COMUNICADO DEL CENTRO PARA LOS DERECHOS HUMANOS FRAY JUAN DE LARIOS
Las acciones para hacer justicia y encontrar a Roy Rivera no son satisfactorias ni relevantes
El día de ayer 02 de noviembre de 2022 el Comité de Derechos Humanos de la ONU, llevó a cabo en Ginebra, Suiza, su sesión N°136, en donde evaluó las acciones que México ha realizado para la implementación del dictamen 3259/2018 por la Desaparición Forzada de Roy Rivera Hidalgo.
El dictamen 3259/2018 fue emitido en abril del 2021 y después de un año y seis meses de su emisión, el Comité evaluó al gobierno mexicano con una calificación de «C» en cinco de las ocho obligaciones dictaminadas, porque NO existe una respuesta o acción satisfactoria. De acuerdo a los parámetros del Comité, esta calificación se refiere a que “se recibió una respuesta, pero la acción tomada o la información proporcionada por el Estado parte (gobierno mexicano), no es relevante o no implementa la recomendación”.
Entre las obligaciones del Dictamen 3259/2018 a las que el Estado Mexicano NO ha dado respuesta satisfactoria están:
A) Llevar a cabo una investigación pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial, y transparente sobre las circunstancias de la desaparición del Sr. Rivera Hidalgo;
B) La liberación del Sr. Rivera Hidalgo, en caso de encontrarse con vida;
D) Investigar y sancionar, cualquier tipo de intervenciones que hayan podido entorpecer la efectividad de los procesos de búsqueda y localización;
F) Procesar y sancionar a las personas halladas responsables de las vulneraciones cometidas y
divulgar los resultados de esas actuaciones;
H) Adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que todo acto de desaparición forzada sea investigado de forma pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial, y transparente.
En cuanto a las otras tres obligaciones que son: C) en el supuesto de que el Sr. Rivera Hidalgo haya fallecido, entregar sus restos mortales a sus familiares en condiciones dignas; E) proporcionar a la madre de Roy información detallada sobre los resultados de la investigación y G) conceder reparación integral; el Comité observó una respuesta parcialmente satisfactoria y las calificó con “B”, ya que el gobierno mexicano “ha tomado algunas medidas, pero aún es necesario aportar información o tomar acciones adicionales”. Cabe señalar que, para cumplir con la primera de las tres medidas, primero tendrían que localizar a Roy.
Asimismo, integrantes del Comité destacaron que “este caso se nos presentó tras años en los que se había realizado una investigación en el Estado parte y no había habido resultados… nos siguen dando siempre las mismas explicaciones… pero el hecho es que no hay ningún resultado concreto sobre el paradero de esta persona (Roy).”
A casi doce años de la Desaparición Forzada de Roy Rivera Hidalgo y a 18 meses del Dictamen del Comité, la Comisión Nacional de Búsqueda no cuenta con un Plan para encontrarlo, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no tienen líneas claras de investigación y la Secretaría de Gobernación no ha reparado de manera integral a la familia.
Lo hemos denunciado anteriormente y hoy queda demostrado una vez más:
El Gobierno de México no está cumpliendo con sus obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Gobierno de México no respeta ni garantiza los Derechos Humanos y no muestra interés por generar medidas de no repetición.
El Gobierno de México continúa reprobado en encontrar a Roy e impartir justicia.
¿Dónde está Roy?
Familia Rivera Hidalgo
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León
Monterrey, Nuevo León, México a 03 de noviembre de 2022
Antecedentes: Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, fue secuestrado el 11 de enero de 2011 por un grupo de hombres armados con chalecos de la policía municipal del Municipio de Escobedo, quienes entraron de manera forzada a su domicilio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.
Ante el agotamiento de las instancias nacionales, la familia de Roy Rivera Hidalgo, llevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en enero del 2018, con el acompañamiento del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y TRIAL Internacional. Después de 3 años, el 21 de abril del 2021, el Comité emitió la resolución en el dictamen 3259/2018, donde observó que el Estado mexicano no acreditó que la investigación de la desaparición de Roy Rivera Hidalgo haya sido llevada a cabo con la debida diligencia; además consideró que la madre de Roy justificó sus alegaciones suficientemente y que el Estado parte no refutó debidamente que la desaparición sea atribuible al Estado. Por consiguiente, el Comité consideró que los hechos descritos constituyen una desaparición forzada atribuible al Estado Mexicano. Más información: http://fundenl.org/category/roy-onu/
Desde el pasado miércoles 7 de septiembre se encuentran desaparecidos dos trabajadores del Puerto de Manzanillo, de acuerdo con reportes difundidos por sus familiares a través de las redes sociales y conforme a las fichas emitidas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima.
Se trata de Salvador Guadalupe Méndez Antón y José Alberto Martínez Larios, quienes según sus familiares fueron vistos por última vez cuando fueron a trabajar a la empresa SSAMÉXICO en el tercer turno, pero se quejaron de que ésta no les ha compartido información en el sentido de si habían salido o no del puerto.
Salvador Guadalupe Méndez Antón tiene 27 años, de estatura 1.82 metros, cara alargada, nariz chata, cabello lacio negro, ojos pequeños color oscuro y tez morena clara. Entre sus señas particulares tiene una cicatriz en la entreceja, un lunar a la derecha del labio superior, un lunar en medio del ceño y un arete en la lengua.
La última vez que fue visto, Salvador vestía camisa naranja con franjas grises reflejantes y pantalón de mezclilla con reflejantes en la parte de abajo.
Por su parte, José Alfredo Martínez Larios, de 28 años, tiene una estatura de 1.85 metros, cara redonda, nariz chata, cabello corto castaño oscuro, ojos pequeños color café y tez morena.
Entre sus señas particulares, tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con la figura de un barco, un reloj y una rosa. Se desconoce la ropa que vestía al momento de extraviarse.
La rastreadora recién salía de una misa especial que pidió fuera dedicada a su hijo Fernando, un joven de 20 años desaparecido el 16 de octubre de 2019.
Por Scarlett Nordahl y Marcos Vizcarra*
“Quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis Río Colorado y la Fiscalía en Mazatlán me dice que no se puede hacer nada”, denunció Rosario Lilián Rodríguez Barraza. Esto fue hace un par de semanas. Este miércoles 31 de agosto esta madre, que había recibido distintas amenazas por buscar a su hijo, fue asesinada en La Cruz de Elota, un pueblo al sur de Sinaloa.
En el video de un minuto, grabado por el proyecto #HastaEncontrarles, se le ve con la foto de su hijo Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez, y se le escucha decir: “No sé de su paradero. Lo he buscado de día y de noche y nada más nada. Lo único que sé es que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco”. Y denuncia la inacción de las instituciones: “Yo espero una respuesta, yo busco a mi hijo, no busco responsables”.
La mujer fue subida a una camioneta a la fuerza ayer, el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada, a las 21:10 horas cuando recién salía de una misa especial que pidió fuera dedicada a su hijo Fernando, un joven de 20 años desaparecido el 16 de octubre de 2019.
Ella iba hacia su casa y de camino, a la altura del Cine México, de La Cruz de Elota, llegó una camioneta Suburban blanca con personas armadas y se la llevaron. Apareció cuatro horas después, asesinada en la avenida Manuel pilar Abraham, altura del puente vado de la colonia Victor Manuel Quintero.
Ese fue un crimen anunciado tiempo atrás. Rosario Lilián había sufrido una serie de amenazas y ataques contra ella y su familia por buscar a su hijo en La Cruz de Elota, un pueblo conocido por su ubicación frente al mar y por estar silenciado por el crimen.
Una integrante de un colectivo de búsqueda en Mazatlán, al que Rosario pertenecía, y quien pidió anonimato por temor a represalias, recuerda:“La última vez que salió a búsqueda se le acercó una patrulla de la Policía Municipal con un civil que no era policía para preguntarle ‘Bueno, señora, ¿usted qué tanto busca?’, ella le dijo que solo pedía que le dieran a su hijo”.
“Eso fue lo último, pero antes ya le habían rociado gasolina a su casa para incendiarla, intentaron desaparecer a su otro hijo, en una ocasión le quitaron una camioneta y se la regresaron al siguiente día. Siempre recibió amenazas”, relató una mujer integrante de un colectivo de búsqueda que pidió anonimato por temor a represalias
La noche del 30 de agosto, uno de los hijos de Rosario Lilián reportó su desaparición apenas se enteró de la privación de libertad de su mamá. Llamó al 911, pero fue en vano. Lo tuvieron en la línea y no enviaron una sola patrulla. Al colgar llamó a una activista buscadora de Mazatlán para pedirle ayuda.
“Sabemos que 20 minutos marcan la diferencia y nadie hizo nada”, dijo la activista en entrevista con este medio, quien asegura haberse intentado comunicarse con Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos de Sinaloa, y con Víctor Manuel Pérez, Comisionado Estatal de Búsqueda, sin que pudiera conectar una sola llamada.
Rosario Lilián no fue buscada y la madrugada de este 31 de agosto, un día después de que se la llevaran a la fuerza los hombres armados, su cadáver fue encontrado.
Esta mujer fue jornalera, trabajaba en los campos de la región de Elota cortando chiles para sostener su casa, donde vivió con uno de sus hijos mientras buscaba a otro.
Ilustración del colectivo Juan Panadero dedicado a Rosario Lilián Rodríguez: “Madre Rastreadora De Corazones Sin Justicia, Ahora Tu Voz Será Nuestra Voz”.
Colectivos de búsqueda en Sinaloa como Por las Voces Sin Justicia, Tesoros Perdidos Hasta Encontrarles y Sabuesos Guerreras, así como colectivos feministas y de artistas activistas se pronunciaron por el asesinato de Rosario Lilián, asegurando que fue víctima del abandono institucional: cuando desaparecieron a su hijo y no lo buscaron, cuando la amenazaron y nadie la protegió, cuando la secuestraron y nadie atendió las llamadas para su rescate.
En un posicionamiento exigieron que “se realicen todas las diligencias necesarias para que el crimen cometido contra la compañera sea investigado como feminicidio agravado y la desaparición forzada de su hijo”.
“Ninguna madre debe ser ultimada por la búsqueda de sus hijas e hijos, al contrario, el Estado está obligado a garantizarles la seguridad para continuar con las búsquedas en tanto los miles de casos de personas desaparecidas se siguen acumulando
Realicen urgentemente las gestiones que correspondan para la prevención de las desapariciones forzadas y proporcione la protección debida a las madres y familiares que emprenden el viacrucis de las búsquedas”.
Fue asesinada mientras buscaba a su hijo
Ficha de búsqueda de Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez
La señora Rosario Lilián fue asesinada mientras buscaba a su hijo de nombre Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez. Tenía 20 años y trabajaba de jornalero cuando fue desaparecido el 16 de octubre de 2019, por hombres armados en un carro blanco.
La señora interpuso denuncia por la desaparición en la Fiscalía de Mazatlán, a una hora de donde vive; por su cuenta recabó videos y encontró testigos de la desaparición y los presentó a las autoridades en el intento de acelerar la investigación y ubicar el paradero de Fernando.
El presunto responsable, aseguró la señora en la entrevista videograbada el 11 de junio, está detenido en San Luis Río Colorado, Sonora, pero la Fiscalía General de Sinaloa le informó que no podía realizar alguna acción de investigación contra el hombre por estar fuera de su jurisdicción. De su angustia se desprende que la fiscalía tampoco se coordinó con las autoridades de Sonora.
“Yo busco una respuesta, yo busco a mi hijo, no busco culpables”, señaló la señora apenas hace unas semanas al ser entrevistada y videograba para el proyecto #HastaEncontrarles, de la revista Espejo.
Investigar y presentar pruebas se paga caro también en Sinaloa
Con el crimen de Rosario Lilián, el proyecto A dónde van los desaparecidos ha contabilizado el asesinato de al menos 15 personas, la mayoría familiares, dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. No sólo las mata y enferma el paso del tiempo y la impunidad, en México también mueren por represalia a sus investigaciones y su exigencia de justicia.
“En esta lista fatal está un ranchero que en el norte buscaba a su hijo y sus secuestradores le dieron la muerte, un vendedor de mariscos que caminó por todo el país con el pendón en el que llevaba la foto de su hijo, una comerciante que buscó en silencio 12 años y los últimos excavó buscando huesos, un padre que en 15 días localizó 15 fosas clandestinas, dos madres que acecharon a quienes desaparecieron a sus hijas, un mecánico en busca de su hermano mayor y una madre en busca de un hijo a quienes les ofrecieron información y les tendieron una trampa”, documentó la periodista Analy Nuño cuando el conteo iba en 12 asesinatos.
Los 12 asesinatos ocurrieron en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. A pesar de que en distintos casos advirtieron en público, ante la prensa o las autoridades del riesgo que corrían, sus muertes no fueron evitadas.
A la lista de las 12 personas que buscaban a un familiar y fueron asesinadas se suman Brenda Jazmín Beltrán Jaime, quien formaba parte del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme y estaba en busca de su hermano Luis Heraldo Beltrán Jaime, secuestrado en 2018 en la comunidad de Bácum. Brenda, de 38 años, fue encontrada sin vida y con señas de tortura y golpes en la habitación de un motel en Cajeme, Sonora, en junio de este año.
En octubre de 2020, María del Rosario Zavala, fue asesinada afuera de su casa horas después de realizar la última búsqueda de su hijo Yatziri Misael Cardona Aguilar de 16 años, desaparecido en diciembre de 2019.
Ocurrido también en Sinaloa, es el caso de Sandra Luz Hernández, asesinada el 12 de mayo de 2014 en Culiacán, la capital de Sinaloa, 25 meses después de la desaparición de su hijo Edgar García Hernández, de 25 años; el 12 de febrero de 2012, personas armadas se lo llevaron de su casa por la fuerza.
Sandra Luz Hernández fue asesinada el 12 de mayo de 2014 en Culiacán, cuando buscaba a su hijo Édgar García Hernández, desaparecido el 12 de febrero de 2012. Ilustración: Colectivo Juan Panadero
Después de investigar, Sandra Luz, vendedora de cosméticos por catálogo, entregó a la Procuraduría de Justicia los nombres de los responsables de la desaparición de su hijo, sus apodos, el lugar donde vivían y la ubicación de sus ranchos. La investigación oficial nunca avanzó.
Sandra Luz señaló a los hermanos Joel y Gabriel Valenzuela, habitantes de la comunidad de Paredones, Culiacán, como los responsables de la desaparición de su hijo, quien trabajaba como office boy del entonces procurador Marco Antonio Higura Gómez.
Dos años después de la desaparición, Sandra Luz —quien ya era integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida— recibió una llamada para pactar un encuentro con un informante que supuestamente le daría información sobre la localización de su hijo. En el camino al lugar donde se encontraría con la persona, 15 disparos terminaron con su vida.
Fernando Valenzuela, hombre señalado por la Procuraduría General de Sinaloa de ser el asesino de Sandra Luz, quedó en libertad por supuestas faltas de pruebas pese a haber confesado el homicidio y señalar la ubicación del arma con que fue asesinada la activista.
Buscar familiares: una tarea de riesgo
Tras ese crimen, en Sinaloa han ocurrido más ataques contra madres buscadoras, lo que ha provocado el desplazamiento de activistas en Concordia, El Fuerte y Guasave.
“O pagan o les quemamos la casa”. Ese era el mensaje que le dejaron a Esther Preciado López en la puerta de su domicilio ubicado en Juan José Ríos, al norte de Sinaloa, en el año 2013, mientras buscaba a su esposo Bladimir Castro Flores.
Ella no dudó que la advertencia se fuera a cumplir, sabía que esas personas no se detendrían y eran capaces de quemar su casa con todo y sus hijos adentro. Así que sin esperar a que sucediera algo, todos agarraron sus cosas y se fueron a San Blas, una comunidad ubicada en El Fuerte.
Como ellas, hay más mujeres amenazadas en Sinaloa. Entre ellas, Mirna Nereyda Medina Quiñónez, fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte, y María Isabel Cruz Bernal, de Sabuesos Guerreras.
Ambas mujeres han denunciado amenazas y robos en distintas ocasiones, y se han mantenido en búsqueda acompañadas por elementos de la Policía y la Guardia Nacional.
En cambio, hay colectivos, como Una Luz de Esperanza en Mazatlán, que decidió parar actividades tras la agresión contra uno de sus integrantes en 2019.
Rosario Lilián fue asesinada mientras buscaba, con el estrés de no encontrar a su hijo y la angustia de ser perseguida, pese a que las autoridades conocían de su situación.
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*Scarlett Nordahl es feminista y periodista sinaloense. Marcos Vizcarra es reportero sinaloense especializado en cobertura de derechos humanos. Integrante del proyecto A dónde van los desaparecidos. Ambos son integrantes del proyecto #HastaEncontrarles y miembros de Revista ESPEJO
Esta tarde, familiares de personas desaparecidas en Colima, organizadas en la Red de Desaparecidos en Colima, tomaron las calles en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, para exigir la aparición de sus seres queridos.
En el recorrido, que transcurrió entre la Plaza de las y los Desaparecidos y el jardín Libertad, las familias gritaron consignas como: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, y realizaron un pase de lista de algunas de las personas desaparecidas en la entidad.
Además de las lonas con los datos de sus seres queridos, algunas mujeres sostenían a la altura del pecho fotografías enmarcadas de sus hijos ausentes en medio de un ambiente en el que se percibía tristeza y pesar al ver llorar a algunos asistentes.
Ya en el jardín Libertad, los transeúntes se encontraron con una exhibición de fotografías de personas desaparecidas en Colima sobre caballetes y en un tendedero, alrededor de los cuales las madres y padres de familia colocaron veladoras y más lonas.
“¿Cuándo se volvió más importante la movilidad que la vida de un ser humano?”, cuestionó la Red en el pronunciamiento leído al finalizar la marcha. “Debemos comprender a quienes sufren a causa de las desapariciones, a las familias que con la fuerza del amor por sus seres queridos bloquean calles, alzan la voz y exigen la aparición de su hijos e hijas”, señalaron respecto a la desaprobación que ha existido sobre los cinco bloqueos que familiares de desaparecidos han realizado en el Libramiento Manzanillo-Colima.
Al mismo tiempo, la fachada de la Catedral de Colima se vio tapizada de carteles y grandes lonas con rostros de mujeres y hombres a quienes se les perdió el rastro, mismos que llamaban la atención también de quienes por ahí pasaban.
“Exigimos al Gobierno del Estado de Colima no más desapariciones. (…) De nada sirve que se nos informe del numero de diligencias que se han hecho, si al final la persona no es localizada. Queremos ver la inteligencia, la capacidad técnica y el gasto de recursos públicos traducidos en resultados positivas con personas que regresen a casa”, enfatizaron en el mismo pronunciamiento. Al finalizar la concentración en el jardín, las familias se reunieron dentro de Catedral para escuchar la misa oficiada en honor a las mil 476 víctimas de desaparición que, según la Secretaría de Gobernación, se contabilizan en el estado.
COLIMA, Col.- Este sábado 20 de agosto se cumplieron cuatro años de la desaparición del joven Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, hijo de la señora Carmen Sepúlveda Gómez, presidenta de la Red Desaparecidos en Colima A.C.
Hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado y otras instituciones gubernamentales relacionadas con el área de seguridad no han dado resultados que permitan determinar lo ocurrido con la víctima ni han podido ubicar su paradero.
Desde que Carlos Donaldo fue visto por última vez por su familia, el 20 de agosto de 2018 en el municipio conurbado de Villa de Álvarez, su madre y demás familiares han peregrinado en una búsqueda que no ha cesado.
Con motivo del cuarto aniversario del suceso, la madre del muchacho publicó en su muro en la red social Facebook:
"Carlos Donaldo Campos Sepúlveda desapareció el día 20 de agosto del 2018 en Villa de Álvarez, Colima. Cuatro años de tu partida, hijo, sin saber ni dónde, ni cómo estás, hijo. Te amo tanto, te extraño tanto, estoy triste, vivir así si se le llama y vivir con el corazón hecho pedazos”.
Para nuestra comunidad lectora de Tlanesi, reproducimos dos videos que en su momento hemos difundido, en los que la señora Carmen Sepúlveda se refiere a la búsqueda de su hijo y a la de los cientos de personas desaparecidas en Colima: