Mecanismo de Protección de SEGOB deja en desamparo a periodista desplazada

                                                                                    Foto: Artículo19

 

Las organizaciones, periodistas y activistas firmantes rechazan el retiro inmediato de refugio a la periodista Yanely Fuentes Morales, por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, mismo que tendrá lugar en un contexto de graves irregularidades en el actuar del Mecanismo.

El día 30 de agosto, Yanely Fuentes Morales, víctima de desplazamiento forzado interno desde julio del 2019, recibió mensaje vía WhatsApp de un empleado de RCU, empresa arrendadora de los servicios de protección que otorga el Mecanismo, en la misma se le indicó que debía entregar su refugio al día siguiente.

La empresa RCU se comunicó el día de hoy indicando que el Mecanismo había confirmado el término de la medida de Refugio, además de que la tarjeta de despensa ya se encuentra cancelada. Momentos más tarde, se presentó personal de la empresa y suspendieron el servicio de luz y gas, esto sin que exista comunicación por parte del Mecanismo, dejando a la periodista en incertidumbre, abandono y vulnerabilidad.

Esta situación ha generado un desgaste en la periodista, quien en propias palabras indica: 

Solo quiero que mi vida siga con la seguridad de que puedo volver con dignidad a casa, ahí donde mi abuelita sembró mi ombligo, ahí donde mi vida por fin volverá a ser lo que debió. Quiero vivir y saberme libre. El desplazamiento solo fue la pausa a la muerte, una pausa que ya no vale si emocionalmente me acabaron. Sin plan de retorno mi regreso estará vacío y solo será la continuidad de aquello por lo que tuve que huir.

Antecedentes de violencia.

Desde el 2016, Yanely comenzó a realizar investigaciones sobre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que creó la Policía Comunitaria de Guerrero, conocida como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). 

A través de su labor periodística en Diario Alternativo, evidenció denuncias de detenciones arbitrarias y violencia física y posibles robos realizados por la policía comunitaria. Fue desde entonces que Fuentes comenzó a ser víctima de amenazas e intimidaciones por parte de la UPOEG y la CRAC.

Derivado de las constantes agresiones y el riesgo latente en que la periodista se encontraba, el 4 de julio de 2019 Yanely  se vio forzada a desplazarse fuera de Guerrero. A lo largo de 4 años, ya fuera de la entidad, la periodista siguió siendo objeto de ataques y ha tenido diversos incidentes de seguridad, incluso y a pesar de contar con el acompañamiento de seguridad federal, las agresiones también ocurren cuando acude a visitas periódicas a Guerrero para visitar a su  su familia.

Sin Plan de retorno.

Yanely ha manifestado su deseo de retornar a su localidad, sin embargo, ha enfatizado que esto podrá realizarse sólo hasta que exista un plan de retorno adecuado que genere las condiciones de seguridad necesarias para que pueda recuperar su proyecto de vida. Por lo que se planteó en la última Junta de Gobierno que tuvo la periodista el 17 diciembre de 2021, una serie de mesas de trabajo con las autoridades de Guerrero y de su localidad, para definir condiciones de seguridad para un plan de retorno. 

2023.

En enero de 2023 no se tuvo comunicación con Mecanismo referente al plan de retorno y las mesas de trabajo. Fue hasta el 10 de febrero de 2023 cuando se le notificó mediante correo que en la Junta de Gobierno con registro JD/ORD/030/2023, la Coordinación Ejecutiva Nacional daría por finalizado el arrendamiento del inmueble destinado para refugio de seguridad de la periodista, siendo el caso que se dará por terminado el día 31 de julio de 2023, “sin necesidad de realizar una evaluación”.

Debido a que los meses pasaban y no existía comunicación del Mecanismo para reactivar su ṕlan de retorno y las mesas de trabajo, y dado que la fecha de término de medida se acercaba, la periodista preocupada buscó una reunión con el Mecanismo, esta se llevó a cabo el 14 de junio de 2023, estando presentes el director de la Segunda Unidad Cristian de la Rosa y la persona encargada del caso, Fabian Reyes Trujillo:

  • En esta reunión de junio 2023 celebrada con el Mecanismo, se indicó nuevamente lo ya acordado respecto al plan de retorno seguro a través de las mesas de trabajo con autoridades de Guerrero y del Municipio de Marquelia, Copala y San Luis Acatlán. Se manifestó también la necesidad de una reevaluación de riesgos tras las mesas de trabajo para poder construir el plan de retorno adecuado con las condiciones de seguridad para Yanely.

El 18 de julio de 2023 Yanely recibió un audio vía Whatsapp de Reyes Trujillo, en este se le preguntó sobre la viabilidad para llevar a cabo la continuidad de las Mesas de Trabajo el 21 de julio, sin indicar que era una reunión establecida ni recibir ninguna notificación. Fuentes no confirmó pues en la fecha propuesta no podía atender la reunión por temas personales, situación que informó al momento de la propuesta. Esta reunión finalmente no se concretó.

Posteriormente, sin consultar disponibilidad de tiempo, el 24 de julio de 2023 se le notificó vía correo electrónico que la fecha de reunión para construir su plan de retorno se había fijado para el día 10 de agosto en el municipio de Marquelia. Reunión a la que la periodista contemplaba acudir aún sin haberle consultado si tenía oportunidad de hacerlo.

Debido a temas familiares de emergencia que debía atender, la periodista informó al Mecanismo el día 8 de agosto, que le sería imposible confirmar asistencia a la reunión. El día 9 de agosto, recibió correo electrónico de Fabian Reyes Trujillo, dónde se indicó que la mesa de trabajo se celebraría con diferentes autoridades de Guerrero sin contar con la presencia de la periodista. 

  • La reunión del 10 de agosto 2023 se llevó a cabo y se le envió a Yanely la minuta de ésta, donde los acuerdos serían que la Secretaría de Gobierno y el municipio de Marquelia otorgarán números de contacto de emergencia, la Coordinación de la Unidad de Evaluación de riesgo girará un oficio al enlace por convenio del Estado de Guerrero para que se brinde un apoyo de bienestar social; y finalmente, una vez que se conozca el domicilio de retorno se realizará una visita técnica para valorar la instalación de medidas de infraestructura. Estos acuerdos no constituyen un plan de retorno, Yanely inició Recurso de inconformidad pues esta mesa no puede ser validada sin su participación y sin escuchar su opinión en lo que respecta a su proyecto de vida y construcción de un plan de retorno con condiciones de seguridad adecuadas. 

El 23 de agosto de 2023, el Mecanismo emitió un oficio por correo electrónico en el que mencionó que había convocado a las autoridades gubernamentales estatales y municipales para una reunión programada el 21 de julio. En este documento, se indicó que Yanely había cancelado su asistencia a dicha reunión. Es importante mencionar que la periodista no recibió una notificación oficial de la convocatoria para esta reunión, ni tampoco las minutas de las reuniones internas con el Mecanismo. Esta situación genera incertidumbre, ya que anteriormente, el 18 de julio, cuando se le informó sobre la reunión prevista para el 21 de julio, Yanely expresó que no podía asistir.

Sin una propuesta de plan de retorno y sin una nueva notificación de fecha actualizada de retiro de refugio, el 30 de agosto RCU se comunicó con ella para indicarle que acudirían al siguiente día al domicilio para que haga entrega de este. La periodista se comunicó con el Mecanismo para manifestar esta situación, en las comunicaciones, el director de la Segunda Unidad, Cristian de la Rosa le indicó que la reunión se llevó a cabo y no era problema del Mecanismo que ella no pudiera asistir.

2022.

De acuerdo al Plan de Protección, las mesas estaban previstas iniciarse en enero de 2022, pero no existió ninguna comunicación por parte del Mecanismo, cuando Yanely preguntaba por las mesas, solo le decían que no podían cuadrar fechas, ya que todo dependía de la disponibilidad del gobierno de Guerrero. Fue hasta el 15 de julio de 2022 cuando la periodista recibió convocatoria formal para celebrar la primera mesa de trabajo con fecha 20 de julio del mismo año en Chilpancingo, Guerrero.

  • El 20 de julio de 2022 se tuvo la primera mesa de trabajo con autoridades del estado de Guerrero; la periodista estuvo presente, sin embargo, no asistieron los municipios convocados, Marquelia, Copala y San Luis Acatlán, por lo que los acuerdos carecen de compromisos reales, aún así se tomaron los siguientes: 

-Se hará evaluación de riesgo en agosto, lo cual no se cumplió

-El secretario general de gobierno tendrá diálogo con la UPOEG y la CRAC, sin cumplimiento

-Llevar a cabo una mesa de trabajo con CEAV, FEADLE y Mecanismo, sin cumplimiento

-Próxima mesa de trabajo para principios de septiembre ya con todos convocados, federal, estatal y municipal, la cual no se llevó a cabo

Sin haber recibido minuta de la primera mesa celebrada; para la segunda mesa, se propondrán fechas para llevarse a cabo en el mes de septiembre de 2022, con el objeto de presentar un avance del análisis de cumplimiento de los acuerdos y trabajar el plan de retorno para Yanely; sin embargo, no se convocó la reunión, tampoco se llevaron a cabo los acuerdos. En ese mismo mes estaba indicado que se terminaría la medida de refugio.

El 14 de septiembre de 2022, se comunicó Luis Pablo Ballesteros, entonces director de la Segunda Unidad, vía llamada, para indicarle que habían valorado su caso internamente en el Mecanismo y veían imposible un retorno a Guerrero; por lo cual veían pertinente la reubicación permanente a otro estado. Yanely rechazó en la comunicación esta propuesta y se acordó nuevo contacto en octubre, mes en que le notificaron que se ampliaba la medida de refugio pero se terminaba el 31 de diciembre de 2022.

El 8 de diciembre de 2022 se sostuvo una reunión con Ballesteros, en dónde se acordó reactivar las mesas de trabajo en enero de 2023 y se plantearía a la Junta de Gobierno la posibilidad de extender un año más la medida de refugio para que la periodista retornara en diciembre del 2023. Independientemente de la extensión de la media, durante ese tiempo el compromiso era trabajar en el plan de retorno. El tiempo transcurrió sin tener comunicación con el Mecanismo respecto al plan de retorno.

Toda esta relatoría de irregularidades hace evidente una falta de compromiso del Mecanismo para cumplir su objetivo de garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de periodistas que se encuentran en una situación de riesgo derivada de su labor. Asimismo, es preocupante que no se den cumplimiento a los acuerdos establecidos garantizando que las personas beneficiarias sean partícipes en la toma de decisiones que tienen que ver con su integridad y su vida.  

Este es uno de los graves casos que refleja a un aparato institucional que revictimiza y violenta los derechos humanos, dejando en este caso, a la periodista  sin un techo para vivir, sin contar con un plan de retorno, sin investigaciones que aseguren la no impunidad y garantías de no repetición. Por lo anterior, quienes firman este documento, exigen al Mecanismo de Protección que evalúe el contexto de la periodista Yanely Fuentes Morales con enfoque de género e interseccional,  garantizando su seguridad, integridad y vida, atendiendo de manera urgente su situación.

Además se debe construir de manera pronta y atendiendo al principio pro persona un esquema puntual de seguimiento, para que el retorno de la periodista se lleve de manera adecuada tomando en cuenta su participación a fin de que sea sujeto y no objeto de derecho. 

Firmas

Comunicación e Información de la Mujer A.C.

Consorcio Oaxaca

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Periodistas Unidos

FotorreporterosMx

Colectivo Mujeres Tierra A.C.

Alejandro Meléndez

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Las organizaciones que integran el Espacio OSC son: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentarios y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

Colectivo Libres y Combativas

Jorge Meléndez

Martin Durán Romero, periodista sinaloense

Jacob Morales Antonio-Guerrero

Paulina Ríos, Página3

Carolina Fiesco Sánchez, Activista

Dulce María Lara. Activista feminista

Yamil Ali Pacheco Romero de Taxco, Guerrero.

Marlene Martínez

Gabriela Rasgado Martínez, de Veracruz

Sabina Torres Cano

Ámbar Barrera

Luis Nava

Asamblea Tenemos Que Hablar – Seccion Estado de México.

Diario Alternativo

Red Periodistas de a Pie 

Alianza de Medios de la Red Periodistas de a Pie

Letra Fría, de Jalisco

LadoB, de Puebla

La Verdad de Juárez 

Página 3, de Oaxaca 

Pop Lab, de Guanajuato

Raíchali, de Chihuahua

Elefante Blanco, de Tamaulipas

Istmo Press, de Oaxaca 

Pie de Página,de Cdmx

Perimetral, de Jalisco

Revista Espejo, de Sinaloa

Chiapas Paralelo

ZonaDocs, de Jalisco

Carmen Aggi, Jalisco 

Ernesto Aroche, Puebla 

Mely Arellano, Puebla 

Pedro Matías, Oaxaca 

Paulina Ríos, Oaxcaa

Rocío Gallegos, Chihuahua 

Arnoldo Cuéllar, Guanajuato 

Jaime Armendáriz, Chihuahua 

Patricia Mayorga, Chihuahua 

Carlos Manuel Juárez, Tamaulipas 

Diana Manzo, Oaxaca

Kau Sirenio, Cdmx

Jade Ramírez, Jalisco 

Marcos Vizcarra, Sinaloa 

César Hernández, Sinaloa 

Andrés Domínguez, Chiapas

Dalia Souza , Jalisco 

María Teresa Juárez, Cdmx

Aranzazú Ayala

Daniel Cortés

Daliri Oropeza, periodista independiente

 

 

Francisco Cabeza de Vaca amenaza de acciones legales a periodista

                                                                                                  Foto: Artículo19

 

ARTICLE 19 condena la amenaza legal en contra de Martha Olivia López, directora del medio digital En un 2×3, corresponsal del Canal Catorce del SPR, colaboradora de Astillero Informa y Rompeviento TV, por parte de Francisco Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas.

Los hechos ocurrerion después de que la periodista publicara una nota informativa sobre restos humanos encontrados en fosas clandestinas en el ejido La Retama, Tamaulipas, el cual es presuntamente propiedad de Cabeza de Vaca. En la nota, la directora de En un 2×3 cita como referencia un informe de marzo de 2021 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El pasado 25 de agosto el ex funcionario negó los hechos y publicó en su cuenta de Twitter que se reservaba el derecho de proceder legalmente contra el autor de la nota

Este tipo de amenazas busca amedrentar la libertad de expresión de periodistas y medios al intimidar a la prensa para que no se publique cierta información sobre el actuar de personas funcionarias públicas. 

Estos discursos amenazantes no deben tener cabida en un país como México, donde el uso arbitrario de las normas en contra de la prensa se ha vuelto una práctica común. Tan sólo el año pasado, ARTICLE 19 documentó 32 casos de acoso judicial en México; un promedio de 2.6 procedimientos administrativos y judiciales mensuales contra medios de comunicación y periodistas.

En vista de lo anterior, ARTICLE 19 exige a Francisco Cabeza de Vaca abstenerse de emitir discursos amenazantes en contra de la prensa, así como abstenerse de abusar de los recursos públicos iniciando procedimientos judiciales contra Martha Olivia López.

 

 

Renuncia comisionada de búsqueda Karla Quintana; fue por presiones “de arriba”

                                                                                                        Foto: Monserrat Cárdenas

 

Este miércoles 23 de agosto, en sus redes sociales, Karla Quintana Osuna —quien desde febrero de 2019 encabezaba la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)— informó que presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. No explicó los motivos, solo mencionó que fue “en virtud de los contextos actuales”, aunque trascendió que se debió a su negativa al método de depuración del padrón de personas desaparecidas que se ordenó desde Presidencia en mayo pasado.

Fuentes consultadas por A dónde van los desaparecidos aseguraron que la petición de renuncia a Quintana Osuana, así como a sus directores generales, fue solicitada por autoridades “más arriba de la Segob [la Secretaría de Gobernación]”. 

Al momento de su salida de la institución, en el portal de la CNB se publicaron extractos de la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que, durante todo el sexenio, la comisión se negó a hacer públicas y que ahora podían ser descargadas y consultadas de manera libre. La base completa cuenta con 292,525 casos de desaparición, de los que 111,045 personas continúan sin ser localizadas, 168,256 fueron encontradas con vida y 13,224 se determinó que habían fallecido.


“Es demasiado tarde, debía de haber renunciado hace mucho. ¿Cómo una funcionaria pone su renuncia en una cuenta de Twitter y ni la Segob ni Alejandro Encinas la han publicado? ¿Qué significa la renuncia ‘en el contexto actual’? Que quieren rasurar la base de datos y que, supongo, ella se negó”, señaló el especialista Jacobo Dayán, quien ha seguido de cerca la realización del censo del presidente López Obrador.

Criticó también que el RNPDNO sigue incompleto, no incluye cuántas personas desaparecidas fueron encontradas vivas o muertas. “El resto de la ecuación también falla: el censo de fosas clandestinas y comunes, de cuerpos y la base genética que supuestamente tiene la Fiscalía General de la República, no es público”, señaló.

De acuerdo con una fuente consultada, el conflicto al interior del gabinete comenzó cuando se publicó que en el sexenio actual se superó el récord de desapariciones de las administraciones anteriores y que, en promedio, cada hora desaparecía una persona. Ante este panorama, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, impulsó que se realizara una revisión de los casos de desaparición que, el pasado 9 de junio, el presidente anunció como un “censo”.

Los métodos con los que se comenzó a verificar si había personas desaparecidas que estaban vivas y habían vuelto a sus hogares fueron considerados revictimizantes por los colectivos de familias buscadoras, como informó este medio.

La comisionada Quintana habría estado en contra de los procedimientos para realizar el denominado censo y, en consecuencia, fue marginada del proceso. El alejamiento también fue con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien había sido su aliado.

En su edición de agosto, la revista Proceso publicó que el presidente manifestó en una reunión ante los 22 gobernadores de Morena y otros aliados su falta de confianza en Quintana. Esto ocurrió el 23 de mayo, dos semanas antes del anuncio del censo para depurar la cifra de personas desaparecidas.

“La comisionada quería que no se rasurara [el censo] si no se presentaban pruebas de vida o muerte de que las personas habían aparecido, y que el aval de eso fueran las fiscalías”, confió una de las fuentes consultadas para esta nota.

Desde el 19 de julio de este año, A dónde van los desaparecidos publicó que funcionarios de la CNB, comisiones estatales de búsqueda y servidores de la nación visitaron domicilios de familias de personas desaparecidas en, al menos, cinco estados para preguntar por su pariente, alegando que aparecía en las listas de vacunación por covid-19, sin proporcionarles más información. 

En algunos casos, los funcionarios iban acompañados por personal de la Guardia Nacional e incluso pidieron inspeccionar algunos hogares para cerciorarse de que los familiares decían la verdad. También se enviaron oficios, vía correo electrónico, con la misma información: el pariente desaparecido se había vacunado, pero no se contaba con más datos. Esto alimentó la esperanza de familiares en búsqueda de que sus seres queridos estaban vivos. Cuando pidieron detalles, no se les proporcionó.

Ante el escándalo, López Obrador reconoció en su conferencia mañanera que se llevaba a cabo un programa de búsqueda “casa por casa”. La CNB nunca aclaró la metodología y los protocolos con los cuales se llevaban a cabo esas visitas, tampoco respondió a las críticas. 

Este medio publicó que las comisiones de búsqueda de Hidalgo, Coahuila y Durango afirmaron que el programa de visitas a los domicilios permitió encontrar un alto número de personas registradas como desaparecidas, cuyo nombre surgió a partir de distintos cruces de padrones sociales con el RNPDNO, las cuales no habrían sido dadas de baja del padrón. 

En Coahuila, por ejemplo, de una lista de 80 personas, presuntamente encontraron entre 60 y 70; esto desató las críticas de los colectivos de familiares.

El legado de Quintana

Quintana Osuna fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también fungió como directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Inició su gestión al frente de la CNB en febrero de 2019, con el respaldo de López Obrador y el subsecretario Encinas. Se decía que era cercana a la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exministra de la SCJN. 

En 2021, Quintana se postuló para ocupar el cargo de secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que le valió críticas de las familias de las víctimas de desaparición.

Entre las acciones que destacan durante sus más de cuatro años en el cargo está la denuncia que puso contra su antecesor, Roberto Cabrera, por entregar la base de datos genética de familiares de personas desaparecidas a un laboratorio privado; sus visitas de campo a fosas y centros de exterminio; la creación de una base de datos de fosas comunes; el apoyo a entidades federativas para la creación de infraestructura forense, el cruce masivo de información para dar con indicios de posibles localizaciones y la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana

Sin embargo, su labor también se vio eclipsada por el retraso de más de cuatro años para la elaboración del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, su negativa para publicar la base de datos del RNPDNO —a pesar de un fallo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai)—, señalamientos de injerencia en el trabajo del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y la incapacidad para lograr coordinarse con la Fiscalía General de la República (FGR).


“Es un sistema quebrado, mientras que tenga que articularse la FGR con la CNB. Ella tenía que haber renunciado antes, desde que el INAI le ordenó publicar la base. ¿Por qué no te vas si el presidente dice que no te tiene confianza, y si respalda al fiscal y manda a servidores de la nación a hacer el censo [de desapariciones] o si los militares no te dejan entrar cuando revisan las bases militares? Cuando pasa eso te tienes que ir”, señaló Dayán en entrevista.

La funcionaria renunció en medio de la conmoción nacional por la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto, y la publicación de un video en el que se les ve privados de su libertad.

Organizaciones civiles, activistas y periodistas lamentaron su renuncia en redes sociales. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) advirtió que su salida podría “revertir avances o incluso para manipular el registro [nacional] de personas desaparecidas con el fin de presentar un descenso ficticio en tiempos electorales”.

Para esta nota se pidió una entrevista con la exfuncionaria, pero no fue concedida.

Esta mañana, en su conferencia, López Obrador, al abordar el tema dijo que desconocía las razones que tendría la excomisionada para renunciar, pero mencionó que “yo creo [que Quintana] cerró un ciclo, somos libres“. Mencionó que corresponde a la actual titular de Segob, Luisa María Alcalde, nombrar su relevo.

 

 

Emprenden campaña de desprestigio y agresiones digitales contra Reportar Sin Miedo en Honduras

                                                                                                                   Foto: Artículo19

 

A raíz de la publicación de la investigación “Los secretos de Próspera”. el medio de comunicación independiente Reportar Sin Miedo, de Hondurasha sido objeto en las últimas tres semanas de una férrea campaña de desprestigio y de ataques en el espacio digital por parte de los propietarios de estas empresas. ARTICLE 19 hace un llamado a salvaguardar la integridad física y personal de las quienes trabajan en el medio y garantizar el libre ejercicio del periodismo de investigatición y la libertad de expresión.

El reportaje revela la procedencia de las riquezas de las empresas que desarrollan las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) de Próspera y Morazán y los métodos empleados para la obtención de dichos bienes. Esto, a través de secretos jurídicos sobre la compra de tierras y la creación de la ZEDE en Roatán en las Islas de la Bahía, en Honduras.

Los hostigamientos han estado dirigidos al equipo de periodistas del medio y han venido acompañados de un discurso estigmatizante e incitaciones a ataques hacia Reportar Sin Miedo, poniendo en evidente peligro al equipo periodístico del medio de comunicación. Se han documentado hechos concretos, tales como insultos discriminatorios de parte de la compañía contra el medio en redes sociales y en físico. Las agresiones en el espacio físico se han constatado en el curso de dicha investigación, cuando integrantes del medio han sido perseguides por coches, les han tomado fotografías y han experimentado atentados que vulneran sus instalaciones de trabajo. 

Reportar Sin Miedo interpuso una denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Dirección General del Sistema de Protección, donde a través de la Resolución No. SEDH-DGSP-R/O-O57-2023, donde quedaron establecidas en acta la serie de agresiones que han recibido en los ámbitos físico y digital. 

Las violencias y agresiones contra integrantes del medio Reportar Sin Miedo, no se limitan a la campaña de desprestigio derivada de la investigación “Los secretos de Próspera”, sino que desde el año pasado se vienen dando de manera reiterada, derivado del trabajo investigativo y de la apuesta política de medio de hacer un periodismo encarnado desde la diversidad sexual y de género con enfoque feminista, por lo que las agresiones no se han suscrito solo a los temas que abordan en sus  trabajos periodisticos, sino que se dan junto a una serie de insultos que buscan dañar sus subjetividades, corporalidades e identidades sexo-genérica y de salud a nivel individual. 

Desde ARTICLE 19 hemos documentado que el  25 de marzo del 2022 hubo un  intento de secuestro del sobrino de la Directora en la entrada de la oficina del medio de comunicación.  El 1 de noviembre del 2022 hubo un secuestro exprés y robo de equipo con las claves de uno de sus periodistas, quien ha recibido agresiones derivadas de orientación sexual y quien ha sido sistemáticamente atacado, haciendo que se encuentre en una situación constante de estrés postraumático y ansiedad crónica, diagnosticandole distimia, trastorno depresivo recurrente episodio actual leve, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico, todo esto derivado del estado constante de agresiones. El 15 de marzo de 2023 Reportar Sin Miedo recibió una amenaza  por parte de una persona funcionaria pública de una alcaldía, diciendo “que dejaran de seguir con las denuncias y la investigación sobre las personas que actualmente ocupan cargos públicos, y que están siendo involucrados con actos inmorales…” sobre esta amenaza, existe la nota de comparecencia ante el Mecanismo de Protección. El 26 de marzo de 2023 uno de sus periodistas sufrió un robo de su equipo de cómputo, leyéndose estos incidentes y agresiones, como una forma reiterada de intimidación y llamado de silenciamiento al medio, derivado por un lado  de la agenda feminista y de la diversidad sexual que tienen, y por otro; por las investigaciones que realizan que comprometen intereses privados y públicos, que vulneran derechos de poblaciones marginalizadas. 

En palabras de la periodista Dunia Orellana, directora de Reportar Sin Miedo, “todos las amenazas, atentados, ataques, censuras y campañas de odio han tenido un efecto dañino en la salud física y mental de todo el equipo de Reportar sin Miedo. El objetivo es claro y es querer callarnos, aún con todos estos ataques hemos seguido adelante reportando, escribiendo e investigando todo los hilos del poder que van más allá de cualquier gobierno, no estamos dispuestas a callar ni a ceder un centímetro ante las presiones de los grupo poderosos de Honduras”. 

Investigar, informar, comunicar y ejercer un periodismo libre e independiente, no debería costarle la vida a nadie, es por ello, que desde ARTICLE 19 vemos con preocupación esta situación, por lo que le recordamos al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, su deber de promover condiciones generales en Honduras para ejercer el periodístico y  la libertad de expresión de manera segura, un elemento sine quo non para cualquier democracia y Estado de Derecho, es garantizar la pluralidad de voces y las condiciones para ejercer periodismo de investigación y libre ejercicio de la libertad de expresión. 

También le recordamos a la Ministra Natalie Roque Sandoval, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, de donde depende el Mecanismo de Protección de Periodistas, Personas Derechos Humanos y Operadores de Justicia, dar adecuado seguimiento y debida diligencia al caso, brindando con prontitud  las medidas colectivas solicitadas por el Colectivo Reportar sin Miedo, de manera efectiva, con el objetivo de salvaguardar su protección y seguridad.

De igual forma, hacemos un llamado a investigar los ataques físicos y digitales contra el medio Reportar Sin Miedo, tomar acción para que cesen de inmediato, garantizar el derecho al libre pensamiento y la libertad de expresión del periodismo independiente en Honduras, y en particular, garantizar la integridad física y personal de las personas integrantes del medio que han sido objeto de ataques, amenazas y acciones de intimidación. 

 

 

Asesinan a otro líder campesino en Colombia

                                                                                 Foto: Desinformémonos

 

Marcos Fidel Jiménez Bohórquez era un reconocido líder campesino en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. También hacía parte del Comité de Conciliación de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Poza, en el municipio de Cantagallo, Bolívar, región que limita con el municipio de Segovia, Antioquia.

Este líder campesino fue secuestrado y luego asesinado en la zona rural en la vía entre Rancho Quemado y Mina Nueva en Segovia.

Desde hace meses, las comunidades buscan urgentemente soluciones frente a los enfrentamientos de grupos armados y denuncian que los paramilitares vienen operando con la complicidad de las fuerzas militares.

La Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas desde 2020 y 2022 para los municipios de Cantagallo y Segovia, alertando sobre la grave situación en la región que enfrentan líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Las comunidades denuncian que enfrentan la imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados.

En la región operan grupos paramilitares del Clan del Golfo (AGC), las disidencias de los frentes cuatro y 37, la Segunda División de las Fuerzas Militares y el grupo insurgente ELN.

El líder campesino era un reconocido dirigente en la región a quien sus vecinos le llamaban «Pedro Vaca», el cual vivía en la vereda La Poza de Cantagallo. Del mismo modo pertenecía a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – Red Agroecológica Nacional, ACVC-RAN.

La Caravana Humanitaria

La difícil situación humanitaria en la zona rural de Segovia obligó a las comunidades y organizaciones sociales a realizar una Caravana Humanitaria en la región para denunciar la gravedad de la situación.

Defensores de derechos humanos, observadores internacionales, instituciones y organizaciones sociales llevaron a cabo la caravana humanitaria los pasados 31 de julio hasta el 2 de agosto, debido a la incursión paramilitar del Clan del Golfo.

Durante la Caravana, las comunidades denunciaron la llegada de los paramilitares con el fin de controlar esta zona minera, además de los enfrentamientos con la insurgencia del ELN, grupo que ha hecho presencia histórica en la región.

Complicidad entre militares y paramilitares

Las comunidades denuncian que la fuerza pública es permisiva con el grupo paramilitar, ya que nunca los confrontan.

A esto se suma una constante negligencia por parte de las instituciones locales, entre ellos el gobernador de Antioquia, el alcalde de Segovia y el personero, quienes se niegan a reconocer la gravedad de la situación.

Las comunidades explican: “Nosotros, como campesinos y vivientes de este territorio, no hemos sentido esa seguridad que nos dé el ejército nacional, porque ya hemos vivido aquí, que el ejército va adelante, y llega y sucede que atrás ya viene el paramilitarismo avanzando, invadiendo el territorio. Ellos van limpiando de las otras organizaciones”.

A pesar de las varias denuncias y alertas por la gravedad de los hechos, aún no existe respuesta por parte del Gobierno nacional.

Con el asesinato de Marcos Fidel Jiménez Bohórquez ya se completan 110 líderes y lideresas asesinados en 2023.

Este material se comparte con autorización de Colombia Informa