Los archivos fantasma del CISEN

Se llevó a cabo la ceremonia de inicio de actividades de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento Histórico y el Impulso a la a justicia de los hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, con la Secretaria de la Defensa Nacional. Ariadna Colíndrez/ObturadorMX

 

Por César Contreras León

Alicia de los Ríos entró el año pasado al Campo Militar No. 1. Entró buscando pistas sobre su madre, como lo ha hecho por 45 años. El pasado 22 de junio de 2022 se llevó a cabo una ceremonia sin precedentes en el gran cuartel [1], en cumplimiento del compromiso presidencial de este sexenio de aperturar archivos e instalaciones militares para investigar las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el período 1965-1990. Frente al Presidente de la República, el Secretario de la Defensa Nacional y una decena de autoridades, Alicia pronunció unas palabras inolvidables: “Hoy llegamos cargando a cuestas la dignidad de nuestros muertos y nuestras desaparecidas”.

Es ineludible el lugar común para una frase de tal peso: “Tampoco los muertos estarán a salvo si el enemigo vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer”, escribía Walter Benjamin [2]. Ese día que Alicia entró al Campo Militar No. 1 “los organizadores del olvido” perdieron una batalla, pero vendrían mil más.

Desde las sombras, la agencia de inteligencia del Estado Mexicano ha cambiado de nombre varias veces con el paso de las décadas. Desde 1947 se llamó Dirección Federal de Seguridad (DFS), posteriormente se le denominó Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN) de 1985 a 1989, para luego nombrarse Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y para, finalmente, llamarse Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desde el 1o. de diciembre de 2018.

La DFS, en particular, jugó un papel clave en la violencia de Estado de las décadas de los 60’s, 70’s y 80’s. Codo a codo con el Ejército, la DFS coordinó la Brigada Blanca, un aparato interinstitucional de represión [3] contra movimientos políticos y sociales –tales como la Liga Comunista 23 de Septiembre–. Al amparo del poder público, la Brigada Blanca detuvo, torturó, desapareció y asesinó a incontables personas campesinas, estudiantes o militantes. Alicia, –madre, con quien comparte el nombre su hija que la busca–, fue una de las personas desaparecidas por esta corporación. 

Un paréntesis necesario: la Brigada Blanca no se trata de una leyenda urbana magnificada por el gusto a la exageración. Su existencia y misión se encuentra explícita en un documento fundante, el “Plan de Operaciones No. 1: Rastreo”, de 1976. Con todo detalle, esas páginas demuestran los objetivos, armamentos, adiestramiento y los nombres de los altos mandos a cargo de la atroz operación. Al pertenecer a un archivo oficial, este documento es eficaz para refutar las acusaciones de ser un mito. La diferencia entre un mero rumor y un hecho radica en las pruebas. Los archivos son testigos tenaces, pruebas perdurables y necesarias para reconstruir la verdad. Esto no implica que su contenido no pueda ser cuestionado o analizado con ojos críticos, pero su valor para las investigaciones es innegable.  

Pues bien, el archivo de la DFS y el de la Brigada Blanca, fue heredado a la DGISEN y, a la postre, al CISEN. Entrado el siglo XXI, frente a la exigencia de apertura de los archivos, el entonces presidente Vicente Fox emitió un acuerdo por el que instruyó al CISEN a enviar toda la documentación de la DFS al Archivo General de la Nación (AGN). El fondo de la DFS podría ser consultado sin mayores restricciones, de acuerdo con esta orden presidencial.

No obstante, el CISEN recibió una deferencia de la que no fue beneficiaria ninguna otra institución: transfirió un acervo de la DFS, pero su personal seguía custodiando los archivos transferidos. Desde luego, esta “deferencia” es un eufemismo para una franca ilegalidad desplegada con impunidad. 

La imagen es escandalosa: miles y miles de cajas con documentos repletos de secretos preciados, custodiadas por los agentes del CISEN –“los organizadores del olvido”–, dentro de la antigua prisión de Lecumberri [4], ese panóptico cuyo ojo omnipresente fue testigo de la tortura y el horror. Los archivos cautivos, a merced de sus guardianes todopoderosos. 

Con esos custodios, ¿qué podría sucederle a esas frágiles hojas escritas a máquina que pasaron por las manos de funcionarios de gran jerarquía que fraguaron lo indecible? Por más de dos décadas, colectivos de sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas cuestionaron esta práctica, temiendo lo peor. La oposición resultó fundada.

En 2019, la alternancia brindó el terreno propicio para renovar compromisos gubernamentales con las víctimas que se encontraban en el olvido. Un nuevo decreto presidencial emergió. La orden resulta familiar: transferir los archivos de la administración pública federal relacionada con graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de movimientos políticos y sociales del pasado al AGN. La historia se repite.

En octubre de 2021, a través de un decreto presidencial, se creó una comisión de la verdad para investigar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el período 1965-1990. La Comisión se refracta en diferentes mecanismos, uno de ellos el encargado del esclarecimiento histórico, bajo la conducción de personas expertas independientes. El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico tiene la encomienda de acceder a instalaciones militares y archivos para reconstruir la verdad. En la revisión documental del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, los temores denunciados por la sociedad civil por décadas se concretaron: archivos faltantes, sustraídos o que nunca fueron transferidos y debieron serlo.

La batalla por los archivos no es una necedad. No lo fue cuando se obtuvo la prueba de la existencia de la Brigada Blanca. No lo fue cuando se ventiló la “orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad” de Tlatlaya. No lo es cuando las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigen saber el contenido de documentos que no fueron entregados por el Ejército al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La batalla por los archivos es la disputa por la historia que se da desde la esquina de los vencidos.

Por otro lado, la desobediencia a instrucciones presidenciales nunca debe verse con ligereza. Mucho menos cuando se trata del desacato proveniente de instituciones forjadas por fuertes estructuras disciplinarias basadas en la jerarquía. No hay espacio para suponer la casualidad o el error. Cualquier hipótesis plausible sobre la razón de tal desobediencia sugiere –lamentablemente– debilidad del Estado de Derecho y fragilidad democrática. 

Por eso Alicia de los Ríos, hija, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) y Artículo 19, promovió un amparo en contra de las irregularidades reportadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico sobre los archivos del hoy Centro Nacional de Inteligencia. El Poder Judicial tomó una primera decisión: mientras dure el juicio, el Centro Nacional de Inteligencia no puede destruir los archivos y cualquier baja documental sería susceptible de ser revisada y, en su caso, sancionada por la judicatura. Los “organizadores del olvido” han perdido otra batalla.

La exigencia de Alicia y de las víctimas que han peregrinado por décadas en su búsqueda de verdad y justicia es la impostergable transferencia de los archivos faltantes. Que las agencias secretas salgan a la luz y revelen su pasado marcado por una historia de abusos es una prescripción necesaria para que estos hechos no se vuelvan a repetir. 

La memoria es un síntoma de lucidez, un conjuro frente a los tiempos convulsos. “Los archivos contribuyen a deshacer las artimañas de los asesinos de la memoria”, escribió Juan Gelman también. La verdad sumergida usa escafandra, siempre encuentra cómo volver a la superficie.

Alicia es un nombre de origen griego, significa “verdad”: busquemos todas y todos a Alicia. 

* César Contreras León es abogado y defensor de derechos humanos, con experiencia en el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en su búsqueda de verdad y justicia. Estudió la Licenciatura en Derecho en la UNAM y ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil. También ha formado parte del Equipo Técnico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Actualmente es colaborador en el área de defensa integral en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización dedicada al acompañamiento y defensa de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan integrantes del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org) así como personas columnistas invitadas.

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

Referencias:

[1] El Campo Militar No. 1 A es el cuartel más grande del Ejército Mexicano, con una superficie de 300 hectáreas, en las fronteras de la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con testimonios de sobrevivientes de la contrainsurgencia, instalaciones del Campo Militar No. 1 A fueron utilizadas como prisión clandestina, donde se torturó y fue el último lugar donde fueron vistas decenas de personas, hasta la fecha desaparecidas. Véase Montemayor, Carlos, “La violencia de Estado en México, antes y después de 1968”, Ed. Random House, 2010, páginas 51 y 52. Disponible en: https://acortar.link/XwgHOt 

[2] Benjamin, Walter, “Tesis sobre la historia y otros fragmentos”, Ed. Itaca y UACM, trad. Bolívar Echeverría, 2008, página 40. Disponible en: https://acortar.link/NfUbks 

[3] De acuerdo con el Plan de Operaciones No. 1 “Rastreo”, la Brigada Blanca estaba a cargo del Coordinador General, Francisco Quirós Hermosillo, comandante del Segundo Batallón de Policía Militar de la SEDENA; un responsable, Miguel Nazar Haro, Subdirector Federal de Seguridad junto con su asesor jurídico, Alfonso Cabrera Morales, Jefe del Departamento Jurídico de la DFS; y una comisión de seguridad integrada por los jefes de distintas policías y procuradurías, entre ellas, la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPyT), de la Ciudad de México; la entonces PGR y la procuraduría del Edomex. Con 240 elementos, 55 vehículos, 2 helicópteros, 153 pistolas, 55 carabinas, 55 escopetas, más de 75 mil cartuchos y artefactos explosivos, tenía como misión “neutralizar a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre”. Disponible en: https://acortar.link/dqDKb5 

[4] Conocido como “El Palacio Negro de Lecumberri”, es una construcción basada en el panóptico benthamiano, que data del porfiriato, y que fungió como prisión. En los 60’s y 70’s  fue, además, centro de tortura y homicidio de estudiantes, activistas y militantes de movimientos políticos y sociales. Tras su clausura en 1976, fue destinado como sede del Archivo General de la Nación. Véase Mendoza, Jorge, “Lugares de memoria y represión en México”, en Teknokultura: Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales, 2018. Disponible en: https://acortar.link/4F1shD 

 

 

México rebasa las 5,600 fosas clandestinas

En Colinas de Santa Fe, cerca del puerto de Veracruz, se han hallado más de 150 fosas. En la imagen, tomada en 2019, Fermín Cabrera recorre con su varilla, durante una búsqueda de restos, el basurero que colinda con el predio. (Félix Márquez)

 

Por Efraín Tzuc

Desde que inició la guerra contra el crimen organizado en 2007, los entierros ilegales se han multiplicado, hasta abarcar casi una cuarta parte de los municipios del país. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han localizado 2,864 fosas clandestinas, la mayoría en Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán, y se han reportado 24 hallazgos masivos 

Ningún récord en las estadísticas del terror parece ser imbatible en México. Al aumento en el número de desapariciones, que supera las 111,500 personas, se suma el hallazgo de 5,696 fosas clandestinas en 570 municipios del país, casi una por día desde 2007, cuando se intensificó la guerra contra la delincuencia organizada.

Ha sido en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se han disparado las localizaciones de entierros ilegales, incluso durante 2020 y 2021, los años con mayor restricción de movilidad a causa de la pandemia por covid-19. Hasta abril de 2023, el conteo indicaba que 2,864 fosas clandestinas, más de la mitad de las que están registradas, fueron descubiertas en la presente administración.

Quinto Elemento Lab publicó en 2018 el primer mapa del país sobre esta tragedia con datos obtenidos de las fiscalías estatales mediante solicitudes de transparencia. La investigación reveló que, entre 2006 y 2016, se habían descubierto casi 2,000 entierros ilegales. 

Los datos para este nuevo reportaje, entregados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), provienen también de las fiscalías y muestran cómo en siete años, desde el recuento de Quinto Elemento Lab, el número de fosas clandestinas se ha incrementado en 88 por ciento. Además, se han registrado hallazgos en 177 municipios más que los reportados en 2016.

En estos lugares se encuentra parte de la respuesta que buscan miles de familias que escarban la tierra en parajes inhóspitos –en muchas ocasiones arriesgando su vida– para hallar a sus seres queridos desaparecidos.

Para Yadira González Hernández, que busca a su hermano Juan, desaparecido en 2006 en la comunidad Los Ángeles, en Querétaro, la impunidad ante la tragedia es absoluta. “Como sociedad nos hemos acostumbrado: ya las cifras no nos impactan”, se lamenta la integrante de la Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda.

Desde finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón sacó de los cuarteles a las Fuerzas Armadas para combatir frontalmente a los grupos del crimen organizado, las fosas clandestinas se han ido multiplicando a medida que se extendían por gran parte del país, hasta abarcar el 23 por ciento de los municipios a nivel nacional. 

El incremento de los homicidios y desapariciones en México evidencia que la militarización de la seguridad pública emprendida por esta administración ha tenido resultados “desastrosos”, según Amnistía Internacional. A su vez, los criminales –y algunas autoridades estatales y municipales coludidas con estos– recurren a formas cada vez más crueles para deshacerse de los cuerpos de las víctimas, como el uso de ácido o la incineración de los restos óseos, para así evitar su identificación.

Los datos obtenidos por Quinto Elemento Lab, analizados por primera vez temporal y geográficamente, muestran municipios de menos de 250,000 habitantes, con más de medio centenar de fosas encontradas en los últimos años, como Tecomán en Colima; Úrsulo Galván y Playa Vicente en Veracruz; Salvatierra en Guanajuato, y Puerto Peñasco en Sonora.

La CNB, el organismo de la Secretaría de Gobernación encargado de buscar a las personas desaparecidas en el país, únicamente entregó información sobre las fosas clandestinas, sin incluir el número de cuerpos recuperados en cada una, pese a que este dato le fue proporcionado por las fiscalías estatales. Tampoco lo reporta en su mapa de hallazgos de entierros ilegales. 

 

Yadira González Hernández durante la Brigada Nacional de Búsqueda en Morelos, realizada en 2022. Al fondo, familiares de personas desaparecidas e integrantes de la CNB exploran una fosa clandestina. (Lucía Flores)

 

El sexenio en que brotaron las fosas

En los primeros cuatro años y medio de este sexenio se descubrieron en promedio 1.8 entierros ilegales cada día. Las 2,864 fosas clandestinas encontradas durante la administración lopezobradorista representan más de la mitad de todas las registradas por la CNB hasta abril de este año, y duplican el número de hallazgos reportados en los doce años previos, bajo los mandatos de Calderón y Enrique Peña Nieto.

Esto no necesariamente significa que las fosas se cavaran durante ese mismo periodo; algunas podrían haber permanecido años sin ser descubiertas.

La geografía de los entierros ilegales también ha cambiado. Antes de 2019, más del 50 por ciento de las fosas se concentraban en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Guerrero. Desde diciembre de 2018, ese mismo porcentaje se localiza en cinco entidades: Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.

Una tragedia que no se detiene

Más de 5,600 entierros ilegales han sido localizados en México desde 2007.

El primer año de gobierno de López Obrador fue el punto de quiebre en esta tragedia: 970 fosas fueron descubiertas en 2019, una cifra récord que representó un incremento del 123 por ciento respecto al año inmediato anterior, cuando se localizaron 435. Desde entonces, los hallazgos han ido a la baja a nivel nacional, lo cual no implica una disminución de los entierros ilegales; podría ser que los lugares de ocultamiento sean más inaccesibles para los colectivos de buscadoras y las autoridades y, por ello, no los descubran. Otra posible explicación es que las fiscalías no reporten sus hallazgos a la CNB, o que se estén realizando menos búsquedas en campo.

Los datos analizados por Quinto Elemento Lab permiten saber que en este sexenio también han surgido nuevos epicentros de fosas clandestinas, especialmente en municipios con baja densidad poblacional, que configuran inéditos corredores del terror.

Tecomán, con 116,305 habitantes, es el caso más dramático, al concentrar el 7.3 por ciento de las fosas localizadas desde diciembre de 2018, un total de 209.

Su posición estratégica, a 10 kilómetros de la costa del Pacífico, lo ha convertido en un sitio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con informes de 2020 elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hackeados por el grupo Guacamaya, las actividades ilícitas en el municipio son ocasionadas por “el control del puerto interior y [para] mantener una red organizada que les permita y garantice la distribución en los lugares donde se centra la población local y el turismo nacional e internacional”.

Carmen Sepúlveda Gómez, integrante del colectivo Red Desaparecidos en Colima, conoce bien la zona. Ella busca a su hijo Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, desaparecido en Villa de Álvarez, Colima, el 20 de agosto de 2018.

Recuerda que cuando hubo el primer hallazgo masivo de fosas, en la ranchería de Santa Rosa en Tecomán, llegaron colectivos de Jalisco, Nayarit y Michoacán para ver si había algún rastro de sus desaparecidos. “Era una zona retirada de la comunidad, como un parque en destrucción, seco todo. Hoyos, ramas secas”, cuenta la buscadora. El registro de la CNB contabiliza 52 fosas clandestinas localizadas entre el 2 y el 6 de febrero de 2019.

Sepúlveda lleva un registro casi poético de las fosas que más le han impactado. Recuerda, por ejemplo, un lirio muy bonito en uno de los sitios de inhumación ilegal, también en Tecomán. Ahí, dice, los peritos excavaban para recuperar los cuerpos y salía mucha agua. Fue una exhumación complicada porque estaban cerca de un manglar.

En otra fosa, cuenta, había un gran árbol de limón, el más grande de la zona; bajo su sombra encontraron unos 20 cuerpos enterrados. 

Hubo también una ocasión en que dos inusuales “emisarios” aparecieron. “Estábamos arriba del cerro. Era un calor inmenso. De repente, yo volteo al cielo y veo en un árbol seco un colibrí y le digo a una compañera: ‘Mire, un colibrí. ¿Qué está haciendo aquí si no hay nada que coma?’ Voltea ella para el otro lado y ve una mariposa blanca. Yo creo que eran las dos personas [que se encontraron en la fosa], como que vinieron a darnos las gracias a todos por haberlos sacado de ahí”.

Úrsulo Galván, en Veracruz, con 30,097 habitantes, también destaca en esta lista de municipios. Bajo el suelo seco y arenoso del predio conocido como La Guapota se ocultaba el horror: casi 100 cuerpos enterrados. En total, 79 fosas clandestinas fueron descubiertas entre 2019 y 2023.

“La vegetación que hay es muy compleja: árboles con espinas, esto que le llaman ‘vainas de pica pica’, y justo las fosas estaban por debajo de esa vegetación, lo cual a mí me da la idea de que son fosas con algún tiempo [de haberse cavado]”, dice Anaís Palacios Pérez, defensora de derechos humanos e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Otros municipios con mayor población llevan más de una década posicionados en esta trágica lista, como Acapulco, Guerrero, que entre 2011 y 2021 se ubicó entre los seis con más entierros ilegales. En 2019 rompió su récord, al registrar 56 fosas. Lo mismo pasó en Ahome, en el norte de Sinaloa, que reportó 67, también en ese año.

Entierros masivos

En este sexenio, los entierros masivos han continuado apareciendo por todo el país. En total, han sido 24 casos en los que se encontraron, en un solo día y en el mismo municipio, diez o más fosas clandestinas. Encabezando la lista está Úrsulo Galván, donde el 4 de julio de 2019, según el registro de la CNB, se descubrieron 72 sitios de enterramiento. Los datos corresponden al mencionado predio La Guapota; el hallazgo fue notificado a los colectivos veracruzanos tres meses antes, alrededor del 20 de abril, de acuerdo con Palacios, que documenta casos de desaparición y ha acompañado durante años a los grupos de búsqueda en Veracruz.

Palacios dice que el predio La Guapota es muy extenso, de unas ocho hectáreas. Se localiza a dos kilómetros de la playa y está cubierto de maleza con espinas. Es una duna de tierras áridas. “O metieron los cuerpos en camionetas o del lado de la playa”, afirma la defensora. ¿Quién trae tantos cadáveres a este lugar tan inaccesible?, se pregunta. Tuvieron que utilizar georradares –un aparato capaz de identificar objetos que están bajo tierra– porque no era fácil reconocer los cambios en el suelo que advertían de la ubicación de entierros. En algunos casos, los cuerpos fueron encontrados a dos metros de profundidad.

Otro hallazgo masivo se dio en Salvatierra, Guanajuato, donde el 20 de octubre de 2020 se identificaron 65 fosas clandestinas, según los datos de la CNB. La fiscalía estatal había negado la existencia de entierros ilegales en su territorio hasta ese momento en que le fue imposible ocultar los 80 cuerpos y restos óseos que yacían debajo de la tierra. Este hallazgo, a diferencia de la mayoría, que ocurre en lugares despoblados, se dio en una colonia de la localidad, en una superficie de unos 6,000 metros cuadrados, reportó en esa fecha el comisionado estatal de búsqueda, Héctor Alonso Díaz Ezquerra.

Dos municipios más de Veracruz aparecen en esta lista; son Playa Vicente, en la región Papaloapan, colindante con Oaxaca, que reportó 44 entierros el 28 de febrero de 2020, y Alvarado, que contabilizó 40 el día 3 de diciembre de 2019 en la localidad El Arbolillo.

En quinta posición está Tecomán. Ahí, en un solo día, el 6 de febrero de 2019, se hallaron 38 fosas. Es el mismo municipio que registró el número más alto de entierros ilegales desde que inició la administración del presidente López Obrador.

Veracruz, arriba de la lista; Yucatán, al final

México no siempre fue un cementerio clandestino. Considerando únicamente los registros en los que la CNB incluyó el año, antes de 2011 el número de fosas apenas rebasaba la centena, pero desde entonces empezaron a reportarse de manera creciente. Tan solo en San Fernando, Tamaulipas, se localizaron 40 fosas en abril de 2011, en las que se encontraron 196 cuerpos; entre las víctimas había migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras.

“En los primeros años de Calderón, [el hallazgo] se concentró sobre todo en la zona noreste y en Veracruz, porque los Zetas y el Cártel del Golfo eran muy proclives a enterrar en fosas porque querían discreción. No jalar mucha presencia de las autoridades”, dice Eduardo Guerrero, analista en temas de seguridad y director de la agencia Lantia Intelligence.

A partir de 2011, los hallazgos fueron masivos: la cifra de fosas encontradas cada año es, en promedio, de 398.

Veracruz encabeza la lista nacional de entierros ilegales; en total se han localizado 668. Su año cúspide fue 2016, cuando se descubrieron en todo el estado 161 fosas. De estas, 147 se hallaron el 8 de agosto en el puerto de Veracruz. Podrían corresponder a los entierros masivos en el predio de Colinas de Santa Fe, calificado como el cementerio clandestino más grande de América Latina.

“Era un corredor que, en donde tú metieras tu varilla, ahí había una fosa. Era escalofriante”, dice Rosalía Castro Toss, cofundadora del colectivo Solecito y madre de Roberto Carlos Casso Castro, desaparecido en 2011 en Huatusco. El papel que les entregó una persona anónima estaba lleno de cruces que hacían referencia a cada fosa, pero encontraron muchas más de las indicadas. En un solo día hallaron hasta diez entierros en ese predio que era básicamente un potrero. La buscadora afirma que en total eran 152 fosas con 302 cuerpos.

En segunda posición, con 554 fosas, está Tamaulipas. Ese estado fronterizo ha tenido picos importantes de este delito, el más grave en 2011, cuando se reportaron 81. El año pasado, la cifra de entierros ilegales disminuyó a diez, la segunda más baja después de 2010, que registró ocho.

Guerrero es el tercer estado con mayor número de fosas: 498. Su peor año fue el 2019, con 99 registradas.

Sinaloa ocupa el cuarto puesto en el ranking nacional, con 484 fosas. Le siguen Chihuahua con 415, Colima con 351, y Zacatecas con 349. Al final de la lista están Yucatán con un único entierro ilegal, Quintana Roo con ocho y Campeche con once. Ciudad de México y Querétaro no figuran en el registro de la CNB.

En el caso de la capital del país, la fiscalía local aseguró al organismo que “no se ha tenido conocimiento de que en la Ciudad de México exista el hallazgo de una fosa clandestina”. Pero en respuesta a peticiones de información reconoce que cuenta con 106 expedientes por el delito de “inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres y restos humanos”; algunos podrían tratarse de entierros ilegales.

¿Qué nos dicen las fosas clandestinas?

El 6 de abril de 2019, en el municipio de Xalisco, ubicado a 7 kilómetros del centro de Tepic, la capital de Nayarit, se encontró una fosa con una altura de cuatro metros que los colectivos de búsqueda calificaron como la más profunda del país. De la tierra se rescataron 21 cuerpos de personas que desaparecieron en junio de 2017.

El entierro masivo requirió de, al menos, una retroexcavadora, de acuerdo con un testimonio recogido por la CNB. Los cuerpos estaban acomodados en varias filas, bañados en cal y separados por lonas.

Volga de Pina, investigadora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México (ODIM), considera que hallazgos como el de Nayarit muestran un grado importante de colusión con las autoridades, el acceso a recursos –como la maquinaria– y el poder de las organizaciones criminales, aunque advierte que esta es una sospecha difícil de comprobar. “¿Cómo hacían una fosa de ese tamaño, por ejemplo, en Colinas de Santa Fe, sin que nadie lo notara?”, cuestiona.

Es probable que, en varios casos, las autoridades se percataran o supieran que en ciertos puntos los criminales enterraban a sus víctimas. “Los policías de a pie están muy enterados de en donde entierran los cuerpos los criminales, pero por miedo no denuncian esto porque además ven que sus jefes policiales tienen pactos o acuerdos con las organizaciones de la zona”, según Eduardo Guerrero.

Hay una tipología de estos sitios también conocidos como de exterminio: fosas en donde los cuerpos estaban acomodados en filas; entierros masivos que evidencian un uso “reciclado” de las fosas en distintos momentos; entierros cercanos a lugares semiurbanos y otros lejanos, pero con vías de acceso como carreteras; restos que fueron movidos de un espacio a otro.

Los cuerpos están amontonados o descuartizados, lo que hace difícil saber cuántas personas son. Se encuentran envueltos en bolsas negras, atados de pies y manos con vendas, ropa o cinchos, cubiertos con cal o yeso, disueltos en ácido para borrar cualquier posibilidad de identificación. Las fosas también cuentan parte de la verdad de quienes han sido enterrados en ellas.

Para encontrarlas, las buscadoras han aprendido a leer la maleza y la tierra, a reconocer olores, a identificar qué hay en el entorno que no debería estar ahí. González, de la Red de Enlaces Nacionales, ha recorrido medio país en busca de entierros ilegales. Ninguna fosa es igual, asegura.

Pese a la importancia de contar con información sobre los cuerpos recuperados en fosas clandestinas y los objetos hallados en su interior, es complicado acceder a estos datos: “Como no sabemos todavía quiénes podrían estar ahí, no tenemos acceso a toda la carpeta de investigación porque no se puede acreditar el interés jurídico [un motivo legal para conocer investigaciones en curso] al no tener indicios de que la persona que buscas pudo haber terminado ahí”, explica De Pina.

La defensora Palacios coincide con esto. En su experiencia, en las carpetas de investigación sobre hallazgos de fosas no hay más que una criminalística de campo insuficiente y “de mala calidad”, es decir, el registro de qué se encontró, en qué condiciones y el lugar exacto. Sin la información completa de la evidencia recogida en estos lugares, más allá del número de cuerpos y restos óseos, es difícil generar líneas de investigación que den con los perpetradores o, al menos, con la verdad de quiénes eran las víctimas y por qué se las llevaron y asesinaron.

Tampoco existen registros digitalizados que puedan ser consultados tanto por las familias buscadoras como por los agentes del ministerio público a cargo de investigar las desapariciones.

“Lo que necesitamos es que las fiscalías empiecen a sistematizar y abrir [publicar] esa información para ver qué nos dice de la violencia y cómo ha cambiado”, señala la abogada e investigadora del ODIM.

La falta de datos públicos respecto a los hallazgos hechos en cada fosa clandestina regresa la atención a las fiscalías, que son los únicos órganos legalmente autorizados para recuperar los cuerpos e indicios, e investigar estos delitos.

Buscadoras bajo asedio

Buscar personas desaparecidas se ha vuelto una actividad de riesgo en México. Cada vez con mayor frecuencia, integrantes de los colectivos sufren intimidaciones y agresiones que ponen su vida en peligro cuando salen a cerros y parajes de difícil acceso.

González dice que la política de austeridad también ha puesto en riesgo a las buscadoras. En el gobierno de López Obrador han disminuido los agentes que las resguardan cuando salen a campo, y el grupo de la extinta Policía Federal que había sido preparado en el sexenio anterior para acompañarlas prácticamente ha sido desintegrado.

Además, cuando son escoltadas por personal de la Sedena o de la Guardia Nacional con formación castrense, es evidente que no cuentan con preparación para protegerlas, como pasó durante una de las actividades en campo de la pasada Brigada Nacional de Búsqueda, realizada en diciembre de 2022 en Morelos, cuando un grupo fue intimidado con disparos.

“Cuando se hacen los disparos, lo que sucedió con Sedena es que se fue a perseguir o a buscar a quien nos estaba disparando y dejó a las familias en el sitio, solas, cuando lo que debía de haber hecho era ayudar a hacer una extracción, sacar a las familias de la zona de riesgo”, cuenta González.

 

Madres buscadoras de Sonora en el predio de Morelos donde, el pasado diciembre, se escucharon balazos mientras excavaban una fosa clandestina. (Lucía Flores)

 

Como este episodio, al menos otros seis han ocurrido en Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora desde 2021.

Además de los riesgos físicos, las buscadoras sufren impactos emocionales ocasionados por el rastreo de fosas, pero saben que si ellas no salen a buscar a los suyos, las autoridades tampoco lo harán.

“¿Cómo es posible que vayas a una fosa y veas cuerpos y restos en estado de descomposición? ¿Cómo aguantan?”, le han preguntado en varias ocasiones a Sepúlveda. Ella cree que el amor les hace soportar todo eso.

Para Castro, del colectivo Solecito, hubo un momento clave en el que tuvo que preguntarse si podía continuar escarbando la tierra. “O eres fuerte o dejas la búsqueda. ¿Quieres encontrar a tu hijo o no?”. Y decidió seguir buscando fosas.

La ‘desaparición’ de fosas

Desde 2021 se evidenció que en los informes –sin bases de datos– presentados por la ex comisionada nacional de búsqueda Karla Quintana habían “desaparecido” fosas clandestinas.

En un documento presentado por la exfuncionaria en mayo de 2019, en Guanajuato se registraba una fosa clandestina, pero en el reporte siguiente, fechado el 24 de junio de ese mismo año, el estado aparecía con cero fosas. Lo mismo ocurrió con los datos de Tabasco; de un informe al siguiente se descontaron diez fosas. En una tercera presentación, del 30 de agosto de 2019, Tamaulipas registró once fosas, dos menos que en la anterior, del 24 de junio.

Otros estados en los que “desaparecieron” entierros ilegales de un reporte a otro fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Oaxaca y Puebla. En total, la CNB dejó de contar 77 fosas en sus informes entre 2019 y 2021.

Además, no está claro qué ocurrió con las 293 fosas de las que, según la CNB, le informó la Fiscalía General de la República (FGR) en una reunión con senadores y senadoras el 7 de octubre de 2021. En las bases de datos entregadas por la comisión vía petición de información pública no existe ningún entierro ilegal reportado por la FGR. Sin embargo, consignan 293 fosas clandestinas en las que se indicó que el estado en que ocurrió el hallazgo era desconocido.

La FGR sí entregó a la CNB información sobre las fosas clandestinas que localizó, según verificó este medio en la propia documentación publicada por el organismo. Fueron halladas en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

El registro de fosas de la CNB es el único que existe en el país, pero no cuenta con información que permita identificar a las víctimas recuperadas y a los responsables de los crímenes. Aunque la FGR tiene la obligación legal de crear un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, no hay evidencia de que esté siendo implementado.

“Se ha perfeccionado la técnica tanto de las familias como de las autoridades para dar con los lugares de inhumación clandestina. Pero no sabemos cuántas personas se han sacado de ahí ni las características de las fosas. Realmente no sabemos mucho, solo un número que no nos dice nada más. No sabemos las historias, los años en que fueron cavadas”, afirma De Pina.

Sepúlveda no tiene palabras para responder qué representa para las buscadoras, como ella, que en México se hayan encontrado más de 5,600 fosas clandestinas. Esto no para, dice. “Es nada lo que estamos encontrando de todos los [desaparecidos en fosas] que hay”.

¿Cuántas fosas quedan por encontrar? ¿Cuántos cuerpos faltan por recuperar? ¿Cuándo se les regresarán sus nombres y serán devueltos a las familias que los siguen buscando?Desde la última actualización del registro, en abril de este año, en Tecomán se encontró otra fosa masiva. Ahí, en el Cerro de Ortega, a la fecha se han recuperado 53 cuerpos de 30 entierros, de acuerdo con un reportaje de la revista Proceso. Sepúlveda tiene razón: esta tragedia no para.

 

 

Sergio Rivera: cinco años de impunidad ante la desaparición del defensor de los ríos

                                                                                           Foto: Adódevanlosdesaparecidos

 

Por Aranzazú Ayala Martínez

Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos

 

* A Sergio Rivera Hernández lo desaparecieron en agosto de 2018. Indígena nahua, de oficio mecánico y padre de cinco hijos, se transformó en defensor del territorio al enterarse de las intenciones de construir un proyecto hidroeléctrico que generaría energía para la Minera Autlán. 

* Eso sucedió en la Sierra Negra de Puebla, región del centro-sur de México en donde los ríos dan vida al territorio y en donde las radios comunitarias han sido una herramienta para la defensa del ambiente y el reclamo de justicia por la desaparición de Rivera. 

* Cinco años después, no hay detenidos por la desaparición del defensor. El proyecto hidroeléctrico se detuvo, pero no se ha cancelado. Aún está vigente la concesión para el uso del agua del río Coyolapa que las autoridades entregaron a la empresa. 

José sostiene el micrófono con firmeza cuando lanza su mensaje por la radio comunitaria: “En este país cada vez va en aumento la situación de desapariciones. Todos debemos de ser conscientes de lo que pasa. El día de ayer fue lamentable ver que las fichas de búsqueda de personas desaparecidas, que luego vemos pegadas, hayan sido tapadas o arrancadas”. 

En la cabina de Radio Altépetl Zoquitlán, José, cuyo nombre real no es publicado por cuestiones de seguridad, pide a la gente que respete los carteles con los rostros de los desaparecidos, porque pueden ayudar a encontrar a alguien, porque son una forma de recordar que una persona está desaparecida. 

En las fichas de búsqueda colocadas en paredes y postes de esta comunidad de montañas y ríos ubicada en el estado de Puebla, al sur de México, se ven caras de mujeres y hombres jóvenes, pero no aparece el rostro de Sergio Rivera Hernández. Seguramente, la ficha de búsqueda con su nombre también fue arrancada.

 

La ficha de búsqueda de Sergio Rivera. Foto: Olga Valeria Hernández/LADO B CC BY-NC-SA 2.5 MX 

 

Todavía en febrero de 2022, en la comunidad de Ventanillas, en un poste junto al arco de entrada que anuncia la llegada al municipio de Zoquitlán, había una ficha de búsqueda con la fotografía del indígena de 33 años: mirada seria, ceño fruncido, cabello negro y corto; el brazo derecho levantado a un lado de su rostro.

En la cabina de Radio Altépetl Zoquitlán, José recuerda que el 23 de agosto de 2018 desaparecieron a Sergio Rivera Hernández, su amigo y compañero en la defensa de los ríos que serpentean por la Sierra Negra de Puebla, región cafetalera ubicada en el centro-sur de México, en la zona limítrofe con Oaxaca y Veracruz. 

 

 

Leer la investigación completa en el siguiente enlace: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/10/02/sergio-rivera-cinco-anos-de-impunidad-ante-la-desaparicion-del-defensor-de-los-rios/?fbclid=IwAR2qBNfY3sRl2pSJCVpxqq1xfG1L-2JbGEWKgPIOQr6mbIKCXSm73MTE0ec

 

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Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: defender un territorio en donde los cerros son de metal

 

 

Ricardo Lagunes y Antonio Díaz: defender un territorio en donde los cerros son de metal

                                                                                                 Foto: Adóndevanlosdesaparecidos

Por Gina Jiménez

Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

 

* Desde 2019, el abogado Ricardo Lagunes y el líder nahua Antonio Díaz hicieron mancuerna para conseguir que la comunidad indígena de San Miguel Aquila tuviera una legítima representación. Al lograrlo tendrían herramientas para exigir pagos justos por la explotación minera que afecta a ese territorio desde la década de los noventa. Además, evitarían que la minería se extendiera aún más en la sierra de Michoacán que mira al Pacífico.

* Los dos defensores fueron desaparecidos en enero de 2023, después de que participaron en una asamblea donde informaron sobre los avances para la elección de su comisariado. El profesor Díaz era quien se perfilaba para ser el presidente de bienes comunales electo por la mayoría de los comuneros. 

* En ese territorio indígena, la empresa Ternium —una de las principales productoras de acero en Latinoamérica— opera el complejo minero Los Encinos. Con la llegada de la minería, los cerros comenzaron a ser cercenados, el río Aquila dejó de tener langostinos y la comunidad se dividió. En esa región, además, hace tiempo que los grupos del narcotráfico dejaron de disimular su presencia. 

Casi veinte minutos después de las siete de la noche del domingo 15 de enero de 2023, una llamada telefónica al 911 lanzó la alerta. Una camioneta blanca con las llantas ponchadas por los balazos que recibió se encontraba a la orilla de una carretera, en la zona limítrofe de los estados de Michoacán y Colima. Horas después, se supo que en ese vehículo viajaban el defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia. Desde entonces, no se sabe nada de ellos. 

Durante la mañana de ese domingo, horas antes de que los desaparecieran, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz habían encabezado una asamblea en San Miguel de Aquila, comunidad indígena nahua localizada en la región Sierra Costa de Michoacán. 

En esa asamblea, el abogado y el líder comunitario informaron sobre los avances en la lucha legal que, desde hace casi cuatro años, tenían en tribunales. Por fin, en marzo de 2023 iban a poder realizar la ansiada elección de su comisariado, órgano de representación que por ley deben tener las comunidades agrarias. 

El profesor Antonio Díaz se perfilaba como la persona que sería elegida como el presidente del nuevo comisariado. Él era el líder que en los últimos cuatro años había animado a la gente para organizarse; fue él quien buscó al abogado Ricardo Lagunes, un defensor de derechos humanos especializado en temas agrarios, para que fuera su asesor jurídico. 

 

Familiares de los defensores desaparecidos realizaron una manifestación en la Glorieta de las y los desaparecidos, en la Ciudad de México, el 22 de enero de 2023. Foto: Ulises Martínez/ObturadorMX

 

El abogado Lagunes aceptó e hizo mancuerna con el profesor Antonio Díaz para que la comunidad agraria de San Miguel Aquila lograra tener un órgano de representación elegido por la mayoría de los comuneros. Ese era uno de sus primeros objetivos. 

Al tener a un comisariado electo como marca la ley agraria, el grupo mayoritario de comuneros —como ellos mismos lo llaman— podría defenderse mejor ante las denuncias presentadas por un grupo minoritario que, desde 2019, había tomado en forma fraudulenta la representación de la comunidad agraria.

Además, la mayoría de los comuneros tendría herramientas para reclamar a la empresa minera Ternium un pago justo por la explotación de hierro que, desde la década de los noventa, realiza en el territorio de San Miguel Aquila. También evitarían que la actividad minera se extendiera a otros terrenos de la zona.

 

Leer la investigación completa en el siguiente enlace: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/10/02/ricardo-lagunes-y-antonio-diaz-defender-un-territorio-en-donde-los-cerros-son-de-metal/ 

 

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                                                                                        Foto: Adóndevanlosdesaparecidos

 

Thelma Gómez Durán y Aranzazú Ayala

Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

 

* En México, 93 personas defensoras del ambiente y el territorio han sido víctimas de desaparición desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023; 39 aún no son localizadas, de acuerdo con una documentación realizada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos. 

*Al menos 62 personas defensoras que han sido víctimas de desaparición pertenecen a un pueblo indígena. Los estados de Guerrero, Michoacán, Sonora, Jalisco y Oaxaca, sobre todo las regiones con presencia de minería y tala, resaltan por ser los lugares en donde más se ejerce la violencia de la desaparición en contra de quienes defienden el ambiente y el territorio.

* En los casi cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al menos 20 personas defensoras del ambiente y el territorio que fueron víctimas de desaparición siguen sin ser localizadas.

* México está entre los cinco países más peligrosos para las personas defensoras. La desaparición es una violencia cada vez más visible en contra de quienes han decidido defender ríos, bosques, cerros y todo aquello que ahí da vida a un territorio. 

Por Thelma Gómez Durán y Aranzazú Ayala Martínez

Sergio Rivera Hernández se transformó en defensor del ambiente y el territorio cuando se enteró de que una empresa pretendía modificar la vida de los ríos que serpentean por la Sierra Negra de Puebla, en México. 

Celedonio Monroy Prudencio creció en la Sierra de Manantlán, en Jalisco, en un territorio en donde la minería de hierro ha cercenado los cerros. 

En la plaza de Cherán, comunidad purépecha del estado de Michoacán conocida por la defensa de sus bosques, una placa recuerda los nombres de Armando Gerónimo, Rafael García, Jesús Hernández y Tirso Madrigal. 

Durante varios años, los esposos Eva Alarcón y Marcial Bautista dirigieron el rumbo de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, dedicada a la defensa de los bosques en aquella región de Guerrero. 

En la sierra que mira hacia la costa del Pacífico, en Michoacán, el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz hicieron mancuerna para lograr que la comunidad indígena de San Miguel Aquila tuviera una legítima representación ante los tribunales agrarios y en sus negociaciones con la mina de hierro que se encuentra en su territorio.

En la región mixteca de Oaxaca, Irma Galindo denunció la tala de árboles. 

A todas estas personas las desaparecieron. 

 

Personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición y que siguen sin ser localizadas. 

 

Sus nombres son parte de una lista de, al menos, 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México; 39 de ellas continúan sin ser localizadas, 36 se encontraron muertas y sólo 18 fueron halladas con vida.

De las 93 personas defensoras, 83 son hombres y 10 son mujeres.

Estas cifras se desprenden de una base de datos elaborada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos como parte de un proyecto periodístico que aborda la creciente problemática de la desaparición de defensores del ambiente y el territorio en México.

Este país figura entre los cinco más peligrosos para quienes defienden al ambiente y el territorio: al menos 185 personas defensoras fueron asesinadas en México entre 2012 y 2022, de acuerdo con el informe más reciente de la organización Global Witness. Ahora, por primera vez, existe una aproximación sobre cómo la desaparición también es utilizada como una violencia en contra de las personas defensoras; 40 % de quienes desaparecieron siguen sin ser encontradas, y la mayoría de las que aparecieron fueron halladas sin vida.  

 

Leer la investigación completa en el siguiente enlace: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/10/02/a-estas-personas-las-desaparecieron-por-defender-el-ambiente-y-el-territorio-en-mexico/

 

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