Sentencia que exonera a Kamel Nacif abre camino a la impunidad en el caso de Lydia Cacho

 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2021.-El jueves 15 de julio, el Tercer Tribunal Colegiado en el Estado de Quintana Roo otorgó un amparo a José Kamel Nacif Borge, liberándolo de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho. Con esta determinación se abre camino para la absolución del resto de los acusados.

Este órgano judicial señala en esta nueva sentencia que los hechos ocurridos los días 16 y 17 de diciembre de 2005, cuando Lydia fue aprehendida y torturada, no tuvieron relación con la publicación del libro “Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil en México”.

El amparo en revisión (bajo el número 143/2021) fue resuelto por mayoría, con el voto a favor  de Selina Ahidé Avante Juárez, magistrada ponente del asunto, y Graciela Bonilla González, secretaria de tribunal en funciones de magistrada. El voto en contra fue del magistrado Jorge Mercado Mejía.

En abril pasado, el Segundo Tribunal Unitario de Quintana Roo negó un amparo a  Kamel Nacif. Ante ello, el empresario interpuso este recurso de revisión, que finalmente resolvió el Tercer Tribunal Colegiado, en el mismo estado, el pasado 15 de julio, liberándolo de toda responsabilidad.

Con un análisis profundamente sesgado, al momento de valorar las conversaciones telefónicas entre el exgobernador de Puebla, Mario Marín, referenciado en ellas como “el gober precioso”, y Kamel Nacif, reveladas en febrero de 2006, el Tercer Tribunal Colegiado consideró que, cuando Marín dice que acababa de dar “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (sic)”, se trata de una afirmación “vaga y genérica” que en México es utilizada para identificar a una mujer. “Pero ante la falta de precisión de algún nombre, no puede concluirse que entre todas las mujeres del mundo, los que intervinieron en la llamada se referían en específico a la sujeto pasivo [Lydia]”.

En su razonamientos, las magistradas consideraron que “no hay prueba fehaciente” sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que, todo lo sucedido y vivenciado por ella, se reduce a la responsabilidad de los dos policías que detuvieron a Cacho. Incluso, consideraron poco relevante que automóviles propiedad de Nacif acompañaran de forma ilegal a los policías judiciales durante el traslado de Cacho en el trayecto de Puebla-Cancún-Puebla.

Para un país donde la tortura, particularmente la de índole sexual contra mujeres, es una práctica generalizada y la violencia contra la prensa es una constante que se registra cada 13 horas, el mensaje de las autoridades judiciales es devastador al favorecer la impunidad.

La sentencia además denota un profundo desconocimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y tiene una clara intención de exonerar a todos los autores intelectuales. Además, desconoce y contraviene por completo lo determinado en el caso por parte del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018. La resolución del Comité reconoce que la periodista y activista fue detenida arbitrariamente y torturada como medida punitiva con motivo de la publicación del libro “Los Demonios de Edén”, en el que se señalaba a altos empresarios y autoridades involucrados en la explotación sexual infantil, incluyendo a Nacif y Marín.

Lo sucedido está lejos de ser simplemente una mala decisión. En octubre de 2020 la defensa de Lydia Cacho obtuvo información –de una fuente judicial que pidió anonimato– sobre la operación corruptora de Marín y Nacif para evitar una nueva orden de aprehensión, que finalmente fue librada en diciembre de ese año. La fuente señala a exconsejeros de la judicatura federal, que  intervinieron directamente a las y los magistrados.

Las omisiones en las investigaciones de los ataques contra Cacho también fueron señaladas por la ONU. Desde 2005, los poderes judiciales de Puebla y el federal han tenido un papel cuestionable en este caso. El primero, como operador de la denuncia iniciada por Nacif, por los supuestos delitos de difamación y calumnia en contra de la periodista, usándolo como instrumento del poder para castigarla por sus revelaciones sobre las redes de trata en México. El segundo, ante los hechos de tortura, por ser garante de impunidad en contubernio con las redes político criminales que protegen a los implicados. Muestra de ello es la infame resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2007, bajo la cual no se consideraron probadas violaciones graves a los derechos humanos. A todo ello se suma la complicidad de diversos funcionarios que, dentro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y en otras instancias públicas, obstaculizaron el avance de las investigaciones.

En este contexto adverso para la plena vigencia de los derechos humanos, Lydia Cacho y ARTICLE 19 reafirman su compromiso al mantener la búsqueda de verdad, justicia y reparación. No descansaremos hasta que todos los responsables rindan cuentas. Para ello, exigimos:

  • Una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción acontecidos en el seno del Poder Judicial de la Federación. Hacemos eco del ministro presidente, Arturo Zaldívar, sobre la necesidad de depurar el aparato judicial federal en el país. Esta es una nueva oportunidad para ello.
  • Que se garantice una justicia imparcial, independiente y transparente en el resto del proceso en contra de los otros autores materiales e intelectuales.

 

 

Consejo Ciudadano de Morelos rechaza que la Fiscalía mueva cuerpos de Jojutla sin cumplir protocolo de identificación

Facebook: Fiscalía Morelos

 

PRONUNCIAMIENTO

El Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano de Morelos rechaza la intención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos de mover los cuerpos del SEMEFO de Jojutla y de continuar con las inhumaciones sin haber concluido con su correcta identificación.

 

  1. El Consejo reitera su compromiso con los derechos de las víctimas y de sus familiares a que estén informadas sobre los procesos que toman las autoridades del estado sobre la identificación y búsqueda de personas.
  2. El objetivo primordial del Consejo es apoyar en la correcta identificación de las personas para que regresen a sus familiares.
  3. El Consejo cuenta con antecedentes documentados de que en Morelos las autoridades han utilizado fosas comunes irregulares donde han inhumado cuerpos sin una debida identificación y donde se han localizado personas reportadas como desaparecidas, por lo que expresamos nuestra preocupación.
  4. El Consejo cuenta con información confidencial sobre la intención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos de mover cuerpos del SEMEFO de Jojutla a la Zona Metropolitana a partir de la semana del 26 de julio de 2021, sin haber concluido con la correcta identificación.
  5. El Consejo señala que mover y manipular cuerpos sin llevar a cabo los protocolos correspondientes de identificación trascienden en la repetición de las malas prácticas que se han realizado en años anteriores, lo cual resultó en las Fosas de Tetelcingo y de Jojutla – esto lacera la búsqueda, identificación y el regreso a casa de personas desaparecidas.
  6. Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos y principios reconocidos en la Ley General de Víctimas (Art. 5.); Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Art. 2, Sección VII y otros artículos); en el Reglamento del Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano de Morelos en su artículo 1ro, el cual le da origen al Consejo, el 4to, el cual establece que mantendrá a las víctimas y a sus familiares en el centro para lo cual deberá velar por garantizar la protección más amplia de sus derechos, artículo 10 Fracción VI, dar vista a las autoridades competentes sobre irregularidades de actuaciones de servidores públicos y el artículo 26 Fracción IV sobre pronunciamientos, solicitamos las siguientes acciones urgentes:

PRIMERA: Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos suspenda temporalmente las inhumaciones de cuerpos en las fosas del estado hasta que cumplan y realicen todos los protocolos de identificación; así como que detenga las inhumaciones de los cadáveres en el panteón ministerial que se encuentra ubicado en el panteón municipal Jardines del Recuerdo de Cuautla, Morelos.

SEGUNDA: Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos informe a las familias de personas desaparecidas, a la Comisión de Búsqueda del Estado y al Consejo Ciudadano el número total de los cuerpos que se encuentran en los SEMEFOS y de los procedimientos que les están realizando, así como el número de cadáveres a inhumar del SEMEFO de Jojutla, Morelos.

TERCERA: Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, una vez que tenga todos los protocolos concluidos para inhumar los cuerpos, le entregue a la Comisionada de Búsqueda del Estado los números de carpetas de investigación o averiguaciones previas, el archivo básico de periciales que es fundamental para la identificación forense y la información que sea necesaria para dar seguimiento y realizar los cotejos correspondientes.

CUARTA: Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos suspenda el traslado de los cuerpos entre los distintos SEMEFOS del estado, hasta que estén todos debidamente identificados, ya que dichos traslados no estuvieron contemplados e informados en los lineamientos que la Fiscalía del Estado presentó a los familiares de víctimas, a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

QUINTA: Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos comunique de manera oportuna, transparente y entendible a las familias de personas desaparecidas, a la Comisión de Búsqueda del Estado y al Consejo Ciudadano los procesos y manejo de cadáveres.

SEXTA: Que la Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Morelos realice acto de presencia en el SEMEFO del Municipio de Jojutla a partir del lunes, 26 de julio de 2021 para vigilar y oponerse a cualquier traslado de los cadáveres localizados en dicho SEMEFO.

SÉPTIMA: Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos emita una medida cautelar para impedir que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos continúe con las inhumaciones y con el movimiento de cuerpos sin que cuenten con los protocolos de identificación, esto con la finalidad de garantizar una correcta reparación y evitar un resultado de irreparables consecuencias. Esta acción se basa en que hasta este momento no se garantiza que se pueda realizar la plena identificación de los cadáveres inhumados y los que están próximos a inhumarse, ya que el Consejo tiene conocimiento que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos no cuentan con cédula profesional ni con la certificación que acredite que tienen la expertis necesaria que garantice que sus informes sean correctos y, por ende, que la identificación forense sea la correcta.

 

Consejo Estatal Ciudadano para la Búsqueda de Personas del Estado Libre y Soberano de Morelos

 

 

 

Mujeres, más afectadas por la ansiedad que los hombres: ENCOVID-19

 

Por Alaska Juárez/ Desinformémonos

De acuerdo con la más reciente Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19), correspondiente a marzo de este año, las mujeres y las personas de bajo nivel socioeconómico fueron las que presentaron síntomas severos de ansiedad.

La Dra. Graciela Teruel, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la IBERO, dijo respecto a este tema que, de abril de 2020 a marzo de 2021, el 31% de la población, es decir, 1 de cada 3 mexicanos, presentó este tipo de afectación.

“Cuando vemos la distribución de los padecimientos en niveles socioeconómicos bajo, medio y alto, vemos que para los niveles socioeconómicos bajos esta prevalencia es casi el doble” agregó.

Respecto a los resultados entre hombres y mujeres, los primeros presentaron síntomas severos de ansiedad más bajos que las mujeres. En el caso de ellas, la prevalencia se mantuvo alta, siendo las más afectadas con un 36% sin ningún cambio de diciembre del año pasado a marzo de 2021.

En cuanto a los resultados de acuerdo a la evolución del porcentaje de la población de 18 años o más con síntomas de depresión, el 28% de los encuestados sufre de este tipo de afectaciones.

Sin embargo, “son los de menor nivel socioeconómico los que presentan índices mucho más altos, lo cual se puede deber a que tienen mayores niveles de estrés y mayores dificultades en general para hacerle frente a todas las presiones y necesidades económicas que conlleva esta crisis”, concluyó la Dra. Graciela Teruel.

La ENCOVID-19 parte de una encuesta telefónica que recaba información desde que azotó la pandemia y se relaciona con cuatro indicadores principales: desocupación, ingresos, acceso a la alimentación y salud mental.

En la presentación participaron la Dra. Graciela Márquez, vicepresidenta del INEGI; Dr. Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional, perteneciente a la Universidad de Oxford; Dr. Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; y Rogelio Gómez Hermosillo, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

 

 

Este material se comparte con autorización de la IBERO

 

 

 

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México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia

 

En un contexto agravado por la pandemia del covid-19, siendo el cuarto país del mundo en número de muertes causadas por la pandemia, las víctimas de tortura en México aumentan. Un nuevo informe publicado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Todos los Derechos para Todos (TDT) revela un aumento de la población carcelaria, de la violencia a manos de los cuerpos de seguridad y el abandono de los derechos y necesidades básicas de los migrantes. Es más urgente que nunca que se establezca una política pública para hacer frente a las necesidades de miles de personas en una situación de alto riesgo de tortura y otros malos tratos.

A pesar de la aprobación Ley de Amnistía y otras figuras legales no se ha reducido la sobrepoblación carcelaria, por el contrario, esta ha aumentado de forma significativo en 2020 – más de 14,000 personas -. Entre las personas privadas de libertad, se han documentado 3456 casos de contagio por SARS-COV-2.

También preocupa la información sobre la falta sistemática de atención de las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo en estaciones migratorias que continúan llenándose en un contexto de creciente securitización de las fronteras y controles migratorios. El uso recurrente de la fuerza dentro de dicho espacios, en los corredores y contra las caravanas de migrantes también ha sido constante y agravado.  

Durante la misión, también se observó un recrudecimiento de la represión, por parte de fuerzas de seguridad civiles y militares, en el marco del cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia (toques de queda, uso obligatorio de cubrebocas, restricciones a la circulación, etc.), así como en el contexto de acciones de protesta en diversas regiones del país, siendo las protestas en Jalisco en junio de 2020 un caso emblemático. En múltiples incidentes se registró que las personas manifestantes fueron detenidas de manera arbitraria, incomunicadas y sometidas a tortura (incluida tortura sexual) y otros malos tratos.

El informe sintetiza los hallazgos de la misión virtual de seguimiento a la implementación de las Observaciones Finales (2019) del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) a México, realizada en febrero de 2021. Entre las recomendaciones clave del CAT, destaca la urgencia de adoptar y publicar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, pendiente desde la adopción de la Ley contra la Tortura de 2017.

“La particularidad de esta misión es que en vez de posponerla a causa de las restricciones derivadas de la COVID-19, fue llevada a cabo de forma virtual. Esta fue la primera misión virtual que realizamos”, destaca Olga Arnaiz Zhuravleva, representante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). Fue positiva la apertura que tuvieron varias autoridades a la hora de concertar reuniones con la delegación internacional y agradecemos la oportunidad que tuvimos de hablar con sobrevivientes que quisieron compartir sus testimonios y frustraciones, así como el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil alrededor de esta iniciativa”.

El informe muestra que estas frustraciones están aumentando debido a la falta de mecanismos adecuados para asistir y proporcionar reparación a las víctimas así como para proteger a las personas en riesgo. Instamos a las autoridades a tomar medidas para abordar estas necesidades urgentes.

“Seguimos teniendo cifras ínfimas de sentencias condenatorias frente a las miles de denuncias que siguen sin avanzar, reconocemos que hay esfuerzos positivos, pero son insuficientes frente a la magnitud del problema”, dijo Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). “Solicitamos una explicación pública de las autoridades competentes sobre la situación del Programa Nacional para Prevenir Sancionar la Tortura. Este programa es un instrumento vital para retomar el diálogo con la sociedad civil, proteger a las víctimas y luchar contra la impunidad.”

 

Lea el informe completo en la siguiente liga:

https://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/Tortura-e-impunidad-en-tiempos-de-pandemia.pdf

 

Asesinatos, agresiones, riñas, suicidios… recuento de la violencia en cárceles de Colima

 

COLIMA, Col.- Los brotes de violencia registrados en los años recientes en torno a los centros penitenciarios de la entidad, particularmente el Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta capital, han cobrado la vida de presos, custodios y hasta directivos, además de otros que han sufrido lesiones e incluso algunos que presuntamente han cometido suicidio.

En la mayoría de los casos, como lo han reconocido las propias autoridades, el desbordamiento de la violencia se ha generado por choques entre grupos de presos pertenecientes a bandas delincuenciales rivales.

El hecho más reciente ocurrió este miércoles 21 de julio, cuando en medio de una riña un preso resultó herido y requirió que una ambulancia lo trasladara a un hospital para su atención médica.

Como ocurre normalmente ante este tipo de situaciones, ante los primeros reportes sobre los disturbios que ocurrían al interior del reclusorio, se presentaron al lugar varias unidades móviles con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), así como paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal, los hechos violentos se derivaron de una serie de problemas existentes entre grupos de internos que se enfrascaron en un enfrentamiento, en uno de los módulos de las instalaciones del centro penitenciario.

La SSP dijo que elementos de la Policía Estatal con equipo antimotines llegó a las instalaciones del Cereso de Colima para apoyar en el despliegue operativo, sin embargo, no hubo necesidad de ingresar al inmueble debido a que personal de seguridad del centro penitenciario ya había logrado controlar la situación.

El 20 de marzo de 2018, Javier Álvarez León, subdirector jurídico del Cereso de Colima, fue asesinado a balazos después de llegar a su domicilio. El hecho ocurrió poco después de las 8:00 de la noche, al ser sorprendido por pistoleros que presuntamente lo esperaban a bordo de una motocicleta afuera de su domicilio, en la calle Veracruz de la colonia Jardines del Sur.

La víctima recibió al menos cuatro balazos, que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

Posteriormente, un custodio del Cereso de Colima fue asesinado, dos trabajadores penitenciarios resultaron heridos y el domicilio de uno más fue baleado, en hechos ocurridos en diferentes puntos de la ciudad a principios de diciembre de 2019.

El asesinato del custodio, de 60 años de edad, ocurrió afuera de una vivienda de la colonia Moctezuma del municipio de Colima, donde fue baleado por dos individuos que lograron escapar después de los hechos.

La SSP del gobierno estatal confirmó el hecho y añadió que el custodio perdió la vida después del ataque, cuando recibía atención médica por parte de los paramédicos que asistieron al llamado de emergencia.

Refirió que horas antes resultó herido un trabajador administrativo del Cereso cuando se encontraba a bordo de su automóvil, mientras que un día antes otro custodio fue víctima de otro atentado en la colonia Oriental.

Además, el 3 de diciembre también balearon la vivienda en la que se encontraba un

elemento de seguridad penitenciaria que contaba con dos semanas de jubilación, sin

que se registraran heridos ni daños mortales por este hecho.

El 12 de mayo de 2020 se registró un motín en el Cereso de Colima que tuvo como consecuencia la muerte de tres presos, cinco más heridos y diez personas con heridas leves, en tanto que hubo intentos de fuga de algunos internos.

Según la SSP, el incidente podría haberse derivado de la inconformidad de las personas privadas de su libertad ante las restricciones implementadas en las visitas de sus familiares, en cumplimiento a las medidas recomendadas por la autoridad sanitaria para evitar propagación del virus que provoca el Covid-19.

En el marco de los hechos violentos, señaló la dependencia, se registraron también agresiones entre grupos contrarios de personas privadas de su libertad, incendio y daños en el área de enfermería, quema de basura y colchones, así como agresiones a custodios e intentos de fuga.

Menos de un mes antes, el 18 de abril, un recluso murió y siete más resultaron heridos durante una riña entre reos provenientes de grupos delictivos rivales.

La SSP estatal informó que el fallecimiento del reo se produjo al ser agredido con “un objeto hechizo punzocortante”, mientras que dos internos heridos fueron trasladados a un hospital y cinco más sufrieron “golpes leves” que fueron atendidos en el área médica del reclusorio.

Mientras tanto, en octubre de 2019 dos reos fueron encontrados muertos en el exterior de uno de los dormitorios del Cereso, quienes habían sido recluidos por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud. Sus cuerpos se encontraban semienterrados.

El 5 de febrero de 2020 diez internos y un custodio heridos fue el saldo de una riña ocurrida en este mismo Cereso, luego de un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos.

El entonces titular de la SSP, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, informó que alrededor del mediodía se recibió el reporte sobre el incidente, por lo que ingresaron al reclusorio elementos policiacos con equipo antimotín para apaciguar los ánimos y evitar que el conflicto escalara a niveles mayores.

Mencionó que uno de los reos resultó herido con una punta en un brazo, un custodio sufrió una lesión en un pómulo como consecuencia de una pedrada, mientras que nueve internos más se encuentran policontundidos, aunque ninguno con heridas que pongan en peligro sus vidas.

El funcionario refirió que los lesionados fueron enviados de manera inmediata al área de enfermería del Cereso, en tanto que el custodio fue trasladado a un hospital para su atención médica.

De acuerdo con Sanmiguel Sánchez, la riña se inició en el área de los dormitorios L, M y G, lugar hasta donde llegaron los agentes de seguridad, quienes obligaron a los presos a introducirse a sus celdas.

En el año previo se habían suscitado diversos brotes de violencia al interior del Cereso mediante enfrentamientos con piedras y armas blancas, uno de ellos el 23 de mayo de 2019, cuando el choque de miembros de dos grupos delincuenciales dejó un saldo de tres presos heridos.

El 27 de septiembre siguiente se registró otro brote violento que dejó ocho reos heridos, uno de ellos de gravedad, la mayoría por impactos de piedras.

LOS SUICIDIOS

Otras muertes violentas ocurridas en el interior de centros penitenciarios de la entidad son los presuntos suicidios, cuyo número al menos tendría que alertar sobre la mejora de los sistemas de vigilancia para que los internos no atenten contra su integridad física.

El caso más reciente en Colima es el de Ricardo, de 35 años de edad, quien fue encontrado muerto dentro de una celda en la Fiscalía General del Estado de Colima el lunes 31 de mayo de 2021, aunque la información trascendió hasta el martes.

Según la versión oficial, la víctima dejó de existir por asfixia por ahorcamiento y los custodios no se dieron cuenta del hecho, sino hasta varias horas después del suceso.

Otro preso se quitó la vida al colgarse en la regadera de uno de los baños del Cereso Colima, el 21 de enero de 2020. Según un comunicado, el cuerpo fue encontrado por personal de seguridad y custodia, quienes al percatarse de su ausencia abrieron la estancia para supervisar el lugar, encontrando en ese momento a la persona colgada y sin signos vitales, por lo que en atención a los protocolos se informó al personal médico del Cereso, quienes confirmaron el fallecimiento. El hombre se encontraba en calidad de procesado por los delitos de abuso sexual, violación equiparada y explotación de personas.

Un hombre de 27 años de edad que se encontraba recluido en la cárcel preventiva de Tecomán se suicidó la madrugada del 30 de junio en la celda donde estaba confinado y falleció de asfixia por ahorcamiento.

Había ingresado a prisión por alterar el orden público. Se informó que, alrededor de las 2 de la madrugada, los policías de guardia en la cárcel descubrieron al joven colgado con una camisa atada al cuello, la cual estaba amarrada de uno de los barrotes.

El 21 de octubre de 2018 se encontró sin vida a un interno y a su pareja en una de las habitaciones correspondiente al área de visitas conyugales, del Cereso de Colima. El hombre se encontraba interno bajo proceso por los delitos de homicidio calificado y robo habría asesinado a su pareja y posteriormente se suicidó.

Un preso que había contraído covid-19 fue encontrado muerto el 11 de agosto de 2020, en una de las estancias del Cereso de Colima, donde se encontraba en aislamiento. Los hechos se registraron luego de que personal de seguridad y custodia ingresó al área de aislamiento a llevarle sus alimentos. Según las autoridades penitenciarias aparentemente se trató de un suicidio.