El gobierno de Colima, sin dinero para pagar sueldos a trabajadores

Foto: Captura de pantalla

 

El gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, informó que la Ley de Disciplina Financiera obliga a los Estados a pagar la totalidad de créditos de corto plazo antes de la conclusión de su gobierno, por lo que el Gobierno del Estado ya los pagó y esto generó una presión financiera que impide el pago de nómina de la segunda quincena de julio.

Recordó que desde el día 1 de su gobierno, se enfocó en trabajar en el saneamiento financiero de la administración estatal, luego de haber recibido al Estado sumido en la peor crisis financiera de la historia moderna. 

“Pese a las complicaciones que enfrentamos, en los primeros 3 años de mi gobierno logramos pagar adeudos históricos y si bien, todavía quedaron temas pendientes, también es cierto que logramos avances muy importantes”, explicó durante un mensaje a la población a través de las redes sociales. 

Desafortunadamente -dijo- el año pasado y en lo que va del actual, se enfrentó a la peor pandemia en los últimos 100 años, el Covid-19, que representó gastos extraordinarios en el sector salud, así como una marcada caída en la recaudación a nivel nacional y estatal. 

En Colima, incluso, se condonaron algunos impuestos y se extendió el plazo de pago de otros para ser lo más solidarios posibles con la gente que se quedó sin empleo, sin ingresos. 

Además, se otorgaron despensas y créditos a empresas, “nada de esto había sido presupuestado, porque la pandemia inició en enero de 2020 y el presupuesto de Gobierno del Estado se autorizó en noviembre del 2019”. 

Estas presiones y otros factores llevaron a Gobierno del Estado a una crisis económica en diciembre, pues no se contaban con los recursos para poder cubrir los compromisos de pago de fin de año, principalmente los aguinaldos. 

Por ello, se recurrió a préstamos bancarios denominados de corto plazo, es decir, aquellos que no tienen que ser autorizados por el Congreso del Estado. 

Al solicitarlos en diciembre de 2020, el pago de estos créditos tampoco estaba presupuestado para este año 2021, pues el presupuesto de egresos se autoriza en noviembre y el crédito se tuvo que solicitar en diciembre. 

Adicionalmente, en 2017 con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera se obliga a los Estados a no heredar deudas de corto plazo. “Es decir, mientras yo inicié el gobierno recibiendo una deuda de créditos a corto plazo por 638 millones de pesos, a mí la ley me obliga a no heredar deuda, el siguiente gobierno no recibirá este tipo de deudas que yo sí recibí”.

Pagar casi mil millones de pesos en créditos en los primeros 7 meses del año generó una presión financiera gigantesca para las finanzas públicas, que hoy deja a la administración estatal prácticamente sin recursos. 

Acompañado del secretario general de Gobierno, Rubén Pérez Anguiano y del coordinador general de Comunicación Social, Fernando Cruz García; el gobernador reveló que desde el año pasado inició gestiones ante Hacienda para obtener recursos extraordinarios para el Estado de Colima.

Dichas gestiones continuarán y el martes próximo se reunirá ante funcionarios de la Secretaría de Hacienda para continuar con la gestión de recursos.

Se dijo confiado en que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sensibilidad y solidaridad va a ayudar a las y los colimenses para poder cerrar la administración estatal de la mejor forma posible. 

Mientras tanto, lamentó profundamente informar que no están en condiciones para poder pagar la segunda quincena de julio que le corresponde a las y los trabajadores de Gobierno del Estado, jubilados y pensionados, ni a enviar recursos a instituciones públicas descentralizadas ni órganos autónomos para el pago de su nómina correspondiente. 

“Sé de las repercusiones que esto genera, sé que la gente tiene compromisos de pago que no esperan, de todo tipo, pero realmente hemos explorado todas y cada una de las opciones posibles y la única manera de poder cumplir con el pago de ésta y las quincenas siguientes es si el Gobierno Federal autoriza recursos extraordinarios para el Estado”, enfatizó. 

Calificó a la Ley de Disciplina Financiera como una normativa que ahorca a los gobiernos salientes, pues los obliga a liquidar la totalidad de créditos a corto plazo e impide poder acceder al mercado crediticio. 

“Doy la cara para explicarles la situación, porque esta crisis no se deriva ni de malos manejos ni de negligencia del gobierno que encabezo, es a consecuencia de la pandemia, de la baja recaudación fiscal y de las limitantes que nos impone la ley”, añadió.

Finalmente, dijo que continuarán las gestiones y hará lo que sea necesario para lograr una solución; además de comprometerse a mantener informada a la población de cada noticia que se tenga sobre el tema.

 

 

 

 

 

Aprueban incorporación de tribunales laborales al poder judicial de Colima

 

Para la correcta armonización con las disposiciones determinadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes del Congreso del Estado, aprobaron incorporar los Tribunales Laborales a la estructura del Poder Judicial del Estado de Colima, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje ubicadas en Colima, Tecomán y Manzanillo.

Para el estado de Colima serán cuatro Tribunales; tres ordinarios, con sede en Colima, Tecomán y Manzanillo, y otro de índole Laboral Auxiliar y de Ejecución que se ubicará en la capital.

Es de recordar que el 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral; donde se estableció suprimir las Juntas de Conciliación y Arbitraje, es decir que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas.

Lo anterior se desprende de la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto suscrita por las Magistradas y Magistrados Bernardo Alfredo Salazar Santana, María Luisa Ruiz Corona, José Alfredo Jiménez Carrillo, Rafael García Rincón, Miguel García de la Mora, Juan Carlos Montes y Montes, Mario de la Madrid Andrade, Leticia Chávez Ponce, René Rodríguez Alcaraz y Sergio Marcelino Bravo Sandoval, integrantes del Pleno Del Supremo Tribunal De Justicia del Estado De Colima; en la que se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, a efecto de incorporar los Tribunales Laborales a la estructura del Poder Judicial.

La diputada María Guadalupe Berver Corona dio lectura al dictamen en donde observó que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han ingresado en promedio, en los últimos 4 años, 1 mil 065 conflictos individuales y colectivos de trabajo por año, siendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Colima y Manzanillo las que presentan un mayor ingreso de conflictos.

En ese sentido, dijo que “la identificación del número de asuntos ingresados es relevante, ya que permite que, en el proceso de implementación, se fortalezcan con personal y recursos los Tribunales Laborales”.

La diputada por el Partido Revolucionario Institucional explicó que la Reforma en Materia de Justicia Laboral implica un modelo basado en la conciliación, pues dijo que es necesario generar un cambio cultural, para sembrar en la sociedad una actitud comunicativa, libre de presiones, que permita erradicar las malas prácticas de algunos abogados en dilatar los asuntos que en un principio podrían tener un arreglo sencillo y amistoso. 

Agregó que todo cambio de cultura de una sociedad es gradual, por lo cual se espera una tendencia creciente respecto a los asuntos concluidos en conciliación previa a juicio y una disminución en la judicialización de los conflictos laborales.

Berver Corona, señaló que con la implementación de la Reforma Labora se integrará una etapa de conciliación a cargo del Centro de Conciliación del Estado de Colima, y la etapa judicial, en la que los asuntos deberán dirimirse en los Tribunales Federales y Estatales, lo que otorgará certeza jurídica a los trabajadores, pues los asuntos y conflictos que se susciten entre ellos y sus patrones serán dirimidos por impartidores de justicia profesionales y capacitados para resolverlos.

Precisó que, en materia laboral, los procedimientos serán uniinstanciales y corresponderá su resolución a Juezas o Jueces, quienes serán titulares de los tribunales laborales, “éstos se conformarán por Ordinarios, así como, Auxiliares y de Ejecución”.

Indicó que será con el principio de la paridad y género para otorgar los nombramientos para ocupar la titularidad de los Juzgados de Primera Instancia.

 

 

 

Colima se suma a la demanda de basificar maestros de Inglés

 

Partiendo que la educación es un derecho humano consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende toda persona tiene derecho a recibirla, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las y los legisladores federales para que se contemple un presupuesto suficiente, para que sean basificados las y los maestros que forman parte del Programa Nacional de Inglés (PRONI), pues se debe garantizar la educación de excelencia en la enseñanza de lenguas extranjeras.

En la explicación se explicó que las condiciones en las que actualmente se encuentran y desempeñan sus funciones las y los docentes que forman parte del Programa Nacional de inglés (PRONI) genera discriminación salarial, en sus prestaciones laborales, en su estabilidad laboral y en su seguridad social, constituyendo un conflicto y trasgresión a sus derechos fundamentales.

Ante esa problemática y para evitar que sigan las violaciones a las prerrogativas fundamentales laborales se pidió la concienciación de las y los legisladores federales para atender de raíz dicha problemática, y contemplen recursos suficientes que garanticen el derecho humano a la educación de excelencia, a la enseñanza de lenguas extranjeras y a los derechos laborales de las y los maestros contemplando recursos para que dichos trabajadores sean basificados.

De acuerdo con las propias cifras de los maestros del PRONI, hay más de 30 mil docentes de inglés que se encuentran sin prestaciones y sin estabilidad laboral desde hace aproximadamente 11 años, lo cual es una estrategia violatoria a los derechos fundamentales, pues para evadir responsabilidades patronales, se les considera como “asesores externos especializados”, en lugar de denominarles como lo que son, maestras y maestros de mexicanos.

Ante la desigualdad justificada, el exhorto es para que se etiquete el recurso suficiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 y sea fortalecido el Programa Nacional de Inglés (PRONI) que genere el reconocimiento a la antigüedad, basificación, salario y prestaciones laborales de las y los maestros adscritos a dicho programa, para superar las desigualdades laborales, y garantizar a todas y todos los mexicanos su derecho a aprender una segunda lengua.

 

 

 

 

“No se trata de regular, sino de eliminar el outsourcing”: Nueva Central de Trabajadores

 

 

Escrito por Erika Lozano/ Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. “La figura del outsourcing evade la responsabilidad laboral, por lo que no se trata de regularla, como pretende el gobierno, sino de eliminarla”, explica Carolina, quien forma parte del Colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad de la Nueva Central de Trabajadores. Esta semana, del 19 al 24 de abril, la organización llevará a cabo una consulta presencial y virtual en distintos estados del país donde buscan que las autoridades escuchen a las y los trabajadores.

En entrevista con Desinformémonos, Carolina expone que la figura del outsourcing fue ampliada en la reforma laboral en 2012 y “se abrieron una serie de incisos que permiten la subcontratación”. También explica que, aunque en la reforma se plantea que las empresas se registren y paguen impuestos, no queda claro cómo se verificará que no eludan sus responsabilidades con los trabajadores. En 2019 hubo una nueva reforma a la ley que pasó a la Cámara de Diputados, y, asegura Carolina, no se le preguntó a la población sobre esta forma de contratación, además acaba de ser aprobada en el Senado sin ninguna modificación.

Además de posicionarse contra el outsourcing, con la consulta buscan plantear una postura contra la reforma energética, pues, la Nueva Central considera que en el actual gobierno “se ha continuado con una lógica neoliberal en términos de privatización de la energía” y quieren mostrar que ante estas reformas hubo un sector que no estuvo de acuerdo.

Carolina señala que a partir de la reforma laboral hubo una mayor subcontratación y los sectores más precarizados fueron el comercio, la educación, el trabajo doméstico, donde además hay mayor contratación de mujeres en condiciones tercerizadas y “esto profundiza la desigualdad de género y agranda las brechas de desigualdad”. También considera que no es necesario habilitar la figura del outsourcing, pues se puede contratar mediante la figura de trabajo temporal.

La consulta presencial se realizará en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Michoacán, Morelos y también de manera virtual. Carolina asegura que de no ser escuchados en instancias nacionales, presentarán su caso ante la Organización Internacional del Trabajo en junio próximo.

 

 

 

 

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Se opone la CNTE Colima al retorno del personal a centros escolares

 Fotografía: Gobierno de México

 

PRONUNCIAMIENTO

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Colima nos pronunciamos en contra de la instrucción girada por las Autoridades Educativas en el Estado de Colima, a Supervisores, Directores y Personal de Apoyo de educación básica, para que se reincorporen a sus centros de trabajo a partir del día 12 de marzo del presente año; tal medida raya en la imprudencia y la irresponsabilidad, toda vez que ponen en riesgo la salud y la vida de los mismos, contraviniendo tanto el semáforo epidemiológico, las medidas de la Autoridad Sanitaria Federal y nuestra propia Constitución, que en su artículo primero antepone y privilegia el derecho a la vida de todo individuo.

 La CNTE-Colima repudia categóricamente la insensatez con la que estas autoridades educativas pretenden responsabilizar a las figuras educativas mencionadas, concretamente a los Directores de las escuelas, ante la falta de insumos y materiales para el debido mantenimiento, saneamiento y limpieza de las mismas. En todo caso, es responsabilidad de la propia Secretaría de Educación dotar de dichos materiales e insumos para cada plantel educativo.

 La CNTE Colima se pronuncia por un regreso seguro a clases con: semáforo en verde, vacunación contra covid-19 a todo el personal de educación, padres y madres de familia, adultos mayores y alumnado. Así como también que el Gobierno del Estado proporcione a todas las escuelas pistolas láser de infrarrojo, gel antibacterial, cubrebocas, jabón líquido, cloro, pinol, sanitización diaria de las aulas, agua potable y abastecimiento en las que no se tenga ese líquido.

 Por otro lado, el propio Presidente Obrador, dejó en claro que antes de requerir la presencia de los trabajadores de la educación, tendrán que ser considerados en el esquema prioritario de vacunación anti-Covid, de manera que la instrucción girada es tan contradictoria como irresponsable.

Por último, la CNTE-Colima rechaza de manera enérgica que la Secretaría de Educación pretenda utilizar la integridad de sus trabajadores con intereses de proyección política ante los presentes escenarios electorales; los encargos administrativos en la responsabilidad pública deben ser para servir y no para servirse de ellos