La lucha por las personas desaparecidas, presente en el desfile de la Revolución en Colima

 

COLIMA, Col.- Un grupo de familiares de personas desaparecidas se sumó al desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana realizado en esta ciudad, con la demanda de la localización de las víctimas de ese delito, cuya cifra se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Integrantes de la Red Desaparecidos en Colima A.C. se concentraron desde temprano en la Calzada Galván portando lonas y pancartas con fotografías, a la altura de la Plaza de las Personas Desaparecidas, y en la primera oportunidad se incorporaron al desfile.

“Vimos un espacio libre y nos metimos; nos colamos, la verdad; entramos rápido y uno de los acomodadores de los contingentes nos dijo que no teníamos que ir ahí, que no era el momento, pero le respondimos que tampoco fue el momento de desaparecer a nuestros hijos, nadie nos pidió permiso, y entonces tampoco teníamos por qué pedirles permiso para participar”, comentó Carmen Sepúlveda Gómez, presidenta del colectivo de personas buscadoras.

El propósito de la manifestación, indicó, fue visibilizar la problemática de la desaparición de personas en Colima, “que la sociedad vea que seguimos buscando a nuestros familiares, que entienda nuestra lucha, que se cuiden, que cuiden a sus hijos porque sigue habiendo desaparecidos”.

Según datos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad de Colima, hasta este 16 de noviembre había un total acumulado de 2 mil 370 personas desaparecidas en la entidad, cuyo paradero aún se desconoce, de las que 381 desaparecieron en el presente año.

Sepúlveda Gómez, quien desde hace más de cinco años busca a su hijo Carlos Donaldo, desaparecido en el municipio de Villa de Álvarez, consideró que se cumplió el objetivo de la participación en el desfile, planeada apenas un día antes.

“La gente nos veía con asombro porque esto fue inesperado tanto para ella como para nosotros, creo que si lo hubiéramos planeado no nos hubiera salido; a lo mejor llegamos a más gente que en algunas de las marchas que hacemos, a las que asisten pocas personas; lo que hicimos ahora fue aprovechar el espacio del desfile”, refirió la activista.

Al paso de los familiares de desaparecidos por las calles, el público asistente al desfile observaba con atención, algunas personas les aplaudían, observaban las lonas, las fotos, leían las consignas o los fotografiaban”.

Integrado por una docena de personas, en su mayoría madres buscadoras que portaban faldas coloridas alusivas a la Revolución Mexicana, el contingente avanzó por la Calzada Galván, pasó frente al templete oficial y siguió por la calle Madero hasta el Jardín Núñez, donde concluyó el desfile.

De acuerdo con los organizadores del evento por el 113 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, hubo un total de 6 mil 181 personas participantes, distribuidas en contingentes de estudiantes de diferentes niveles educativos, así como personal de la Cruz Roja, Protección Civil, agrupación militar, asociaciones de charros, diversos equipos deportivos y carros alegóricos.

 

 

 

Desde el río hasta el mar: colimenses refrendan apoyo a Palestina ante ataques israelíes

 

Fotografías y texto de Monserrat Cárdenas

En una concentración en el centro de la ciudad, con velas, banderas, música y una ofrenda, colimenses manifestaron este sábado su apoyo al pueblo de Palestina ante los ataques que el Estado de Israel reactivó desde el pasado 7 de octubre y la ocupación que mantiene sobre este territorio desde hace cerca de 60 años.


Bajo el cantico “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, exhortaron el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se ha decantado por la neutralidad ante la ofensiva israelí que ha dejado más de 11 mil personas asesinadas, cinco mil de ellas niñas y niños, en la Franja de Gaza, a “romper relaciones con el Estado terrorista de Israel y aplicar las sanciones diplomáticas, económicas y políticas correspondientes”.


“México no debería tener ninguna relación. Todo país que se asume como democrático debería denunciar esta situación y presionar para que el sistema de exclusión y colonización, origen de toda violencia, termine de una vez por todas. Desde Colima, México, alzamos la voz en solidaridad con el pueblo palestino”, expresaron en su pronunciamiento.


Por su parte, Saadia Amzil, integrante de la comunidad árabe asentada en Colima, explicó ante el micrófono los antecedentes históricos del conflicto armado y denunció la decisión de Israel de atacar escuelas y hospitales “con el pretexto de ser cuevas de Hamás, no permitir el suministro de agua y alimentos y asesinar en Gaza al periodista palestino, Sari Mansour”.


“La vida de un ser humano es importante, ya sea israelí o palestino, pero lo que estamos viendo es que, al menos, por cada israelí muerto hay 83 palestinos. No te acostumbres, no normalices el asesinato de los palestinos como se ha normalizado durante años”, señaló la joven.


El rapero originario de Hidalgo, Blanco y Negro, quien canta y escribe sus letras en nahuatl, elevó con música las exigencias de “democracia y libertad para Palestina”, “Cese al fuego” y “No a la guerra”, plasmadas por quienes asistieron a la concentración en carteles con el mapa del territorio ocupado y algunos de los nombres de las personas asesinadas en bombardeos en el último mes y medio.


Las y los activistas convocantes expresaron su intención de formar en un futuro próximo un Comité de Solidaridad con Palestina en el estado que contribuya a la difusión de lo que ocurre en este territorio y a la lucha de este pueblo por su liberación.

 

 

 

 

Criminalizan a 16 defensores que luchan contra Corredor Interoceánico en Oaxaca

                                                                                                     Foto: Desinformémonos

 

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) denunció que el Corredor Interoceánico interpuso una denuncia penal contra 16 integrantes de la organización por el delito de «Ataque a las vías generales de comunicación«, lo que calificó como «actos de criminalización» a la defensa del territorio en Oaxaca.

De las denuncias penales, explicó la Ucizoni, derivan dos audiencias iniciales, la primera el próximo 17 de noviembre en la ciudad de Oaxaca y la segunda el 28 de diciembre, pues por la demanda se abrieron dos carpetas de investigación.

La criminalización por parte del megaproyecto federal, al que acusan de no haber sido consultado entre las comunidades y promover el despojo territorial, sucede después de que el pasado 28 de abril pobladores y ejidatarios de la comunidad mixe ayuuk de Mogoñé Viejo fueran desalojados con violencia del campamento «Tierra y Libertad», que mantuvieron durante 62 días como protesta por la violación a sus derechos frente a la modernización del ferrocarril para el Corredor.

La Ucizoni exigió a las autoridades federales, estatales y directivas del megaproyecto que cese la criminalización contra los defensores del territorio y que se respeten la libre determinación de las comunidades indígenas, y recordaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que «no se puede inaugurar el tren interoceánico en diciembre» por la violación a sus derechos y el despojo de sus tierras.

A continuación el comunicado completo:

Desde el 2018 mujeres y hombres del Istmo de Tehuantepec Oaxaca nos hemos manifestado para exigir respeto a nuestros derechos frente a la imposición del megaproyecto corredor interoceanico, nunca fuimos informados de los impactos negativos que este proyecto ocasionaría en nuestras tierras, ni consultados de acuerdo a los protocolos que establece el Convenio 169 de la OIT.

En Febrero de 2023 la comunidad Mixe Ayuuk de Mogoñe Viejo, Guichicovi, Oaxaca, entre ejidatarios y pobladores decidieron alzar la voz ante la violación a sus derechos frente a la modernización del ferrocarril, donde el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A de C.V. inició trabajos despojando a familias de sus predios y dañando al medio ambiente lo que generó molestia e inconformidad de los pobladores y ejidatarios de Mogoñé Viejo, mantuvieron 62 días de manifestacion Pacífica en sus predios donde establecieron el campamento «Tierra y Libertad» siempre llamaron al diálogo al gobierno Federal y estatal y al titular del Corredor Interoceanico, Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Angeles, el titular del corredor interoceanico siempre se negó al diálogo, durante este tiempo de manifestación pacífica los pobladores y ejidatarios siempre fueron amenazados por elementos de la SEMAR y el 28 de abril fueron desalojados del campamento de forma violenta por elementos de la SEMAR y la Policía Estatal de Oaxaca en este desalojo fueron detenidos 4 mujeres y 2 hombres.

Denunciamos a través de este comunicado que el corredor Interoceanico presentó una denuncia penal con 2 números de carpeta de investigacion Oax/000201/2023 y Oax/ 000294/2023 por el delito de «Ataque a las vías generales de comunicación» en contra de 16 compañeros y compañeras de UCIZONI, de estas denuncias penales se derivan dos audiencias iniciales la primera audiencia inicial es el 17 de Noviembre en la ciudad de Oaxaca y la segunda Audiencia inicial correspondiente a la segunda carpeta de investigación para el 28 de diciembre del presente año, estas denuncias penales son actos de criminalizacion , exigimos un diálogo respetuoso y hacemos un llamado a las organizaciones internacionales, nacionales y regionales para que se solidaricen con nuestra lucha.

Hacemos un llamado al presidente Andres Manuel López Obrador que no nos cerramos al diálogo y que se respeten nuestros derechos que gire instrucciones al Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, al Secretario de Gobierno de Oaxaca Jesús Romero López y al titular de corredor Interoceanico y se atiendan las problemáticas que ha generado el megaproyecto corredor interoceanico, señor presidente no se puede inaugurar el tren interoceanico en diciembre por la violacion a nuestros derechos y el despojo de nuestras tierras.

¡¡Basta de criminalizar a defensores ambientales!!

¡¡Exigimos el desistimiento de las denuncias penales en contra de 16 compañeros y compañeras de UCIZONI !!

¡¡ NO A LA MILITARIZACION, BASTA DE DESPOJOS!!

 

 

 

7 estados preocupan, les falta ley 3 de 3, CDMX estaría próxima

                                                                                     Foto: CimacNoticias

 

Rita Magaña Torres

El Congreso de la Ciudad de México va por la armonización de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, una reforma constitucional federal, que sería más fácil su instrumentación si los marcos locales se ajustan, y será este jueves o la próxima semana que pudiera aprobarse, con lo cual se impedirá a los agresores sexuales, deudores alimentarios o culpables de violencia de género competir por cargos de elección popular o participar en el servicio público.

Esta ley se llama 3 de 3, porque es a nivel federal, estatal y municipal, para la función pública, para los cargos de elección y también para los órganos autónomos (jueces, magistrados, rectores de universidades, comisionados de derechos humanos), de esta forma, nadie al amparo del poder podrá estar ahí si viola un derecho en lo privado o lo público.

Sin embargo, la Ciudad de México no es el único que falta de contemplar en su legislación local la 3 de 3 contra la violencia, en la misma situación están Tlaxcala, Campeche, Veracruz, Morelos, Michoacán, Ciudad de México y Nuevo León, aun cuando es constitucional desde el pasado 29 de mayo y están a 11 días del vencimiento del plazo legal para armonizar sus legislaturas, que se cumple el próximo 25 de noviembre y coincide con la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de todo tipo de Violencia contra las Mujeres.

En entrevista con Cimacnoticias, Yndira Sandoval Sánchez, defensora por los derechos de las mujeres, fundadora de Las Constituyentes MX y una de las principales promotoras de esta serie de reformas, advirtió que con lo anterior se abre la posibilidad a que agresores ocupen cargos públicos, rumbo al proceso electoral del 2024. 

Resaltó que, en el marco del proceso electoral 2024, aún hay 7 estados que deben reformas su legislación local, a fin de evitar que un violentador acceda a un cargo público, tal como ya lo establece el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que puntualiza:

“La suspensión de derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”.

Pese a que lo anterior se debe contemplar ya a nivel nacional, una de las principales promotoras de esta serie de reformas insistió que faltan 7 estados en realizar las adecuaciones necesarias, por lo que deben armonizar de acuerdo a una reforma integral estatal, que implica poner requisitos claros para ocupar cada cargo público.

“Si así no lo hicieran, el principio constitucional que está en el artículo 38 da pie para que se ejecute, pero nos preocupa que empiecen a haber vicios de malinterpretación de la norma, que los agresores comiencen a ampararse e intenten darle la vuelta”, aseguró la defensora feminista.

Hasta el momento Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas son los estados que ya aprobaron y publicaron en sus respectivos periódicos oficiales la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres

Luego de que el 29 de mayo de 2023 se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la constitucionalidad de la 3 de 3 contra la violencia, algunos estados comenzaron a avanzar en la armonización de su propia constitución, así lo hicieron recientemente Chiapas y Tabasco.

Sandoval Sánchez explicó que, si bien en estos estados se reformó la Constitución local para incluir la 3 de 3 contra la violencia, aún es necesario que los congresos locales implementen una serie de reformas integrales que acompañen las adecuaciones.

La defensora por los derechos de las mujeres mencionó que la armonización abarca las tres esferas, esto es, por elección, designación y concurso, pero lo deja en un principio constitucional con el gran faltante de hacer las leyes secundarias que permitan darle armas a la administración pública local, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

“Con la armonización se dejan huecos en los estados, entonces alguien puede llegar y decir: ‘Aquí no dice que para que yo pueda ser funcionario público debo cumplir con esto’, por eso es necesaria la armonización”, afirmó. 

Yndira Sandoval destacó como un ejemplo de una buena reforma lo hizo Yucatán, porque se realizó una reforma local integral desde junio 2022, que establece como requisito para acceder a un cargo público no ser deudor alimentario moroso; tampoco tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional y hostigamiento.

Agregó que el caso de Yucatán no es necesaria una sentencia para negar un cargo público, en la entidad no solo se reformó la Constitución, como fue el caso de Querétaro, Colima, Chiapas o Tabasco, también se reformaron las leyes de Derechos Humanos, de Instituciones y Participación Electoral, y de Partidos Políticos, así como el Código de Administración Pública de Yucatán, lo cual blinda la 3 de 3 contra la violencia y coloca freno a los agresores.

“Yucatán es el estado ideal para todo el país, a nivel federal, no habla de suspender derechos, habla de requisitos para ocupar los cargos de elección, designación y concurso desde el antecedente de violencia”, resaltó Yndira Sandoval.

Siete estados que preocupan

Yndira Sandoval indicó que son 7 estados donde aún no ha realizado la armonización de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género y ya estamos a 11 días de que venza el plazo establecido para que cumplan, así detalló el caso de Tlaxcala, que es un estado donde fue presentada la 3 de 3 en 2020 de manera integral, pero no pasó nada, por lo que se volvió a presentar la iniciativa en 2023 y “hoy estamos pidiendo la armonización legislativa y no tienen nada, ni armonización ni han discutido ni han dictaminado las iniciativas que se encuentran en comisiones”.

Mencionó que otro estado que está en la misma situación, de que no tiene nada en lo local y nada armonizado en lo federal, es Campeche, en este caso, dijo, que es un estado gobernado por una mujer, su mandataria es Layda Sansores, de extracción morenistas, por lo que parece que “son mensajes delicados, de que no existe esta armonización legislativa local, pero tampoco ningún esfuerzo federal en materia de violencia contra las mujeres”.

Señaló que tercera entidad es Michoacán, donde no han armonizado lo local y tampoco tiene nada legislado estatalmente, el cuarto estado es Morelos, “debe ser algo que nos debe preocupar, porque la entidad nunca armonizó la paridad, nunca armonizó la violencia política, ni ha aprobado la 3 de 3 contra la violencia, que ha sido presentada por distintas diputadas, me parece que nos debe preocupar Morelos”.

Expresó que falta también Veracruz, que tiene dos iniciativas presentadas, una para armonizar el tema con el correlativo local y otra que está presentada desde 2022 para aprobarla en los términos de todas las leyes y todos los cargos, pero ninguna de las dos se aprueban.

“Son mensajes que la verdad preocupan, van coincidiendo en las fuerzas políticas que gobiernan en esas entidades y son las mismas fuerzas políticas que se la adjudicó (la Ley 3 de 3), entonces si es su reforma, tienen que ser coherentes, tienen que ser consecuentes con esto que promovieron, me preocupan, son cosas indignantes”, reprochó.

Comentó que el ahora designado coordinador de lo que le llaman Comités de la Defensa de la Transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez, que le tocó la dictaminación muy a su pesar de Puntos Constitucionales en el Senado, tenga spots en Chiapas para promover su candidatura al gobierno del estado y que le llama “Ley Jaguar” a la Ley 3 de 3 contra la violencia a las mujeres, por lo que también está siendo utilizada para otros temas.

Dijo que la armonización de Chiapas se hizo hace un mes, la fueron a promover, “yo no he dejado de ir a los Congresos, nos faltaba Coahuila y Quintana Roo y eso lo resolvimos ahora en octubre que estuve en esos estados”.

Agregó que falta la Ciudad de México, pero el pasado lunes se realizó una sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales del Congreso capitalino para revisar la 3 de 3 contra la violencia, donde se vislumbra que habrá un voto en abstención y uno en contra y acordaron declararse en sesión permanente, en espera de que conseguir los consensos necesarios, porque sería una verdadera pena que por falta de consenso se deseche todo el proceso legislativo.

Sin embargo, añadió que existe la posibilidad que se logre, que pase este mismo jueves en el pleno o se aliste para la próxima semana y que llegue antes del 25 de noviembre, que es el día que se tiene prevista para que ya se armonice la 3 de 3 en la Ciudad de México.

Precisó que tuvo que pasar algo similar a lo que sucedió en el Senado, hacer que sacaran del orden del día otros temas:

 
«lo que hacen es colocarnos como una “moneda de cambio, tuvimos que generar condiciones, eso hemos hecho cabildear, tener presencia y presionar, porque si lo dejamos, no hay voluntad política, es una vergüenza que seamos candil de la calle y oscuridad de la casa en la CDMX”.

Apuntó que el séptimo estado que falta de armonizar, que está sin gobernador, porque su mandatario Samuel Ruiz pidió licencia para buscar la candidatura presidencial, es Nuevo León, cuyo gobierno está bajo el mando de Movimiento Ciudadano (MC).

Recordó que Jalisco, gobernado por Enrique Alfaro, militante de MC, fue único estado que no votó la 3 de 3 como constituyente permanente en su momento, actualmente ya la votó, pero la entidad no contó para que fuera reforma constitucional, “ahora ya lo votaron, y ya tienen reforma local y ya la armonizaron.

Además, reprochó que MC es un partido político que amenazó permanente con impugnar la 3 de 3 contra la violencia frente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso impugnó el acuerdo de paridad de las gubernaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), y ahorita quien falta de armonizar es Nuevo León, que también es gobernado por MC.

La llamada Ley 3 de 3 ya quedó plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ningún agresor sexual, deudor alimenticio y culpables de violencia de género podrán competir por un cargo de elección popular ni ocupar un puesto en el servicio público.

Estos cambios aplican para quienes tengan sentencias por delitos como crímenes de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica o violación a la intimidad sexual. Además de violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades.

¿En qué casos aplica la Ley 3 de 3?

La Ley 3 de 3 prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias.

También aplica para quienes tengan sentencias por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual. 

Asimismo, incluye los crímenes de: violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Cabe recordar que esta iniciativa, que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, fue aprobada el pasado 28 de abril en la Cámara de Diputados; sin embargo, debido a que se trata de una modificación a la Carta Magna, el dictamen también debía ser avalado por lo menos en 17 congresos locales antes del 1 de junio del año en curso para que pudiera ser aplicada en las próximas elecciones del 2024.

Fueron 23 las legislaturas locales que aprobaron el dictamen: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

 

 

Comunidad de Viejo Velasco «no ha encontrado justicia», a 17 años de la masacre en Chiapas

                                                                           Foto: Desinformémonos

 

A 17 años de la masacre en la comunidad tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, en Chiapas, el gobierno mexicano “mantiene en total impunidad” el desplazamiento forzado de 36 personas, la ejecución extrajudicial de seis de ellas, la detención arbitraria y tortura de una mujer tseltal “que desembocó en su posterior fallecimiento” y las desapariciones forzadas de dos adultos mayores, denunciaron organizaciones y colectivos solidarios con las víctimas.

El 13 de noviembre de 2006, alrededor de 40 personas provenientes de Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab llegaron a Viejo Velasco armadas con machetes, palos, escopetas y rifles, “algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública”, acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, “portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo”, preciaron las organizaciones con base en las investigaciones realizadas por el Comité de Defensa de la Libertades Indígenas (CDLIXI’NICH’).

Aseguraron que a la fecha continúa la criminalización de pobladores indígenas que ayudaron a las víctimas durante la masacre, pues “hasta el momento continúan con órdenes de aprehensión, acusados de asesinar a sus propios compañeros”.

“A 17 años de esta masacre, nuestras hermanas/os tseltales y ch´oles no han encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación de los daños”, concluyeron las organizaciones, que exigieron un alto al despojo territorial por el que se originó la masacre y que hasta hoy continúa y la reparación y justicia por la violencia.