Foto: Desinformémonos

Colectivos y organizaciones nacionales e internacionales condenaron los recientes casos de hostigamiento y acoso con drones contra familias de desplazados y presos políticos en Barrio Escopeta, municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Los colectivos retomaron la denuncia del Comité de Mujeres Autodefensas por la Libertad sobre que el pasado 2 de septiembre un dron negro sobrevoló y grabó ilegalmente en las viviendas de Rafaela Álvarez y Adelina Herrera, que forman parte de las familias de Barrio Escopeta afectadas por la violencia, el desplazamiento forzado y el encarcelamiento arbitrario.

El colectivo Sueña Dignidad condenó los hechos y exigió al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no ser omiso a la situación de violencia contra las familias y “realizar su labor de gobernante conforme a derecho y poner especial énfasis en las acciones de persecución y hostigamiento político a las familias”.

Por su parte, la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo, Base Oaxaca, aseguró que “esta nueva incursión ilegal se enmarca en la política sistemática de odio y venganza contra las familias de los desplazados y también contra las familias de los presos políticos”, con el fin de que “guarden silencio ante tantas injusticias”.

Desde Lima, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales del Perú manifestó su solidaridad con las familias de Barrio Escopeta y Eloxochitlán, así como con las Mujeres Autodefensas, y condenó “los actos practicados en forma de operativos policiacos militares, ahora con drones, contra las familias de desplazados y de presos políticos”.

Los colectivos y organizaciones exigieron a las autoridades de Oaxaca el cese inmediato del hostigamiento, acoso y amenazas contra las familias en Eloxochitlán de Flores Magón, así como la libertad inmediata a los presos políticos mazatecos y un alto a la impunidad y la injusticia.

                                                                                    Foto: Desinformémonos

«Hoy vas a leer noticias sin firmas. ¿Por qué? ¡Porque estamos en lucha por recomposición salarial en prensa! Desde el plenario de delegades de prensa escrita y las asambleas organizadas en nuestro sindicato, exigimos respuestas urgentes en la paritaria», anunció en sus redes sociales el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) el 6 de septiembre.

El viernes de la semana pasada el sindicato de prensa había denunciado: «nuevamente las cámaras empresarias asistieron a la mesa de negociación sin ninguna propuesta de recomposición salarial. Por eso realizaremos asambleas, ceses de tareas y quites de firmas. Frente a la falta de un decreto que confirme el monto anunciado por el gobierno, en la audiencia paritaria de este miércoles 30/8 ante el Ministerio de Trabajo, la parte empleadora del sector de prensa escrita puso esa excusa y planteó un cuarto intermedio en la negociación. Desde el SiPreBA, en representación de les trabajadores, reiteramos que esos $60.000 pesos a pagar dos meses son un primer paso necesario pero no alcanzan para recomponer la gran pérdida de poder adquisitivo y crisis salarial que sufre nuestra actividad», remarcó el SiPreBA.

Y agregó: «reclamamos que las cámaras y empresas del sector, luego de numerosas audiencias en las que no han traído respuestas a nuestros planteos, presenten una propuesta para discutir. Por eso, ante a esta situación, el jueves 31/8 y el martes 5/9 llevaremos a cabo asambleas y ceses de tareas en las redacciones. Asimismo, durante la primera semana de septiembre realizaremos una jornada quites de firmas. La siguiente audiencia en el Ministerio de Trabajo será el miércoles 6/9 y ese mismo día nos reuniremos en plenario de delegades de la rama para evaluar el estado de la paritaria», anunció el sindicato.

Asimismo, desde el SiPreBA pusieron a disposición una calculadora para que los y las trabajadoras de prensa escrita puedan calcular cómo debería ser su sueldo hoy y así «multiplicar» sus razones para participar de la medida de fuerza, dado que «durante años un sindicato ilegítimo acordó con las empresas sucesivas paritarias a la baja«.

Finalmente, en el marco de la jornada de lucha también hubo una reunión abierta por paritarias y condiciones laborales en prensa radial en emisoras comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.

Publicado originalmente en ANRed

                                                                                                                 Foto: Artículo19

Esta semana, el Senado inicia su periodo de sesiones ordinarias, en el cual deberá cumplir con su obligación constitucional de designar a las personas comisionadas faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Desde hace 522 días no se ha elegido a dos personas comisionadas y una tercera vacante tiene un rezago de 157 días; además de que se acumulan más de 100 designaciones pendientes de diversas instituciones. Cabe destacar que el Senado no sólo está incumpliendo sus obligaciones constitucionales sino también se encuentra en desacato de diversas resoluciones judiciales que le han mandatado nombrar a las personas comisionadas pendientes. 

Aún cuando el pasado 23 de agosto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó la suspensión del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para permitirle al INAI sesionar con las cuatro personas comisionadas que lo integran actualmente, esta medida es de carácter provisional y no exime de responsabilidades a la Cámara Alta de nombrar a quienes conformen el Pleno del órgano garante de transparencia. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la conformación de un Pleno integrado por siete personas comisionadas por la magnitud de las responsabilidades que debe cumplir el INAI, entre las que destacan: resolver los recursos de revisión, proteger los datos personales de la ciudadanía cuando las instituciones ponen en riesgo su derecho a la intimidad y confidencialidad e interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad cuando las decisiones del gobierno atentan contra los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

El espíritu de la reforma constitucional de 2014, que consistió en fortalecer el acceso a la información, tuvo como uno de sus elementos clave dotar al Senado de un papel preponderante en la designación de las y los integrantes de los organismos autónomos constitucionales para asegurar su independencia y no con la intención de generar condiciones de incertidumbre y parálisis, como ha sucedido con el INAI desde abril de 2022. 

Si el Senado mantiene su incumplimiento con las designaciones que tiene pendiente, no sólo seguirá en riesgo el INAI sino el futuro de las principales instituciones de nuestro país, ya que discrecional e injustificadamente continuarán acumulándose rezagos hasta dejarlos en imposibilidad de ejercer sus funciones. 

Llamamos al Senado a que de manera inmediata y urgente concluya la designación de las y los comisionados pendientes del INAI a partir del último acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política en mayo pasado y no espere a que otros órganos públicos le enmienden sus tareas. 

                                                                                                 Foto: CimacNoticias

Organizaciones, personas defensoras y periodistas llamaron a las instancias que conforman el Mecanismo Federal de Protección a atender la situación que enfrentan personas defensoras y periodistas en México, además exigieron la implementación de un plan transexenal de gobierno dirigido a revertir las causas estructurales de la violencia y a garantizar condiciones seguras para ejercer su labor periodística y de defensa de derechos humanos. 

A través de un comunicado, las organizaciones, personas defensoras y periodistas dieron respuesta al boletín 445/2023 de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el que se negó que en el Mecanismo haya instrucción para el recorte de medidas o cierre de casos.

Segob también declaró que el “Mecanismo de Protección mantiene la atención al desempeño de sus colaboradores y trabaja para la protección y defensa de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

A lo anterior, las organizaciones respondieron reconociendo los esfuerzos en aumentar el personal y el presupuesto anual del Mecanismo Federal de Protección -política del Estado mexicano para la protección de personas defensoras y periodistas- así como de crear rutas en conjunto con la sociedad civil por medio de un Grupo de Trabajo para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Oficina de la ONU-DH en México para el fortalecimiento del Mecanismo. 

Sin embargo, afirmaron sentirse preocupados por las constantes denuncias realizadas por personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personal que opera al interior de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo sobre el retiro de medidas injustificadas y denuncias por actos de acoso laboral y violencia sexual por parte de directivos de las unidades en contra de mujeres beneficiarias y personal que labora en la institución. 

“Esto se ha visto reflejado en un aumento de amparos, quejas, recursos de inconformidad y denuncias al interior del Mecanismo y en contra de las instancias que lo conforman y hacia su personal, como es la denuncia presentada por la abogada y ex funcionaria del Mecanismo Lucero Muñoz García y el número de inadmisiones de solicitudes de incorporación que han ido en aumento, siendo 2022 el año en el que de 291 solicitudes presentadas 152 fueron inadmitidas, sin que se conozcan las razones ni tampoco las alternativas brindadas”.

Lo anterior, afirmaron, evidencia la falta de protocolos y modelos para la atención de casos de discriminación, acoso y hostigamiento sexual y laboral tanto para el personal operativo como para las personas beneficiarias; una falta de su deber de protección al no garantizar la incorporación de personas solicitantes; la ausencia de la incorporación de enfoques de género e interseccionalidad y su transversalización institucional; esto, sumado a los retrasos en el otorgamiento de los planes de protección y coordinación interinstitucional.  

Acusaron que adicionalmente se suma la rotación constante de personal encargado de las unidades y direcciones, que no permiten dar continuidad a los procesos de institucionalización, así como la falta de traspasos de información y seguimiento a procesos ya iniciados, lo que implica que muchas de las personas que recién ingresan al Mecanismo carezcan del conocimiento técnico necesario en temas de derechos humanos y de seguridad y protección a personas defensoras y periodistas, lo que va en detrimento de los análisis de riesgo y del fortalecimiento técnico que requiere la institución en la atención e implementación de planes de prevención y protección.

“Nos parece fundamental que se fortalezca la relación entre las instancias de Gobierno y el Consejo Consultivo del Mecanismo, que es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y de representación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, garantizando su participación y acceso a información que les posibilite la toma de decisiones conforme lo establece la Ley de Protección y su reglamento”. 

Por lo anterior, hicieron un llamado a la Secretaría de Gobernación a que:

• Ante los actos de denuncia pública de acoso laboral y sexual brindar un informe sobre el estatus de las investigaciones, así como impulsar y fortalecer protocolos de actuación que conduzcan a prevenir y erradicar estos actos al interior del Mecanismo.  
• Sobre los hechos de retiro de medidas y de inadmisiones, presentar un informe pormenorizado de estos y del número de cierre de casos que ha realizado el Mecanismo, y las causas del retiro de las medidas de protección, así como las alternativas brindadas para que ejerzan su labor en condiciones seguras.
• Para el fortalecimiento del Mecanismo, implementar las acciones conducentes al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico de ONU-DH por medio de las rutas elaboradas en conjunto con el Espacio OSC, la Oficina de la ONU-DH, el Consejo Consultivo y las instancias que conforman el Mecanismo Federal de Protección, entre esos FGR, SRE, CNDH y SEGOB. 
• Ante la persistente violencia en contra de personas defensoras y periodistas adoptar planes regionales específicos de protección, en particular en contexto electoral en el que en pasadas contiendas ha habido un incremento de agresiones contra ambas poblaciones. 
• Garantizar la participación con voz y voto de las y los integrantes del Consejo Consultivo en todas las decisiones de la Junta de Gobierno, tal como establece la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Entre las firmantes están las organizaciones que integran el Espacio OSC, algunas son: Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México, entre otras.