Salarios precarios y derechos en riesgo: trabajadoras de Secretaría de Salud ante IMSS-Bienestar

                                                                                                                           Foto: CimacNoticias.

Al grito de “si no hay solución es que hay corrupción”, enfermeras, médicas y otras trabajadoras de la Secretaría de Salud (SSA) se manifestaron este martes 16 de mayo junto con sus compañeros en el Zócalo de la Ciudad de México. Con su protesta, exigieron claridad sobre la entrada en función del IMSS-Bienestar ante el temor de que esto pueda afectar sus derechos laborales. También recordaron que la SSA lleva años sin atender sus denuncias por diversos abusos a sus derechos como trabajadoras.

De acuerdo con la organización «México, ¿cómo vamos?», el 67 por ciento del personal del sector salud en nuestro país está constituido por mujeres, quienes ocupan cargos como médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, laboratoristas, entre otras. Así, aunque a la manifestación de este 16 de mayo acudieron tanto hombres como mujeres, fue notoria la presencia de más mujeres con batas blancas y uniformes color azul marino.

Las y los manifestantes se congregaron frente al edificio de gobierno de la Ciudad de México, a un costado del Zócalo. Ahí gritaron consignas como: “pueblo, escucha, salud está en la lucha” y exigieron a gritos la destitución de Jorge Alfredo Ochoa Moreno, director general de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

Según declaró la médica general de consulta externa Cintia Moreno a Cimacnoticias, desde su perspectiva, Ochoa Moreno toma decisiones arbitrarias que afectan a las y los trabajadores de la SSA. Además, denuncia que el funcionario se maneja con total opacidad, pues no informa a los secretarios sindicales ni a otros representantes de las y los trabajadores acerca de sus decisiones que cambian la operatividad del sector salud. 

Muestra de ello es la reciente creación del IMSS-Bienestar, un nuevo esquema para la atención de salud en México en el que participarán conjuntamente tanto la Secretaría de Salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este esquema viene a sustituir al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que quedó inhabilitado a finales de abril de este 2023, y con él se crearían convenios estatales y federales entre la SSA y el IMSS para ofrecer servicios médicos a la población.

Entre otros aspectos, esto supone la contratación de nuevo personal, el cual convivirá con el personal de la SSA. Para este último, sin embargo, no está claro a quién tendrá que reportar sus actividades o, incluso, si la estructura interna de la Secretaría de Salud sería modificada.

“A nosotros no nos han informado nada. Todo lo que sabemos de IMSS-Bienestar es por los medios de comunicación, pues nosotros como personal de salud tenemos que estar informados de qué es lo que nos va a afectar o cómo. Esa es otra de las cosas por la que venimos a manifestarnos”.

CINTIA MORENO, MÉDICA GENERAL DE CONSULTA EXTERNA EN UN CENTRO DE SALUD DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Todo lo que saben hasta el momento son noticias que han llegado por una u otra vía. Entre estas noticias se habla sobre una reducción del 50 por ciento en el salario de las y los trabajadores de la SSA. En este sentido, un grupo de enfermeras del Centro de Salud TIII de la alcaldía Cuajimalpa se pregunta: ¿para qué especializarse o tener la licenciatura?, ¿para qué seguirse preparando?

Por otro lado, estas mismas enfermeras señalan que el IMSS Bienestar no cuenta con el código de licenciatura para la contratación de personal, algo que sí está presente en la SSA. De ahí que tengan duda sobre cómo se llevará a cabo la colaboración entre ambas instituciones: ¿habrá un ajuste salarial?, ¿bajo qué esquema se darán las nuevas contrataciones y qué prestaciones se ofrecerán a las y los trabajadores?

Con estas y otras dudas, secretarias y secretarios de diferentes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) pudieron entrar al edificio de gobierno de la CDMX a reunirse con Ricardo Ruiz Suárez —subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México— y con Sergio Antonio López Montesinos, titular de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo (conocida también como Capital Humano de la CDMX).

                                                                                                             Foto:CimacNoticias.

 

Entre quienes entraron a la reunión se encuentra la médica Adriana Garduño Pérez, secretaria de la sección 62 del Sindicato. En entrevista para Cimacnoticias, la especialista detalló que —de acuerdo con lo abordado en la reunión— la entrada en vigor de IMSS-Bienestar no afectaría la situación laboral de trabajadores y trabajadoras de la SSA. 

“Nosotros somos trabajadores federales y tenemos un presupuesto ya establecido para nuestros nuestros códigos”, declaró Garduño Pérez.

Según detalló la médica, si bien se está hablando sobre salarios bajos, éstos afectarían al personal que será contratado por el IMSS bajo un esquema de honorarios para poder trabajar en IMSS-Bienestar. “Sus salarios son muy bajos, el 50 por ciento de lo que ganamos nosotros como trabajadores de la Secretaría de Salud”, lamentó Garduño Pérez.

Además, la secretaria sindical agregó que este nuevo esquema delimitaría mucho los perfiles del personal a contratar. Al respecto, explicó que en la Secretaría de Salud hay más de 300 códigos (perfiles laborales) para la contratación de personal. En el esquema de IMSS-Bienestar se contemplará solo el 30 por ciento de estos cientos de perfiles. 

Pese a la relevancia de todas estas modificaciones en los centros de trabajo de la SSA, enfermeras y médicas en general no tienen información clara sobre lo que está sucediendo y exigen transparencia al respecto. Algunas de ellas —como en el caso de las enfermeras de Cuajimalpa entrevistadas por Cimacnoticias— temen que sus salarios y su formación se vean afectadas y, con ello, la calidad de servicio que prestan a la población.

Otro grupo de enfermeras del Centro de Salud “Ángel de la Garza Brito” de la alcaldía Magdalena Contreras detalló a esta agencia de noticias que estos servicios, de por sí, llevan tiempo deteriorados. “En cuanto a insumos, hemos tenido desabasto de muchas cosas”, aseguraron, y también aseguraron que pese a no tener información clara sobre IMSS-Bienestar, en su lugar de trabajo ya ha habido auditorías para conocer la plantilla de trabajadores. “Esperemos que este cambio sea para bien, o que por lo menos en esta transición se den cuenta de todo lo que nos falta”, declararon.

En línea con lo anterior, la doctora Cintia Moreno recordó que la manifestación no es solo por IMSS-Bienestar: la calidad de los uniformes ha empeorado y su entrega se ha retrasado; además, la médico asegura que prestaciones como los días de descanso disponibles según establece el llamado Concepto 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado tampoco se está aplicando como se debería en todos los Centros de Salud. De igual forma, varias y varios de sus compañeros llevan años sin ser contratados de base por la SSA, lo que los mantiene sin certeza sobre su situación laboral.

Todas estas situaciones dejan en incertidumbre a enfermeras, médicas y —en general— a las personas que trabajan en el sistema de la Secretaría de Salud. Si esa es la forma del Estado de preparar y equipar a sus trabajadoras y trabajadores, ¿qué tipo de atención recibiremos el resto de las y los mexicanos?

 

 

 

Atento IMSS para proteger derechos laborales por despidos en fin de año

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con otras instancias del gobierno federal, se mantiene atento para evitar que prácticas empresariales, como el despido en fin de año, impacte en los derechos de los trabajadores afiliados, entre ellos la seguridad social, la generación de antigüedad, pago de incapacidades y la capitalización del fondo de ahorro para el retiro, entre otros.

La estrategia de algunas empresas de despedir a una parte de sus trabajadores en fin de año y recontratarlos iniciando el nuevo año, tiene repercusiones negativas para los trabajadores que están afiliados al IMSS como empleados permanentes.

Entre las afectaciones está la falta de acceso a la seguridad social para el trabajador y sus familias, no contarán con el pago por incapacidad temporal o permanente por enfermedad o accidentes de trabajo, se reducirá la capitalización en su fondo de ahorro para el retiro -lo que impacta negativamente la pensión del trabajador-, pensiones de viudez u orfandad.

También tendrá menor capacidad económica para solicitar un crédito de vivienda y no podrá acceder a derechos laborales, como la participación en las utilidades de la empresa, generación de antigüedad y liquidaciones conforme a la ley.

A fin de atender dudas y brindar información sobre estos temas, el IMSS pone a disposición de sus derechohabientes el número telefónico 800 623 23 23, opción 5, luego opción 1.

Para evitar prácticas de algunas empresas que afectan a los trabajadores afiliados, el IMSS, la Secretaría del Trabajo e INFONAVIT enviaron cartas a los patrones que presuntamente realizan despidos en la temporada de fin de año; se les pidió revisar si el manejo de su plantilla laboral está acorde al marco normativo vigente y eviten esas acciones que vulneren los derechos de los trabajadores.

 

 

 

Legisladores de Colima exhortan al Congreso de la Unión a reformar la LFT en beneficio de personas con discapacidad

 

Diputadas y diputados del H. Congreso del Estado de Colima aprobaron por unanimidad un Punto de Acuerdo presentado por legislador Crispín Guerra Cárdenas, en el que se exhorta al Congreso de la Unión para que someta a la aprobación de su pleno el dictamen aprobado el 6 de octubre del 2021 en la Cámara de Senadores, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad.

En la exposición de motivos de dicho acuerdo, el diputado Crispín Guerra recordó que en mayo de 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país, en la que se establecen diversos compromisos, como el asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad; tomar las medidas pertinentes para modificar leyes, reglamentos y costumbres que discriminan a las personas con discapacidad; considerar la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad en todas las políticas y los programas; promover el pleno ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad, entre otros.

Abunda que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6´179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres, por lo que se torna indispensable que el Estado mexicano y sus autoridades de los tres poderes y órdenes de gobierno deben adoptar medidas para la exacta aplicación de la norma internación protectora de los derechos humanos de las personas con algún tipo de discapacidad.

Así mismo, Guerra Cárdenas recordó que el 6 de octubre del 2021, en el Senado de la República se aprobó un Dictamen relativo a reformar y adicionar diversos dispositivos a fin de velar por los derechos laborales por las personas con discapacidad, que estará armonizado con los compromisos asumidos en la convención ya descrita, particularmente en su artículo 27, del apartado denominado “Trabajo y empleo”, en el que se reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado abierto, inclusivo y accesible.

Crispín Guerra mencionó que dicho dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo cual presentó el exhorto para que se dé el debido trámite y con prontitud se plasme en la Ley Laboral la más amplia protección de los derechos humanos en materia de trabajo inclusivo para las personas con discapacidad. El Punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad.

 

 

 

Trabajadores del IEE, sin aguinaldo por la falta de pago de adeudos del gobierno estatal

 
 
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) exigió al gobierno estatal el pago de más de 13 millones de pesos que le adeuda, que serán destinados para pagar aguinaldos y prestaciones de fin de año a los trabajadores, entre otros compromisos.
El documento es el siguiente:
 
A LA OPINIÓN PÚBLICA
 
El año que está por concluir ha sido complicado para quienes habitamos en Colima. No solo por la pandemia del COVID-19 sino también por el aspecto económico.
En este sentido, el Instituto Electoral del Estado de Colima, consciente de tal situación, ha implementado una política de austeridad y racionalidad en todos los gastos que se derivan de las obligaciones que por Ley debe cumplir; sin embargo, se ha visto afectado por los constantes recortes de recursos económicos que año con año le han sido impuestos. Además, en el contexto de la crisis económica por el impago gubernamental de los recursos que se le deben suministrar al Instituto, mismos que a la fecha consisten en la segunda quincena de junio y todo el mes de noviembre del presente año, sumando ambas un total de más de trece y medio millones de pesos. Lo cual no ha permitido cumplir con varias de estas obligaciones.
Reconocemos que la nueva administración estatal ha estado dando cumplimiento a las obligaciones pendientes; sin embargo, ante el compromiso de que todos los recursos económicos que se adeudaban por la administración anterior, así como lo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre serían cubiertos antes de terminar el presente año, a las Consejeras y Consejeros electorales nos preocupan las declaraciones vertidas en rueda de prensa el día 23 de diciembre del año en curso por la C. Gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, y la C. Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, Fabiola Verduzco Aparicio, donde se informó que todas las deudas hacia las instituciones públicas del estado habían sido saldadas, incluidas las concernientes a los Organismos Autónomos, lo cual no sucedió en el caso de nuestra institución, a pesar de que se han concertado citas desde la semana antepasada con la propia Secretaria de Finanzas, sin que hasta el momento se nos haya atendido, por lo que seguiremos insistiendo en entablar audiencia hasta solucionar el tema.
Es por lo anterior que solicitamos, una vez más, a la titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración, que los recursos presupuestados y que a la fecha de hoy se adeudan al Instituto Electoral del Estado de Colima, sean entregados a la brevedad posible, ya que con ellos se tiene la obligación de cubrir al personal de la institución, el pago de aguinaldo y prestaciones de fin de año, pago de impuestos federales y locales, así como lo correspondiente al financiamiento de los partidos políticos, mismo que se encuentra también en el presupuesto del Instituto.
Lo anterior, implica que las y los trabajadores del Instituto Electoral del Estado no han recibido al día de hoy las prestaciones de fin de año que legalmente les corresponde y ante el desgaste de las vías de comunicación institucionales así como la omisión de respuesta de las autoridades de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, y al ser el aguinaldo y las prestaciones de fin de año un derecho humano de toda persona trabajadora, es que exigimos la transferencia de los recursos presupuestados y que, al día de hoy, están pendientes de cubrir al Instituto, a efecto de cumplir con las obligaciones salariales de las y los trabajadores. No se omite mencionar que, en caso de no recibir las ministraciones pendientes, el Instituto no cuenta con los fondos para cubrir los diversos compromisos patronales, el financiamiento correspondiente a partidos políticos, y las deudas que hasta la fecha se han venido acumulando, lo cual pone en grave riesgo la función y los fines institucionales que tiene encomendado por mandato constitucional y legal.
 
A T E N T A M E N T E
CONSEJERA PRESIDENTA, CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
 
 
 
 

El gobierno de Colima, sin dinero para pagar sueldos a trabajadores

Foto: Captura de pantalla

 

El gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, informó que la Ley de Disciplina Financiera obliga a los Estados a pagar la totalidad de créditos de corto plazo antes de la conclusión de su gobierno, por lo que el Gobierno del Estado ya los pagó y esto generó una presión financiera que impide el pago de nómina de la segunda quincena de julio.

Recordó que desde el día 1 de su gobierno, se enfocó en trabajar en el saneamiento financiero de la administración estatal, luego de haber recibido al Estado sumido en la peor crisis financiera de la historia moderna. 

“Pese a las complicaciones que enfrentamos, en los primeros 3 años de mi gobierno logramos pagar adeudos históricos y si bien, todavía quedaron temas pendientes, también es cierto que logramos avances muy importantes”, explicó durante un mensaje a la población a través de las redes sociales. 

Desafortunadamente -dijo- el año pasado y en lo que va del actual, se enfrentó a la peor pandemia en los últimos 100 años, el Covid-19, que representó gastos extraordinarios en el sector salud, así como una marcada caída en la recaudación a nivel nacional y estatal. 

En Colima, incluso, se condonaron algunos impuestos y se extendió el plazo de pago de otros para ser lo más solidarios posibles con la gente que se quedó sin empleo, sin ingresos. 

Además, se otorgaron despensas y créditos a empresas, “nada de esto había sido presupuestado, porque la pandemia inició en enero de 2020 y el presupuesto de Gobierno del Estado se autorizó en noviembre del 2019”. 

Estas presiones y otros factores llevaron a Gobierno del Estado a una crisis económica en diciembre, pues no se contaban con los recursos para poder cubrir los compromisos de pago de fin de año, principalmente los aguinaldos. 

Por ello, se recurrió a préstamos bancarios denominados de corto plazo, es decir, aquellos que no tienen que ser autorizados por el Congreso del Estado. 

Al solicitarlos en diciembre de 2020, el pago de estos créditos tampoco estaba presupuestado para este año 2021, pues el presupuesto de egresos se autoriza en noviembre y el crédito se tuvo que solicitar en diciembre. 

Adicionalmente, en 2017 con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera se obliga a los Estados a no heredar deudas de corto plazo. “Es decir, mientras yo inicié el gobierno recibiendo una deuda de créditos a corto plazo por 638 millones de pesos, a mí la ley me obliga a no heredar deuda, el siguiente gobierno no recibirá este tipo de deudas que yo sí recibí”.

Pagar casi mil millones de pesos en créditos en los primeros 7 meses del año generó una presión financiera gigantesca para las finanzas públicas, que hoy deja a la administración estatal prácticamente sin recursos. 

Acompañado del secretario general de Gobierno, Rubén Pérez Anguiano y del coordinador general de Comunicación Social, Fernando Cruz García; el gobernador reveló que desde el año pasado inició gestiones ante Hacienda para obtener recursos extraordinarios para el Estado de Colima.

Dichas gestiones continuarán y el martes próximo se reunirá ante funcionarios de la Secretaría de Hacienda para continuar con la gestión de recursos.

Se dijo confiado en que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sensibilidad y solidaridad va a ayudar a las y los colimenses para poder cerrar la administración estatal de la mejor forma posible. 

Mientras tanto, lamentó profundamente informar que no están en condiciones para poder pagar la segunda quincena de julio que le corresponde a las y los trabajadores de Gobierno del Estado, jubilados y pensionados, ni a enviar recursos a instituciones públicas descentralizadas ni órganos autónomos para el pago de su nómina correspondiente. 

“Sé de las repercusiones que esto genera, sé que la gente tiene compromisos de pago que no esperan, de todo tipo, pero realmente hemos explorado todas y cada una de las opciones posibles y la única manera de poder cumplir con el pago de ésta y las quincenas siguientes es si el Gobierno Federal autoriza recursos extraordinarios para el Estado”, enfatizó. 

Calificó a la Ley de Disciplina Financiera como una normativa que ahorca a los gobiernos salientes, pues los obliga a liquidar la totalidad de créditos a corto plazo e impide poder acceder al mercado crediticio. 

“Doy la cara para explicarles la situación, porque esta crisis no se deriva ni de malos manejos ni de negligencia del gobierno que encabezo, es a consecuencia de la pandemia, de la baja recaudación fiscal y de las limitantes que nos impone la ley”, añadió.

Finalmente, dijo que continuarán las gestiones y hará lo que sea necesario para lograr una solución; además de comprometerse a mantener informada a la población de cada noticia que se tenga sobre el tema.