Durante la Sesión Ordinaria realizada este martes, el Congreso del Estado aprobó “un atento y respetuoso exhorto a magistrados y magistradas que integran el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, para que resuelvan la controversia que se está desahogando en este órgano jurisdiccional federal, referente a la importación de manera masiva del herbicida cuestionado por sus probables daños a la salud humana y al ambiente, denominado glifosato.
El exhorto va dirigido en particular al presidente del tribunal, el magistrado Jean Claude Tron Petit y al magistrado Ricardo Vara Gallardo, en cuya ponencia se encuentra radicado, para su estudio y resolución, el recurso de revisión identificado con el número de expediente 504/2022, con el único fin de que cuenten con todos los elementos.
En este punto de acuerdo aprobado, presentado en tribuna por el diputado Alfredo Álvarez Ramírez, se menciona que el exhorto anteriormente descrito se da “en el marco del Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en pleno respeto a sus funciones jurisdiccionales, consideren el bienestar común sobre los intereses de las transnacionales y observen los estudios de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
En su exposición de motivos, el documento refiere que, “como es de conocimiento público, el 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal en el ámbito de sus competencias. Este decreto tiene como objetivo principal sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química glifosato y de los agroquímicos que lo contienen como ingrediente activo en nuestro país. La meta es reemplazarlos por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción y sean seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.
Abunda que “en el mismo sentido, el 13 de febrero del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación otro Decreto que establece diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. Ambos instrumentos buscan la sustitución gradual del glifosato, conocido popularmente como "matatodo". Sin embargo, este enfoque ha enfrentado una fuerte oposición por parte del sector agroempresarial y los oligopolios transnacionales que controlan cerca del 70% del mercado de agroinsumos (semillas, plaguicidas y fertilizantes químicos), a nivel mundial, ya que afecta sus intereses particulares y el lucro que hacen a costa de la salud, el ambiente y los derechos colectivos de millones de personas”.
Finalmente, se subraya que Cofepris, Conahcyt, Semarnat, la Secretaría de Salud (SSA) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) están trabajando incansablemente para promover prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente.
No obstante, enfrentan la oposición y resistencia de los grandes agroempresarios. Con el objetivo de salvaguardar la salud, promover un medio ambiente sano y garantizar la seguridad y autosuficiencia alimentaria, el gobierno federal está obligado a desarrollar y escalar acciones para sustituir gradualmente el uso del glifosato en territorio nacional. El plazo establecido para la sustitución del glifosato vence el 31 de marzo del próximo año.
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) "OTRO INDÍGENA MÁS ASESINADO EN AYOTITLÁN, JALISCO DONDE OPERA EL CONSORCIO MINERO BENITO JUÁREZ PEÑA COLORADA"
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, condenamos la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, Indígena Nahua-Otomí de la comunidad de Ayotitlán, Jalisco, quien el viernes el 24 de noviembre del presente fue citado a la presidencia municipal de Cuauhtitlán de García Barragán, en la costa sur de Jalisco y no se supo de él hasta que el sábado 25 de noviembre fue localizado sin vida a la altura del puente Arroyo, en el tramo carretero de Cuautitlán de García Barragán a la localidad Las Marías. Higinio Trinidad era defensor del territorio contra la minería, el despojo de tierras en su comunidad de Ayotitlán y la tala ilegal en la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. La comunidad indígena de Ayotitlán tiene una historia de casi 90 años de violencia y despojo, desde que por los años 30´s, el General García Barragán permitía y solapaba la tala inmoderada de los bosques en territorio indígena y luego se incrementó con la llegada del Consorcio minero Benito Juárez "Peña Colorada" que comenzó a operar en 1967, primero como una paraestatal y luego privatizada en el periodo de Salinas de Gortari. Esto aunado a la falta de seguridad jurídica sobre los límites territoriales entre Colima y Jalisco, que ha dado por resultado que ninguno de los dos Estados se haga cargo de seguridad, servicios, bienestar y salud de las y los habitantes de la zona. Muy por el contrario, los dos Estados han estado apoyando fuertemente al Consorcio Peña Colorada, una asociación entre las empresas siderúrgicas Ternium y ArcelorMittal, y dejando en total indefensión a la comunidad indígena. Los dos estados han otorgado todo el apoyo con la fuerza pública, pero solo para reprimir a las y los defensores indígenas que siguen defendiendo su territorio, como lo hicieron sus antepasados. Condenamos también al Gobierno Federal, Estatales de Jalisco y Colima, así como a los Municipios de Cuautitlán de García Barragán y Minatitlán que han sido omisos ante la flagrante violencia que se ha desatado en la zona con el crimen organizado que opera para la empresa minera y los talamontes. La falta de atención a las denuncias realizadas por las comunidades de La Astilla, Puertecito de las Parotas, Mameycito, Las Pesadas, El Naranjal, entre otras, así como la denuncia por desaparición de Celedonio Monroy Prudencio (2012), que no han tenido ninguna respuesta y ni justicia, sin embargo, el etnocidio continúa impunemente, tal parece que es un objetivo de los tres niveles de gobierno. Exigimos atención inmediata, un alto total al despojo, la contaminación y la violencia contra la comunidad indígena de Ayotitlán y el esclarecimiento del cobarde asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz. A sus familiares y amigos, les enviamos toda nuestra solidaridad. ALTO AL ETNOCIDIO PERMITIDO EN AYOTITLÁN ¡BASTA DE IMPUNIDAD PARA EMPRESAS MINERAS! RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Ciudad de México.-En México la justicia para las mujeres quienes vivieron algún tipo de violencia les puede llevar hasta ocho años para obtener una sentencia, sea favorable o no, y luego, esperar con incertidumbre, otros ocho años para saber si los agresores presentan un amparo que pueda o no revertir su sentencia, así lo mencionó Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), en la presentación del micrositio web ‘¿Una sentencia es sinónimo de justicia?’.
Presentado en conjunto con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, el sitio web muestra los procesos de 19 casos que acompañó el IMDHD por más de cinco años y que obtuvieron sentencias favorables para las mujeres relacionadas con casos de feminicidio, violencia sexual y familiar, resueltos durante el 2022 y 2023.
Al revisar los casos, se observaron buenas y malas prácticas desplegadas por las autoridades intervinientes, sobre todo las fiscalías y las juezas que resolvieron, como patrones discriminatorios que persisten y se encuentran arraigados dentro del sistema que impiden el acceso a la justicia para las mujeres.
Se identificó una «tendencia preocupante» por parte de las juezas en la Ciudad de México, específicamente en los delitos de violencia sexual y violencia familiar, de imponer penas mínimas contempladas por el Código Penal, argumentando que las conductas desplegadas no justificaban el grado máximo de culpabilidad.
También lograron documentar que las autoridades jurisdiccionales no están aplicando los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos para analizar el contexto de los casos e identificar la forma en que las conductas afectan la vida de las mujeres y niñas.
En los casos en los que sí se otorgaron condenas altas que respondían a la gravedad de los ilícitos, los Tribunales de Alzada que conocieron de las apelaciones presentadas por los agresores en contra de las sentencias condenatorias, determinaron reducir los años de prisión.
Otros hallazgos son el largo tiempo que invierten las mujeres en sus procesos penales y el tiempo que tardan las autoridades en resolverlos. En promedio, los procesos tardaron 4 años en resolverse, algunos hasta 8 años. Ninguno de los casos duró menos de 2 años desde la presentación de la denuncia.
Asimismo, el constante trato desigual que se les brinda a las mujeres, las autoridades privilegian en todo momento los derechos de los agresores imputados en lugar de realizar una debida ponderación para resolver de forma más justa e igualitaria. Esto se observó en la presentación de pruebas fuera de tiempo, violación de términos procesales y diferimiento de audiencias.
Al respecto, Silvia Chica, directora del IMDHD comentó “Sin justicia no es posible avanzar en la restitución de derechos y en la reparación de los daños; sin justicia para las mujeres no es posible comprender las violencias, conocer, la verdad y entregar a la sociedad un análisis honesto y claro de las causas que hacen que persistan y aumenten las violaciones y afectaciones a los derechos de las mujeres”.
La tendencia de violencias contra las mujeres es creciente. Del 2015 en adelante, según cifras oficiales, los feminicidios están presenten en 100 municipios del país, en una tasa mayor al 5.7 de mujeres por cada 100 mil habitantes. Ciudad Juárez, en Chihuahua; Manzanillo, en Colima; Ciudad Benito Juárez, en Nuevo León; Puebla capital, en el estado de Puebla; Tijuana, en Baja California y Toluca, en el estado de México ocupan los primeros lugares.
También los homicidios dolosos se han multiplicado en el país pasando de mil 733 en 2015 a 2 mil 812 en 2022 esta cifra es una constante preocupación, pues muchos homicidios dolosos de mujeres son realmente feminicidios que no han sido clasificados e investigados por las fiscalías.
Para las abogadas del Instituto de Defensoría, aunque en los casos presentados se lograron resultados alentadores, ello no significa necesariamente que se haya obtenido justicia, ya que la definición de justicia puede variar según la experiencia y percepción individual de cada mujer.
“Cuando logramos 19 sentencias nos cuestionamos y ¿qué sigue después de una sentencia? ¿es una sentencia sinónimo de justicia? La mayoría de las víctimas nos respondieron que no. ¿Por qué? Porque sus hijas no van a regresar, porque sus proyectos de vida ya fueron destruidas, pero sobre todo, porque van a seguir viviendo en la zozobra de que esta sentencia puede ser revertida. Esa es la reflexión a la que invitamos desde el instituto, a pensar un nuevo concepto, una nueva concepción de justicia en el Poder Judicial tanto federal como en los locales, para entonces vivir verdaderamente una Vida Libre de Violencia”, comentó en la presentación Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Para hablar de justicia, hay que hablar necesariamente de derechos humanos, de dignidad, de igualdad y no discriminación, de respeto, y de muchos otros principios que no pueden ser soslayados por las autoridades, mucho menos si se habla de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, se lee en el micrositio.
En este sentido, Ugarte, señaló tres aspectos fundamentales que este proyecto busca visibilizar:
La dificultad que resulta para las mujeres víctimas de violencia en México transitar un procedimiento jurídico en este país.
Las vicisitudes y todas las mermas económicas socioculturales y psicosociales que viven, no solamente en sus vidas personales sino también en sus vidas familiares y comunitarias.
La necesidad de hablar con el Poder Judicial, con la sociedad mexicana, con las fiscalías, para -de nueva cuenta- retomar estas historias vivas que van más allá de las cifras, para que verdaderamente sepamos qué es juzgar con perspectiva de género.
En un país donde más de 11 mujeres son asesinadas al día, el obtener justicia es un camino penal arduo, tardado, revictimizante y, en muchas ocasiones, inhumano, señalaron las abogadas.
Avances jurídicos
Tanto la reforma constitucional en materia de derechos humanos (2011), como la reforma al sistema de justicia en México (2014), incluyeron todo un catálogo de derechos para las víctimas dentro del proceso penal, así como una serie de principios fundamentales para asegurar el debido proceso y la igualdad de las partes. Sin embargo, al día de hoy, indica el IMDHD, las mujeres víctimas de violencia no han podido ejercer esos derechos, específicamente, aquellos relacionados con el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación.
El derecho fundamental de acceso a la justicia ha sido definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la posibilidad de obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes.
Para las abogadas, los estándares que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación del daño son sumamente bajas y no por un tema monetario estrictamente, hablar de una reparación integral y todo lo que implica es algo que todavía no se retoma.
“En la gran mayoría de los casos, los montos a los que se condena a los agresores no cumplen de ninguna forma con los estándares internacionales sobre la reparación integral del daño, sino que únicamente consideran las cantidades que resultan de un cálculo de los costos para terapias psicológicas. Esta situación genera una gran afectación a las víctimas porque no considera la multiplicidad de afectaciones que tienen debido a los hechos de violencia, e impide que retomen sus proyectos de vida”, señala el micrositio.
“Aspectos como el lucro cesante, el daño moral, daño al patrimonio familiar y el daño al proyecto de vida no fueron considerados por las autoridades aún a pesar de haberse solicitado”.
Metodología
El IMDHD ha acompañado a mujeres en sus procesos penales para obtener justicia y reparación por más de siete años. En los 19 casos que se presentan en el micrositio, se recopiló toda la información relativa a las 16 sentencias condenatorias y 3 absolutorias logradas a través del acompañamiento jurídico del IMDHD durante el 2022 y 2023.
Desde hace más de siete años, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD) ha acompañado a diversas mujeres durante todas las etapas de su proceso penal a fin de llegar a una resolución judicial que sancione a sus agresores y que les repare un poco de todas las afectaciones que han sufrido a causa de la violencia vivida.
Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera (LEVIF)/ COLEF
En lo que queda de 2023 y durante 2024, dedicaremos la columna “Frontera de ausentes” al desastre ocasionado en Acapulco, Guerrero, por el huracán Otis, que alcanzó el máximo nivel (cinco) el 24 de octubre de 2023. Aunque utilizamos una idea amplia de frontera, no circunscrita a la frontera norte de México, mantenemos el centro en los ausentes, en los desaparecidos: el punto de partida es que el huracán Otis ha tensado y roto fronteras metafóricas. Las fronteras (límites) del Pacífico con la tierra, en la bahía acapulqueña y en otros lugares, se han desbordado. Lo considerado normal (aunque precario urbanísticamente y con una planificación sin considerar problemas ambientales) y lo atribuido a un desastre “natural”, está desdibujado, y algunas de las reflexiones que proponemos intentarán deslindar qué corresponde a qué. Por su parte, las fronteras de las desigualdades que, por ejemplo, dividen claramente las zonas adineradas de las casas precarias, podrían ayudarnos a comprender algunas reacciones sociales o políticas durante y después del huracán.
La idea amplia de desaparición posibilita que en las entregas de los próximos meses escribamos sobre verificación de cifras de personas fallecidas y desaparecidas, causas particulares de desaparición (como la marítima) o afectaciones a búsquedas previas en una ciudad y entidad federativa caracterizadas por sus altos números de desaparecidos y fosas.
Pero el desastre ha sido generalizado: edificios particulares siguen semidestruidos, la economía del turismo está colapsada, hay cientos de negocios informales borrados y empresas formales en quiebra; árboles caídos, zonas sin luz, dificultad para recibir telecomunicaciones o una situación cronificada de quema de residuos en barrios periféricos, que ocasionan problemas de salud [1]. También escribiremos sobre la desaparición de edificios y el efecto que pueden tener en “espacios de abandono” o la afectación a la naturaleza, como las desapariciones de fauna y flora (los cerros que enmarcan la bahía y el conocido, y ahora destruido, Parque Papagayo).
*Este texto es una colaboración entre el LEVIF (https://www.colef.mx/levif/), de El Colegio de la Frontera Norte, y A dónde van los desaparecidos.
El Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera (LEVIF) es un proyecto académico y humanista de El Colegio de la Frontera Norte que tiene como objetivo analizar la violencia criminal en esta región fronteriza, generar eventos y documentos de divulgación científica sobre el tema.
Jesús Pérez Caballero es escritor y jurista, Investigador por México adscrito a El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros. Su último libro es El delito de halconeo (Tirant lo Blanch).
Mario Pavel Díaz Román, Doctor en ciencias sociales por El Colegio de México, analiza temas de criminología empírica, delincuencia organizada, derechos humanos y prevención del delito. Actualmente, se desempeña en el sector público, en la rama de su especialización.
Adriana González Veloz es estudiosa de la realidad social, realiza consultoría independiente y fue Directora de Análisis de Contexto de la Comisión Nacional de Búsqueda. Su último artículo es “Análisis de Contexto: Una Herramienta para el Acceso, Ejercicio y Garantía de Derechos”.
Xavier Oliveras González es geógrafo, profesor-investigador en El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros. Puede leerse su último artículo,“Beyond natural borders and social bordering: the political agency of the lower Rio Bravo/Grande”, en Geopolitics.
Patricio Villarreal Ávila es artista escénico y dramaturgista. Es integrante del colectivo Teatro Ojo. Su última obra publicada es la serie 8 nuevos presagios (DocumentA/Escénicas)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición del LEVIF ni de A dónde van los desaparecidos.
Con un volanteo en mercados y tianguis del estado, para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia contra las mujeres y cómo atenderla; el Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) comenzó este sábado 25 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; con las actividades que organiza como parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género.
La Consejera Presidenta, Consejeras y Consejeros Electorales, junto con el personal del órgano electoral local, acudieron a los mercados Constitución y al tianguis por la avenida General Silverio Núñez en la capital; al tianguis y centro de Villa de Álvarez y Tecomán; al mercado del centro de Manzanillo y del Valle de las Garzas, así como al casco histórico de Comala, en donde repartieron los volantes con información a la ciudadanía sobre los tipos de violencia y en un listado de asociaciones e instituciones públicas donde se puede atender este problema que atenta contra las mujeres.
Cada 25 de noviembre se recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas brutalmente en 1960 por oponerse a la dictadura de Rafael Leónidas en República Dominicana; anotó la Consejera Presidenta del IEE, Adriana Ruiz Visfocri, al mencionar que en ese contexto se estarán realizando diferentes actividades desde el órgano electoral local para contribuir en la eliminación de la violencia hacia las mujeres.
Además del volanteo que se realizó este sábado, el Instituto Electoral del Estado de Colima estará haciendo dentro de los siguientes días, acciones de visibilización en diferentes puntos de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, así como capacitaciones y charlas en centros educativos, buscando además frenar la violencia en el noviazgo y en general hacia las adolescentes y jóvenes.
De igual manera se tiene planeada la firma de un pacto de civilidad con los partidos políticos, para que durante el actual Proceso Electoral 2023-2024 cumplan con las acciones afirmativas y leyes que respaldan la participación de las mujeres, así como el formato 3 de 3 contra la violencia. A los institutos políticos también se les ofrecerán charlas y capacitaciones para erradicar la violencia contra las mujeres al interior de sus órganos.
Para el lunes 04 de diciembre, a las 18:30 horas, se presentará en el auditorio del Poliforum Cultural Mexiac, el libro “La alternancia política en Colima” de Griselda Álvarez a Indira Vizcaíno (1979-2021)”, cuyo autor es Arnulfo Puga Cisneros. Además, en las redes sociales y página oficial del instituto se estará subiendo infografías y material videográfico, y se pretende incrementar más acciones dentro de los 16 días de activismo que comenzaron este sábado 25 de noviembre y concluirán el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. De igual forma, el edificio del Instituto permanecerá iluminado de naranja, el personal portará un moño del mismo color.
Todas estas acciones que se estarán realizando dentro de los 16 días de activismo buscan prevenir, atender y erradicar la violencia hacia las mujeres, destacó Adriana Ruiz Visfocri al refrendar este compromiso institucional e invitar a la ciudadanía a sumarse a las actividades anteriores, con las que el Instituto y las organizaciones aliadas se unen a la campaña “16 días de activismo contra la violencia de género”. El programa completo podrá consultase en la página www.ieecolima.org.mx con las actualizaciones de las actividades.
