Foto: SemMéxico

Elda Montiel

La exigencia a la Fiscalía de Aguascalientes de investigar con perspectiva de diversidad sexual el crimen contra el magistrade electoral Ociel Bahena y su pareja sentimental Dorian Herrera, así como la condena por tratar de justificar el crimen como “pasional” cuando es un crimen de odio hicieron las organizaciones ICM México y la Coalición Mexicana  LGBTTTI+.

En pronunciamientos  respectivos, las organizaciones dan a conocer que el magistrade era una persona inscrita en el mecanismo de protección de defensores de Derechos Humanos por haber recibido amenazas de muerte y que habría denunciado días antes a la senadora Martha Márquez por los discurso de odio.

ICM expresa indignación, rabia, tristeza e impotencia y condenan las conclusiones “aceleradas y estigmatizante, queriendo justificar un crimen pasional”. Exige respeto a los medios de comunicación de no seguir revictimizando, y el respeto a las personas que “con prejuicios, ignorancia y desprecio” de la sociedad conservadora y la iglesia respecto a este tipo de realidad.

Precisan que “el odio genera odio, esto es una realidad que vivimos todos los días, pero en redes sociales se bromea, hacen chistes, y celebran estas muertes. Quien se burla también es cómplice indirecto de su asesinato”.

ICM por amor es una organización que se define como un espacio espiritual, incluyente e interreligioso. No es una religión y les inspira el amor radical.

Por parte de la Coalición exigen la detención de las personas responsables materiales e intelectuales y castigo ejemplar.

Destacan que en un país sin garantías es urgente que las poblaciones LGBTTTIAQ+ nos mantengamos unides ante el patriarcado que se resiste a nuestra existencia. 

De acuerdo a la Fiscalía el cuerpo del magistrade y su pareja fueron encontrados al interior del domicilio, ubicado en el fraccionamiento Punta del Cielo, con heridas de arma blanca. De acuerdo a las autoridades no hay huellas de una tercera persona que haya ingresado, y se encontraron dos navajas de rasurar, que preliminarmente serían los objetos que habrían  provocado las lesiones. 

Este crimen puso en movimiento a las poblaciones de la comunidad LGBTTTQ+, ya que era la persona no binaria más visible al acceder a ser magistrade en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, ser una de las primeras personas en obtener un pasaporte mexicano con el reconocimiento a su identidad y obtener una credencial electoral con casillero no binario.

Además era muy activo en redes sociales con videos con mensajes que abordaba temas electorales, roles de género y machismo. Se reconoció como binario en 2020 y usaba ropa, maquillaje y lenguaje de acuerdo a su género lo que incomodaba, y desafiaba al mundo.

El magistrade Ociel Bahena Impulso amparos en su estado para el reconocimiento de la identidad no binaria.     

Manifestaciones para mostrar la indignación por la versión de crimen pasional por la Fiscalía de Aguascalientes se dieron en esta  entidad y otras, así como en el  zócalo de la Ciudad de México, que incluso derribaron las cercas que se colocaron para contener al contingente LGBTIQ+, frente a Palacio Nacional.

                                                                                                       Foto: Artículo19

El pasado 31 de octubre, dos personas vestidas de traje que se identificaron como policías ministeriales, se presentaron en el domicilio de la periodista para notificar de una supuesta denuncia[1] en su contra. Debido a que Rosario no se encontraba en el sitio, un familiar atendió a los individuos. Según los relatos compartidos con las organizaciones, ambos solicitaron información sobre la periodista, ante esto, el familiar de María del Rosario les pidió que se identificaran debidamente; sin embargo, estos se negaron y al intentar ver el nombre que tenían en sus gafetes, los sujetos los taparon intencionalmente. Enseguida, uno de ellos lo amenazó diciéndole ¿quieres que te reviente?, al mismo tiempo que impedía el cierre de la puerta con su pie y le mostraba el arma que portaba. En ese momento, el familiar le respondió que le permitiera grabarlo con su celular para tener evidencia de sus acciones y ambos sujetos decidieron retirarse.

El 1 de noviembre, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se presentó en el domicilio de un contacto cercano de la periodista, y según el testimonio otorgado a las organizaciones, indicó en la entrada que “iba a entregar una invitación personal”, pero en lugar de esto, dejó un citatorio dirigido a María del Rosario por una carpeta de investigación por el delito de acecho y/o amenazas interpuesta por Luis Carlos Rodríguez.

Los hechos aquí descritos ocurren después de que la periodista expuso en redes sociales la circulación ilegal de parches de fentanilo por parte del doctor Luis Carlos Rodríguez, de la publicación de un reportaje sobre irregularidades en materia de contratos para equipo médico en el HRAEB, y de realizar solicitudes de información sobre la presencia de fentanilo y opioides en dicha institución médica.

De acuerdo al punto 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión el Estado debe abstenerse de utilizar su poder […] con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas pues el uso del derecho penal como una forma de represalia e intimidación contra periodistas y comunicadores que investigan asuntos de elevado interés público constituye un medio indirecto de censura.

Preocupa sobremanera a las organizaciones firmantes que un funcionario público utilice el aparato del estado para iniciar un proceso legal en contra de una periodista que está publicando información de relevancia pública. Asimismo, es preocupante que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato catalogue investigaciones periodísticas y opiniones en redes sociales como un delito. ARTICLE 19 ha documentado que el acoso judicial en México, tanto por vías penal como civil, es cada vez más común. Tan sólo en el primer semestre de 2023 se documentaron 12 casos de procesos judiciales iniciados contra periodistas, un promedio de 2 casos al mes.

Por lo anterior, ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) exigimos a:

– Luis Carlos Rodríguez Robles, subdirector de Atención en Quirófanos y Medicina Crítica del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío cesar cualquier proceso judicial en contra de la periodista María del Rosario Martínez de la Vega y abstenerse de cualquier práctica intimidatoria que vulnere tanto su labor periodística como su integridad personal.

– A Jorge Alcocer Varela, director de la Secretaría de Salud Federal, instar al personal y funcionariado de las instituciones a su cargo a erradicar cualquier práctica que fomente un ambiente hostil para el ejercicio periodístico en la entidad y que vulnere el derecho humano a vivir una vida libre de violencia de las mujeres periodistas.

– Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cumplir con su obligación de atender y proteger a la periodista a fin de garantizar su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información de forma libre y plena.

– A la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir las recomendaciones necesarias para el cese de los procesos iniciados en contra de la periodista a fin de garantizar, a su vez, la reparación de cualquier daño.

                                                                                               Foto: Desinformémonos

Jorge Velázquez, maestro y defensor de la tierra y el agua en Morelos, denunció que ha sido amenazado de muerte a través de las redes sociales, perseguido por desconocidos y sometido sometido a un proceso de rescisión de su plaza como docente en dos primarias de la entidad, por su lucha contra los megaproyectos y la injusticia laboral.

De acuerdo con Velázquez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) y compañero de lucha de Samir Flores, las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (Iebem) iniciaron un proceso de rescisión de su contrato como represalia por su activismo en defensa de los maestros y en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Las autoridades del Iebem, encabezado por el titular Eliacín Salgado de la Paz, comenzaron el pasado 27 de octubre un proceso administrativo contra Velázquez en el jurídico del Instituto y en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (Teca) por alrededor de 15 a 20 faltas en mayo y abril de este año en las primarias Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz, en el municipio de Yecapixtla, donde labora como docente.

Velázquez explicó entonces que en los meses referidos fueron hallados tres cuerpos en las inmediaciones de las primarias adonde él está adscrito, por lo que dejó de ir y solicitó su cambio a otros planteles, pero su petición fue rechazada a pesar de que está sujeto al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Frente a la falta de respuestas y en medio del clima de inseguridad, el mecanismo trasladó a Velázquez y su familia a Puebla, donde el 21 de mayo dos hombres ingresaron por fuerza a su refugio y le gritaron que venían por él y lo persiguieron en su huida hasta que llegó con la Guardia Nacional.

El 20 de junio funcionarios del Iebem recomendaron al maestro y defensor pedir licencia sin goce de sueldo, y aunque terminaron por aceptar cambiarlo de primarias, el 6 de septiembre recularon y le dijeron que se quedaría en los planteles de Yecapixtla.

El 14 de septiembre las partes firmaron una minuta, donde se acordó que él iba a seguir firmando a las escuelas conforme pudiera y por las faltas anteriores había un procedimiento, pero que Velázquez lo justificaría con documentos del mecanismo ya que este instrumento lo sacó de la entidad. Sin embargo, esta minuta no se respetó y las faltas no fueron justificadas. El 27 de octubre, finalmente, el docente se enteró que el Iebem envió el proceso al Teca sin permitirle audiencia.

El defensor del territorio nahua, quien fue privado de sus dos trabajos como docente de primaria, exigió al gobernador Cuauhtémoc Blanco que le devuelvan sus plazas y advirtió que si algo le sucede, ahora que no goza de sus derechos laborales, responsabiliza al titular del Iebem.

                                                                                       Foto: Artículo19 

En el marco del 188° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza en Washington D.C., el día de hoy un conjunto de 15[1] organizaciones de la sociedad civil presentamos evidencia sobre las consecuencias del incumplimiento del Estado Mexicano -concretamente del Senado de la República- con su obligación constitucional de designar a las tres personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), vacantes desde hace 588 días dos de ellas y 223 días una tercera.

En la audiencia pública titulada “Órgano garante constitucional de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales”, a la que acudimos las organizaciones peticionarias, el Representante Adjunto de la OACNUDH en México, el INAI y representantes del gobierno mexicano; enfatizamos que la omisión constitucional del Senado ha tenido repercusiones directas en los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, pues por casi cinco meses, a partir de que el pleno del INAI quedó incompleto (1° de abril de este año), estuvieron suspendidos más de 8,000 recursos de revisión, vulnerando  con ello los derechos de ese número de personas en lo particular y de la sociedad en general.

A pesar de que el pleno del órgano garante de transparencia está operando por una medida provisional ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las organizaciones peticionarias mostramos los fuertes indicios y resistencias  del Senado para dar cumplimiento con la orden del máximo tribunal del país de designar a las personas comisionadas faltantes a más tardar el 15 de diciembre de este año.

En este sentido, las organizaciones solicitamos a la CIDH lo siguiente: 1) Que emita un pronunciamiento público sobre la situación planteada, principalmente sobre la omisión deliberada por parte del Estado mexicano; 2) Que inste al Estado mexicano a cesar los ataques y actos orientados al debilitamiento contra los órganos autónomos; 3) Que realice un informe temático sobre estándares interamericanos tendientes a fortalecer los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; 4) Que lleve a cabo acciones de monitoreo y emita un pronunciamiento sobre la situación de los órganos autónomos garantes del derecho a la información así como de  la situación actual de este derecho en la región.

La representación del gobierno se limitó a decir que el INAI estaba funcionando ya con 4 personas comisionadas, que la decisión del Senado es política y que se cumplirá con el plazo determinado por la SCJN para designar. Sin embargo, no presentó evidencia de que se están tomando todas las medidas pertinentes y adecuadas para tal cumplimiento. Por el contrario, las organizaciones expusimos, mediante un video, la serie de declaraciones del gobierno y la mayoría parlamentaria que denotan la intención de socavar el funcionamiento del órgano garante.

Esta audiencia inédita representa un precedente fundamental en términos de las omisiones reiteradas y persistentes que se registran en el país en materia de designaciones de altas responsabilidades públicas, lo cual fue coincidente con la posición del Comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, y de Esmeralda Arosemena de Troitiño, Comisionada Presidenta y relatora para México, quienes expresaron que es necesario que se hagan los nombramientos y se garanticen las condiciones para que esta institución pueda operar con absoluta independencia y autonomía.

Por su parte, Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, resaltó que durante los últimos dos años, ha habido aplazamientos y obstáculos, que, una institucionalidad tan sofisticada y sólida como la mexicana, no debería de estar atravesando; también que una cosa es que la decisión para designar sea en sí compleja y otra que se esté aplazando deliberadamente. 

En este marco, el propio Relator solicitó al Estado mexicano la oportunidad de que la CIDH brinde un acompañamiento técnico puntual al Senado mexicano para garantizar que las designaciones faltantes sean realizadas antes del 15 de diciembre. A dicha petición, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, no dio respuesta alguna. Por su parte, las organizaciones peticionarias también expresaron la necesidad de que la CIDH emita un informe temático sobre la situación del derecho a la información en la región

Las organizaciones peticionarias de esta audiencia buscamos que con el resolutivo de la CIDH se revierta la tendencia del Estado mexicano de debilitamiento institucional y en su lugar se fortalezca la  operatividad de los órganos autónomos, cuya tarea es primordial para la protección de los derechos humanos de todas y todos. Los derechos humanos no pueden estar a merced de la voluntad de los gobiernos en turno, sino que deben garantizarse por todas las autoridades del Estado. Reiteramos nuevamente el llamado al Senado a cumplir con sus obligaciones de designar.