estatal de Seguridad Pública con daños estructurales menores, el Hospital de Cancerología con daños estructurales menores, que quedó sin energía eléctrica. El Hospital Materno Infantil en Villa de Álvarez con daños estructurales menores y está funcionando.

Mientras tanto, en la iniciativa privada, el Hospital Puerta de Hierro con daños estructurales y de momento se encuentra evacuado; el Hospital Colima –cerca del anterior- con daños estructurales y pendiente por valorar; Torre Médica de Plaza Sendera con daños estructurales y pendiente valoración.

Sobre las vías de comunicación, el titular de la UEPC reportó que la carretera Villa de Álvarez a Minatitlán se encuentra obstruida y no hay paso en el kilómetro 34 donde se presenta un derrumbe de importancia, además de otros menores, y no hay circulación hacia ese municipio de Minatitlán.

También va a ser cerrada a la circulación una estructura de los puentes del arco sur por donde se encuentra la gasolinera Los Sauces (puente Cortés); también se reportan derrumbes en la carretera Comala-La Becerrera, el camino está cerrado y ya se está atendiendo por el municipio. 

En cuanto a los edificios públicos, el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado presenta daños estructurales y está pendiente su valoración; hubo afectaciones al edificio del C5i con daños menores en plafones y muros de tablarroca y éste fue prioridad por cuestión de las emergencias y ya está operando; el templo de Pueblo Juárez (Coquimatlán) presenta daños estructurales en el campanario y se va a valorar. En torno a plazas privadas, en Plaza Country, Zentralia y Sendera también presentan afectaciones.

En Manzanillo, Juan Francisco Quiles añadió que también resultaron siniestrados seis vehículos que se encontraban estacionados junto a la tienda Coppel. En el centro de la ciudad, asimismo, se reportó la caída de algunas cornisas y se valora la situación estructural de algunos inmuebles.

Indicó que aunque se activó una alerta de tsunami, el fenómeno fue muy leve y no provocó daños, pero sí se pidió a las personas que estaban en la playa que se retiraran por representar un posible riesgo. 

La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, informó que todas las áreas técnicas con conocimientos en ingeniería revisan puentes vehiculares, distribuidores viales y puentes peatonales de alto tráfico para tener a detalle su condición para la seguridad de la población manzanillense.

La alcaldesa informó que el DIF Municipal instaló un albergue temporal en el Casino de la Feria de Manzanillo, con capacidad para recibir a 300 personas que se vean en la necesidad de salir de su hogar, mientras que la gobernadora Indira Vizcaíno informó sobre la instalación de un albergue similar en la capital del estado.

Asimismo, Griselda Martínez hizo un llamado a los habitantes de Manzanillo para que a partir de este 20 de septiembre a las 10 de la mañana acudan a las mesas de recepción de reportes de posibles daños estructurales en viviendas o instalaciones comerciales, para verificar afectaciones parciales o totales, a consecuencia del sismo de este 19 de septiembre de 2022. (Agencia Apro)

El Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense arrancó labores en San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, donde ha empezado a recopilar la información necesaria para devolver los nombres a decenas de miles de personas fallecidas en el anonimato. Aseguran que serán procesos a largo plazo.

Por: Efraín Tzuc para A dónde van los desaparecidos*

El Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) cumplió su primer año y reportó los avances en su encomienda de devolver el nombre a las decenas de miles de personas fallecidas desconocidas. Hasta ahora, han iniciado trabajos en San Luis Potosí, Tamaulipas y, recientemente, Zacatecas. 

Este Mecanismo fue creado a finales de 2019 y su objetivo es realizar peritajes para identificar a cuerpos y restos humanos que han sido resguardados por las autoridades, principalmente de las fiscalías del país, antes de la creación de la institución. La dimensión de su labor está estimada en 52 mil personas fallecidas desconocidas.

“Para atender el rezago de miles de personas desaparecidas sin identificar en México se requiere de un compromiso sostenido en el tiempo, el cual solo será posible a través de esfuerzos de comunicación interinstitucionales, multidisciplinarios, interdisciplinarios, incluyentes e incluso transnacionales”, dijo en conferencia de prensa el pasado 29 de agosto Yadira Reyna, experta en antropología forense e integrante del Grupo Coordinador integrado por siete expertas y expertos que rindieron un informe por su primer año de labores.

Uno de los principales retos del MEIF es contar con los recursos económicos suficientes. Jairo Vivas, médico forense también del Grupo Coordinador, mencionó que el apoyo federal y de algunas instancias internacionales ha servido para iniciar labores en San Luis Potosí. Sin embargo, no cuentan con un cálculo sobre el costo que llevará el trabajo a largo plazo.

Virginia Garay, del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoro de Nayarit e integrante del Consejo Nacional Ciudadano, un órgano independiente integrado por expertos y familias de personas desaparecidas, recordó que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con las familias de personas desaparecidas a que no habría límite ni techo financiero para la búsqueda de sus seres queridos.

“Aquí es donde lo estamos requiriendo. Esto es parte de nuestra búsqueda y de nuestra lucha”, reclamó la señora Garay.

Aunque el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, y la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, aseguraron el año pasado que el MEIF contaría con 40 millones para arrancar labores, lo cierto es que, de acuerdo con fuentes consultadas, este monto se dividiría en tres proyectos, incluyendo el MEIF, y la cantidad destinada al Mecanismo para el 2022 ni siquiera se ha entregado completamente.

El 30 de agosto de 2021 se hizo la presentación del Grupo Coordinador del MEIF. Crédito: CIDH 

Planes y avances

Durante este año de trabajo, el MEIF se ha reunido con 40 colectivos de 17 estados y tres países de Centroamérica y ha logrado la firma de convenios con San Luis Potosí, Tamaulipas y próximamente con Zacatecas.

En San Luis Potosí, el MEIF se fijó dos objetivos: atender el rezago en identificación –que se estima es de 613 personas fallecidas sin nombre– y apoyar al estado para que cuente con un laboratorio propio de genética forense.

“En el último trimestre (de este año) esperamos hacer los primeros análisis de genética en un laboratorio de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala”, aseguró el médico Vivas. Lo que busca el grupo, aseguró el mismo Vivas, es que al cierre de este año puedan dar como resultado un número de identificaciones en ese estado.

En Tamaulipas, el MEIF cuenta con un convenio firmado el 17 de junio pasado con la Fiscalía General del Estado. Ahí, los y las expertas esperan colaborar en el análisis de los cuerpos que serán recuperados del proyecto de exhumaciones en el panteón de Ciudad Mante y revisar los alrededor de mil perfiles genéticos para verificar las primeras coincidencias y definir una estrategia de abordaje para el resto de los casos.

Zacatecas es el tercer estado en el que trabajaría el Grupo Coordinador este año. En una visita realizada a inicios de agosto elaboraron un diagnóstico sobre las instalaciones de las instituciones involucradas en la búsqueda e identificación.

Otros estados donde el MEIF podría firmar convenios próximamente son Quintana Roo, Estado de México, Veracruz, Coahuila y Michoacán.

Un resto óseo quedó enganchado en una retroexcavadora que realizaba trabajos para encontrar restos a los cuales con pico y pala era prácticamente imposible acceder .Crédito: Lucía Flores

Desgenetización

Un punto nodal para los y las expertas de esta institución independiente, es que se erradique la idea de que con la información genética se resolverá la crisis de desapariciones en el país.

Esta idea, aseguró la antropóloga forense Yadira Reyna, ha retrasado la posibilidad de devolver el nombre a aquellos cuerpos desconocidos en muchos casos. 

En contraste, la experiencia internacional muestra que es posible identificar a miles de personas con equipos multidisciplinarios –no únicamente de genetistas–.

“La identificación humana es un proceso donde se comparan y se reconstruyen evidencias y escenarios para poder ubicar a una persona desconocida dentro de un escenario conocido”, explicó Reyna.

Esta información, tanto de los lugares de hallazgo como de los propios cuerpos y restos humanos, debería estar almacenada en un Banco Nacional de Datos Forenses que la Fiscalía General de la República (FGR) ha retrasado crear por más de tres años.

Para el experto de genética del MEIF, Magner Rincón, la urgencia es lograr que las fiscalías compartan la información genética con la que cuentan y que estén acreditados.

“A futuro, en los laboratorios regionales que se acrediten se va a implementar el M-FISys, que es otra base de datos, similar al Codis (que usa la FGR) pero exclusivamente para fines de identificación humana”, comentó Rincón.

Tras una denuncia anónima huesos identificados como parte de una mano fueron encontrados tras una búsqueda organizada por personas de familias desaparecidas. Crédito: Lucía Flores

Una misión a largo plazo

La labor que ya emprendió el MEIF no es para nada sencilla. La identificación requiere tiempo, personal y recursos económicos.

“Contrario a lo que se pensaba, que nosotros podríamos llegar inmediatamente en el 2021 a iniciar con identificaciones, no es posible en estos proceso”, explicó Jairo Vivas. 

Una expectativa más es que el Mecanismo llegue a todos los 32 estados del país pero los y las expertas reconocen que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir esa demanda.

“Tenemos incluso propuestas, invitaciones, de varios estados para que nosotros lleguemos a implementar el mecanismo, pero será siempre en función de las realidades que vayamos teniendo en cuanto a recursos”, afirmó Yadira Reyna.

Además, el MEIF se enfrenta al reto de colaborar con múltiples instituciones para no duplicar esfuerzos: por un lado están las 33 fiscalías de país que resguardan los cuerpos anónimos, la mayoría de ellos enterrados en fosas comunes, y, por otro, está el nuevo Centro Nacional de Identificación Humana, con una encomienda bastante similar al que tiene el propio Mecanismo Extraordinario.

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**Foto de portada:Familias de personas desaparecidas buscan restos humanos.Crédito:Ivonne Rodríguez/Obturador MX

*Efraín Tzuc es periodista e investigador. Actualmente es reportero del equipo de investigación periodística de www.adóndevanlosdesaparecidos.org, asistente de investigación en Quinto Elemento Lab y cocoordinador de la plataforma Yucatán Feminicida. También es becario de la iniciativa ¡Exprésate! del International Women 's Media Foundation (IWMF).