INAI y el uso de recursos para explotación de mujeres y trata

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Rita Magaña Torres

El actual pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dio vista a su Órgano Interno de Control (OIC) para que iniciara una investigación contra Óscar Guerra Ford por el presunto uso de una tarjeta institucional en un table dance, cuando él era comisionado del INAI en el 2014 y que lo llevó a renunciar a su cargo como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, pero desde entonces dicha información fue ocultada hasta ahora que se hace de dominio público.

De esta forma, el INAI afirmó que actuará con todos los recursos administrativos y de fiscalización disponibles, a fin de aclarar este y cualquier acto que pudiera considerarse contrario a la legislación y normatividad mexicanas, especificó el Instituto en un comunicado.

La investigación de los gastos del excomisionado Óscar Guerra revela que pagó con su tarjeta corporativa poco más de 18 mil pesos en un establecimiento para adultos, conocido como table dance, el cual opera en la Ciudad de México, pero en este caso también hay otro implicado que es secretario del INAI, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quien también presentó su renuncia al cargo que desempeñaba, a fin de facilitar las investigaciones, señalaron las autoridades del Instituto.

En medios de comunicación circuló la información de que en 2014, el INAI determinó ocultar los gastos que realizaba Guerra Ford de carácter personal, quien ocupaba el cargo de secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, estos pagos los hizo con una tarjeta corporativa del Instituto, recursos que forman parte del erario público, y que el excomisionado utilizó en un table dance en al menos tres ocasiones.

En los estados de cuenta de la tarjeta corporativa American Express quedaron asentados cargos en el local que se conoce como Curazao, ubicado en Insurgentes Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El 22 de agosto de 2014 se realizó un cobro a la tarjeta del INAI usada por Guerra Ford por dos mil 350 pesos y al día siguiente se efectuaron dos cargos más, uno por 14 mil 523 pesos y otro por tres mil 538, dichos pagos da un total de en este establecimiento fue de 18 mil 61 pesos.

En septiembre de 2018, la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) realizó un operativo para catear el Curazao, ya que había presuntas denuncias de trata de personas y explotación sexual.

De acuerdo como una investigación, Óscar Guerra Ford hizo de 94 gastos con la tarjeta institucional del INAI, pero el pleno decidió no dar a conocer esta información, presumiblemente a cambio de que liquidara después los gastos, por eso se ocultó esa información por 10 años, y los comisionados en ese momento: Areli Cano, Francisco Javier Acuña, Joel Salas, Patricia Kurczyn, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente la declararon información reservada.

El Instituto de Transparencia dio como argumento para catalogar la información como confidencial que los movimientos bancarios “permiten identificar conceptos de gastos que fueron solventados con el patrimonio de una persona física, lo que daría cuenta de su patrimonio y su capacidad económica”.

Ante esa situación, el nuevo pleno del INAI decidió iniciar el proceso para revisar esos hechos y se declararon en espera de que el OIC haga las investigaciones necesarias para actuar conforme a lo que señale el estado de derecho.

Destacaron que ni las comisionadas ni el comisionado que actualmente conforman del INAI fueron parte del pleno que, hace más de siete años, conoció y resolvió sobre el caso, como una forma de deslindarse de cualquiera que sea el criterio por ocultar información; además, invitaron a quienes conforman el Consejo Consultivo del INAI a una reunión de trabajo para que conozcan información clara y precisa sobre el caso.

¿Quién es Óscar Guerra Ford?

El periodo de Óscar Guerra Ford como comisionado concluyó en marzo de 2022, pero el pleno del Instituto lo reubicó como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.

En su trayectoria académica fue Maestro en Ciencias Económicas por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se desempeñó también como profesor de tiempo completo definitivo, con licencia, sin goce de sueldo, en la Facultad de Economía de la UNAM, en la cual tiene una experiencia de más 34 años, fue distinguido en el año 2000 con el Premio Universidad Nacional a Jóvenes Académicos.

En otros cargos públicos del INAI estuvo como: Comisionado Ciudadano Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) de marzo de 2006 a mayo de 2014, también fue comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en mayo de 2014

Actualmente, se desempeña como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, tras concluir su periodo en marzo de 2022 como comisionado.

 

Cifra de mujeres víctimas de trata incrementa

Con información de Berenice Chavarría Tenorio

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra de mujeres víctimas de trata de personas ha ido en incremento durante los últimos cinco años.

En 2018 a nivel nacional se registraron 369 casos de mujeres víctimas de trata de personas, en 2019 la cifra se incrementó a 406; para 2020 hubieron un total de 458 casos. En 2021 el registró marcó 509 casos, mientras que en 2022 la cifra creció a 589. 

Dicho delito tiene una estrecha relación con el de desaparición; sin embargo, en la región de América Latina y el Caribe no se cuenta con datos estadísticos integrados y contextualizados sobre ambos delitos lo que ha provocado que el desarrollo de políticas públicas para atender dichas problemáticas no sean una prioridad, destaca el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). 

En su Diagnóstico regional sobre datos de desapariciones y trata de mujeres. Recomendaciones de política pública, el Mecanismo destaca que existen pocos datos estadísticos disponibles sobre estos delitos. Dicha información no integra los fenómenos y les otorga un tratamiento de delitos autónomos, aún cuando existe entre ellos una conexión y un contexto. 

“El femicidio/feminicidio, la trata y desapariciones de mujeres y niñas constituyen expresiones extremas de la violencia de género contra las mujeres y las niñas y graves violaciones a sus derechos humanos, por lo que deben ser abordadas desde las relaciones y conexiones que surgen de los múltiples contextos en los que se expresan, la centralidad de los derechos de las víctimas, las estrategias y mecanismos de manifestación de los fenómenos, sean estos fruto de la acción de particulares o del Estado o de su omisión”, señala el diagnóstico. 

MESECVI destaca que las instituciones de los Estados parte se resisten a incluir un enfoque de género en el análisis de delitos como desaparición y trata de personas, por lo tanto no se comprende la magnitud del problema provocando que las estadísticas y las investigaciones penales “no den cuenta de sus vínculos”, tampoco demuestren los factores de vulnerabilidad y los riesgos asociados a la violencia de género. 

Por ello, MESECVI resalta la necesidad de que se fortalezcan los marcos normativos relacionados con la creación y sostenimiento de sistemas de información, registros administrativos y producción estadística de género que muestren el nexo entre ambos delitos. 

“La obligación de producir información cualitativa y cuantitativa sobre las causas e impactos de la trata y desaparición de mujeres y niñas como formas extremas de la violencia de género y la unicidad de un discurso legislativo basado en derechos humanos que contribuya a develar las problemáticas y su raíz en las discriminaciones y desigualdades de género. La consolidación de los sistemas estadísticos nacionales y las estadísticas de género tiene una base importante en la normativa legal”. 

Lo anterior permitirá promover la adopción de políticas públicas de prevención de la desaparición y la trata de mujeres y niñas como una prioridad de los Estados. También se podrán esclarecer los contextos de mayor preocupación por la presencia de crimen organizado, conflictos armados, zonas de desregulación o de débil cohesión social, zonas de frontera o de extractivismo intensivo y extensivo.

 

 

Mixtecas, nahuas y amuzgas padecen estragos de OTIS

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Edith González Cruz

“Estamos olvidadas en este rincón de Acapulco, no tenemos cómo cubrirnos del sol ni protegernos del agua. Cada año buscamos cómo sobrevivir con la siembra del maíz, la jamaica, la calabaza y el ajonjolí, pero ahora con el huracán Otis nos vamos a morir de hambre porque el 70 por ciento de la cosecha se perdió”, es uno de los testimonios que ha recogido Abel Barrera, coordinador de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Según la organización civil, informó que en la zona de Cacahuatepec el 70 por ciento de la cosecha se perdió con Otis, arrasó con 37 mil hectáreas de tierra, de las cuales 20 mil eran de cultivos, maíz la mayoría, pero también calabaza y frijol, los cultivos de la milpa. Sin embargo, no se dejó de destacar que «desde antes, la población ya padecía hambre».

Asimismo informaron que los apoyos federales no han llegado a la región de la Costa-Montaña de Guerrero, una región de 47 comunidades comunales, donde más de 150 familias fueron afectadas en los bienes comunales de Cacahuatepec, El Cantón, Espinalillo, Apanguaque, Huamuchitos, Apalani, Amatillo, Campanario, Barrio Nuevo.

El río Papagayo, desbordado por Otis, registró una creciente de hasta ocho metros de altura y todas las comunidades asentadas a lo largo de la ribera también padecieron los estragos de Otis, como fueron Parotilla, La Concepción, Agua Caliente, El Carrizo, El Rincón, Salsipuedes, Tasajeras, Bellavista Papagayo, Los Hilamos, Rancho Las Marías y Las Parotas, entre otras.

Esto se debe, explicó el defensor, a que cuando se hace el censo para ubicar a las poblaciones que requieren los apoyos, estas familias no están en sus comunidades, porque están trabajando en el campo, por lo que se requiere un mecanismo de registro que sí las incluya. 

Las mujeres de pueblos originarios como mixtecas, nahuas, amuzgas o tlapanecas, son las más marginadas del estado y tienen menor acceso al desarrollo humano, es por eso que muchas migran a la costa para buscar mejores oportunidades de vida para ellas y sus familias, actividad que no harán en los próximos meses por el paso del huracán.

No todo es el Acapulco turístico

El impacto del huracán Otis, el pasado 25 de octubre, en la costa Grande de Guerrero, dejó más del 80 por ciento de la infraestructura hotelera de Acapulco inservible y cientos de casas en Coyuca de Benítez sin techos, sin muebles y en varios casos, sin paredes, porque al ser de adobe desaparecieron.

Sin embargo, y a pesar de que el gobierno federal informó el 9 de noviembre que ya no existían las condiciones para la vigencia de la Declaratoria de Emergencia en esos municipios, la realidad es que los daños siguen y también hubo severos impactos en la región de la Costa-Montaña de Guerrero, poblada en su mayoría por mujeres.

Esta temporada, las lluvias no llegaron o llegaron a cuenta gotas, situación que agudizó la pérdida de cultivos. La población no tiene fuente de ingresos, para Abel Barrera los programas sociales insignia del gobierno federal no están llegando a la población jornalera.

Por ejemplo, en el registro de 2020, identificó solo cuatro personas adultas mayores beneficiarias del Programa para el Bienestar, solo cinco mujeres fueron beneficiadas con los apoyos para madres solteras y cinco familias recibieron apoyos del programa Sembrando Vida. 

En asamblea, el domingo 29 de octubre el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) acordaron solicitar al gobierno municipal, estatal y federal que aplique un plan emergente para mitigar las necesidades más básicas.

 

“El huracán evidenció que no hay gobierno en Guerrero, y menos en Acapulco. El gobierno federal está a prueba de ácido porque con este desastre habrá una rebelión en el estado. A las familias del Acapulco rural nos dejaron en la indefensión, solos a nuestra suerte”, informaron.

Asimismo denunciaron que desde que pelearon contra la Comisión Federal de Electricidad para que no construyera la cortina de la presa La Parota el gobierno del estado los ha abandonado, no tienen agua potable, los mismos pobladores hicieron un pozo de agua del Aguaje para abastecer a mil 500 habitantes.

“La gobernadora Evelyn Salgado no nos ha querido apoyar, lamentablemente desde hace un año parece que tiene un resentimiento y un desprecio por la gente de Cacahuatepec”.

En la carretera federal del Cayaco a Pinotepa Nacional, Oaxaca, hay varias familias pidiendo apoyo, principalmente agua y comida.

Otis, sequía y narco acecha a indígenas

Otro problema que enfrentan las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero es el asedio de los grupos de la delincuencia organizada a sus territorios, la disputa territorial que se está dando entre los grupos rivales en las principales ciudades, sobre todo en Acapulco, se está extendiendo a cabeceras municipales pequeñas, que son un terreno fértil para inducir a los jóvenes al consumo de drogas.

A través del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), espacio creado por la población para compartir lo que pasa dentro de sus territorios e implementar acciones eficaces que fortalezcan internamente sus mecanismos de defensa y cuidado de sus bienes naturales, se ha informado que en algunas localidades el consumo de drogas como el fentanilo y el cristal, se ha normalizado entre los jóvenes y la violencia ha recrudecido, tal fue el caso del feminicidio de Maricruz García Margarito, ocurrido en marzo de 2023, en la comunidad de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán. Problemáticas no atendidas como asunto prioritario por los tres niveles de gobierno, dejando en la indefensión a la población en las siete regiones del estado.

El caso de Maricruz García Margarito

La joven mixteca Maricruz García Margarito, de 25 años, fue secuestrada por un comando armado el 27 de marzo de este año, en el tramo carretero San Luis Acatlán-Cuanacaxtitlán, en Guerrero. Fue localizada sin vida cerca de esa vialidad el primero de abril. Por su desaparición, fue detenido Manuel N, alias ‘El Garrobo’, implicado en el secuestro.

El mismo día que desapareció Maricruz, se reportó que Nancy Salazar Castillo, originaria de Yoloxóchitl también había desaparecido el 27 de marzo, pero fue localizada con vida tres días después, en Cuanaxcatitlán, se desconoce en qué condiciones; sin embargo, rindió su declaración en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) en San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica.

Durante el primer bimestre de este año, 23 mujeres fueron asesinadas en Guerrero con presunción de feminicidio, señaló el Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres.

 

 

¿No aporta ni cuida el hogar? Será violencia económica

                                                                           Foto: CimacNoticias

 

Rita Magaña Torres

La violencia económica es uno de los tipos de agresión contra las mujeres que pasa desapercibida, porque “tiene muchas caras” y aunque la mayoría de las veces se da en el ambiente familiar, también se registra en el ámbito laboral, 2 de cada 10 mujeres en México manifestaron haber sufrido este tipo de ataque durante su relación actual o última pareja.

Por ello, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para considerar que comenten violencia económica contra las mujeres, quienes no participan en las labores domésticas y de cuidado, así como quienes no aportan en los gastos del hogar.

Según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), el retroceso en la independencia económica de las mujeres tiene que ver con diversos factores. Uno de ellos: la distribución desigual de las tareas del hogar, las cuales se asumen como «propias de las mujeres» en nuestro país. Esto las deja fuera del mercado laboral o con menos tiempo para dedicarse a su desarrollo personal y su preparación profesional.

Presentada por la diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio, y aprobada por unanimidad, la iniciativa propone agregar el siguiente párrafo a la fracción IV del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

“También constituye violencia económica, cuando el agresor, de manera injustificada, se desentiende de sus obligaciones familiares, de aportar económicamente e, incluso, de realizar labores domésticas o del cuidado de las personas dependientes de la familia, y deja sola a la mujer afrontar tales cargas, así como los gastos necesarios para la preservación o, incluso, para el incremento del patrimonio familiar”.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que una mujer que sufre violencia económica está vulnerable a ser víctima de otros tipos de violencia, por eso la importancia de erradicarla y una forma es fomentar el empleo para ellas, para que con salarios dignos tengan las herramientas y recursos necesarios para salir y alejarse de su agresor, sin temor por falta de manutención y la de sus hijas e hijos, porque la capacidad económica de las mujeres crea una situación de empoderamiento ante la pareja. 

Violencia económica

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que 2 de cada 10 mujeres en México manifestaron haber sufrido violencia económica durante su relación actual o última pareja, en estas condiciones, el agresor intenta controlar a su compañera y someterla, interrumpiendo su independencia, limitando su capacidad de tomar decisiones de forma autónoma.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, en su artículo 6, fracción IV, define la violencia económica como: “toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral”.

La violencia económica usualmente se reproduce en el ámbito familiar, siendo una forma de control en contra de las mujeres; se muestra a través de la agresión producida por la persona que ostenta el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos o la privación de recursos, lo que induce al aislamiento y la angustia por la satisfacción de las necesidades personales y/o familiares.

Este tipo de violencia puede manifestarse también, por ejemplo, en la convivencia familiar y de pareja, cuando al tener una dependencia económica con el cónyuge o concubino, se impide tomar decisiones sobre la economía del hogar, o cuando se exige dar cuenta a la pareja acerca de todo lo que se gasta, aun cuando la persona afectada gane sus propios recursos o asuman solas el cuidado y la manutención de las hijas e hijos.

La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia, señaló que la violencia económica es una de las formas más comunes de violencia, incluye toda acción u omisión que impacta de manera negativa en la economía de la víctima, en su independencia y autonomía financiera.

Explicó que se manifiesta a través de limitaciones u omisiones para su desarrollo laboral y/o profesional, condicionamientos vinculados al género y la maternidad, la percepción de un salario menor por igual trabajo y la explotación laboral.

En el ámbito familiar, ocurre cuando el agresor controle el ingreso de sus percepciones económicas “e incluso de manera injustificada, se desentiende de sus obligaciones económicas de colaborar a realizar las labores domésticas o del cuidado de las personas que dependen de él”.

Según Vences, en algunos casos, aun cuando las mujeres cuentan con un trabajo, su pareja controla sus ingresos. Apuntó que a las parejas e hijos también corresponden tareas del hogar y denunció que históricamente se ha relegado dichas actividades a las mujeres por roles culturales. Sin embargo, esto tiene diversos impactos, ya que algunas no cuentan con tiempo o dinero para acudir a servicios de salud física y mental.

Durante el Ciclo de conferencias Mujeres por una vida libre de violencia, que se desarrolló el 25 de octubre, la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, aceptó que a nivel global designar el papel de proveedor solo al varón y a ellas relegarlas en las labores del cuidado, ha propiciado que muchas mujeres sufran este tipo de violencia.  

“A diferencia de la violencia física, la económica aún suele pasar desapercibida, por lo que definirla es la mejor manera de reconocerla: esta agresión engloba todas aquellas conductas que implican un control financiero sobre la víctima, como prohibir o impedir que la mujer consiga una fuente de recursos propia, no proveer de recursos económicos para los gastos básicos del hogar o incluso bloquear las oportunidades laborales de las mujeres y los ascensos salariales”, insistió. 

La legisladora de Morena recordó que en el Senado de la República se han aprobado reformas que buscan atender, sancionar y erradicar la violencia por interpósita persona, conocida como violencia vicaria, así como la Ley 3 de 3 para que ningún deudor alimentario pueda ocupar un cargo de elección popular y el Registro Nacional de deudores alimentarios.   

Por su parte, Arturo Herrera Gutiérrez, director global de gobierno del Banco Mundial, mencionó que hay varios tipos de violencia económica, la primera, agregó, es cuando se restringe el acceso al dinero, a activos financieros, a la información o se controla el monto del dinero que pueden gastar. 

Otro tipo de violencia, dijo, es la llamada explotación económica, donde se puede abusar de los recursos de la víctima, por ejemplo, cuando se abre una línea de crédito a nombre de una mujer sin su consentimiento, se roban sus ahorros o se toma una parte o todo su salario. Y el sabotaje económico, que es cuando se evita que la víctima tenga acceso a la educación o al empleo.  

Aseguró que, a partir del año 2010, el mundo ha evolucionado en la implementación de medidas legislativas para garantizar los derechos económicos de las mujeres, pero aceptó que mientras más avanzada está la economía de un país, más derechos se les otorgan, pues tienen mayores facilidades para participar de manera equitativa en la vida económica y se les da un trato igualitario en materia de pensiones y sueldos, entre otros. 

Joana Cecilia Chapa Cantú, directora de la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León, subrayó que la tasa de participación económica de las mujeres creció 15.7 puntos porcentuales en los últimos 10 años. 

“La brecha de género en la carga total de trabajo remunerado y no remunerado, es de nueve horas semanales más de trabajo en relación con los hombres, por lo que solo tienen cuatro horas de descanso a la semana”, dijo. 

Además de que solo el 28 por ciento de las mujeres ahorra para su retiro y el 17 por ciento tiene acceso a servicios financieros.

A esto se sumó la diputada del PT, Irma Yordana Garay Loredo, quien subrayó el papel de la crianza para desarrollar adultos “sanos para la sociedad”. Recalcó que se sigue normalizando la violencia y que se realicen estas tareas sin remuneración, por lo que instó a quitar estereotipos.

Por su parte, la diputada de Morena, Reina Celeste Ascencio, afirmó que será un gran logro que se reconozca el trabajo de las mujeres no remunerado, ya que “se ha dejado generalmente siempre sola” en los trabajos de cuidados.

A su vez, la legisladora de Morena, Beatriz Rojas Martínez, expresó que, cada que se revisa la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, encuentran que no se está cumpliendo ni se realizan “desde años” políticas públicas con perspectiva de género.

Ante esto, precisó que se tiene que editar para continuar especificando y visibilizando las diferentes formas de violencia.

 

 

Las voces del Acapulco rural: “con Otis nos vamos a morir de hambre”

                                                                                   Foto: Tlachinollan

 

Abel Barrera Hernández

Aquí la situación siempre ha estado mal. Estamos olvidados en este rincón de Acapulco. Cada año buscamos cómo sobrevivir con la siembra del maíz, la jamaica, la calabaza y el ajonjolí, pero ahora con el huracán Otis nos vamos a morir de hambre. Ni quien venga ayudarnos. No tenemos esperanzas porque en el puerto de Acapulco, que sigue estando en el ojo del huracán, no hay suficiente apoyo, menos para nosotros. Al gobierno no le importa, no nos ve, ni nos escucha.

Recuerdo que, en la mañana de ese martes 24 de octubre, acá en Cacahuatepec el sol pegaba duro. Se escuchaba el canto de las chicharras y el revoloteo de las aves. A las 12 del día todavía estábamos en el campo recogiendo unas calabacitas para la comida. Varias señoras cargaban sus cubetas de 20 litros para sacar agua de los pozos. Cuando ya pardeaba el día sentí una pequeña oleada de viento que mecía las hojas de los parotales.  Estaba en mi casa cuando escuché un ruido muy fuerte, como si se tratara de un helicóptero. La gente dormía, yo estaba en vela, porque mi hija me había dicho que un huracán iba a pasar por estas tierras. Eran las 10 de la noche cuando escuché otro ruido que venía de arriba, como un remolino, arrastrando todo a su paso. Miré a mi hija y no supe qué hacer.  Presentí que algo malo pasaría. De a ratos rezaba, ¡virgencita de Guadalupe!, ¡ayúdanos! El estruendo se hacía cada vez más fuerte, las ramas de los árboles tronaban. Sentíamos muy cerca la catástrofe. El miedo nos invadió y nos fuimos con mi suegra, porque su casa es de losa. Sabíamos que si nos quedábamos las láminas se iban a volar y nos iba a caer el agua a chorros.

Cuando nos salimos a las 11 de la noche nuestra casa estaba entera. Teníamos la esperanza de que el viento pronto pasaría como luego pasa en febrero. La lluvia empezó arreciar y el viento con más fuerza azotaba la puerta de la casa. Nos sentamos en una esquina, las niñas y los niños lloraban asustados porque el viento empezó a llevarse todo. Esa noche las horas se hicieron eternas. El ruido se escuchaba como si bramara un toro embravecido. Yo dije, diosito, hasta aquí nada más llegamos.

La furia del viento retorció las láminas de los techos, los árboles se estremecían y muchos se desprendían con todo y raíces. Algunos animales fueron arrastrados. Fue hasta las 2 de la mañana cuando los fuertes vientos se fueron calmando. Permanecimos en silencio y con mucho miedo. Parecía que todo estaba bien, sin embargo, cuando llegamos a nuestra casa nos percatamos que el agua había inundado los dos cuartos y dejó todo flotando. No hice nada porque sentía que iba a vomitar. La lluvia seguía. Busqué láminas que aún quedaban colgando del techo para que las gotas de agua nos permitieran dormir. Temeroso dormí con el techo de la casa descubierto, como si fuera una ventana mirando al cielo.

Fue horrible, en la casita de Felipe de Apalani está todavía volteado el alambre. Todo quedó tirado. Su árbol de tamarindo quedó con las raíces desprendidas, y como a 20 metros del pueblo quedó el techo completo de una casa. Como 50 familias tuvieron pérdidas materiales o quizá más. Todo lo que sembramos lo aplastó el viento. Se llevó todo el pedazo de sembradío. En la entrada de Apalani, las primeras casas que aparecen dañadas son las de Celestina y Natalia. A Celestina solo le quedaron algunas láminas en el techo de su casa, pero todo fue arrasado por los fuertes vientos. La ropa mojada y un colchón están en la intemperie para que se sequen con los rayos del sol. Natalia corrió con su bebé recién nacido en sus brazos, para refugiarse en la casa de material de sus suegros. Si se hubiera quedado, el aire la iba a arrastrar.

El paso de Otis también afectó a las 47 comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec. El 70 por ciento de la cosecha se perdió. No habrá maíz en este año. La cosa ya venía mal desde mayo, sobre todo, en agosto y septiembre que no cayó ni una gota de agua. Ahora los fuertes vientos vinieron a dar el tiro de gracia. La mazorca que le entró el agua se va a podrir. De las 37 mil hectáreas de tierra, unas 20 mil, son de cultivo de maíz y la mayoría de ellas quedaron inservibles.

El domingo 29 de octubre el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) convocó a una asamblea en Cacahuatepec. Bajaron varios comisarios para compartir lo que vivieron y ver cómo organizarse para recolectar maíz y láminas. Comentaron que la gobernadora Evelyn Salgado no ha querido apoyar, lamentablemente desde hace un año parece que tiene un resentimiento y un desprecio por la gente de Cacahuatepec.

Más de 50 familias de la comunidad El Cantón perdieron láminas y cosecha, mientras que en Cacahuatepec rebasan las 60 familias. En la ribera del río Papagayo son como 20 comunidades que se vieron afectadas con 10 mil hectáreas de cultivos de maíz híbrido. “Nos jodió el agua del río. La creciente del río llegó a 8 metros de altura.” La afectación fue total en los bienes comunales, empezando por Cacahuatepec, Cantón, Espinalillo, Apanguaque, Huamuchitos, Apalani, Amatillo, Campanario, Barrio Nuevo. Del otro lado del río están las comunidades de Parotilla, La Concepción, Agua Caliente, El Carrizo, El Rincón, Salsipuedes, Tasajeras, Bellavista Papagayo, Los Hilamos, Rancho Las Marías, Las Parotas, entre otras que fueron afectadas.

El problema es que no hay nada que comer, porque la cosecha se la llevó el huracán. “Dónde vamos a sacar dinero si lo único que podíamos vender era la jamaica y el ajonjolí, pero también se perdieron.” Por eso queremos que el gobierno municipal, estatal y federal apliquen un plan emergente para mitigar las necesidades más básicas. El huracán evidenció que no hay gobierno en Guerrero, y menos en Acapulco. El gobierno federal está a prueba de ácido porque con este desastre habrá una rebelión en el estado. A las familias del Acapulco rural nos dejaron en la indefensión, solos a nuestra suerte.

El promedio de las pérdidas por familia va de media a una hectárea de maíz. No sabemos con quién acudir, porque con las autoridades no hay esperanzas de lograr algo. Desde que peleamos contra la comisión federal de electricidad, para que no construyera la cortina de la presa, nos tienen abandonados. Desde entonces no nos la perdonan. No tenemos ni agua potable. Solo está el pozo de agua del Aguaje que la gente hizo para abastecer a mil 500 personas.

A casi dos semanas de que pasó el huracán seguimos arreglando las láminas. Algunas logramos recuperar para colocarlas de nuevo, porque no tenemos cómo cubrirnos del sol ni protegernos del agua. Nos costó mucho trabajo comprarlas, porque aquí el dinero es muy escaso. El adobe de la casa quedó mojado y tenemos miedo que se agriete más y se caiga. Antes nuestros abuelos las hacían de lodo y bajareque, y resistían más. Ahora con estos vientos hasta sin casa nos vamos a quedar.  Lo peor es que ni trabajo tenemos, porque también Acapulco quedó destruido. Teníamos la esperanza de sacar el año con la siembra de maíz, pero por Otis nos vamos a morir de hambre. La jamaica la vendíamos a 150 pesos el kilo, algunas compañeras llegaban a cosechar hasta 600 kilos, sin embargo, el precio bajó hasta 50 pesos. La semilla de calabaza pipián la vendíamos a 50 pesos, pero ahora todo es ilusión, porque todo se lo llevó el viento.

“Vamos a tener la fe en diosito que no nos va a dejar morir de hambre, porque con lo poquito que tenemos a dónde más podemos ir. No hay a dónde correr.” En la carretera federal del Cayaco a Pinotepa Nacional, Oaxaca, hay varias familias pidiendo apoyo, principalmente agua y comida. Los habitantes de Bellavista, están antes de que empiece el puente del río Papagayo pidiendo apoyo a AMLO. En algunas cartulinas se lee: “apóyanos con lo que puedas”, “apóyanos con despensa”, “queremos agua y comida”. “Apenas llegó mi niño llorando, mamá ahora sí nos vamos a morir de hambre. No hijo, vamos a luchar comiendo tortilla con sal, pero no nos vamos a morir.”

 

 

INAI llama a cuentas al DIF en temas de información sobre infancia y migración

                                                                                                 Foto: SemMéxico

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) debe dar a conocer los informes, oficios y todos los documentos relacionados con las reformas a las Leyes de Migración y de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de infancia migrante, aprobadas en 2020, instruyó ayer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Este instrumento jurídico que pide la persona otorgó diversas facultades al DIF, a fin de que proporcionara asistencia social para la atención de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración, que requieran servicios para su protección; otorgar facilidades de estancia de estos menores; garantizar su protección y los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad, con independencia de su nacionalidad y situación migratoria, así como poder identificar a aquellas personas menores de edad, que requieran de protección internacional”, enfatizó el Comisionado Adrián Alcalá Méndez.

Al presentar el asunto ante el Pleno, Alcalá Méndez señaló que este recurso de revisión se encuentra relacionado con dos temas relevantes a nivel nacional e internacional: por un lado, el tema migratorio y, por otro, la protección de los derechos de la niñez.

“Información, como la que en este caso ha solicitado una persona, sin duda, abona al interés superior de la niñez, ya que hacer del conocimiento de la sociedad los instrumentos que dieron cabida a la normativa para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, permite que la toma de decisiones relacionadas con esta población, que intrínsicamente está en situación de vulnerabilidad, se encuentre orientada a su bienestar y al ejercicio pleno de sus derechos”, afirmó.

La persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó su inconformidad con la respuesta del sujeto obligado, quien se declaró incompetente para entregar lo requerido y le sugirió dirigirse al Instituto Nacional de Migración (INM).

Al analizar el caso, en su ponencia el Comisionado Adrián Alcalá Méndez advirtió que el DIF, contrario a lo manifestado en su respuesta, sí cuenta con atribuciones legales para promover la protección integral de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes migrantes, conforme a su estatuto, leyes, tratados y convenciones internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

“El DIF cuenta con atribuciones para que, cuando algún niño, niña o adolescente se encuentre en una situación de migración en el país, tiene la obligación de manera expresa de brindarle la protección que provee la ley, por lo menos, hasta que el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria del infante”, expuso.

Además, Alcalá Méndez enfatizó que, durante la sustanciación del recurso, se identificó que el DIF fue omiso en turnar la solicitud a su Dirección General de Asuntos Jurídicos, dentro de la cual, probablemente, se encuentra lo requerido, dado que se trata de información relacionada con instrumentos legales o normativos.

Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta del DIF y le instruyó a asumir competencia, con el fin de dar a conocer los informes, oficios y todos los documentos relacionados con la reforma a las Leyes de Migración y de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en Materia de Infancia Migrante, aprobadas en 2020.