Un periodista chileno preso y exiliado tras el golpe de Pinochet

 

Hace 48 años, el 11 de septiembre de 1973, el joven periodista chileno José Zepeda Varas fue detenido por el Ejército de ese país en el marco del golpe de Estado perpetrado contra el presidente Salvador Allende por Augusto Pinochet. Tras casi 2 años y medio en prisión, Zepeda obtuvo asilo político en Holanda, adonde se fue exiliado y laboró hasta 2012 en Radio Nederland. En mayo de 2013 visitó la ciudad de Colima para recibir un doctorado honoris causa de parte de la universidad local. En ese contexto, le realicé una entrevista-semblanza, enriquecida con los datos del contexto de su estancia en esta ciudad. El texto fue publicado el 24 de mayo de 2013 en la sección Internacional del portal de la revista Proceso y en la agencia Apro.

Con motivo de un aniversario más del “Pinochetazo”, compartimos una parte de ese texto y al final se presenta el enlace original para su lectura completa.

 

"LA VERDAD MEJOR CONTADA ES LA DE LAS VÍCTIMAS": ZEPEDA VARAS

 

COLIMA, COL., viernes 24 de mayo de 2013 (apro).- A los 23 años de edad, el periodista José Jorge Zepeda Varas era el gerente de Radio Atacama, La voz del pueblo —ubicada en la ciudad de Copiapó, al norte de Chile—, cuando al mediodía del 11 de septiembre de 1973 elementos del Ejército de ese país irrumpieron en las instalaciones, clausuraron la emisora y se llevaron presos a directivos y trabajadores.

Los detenidos sufrieron tortura y fueron sentenciados a cinco años de cárcel, bajo el cargo de rebelión, con motivo de la cobertura informativa realizada en torno del golpe de Estado que encabezó el general Augusto Pinochet en contra del gobierno del presidente Salvador Allende.

Durante su estancia en la prisión, Zepeda Varas se salvó de ser fusilado por la llamada “Caravana de la Muerte”, pero su compañero Alfonso Gamboa Farías, director artístico de la radiodifusora, no tuvo la misma suerte.

En febrero de 1976, tras 29 meses de encierro, Zepeda obtuvo asilo político en Holanda, donde ese mismo año se incorporó a Radio Nederland, en la que laboró hasta diciembre de 2012 y llegó a ser director del Departamento Latinoamericano de esa emisora mundial.

Por su trayectoria profesional de más de cuatro décadas, el periodista chileno-holandés recibió en esta ciudad el pasado viernes 17 de mayo el grado de doctor honoris causa por parte de la Universidad de Colima (Ucol), una de las instituciones de América Latina a las que apoyó desde Radio Nederland con producciones para sus radioemisoras durante los últimos veinte años.

Según el acuerdo 12/2013 expedido por el rector, José Eduardo Hernández Nava, el galardón le fue conferido “por sus aportaciones a la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de los medios de comunicación no comerciales de América Latina, así como por su destacada labor en la divulgación del conocimiento, el acontecer político, el arte y la cultura”.

Durante la ceremonia, realizada en el Paraninfo Universitario, el homenajeado dedicó su título a los periodistas latinoamericanos que ejercen la comunicación de servicio y que se empeñan en defender los valores universales de la libertad.

En sus primeros años como periodista en Chile —reconoció en su discurso— la confrontación política al interior de la izquierda los llevó a él y sus compañeros de Radio Atacama a tomar “decidido partido” a favor del gobierno de Salvador Allende: “No mentíamos, pero todo lo que hacíamos en temas políticos era desde la trinchera en que no cabía la duda ni el matiz”.

Sobre esa etapa de su carrera, dijo ahora: “No me arrepiento, pero era un grave error; lo entendí en Holanda en los años de exilio, de autocrítica… El periodista es primero que nada el que no sirve al poder por una causa particular, el que preserva su independencia y busca la verdad, el periodista mantiene distancia de las autoridades en el campo de las ideas, de los partidos políticos, de las convicciones religiosas o las de cualquier tribu… No hemos escuchado el llamado de la vocación para atacar ni para defender, lo hemos asumido para ayudar a entender”.

Y se preguntó: “¿Es entonces el periodista una mujer o un hombre desprovisto de cualquier lealtad? Imposible. Se vive y se hace desde algún lugar, nadie puede neutralizar sus circunstancias. Creo que el lugar que nos corresponde es aquel donde anidan los derechos humanos, los derechos sociales, la justicia, la inclusión, valores de los que quieren apropiarse algunos pero que nos pertenecen a todos”.

En entrevista con la agencia Apro, José Jorge Zepeda considera que la libertad en general y la libertad de expresión en lo particular son “objetivos muy caros para la humanidad”, a la vez que expresa su preocupación y solidaridad ante las condiciones de riesgo en las que realizan su trabajo los periodistas mexicanos.

“Tengo una admiración absoluta por aquellos periodistas que salen por la mañana a arriesgar su vida para poder contarle la verdad a la gente. Eso no lo hace cualquiera, es decir: puestos frente al desafío de la vida o la muerte, hay gente que con razones muy justificadas prefiere la vida, yo también. Entonces, arriesgar todo por levantar la bandera de la libertad de prensa y la libertad de expresión es algo que nosotros admiramos muchísimo desde afuera de México”, sostiene.

Profesor invitado de universidades de varios países, así como de instituciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zepeda considera que frente a la realidad actual del periodismo mexicano los organismos internacionales deberían prestar un mayor servicio del que están haciendo. “No basta con declaraciones simpáticas de decir ‘pobrecitos ustedes’, no, no, hay que apoyar con medios, hay que dar protección al periodismo mexicano, la denuncia debe ser mucho más sistemática”.

Subraya: “Hay organismos internacionales que tienen recursos económicos que deberían repartirse no equitativamente, sino prioritariamente, y hoy día la prioridad en América Latina para mí son dos países fundamentalmente: México y Colombia. En Colombia todavía no ha pasado todo y los periodistas siguen siendo acosados por varios poderes, no por uno solo, y en México también, no nos olvidemos, no es sólo un poder el que está detrás del periodismo y que se siente incómodo con él”.

A juicio de Zepeda Varas, se debe exigir al Estado mexicano que cumpla mejor con su papel de protección a los medios de comunicación, porque en eso le va la vida no sólo a los medios sino también al Estado, por lo que —para su propia preservación— es el Estado el que debe dar mucha mayor atención al acoso que sufren los periodistas.

Mientras tanto, plantea: “El periodismo tiene que seguir cumpliendo con su labor, pero tiene que ser con cautela, buscando de la manera más imaginativa posible formas de contar la verdad, y la verdad mejor contada creo que parte de las víctimas y no de los verdugos”.

Sugiere: “Hay que hacer el relato de todos los que son víctimas anónimas, inocentes de todo este drama, y no fijar el lente o el lápiz o la computadora sólo en los agresores, ya que son las víctimas las que al final dignifican con su muerte lo que está pasando; esperemos que esas muertes no sean en vano, y para que no lo sean tenemos que tratar de sacarlas del anonimato”.

 

Para leer el texto completo, siga el siguiente enlace:

https://www.proceso.com.mx/internacional/2013/5/24/la-verdad-mejor-contada-es-la-de-las-victimas-zepeda-varas-118798.html

 

 

 

 

El costo por opinar en México: Diez millones de pesos y una persecución judicial

Foto: Cuartoscuro

 

Por: Reporteros Sin Fronteras

Ciudad de México 8 de septiembre de 2021.- Las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil que suscribimos el presente comunicado, condenamos la persecución judicial de la que ha sido víctima el periodista investigador y académico Sergio Aguayo Quezada, demandado por el ex gobernador Humberto Moreira Valdés por supuesto daño moral cometido en su perjuicio.

Sergio Aguayo Quezada fue condenado en segunda instancia por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el 10 de octubre de 2019, luego que por unanimidad de votos los magistrados Francisco José Huber Olea Contró, Delia Rosey Puebla y Miguel Ángel Mesa Carrillo, decidieron dejar sin efectos la sentencia absolutoria de primera instancia y dictar una nueva en la que condenaron al periodista por considerar que su columna de opinión de fecha 20 de enero de 2016, lesionó el patrimonio moral del exgobernador Humberto Moreira Valdés, ya que a juicio de los magistrados existió un abuso de la libertad de expresión, condenando al periodista al pago de diez millones de pesos por concepto de “daños punitivos”.

Como organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, nos preocupa que las autoridades judiciales encargadas de resolver este tipo de controversias derecho al honor vs. libertad de expresión, estén generando sentencias en contra de la progresividad del derecho humano a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

En el caso concreto, los juzgadores de segunda instancia hicieron una valoración inadecuada del contenido de la columna referida, al no analizar el contenido de la nota en su conjunto, y optar por descontextualizar la columna de opinión y valorar solo algunas expresiones específicas, que en su consideración caen en el abuso a la libertad de expresión, y desestimando el hecho de que la columna contenía información es de interés público y que la crítica recayó en una persona con proyección pública.  

En segundo término, los magistrados en comento para llegar a su sentencia, aplicaron los dos regímenes normativos que existen para regular la responsabilidad civil en la Ciudad de México, es decir, tanto el Código Civil para el Distrito Federal (artículo 1916), como la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, desatendiendo criterio de “Selección de la norma de derecho fundamental aplicable”, desarrollado por la Primera Sala de la SCJN, que establece que tratándose de  responsabilidad civil por daño moral como consecuencia de un supuesto abuso de la libertad de expresión e información, el marco normativo aplicable es la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada el Honor y la Propia Imagen, violentando también con ello el artículo 1 constitucional y el principio Pro persona.

Es necesario destacar que el Código Civil para el Distrito Federal, no establece un tope pecuniario para la indemnización, incluso permite la condena por “daños punitivos”. Derivada de esta aplicación simultánea de marcos normativos, los magistrados violentamente condenaron al pago de 10 millones de pesos por concepto de “daños punitivos”. Al respecto la teoría de daños punitivos es empleada para imponer un “castigo ejemplar o vengativo” al supuesto infractor de la ley, a efecto de que no exista repetición de la conducta, esto se traduce en una sentencia violatoria de la libertad de expresión, que genera efectos inhibidores e intimidantes, autocensura y transgrede los principios democráticos.

Resulta preocupante que cada vez se hace un mayor uso indebido de la figura de daño moral por funcionarios públicos y personas con proyección pública. En la actualidad, los casos donde servidores públicos y/o actores políticos emplean los mecanismos legales instituidos para proteger los derechos humanos, como herramientas de agresión a periodistas, van en aumento. Solo por citar algunos ejemplos de lo anterior, existe el caso de Roxana Romero, reportera del periódico Vanguardia, quien también fue demandada por daño moral por Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, tras la publicación de una nota en febrero de 2016 donde se aborda la autorización de pensión, tras haber laborado en el sector educativo de Coahuila. El caso del medio El Mañana de Nuevo Laredo, demandado por $60,000,000.00; el Periódico A.M. de Guanajuato, demandado por $300,000,000.00; el caso del periodista Humberto Padgett León, demandado por $10,000,000.00, todos demandados por funcionarios o ex funcionarios públicos y por la acción de daño moral.

Si bien, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, el mismo debe ser valorado como un derecho fundamental en la estructura democrática, pues es uno de sus principales asientos, de tal suerte que, la afectación al mismo, se traduce en una afectación directa a toda la sociedad, y los límites que se establezcan deben ser legítimos para su ejercicio, los cuales siempre deberán interpretarse conforme a estándares internacionales con el objetivo de evitar restricciones desproporcionadas que contravengan los derechos humanos.

En uno de los países más peligrosos para la prensa a nivel mundial, resulta severamente alarmante que los jueces responsables de garantizar el Estado de Derecho en la democracia mexicana, emitan sentencias desproporcionadas que agreden directamente la libertad de expresión en México.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el acoso judicial del que es víctima el periodista Sergio Aguayo Quezada, materializado en una sentencia ilegal, la misma resulta un retroceso para la libertad de expresión y un precedente riesgoso para la libertad de prensa en México. 

Por tales motivo,s solicitamos de la manera más atenta al Sra. Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Juicio de Amparo Directo (30/2020), presentado por Sergio Aguayo Quezada, sea resuelto de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos en materia de libertad de expresión desarrollados tanto por esta Corte, así como, por el Sistema Interamericano.

De igual manera, hacemos nuevamente un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que de acuerdo a su mandato se pronuncie en este caso y haga un llamado al Poder Judicial para que en este tipo de controversias sus jueces se conduzcan conforme a derecho y garantice la libertad de expresión en México.

 

 

 

RSF pide a las autoridades que no permitan que el asesinato del periodista Jacinto Romero Flores quede impune

 

Escrito por Reporteros Sin Fronteras

La mañana del jueves 19 de agosto, el periodista mexicano Jacinto Romero Flores, quien trabajaba para la estación de radio Ori Estéreo 99.3 FM con sede en Orizaba, fue asesinado a tiros. El locutor de 61 años conducía su automóvil en el barrio Potrerillo de Ixtaczoquitlán (Estado de Veracruz) en el este de México cuando fue acribillado.

Desde 2015, el periodista mexicano transmitía en Facebook el programa“Un Café con El Enano con  Jacinto Romero Flores” en el que abordaba temas relacionados con la política, la inseguridad y las condiciones sociales en los municipios de la región Altas Montañas de Veracruz.

El sitio de noticias en línea AvcNoticias informa que Jacinto Romero Flores recibió varios mensajes amenazadores el pasado mes de febrero. Uno de ellos lo instó a “dejar de escribir mierda” luego de que el periodista denunciara presuntos abusos de autoridad cometidos por policías y familiares de funcionarios locales en una fiesta en la ciudad de Texhuacan.

Luego de las amenazas, el reportero solicitó protección a la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz (CEAPP). Un funcionario de la CEAPP confirmó a RSF que estaba bajo protección preventiva y que su caso estaba activo. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que se estaban realizando operaciones de búsqueda para encontrar a los asesinos.

El asesinato de Jacinto Romero Flores vuelve a ensombrecer el panorama de la libertad de prensa en México, a menos de un mes del asesinato de otro periodista,” deplora el director de la oficina latinoamericana de RSF, Emmanuel Colombié. “Jacinto Romero Flores, consciente de que corría peligro, ya había pedido protección oficial. RSF hace un llamado a las autoridades para que realicen una investigación completa, rigurosa e independiente para no dejar impune este crimen .

 Desde principios de 2021, al menos otros cuatro periodistas han sido asesinados en México: Benjamín Morales Hernández, el 2 de mayo (Estado de Sonora), Gustavo Sánchez Cabrera, el 17 de junio (Estado de Oaxaca) y Ricardo López Domínguez, el 22 de julio (Estado de Sonora), y Saúl Tijerina, el 22 de junio (Estado de Coahuila).

 México ocupa el lugar 143 de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2021 establecida por RSF.

 

 

 

Con AMLO, persisten discrecionalidad y falta de transparencia en publicidad oficial

 

Por Article 19

Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021. El análisis del gasto definitivo en publicidad oficial para el año 2020, obtenido a través del Sistema de Comunicación Social (COMSOC) perteneciente a la Secretaría de la Función Pública, señala que se ejercieron 2 mil 248 millones de pesos, de un total de 2 mil 452 millones aprobados para ese ejercicio fiscal. Esto significa que el gobierno federal gastó alrededor de una quinta parte con respecto a los 11 mil 398 millones de pesos del segundo año de la administración de EPN. Así, se sostiene la tendencia a la baja en el gasto de publicidad oficial.

Ahora bien, ambas administraciones tienen en común la persistente ausencia de reglas claras de asignación y distribución de la pauta oficial. Esto se mantiene como una mala práctica, ya que permite la concentración del gasto en un pequeño grupo de medios de comunicación o que la mayoría del gasto sea ejercido por unas cuantas instituciones.

De igual manera, destaca que la Secretaría de Salud, como la institución líder en la política de la lucha contra el COVID-19 ocupa el lugar 21 de 93 instituciones, ejerciendo tan solo el 0.6% del gasto, que representó poco más de 13 millones de pesos. Cabe señalar que, en cuanto a la comunicación social respecto a la pandemia, el gobierno ha informado de manera oportuna; durante 15 meses se llevó a cabo la conferencia vespertina encabezada por la Secretaría de Salud. Además, hay que recordar que en casos de emergencia las radios y televisoras deben ofrecer espacios gratuitos, conforme a lo señalado en el artículo 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Federal de Electricidad, ocupan los 5 primeros lugares de las instituciones que más ejercieron recursos para publicidad oficial, concentrando más del 70% de la totalidad de los recursos.

En el mismo sentido, de los 457 medios de comunicación que recibieron recursos por publicidad oficial, 10 de ellos concentran más del 52% de los recursos, ocupando los 3 primeros lugares Televisa, TV Azteca y La Jornada (con un total del 28.6%), quedando menos de la mitad de la totalidad de los recursos a 447 medios, lo cual se traduce en una inequitativa y desigual distribución.

La falta de una debida y correcta legislación en la materia genera consecuencias nocivas para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la permisibilidad de malas prácticas y planeaciones en el ejercicio del gasto. A partir de los datos, es factible afirmar que es necesario generar políticas de comunicación social que permitan conocer a detalle las campañas, sus finalidades, que tomen en cuenta las necesidades de las audiencias a las que están dirigidas y que la información sea accesible, verificable, comprensible, oportuna, clara, idónea, suficiente y veraz para satisfacer los fines informativos, educativos o de orientación social establecidos en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución.

A ello se agrega la tendencia al “gasto decembrino”, señalada cada año, ya que hubo una concentración del 69% del gasto en el mes de diciembre, mientras que en el primer semestre del año se ejerció únicamente el 2.6%, es decir poco más de 58 millones.

Es importante recordar que actualmente sigue pendiente de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tanto las acciones de inconstitucionalidad 52/2018, 53/2018 y 55/2018 presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el partido político Movimiento Ciudadano y un grupo de senadores y senadoras en contra de la actual y vigente Ley General de Comunicación Social. De igual manera, sigue pendiente la resolución del amparo en revisión 308/2020 presentado por Artículo 19 en contra de la mencionada ley.

Las tendencias identificadas a partir de los datos de 2020 refuerzan la necesidad de que la actual Ley General de Comunicación Social sea abrogada. Es necesario dar pie a una nueva discusión en la que converjan voces de la sociedad civil, la academia, legisladores y legisladoras, medios de comunicación, periodistas y especialistas en la materia, para que en un ejercicio de parlamento abierto se encuentren las opiniones que encaminen una nueva legislación con enfoque de derechos humanos y que coloque en el centro a la sociedad.

Preocupan las afirmaciones del presidente de la República realizadas en la conferencia de 04 de agosto pasado, en la cual señaló que no tenía la intención de regular la publicidad oficial, cuando subsiste una legislación vigente que avala malas prácticas.

Por ello, hacemos un llamado a la Suprema Corte a resolver con perspectiva de derechos humanos los recursos que están pendientes. Y, por su parte, hacemos un llamado a esta administración federal a generar las condiciones políticas necesarias para abrir una discusión en torno a una nueva ley.

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

 

 

 

Ipecol y Ayuntamientos deben garantizar acceso a su información: Congreso

 

Para garantizar que el Instituto de Pensiones del Estado de Colima atienda las disposiciones en materia de transparencia para la publicación de la información que genera, y para que los ayuntamientos den a conocer a través de sus portales informativos, sus planes o programas de desarrollo urbano, el Congreso local aprobó reformas en dichas materias.

Estas reformas fueron presentadas por la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena la diputada Claudia Aguirre Luna, quien, en la exposición de motivos, señaló que en la fracción IX del artículo 77 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, se encuentra lo relativo a la relación de Entidades Públicas Patronales que tengan adeudos por concepto de aportaciones, cuotas y descuentos, a partir de la quincena inmediata siguiente al que éstos hayan sido exigibles, indicando el concepto, monto y número de quincenas que integran el adeudo.

Indicó que esa información, resulta de gran interés para la ciudadanía en general, pero en especial para los trabajadores pertenecientes a las Entidades Públicas Patronales, pues de esta forma pueden corroborar que los descuentos que les son realizados por estas entidades sean debidamente aplicados. 

Sin embargo, señaló que el IPECOL ha sido omiso en cumplir esa obligación, a pesar de que desde enero del año 2020 se han hecho diversos exhortos y llamados para ello, “ha sido una reiterada pero silenciosa negativa a cumplir con lo señalado en la ley, se puede inferir que desde la Dirección General del IPECOL se busca proteger de la opinión pública y de posibles consecuencias legales al Gobierno del Estado que es uno de los principales deudores”.

Mencionó que con la reforma se busca solventar el vacío legal existente, pues actualmente la referida obligación no se encuentra vinculada a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, lo que dificulta su vigilancia por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima.

De acuerdo con las reformas, el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima deberá hacer pública en internet: la información financiera y presupuestaria que mensualmente apruebe el Consejo Directivo; las resoluciones que acuerde el Consejo Directivo, en materia de otorgamiento de pensiones; la relación de pensiones otorgadas, denegadas, suspendidas, modificadas, revocadas y terminadas; el otorgamiento, control y recuperación de los préstamos en los términos de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.

La legisladora incluyó también; las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo; las resoluciones que acuerde el Consejo Directivo y que tengan repercusión en el fondo de Cuentas Institucionales; los resultados de auditorías externas que se practiquen al Instituto; los resultados de las valuaciones actuariales del sistema de pensiones de acuerdo con la periodicidad con que estos hayan sido elaborados; la relación de Entidades Públicas Patronales que tengan adeudos por concepto de aportaciones, cuotas y descuentos, a partir de la quincena inmediata siguiente al que éstos hayan sido exigibles, indicando el concepto, monto y número de quincenas que integran el adeudo; la transmisión de las sesiones del Consejo Directivo en vivo a través de su página oficial, almacenando en la misma, las videograbaciones que se susciten de la sesión para que puedan ser consultadas por los interesados; salvo los casos de excepción previstos en la Ley y cualquier otra que a juicio del Consejo Directivo deba de ser publicada en beneficio de los afiliados y pensionados.

Aguirre Luna, también detalló que se considera pertinente establecer como una obligación de los municipios el evaluar y revisar sus planes o programas municipales de desarrollo urbano cada 3 años y además en atención a la publicidad y difusión que deben tener estos instrumentos de desarrollo urbano, se propone reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima para que dicha información sea incluida en el portal de transparencia de los municipios, con lo cual se facilitará su acceso por parte de los ciudadanos.