La Fiscalía violó derechos al separar a un padre y a su hija, determina la CDHEC

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), emitió la Recomendación 09/2021, al Fiscal General en el Estado, por vulnerar los Derechos a la legalidad, seguridad jurídica de un padre y, en consecuencia, los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de su menor hija.   

El organismo defensor determinó luego de analizar el expediente, que al quejoso y a su menor hija les fueron violentados sus derechos por personal de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tecomán, a pesar de que el ciudadano contaba con una orden de protección expedida por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima.

Analizados todos los motivos de la queja presentada y después del estudio de los expedientes de los hechos, indagatorias, testimonios, dictámenes y evidencias, el organismo defensor emitió la Recomendación 09/2021 en la que solicita se otorgue de manera inmediata la asesoría jurídica que necesite el quejoso, así como la ayuda psicológica que necesiten ambos para su reintegración como unidad familiar; como parte de las acciones necesarias para la restitución de los derechos de que fue privado el ciudadano y a su menor hija. 

Además de otorgar una compensación, siempre que esta estuviere acreditada, o en su caso, se haga cargo de la reparación del daño moral que presente el ciudadano y su hija, conforme al procedimiento y términos de la Ley Estatal de Víctimas, derivado de la violación a sus derechos humanos.  

El Organismo Estatal solicita se realice una investigación de los hechos y una revelación pública y completa de la verdad respecto de la carpeta de investigación, en la medida en que dicha revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de las víctimas, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos.

Se deberá iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o judiciales según resulten, en contra de todos servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tecomán, que resulten responsables, para la aplicación de las sanciones que se determinen, como medida de satisfacción por las violaciones de derechos humanos del quejoso y su menor hija, conforme al análisis de la presente Recomendación.

La Comisión solicitó realizar las adecuaciones necesarias para garantizar que todos los procedimientos penales y administrativos de su competencia se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso; en este caso, se deberán aplicar en la investigación, trámite y procedimiento de la carpeta de investigación, como una medida de reparación del daño.

Finalmente, se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación dirigido a todo el personal de la Fiscalía General del Estado sede en Tecomán, en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y en especial, al Principio de Interés Superior de la Niñez, con el objetivo de que los servidores públicos puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal.

 

 

 

 

Congreso de Colima exhorta al gobierno Federal y local para fortalecer programas de atención al cáncer de mama

 

 

El Congreso del Estado de Colima aprobó el exhorto a los gobiernos Federal y local para que lleven a cabo acciones como el fortalecimiento a programas de detección oportuna del cáncer de mama y jornadas ambulantes orientadas hacia este mismo fin.

El exhorto fue leído por la diputada Andrea Naranjo de Morena, a nombre de diversas bancadas.

En el documento se señala que en primer lugar se exhorta “al Gobierno del Estado de Colima y Gobierno Federal, para que realicen un incremento en el proyecto de presupuesto de egresos encaminado a fortalecer los programas de prevención, diagnóstico y atención oportuna del cáncer de mama, y que remitan para el ejercicio fiscal 2022”.

En un segundo punto, este se extiende a “la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, a llevar a cabo jornadas ambulantes y servicios de salud en las zonas urbanas y rurales del Estado para la detección del cáncer de mama, así como la atención médica correspondiente en caso de ser detectado”. 

Durante la lectura del documento, la diputada, Andrea Naranjo explicó que la tasa de mortalidad por cáncer de mama es del 24% al mes de abril de 2021, por lo que resulta importante fortalecer el combate a esta enfermedad de forma presupuestaria. 

También manifestó que es necesario generar “mecanismos de transición agroecológica en nuestro Estado” pues como entidad agrícola se ha usado el glifosato para eliminar maleza, sin embargo, hay estudios que muestran que este puede desencadenar dicho cáncer cuando se mezcla con otro factor de riesgo. 

“Por años Colima, como entidad agrícola, ha hecho uso del glifosato para la eliminación de malezas en nuestro suelo. No obstante, existen estudios que muestran que una concentración muy baja de glifosato (en el rango de partes por billón y, por lo tanto, ambientalmente relevante para todos) puede desencadenar cáncer de mama cuando se combina con otro factor de riesgo. De ahí la importancia de generar mecanismos de transición agroecológica en nuestro Estado”, comentó en tribuna. 

El exhorto fue aprobado por 24 votos a favor, con la ausencia justificada de la diputada, Ana Karen Hernández.

 

 

 



Emite la CDHEC convocatoria al Premio Estatal de Derechos Humanos "Eleanor Roosevelt"

 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Ramírez, llamó a la ciudadanía a presentar propuestas para otorgar el “Premio Estatal en Derechos Humanos 2021, Eleanor Roosevelt”, en su quinta edición.
El ombudsperson, convocó al público en general, instituciones académicas, organismos no gubernamentales, agrupaciones, colectivos y asociaciones civiles; para que propongan a quien o a quienes estimen se hayan destacado por su trayectoria, en la promoción efectiva y la construcción de una cultura del respeto, protección y defensa de los Derechos Humanos en la entidad.
La convocatoria contempla las categorías de Persona física y Persona Moral; el premio será uno por categoría, el cual consistirá en una medalla y reconocimiento en los que estará inscrita la frase: “Premio Estatal en Derechos Humanos 2021 Eleanor Roosevelt” y un estímulo económico de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.).
Las propuestas de postulación podrán presentarse de forma personal, en la dirección de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en calle Santos Degollado número 79, colonia Centro de la ciudad de Colima o enviar a la dirección electrónica .
Para la selección de la propuesta ganadora se integrará un Comité Técnico de Selección, el cual se formará por tres integrantes del Honorable Consejo Consultivo de la CDHEC elegidos/as por mayoría de votos de dicho Órgano Colegiado; así como por cuatro personas de la sociedad colimense, elegidas por el Consejo de la Comisión.
El plazo para la presentación de las propuestas concluirá el día 25 de noviembre del presente año, a las 23:59 horas. Se puede consultar la Convocatoria completa en la páginas web y redes sociales oficiales de la CDHEC.
El premio se entregará en acto público, en el marco de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 diez de diciembre de 1948.
En rueda de prensa, acompañaron al presidente de la Comisión, Ana Karen de la Rosa, de Secretaría Ejecutiva y la jefa del Departamento de Proyectos, Consultorías y Recomendaciones.

 

La convocatoria completa al Premio Estatal de Derechos Humanos 2021 Eleanor Roosevelt se encuentra en la siguiente liga: https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/Convocatoria-Premio-Estatal-de-DDHH-2021.pdf

 

 

 

 

Instalan Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental del Congreso de Colima

 

La comisionada Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Julieta del Río Venegas, señaló que los órganos garantes de transparencia necesitan que los volteen a verlos, lo anterior durante la instalación de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental del Congreso del Estado de Colima, en la que estuvo presente como invitada especial.

La comisionada nacional señaló que la instalación de dicha comisión es muy importante y les felicitó por ya haberla instalado, cuando en otros estados “aún no logran ponerse de acuerdo”.

Expresó que por medio de esta comisión se realizarán reformas importantes en materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción, además de señalar que los ojos de los ciudadanos estarán sobre ellos y que cuentan con el INAI para apoyarse con cursos, capacitaciones o bibliografía. 

La presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental, la diputada Priscila García llevó a cabo la instalación formal de la misma y con ello se inician sus trabajos de dictaminación.

En su participación, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Colima, Christian Milanés, dijo que ha faltado mucho apoyo hacia las instituciones que son parte del Sistema Estatal Anticorrupción, pues recordó que anteriormente este instituto era ejemplo a nivel nacional por ser el “órgano garante con menos presupuesto del país”.

Sin embargo, explicó, esto cambió con el incremento en su presupuesto que hizo la legislatura pasada, aunque manifestó que aún no se les ha entregado parte del mismo.

También contó a los legisladores que desde junio del año pasado, el pleno del Infocol está incompleto, tras haber completado su periodo la ex comisionada Rocío Campos Anguiano, por lo que pidió a los legisladores impulsar el tema con la gobernadora electa, Indira Vizcaíno, pues esto se sale de las mano del Congreso local, para recaer en las del ejecutivo estatal. 

“El discurso es siempre de combate a la corrupción, sin embargo, ha faltado mucho el apoyo hacia las instituciones que son parte del Sistema Estatal Anticorrupción, de repente las leyes no traen el chequecito”, declaró.

Por su parte, Juan Carlos Alcántar Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, pidió fortalecer a la parte ciudadana de este sistema pues la exigencia que hay sobre ellos es mucha, pero sus margen de acción es limitado.

“La parte ciudadana es la más débil de la ley, el margen de acciones es muy limitado y la exigencia es mayúscula, los ciudadanos nos exigen a los ciudadanos que se cumpla con el combate a la corrupción”, aseveró.

Mientras que el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Francisco Álvarez, coincidió en esto, al señalar que no se puede concebir esta lucha si no se tiene un sistema robusto, además de adelantar que buscará acercamiento con los diputados que integran la Comisión del Legislativo para darle a conocer el trabajo de la Fiscalía.

“No podemos concebir el combate a la corrupción si no vamos de la mano con la transparencia, en este sentido, no se puede concebir el combate a la corrupción si no se tiene un Sistema robusto”, comentó.



 

 

Narco-etnocidio y desaparición forzada: el caso de la Tribu Yaqui

 

Por Enriqueta Lerma Rodríguez, CIMSUR, UNAM / columnista invitada por el GIASF *

El 14 de julio fueron “levantadas” 15 personas en la sierra del Bacatete, Sonora (al norte del país, en colindancia con el Golfo de California) de las cuales permanecen desaparecidos 10 hombres, entre ellos siete miembros de la tribu yaqui. Fueron sustraídos en un circuito de ranchos ganaderos por hombres encapuchados y armados. Estas desapariciones forzadas se suman a muchas otras que acontecen regularmente en los ochos pueblos yoeme (1). La mayoría son anónimas y las familias permanecen en la zozobra ante el anuncio del hallazgo de cinco osamentas que se presume, pertenecen a los desaparecidos. 

El incremento de estos casos sucede en un contexto de violencia e intervención territorial que puede calificarse de narco-etnocida. Una de las estrategias de exterminio contra los pueblos indígenas que se ha incrementado en la última década y que se puede observar claramente en los sucesos que atraviesa la tribu yaqui en la actualidad. Para comprender esta cuestión y hablar de narco-etnocidio, sin embargo, es necesario precisar algunos puntos antes de mencionar el factor “narco”. 

El primero, identificar a los grupos étnicos como pueblos cultural y lingüísticamente minorizados, políticamente marginados y desterritorializados, que padecieron el repliegue social, ante la emergencia del Estado-nación y, bajo cuya lógica, fueron obligados a desprenderse de sus particularidades culturales en favor de una identidad “mestiza” que privilegiara los intereses del capital. 

El segundo, que, en el proceso de consolidación del Estado, estos pueblos han experimentado distintos dispositivos de aculturación: desde programas de integración y asimilación, hasta políticas de indigenismo participativo, todos con el mismo objetivo: sumar mano de obra barata al sistema de producción capitalista. 

La tercera cuestión es reconocer que dicho proceso no ha concluido y, al contrario, se ha intensificado, a través de estrategias desarrollistas que imponen sobre los territorios indígenas prácticas extractivas, despojo, contaminación y apropiación ilegal de recursos, que limitan la reproducción cultural de los grupos étnicos, y que constituye una forma de etnocidio.

El etnocidio es la violación flagrantemente al derecho de todos los individuos y pueblos a ser diferentes, y a ser considerados como tales, según lo reconocido en la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en 1978. Desde esta mirada, se considera, entre otros aspectos, que se crea este riesgo cuando se niega a los grupos étnicos el derecho natural e inalienable a los territorios que poseen y a reivindicar las tierras de las cuales han sido despojados. Lo anterior implica necesario respetar el derecho que estos tienen al patrimonio natural y cultural que el territorio contiene y a determinar libremente su uso y aprovechamiento. La declaración exige el respeto a las formas de autonomía requeridas por estos pueblos como condición imprescindible para garantizar y realizar estos derechos, y el respeto a sus formas propias de organización interna, que hacen parte de su acervo cultural y jurídico. Por lo que las prácticas opuestas a este orden de ideas propician riesgo de etnocidio.

  El etnocidio contra la tribu yaqui abarca un largo período de guerras, de 1825 hasta los años treinta del siglo XX, lapso en que fueron asesinados, bombardeados y deportados. Durante el siglo XIX y el XX sólo gozaron de algunas décadas de pacificación intermitente, en las que el Estado mexicano intentó integrarlos al sistema político-administrativo nacional, a la lógica de la propiedad privada y al monocultivo del empresariado agrícola. Lo que a la fecha no ha logrado.

Sin embargo, la resistencia armada, después política y cultural, activa por casi dos siglos, comenzó a resquebrajarse en la segunda década del XXI, debido a que los yaquis se confrontaron entre sí por opiniones políticas distintas respecto a la instauración de dos proyectos de infraestructura en su territorio: la construcción del Acueducto Independencia, iniciado en 2010, y el Gasoducto Guaymas-El Oro (2) con arranque en 2012, que terminó por fragmentar el tejido social.

El drama de violencia actual en la tribu yaqui se intensificó a partir del largo cierre intermitente de la carretera internacional federal número 15 —iniciado el 26 de noviembre de 2012 y que continúa al día de hoy—. El bloqueo originalmente fue una estrategia de protesta social por la construcción del Acueducto Independencia. Sin embargo, en dicho contexto algunos vigías de la tribu entablaron acuerdos con el crimen organizado para facilitar el paso de mercancía ilegal por caminos de desvío, laterales a la carretera, sobre el monte y la sierra, y evitar desbloquear las protestas. Estas acciones abrieron una nueva fase de asociación clientelar y “patronal” yoeme-narco, integrada por distintos sectores, al interior del territorio yaqui, de líderes y jóvenes pauperizados, quienes vieron en la delincuencia organizada la oportunidad de superar la pobreza, trasladando drogas a lo largo del territorio y asimismo distribuyéndolas al interior de la tribu. 

Lo que parecían actividades eventuales, “en lo que se acababa la protesta”, se extendieron hasta hoy. El cierre carretero continúa sin que haya claridad respecto a quien lo sostiene, ya que los líderes originales, opuestos al acueducto, se han retirado, y el grueso de la población yaqui no apoya los retenes que aún controlan el paso.

La Fiscalía del Estado de Sonora determinó que la desaparición forzada y el posterior asesinato del exlíder indígena yaqui, Tomas Rojo Valencia, tuvo relación con el crimen organizado, cuando afirmó que “el posible móvil del crimen y los datos de prueba derivados de acciones de inteligencia e interrogatorios que hemos recabado fortalecen la línea de investigación relacionada con grupos criminales con intereses ajenos al pueblo originario yaqui, que están interesados en beneficiarse ilícitamente con el cobro de cuotas en el tramo carretero” (3).

Antes de esta coyuntura, el narcotráfico no había tenido una presencia contundente en el Territorio Yaqui. Las condiciones de inestabilidad social que produjeron los proyectos de infraestructura, hicieron posible que éste pudiera controlar la región. “La protesta nunca acabó”, los caminos de desvío ya no se desocuparon y los jóvenes que trataron de zafarse del crimen organizado comenzaron a ser desaparecidos, después los parientes, amigos, vecinos. Al punto que, hoy en día, grupos del crimen organizado se lleva a quien quieren, sin que alguna autoridad tradicional, civil o militar, se coordine para ponerle un freno a esta violencia desbordada.

La delincuencia organizada tiene claro quiénes pueden ser su objetivo. Una característica resalta en el “levantón” del 14 de julio en la sierra del Bacatete: a los pocos días fueron liberadas cinco personas  (una niña, un niño, dos mujeres, y un hombre). Podría suponerse que se les liberó por cuestiones de edad y género, pero algunos informantes aseguran que se debió a que no eran yaquis. Otros tres desaparecidos, sin ser parte de la etnia, no obstante, fueron retenidos por mantener relaciones estrechas con la tribu. Bajo ese entendido “era posible desaparecerlos porque eran cercanos a los yaquis”.

No se tiene un conteo exacto de cuántos yoeme han desaparecido en los últimos diez años. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) sólo tiene dos casos registrados de 2010 a la fecha, a pesar de que se actualiza cada cinco minutos. Esto indica que los siete yaquis desaparecidos en la sierra del Bacatete en julio pasado siguen sin ser contabilizados.

En el contexto de lo que hasta aquí se ha dicho, cabría incorporar el factor etnicidad en el análisis de las desapariciones forzadas, situadas en coyunturas de despojo territorial. 

Sería necesario observar la forma en que el crimen organizado se suma a los procesos de etnocidio, que ya de por sí enfrentaban los pueblos. Sobre todo, la forma en que aprovecha la inestabilidad social que produce la intervención vertical sobre los territorios indígenas, el empobrecimiento y la discriminación, en su favor, tanto para engrosar sus filas como para imponer cultivos ilícitos, instalar bodegas y laboratorios, casas de seguridad, trazar nuevas rutas de traslado de drogas y cavar fosas clandestinas en los territorios indígenas.

Las redes del narcotráfico no sólo encuentran una gran oportunidad, a su favor, en la vulneración de los pueblos, sino que, como parte de sus acciones narco-etnocidas, corrompen los sistemas tradicionales de gobierno, imponen formas bélicas para confrontar posicionamientos políticos, embrutecen a las generaciones más jóvenes, producen un ambiente de desconfianza y terror al interior de estas sociedades, realizan “levantones”, desatan balaceras, violan a las mujeres, exterminan a las personas e  incrementan las desapariciones: de hombres, mujeres, niños y niñas

Es necesario reflexionar sobre las múltiples formas de violencia que se están generado en la actualidad y cómo se inserta la delincuencia organizada con nuevas y criminales  modalidades en las estructuras indígenas, lo que supone una nueva forma de etnocidio.

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* Enriqueta Lerma es antropóloga por la UNAM, investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR) de la UNAM. Desde 2005 investiga y acompaña a la tribu yaqui en sus procesos de resistencia. Autora del libro El nido heredado. Estudio  etnográfico sobre espacio y ritualidad en la tribu yaqui. Elaboró el peritaje cultural en el proceso de impugnación contra el Gasoducto IEnova.

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. La sección Con-Ciencia está escrita por sus integrantes, personas expertas invitadas y estudiantes asociados a los proyectos. La opinión vertida es personal, no necesariamente refleja la opinión del grupo o de adondevanlosdesaparecidos.org. (Ver más en: www.giasf.org)

Referencias:

  1. En lengua jiak —la lengua que hablan los pueblos yoeme— “yoeme” significa “hombre verdadero” y se usa como sinónimo de yaqui.
  2. Ambos procesos de intervención territorial fueron acompañados de consultas indígenas con funestos resultados: una se empantanó en los escritorios de la burocracia mexicana, a pesar de haber sido reconocida la ilegalidad de la obra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la segunda se aprobó con sobornos, amenazas y con proliferación de gobiernos tradicionales alternos, que suplantaron a los originales.
  3. Forbes México, 5 de julio de 2021.

* Foto: Miembros de la Tribu Yaqui muestran fotografías de sus esposos, padres, hijos y hermanos desaparecidos. Cortesía: Tribu Yaqui.

 

Para leer más: 

“¿Jaksa jipuwame? ¿Dónde están los yaquis de Loma de Bácum? https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/09/13/jaksa-jipuwame-donde-estan-los-yaquis-de-loma-de-bacum/ 

Declaración de San José sobre Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina, San José, Costa Rica, 11 de diciembre de 1981.

https://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?c_pre=78&tema=3 recuperado el 1 de septiembre de 2021.

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index 

La Fiscalía de Sonora confirmó que detuvo a Francisco Hiram N, alias “El Morocho”, presunto autor material del asesinato del líder yaqui Tomás Rojo. https://www.animalpolitico.com/2021/07/detienen-presunto-asesino-tomas-rojo-lider-yaqui-en-sonora/   Recuperado el 2 de septiembre de 2021.

Detienen a presunto asesino del líder yaqui en Sonora, Tomás Rojo Valencia encabezó la llamada guerra por el agua en Sonora. Forbes México, 5 de julio de 2021, https://www.forbes.com.mx/detienen-a-presunto-asesino-del-lider-yaqui-en-sonora/